El Presidente Chaves suspende a cuatro directivos de la Caja pasándose por encima la autonomía de esa Institución. En el fondo más que un golpe a la autonomía es un balón de ensayo en la línea de la privatización del Seguro Social. Sabemos que gente cercana al Presidente han andado en el exterior promoviendo la privatización de la salud; es un negociado de miles de millones de dólares.
Por supuesto que no se trata de vender la Caja a alguna aseguradora extranjera. Se trata de la privatización de determinados servicios, en especial de los más especializados o los servicios de apoyo, para ir minando los que presta la Caja. Esta quedaría para los más pobres y para inmigrantes.
El Presidente ha expresado al mundo entero que “La Caja está quebrada” y de aquí a vender o tercerizar las partes más rentables no hay más que un paso.
El Presidente en esta línea que claramente se ha impuesto, destituye a los miembros de la Junta Directiva que representan a los sindicatos, cooperativas, movimiento solidarista y hasta a un representante patronal.
La reacción del movimiento popular ha sido más que débil. Es innegable que los sindicatos y mucho más las cooperativas, han perdido poder de negociación; su debilidad los hace soportar los exabruptos presidenciales que se concretan en hechos que no obtienen respuesta apropiada.
Palabras como huelga, paro, manifestación, protesta, boicot, lucha de calles, son palabras prohibidas para los dirigentes del movimiento popular. Me decía Franklin que seguramente muchos dirigentes se han metido a estudiar Derecho porque sus discursos ahora eran recitando códigos y artículos de leyes y se limitaban a ello. Ya no amenazan ni tan siquiera con un discurso belicoso.
La realidad socioeconómica del país es muy grave y el malestar está creciendo. Pero no hay fuerza que genere o promueva la lucha. La Caja es la institución que el pueblo más aprecia. Quizás podría juntarse mucha gente en su defensa.
Pero hay organizaciones que actúan como agentes desmovilizadores con el discurso que manejan.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Fotografía: María Peña Bonilla.
Por Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica
Palabras ofrecidas en el «Foro por el futuro: encuentro de movimientos sociales» del 28 de noviembre, 2022
La situación que nos convoca hoy es una continuidad de un ciclo de amenazas a la democracia y a la institucionalidad pública que inició hace años.
Mientras se continúan implementando reformas económicas regresivas, postergando decisiones urgentes en materia de cambio climático y vulnerando los Derechos Humanos de distintas poblaciones, también se continúan dejando de lado las medidas para combatir la elusión y el fraude fiscal; así como mermando la educación pública y debilitando las instituciones públicas que juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX.
Empezaron con una regla fiscal que no tenía otro objetivo que convertir a la institucionalidad pública en cascarones sin recursos para brindar los servicios que les fueron encomendados; continuaron con una severa legislación que impedía que las personas trabajadoras pudieran protestar contra políticas que debilitaran la democracia y la institucionalidad pública; y finalizaron con una ley que pretendía que, desde el Ministerio de Planificación, la Presidencia de la República recuperara un poder absoluto para politizar a todo el funcionariado público, como era costumbre antes de la Constituyente de 1949. Hoy pretenden profundizar esta ruta, vender bancos estatales, atacar la ciencia y debilitar la educación pública costarricense.
También es cierto, y debemos decirlo autocríticamente, que buena parte de estas políticas fueron aprobadas con una pasividad preocupante por el entonces Consejo Nacional de Rectores. Hoy podemos tener diferencias entre las universidades públicas. Discrepar es universitario, pero en el fondo, este CONARE que tenemos tiene absolutamente claro que no podemos permanecer ajenos a cualquier ataque contra la institucionalidad pública. Nunca más un CONARE indiferente a la defensa y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
Sin embargo, así como en las universidades sabemos que debemos hacer a un lado nuestras diferencias, respetuosamente les pedimos que hagan a un lado las diferencias entre movimientos y organizaciones, en favor de defender las instituciones que han marcado el desarrollo de nuestro país y que han mejorado las condiciones de vida de nuestro pueblo.
No se trata de defender las instituciones como un fin en sí mismo, tenemos claro que las políticas públicas y las instituciones no pueden existir en función de sus funcionarios y funcionarias, sino en función de todas las personas. Son instrumentos para lograr el bien común, el desarrollo sostenible. Sabemos que la burocracia pública y privada genera problemas; hemos cometido errores, pero continuamos trabajando todos los días para resolverlos.
No vamos a defender ningún privilegio, pero sí salarios dignos en el sector público y en el sector privado. Vamos a apoyar la cooperación entre la institucionalidad pública y el sector productivo nacional, porque quienes nos antecedieron y pensaron en grande, pensaron en un Estado fuerte, con una institucionalidad que conectara con el empresariado nacional.
La pregunta no es cómo recortamos cargas sociales, la pregunta es qué condiciones se requieren para que todas las personas gocen de estos derechos, elevando la productividad del país y la dignidad de la gente. Eso sí, en un equilibrio ambientalmente sostenible. Esta es una consigna infranqueable.
Permítanme volver al tema de las universidades y su relación con los movimientos sociales y el desarrollo nacional. En Latinoamérica, al menos, las federaciones de estudiantes han sido un actor fundamental de este vínculo, que ha fungido como una conciencia para las instituciones de educación superior. No en vano la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica hoy tiene un papel protagónico en este acto.
Tal y como lo señaló el expresidente chileno Salvador Allende, en un discurso en la Universidad de Guadalajara: “es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la Universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario la enseñanza doctrinaria; de entender que el denso pensamiento de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas requiere un serio estudio… Que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera, y comprender que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas”.
Esa juventud que hoy abunda en nuestras universidades marcó la era post-COVID con una democrática, pacífica y alegre manifestación el pasado 16 de agosto. Fue impresionante cómo decenas y cientos de jóvenes salieron del Pretil y de las otras universidades, el primer día de clases después de un fin de semana largo, a decirle al Gobierno de la República que tenían derecho a un futuro, un futuro que les quería robar. Esto es lo que nos convoca hoy a todos y todas, no es solamente el futuro de una Universidad, es también el presente y el futuro de un país.
Si esos miles de jóvenes salieron a marchar fue porque el personal de la Caja los recibió al nacer en un hospital público, es porque el ICE iluminó sus hogares y comunicó a sus familias, es porque han estudiado gracias a la educación pública, es porque en algunos casos el poder judicial les resolvió una pensión alimenticia, es porque en muchos casos un banco del Estado les financió la vivienda; y así podría seguir con otras instituciones públicas.
Lo que quiero decir es que, en esa marcha del 16 de agosto, no solo vimos a miles de jóvenes, vimos a un entramado institucional que permite que esos jóvenes lleguen sanos y en condiciones de vida dignas a formarse profesionalmente y a servir a su país cuando se gradúan.
Justo por esta razón es que participar y acompañar las luchas por defender y fortalecer el Estado Social de Derecho no puede ser ajeno a ningún universitario o universitaria. Por esta razón impulsaremos la propuesta que dentro de unos momentos les vamos a presentar.
Me permito reiterarles nuestro agradecimiento por acompañarnos y acudir al llamado de esta convocatoria. Les recalco la importancia de que hagamos a un lado nuestras diferencias en favor de esta causa patriótica. Ya me referí a lo que dijo un expresidente extranjero, ahora permítanme cerrar con lo que dijera el expresidente Rodrigo Carazo: “Mientras haya Universidad de Costa Rica, y agrego, Universidad Pública, habrá Costa Rica”. Muchas gracias.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta Rector de la Universidad de Costa Rica
En el año 2021, una serie de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de base agro, se acercaron a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica y le solicitaron al rector que la Universidad asumiera el papel de motor articulador de muchos grupos sociales que andan dispersos y que requieren de un espacio y apoyo idóneos para sentarse a dialogar sobre sus preocupaciones en torno a, según dichos grupos, los peligros que están circundando a diferentes instituciones y campos de la sociedad que son clave en nuestro Estado social de derecho.
Ante tal solicitud, la UCR reflexiona y entiende que es su deber responder ante este llamado a la reflexión nacional, así como sumar para amalgamar inquietudes y propuestas que circulan casi siempre unilateralmente, que reúnen preocupaciones varias, pero que convergen con claridad en una gran interrogante: ¿qué está pasando con el Estado social de derecho y el contrato social que suponía y que distingue históricamente a la sociedad costarricense en nuestra región y en el mundo?
El decano de la Facultad de Letras, el Dr. Francisco Guevara, explicó que el hecho de que los movimientos sociales busquen a la UCR para reflexionar sobre la realidad nacional provoca satisfacción y esperanza en el tanto los distintos actores sociales estén en busca del capital intelectual: conocimiento, datos y estadísticas que les permitan construir una visión integral de los problemas nacionales.
Combatir la dispersión social
A raíz de esa reflexión, el pasado octubre, tuvo lugar en la UCR un primer encuentro de organizaciones y movimientos sociales. Unas 40 agrupaciones acudieron a este primer encuentro: organizaciones de la sociedad civil, de la diversidad, de cultura, de mujeres, de la agricultura, sindicatos de varias instituciones que dan servicios públicos, entre otros.
En este intento de articulación, participan las universidades públicas en la figura del Consejo Nacional de Rectores (Conare). “Esta incorporación del resto de universidades públicas busca que seamos entonces el marco articulador de ese movimiento social que anda desde hace algunos años desamparado, agobiado”, detalló Marinela Córdoba, politóloga y asesora en la Rectoría de la UCR.
Un segundo encuentro de movimientos sociales se realizó este lunes 28 de noviembre, en el Aula Magna de la UCR. El espacio denominado Foro por el Futuro será la oportunidad para presentar a las diferentes organizaciones sociales una propuesta de mesas de trabajo para los próximos seis meses. “A estas mesas se invitará al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para trabajar en once temas específicos que inquietan a los movimientos sociales. Se pretende construir algunos productos que se puedan retribuir a los tomadores de decisiones en el país, a través de propuestas, proyectos de ley, etc.”.
El espacio incluyó un conversatorio sobre las políticas actuales en torno al Estado social de derecho con intervenciones de representantes de las organizaciones allí reunidas. La Federación de Estudiantes de la UCR también presentó un manifiesto. Hassan Lobo, presidente de la FEUCR, señaló que lejos del discurso populista «… la presencia de los sectores sociales en el foro nos llena de esperanza de un porvenir más justo y democrático».
“Es un momento de compartir, de reflexión y de diálogo, en el cual abordaremos la propuesta metodológica para el trabajo que iniciaremos a partir del 2023”, concretó Córdoba.
¿Por qué tocar las puertas de la UCR?
Para Marinela Córdoba, parte de la respuesta se encuentra en la legitimidad que la UCR también se ha ganado por su interlocución histórica con muy diversos grupos, temáticas y comunidades; por la capacidad y recursos intelectuales que las organizaciones sociales reconocen en la universidad pública. “La UCR es la llamada a cobijarnos, nos han dicho estas organizaciones, se sienten amparadas en la U, donde ven aún un poquito de ese Estado social de derecho que está en riesgo”.
Foro realizado este 28 de noviembre del 2022 en el Aula Magna de la Sede Universitaria Rodrigo Facio. Foto: María Peña Bonilla, UCR.
Por su parte, Pablo Morales, asesor de la Rectoría, considera que todos esos movimientos y organizaciones sociales buscaron a la UCR porque “sienten que están excluidos de la discusión política del modelo productivo que se está gestionando desde algunos espacios políticos, y también porque perciben políticas que debilitan a la institucionalidad pública y a la democracia. Entonces, frente a ese escenario, la UCR es un actor que puede aportar en el análisis y la reflexión sobre esas temáticas”.
Morales señala que es pertinente recordar las funciones constitucionales que se le han encomendado a la Universidad. “La Constitución Política nos manda hacer análisis y reflexión, y esto lo haremos en este foro del 28 de noviembre. Analizaremos y reflexionaremos sobre las situaciones que nos están planteando esos movimientos sociales, sobre esa coyuntura, se trata de generar acciones democráticas en defensa del Estado social de derecho, la democracia y la institucionalidad pública”.
Si bien cada una de estas organizaciones y movimientos tiene una agenda más propia, esta iniciativa en la que el marco articulador está conformado por las universidades públicas no va a gestionar un conjunto de agendas gremiales. “Nosotros, como universidades, vamos a gestionar las preocupaciones de fondo al respecto de la institucionalidad pública, la democracia y el debilitamiento del Estado social de derecho. Es otro plano de discusión en el cual todos estos sectores coinciden, pero que son excluyentes de sus agendas gremiales, están en otro ámbito”.
Aunque la tarea principal de este trabajo conjunto con las organizaciones y movimientos sociales es la reflexión, la idea es que la Universidad pueda también aportar cuando exista una movilización social y las personas tengan claro por qué se movilizan, “que no sea una movilización en abstracto, desinformada; a la Universidad le puede tocar el rol de problematizar los temas frente a los cuales la gente se moviliza”.
Finalmente, Morales enfatiza que la vida de la mayoría de la población costarricense, a diferencia de otros países, pasa muchísimo más por un entramado de institucionalidad pública que toca diferentes puntos de nuestra vida. “Porque nuestra institucionalidad pública no solo protege los derechos de primera generación (derechos individuales), sino que protege derechos humanos de segunda generación que son derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con jubilación, con sanidad pública, con educación, entre muchos otros; son derechos que se ejercen más colectivamente que individualmente”.
Es importante que los movimientos sociales tengan voz fuerte
El rector de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, dijo que no se pude permanecer indiferente a los ataques al Estado social de derecho y pidió que, así como se deben dejar de lado las diferencias entre las universidades públicas, se deben dejar de lado las diferencias entre las distintas organizaciones, que no se trata de defender a las organizaciones ni sus privilegios, pero sí defender la institucionalidad.
La funcionaria Córdoba rescató que después del histórico confinamiento por la pandemia del COVID-19, después de una desmovilización es importante sentirnos unidos como sociedad civil, como movimiento. “También es importante el convivir y sentirse ciudadano, ciudadana, con empoderamiento, y eso lo va a permitir esta articulación que se va a hacer desde la UCR”.
Córdoba agrega que es importante entender que la sociedad civil, que los movimientos sociales, necesitan volver a tener voz, y a través de la Academia, de su metodología, de los datos, de la ciencia, se pueda educar y aterrizar de manera menos abstracta en estos temas de ciudadanía que son tan importantes. “Presentar propuestas claras, concretas, de calidad en forma y en fondo para el futuro del país y, sobre todo, para la defensa de nuestro Estado social de derecho”.
En referencia a ese modelo de Estado social de derecho, Morales también suma que la institucionalidad pública, tal como se definió en la Constitución Política y como se desarrolló en las principales leyes del país, tiene por objetivo “penetrar y conectarse directamente, cuando no es gestionar en forma directa, la productividad del país y, por eso, las instituciones públicas son un referente indispensable para entender el desarrollo del país en los últimos 70 años”.
Proceso de trabajo
Se crearán mesas temáticas de reflexión: 1. Reforma del Estado 2. Educación 3. Salud 4. Economía y modelo productivo 5. Equidad de género e inclusión social 6. Energía y telecomunicaciones 7. Agricultura 8. Derechos sociales y económicos 9. Arte, cultura y humanidades 10. Ciencia y tecnología 11. Medio ambiente 12. Innovación y transferencia de conocimiento 13. Justicia En un periodo de tres meses se producirá:
Un diagnóstico de las principales problemáticas que aquejan al sector o temática de análisis.
Una serie de medidas para el corto, mediano y largo plazo, que serán trasladadas por el rector al Poder Ejecutivo y Legislativo.
Los procesos podrán producir propuestas de ley específicas en las áreas temáticas debatidas.
María Encarnación Peña Bonilla Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Se le invita al “Foro por el futuro, encuentro de movimientos sociales”, el próximo 28 de noviembre a las 2:00 p.m. en el aula Magna (Ciudad de la Investigación, Campus San Pedro); abierto para todos los sectores sociales con el objetivo de construir un gran movimiento social costarricense por la defensa del Estado Social de Derecho, las conquistas sociales y la democracia, hoy más qué nunca atacados y amenazados por las políticas neoliberales.
Pueden participar las organizaciones y personas con las delegaciones que puedan.
El 7 de noviembre de 2007 nació SURCOS. Fue, simbólicamente, un mes después del referendo sobre el TLC con Estados Unidos de América.
Esa lucha acumuló de forma coyuntural fuerza social transformadora, pero esta no se sostuvo en el tiempo como era lo deseable. Se trató de una movilización que concurrió desde distintos lugares sociales e históricos; no se trató propiamente de un movimiento, entendido este concepto como la expresión de una visión estratégica articulada y con alguna permanencia.
Por esa lectura de lo que ocurría con los movimientos sociales diversos y con otras fuerzas concurrentes en el referendo en oposición al TLC, fue que propuse el surgimiento de SURCOS con el fin de aportar en la construcción de fuerza social transformadora para avanzar en el acercamiento a la democracia participativa. Por ello, desde su nacimiento, este medio utiliza en su logotipo la unidad conceptual siguiente: SURCOS… para la democracia participativa.
Se trata de eso: abrir surcos en los cuales germine ese sistema político superior, el cual, -como propongo en uno de mis textos-, no es un momento culminante o punto de llegada sino un proceso de acumulación con referencia comunitaria, es decir, no todos los colectivos o regiones avanzarán de la misma forma ni en el mismo momento, sino con base en la acción política de sus fuerzas actoras y las circunstancias históricas de cada espacio territorial.
Para ello, la tarea de SURCOS es dar a conocer lo que realizan las distintas organizaciones, movimientos y personas de la ciudadanía, a fin de colaborar en esa construcción de fuerza social transformadora que abra rutas hacia la vida digna, mediante el desarrollo de espacios de confluencia solidaria.
Al celebrar los 15 años de este esfuerzo solicitamos respetuosamente su apoyo al compartir las notas que estime oportuno, así como con el aporte económico que esté a su alcance para cubrir los costos operativos básicos.
Gracias por ser parte.
En su primera etapa SURCOS fue un medio impreso que llegó a tener 51 puntos de distribución en todo el país.
«El que no se atreve a ser inteligente, se hace político»
Bajo el título que antecede a este comunicado, un grupo de costarricenses publicó un excelente volante, cuyo objetivo central es la absolutoria definitiva a favor de Orlando Barrantes Cartín. Propuesta que, desde el Partido Vanguardia Popular apoyamos totalmente. Compartimos esa noble aspiración, pues ella recoge la esencia de lo que el encabezado reclama: “La esperanza”.
Hoy en Guápiles, se tenía prevista la lectura de las conclusiones de un juicio que lleva largos 22 años, donde queda claro que las desvergüenzas de la “justicia pronto y cumplida”, son solo una marca del marketing judicial. Ni pronta, ni cumplida: ¡Nada más alejado de la realidad!
Con una participación de cerca de 200 personas, de colectivos sociales y partidos políticos, entre ellos el MTC, PRT, NPS, CGT, SEPI, PT, ACODEDHU, diferentes colectivos por la vivienda Popular, LA MOROCHA y el PVP, frente a los Tribunales de Justicia, los manifestantes gritaron dos consignas muy emotivas: “Orlando amigo el pueblo está contigo” también se coreó con mucha fuerza esta otra: “Se oye se siente, Orlando es inocente”.
Mientras en la Sala de Juicio, se siguen conspirando contra la protesta social, buscando pruebas para justificar un “falso positivo Judicial”. Los corruptos deambulan por la calle, bajo el manto sucio de la impunidad, amparados en sus cobijas políticas. Se destapan ollas en la cosa pública que hieden y dejan ver como se descompone la democracia, pero los jueces, como el monumento a la justicia, cierran sus ojos y dirigen toda su fuerza contra los verdaderos dirigentes populares.
Sí, definitivamente es cierto. No pasa lo anterior frente a los luchadores sociales, honestos y comprometidos que enarbolan la bandera de la justicia para las grandes mayorías. Este es el caso concreto del juicio político que lleva ya 22 años de persecución sostenida contra ORLANDO BARRANTES CARTÌN. Dígase en verdad a los hechos: “Es el juicio más largo de la historia en Latinoamérica” (y eso que somos un país de Derecho).
Hoy, como parte del decoro y la urgencia de devolver el prestigio al Poder Judicial, se debió haber dictado la absolutoria definitiva para el compañero Barrantes; pero no, vuelven a generar la incertidumbre y convocan nuevamente para este miércoles 26 de octubre.
DESDE EL PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, le pedimos al pueblo costarricense, sus movimientos sociales, populares y sindicales, que en una sola voz exijamos la absolutoria definitiva para Orlando Barrantes Cartín.
¡¡¡Basta ya!!!, la protesta social es un Derecho Humano Fundamental.
No a la criminalización de los luchadores sociales
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical SIFUPCR 16 octubre 2022
Las señales que analizábamos previo al proceso de elecciones nacionales, tanto en la primera, como en la segunda ronda se han venido confirmando y estamos viendo un estilo de autoritarismo, de populismo y de manejo del escenario mediático y de redes muy atinado por parte del Presidente Rodrigo Chaves Robles, manejo que más allá de este calificativo no por lo cual deviene el mismo en sano para la democracia nacional.
Ese estilo que aun goza de una mirada de aceptación de la gente y que se refleja en las encuestas, sin duda representa (para decirlo en términos coloquiales), un buen tanque de oxígeno, que al menos en ciertos escenarios ya empezó a agotarse y está generando una variedad de procesos sociales muy interesantes.
Dicho esto, así grosso modo, nos parece que está en desarrollo un fenómeno social de unidad coyuntural al cual debemos ponerle atención y potenciarlo para que tenga una brújula adecuada, mismo que posiblemente parece rescatar o por lo menos debemos por mandato político impregnarle todos los ingredientes para imprimirle una mayor estructuralidad, soñando hacer florecer un sentimiento altamente patriótico que emule el abanico colorido del NO AL TLC.
En tal orientación es una tarea política de primer orden aspirar a tener como eje central la defensa de la institucionalidad y el restablecimiento con enfoque democrático y humanístico del Estado Social de derecho heredado de la Constitución Política establecida a partir de 1949, cuyos postulados esenciales han venido siendo dinamitados desde la alborada de neoliberal iniciada desde el primer plan de ajuste estructural en el Gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986).
Sin duda alguna ese enfoque ideológico de demonizar lo público y ensalzar lo privado ha provocado momentos clímax en las luchas desarrolladas desde los distintos movimientos de corte más progresistas y solo para ubicarlos, vale la pena solo citarlos, en su orden histórico, tenemos entonces: ALCOA, Combo ICE, No al
TLC y más recientemente la huelga contra el denominado combo fiscal en el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
Esos puntos de inflexión supra cuyos efectos e impactos se inscriben en la lógica política del proyecto conservador tienen el objetivo de vaciar de contenido la Constitución Política de 1949 y en esa hoja de ruta los sectores de la derecha nacional más rancia se inscribe la ley 9635 denominada de «fortalecimiento de las finanzas públicas», que incluye curiosamente dos títulos novedosos en tratándose de un cuerpo normativo de corte fiscal, uno capítulo referido al empleo público y otro sobre la conocida regla fiscal.
Así las cosas, después de haber ganado la batalla de la ley 9635, aprovechando los yerros tácticos y estratégicos de los movimientos sociales en general y en particular los del movimiento sindical del sector público, los sectores más conservadores del país logran consolidar la ley 9808 y la ley marco de empleo público, ley 10.159, que forman parte del proyecto de debilitamiento de la carta política superior, lo cual es a nuestro juicio el riesgo superior en debate en este momento.
Esta seguidilla de involuciones sociales y laborales que solamente citamos, son el reflejo a nuestro juicio de cómo está realmente el panorama y en tal sentido como hemos dicho las señales en pleno desarrollo que tienen como protagonista estrella al Presidente de la Republica están produciendo acoplamientos interesantes que a nuestro entender colocan nuevamente a los movimientos sociales, sindicales y socio productivos de distinto tipo ante un nuevo predicado histórico nacional.
De ahí que los eventos ya convocados por los sectores representados en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), en conjunto con el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), para el 05 de noviembre 2022, con cuatro ejes de diálogo social: Educación, Seguridad Social, ambiente y energía y economía agroindustrial y agropecuaria en el contexto de la Alianza Pacífico.
Y la convocatoria realizada desde la Rectoría de la Universidad de Costa, por parte de su Rector Gustavo Gutiérrez Espeleta (oficio R-6882-2022, fechado 13 de octubre de los corrientes), dirigido a los distintos movimientos sociales y que denota una preocupación central, actual y válida, sobre los riesgos en desarrollo que presenta el pais en tres ejes específicos de la vida política nacional, como lo son: la democracia, la institucionalidad y el Estado Social de Derecho, devienen en una alerta sin precedentes en la historia reciente.
Riesgos que a la luz de nuestra lectura del momento compartimos plenamente y sin duda requieren del concurso urgente de los movimientos sociales, todo con la mirada puesta en el impulso de un urgente movimiento patriótico que aspire a descarrilar el tren neoliberal y coloque al país en la verdadera ruta de la inclusión social, el desarrollo nacional y la reactivación económica.
En tal sentido estos dos eventos convocados desde tan importantes casas de estudio nacional, resultan ser dos enormes oportunidades, dos luces que tintinean al final del túnel y que deben ser aprovechadas al máximo por los liderazgos actuales, es decir, este nuevo punto de encuentro de los movimientos sociales que parece estar en desarrollo tiene particularidades históricas que reducen casi a cero los márgenes de error de los líderes y lideresas que pensamos van a estar al frente de los acontecimientos que van tener lugar en el corto plazo.
En tal sentido las decisiones que se vayan a tomar próximamente requieren ser articulados y dirigidos con sentido estratégico y patriótico, actitud inclusiva y con un alto componente democratizador que incorpore la realidad de la gente (hombres y mujeres de los distintos sectores), que conocen su realidad y lideran en los territorios y en las estructuras.
De igual forma, a nuestro modesto modo de ver las cosas, el reto esencial del sindicalismo del sector público es descorporativizarse, desfetichizarce y convertirse en un actor político que potencie las condiciones de un proceso informativo – educativo de amplio espectro que permita apuntar a ganar la batalla informativa en las redes, en los sectores y en los territorios, dicho en sencillo, acabar con el deslumbramiento que tiene la gente sobre el Presidente, desnudándolo y sin victimizarlo.
En esencia debe convertirse el movimiento sindical en un articulador democrático que auspicie un nuevo gran movimiento patriótico nacional, esto resulta ser así, pues está en desarrollo un nuevo punto de inflexión y de cómo se conduzca este, las decisiones que se tomen y el desenlace que resulte, dependerá el futuro del país para los próximos 50 años, de eso estamos hablando.
Movimiento ciudadano diverso de todo el país llama a defender la Autonomía de la CCSS mediante carta pública
Luego de la destitución de quien fue reciente del expresidente ejecutivo de la CCSS, el Sr. Álvaro Ramos, más de 43 organizaciones e instituciones representadas entre el funcionariado de la CCSS, MEP, UCR, UNA, UNED, ICE así como organizaciones sociales y privadas en ámbitos como; derechos humanos, comunicación, defensa del ambiente, campesinado, asociaciones de desarrollo, juntas de salud, organizaciones sindicales, organizaciones de mujeres, organizaciones estudiantiles y partidos políticos han difundido carta pública en defensa de la autonomía de la CCSS.
¿La Caja en quiebra… o buscan quebrar la confianza ciudadana en la Caja? es la carta pública que representa al movimiento y busca en síntesis posicionar el valor de la institución para beneficio de toda la ciudadanía, así como contrarrestar las falsas declaraciones sobre la sostenibilidad financiera de la CCSS, logrado suscribir al día 27 de septiembre, más de 484 personas, ciudadanas independientes y organizaciones de todo el país.
Las y los firmantes, son un movimiento de personas ciudadanas diversas, defensoras del modelo social, universal y solidario de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes han reunido más de 484 suscripciones de personas ciudadanas independientes en todo el país.
Elementos más destacados en la carta ante la opinión pública son los siguientes:
Desafortunadas declaraciones y acciones del Sr. presidente Rodrigo Chaves que se da en un contexto de lucha sindical por la aplicación del reajuste salarial en institciones públicas que no significa para las personas funionarias de la CCSS ni 250 colones diarios, así como el desacato a la aprobación de este reajuste salarial via decreto en el 2019, lo que ha generado gran desprestigio a la institucionalidad y la autonomía de la Caja, mediante acciones como la destitución de la Junta Directiva de la CCSS, el Sr. Álvaro Ramos.
La Caja no está quebrada, aunque sus desafíos actuales y futuros son enormes, como ocurre en cualquier otro país del mundo.
Algunos son de resorte directo de la institución y otros no lo son. Entre los primeros están sus ingentes inversiones y la eficiencia y calidad del gasto, las acuciantes listas de espera, la escasez de especialistas en áreas críticas. Y entre los segundos, la subdeclaración salarial, el elevado empleo informal, el no pago de la deuda del Estado, la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento y los nuevos retos ante el envejecimiento poblacional, entre otros.
La Caja no está quebrada. Una muestra contundente de la solidez financiera y de la extraordinaria fortaleza humana de sus funcionarios la vimos en su capacidad de respuesta a la reciente crisis de la Covid-19, dando un ejemplo mundial de robustez económica e institucional. En 2020, el peor año de la pandemia, y pese al enorme desafío sanitario afrontado por el país, el excedente del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) alcanzó los 772.7 miles de millones de colones. El excedente subió a 1 billón de colones en 2021, y se proyecta que a final de 2022 rondará los 1,1 billones de colones. A abril 2022, las reservas financieras del SEM alcanzaron 1.5 billones de colones.
Holgura financiera de la CCSS le permitió no solo salir bien librada de la crisis del Covid-19, incluso recibiendo menos ingresos, sino también cuidar los recursos que permitirán implementar un ambicioso portafolio de inversiones que incluye 227 proyectos para construir 1.25 millones de metros cuadrados de infraestructura entre 2022 y 2031. Lo anterior sin contar la apertura de 340 nuevos EBAIS, la reclasificación de 107 centros de salud y el fortalecimiento de los servicios de geriatría a escala nacional; proyectos que se acompañan con una contratación proyectada de 12,522 plazas de personal en salud para atender la demanda creciente de servicios entre el 2022 y el 2031.
Pese a la gigantesca deuda que el Estado costarricense le mantiene a la CCSS, la cual alcanza niveles alarmantes y vergonzosos, pues pasó de 1,064 billones de colones en 2015 a 2,669 billones en 2022. Aun así, la CCSS no está quebrada, por lo que la afirmación del señor presidente pone necesariamente en alerta al escudarse en el manual de la privatización, buscando desprestigiar la Institución más querida por el pueblo costarricense y generar desconfianza entre los actuales y futuros cotizantes.
Ante lo anterior que se describe a detalle en la carta pública, el Movimiento hace un llamado a defender la institucionalidad y la autonomía de la Caja, así como aportar soluciones para lograr su fortalecimiento y enfrentar los desafíos de la institución benemérita.
Vocerías
Augusto Guerrero: Federación de Estudiantes Universitarios Universidad Nacional (FEUNA). Vivian Rodríguez: Dirigente sindical sector educación SEC. Lenin Hernández: Secretario General Sindicato Nacional de Enfermería y AFINES (SINAE AFINES). Henry Mora: Economista, investigador y académico UNA. Juliana Martínez: Catedrática UCR, Premio Forster Fundación Humboldt. Oscar Cruz Morales: Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica (SIFUPCR)
El próximo 22 de septiembre se realizará por octava ocasión un juicio contra el luchador y dirigente social Orlando Barrantes, lo que representa el juicio político más largo en la historia del país (22 años). Por esta razón, distintas organizaciones sociales, políticas y activistas independientes fundamos el Comité de Apoyo a Orlando Barrantes y lanzamos la campaña de solidaridad por su libertad.
Este juicio que enfrenta Orlando es de carácter político, por su participación en un movimiento realizado por campesinos, traileros y bananeros en la zona Atlántica en diciembre del año 2000, en contexto de la lucha contra el combo del ICE, así como por el trabajo político que ha hecho el compañero gran parte de su vida. Barrantes ha sido un integrante activo de los movimientos sociales, apoyando luchas campesinas, de ex-estibadores, transportistas independientes, mujeres solas jefas de hogar, indígenas, personas afectadas por el Nemagón y actualmente en la lucha por el acceso a una vivienda digna para la población más vulnerable.
La Fiscalía incluso ha señalado a Orlando de ser un “enemigo del Estado” y “un conspirador contra el gobierno”, como si luchar por nuestros derechos fuera un crimen.
Barrantes ya ha sido declarado inocente y absuelto en dos ocasiones anteriormente en el proceso, pero la Fiscalía continúa ensañada contra el luchador social, irrespetando así el derecho de todas las personas a una “justicia pronta y cumplida”, establecida en el artículo 41 de la Constitución Política. En Costa Rica no estamos acostumbrados a políticas de este tipo, que son propias de dictaduras militares. Estas funcionan como método de amedrentamiento del Estado y de criminalización de los movimientos sociales que se atrevan a organizarse y manifestarse contra las injusticias y para exigir condiciones de vida dignas para los sectores de la población más vulnerables.
Luchar por la libertad de Orlando, es luchar por el legítimo derecho a protestar que tenemos todas las personas y que es fundamental para el control político y para asegurar la participación del pueblo y de todos los sectores en el diálogo social y en la construcción colectiva de la democracia. Por esta razón, llamamos a todas las organizaciones sociales y políticas, religiosas, campesinas, indígenas, sindicatos del sector público y privado, ecologistas, luchadores por vivienda, agrupaciones de mujeres, estudiantes, de base local y comunal, a sumarse a la campaña por la libertad para Orlando Barrantes, porque solidarizarnos con esta lucha es garantizar nuestro legítimo derecho a la protesta y a la organización desde abajo.
Algunas formas para apoyar esta campaña son crear comunicados en solidaridad al compañero, apoyar la campaña de recaudación de fondos y acompañarnos a partir de las 8:00 a.m. del 22 de septiembre, en los Tribunales de Justicia de Guápiles, cuando dará inicio este octavo juicio.
Para más información a los contactos: 8583-0253 o 6060-0278
