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Etiqueta: neoliberalismo

La regla fiscal: un fundamentalismo financiero que se debe eliminar

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Francisco Esquivel. Economista.

El diccionario de la Real Academia Española define fundamentalismo como “exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida”. La regla fiscal es eso exactamente. Es una limitación del gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan. Incluso, si el país se queda sin censo y sin el servicio 911, tampoco es relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “enemigo” de la economía: el gasto público. Es el neoliberalismo en su pura esencia.

Para la visión liberal el Estado es un obstáculo. Si el libre funcionamiento de los individuos produce el mejor resultado posible, ¿para qué queremos que el Estado intervenga en la economía? Por el contrario, la intervención del Estado, según este enfoque, producirá una distorsión en el funcionamiento de los mercados porque no dejará que los individuos actúen libremente, lo que se traducirá en un resultado no óptimo del mercado. Al respecto, el Estado estrujaría al individuo, cobrándole impuestos para desarrollar una intervención ineficiente. Si se eliminan los impuestos, el ingreso quedará disponible para el libre uso de los individuos, los que deberían producir lo mejor para la economía mediante los mercados libres.

El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. La experiencia reciente lo demuestra: se están impulsando acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Así, el incremento de los ingresos será limitado. Por lo tanto, dominando la visión liberal, el equilibrio en las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En ese sentido, la gestión fiscal se reduce a perseguir partidas: salarios, compra de insumos, transferencias para la población pobre, pensiones, etc. Se recortan indiscriminadamente las partidas, sin considerar la importancia estratégica de los ministerios ni de los programas respectivos. La regla fiscal es la “fórmula operativa” de la persecución de partidas. El mecanismo es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa un freno: se aplica un porcentaje reducido de crecimiento del gasto y el resto se acomoda a ese límite. En este momento, ese indicador sobrepasa levemente el 70%. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.

El “truco” de la regla fiscal es condicionar el crecimiento del gasto al nivel de dicho indicador. En la situación fiscal actual, bajar el indicador desde el 70% al 60% tomará varios años; tal vez muchos. Eso dará una excusa para reducir el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en unos 3 o 4 años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60%. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque ya no habría déficit. El próximo gobierno, aunque intente modificar la política fiscal, no podrá hacer nada para detener la regla fiscal. La única solución es derogarla. Hay intentos por introducir excepciones; sin embargo, esas iniciativas no captan la esencia del problema: el enfoque liberal no admite parches. Por lo tanto, habrá una oposición obstinada a las excepciones porque “quebrarían” la disciplina. No se puede tapar el sol con un dedo, hay que cambiar la regla fiscal y aplicar un método diferente de control del gasto.

La persecución de partidas contiene errores metodológicos serios. En primer lugar, la regla se aplica, de manera general, al Gobierno Central (es decir, al presupuesto de los ministerios y de los otros Poderes del República) y a las entidades autónomas. Sin embargo, el déficit está en el Gobierno Central. Las instituciones autónomas tienen sus propios ingresos y normalmente no tienen déficit. Entonces, ¿por qué amarrar a las autónomas con la regla fiscal? Por ejemplo, el AyA no puede financiar adecuadamente con sus propios ingresos a las ASADAS, que administran acueductos comunales, porque “se pasa” del límite de gasto impuesto por la regla fiscal. ¡Notable ejemplo del enfoque anti estatista de la política fiscal¡: la regla fiscal se convierte en un pretexto para desmantelar las funciones básicas del Estado, en su acción descentralizada. Si las entidades autónomas no tienen déficit, ¿por qué están sujetas a la regla fiscal? No hay justificación; prevalece el prejuicio ideológico contra la acción del Estado.

Además de lo anterior, hay un defecto metodológico más grave. Antes de recortar una partida del presupuesto público, es necesario evaluar el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto que se piensa reducir. Cualquier partida puede ser un problema, pero no de manera general. No es que, por ejemplo, los salarios, la compra de insumos o las transferencias sean malos, en sí mismos, sino que el recurso que se contrata con ese gasto se podría usar de manera ineficiente, o ser de mala calidad. La regla fiscal no evalúa el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto; simplemente, aplica el bisturí porque el gasto público es “malo para la economía”. Lamentablemente, la regla fiscal olvida lo establecido en la ley 8131, que establece el marco operativo que se debe aplicar para obtener el máximo provecho de los presupuestos. El artículo 52 establece la obligación de los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional y Política Económica de velar por la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto, aportando “los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Nada de esto se encuentra en la regla fiscal.

La regla fiscal está generando daños que justifican su eliminación. Cercena áreas importantes de la gestión pública, de manera arbitraria, obedeciendo al dogma anti estatal. Y lo hace sin evaluar lo básico: la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Por lo tanto, debe sustituirse por un riguroso control del gasto, orientado por la ley 8131, sin los defectos metodológicos citados.

Acuerdo con el FMI: Una agenda fallida con graves implicaciones sociales y humanas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista, CICDE-UNED

Elaboro este breve documento, atendiendo la solicitud que me fue formulada por la Alianza Sindical del Poder Judicial, y como insumo para la reunión que ese colectivo de organizaciones tendrá con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) el día lunes 3 de octubre de 2021, a las 2 p.m. Es, desde luego, una contribución completamente desinteresada, en la que no media retribución alguna.

He dividido el documento en 10 puntos, cada uno de estos atinente a una cuestión particular, aunque todas, en su conjunto, estrechamente vinculadas entre sí. Se ofrece tan solo un esbozo sintético de cada punto, siendo innegable que cada uno de esos ítems daría material para una reflexión mucho más amplia.

1) Un elevado costo social inmediato: la política fiscal en aplicación, centrada en la regla fiscal y orientada a lograr el equilibrio fiscal con base principalmente en la restricción del gasto y de la inversión pública, está teniendo severas consecuencias sociales y humanas, ya que está impactando de forma negativa en los servicios esenciales del Estado, como educación, salud, cuido, atención a la niñez, atención a los problemas de adicción, seguridad ciudadana, medio ambiente, vivienda popular, apoyo a las micro y pequeñas empresas, entre tantos otros. Las negativas consecuencias de todo esto, se agigantan en vista de las extendidas devastaciones sociales y humanas que está dejando la pandemia del Covid-19. Es muy llamativo que sean tan escasos, prácticamente nulos, los esfuerzos que se hacen por combatir el muy cuantioso fraude fiscal, como asimismo resulta notorio que se enfaticen impuestos sobre salarios y sobre el consumo, prescindiendo de tributos de un carácter más progresivo. Es decir, al costo social asociado a esta opción estrechamente fiscalista, se le suma una opción ideológica favorable a los grupos más ricos y solventes de la sociedad costarricense.

2) Graves implicaciones en el mediano y largo plazo: esa política, unilateral y rígidamente fiscalista, reduce la inversión pública al mínimo. De facto, la bloquea. Ello implica posponer inversiones que para Costa Rica son necesarísimas, en áreas clave: educación, cuido, transporte público, vivienda, sanidad, energías alternativas, ciencia y tecnología, conectividad, acueductos, tratamiento de aguas, espacios públicos, arte y deporte, parques nacionales, recuperación de las ciudades, etc. Esto imposibilita que la economía se modernice y diversifique, que se alcance el deseable equilibrio en los niveles de desarrollo de las distintas regiones del país, y que se logre elevar los bajos niveles de productividad que la caracterizan, pero, asimismo, esto siembra a profundidad condiciones que generarán mayor exclusión y desigualdad social. Literalmente, se está destruyendo el futuro y se está legando un país en ruinas a las generaciones jóvenes y no nacidas.

3) El sesgo ideológico de las políticas monetarias: Las políticas económicas obsesivamente fiscalistas, siguen siendo acompañadas de políticas monetarias centradas en el control de la inflación, las cuales solo se flexibilizaron de forma muy limitada durante el contexto de la crisis asociada al Covid-19. La inflación permanece por debajo del límite inferior de los rangos oficialmente definidos por el propio Banco Central, lo cual para este no es motivo alguno de preocupación, como en cambio sí enciende todas las alarmas el simple hecho de que la tasa de inflación se aproxime al punto medio del rango establecido. Y, entretanto, los niveles de desempleo continúan siendo altísimos, con un ritmo de recuperación del empleo muy insatisfactorio y niveles de informalidad que, tras descender durante los meses más agudos de la crisis, están retornando a sus cotas históricas (alrededor del 45% de la población ocupada). El Banco Central, dominado por un sesgo ideológico que se desentiende de la catástrofe del empleo y es totalmente insensible frente a las realidades de la vida de la gente, sigue siendo una institución opaca que, parapetada detrás del dogma de la “autonomía”, es complaciente con los intereses financieros, mientras permanece invulnerable a cualquier ejercicio democrático de rendición de cuentas.

4) La exclusión de las mujeres: las tasas de desempleo e informalidad son mucho más bajas de lo que potencialmente podrían ser, puesto que, por su parte, las tasas de participación en los mercados laborales y de ocupación de las mujeres son extremadamente bajas, no obstante lo cual el desempleo y el subempleo son mucho más altos entre las mujeres. Imaginar una situación de relativa paridad con los hombres, implicaría necesariamente la incorporación al mundo del trabajo remunerado fuera del hogar, de varios cientos de miles de mujeres en edad de trabajar. En las condiciones institucionales prevalecientes, y bajo las actuales realidades de la economía costarricense, y dada su extrema incapacidad para generar empleos decentes, ello elevaría los datos de desempleo e informalidad, de forma abrupta.

5) La desconexión entre las autoridades económicas y las realidades de la población: con cada encuesta que se realiza, sistemáticamente se hace manifiesto el sentimiento popular de malestar, impotencia y frustración. Hay angustia ante la deplorable situación del empleo, como asimismo las personas expresan profunda preocupación frente a las persistentes amenazas a la estabilidad económica de sus familias y las grave incertidumbres que ensombrecen su futuro. Y, sin embargo, las autoridades económicas, muy panglosianamente, insisten en tratar de hacer creer que este es el mejor de los mundos posibles. La baja inflación les llena de júbilo, mientras no se cansan de ver “mejoras” en una situación del empleo que, desde todo punto de vista, y para la gente de a pie, sigue siendo tristísima.

6) Indicadores irreales: recientemente el Banco Central publicó indicadores que muestran que la economía ha recuperado sus “niveles prepandemia”, lo cual es celebrado con gran fanfarria por esas autoridades. Los datos están evidentemente influidos, además de inflados, por una expansión desorbitada de los regímenes especiales, básicamente zonas francas. Entretanto, la economía que no dispone de las condiciones de privilegio de tales regímenes, y de la cual depende cerca del 95% del empleo total, todavía no recupera sus niveles de febrero 2020. Pero, en todo caso, hay un contraste marcado entre los indicadores de Cuentas Nacionales del Banco Central, y los datos sobre el empleo. Estos últimos logran aproximar, con cierto creíble realismo, el sentimiento de profunda preocupación y malestar que domina en la generalidad de la población, cuando los datos del Banco Central cuentan una historia completamente distinta y muy poco creíble. Se hace urgente una reconsideración crítica, ya desde sus mismas bases epistémicas, teóricas y metodológicas, de las estadísticas que elabora el Banco Central, en virtud del abismo cada vez más amplio, que las separa respecto de las realidades que vive la gente común y corriente. Estadísticas que son por completo incapaces de reflejar esas realidades de la vida, no pasan de ser un inútil ejercicio intelectual y una pérdida de tiempo.

7) Dualización estructural: Pero, asimismo, esto advierte acerca de la situación de aguda dualización que fractura a la economía costarricense. Es muy satisfactorio que varias docenas de miles de personas tengan un empleo en zonas francas, sobre todo porque en la mayoría de los casos reciben un salario relativamente más alto que los promedios nacionales. Y, sin embargo, la evidencia empírica es clarísima en el sentido de que hay un desenchufe entre las zonas francas y el resto de la economía, como es obvio que es imposible resolver los agudos problemas del empleo, si para ello el país se atiene a una estrategia unilateralmente centrada en la atracción de inversiones extranjeras destinadas a las zonas francas.

8) La urgencia de un cambio: al país le urge replantear aspectos fundamentales de su estrategia de desarrollo, lo cual no significa renunciar al aporte que los regímenes especiales brindan, pero si redefinir prioridades y reorientar políticas, de forma que se garantice a la gente su derecho a un trabajo digno y de calidad, algo que hoy le está siendo negado a una porción sustancial de la población trabajadora, según lo demuestran las elevadas tasas de desempleo e informalidad, y la bajísima participación de las mujeres en los mercados laborales.

9) Renunciar al futuro: las políticas de rígida austeridad fiscal que el gobierno ha propuesto al FMI, y que éste avala, imposibilitan poner en ejecución las políticas que al país le urgen. No es posible poner en marchas programas de emergencia para la generación de muchos empleos en el corto plazo, ni diseñar estrategias integrales de política pública de mediano y largo plazo, que, articuladas y concertadas con el sector privado y la ciudadanía en general, permitan avanzar hacia la modernización y diversificación de la economía, que promuevan la justicia social y la inclusión equitativa de todos los sectores de la sociedad y las distintas regiones del país, que asimismo levanten la productividad, incorporen a las mujeres en los mercados laborales en condiciones dignas e igualitarias, y que respondan apropiadamente, y con sentido precautorio y de anticipación, ante los colosales desafíos del cambio climático y la crisis ambiental.

10) El FMI es corresponsable de este desastre: los costos sociales y humanos que todo esto comporta son altísimos, y ponen en riesgo la paz social y la democracia en Costa Rica. En una sociedad fracturada por múltiples desacuerdos y conflictos, esto simplemente suma motivos agudizados para que las desavenencias se profundicen, y para se aleje, más y más, cualquier posibilidad de diálogo democrático y entendimiento pacífico. El FMI está asumiendo graves, y muy sustanciales responsabilidades en relación con todo esto. En Costa Rica no lo olvidaremos.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista. Alajuela, Costa Rica, 2 de octubre de 2021

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

De aniversarios, centenarios, bicentenario y otros equívocos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (7)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro. Sociólogo y escritor costarricense

La proximidad de cierto bicentenario muy importante, al menos en términos históricos e historiográficos, tanto como la obsesión de nosotros los seres humanos por la medición del tiempo (el de la vida cotidiana, y el de la duración histórica muy unido a una visión secularizada de antiguas tradiciones judeocristianas) y la observancia periódica de las cronologías con fines o significados muy diversos, pero también en cuanto a la casi inevitable manipulación, un tanto inocente o desprevenida a veces, de las conciencias de la gente revistiendo de una cierta solemnidad una fecha y una conmemoración, aunque en el fondo muchos ni piensen ni sientan nada importante al respecto. De esos equívocos está llena nuestra cotidianidad, la que ha devenido en el desconocimiento de ¿Cómo es que ciertas élites del poder han venido desmantelando nuestro estado nacional?, y se preparan para devorar lo poco que queda del estado social de derecho.

Todo lo anterior sucede porque los ensueños, las evocaciones del pasado lejano vienen a nosotros, de innumerables maneras, y a partir del encadenamiento de los hechos más casuales e inconexos que forman parte del diario transcurrir, sobre todo para el caso de aquellos que ya hemos vivido una buena cantidad de años, tantos que a veces nos parece algo increíble que semejante cosa haya sucedido (¿sucedió en efecto esto, aquello y lo otro?, son preguntas que nos hacemos con cierta frecuencia). La selectiva memoria, algo traicionera a veces, como decía el escritor y político venezolano del siglo anterior Domingo Alberto Rangel, en sus memorias que tituló de una manera ácrata o anarquista ALZADO CONTRA TODO, publicadas poco antes de su deceso, ocurrido casi una década atrás. La obra de Rangel, que transcurre desde su infancia que mira como lejana y llena de matices, en los primeros años del nuevo siglo, evocando su vida en los Andes Venezolanos, más concretamente en Mérida y haciendo referencia a los largos viajes que su padre emprendía, en gran parte debido al comercio y a la venta de productos agrícolas y ganaderos, dentro de una vasta región del piedemonte y los llanos que lo sucedían. Después hará un excurso y un discurso prolongados acerca de una larga vida dedicada la militancia política partidaria, de la que terminó abjurando durante las dos décadas que antecedieron a su fallecimiento.

El recuerdo colectivo (a veces no estoy tan seguro de que lo sea) del pequeño país centroamericano que éramos, durante los primeros años de la segunda mitad del siglo anterior, dentro de los que transcurrió la mayor parte de mi vida, me hace evocar circunstancias, gentes, hechos diversos e incluso objetos materiales de la vida urbana y rural que me resultan inverosímiles. Trato de evitar los lugares comunes, a los que acude la mayor parte de la gente para terminar no diciendo nada que tenga, de verdad relevancia, procuro no idealizar situaciones del pasado que me puedan conducir a la trampa aquella de que vivíamos entonces en una arcadia feliz, o la aún más engañosa de que todo tiempo pasado fue siempre mejor, tan llena de equívocos y tan expuesta a las trampas selectivas que suele jugarnos nuestra traicionera memoria. Tendemos, casi por instinto, a evitar los malos recuerdos y a idealizar las condiciones de nuestra infancia y juventud, dejando de lado las limitaciones o las privaciones a que nos vimos expuestos, muchas veces a pesar nuestro. Ese es el riesgo de toda empresa tendiente a escribir o sistematizar acerca de los avatares del pasado, sobre todo de los que conforman nuestra subjetividad, la que está conformada por una gran cantidad de ingredientes que no son precisamente nuestros, sino que nos han sido impuestos por el medio social.

El horizonte o panorámica sociopolítica del ayer, tanto como del presente que se diluye en la inmediatez, siempre estuvo presidido por las posturas reaccionarias y conservadoras de los poderes fácticos, quienes terminaron imponiéndolas tanto en el plano de la moral como en el de las visiones religiosas (en el peor sentido del término) más diversas e interesadas, en procura de legitimar sus equívocas acciones, revistiéndolas de una cierta dosis de santurronería, no por ello menos caracterizadas por el cinismo más atroz e hipócrita.

En estos doscientos años de nuestra separación del dominio imperial español, los neoliberales de pacotilla no logran convencerme de que la farsa que han implantado ha permitido construir un mejor país que el que forjaron los socialdemócratas, con su estado social de derecho de la primera parte de la segunda mitad del siglo anterior: José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós eran estadistas y hombres cultos muy superiores a estos comediantes de baja estofa que dicen ser “nuestros gobernantes” del bicentenario. Les juro que el Partido Liberación Nacional con sus cuadros estudiosos y sus valiosos aportes existió cuando en este país habían partidos políticos de verdad, la izquierda verdadera (por así llamarla) del Vanguardia Popular y otros partidos con sus luchas, sus cuadros también valiosos, quienes lucharon al lado de los obreros y campesinos también, a diferencia del decadente coro de “progres” del presente, esos que dicen ser (o son, de hecho) la pata izquierda del régimen. ¿Lo habré soñado o mi tía Virginia Matamoros Córdoba – una mujer extraordinaria de aquellos tiempos, fallecida en el estado de Nueva York en 2009- fue de verdad una socialdemócrata convicta y confesa en los años cincuenta, después de haberse unido a las fuerzas de José Figueres en 1948, aún y cuando décadas después de haberse ido a los EEUU terminará pensando como el Tea Party republicano de aquel país continente, ya muy alejada de sus orígenes? ¿O mi madre Rosa Cedeño Castro (1926-2008), existió de verdad como una militante del Vanguardia Popular de aquellos tiempos, como una mujer que defendió siempre la causa de los trabajadores?, todo en esto en contraste con una izquierda light y posmoderna que le ha hecho el juego a uno de los gobiernos más reaccionarios y represivos de nuestra historia reciente, dentro de lo que no pasa de ser un triste bicentenario.

El desafío de la Fiscalía General de la República

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Fernández González

Como gran parte de la ciudadanía en este momento, veo con enorme preocupación el desplome de nuestro Estado Social de Derecho, en medio del asedio —exacerbado por la pandemia— de un neoliberalismo a todas luces anacrónico pero clavado como un cáncer en nuestra cultura política.

Una pieza clave está gravemente herida, la Fiscalía General de la República, y el proceso de llenar esa vacante parece estar muy lejos de los requerimientos reconocidos internacionalmente, tal como los establece por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Respaldo el clamor que realiza en este sentido el panel independiente de personas expertas designado para mejorar este proceso.

Adjunto su carta del 20 de setiembre al Presidente de la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial, magistrado Fernando Cruz, donde se señala la importancia de reforzar los siguientes aspectos:

– Idoneidad ética
– Conocimiento y destreza legal sobresaliente
– Independencia e imparcialidad
– Experiencia y conocimiento del sistema de justicia penal
– Compromiso con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho
– Transferencia en la actuación funcional
– Capacidad de interlocución con otros actores y usuarios del sistema
– Sensibilidad al género y a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad
– Conocimiento de los principales desafíos institucionales del sistema de procuración de justicia
– Rectitud y alto sentido de justicia

Como indica este panel de personas expertas, no debe ser que el mero cumplimiento de requisitos formales mínimos como la nacionalidad, la edad, u otros sea recompensado con un 70% del puntaje total: estas condiciones deben ser solamente el punto de partida sin el cual no es posible aspirar al cargo y por lo tanto no debieran recibir puntaje alguno.

El peso de la elección al cargo debe recaer sobre el cumplimiento de otros requisitos realmente sustantivos para un desempeño excelente de esta función clave en nuestra institucionalidad judicial, tales como los que se sugieren en el documento.

Este primer pronunciamiento también tiene observaciones muy importantes en materia de transparencia, participación ciudadana, e igualdad y no discriminación.

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Inflación en Costa Rica: ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista / Director a.i. CICDE-UNED

Me resultó, no sé si decir jocoso o simplemente interesante, el debate que días atrás escenificaron varias diputadas y diputados con Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, en relación con la compra, por parte de esta última entidad, de bonos de la deuda pública en el “mercado secundario”, es decir, adquiridos, no directamente de la tesorería del gobierno, sino de gente u organizaciones (como los fondos de pensiones) que los adquirieron previamente. La cuestión giraba alrededor de si eso implicaba emisión de dinero, y se desgranaba en plañidos de tribulación y angustia, acerca de las posibles implicaciones inflacionarias que ello tendría.

Si las autoridades de los grandes bancos centrales del mundo lo oyesen, de seguro se carcajearían, tal es la ignorancia que estas discusiones evidencian. Y eso que tales personajes no son precisamente un ejemplo de progresismo y heterodoxia. Pero lo más bonito es que son supersticiones alimentadas por los economistas del “establishment”, esos que la prensa entrevista y que son los únicos a los que esas élites políticas escuchan.

EL cuento de que, al comprar bonos de deuda pública, el Banco Central emite dinero, y que al hacerlo provoca inflación, se alimenta de una fantasía cuya autoría es atribuible a Milton Friedman, y que se resume en la célebre frase: “la inflación, en última instancia, es siempre un fenómeno monetario”. Lo cual, sin embargo, elude y, por lo tanto, deja sin respuesta una pregunta muy básica: ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La inflación o la emisión monetaria? En realidad, hay buenas razones para pensar que la emisión sigue a la inflación, y no a la inversa, puesto que, como ha quedado bien demostrado, los mecanismos de creación del dinero son endógenos al sistema económico.

En realidad, la inflación es mucho más que un fenómeno monetario. Puesto en cortito, habría que decir que es un fenómeno complejo. Sobre todo, tiene que ver con dos cosas: las capacidades productivas de la economía y su grado de utilización; y factores de carácter político e institucional, atinentes a las relaciones de poder entre distintos grupos y clases sociales. Todavía cabría reconocer también la influencia de factores sicológicos y socioculturales, es decir, estados de ánimo colectivos que, en diferentes momentos, son propicios o adversos, a comportamientos sociales que tienen implicaciones inflacionarias. También es factible, aunque en general menos frecuente, que se den “cuellos de botella”, es decir, situaciones de escasez de alguna o algunas materias primas o productos, que propicien limitaciones de oferta y generen presiones inflacionarias.

Vamos en orden.

Primero, en relación con las capacidades productivas reales de la economía, y el grado en el cual la demanda global es insuficiente o excesiva frente a esas capacidades productivas. En el primer caso usualmente no habría inflación, ya que el aparato productivo puede responder con relativa holgura a una mayor demanda, sin que surjan presiones ascendentes sobre los salarios ni presiones sobre la capacidad instalada que eleve los costos. En el segundo, es muy probable que sí la haya, precisamente porque, al estar muy cerca del límite máximo de la capacidad productiva, aparecen tensiones que, eventualmente, elevan salarios y costos. En la actual realidad de Costa Rica, con enorme desocupación de las fuerzas productivas, altísimo desempleo, y un nivel de producción muy inferior al potencial, no hay, por este lado, riesgo alguno de inflación. La demanda podría ampliarse e incentivar más empleo y más producción, sin generar más inflación, puesto que, como ya dije, la economía produce hoy muy por debajo de su real capacidad.

Pero, como indiqué más arriba, la cuestión se complejiza adicionalmente por razones políticas y en función de determinadas relaciones de poder, y en el contexto de particulares estructuras institucionales que, en mayor o menor grado, lo propician o desincentivan, todo lo cual se resumen en la metáfora acerca de la “espiral precios-salarios”, lo cual atiende a una pugna redistributiva entre trabajo y capital, la cual opera sobre el telón de fondo de un determinado marco institucional. Hacemos referencia, pues, a la competencia entre salarios al alza y precios al alza, los unos persiguiendo a los otros. Pero, para que ello se concrete, se necesita una fuerza de trabajo organizada en sindicatos fuertes y con capacidad de negociación, algo totalmente ausente hoy en Costa Rica, donde las personas trabajadoras están en posición de extrema indefensión frente a la parte patronal, y donde la propia institucionalidad pública, se muestra vacilante y omisa a la hora de cumplir con su cometido fundamental: defender a la parte más débil que es, obviamente, la de las trabajadoras y trabajadores. Todo esto inutiliza, y prácticamente anula, el mecanismo precios-salarios.

Como asimismo indiqué, en determinados momentos puede incidir un cierto estado de ánimo, al modo de un efecto sicológico de alcances colectivos, que se visibiliza en comportamientos inflacionarios. Es algo que tiene su dosis de irracionalidad, en cuanto comporta un “efecto imitación”, cuando cada quien cree que debe ir adonde van los demás, como al modo de un comportamiento manada. Pero, por otra parte, no es algo que surja antojadizamente, ya que usualmente ha habido o hay algo en la realidad, que potencia ese comportamiento. Fue, en parte considerable, lo que ocurrió durante la crisis de 1980-82 en Costa Rica, cuando se generalizó una sicología inflacionaria, alimentada por la devaluación caótica que entonces se experimentaba. La devaluación misma elevaba los precios de productos importados, pero, por razones de sicología colectiva, el efecto se generalizaba a todos los bienes y servicios. Se observó también a lo largo del extenso período de alrededor de 20 años, durante el cual se aplicó la política de minidevaluaciones. Como éstas se hicieron muy previsibles, asimismo propiciaron un comportamiento de anticipación y ajuste a la devaluación esperada.

Todavía quedan otras posibles fuentes que incentiven la inflación: la presión al alza de los precios internacionales de los combustibles o de los alimentos importados, por ejemplo. O, en fin, como ya lo mencioné, las situaciones de “estrangulamiento de la oferta”, cuando escasea alguna materia prima o producto.

Es entonces oportuno enfatizar lo siguiente: en contra de la superchería usual, la real explicación de la fuerte inflación de inicios de los ochenta en nuestro país, hay que buscarla, no en la emisión de dinero, sino en la desordenada devaluación y el alza de precios de productos importados, en especial los combustibles, en un contexto institucional y de relaciones de poder, en que la “espiral precios-salarios” todavía conservaba vigencia.

Toda esta mitología urdida alrededor de la emisión monetaria y la inflación, forma parte del material que construye y solidifica los barrotes de una jaula en la que Costa Rica hoy está prisionera. Es la jaula del déficit fiscal y la deuda pública, un par de espectros que aterrorizan y petrifican. Se agita la historia atemorizante de la inflación, para impedir que se haga nada que pudiera ampliar los márgenes de maniobra frente al déficit, y de este último se hace un tótem sagrado, en cuyo altar se sacrifica la vida de las generaciones actuales y de las no nacidas.

 

Publicado en el blog
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/09/inflacion-en-costa-rica-que-es-primero.html
Compartido con SURCOS por el autor.

Privatización de electricidad y Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Han pasado 135 años. Eran las seis y cuarto del 9 de agosto de 1884, cuando muchos habitantes de San José y de poblados aledaños, se concentraron en algunas calles de la metrópoli costarricense, para ser testigos de un acontecimiento histórico: La inauguración del alumbrado público.

La luz llegó e iluminó a algunas calzadas para regocijo de quienes presenciaron el acontecimiento y, en general, para los habitantes del país. Y por supuesto, se trató de un acontecimiento histórico ya que San José fue la tercera ciudad del planeta en contar con ese primigenio servicio, codeándose con Nueva York y París, y convirtiéndose en la primera ciudad latinoamericana en contar con ese tipo de alumbrado.

Pero las cosas no se quedaron ahí: Unas décadas después, el país siguió marcando la historia al crear en 1941 la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y ocho años después, con la nacionalización del servicio de electricidad y, luego, con la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante la Ley N° 449. En el artículo uno de la ley de creación del ICE se indica que “la responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.”

Esta impronta progresista, que buscó que el país contara con energía eléctrica propia para impulsar el desarrollo económico y social, se enmarcó dentro del vigoroso impulso de un Estado Social de Derecho (ESD), que tuvo en la década de los cuarenta del siglo pasado, un periodo estelar.

Desde su fundación, hemos sido testigos de que el ICE, ha buscado avanzar en un derrotero de matriz diversa y sostenible que tiene como fuentes de la producción de energía eléctrica, la hídrica, la geotérmica, la eólica, la solar y la biomásica, a la par de una parte pequeña de generación térmica. Se trata de una matriz muy exitosa que ha permitido una cobertura eléctrica de 99,4% de los hogares costarricenses. Es, asimismo, un modelo único en el mundo; el cual en los último años, ha tenido un significativo reconocimiento internacional.

Sin embargo, lo que ha sido exitoso para Costa Rica y la mayoría de sus habitantes, ha sido visto con mucha avaricia e incomodidad por quienes en el país y fuera de él, ven a los servicios prestado por el Estado como un obstáculo y desafío para sus intereses privados y sus negocios.

A estos grupos, representantes del gran capital transnacional o de aquí, les ha incomodado el ICE y por eso, desde siempre, han buscado desprestigiarlo de mil maneras, para apoderarse de la producción eléctrica y convertirla en otro de sus rentables negocios. Así las cosas, en el año 1990 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 7200 mediante la cual se autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela. Este va a constituirse en el primer ñangazo al pastel de la venta de electricidad, por parte del sector privado.

Estos avariciosos grupos privados –fuertemente ligados a las cúpulas políticas que han controlado al Estado costarricense–, han impulsado leyes como éstas (la 7200) en su sueño de privatizar el campo de la producción y venta de la electricidad. Lo han logrado hasta el presente, en forma limitada, gracias a la lucha y la resistencia social pero nunca han cejado en sus afanes privatizadores.

El “combo” del ICE, impulsado por el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, formó parte del plan privatizador, pero fue derrotado por un pueblo con ADN progresista, en las calles y otros escenarios de la lucha social y política, en el año 2000. No obstante la derrota infligida, esos grupos plutocráticos han seguido sus antidemocráticos empeños y a través de diputados de distintos períodos legislativos, han buscado ampliar su dominio privado en la electricidad, al mismo tiempo reducir el tamaño y alcance del ICE.

En el presente, con un gobierno de corte neoliberal como el de Carlos Alvarado y una Asamblea Legislativa con muchos diputados y diputadas, que convirtieron esa doctrina en catecismo, el esfuerzo privatizador da un gran salto a través del impulso de una reforma a la citada Ley 7200, en su artículo 3, que aparece en el expediente legislativo N° 22.601.

Esta mala iniciativa forma parte del proyecto neoliberal de destruir lo que queda, en instituciones y servicios públicos que emergieron con el desarrollo del Estado de Bienestar, que el pueblo y algunos líderes impulsaron desde la década de los cuarenta del siglo anterior y que los agoreros con su consigna: “Más mercado y menos Estado”, quieren borrar de la faz de la sociedad costarricense.

Forman parte sustancial de ese genuino Estado Social de Derecho, la salud pública universal prestada a través de la Caja, la educación pública impulsora de movilidad social, algunos avances en materia laboral, los planes de vivienda, algunos programas de seguridad social que han beneficiado a grupos sociales específicos (entre otros), así como los servicios de electricidad que ofrece el ICE, a partir de principios de solidaridad y subsidiariedad.

Se trata de derechos sociales y económicos que están presentes en la Constitución Política, y en normas nacionales e internacionales (tratados de derechos humanos ratificados por el país), que hoy, con esta voraz arremetida, la administración Alvarado Quesada y algunos diputados, pretenden socavar. Desde la década de los ochenta del siglo anterior, el Estado Social de Derecho ha venido siendo atacado en distintos flancos, con el fin de beneficiar a grupos económicos poderosos del país y a transnacionales, a quienes no les importa en absoluto el bienestar del pueblo sino sus negocios y las ganancias que puedan obtener a partir de ellos.

Este gobierno y muchos de los diputados que apoyan estas nefastas propuestas, no se han percatado de lo que ha venido sucediendo con el neoliberalismo en América Latina, que al fracasar –estrepitosamente– como doctrina económica y social, está retrocediendo paso a paso en distintos países de la región.

Un ejemplo concreto del fracaso de la propuesta de reformas energéticas fracasadas, que se han dado a la luz de esta doctrina, destructora de la justicia social, se ha dado en México. En el Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto fue aprobada una reforma completamente entreguista para el sector privado (mexicano y transnacional), que alcanzó una votación mayoritaria, con sobornos a legisladores de la empresa brasileña Odebrecht. El entreguismo y la corrupción le ganó, en esa ocasión, la partida a la soberanía energética de la nación azteca.

Sin embargo, esta negativa reforma centrada en un recurso fundamental para su propio desarrollo económico y social, como es la electricidad, el actual gobierno que preside, Andrés Manuel López Obrador la ha empezado a desmontar con el amplio apoyo del pueblo mexicano que lo que vio con la citada reforma, es corrupción transnacional y en algunos miembros de sus élites, y, por supuesto, aumento del costo de la electricidad.

Ya algunos de los impulsores de esta reforma energética que jamás traería beneficios para las mayorías de Costa Rica, se amparan en que siendo ahora miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tal es camino que debemos seguir como país. Falso, completamente falso. México que es un connotado miembro de OCDE está siguiendo el camino contrario, marcado por la dignidad y la independencia.

De la misma manera, que al pueblo costarricense le costó mucho construir su Estado Social de Derecho también le costó avanzar en su proceso de soberanía energética; entendiendo a ésta como la capacidad que tiene un país de gestionar la producción de la energía que consume.

En este presente pandémico, ambos procesos –arraigados en las mejores tradiciones progresistas del pueblo costarricense–, están seriamente amenazados. La responsabilidad histórica de quienes queremos a este hermoso país nos dicta que debemos luchar por frenar la arremetida.

Cuando rindamos cuentas a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a las futuras generaciones, debemos decir que, en el Bicentenario de la Patria, hicimos lo que nos correspondía y no permitimos que el país se vendiera al mejor postor, para el beneficio exclusivo de unos pocos mercaderes que debemos echar del templo de la inclusión y la justicia social.

Criminalidad: ¿Esencia del capitalismo neoliberal?

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Programa Alternativas invita a su nuevo espacio “Criminalidad: ¿Esencia del capitalismo neoliberal?”, el 6 de agosto del 2021 a las 6:00 p.m., se contará con la participación de:

  • Óscar Madrigal
  • Jorge Arturo Montoya
  • María José Masís Méndez
  • Dany Villalobos
  • Jorge Coronado

El programa se podrá sintonizar por medio de Facebook Live o Radio16 1590 AM.

Reconstruyendo el Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Al parecer, la resolución de la Sala IV respecto del “Proyecto Ley Marco de Empleo Público” tuvo algo de “salomónica”. Por un lado, reafirmó el precepto constitucional y democrático de división de poderes, por lo tanto, salió en defensa del Estado de Derecho y la democracia como régimen jurídico. Y, por otro, legitimó la propuesta de un salario único sin pluses y limitó la negociación, vía convenciones colectivas, en esta materia, lo que implica en cierta forma apoyo a una política de salarios decrecientes en el sector público y, por consiguiente, un golpe al Estado Social.

Avance en materia de gestión democrática, un freno a los aires oligárquico-autoritarios del pluripartidismo neoliberal en alzada. Y retroceso en materia socio-laboral en un sector estratégico para el desarrollo del país, a pesar de que ha sido intensamente vilipendiado por parte de quienes solo ven virtudes en el sector privado y vicios y privilegios en el público, atendiendo a esa trillada lógica maniquea con la que la prensa y los “publicistas” del neoliberalismo han venido atizando el fuego de los odios entre ambos sectores.

Celebramos la decisión de la Sala IV porque significa ponerle límites a una clase política que, como bien señala Marcos Roitman, al igual que “los hacedores del capitalismo transnacional rechazan los valores democráticos. Pero como creadores de la nueva derecha y seguidores del fascismo societal se manifiestan en fervientes defensores de la idea de progreso a favor de la economía de mercado, de la propiedad privada y del beneficio personal […] Sus ideas no se encuentran en la cruz gamada o en las camisas negras, las defienden los representantes de los organismos internacionales del FMI. El Banco Mundial, La OMC y de los gobiernos conservadores, neoliberales o defensores de la economía de mercado en sus versiones progresistas y socialdemócratas” (Roitman, Marcos (2007) Democracia sin demócratas y otras invenciones. Madrid, Ediciones sequitur, p.94).

Efectivamente, lleva razón el autor citado al calificar de “fascismo societal” a este conjunto de ideas y acciones políticas que vienen impulsando las nuevas fuerzas políticas, que se visten de progresistas y socialdemócratas, pero que en lo esencial son portadoras de un proyecto conservador cuya meta es desmantelar el Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes intereses empresariales y financieros nacionales y extranjeros.

Con gran acierto, el movimiento sindical ha convocado a un “Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho”. El país se encuentra en la encrucijada entre retroceder a la Constitución Liberal de 1871 o defender el Estado Social de Derecho de la Constitución vigente de 1949. Definitivamente, llegó la hora de demandar a los poderes del Estado actuar en consecuencia con los preceptos constitucionales que abogan por una repartición equitativa de la riqueza, la defensa y el respeto de los derechos humanos, así como la salvaguarda de la división e independencia de los poderes de la república.

NO al Estado Asocial sin Derecho de las fuerzas políticas del autoritarismo antidemocrático y SÍ al Estado Social de Derecho de las fuerzas sociales de la dignidad y la solidaridad.

Nota de redacción: En la foto de cabecera se aprecia una vista parcial del Encuentro Nacional por la Defensa del Estado Social de Derecho realizado este martes 3 de agosto, en el Centro Internacional de Convenciones de la ANDE. Asistieron más de cien personas de organizaciones sociales y sindicales.

Un 20 de julio sitiado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

La tradicional conmemoración del grito de independencia de Colombia, el 20 de julio de 1.810, en Santafé de Bogotá, llega en momentos de convulsión social, estallido político y económico del movimiento popular, en espiral de ascendencia a un escenario de guerra civil. Al así plantearlo, resalta el estadio de fragilidad por el que transita la unidad de la nación colombiana. No se trata de la ubicación de la problemática contradictoria de un desgobierno, desgastado y en franca caída de legitimidad; como del salto cualitativo que las ansiadas reformas políticas, económicas y sociales prevalecen en el actual momento e imponen el derrotero inaplazable de un gobierno de transición nacional.

Pareciere que los tiempos de la salida alternativa política, civilizada, consensuada, en la base de la negociación, el dialogo y la conveniencia ciudadana, fue echada por la borda y la actitud y posición de las fuerzas retardatorias, militarista y pro imperio, se impongan en una constante de saber que deben cambiar, pero se resisten a ello; que deben permitir la apertura democrática en la validación de la expresiones de democracia directa reclamadas, en ciudades, barrios y veredas, haciendo caso omiso a ese llamado; que el escenario fatuo, basado en la mentira y el engaño de la conducción del país, fundado en intocables privilegios( de castas y de repugnantes estratos)) redunda en la contradicción de intereses de clase, ahondando más la brecha del conflicto económico y social. Ratifica que no existen parámetros de permanencia y estabilidad política en el desempeño y función del Estado- Nación, cuando las reclamaciones de una masa popular alzada e insubordinada es tratada con el apelativo mezquino de la sindicación, la estigma, la estereotipia del odio, lo negativo y confusión.

Del tratamiento contra insurgente a la protesta social

La conducción gubernamental se soporta en una política de hegemonía oligárquica contra insurgente. Debido a una lectura errada de la realidad del conflicto armado interno en el país, por no decir a su desconocimiento oficial, puesto que pesan factores internos y externos, que no admiten esa negativa posibilidad; vale afirmar que a un diagnostico errado de la realidad, corresponde un tratamiento errado y de no solución. El bloque oligárquico predominante, de un borrón de codo, invisibilizó el desarme de una fuerza guerrillera cincuentenaria y lo que ello en política ha significado. Como no se debió a un triunfo militar del establecimiento castrense, optaron por la falsaria del montaje de la no implementación de lo Acordado en la Habana y el Teatro Colón; haciendo trizas el papel, congelando el cumulo de privilegios en el ejercicio de un poder expectante por la atención prioritaria de la opinión nacional e internacional. No hablemos del engaño, en consecuencia, a los ex alzados en armas, que han mantenido su fe en una construcción “de paz”, merecedores de ilimitada solidaridad y lucha por el respeto y conservación de sus vidas y el ejercicio de sus aspiraciones políticas, como sin lugar a dudas, debe ser.

El bloque oligárquico predominante, que borró una tendencia de “centro” en Colombia, al obtener la conservación de poder, así haya sido ilegítimamente, aplicaron la prerrogativa de la continuidad de la guerra y en este momento el panorama insurgente en Colombia es de unas antiguas FARC, que operan con tres siglas diferentes: Segunda Marquetalia, Las Disidencias, las Nuevas FARC; en una tendencia de reciclaje histórico inevitable o imparable, no desde el punto de vista de integrante organizativo material, como en el juego de la estrategia por acoyuntar en lo puntual de acciones de envergadura, contra el aparato institucional, sumido en la corrupción y el desgaste. A las fuerzas guerrilleras del ELN y el EPL, de caracterización insurgente en el país, a tono con los atributos peculiares o propios, consagrados en la caracterización de la normativa internacional, de confluir en fuerzas beligerantes, con un mando propio unificado, programa político a alcanzar en reemplazo a lo Establecido y presencia de permanencia territorial, se une la “tres en uno” de las actuales FARC-EP, producto de la obtusa y equivoca posición del predominio hegemónico oligárquico contra insurgente, que desplaza la salida política al conflicto armado interno colombiano.

De esa manera, el ejercicio político también se circunscribe al predomino en el círculo de influencia del derrotero hegemónico contra insurgente, con el efecto de no existencia de un centro, sino de ubicación concreta de la situación colombiana, en una confrontación de derecha y/o de izquierda. En ese orden de ideas, no existen tendencias: predomina una fuerza de control de derecha enfrentada a una de escala en la confrontación con la izquierda. Aquella de marcado sesgo militarista, buscando sembrar discordia entre la elección capitalista o comunista; lo cual no es elemento de la contradicción principal y esta última, de visión de salida alternativa al modelo económico neoliberal y el actual estado de iniquidad en Colombia. Bajo esa premisa de lo definitorio de bloques, es gráfica y en la práctica identificable, en la cercanía o no a la política de hegemonía oligárquica predominante.

Un sencillo ejercicio surge contemplando el equivalente de fuerza en una de las ramas del poder público: el legislativo. A la derecha del panorama nacional y al circunscribirlos en el congreso de la república, sientan los adeptos a la política contra insurgente gubernativa: Partidos, liberal, conservador, centro democrático, de la U, verdes, dignidad, de la esperanza y otras conocidas denominaciones y en el ala izquierda: los sectores progresistas, reformistas, socialdemócrata, bajo denominación como la Colombia Humana, los decentes, comunes y otras conocidas expresiones.

En lo puntual del ejercicio de democracia representativa imperante, han desplazado a la mínima expresión, la consagración de espacios de participación de democracia directa, contempladas constitucionalmente. Sin lugar a equívocos, es así como en lo referente al ejercicio de los partidos políticos, los han elevado al recurso único de la participación en el debate electoral y desplazado las múltiples formas de participación partidaria en el ejercicio democrático. Convirtieron los partidos en maquinarias electoreras, esterilizando el vínculo de lo partidario político con los alcances programáticos máximos y mínimos del movimiento popular en ascenso. Esto abarca en el análisis del estallido político (que no “social”) de los últimos meses en Colombia, y a la no participación de los partidos de oposición en el salto cualitativo a lo político, del Paro Nacional.

Es por lo anteriormente expuesto, que en el escenario de la protesta popular, desenvueltamente en la llamada “democracia de la calle”, el régimen imperante habilitó el desconocimiento de fuerza política de la contra parte en el Paro Nacional, dándole a la protesta social y política un tratamiento de contra insurgente. Por ello le declaró la guerra a la protesta e impidió que se fortaleciera y vigorizara el papel de la organización e influencia política en el seno del movimiento popular y de masas en ascenso. A ello contribuyeron las actitudes “blandas” de las tendencias “afines” a la izquierda. Resultado de lo anterior es que a la hegemonía de derecha, no corresponde una contra fuerza de hegemonía de izquierda.

Complementa el cuadro anterior del tratamiento dado a la protesta popular durante el Paro Nacional, la reseña, para no incidir en un balance, del juego paraestatal, cumplido por los mandatarios locales y regionales, también elegidos por el voto popular. Las medidas centralistas de control del ejecutivo expresado en el decreto de simulada declaración de conmoción interior y de “colaboración militar”; de notorio espíritu de mano dura dictatorial, desplazaron el poder de los mandatarios locales como responsables del orden público. Esperándose el ahondamiento de una crisis política institucional en el ejercicio del poder, está no paso de roces con alcaldías emblemáticas como la de Bogotá, o confusamente protagónicas como la de Cali; pero a la larga, todas plegadas a la política de bloque oligárquico predominante contra insurgente; lo cual impidió lo caracterizador de un salto político en la toma de decisiones y conducción política de la protesta unificada a nivelo nacional y ante la carencia de una asunción directa del gobierno nacional de sentarse a conversar con los promotores del Paro Nacional, y las innumerables expresiones nacionales, regionales y locales de exigencias y espera de soluciones. Es así como se consolidó un viraje a la derecha y en alineamiento a la política de contra insurgencia aplicada. Predominó lo del ataque de vándalos, la jerga del terrorismo y la supuesta amenaza de los de la primera línea. En una palabra: protesta=terrorismo.

El conflicto político no finaliza

Se espera el recorrido de mucho trecho de inestabilidad política y confrontación tanto en el plano político como en el social. Además de las demandas expuestas muchas subyacen en el olvido y desidia gubernamentales. El gobierno de turno no contempla posibilidades de cambios radicales y profundas ante lo expuesto. Las asume sobre las ramas y les da un tratamiento de resane cosmético, de maquillajes formales en lo ya no inusual, inusitado, ni extraño comportamiento. Por el contrario, ratifica el papel de sub presidente, que no alude solo al prefijo “bajo” “debajo de”, para indicar lo de un presidente de inferioridad, de reacciones tardías, de salidas secundarias y supeditadas a un interés superior, contrario al bienestar popular.

Me permito resaltar sucesos de particular relevancia de la gestión presidencial: 1. La caída de ministros, consejeros, proyectos de ley por manifiesta ingobernabilidad. 2.Desplome de acreditación y prestigio en la encuesta de aceptabilidad de opinión a la gestión presidencial. 3.No logra convencer sobre el no calificado caso de la supuesta autoría de ataque a bala de fusil al helicóptero presidencial en que viajaba. 4. Su confrontación con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su alusión a como si se tratare de la Corte Interamericana, que tienen la misma sigla (CIDH). 5. La presentación de auto entrevistas presidenciales, en un desmesurado desespero por mantener una imagen de aceptabilidad ante la opinión pública. 6. La generalizada aceptación de ser un títere y subordinado al poder, tras el trono, del expresidente innombrable. 7. La desviada, por no decir arrodillada política exterior y manejo abyecto al legitimo gobierno constitucional y de Estado de Derecho de la República Bolivariana de Venezuela. Y la degradante abstención ante el unánime rechazo mundial al genocida bloqueo norteamericano a la valerosa autodeterminación del pueblo cubano y su revolución avante. 8. El falsario discurso de cumplimiento e implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, con las antiguas Farc-ep, ante la falta de fidelidad a lo pactado. Sus intervenciones de fondo no obedecen a ejecutorias presidencial, sino a proyectos, a prontuarios, a algo que no está en firme, cual la escena de una campaña presidencial y como si estuviere en otro país. Escucharlo, da la sensación que se está partiendo de cero. 9. El quebranto a la vigencia de los Tratados internacionales, de soberano cumplimiento a Cuba-como país garante- para el retorno salvos y sanos, de los plenipotenciarios delegados del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (E.L.N), cuya salida legal y constitucional ha bloqueado de manera torticera. 10. La obtusa posición de no dar la cara; de no negociar directamente con los sectores en conflicto; de notoria torpeza y errada actitud de no condenar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el marco de la confrontación política, en el significado de la protesta popular; ante hechos de inocultable criminalidad y de por si de avalados, probados y ratificados por múltiples medios de presión nacional e internacional. 11. La directa responsabilidad sobre sus hombros de los daños y perjuicios causados con ocasión del prolongado Paro Nacional, como único culpable. 12. Cual síndrome de carencia de personalidad de jefe de gobierno, delegar en subalternos ojos y oídos, cual un “presidente ausente”, en el ámbito del poder legislativo y en el escenario de las luchas populares. Podrán ser seguramente más las falencias de personalidad aciaga como gobernante del sub presidente Duque, en la afirmación de incapacidad para la conservación y manutención del mando, así sea este ilegítimamente delegado, por obra y gracia de un sistema electoral corrupto y encriptado.

El sinsabor que deja el transcurso de un 20 de julio bajo estado de sitio dictatorial, en el embrollo que deja la mentira y el montaje de un presagio de fatalidad terrorista en el desarrollo de las manifestaciones a darse, con el fin de obstruir el libre ejercicio de la protesta y la movilización ciudadana; concluye, en este día, como las circunstancias objetivas lo habían de prever: un circo de auto elogios y sórdidos aplausos, a una acción parlamentaria de respaldo gubernamental, mayoritariamente asentada en un legislativo de predominio narco paramilitar. El no desfile tradicional de las fuerzas armadas, Made in USA, en un imparable efecto de desprestigio y de sindicación criminales, tanto nacional como internacional. La respuesta masiva y movilizaciones en las principales ciudades capitales del país y al caer la tarde, el estruendoso rugir de la lucha callejera, la brutalidad policial aplicada, la arremetida salvaje contra la juventud protestante, el accionar impune de los defensores de la “gente de bien” disparando de civil y a mansalva. Prueba irrefutable de la permanencia de los múltiples conflictos que asolan la nación colombiana.