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Etiqueta: neoliberalismo

COSTA RICA 2021: LA COMMEDIA È FINITA

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (17).

Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El telón de la obra teatral que ha venido siendo representada durante los últimos ocho años en la escena política del pequeño país centroamericano que somos ha caído por fin: entre la penumbra reinante empezamos a distinguir ¿quién es quién dentro del juego político? Ya no se trata de seguir a los protagonistas por lo que dicen, o acostumbran a decir con suma ligereza, sino de establecer un inventario cabal de lo que han venido haciendo.

Los “progres” del PAC, esos maestros del fingimiento, no sólo nos han traicionado, ejecutando con saña la más agresiva contrarreforma neoliberal que acabó con nuestro estado social de derecho, y el pacto social establecido en la constitución de 1949, sino que terminaron por confundir a un gran sector de la población, que ante su postura mimética llegó a pensar que ellos son “comunistas”, “socialistas” o algo así, resultando muy difícil sacarles de la cabeza a muchas gentes semejante equívoco, por lo que no se han dado cuenta de que este gobierno representa a lo más rancio de la ultraderecha neoliberal. Contando con la ayuda y decidida participación de los restos ya descompuestos del otrora PLN socialdemócrata (en el buen sentido del término), de los del PUSC del tránsfuga Rodolfo Piza Rocafort, quien en esta campaña electoral se nos presenta con otro rostro, del también “progre” FA que se adhirió a la coalición gobernante desde el primer momento, en abril de 2018, de cuyo gabinete formó parte su presidenta durante casi tres años, sin deslindarse de manera clara y transparente del neoliberalismo (neoconservador y mercantilista, más bien) reinante, mientras sus líderes más conocidos dicen ubicarse hacia el centro, un gran sector de la población lo sigue y seguirá viendo como los temibles “comunistas”, “ socialistas” o “castrochavistas”, y aunque esas percepciones carezcan de todo asidero en la realidad, son válidas en las cabezas de quienes terminaron pensando de esa manera. Dado lo anterior, es que podemos comprender porque un gran sector de la población rural involucrado en la protesta social de agosto-octubre de 2020, en las filas del Movimiento Rescate Nacional, encabezado por Célimo Guido y Óscar Campos, decía que estaba luchando contra un gobierno “comunista”, a pesar de que la policía que los reprimía brutalmente sigue siendo entrenada por los Carabineros de Chile y la sanguinaria Policía Nacional de Colombia, consumadas expresiones de la política represiva de la ultraderecha en esta parte del mundo. Carlos Alvarado se negó a dialogar con quienes protestaban en las calles, y con la complicidad del FA formó unas “mesas de diálogo” (de un monólogo del régimen, en realidad) en las que terminaron dándole atolillo con el dedo a los participantes.

Una vez terminada la representación teatral, no podemos ponernos a reír, la comedia resultó ser una tragedia en la que los patos a sacrificar resultamos ser nosotros: lo peor de todo, es que nos quedamos sin herramientas políticas para enfrentar la catástrofe que se nos viene encima, tendremos que empezar de cero como en el viejo mito de Sísifo para llevar la roca hasta la cima de la montaña, pero metidos en un gigantesco mar de confusiones, donde a semejanza de Odiseo de Itaca tendremos que poner oídos sordos a los cantos de sirena, esos del régimen imperante que se tornarán más abundantes, cuando más profunda y evidente se nos haga la catástrofe, corremos el riesgo de encallar en las rocas.

Cambio de modelo en Chile: ¿El norte estará en el sur?

Luis Fernando Astorga Gatjens

El triunfo electoral de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales chilenas del 19 de diciembre anterior, tuvo su fragua en octubre del 2019, en un país marcado por un inesperado estallido social de alcances tsunámicos.

En ese octubre pre pandémico, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó un aumento del valor de los boletos del Metro de Santiago, los estudiantes protestaron brincándose los molinetes de ese sistema de transporte. Lo que fue inicialmente una acción puntual de protesta derivó pronto en un movimiento generalizado en la capital y en otras ciudades del país austral.

El fuerte contraste entre una élite económica y política, beneficiaria directa del modelo neoliberal y que se rodeó golosamente de privilegios, frente a amplias mayorías empujadas a la pobreza, acumuló las condiciones propicias para el intempestivo estallido social.

El modelo chileno que los políticos y medios adeptos a esa doctrina, habían convertido en un referente internacional, se derrumbó como un castillo de naipes. El proyecto marcado por la reducción del rol del Estado y la expansión del papel del sector privado, que impulsó e impuso la dictadura de Augusto Pinochet, con la asesoría de Milton Friedman, no resistió la acumulación de injusticias y desbalances sociales.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía con un saldo tan trágico como doloroso: 20 muertos, 233 heridos y más de 700 personas detenidas. Empero la represión fue más gasolina que agua. Y lo que fueron, inicialmente, reivindicaciones económicas y sociales (centradas en pensiones, salud, educación) se tornaron en exigencias políticas. Ganó fuerza el reclamo de una Convención Constituyente que pusiera fin a la camisa de fuerza que ha sido la Constitución, creada a imagen y semejanza de la dictadura de Pinochet.

La acción de la protesta social fue tan fuerte que el gobierno de Piñera no tuvo más remedio que convocar a un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente, para redactar una nueva Constitución y también para fijar el mecanismo del proceso. Originalmente, el referéndum fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a causa de la pandemia de la covid-19, hubo de ser pospuesto para el 25 de octubre del mismo año. El resultado aprobatorio fue contundente: Mas del 78 % de los que votaron dijeron que si aprobaban la Constituyente mientras menos del 22 % se inclinó, por lo contrario.

Así las cosas, el 15 y 16 de mayo de 2021 los electores chilenos acudieron a elegir a 155 constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna. Más de 6,3 millones votaron. Los resultados representaron una abrumadora derrota para la derecha, ya que, de los 155 elegidos, 48 fueron independientes, 52 de la oposición, los pueblos originarios obtuvieron 17 puestos y el oficialismo tan solo 38. Una cifra a todas luces insuficiente para fijar la agenda y acuerdos de la Convención, que arrancó sus tareas el 4 de julio de 2021 y las completará a finales de junio de 2022.

El 21 de noviembre de 2021 se celebraron los comicios para elegir quien dirigirá, desde la presidencia, los destinos de Chile entre 2022 y 2026. También fueron electos los senadores, diputados y consejeros regionales. A raíz de las situaciones y procesos desarrollados a partir de octubre de 2019, se esperaba un claro triunfo del candidato de la coalición de izquierda, “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric, aun cuando los números no le alcanzaran para evitar el balotaje. Sin embargo, en un resultado inesperado, el candidato ultraderechista, José Antonio Kast se impuso sobre Boric por dos puntos.

Este resultado envalentonó a la derecha que esperaba ganar en la segunda ronda, que se celebró el 19 de diciembre. Para esta elección se confabularon todos los ingredientes para la polarización política. Se enfrentaban dos proyectos diametralmente opuestos.

Kast (55 años), neoliberal confeso, detractor de la Convención Constituyente, simpatizante de Pinochet, admirador de Trump y Bolsonaro, y con una serie de proyectos amenazantes para los imperativos avances sociales y los derechos humanos, frente a Boric (35 años), líder de la nueva izquierda chilena, madurado al calor de las luchas estudiantiles y sociales, adversario abierto del modelo neoliberal e impulsor de una Constitución que sea llave y matriz de la imperativa e impostergable justicia social para un pueblo marcado por lustros de desigualdad y pobreza, en medio de la concentración indignante de la riqueza de las élites.

El 19 de diciembre se jugaba entonces algo más que una elección entre dos candidatos presidenciales; se jugaba la perpetuación del modelo neoliberal frente a su progresivo desmantelamiento. Eso lo comprendió el pueblo de Chile que acudió a las urnas en un porcentaje mayor que en la primera ronda y le dio un contundente triunfo a Boric (55,87 %) sobre Kast (44,13 %).

El nuevo presidente tomará posesión del cargo, en marzo de 2022 y tendrá como desafío el cambio de modelo, con la abierta oposición de la derecha y las élites económicas, cuyo peso es significativo. Eso se puso de manifiesto al día siguiente de la elección de Boric, cuando esa abstracción denominada mercado (que no son otra cosa que empresas y personas de carne y hueso), mostró su descontento con la caída de la bolsa de Santiago mientras el peso sufrió una significativa depreciación.

La elección de Boric no solo es muy importante para Chile. Lo es para América Latina, región donde las fuerzas progresistas han ido ganando terreno.

Chile ha sido destacado como un “milagro económico” aunque ese milagro siempre fue para una minoría y algunas trasnacionales avariciosas. Las mayorías, mientras tanto, lo vieron desde muy lejos. En el presente, puede emerger un modelo alternativo que consolide la democracia y haga renacer un Estado Social de Derecho, robusto y fuerte como lo soñó Salvador Allende. Esto le dará sentido al propósito y consigna el Norte está al Sur.

Imagen: https://www.radioagricultura.cl

Entre coronavirus y cometas: el declive de la inteligencia

Marcos Chinchilla Montes

En “No miren arriba” (Don´t look up), protagonizada entre otras por Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio y Meryl Streep, la humanidad se enfrenta al desafío de un enorme cometa que impactará contra el planeta Tierra, los denominados eventos de extinción.

Es una película que se distancia de otras producciones apocalípticas que pululan en el cine comercial hollywoodense, y viene a tender puentes con la actualidad política, económica y cultural que vive nuestra sociedad en torno a la pandemia generada por el SARS-Cov-2.

En primer lugar, la película permite destacar el abismo que se presenta entre tecnócratas, ciudadanía y ciencia, negando y hasta retrasando reconocer el riesgo que un cometa tiene para la existencia del planeta (situación de la que tenemos conocimiento con el impacto Chicxulub de hace poco más de 60 millones de años).

Sin bien en los medios de comunicación y en las redes sociales ha existido amplia información sobre el SARS-Cov-2, existe también un correlato desinformativo que lamentablemente ha generado y reforzado un negacionismo del más variado cuño: desde que el virus no existe, que las vacunas generan control vía chips, asociar vacunas y tecnología 5G, y el absurdo etc. que van ampliando a diario.

El posmodernismo no solo cuestiona abiertamente el conocimiento científico, sino que también ha instalado política y culturalmente prácticas donde se vale de todo, desde rezarle al virus para que desaparezca, enseñar en algunos centros educativos que la evolución no existe, o hasta esperar tres días para que un pastor fundamentalista resucitara de su muerte -cosa que nunca ocurrió.

El entramado político y económico que presenta la película si bien en algunos momentos parece un tanto caricaturesco, lo cierto es que refleja muy bien cómo piensan y actúan las élites políticas y económicas. No se le puede informar a las masas sobre el riesgo que implica el cometa por los efectos políticos que tiene para el gobierno de turno; y cuando se informa, se lo hace procurando obtener réditos políticos.
En materia económica, cuando finalmente se actúa contra el impacto del cometa, se lo hace en términos mercantiles: una élite empresarial que busca apropiarse de los caros y estratégicos minerales raros que se encuentran en el cometa.

El paralelismo que se establece con la situación de pandemia que vivimos en la actualidad es indiscutible: compañías farmacéuticas que hacen clavos de oro con las vacunas; transnacionales y empresas que se hicieron aún más ricas en estos dos años; empresarios, gobiernos, presidentes y ministerios de salud que antepusieron los intereses económicos en contraposición al derecho a la vida y la salud. El empresariado neoliberal de Lombardía es un buen reflejo de ello, el del alcalde de Texas que estaba dispuesto a morir por la economía, Piñera que se negaba a las restricciones, Bolsonaro con su gripecita, Duque que le pedía comprensión y solidaridad a los más pobres, Macrón que descubrió la importancia del Estado interventor, Trump recomendando ingerir cloro, un fugas ministro de Hacienda que también recomendaba solidaridad entre personas desempleadas o la solicitud reciente de las aerolíneas para rebajar la cantidad de días de incapacidad para las personas de sus tripulaciones que dieran positivo al contagio. Dos años después, la mayor parte de la población del planeta sigue sin un sistema de salario universal que le garantice poder enfrentar la pandemia con dignidad y calidad de vida.

“No miren arriba” también nos confronta con la simpleza, manipulación y chabacanería de los medios de comunicación y las redes sociales que tienen la virtud no solo de disociarnos de la realidad social, sino también de normalizar sus contradicciones y sembrarnos el individualismo en su máxima expresión. Se acerca un cometa, el riesgo de extinción está a la vuelta de seis meses, pero importa más la situación afectiva de dos estrellas de la farándula que se intercambian sus peluches, y que es seguida por millones de personas para quienes el cometa no existe pues solo se vive el hoy mediático.

Mejor no mirar hacia arriba, o hacia ningún lado, es mejor vivir en la más absoluta ignorancia y decadencia; el virus ya se acabó -aunque ómicron nos diga lo contrario, que la economía funcione a toda marcha, que las mascarillas se entierren para siempre.

Mejor no mirar hacia ningún lado, no usemos nuestra inteligencia; y para eso nos brindan el mejor soma, adosado con reality shows, influencers, fútbol, toros, redes sociales, socilités con el alma partida y la cuenta bancaria llena. A fin de cuentas, solo llevamos poco más de 5 millones de muertes, y muchas personas dirán con algo de algarabía, que dichosamente no están entre ellas.

CCSS: Grandes logros en medicina pública pero con un futuro financiero incierto

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando un reputado investigador y especialista, como el Dr. Atul Gawande elogia los logros de Costa Rica en el campo de la salud pública, algo hemos hecho muy bien a lo largo de varios decenios. Pero tenemos que seguir haciéndolo para evitar que los avances que son motivo de orgullo, se conviertan en sombríos retrocesos.

El Dr. Gawande, profesor en la Facultad de Medicina y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, escribió un artículo en el que destaca que Costa Rica ha priorizado la salud pública, con lo que ha alcanzado una expectativa de vida dos años superior a la de Estados Unidos (casi 81 versus 79), con un ingreso per cápita seis veces menor que el estadounidense. «Y no solo superó la esperanza de vida de Estados Unidos, sino que consiguió la más alta en América del Sur y América del Norte, con excepción de Canadá», subrayó el Profesor Gawande en su análisis.

Esto lo consignó recientemente, BBC Mundo a través de un amplio reportaje en el que se resalta que el especialista estadounidense realizó una laboriosa investigación de seis meses sobre nuestro sistema de salud pública y a partir de un “viaje profundo”, que realizó al país en abril anterior. El investigador valora en forma significativa lo que ha hecho el país, a tal punto que estima que es un modelo referencial y aplicable en otros países, incluido Estados Unidos.

No obstante los logros que exalta el investigador estadounidense en un sistema en que se ha priorizado la medicina pública frente a la atención privada y donde antes que la atención de las personas en hospitales y clínicas, se desarrollan estrategias de promoción de la salud y prevención, las amenazas se han venido acumulando. En estas circunstancias, el sabor agridulce es inevitable.

Los logros que destaca el Profesor Gawande se empezaron a esculpir hace ochenta años cuando el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia impulsó la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dando un paso decisivo en el desarrollo del Estado Social de Derecho, que ha singularizado la forja de la nación costarricense.

Todos quienes habitamos Costa Rica le debemos mucho a la Caja, por los múltiples servicios prestados en el desarrollo general del país y no sólo en el campo de la salud y la seguridad social. Sin embargo, los que han acogido la doctrina neo-liberal como su credo, ahí donde la salud emerge como un derecho fundamental, ellos lo que han visto es un jugoso negocio. Con la consigna avasalladora “más mercado- menos Estado”, estos adalides del individualismo a ultranza, han querido privatizar muchos de los servicios que presta la CCSS y han avanzado en sus despropósitos y anhelos.

Algunos desde adentro (como topos) han venido afectando el desarrollo de la institución. Son aquellos que han debilitado las finanzas de la Caja, creando una cara y frondosa élite burocrática mientras la oferta de especialistas en distintas áreas es limitada y, con ello, se alargan las esperas de atención así como de algunas cirugías. No pocas familias con limitados recursos han sido empujados a utilizar los servicios de la medicina privada, desesperados ante tan prolongadas (y evitables) lista de espera. Este tópico ha sido motivo de tensión social y de cuestionamientos a la eficiencia y eficacia de la ochentera entidad.

Los detractores del Estado Social de Derecho y de la medicina pública han movido distintos hilos para convertir al robusto árbol de la CCCS en un debilitado bonsai. Si su desmedido afán privatizador hubiese ganado completamente la partida, en el 2020 y en el presente 2021, el país hubiera estado mal preparado para atender la desafiante pandemia de la Covid-19. Porque una pandemia de este demoledor alcance para afrontarla exitosamente, ha requerido del esfuerzo solidario de la medicina social. Todo indica que el mundo y el país, desde luego, habrá de afrontar en el futuro otras pandemias. Por ello, la apuesta certera e inevitable para el país debe ser el fortalecimiento de la Caja.

Como lo expresa el Informe de la Comisión Legislativa que investigó las –preocupantes—finanzas de la Caja: “No cabe duda de que las acciones llevadas a cabo por la CCSS … para universalizar la protección (cobertura horizontal) como para mejorar la cantidad y calidad de las prestaciones (cobertura vertical), explican en buena medida el éxito alcanzado por nuestro sistema público de salud. Empero, de cara al futuro, su sostenibilidad financiera se encuentra seriamente amenazada.”

De acuerdo con las proyecciones actuariales –que se fijen en el citado informe—, el Seguro de Salud será solvente hasta el año 2026 o a lo sumo hasta el 2031. Mientras tanto el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tendrá solvencia hasta el año 2037 con lo que, “a partir de 2038, este seguro no podrá hacer frente al pago de las pensiones en sus diferentes acepciones.” Esta sombría situación financiera se ve significativamente agravada como consecuencia de la exorbitante deuda acumulada por el Estado, que supera ya los 5,9 billones de colones.

Es dentro de un contexto de grave incertidumbre y preocupación que corresponde colocar el manejo y administración de las finanzas institucionales, realizado por 18 exjerarcas de la CCSS (algunos integrantes del Consejo Financiero y de Control Presupuestario) que fueron acusados en marzo de 2019, por tres presuntos delitos de fraude financiero, a saber: i) Influencia contra la Hacienda Pública, ii) Administración Fraudulenta y iii) Fraude de Ley; tal y como consigna el citado informe legislativo. De acuerdo a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, estas transgresiones habrían acontecido en el lapso 2006 y 2014, “cuando por medio de aparentes documentos falsos, se aprobaron cuantiosos incrementos en el beneficio de cesantía, salarios y plazas; mismos que al resultar impagables para el Régimen de Salud, habrían sido financiados parcialmente mediante subsidios ilegales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, así expresado también por el informe legislativo.

El valioso estudio del Profesor Gawande retrata la historia de éxito de la Caja y del modelo de salud pública costarricense. El que se nos valore con admiración desde fuera (bien cada vez más escaso), debe ser motivo de orgullo nacional. Pero algo de mayor valor, en el presente, es convertir este elogio de lo que ha sido la Caja en acicate para su defensa y el fortalecimiento de sus finanzas de cara al futuro. Bien vale la pena esta justa y necesaria causa.

El gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica

Ya se encuentra a la venta y para descarga gratuita el libro: “El gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica”, de Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias. 

El ejemplar electrónico es gratuito, lo puede descargar en: https://ciliac.fcs.ucr.ac.cr/e-books/ (a partir del 8 de diciembre).  El ejemplar impreso tiene un costo de 5.000 colones, y está a la venta en el CIHAC (10:00 am a 2:00 pm). 

En ese libro se menciona como en el 2018, las oligarquías empresariales costarricenses alcanzaron una posición de poder sin precedente desde el período anterior a la dictadura de Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1882). Su intervención directa en las políticas públicas se materializó en una regresiva reforma tributaria, una estratégica legislación antisindical y otros cambios institucionales que debilitan o desmantelan la institucionalidad democrática, profundizan las desigualdades y acrecientan el descontento social. Todavía en curso, esta contrarrevolución neoliberal distancia a Costa Rica de los estilos de desarrollo que en el pasado la diferenciaron del resto de Centroamérica y la aproximan a la experiencia de Chile, antes de la revuelta popular de 2019.

SOY UN PRIVILEGIADO

Adriano Corrales Arias*

A fin de año me jubilo luego de casi treinta años de servicio en la educación superior, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para ser más exacto, y tres o cuatro años en la primaria y secundaria, además de algunos “camarones” como empleado o trabajador informal. Recibiré de pensión, más o menos, un sesenta por ciento de mi actual salario. De golpe y porrazo abandonaré ese estamento social conocido como “clase media” para engrosar la ancha banda de la pobreza, según el galopante nivel devaluativo de la moneda nacional y el encarecimiento del costo de la vida. Los ahorros y “pluses” salariales de más de treinta años de vida laboral y académica se irán al carajo. Tampoco sirvieron más de veinte años de estudios e investigaciones para obtener un salario digno y acorde con el esfuerzo. Los avances de la contrarreforma neoliberal te desvalorizan como profesional, funcionario público y trabajador intelectual. Pero soy un privilegiado.

Sí, para la oligarquía y la masa intoxicada por el discurso único de los medios desinformativos de aquella, soy un privilegiado pues recibo un “salario de lujo”. La atroz campaña de la contrarreforma ha calado tan hondo que hoy compañeros trabajadores nos destazan en público, sin comprender que, precisamente, los “privilegios” de los cuales gozamos, obedecen a años de luchas, sacrificios personales y colectivos, represiones y conquistas; no han sido regalos de nadie sino conquistas del movimiento social. Desconocen – por ello lo obvian con facilidad – que ellos mismos deben gozar también de esos “privilegios”, mismos que sus patrones les birlan al no reconocerles siquiera el salario mínimo. Dichos “privilegios”, reconocidos en castellano históricamente como derechos y garantías sociales – por los cuales hubo incluso una guerra civil – deberían ser pan de cada día para todos los trabajadores costarricenses; por eso la equiparación debe ser ascendente, no descendente, como propone y ejecuta el gran empresariado, y malinterpretan miles de incautos intoxicados. El borrado lingüístico y semántico, correlativo al de la misma historia, hace que entre nosotros, trabajadores del estado, independientes y de la empresa privada, nos veamos como enemigos, cuando en realidad el verdadero enemigo es la clase social que promueve la nueva manera de leer la legislación y la historia: quienes evaden y eluden impuestos y cargas sociales, legitiman y exportan capitales a paraísos fiscales y explotan mano de obra nacional y migrante sin contemplaciones; léase, la oligarquía nacional y sus socios transnacionales, consorcios y trusts amparados por el FMI, el BM y otras garroteras mancomunadas con los países más poderosos del planeta.

Pero hay otro privilegio, el verdadero: “la suerte” corrida en mi historia de vida. Aludo al hecho de cursar estudios superiores gracias a sendas becas para estudiar en Europa y realizar un posgrado en mi alma mater, la UNA. Todo ello gracias al Estado Social de Derecho, es decir, a las reformas sociales de los años cuarenta, bajo una alianza inédita en el mundo conformada por la iglesia católica, el partido comunista y parte de la rancia oligarquía cafetalera, acuerpada luego por una socialdemocracia aclimatada en el trópico centroamericano. Me explico: si mi infancia y adolescencia fuesen hoy, no podría estudiar. Mi familia era de escasos recursos con doce hijos (todos vivos afortunadamente a la hora de escribir esto) y unos padres trabajadores e incorruptibles: él comerciante, pasando por artesano, agricultor, empleado, funcionario público; ella ama de casa realizando trabajos de toda índole tales como lavado de ropa para la CCSS, entre otros, para aportar a la exigua olla doméstica. En las actuales condiciones jamás podrían haberme enviado, junto a mis otros hermanos, a la escuela pública, luego al Liceo San Carlos y, mucho menos, a la Universidad Nacional. No tendrían recursos para enviarme desde “Villa Quesada” a la meseta central a subsistir con decoro por los alrededores de la “U”. En los gloriosos años setenta pude hacerlo gracias a becas de la Municipalidad de San Carlos, de la misma universidad, la cual me ofreció, además, residencia estudiantil y servicio de comedor, y luego del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del convenio educativo/cultural con la antigua URSS. Por eso me considero privilegiado.

Por cierto, la universidad que dejo es otra. A mi ingreso en ella – inicios del año 1992 – era una de las cuatro públicas del país, la cual, a pesar de haber sido creada para fortalecer los procesos de industrialización de la clase dominante nativa con una estructura vertical y cuasi militar (no existían facultades ni escuelas o departamentos, sino “divisiones”), había sido transformada en una universidad democrática, participativa y abierta a la comunidad costarricense con una misión de servicio para el fortalecimiento de la ciencia y la técnica al servicio de la economía nacional, especialmente de los sectores más desprotegidos. Esa metamorfosis se logró gracias a un inédito, combativo y lúcido movimiento estudiantil, cuyas luchas en los años 1981/82 consiguieron flexibilizar aquel cascarón empresarial/tecnocrático. Así, la institución pudo salir de la modorra colonial cartaga creando una Sede Regional en San Carlos, misma por la cual – benditas paradojas de la vida – había luchado en mis años de colegial (fui expulsado del Liceo San Carlos por organizar una marcha solicitando dicha sede para la región norte) y más tarde un Centro Académico en San José. Hoy repito, es otra; la contrarreforma la ha alcanzado y, con aliados internos, ha sufrido un proceso de descapitalización ya no solo material, sino sobre todo cultural e ideológico, sumiéndola en una institución cada vez más vertical, antiacadémica, tecnocrática y aislada del entorno y de los problemas que aquejan a las grandes mayorías. El proceso de cooptación neoliberal y de privatización ha sido intenso y su actividad académica, especialmente en términos de investigación, extensión y acción social, se ha restringido ostensiblemente. Lo peor, todo a ojos vista de una comunidad académica y un movimiento estudiantil sumidos en la anomia, el temor, la dispersión y el confort intramuros, dado que han sido objeto de ese borrado o lavado ideológico, semántico e histórico que produce una tabula rasa en cuanto a nuestras memorias e identidades.

La contrarreforma neoliberal desestructuró el Estado Social de Derecho, con ello la educación pública y la seguridad social, bases de nuestra otrora imperfecta pero robusta democracia. Lo grave: convenció a miles de costarricense que así debe ser, que la privatización es buena, que la ciencia, los saberes y los derechos a la salud pública y al empleo con salarios y garantías dignas como una pensión justa, no son necesarios. La masa se lo tragó. De hecho, quienes más necesitan del Estado Social de Derecho se convirtieron en sus acérrimos enemigos y en militantes contra los trabajadores públicos y los necesarios servicios de un estado que se debe a las personas. ¡Divide y vencerás! Es el mayor triunfo de la contrarreforma: convencer a humildes trabajadores, transmutados en “colaboradores”, de que sus derechos son nocivos porque obedecen a consignas de comunistas y servidores de satán. Para ello movilizaron millones de colones provenientes del mismo estado, ya no solo evadiendo o eludiendo impuestos, máxima sangría del déficit fiscal, sino sirviéndose de figuras corruptas como la deuda política, las compras estatales o la concesión de obra pública. Y siguen engordando a mediocres “profesionales”, vividores o viles predicadores devenidos en “políticos”, a medios corruptos de incomunicación masiva y empresas mal habidas que explotan mano de obra, sobre todo migrante.

Pero los privilegiados somos nosotros, no ellos, nuevos ricos que arrasaron con impunidad uno de los proyectos sociopolíticos más innovadores y eficaces de América Latina y del mundo, construido, como se ha indicado, gracias a un inédito contrato social. ¿Imperfecto?, claro que sí, como toda obra humana, pero perfectible y renovable de acuerdo a los tiempos que corren sin tanto sacrificio social; las bases del estado, a pesar de la galopante corrupción y de la pérdida de soberanía, todavía lucían estables para soportar cambios a favor de las grandes mayorías sin graves convulsiones. Pero la gula de una oligarquía insaciable no lo ha permitido. Lo dicho y lo deplorable: con la venia de una masa domesticada, según aserto de uno de los artífices de la erección de un estado socialista exitoso en medio de dictaduras y de países en cruentas guerras intestinas y bajo la constante amenaza del imperio del norte. Ese enroque ideológico y semántico produce grotescas caricaturas propagandistas afirmando, por ejemplo, que los últimos gobiernos neoliberales son conducidos por socialistas o comunistas. “Miente, miente, miente… que algo queda”.

*Escritor.

¿Existe el ciclo de la violencia electoral? *

Isabel Ducca D.

Si bien la violencia doméstica puede darse sin que exista un ciclo definido, su presencia ha sido más estudiada y visibilizada desde un ciclo que tiene sus propias reglas y que, con variantes particulares y específicas según los actores –agresores y víctimas-, se repite al infinito hasta que alguno de los actores muere o la víctima rompe el círculo y busca la ayuda requerida para recomponer su amor propio y la autoimagen que había sido destruida por las palabras y los actos del agresor.

Dicho círculo catastrófico de sumisión-dominación sigue principalmente las siguientes facetas: aumento de la tensión en la relación con la irritabilidad, hostigamiento emocional, sexual o físico de parte del polo dominante –generalmente un varón- hasta llegar al abuso emocional o físico con el consabido estallido de violencia. En la culminación de esta etapa, la víctima es literalmente castigada por algo que dijo, hizo, dejó de hacer o simplemente quien agrede imaginó la afrenta.

Evidentemente, hay amenazas de castigo, ocultas o evidentes, que pueden ser desde alzar la voz hasta advertirle los posibles castigos. Con la amenaza, la víctima entra en pánico y se paraliza. El propósito es ver sufrir a la víctima y castigarla para lograr la obediencia y la sumisión. La amenaza se hace realidad. Este momento es la culminación de la agresión y es en el que más atención se pone. Sin embargo, hay aspectos del ciclo menos visibles y muy difíciles de comprender para quienes estamos fuera. Se trata de los momentos de perdón y olvido.

¡Perdón y olvido! Si los seres humanos no tuviéramos que incorporar ese lema como parte de la dominación, no seríamos la base fundamental y el sustento de toda relación asimétrica o de explotación. En el manejo del ciclo, después de la agresión, el polo dominante, es decir quien agrede, sabe que cometió un acto despiadado y utilizó la fuerza contra un ser indefenso o más indefenso. Por eso culpabiliza a la víctima. La víctima se lo buscó: “Si no me sacaras de quicio, yo no sería capaz de eso…” La culpabilización de la víctima le permite al agresor quedar; impune: él no es el culpable, e invisibilizar su verdadera responsabilidad, llega a la irrealidad de convertirse en la víctima porque lo llevaron a esos extremos, sin quererlo. Pero además de culpabilizarla, se muestra arrepentido y suplica el perdón. Y viene la faceta del ciclo que más me interesa destacar: junto con el arrepentimiento surge la promesa de cambio. Se muestra cariñoso, tierno, caluroso y zalamero; vive pendiente de la víctima porque sin ella no podría ser feliz. La víctima cree en la promesa de cambio, ES SU ESPERANZA y no puede concebir que se trate de una manipulación.

Vuelve y retorna a la normalidad, pues el polo dominante le ofrece los momentos más dulces, si acepta regresar y todo vuelve al ciclo. Siempre que escuchamos un caso de agresión, nos indignamos y nos preguntamos: ¿Cómo le cree que va a cambiar?

Hay dos componentes esenciales: la parálisis o minusvalía aprendida. La víctima cree que sola no puede salir adelante y, además, no se percibe a sí misma con derechos y virtudes. El otro componente es un modelo mental basado en dos actos lingüísticos: la promesa y la amenaza. Aunque no se den contemporáneos, son interdependientes, el uno depende del otro. La amenaza paraliza por el miedo que produce de recibir el castigo. La promesa paraliza por la esperanza del cumplimiento. Y en la realidad que vive la víctima únicamente la amenaza se cumple; sin embargo, la promesa es la que alivia la herida. Es el analgésico de la relación de dominación, opresión o explotación. La promesa permite olvidar o evadir el dolor de la realidad.

La minusvalía aprendida es una escuela social, cotidiana e invisible donde los y las alumnas incorporan la regla de tres: no valgo nada, no tengo derechos y me puede ir peor si hago algo que le desagrade al poder dominante.

Desde mi perspectiva, podemos salir del ámbito doméstico e ir al social. Y, por eso, afirmo que, sobre todo en los últimos cuarenta años, como parte del cinismo neoliberal, se da un ciclo de violencia electoral en nuestro país. Un campesino de Guanacaste, uno de los tantos que están luchando por no perder su derecho de posesión en la zona costera, lo sintetizó asÍ: “Se acuerdan de nosotros cada cuatro años…” Luis Paulino Vargas en un texto acerca de la democracia planteaba la presencia de las promesas, pero pasa desapercibida la existencia de las amenazas. Mi parecer es que no se dan la una sin la otra.

Por ejemplo, si pensamos en la Inquisición, con todos sus terribles rituales de tortura, lo que las poblaciones veían convertirse en realidad eran las amenazas: muertes, ejecuciones, hogueras, persecuciones, etc. Pero lo que amarraba a una religión sangrienta, sacrificial y opresora era la promesa de salvación eterna. El miedo al castigo paralizaba tanto como la promesa de salvación.

En nuestro país, el discurso de la prensa comercial y los políticos neoliberales acerca del Tratado de Libre Comercio estuvo marcado por una lluvia torrencial de promesas, entre las que cabe destacar: salir del subdesarrollo, ser como los países ricos, miles de empleos, inversiones extranjeras, defender los valores patrios y, sobre todo, defender el ICE. Cuando el cuento de Caperucita dejó de funcionar, trajeron a Zoellick a que le golpeara la mesa a Abel Pacheco y entonces apareció en escena la amenaza, nos sacarían del paraíso terrenal, pues nos dejarían fuera del CAFTA.

Ahora, en campaña todos y todas las neoliberales se ponen el disfraz de justicieras sociales y defensoras de los pobres, reparten bonos de vivienda para los más pobres y los seducen con la promesa del cambio.

La dulzura de la promesa no funcionaría si no estuviera quitándole el sabor amargo a la amenaza de que les puede ir peor, de que si luchan por sus derechos, que, a veces, desconocen totalmente, podrán recibir el castigo que estos políticos manejan muy bien: la represión popular.

¿No es el pueblo costarricense víctima de una minusvalía aprendida? Va de la promesa a la amenaza y lo único que se le hace real es la amenaza. Desconoce o no osa recordar sus derechos y sus potencialidades, pues cada vez que los recuerda y los quiere hacer realidad, aparece el castigo. En el año 2000, los bloqueos no eran ilegales. Ahora lo son. Las promesas llueven durante las campañas; las amenazas se reproducen cotidianamente durante los siguientes cuatro años; las leyes son cada vez más injustas y las instituciones más importantes están siendo destruidas paulatinamente.

Lo fundamental para romper cualquier ciclo en que se viven relaciones de opresión, es tomar conciencia y empezar a romper el círculo:

  • ¡No creamos en sus promesas de campaña!
  • Recordemos lo que han sido cuarenta años de neoliberalismo.
  • ¡No comamos cuento, pidamos cuentas!

* Este texto se publicó en diciembre del 2009, ¿conservará vigencia?

Imagen: http://extremaduraprogresista.com

La vieja y la nueva derecha en la Torre de Babel

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (14).
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

La descomposición absoluta que muestra el sistema político y social imperante en este cambio de siglo, tanto como la inopia y la estulticia reinantes en materia de pensamiento y acción alcanzan también a la llamada derecha, o las derechas más diversas de nuestros países latinoamericanos, pues sucede que mientras sus pensadores y líderes más destacados han abandonado el escenario histórico sin que aparezca, por ningún lado, una generación de relevo que esté a la altura de los nuevos desafíos históricos, de suyo muy complejos.

Por otra parte, las derechas de raíz oligárquica, tan propias de esta parte del mundo sólo mostraron, a lo largo del siglo anterior, una vocación democrática de la boca para afuera, dado que consideran que sólo cuando ganan ellos no hay fraude electoral, por lo que han acudido a los golpes militares para desplazar a la izquierda y a la centroizquierda del poder, especialmente en los casos de los odiados peronismo argentino y varguismo brasileño (el de Getulio Vargas y sus seguidores Juscelino Kubitschek y Joao Goulart, que gobernaron después de su dramático deceso, ocurrido en 1954), más recientemente han acudido a los golpes parlamentarios y a los juicios políticos fraudulentos como cuando desplazaron del gobierno a la presidenta brasileña, Djilma Roussef, a mediados de 2016, acudiendo para ello a un montaje típicamente mafioso.

También en ese sector, de tendencia conservadora, y defensor en apariencia de un statu quo tan poco transparente e inescrutable, tanto que quienes lo componen no logran siquiera definirlo, dada su desesperación por liquidar el “estado social de derecho”, surgido al concluir la Segunda Guerra Mundial y preconizado por los Figueres Ferrer, Perón, Getulio Vargas, Árbenz, Batle y otros, dentro de un período que encarnó una disminución  importante de la pobreza, la miseria extrema y abrió enormes oportunidades de ascenso social a una población que hace un siglo carecía de ellas en países como Costa Rica, Uruguay, Argentina y Chile, acudiendo al fomento de la inversión pública y la redistribución del ingreso, por la vía de unas políticas que fomentaban los salarios crecientes y fortalecimiento del mercado interno, a la manera keynesiana-rooseveltiana.

Se puede decir que hoy nos encontramos con que el despliegue de una cierta dimensión sociológica, como aquella de la que nos hablaba don Alberto Cañas Escalante (1920-2014), hace ya algún tiempo, la que cobra plena vigencia en estos primeros años de la tercera década del nuevo siglo: la gradería de sol asaltó la cancha y una ruidosa chusma invadió la conducción política, especialmente en el campo de las llamadas derechas, en especial las de los falsos liberales y los falsos cristianos.

En vez de nutrir sus filas con lo que podríamos calificar como una intelectualidad propia del “antiguo régimen” han acudido a los remanentes de una vieja oligarquía, formados por gentes cada vez más incultas y obsesionadas con visiones meramente tecnocráticas de la realidad, en un extraño panorama que se vino desplegando una vez concluida la guerra fría entre los bloques encabezados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, un hecho que para ciertos intelectuales de Washington marcaría el fin de la historia (Fukuyama, dixit) con la derrota del socialismo-comunismo no sólo en su versión soviética, china o trotskistizante, sino incluso en cuanto al fin paulatino de la socialdemocracia, cuyos partidos más representativos tanto en Europa como en América Latina se fueron corriendo hacia la derecha, con lo que dejaron abandonado a su suerte el estado social de derecho o welfare state, del que renegaron para adoptar los dogmas de un novísimo neoliberalismo, que como sabemos de liberal tiene muy poco. Los herederos de la socialdemocracia regional (PLN de Costa Rica incluido) perdieron su esencia aunque no quieren soltar la etiqueta, o franquicia electoral a la que han quedado reducidos, los beneficios que obtienen de ella les resultan muy apetecibles.

Más bien, en medio de ese arrebato neoliberal del cambio de siglo nos hemos encontrado con una chusma como la del fujimorismo en el caso del Perú, o la masa de falsos cristianos (neopentecostales) seguidores de Jair Bolsonaro en Brasil, hoy dedicado a acabar con los bosques de la Amazonía y las conquistas sociales de los trabajadores, campesinos e indígenas, pues esas son unas gentes que han empobrecido hasta límites insospechados y hasta ensombrecido los  escasos debates parlamentarios que todavía suelen darse en esos otros países. Es un populismo (en el mal sentido del término) inculto y vociferante que ha terminado por darle un marcado tono plebeyo a las filas de una ultraderecha emergente, desconcertada ante de los desafíos de sus contrapartes de una izquierda muy diversa. Tanto el fujimorismo como los restos del aprismo (el APRA un viejo partido histórico peruano que marcó la pauta de las aspiraciones de una izquierda democrática, durante la primera parte de los años treinta, pero que topó con una brutal oligarquía que les respondió fusilando a seis mil de los suyos en las ruinas de Chan Chan en el norte peruano, cuando se había consagrado a la organización reivindicativa de los trabajadores azucareros del departamento de La Libertad, es un partido que desde entonces ha venido girando, cada vez más hacia la derecha y hacia las prácticas gangsteriles) se han convertido en un puñado de grupos violentos, vociferantes que amenazan a un tímido intento de transformación social, como el emprendido por el profesor Pedro Castillo Terrones para revertir treinta años de saqueo de la economía nacional por parte de una mafia neoliberal.

Algunas damas de esa plebe derechista y reaccionaria, tales como cierta Patricia Chirinos, hija de un militante aprista y ligada a las prácticas mafiosas en el puerto de El Callao, contiguo a la metrópoli limeña y entrada desde el Pacífico, no sólo se han dedicado a satanizar y denostar a los políticos serranos de izquierda como Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Pedro Castillo que le ganaron las elecciones generales del mes de junio pasado a las élites limeñas, encabezadas por la hija del dictador Alberto Fujimori, sino que ahora dicha señora pide el derrocamiento o vacancia del presidente Pedro Castillo…resultaba intolerable para esta gente, tan rancia como inculta, en el sentido más amplio del término, el sólo hecho de que el hijo de una mujer quechua, que sólo habla esa lengua ancestral de los Andes como Guido Bellido, se desempeñara como Primer Ministro y diera un mensaje en ese idioma tan importante en el Parlamento, o que un profesor primario de Cajamarca, cuya madre habla un castellano con ingredientes de la sintaxis del quechua de esa región, diciendo por ejemplo: “Yo soy su mamá de Pedro Castillo” los ha puesto a delirar, pues para la estrecha y autista visión de las élites (plebe fujimorista incluida) de la capital peruana esto es imposible de aceptar, ni siquiera en términos abstractos. Así están las cosas en estos países que formaron parte del imperio colonial español o del portugués (para el caso de Brasil) durante tres siglos. La derecha tampoco ha tomado nota de los desafíos del presente cambio de siglo.

Urrú

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gagini aparece el vocablo «urrú» con las acepciones de podrido, carcomido y apolillado. Se utiliza este calificativo para definir la condición de un árbol, que ya sea por la edad o por que le atacó una plaga, está podrido. Así aunque en muchas ocasiones el tronco todavía luce bien y conserva su corteza, su parte interna está descompuesta mientras bacterias, hongos e insectos hacen de las suyas.

Valga este símil para caracterizar al Estado y algunos estamentos de la sociedad costarricense, en este lóbrego bicentenario, por su profundo deterioro ético y moral, que se manifiesta en los múltiples actos de corrupción que involucran tanto a actores públicos como privados.

Lo que se ha estado dando a conocer a través de las declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), forma parte de un cadena de actos y procesos, que con certeza no muestra toda la dimensión de la corrupción en el país. Cochinilla, Azteca y Diamante son manifestaciones de una grave enfermedad –económica, política y social– que expresan el alcance de un fenómeno estructural.

Es seguro que emergerán más escándalos de corrupción ya sea en las municipalidades como otras entidades públicas, donde funcionarios corruptos se ponen de acuerdo con agentes privados, para obtener pingües ganancias. Se trata de perniciosas sociedades donde el corrupto y el corruptor le roban al erario público, de manera inescrupulosa.

El daño que ocasionan las acciones de corrupción son enormes tanto en el campo económico como en la lógica desconfianza que generan en el pueblo y que lo hacen concluir que no existe honradez ni probidad en las acciones y responsabilidades de los funcionarios públicos.

La podredumbre del Estado en materia de corrupción nos viene de lejos: Caja-Fischel, Alcatel, la Trocha, el Cementazo… Pero también es corrupción –como muy bien lo manifestó recientemente el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ONU– el esconder las riquezas en paraísos fiscales (como lo muestran los Papeles de Panamá y los de Pandora), para evitar las responsabilidades fiscales, éticas y sociales, del pago de impuestos.

Mediante las distintas formas de corrupción, los funcionarios públicos corruptos y los corruptores privados han venido saqueando las finanzas del Estado en cifras que ya suman muchos ceros. Se trata de millones de colones y dólares que han encarecido obras públicas, las han atrasado, han afectado su calidad y el tiempo razonable de utilidad, han afectado programas sociales; entre otros perjuicios ocasionados. O dicho de otro modo: Han venido atrasando el desarrollo nacional y erosionado la democracia como un cáncer que hace metástasis tanto en el tronco como en distintas ramas del Estado costarricense.

La corrupción es una manifestación del egoísmo humano que se orienta por la premisa de primero yo, después yo y por último yo. La corrupción posibilita obtener dinero y riquezas, con facilidad y sin que lo que se obtiene sea fruto del esfuerzo y el trabajo productivo. Son acciones ilícitas que son contrarias a la solidaridad y a la responsabilidad social inspirada en el bien común.

En el presente, la corrupción en sus múltiples manifestaciones que tocan la estructura medular del Estado y la sociedad, son la expresión de la prevalencia de una doctrina económica y social, en la que se ha exacerbado el individualismo como nunca antes. El “sálvese quien pueda» que orienta el neo-liberalismo ha creado las condiciones idóneas para que se multipliquen los actos de corrupción, pequeños, medianos, grandes y gigantes. 

Este aserto no significa que en el pasado no se hubieran dado actos de corrupción. Ahí donde se junta poder político, ambición individualista y posibilidades de dinero fácil, puede aparecer el acto de corrupción. Pero se manifestaban como acciones aisladas. Mientras tanto en el presente neo-liberal son tan numerosas y sistémicas, que el urrú es la condición dominante del árbol estatal del país.

La pregunta que surge es cómo combatir esta grave enfermedad que daña al Estado de Derecho y la democracia costarricense. 

En primera instancia, es encomiar la labor de la Fiscalía Anti-Corrupción y el OIJ es sus labores escarmenadoras. Es seguro que tendrán mucho trabajo por delante.

Lo otro es el escarnio público y el repudio social a los corruptos. Obviamente que debe existir respeto ante el debido proceso; sin embargo, cuando el cinismo y el engaño salen de la boca de los corruptos y sus defensores de oficio, el rechazo social por el daño ocasionado debe emerger de inmediato.

La lucha contra la corrupción debe asimismo contar como antídoto con el fortalecimiento de las responsabilidades y labores de fiscalización en la administración de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de las distintas instituciones, sean del gobierno central, entidades autónomas, Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Del mismo modo es necesario generar normas que permitan la confiscación de bienes de actores privados que se han enriquecido, de manera ilícita, con recursos públicos.

Esta lucha debe contar con un frente estratégico que es hacer efectiva la democracia participativa –como lo establece el artículo 9 de la Constitución– para que el pueblo costarricense, se convierta en el mejor vigilante del mejor manejo de los recursos públicos.

Los recientes escándalos de corrupción y los que le precedieron obligan a situar este tema en el debate electoral. Muchos candidatos han sido salpicados de muchas maneras y quieren quitarse el lodo con frases efectistas y prefabricadas. Es necesario dar un seguimiento riguroso y atento a sus respuestas. Es un deber cívico aplicar el voto-castigo a los candidatos corruptos así como el voto-premio a quienes tienen techo de acero y una trayectoria limpia.

Cabe aquí recordar y hacer efectiva esta frase lapidaria, en nuestra lucha permanente contra la corrupción, del prócer José Martí: «Quien presencia un crimen en silencio, lo comete».

(18 de noviembre, 2021)

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)