Si algo ha caracterizado a este gobierno, es su falta de voluntad para escuchar y tomar en cuenta los intereses de la población y de los movimientos sociales -y más recientemente a la ciencia; o pongámoslo en otros términos, suele solo sentarse a conversar y negociar con el empresariado que le resulta afín, porque el gobierno mismo es el empresariado.
El manejo público de la pandemia lamentablemente ha estado determinado por la imposición de los intereses empresariales, y cónsono con ello, las medidas han sido y siguen siendo reacias a restricciones a la movilidad que afecten los negocios – argumentando que se hace para proteger el empleo.
Arribamos entonces al temido momento de la pesadilla: la incapacidad del sistema de salud para atender los casos más graves de los nuevos miles de contagiados diarios. Se impuso a la postre, el “bolsonatrumpismo”, miles de inesperadas personas muertas gracias a la desidia del gobierno de Carlos Alvarado en complicidad con un sector del empresariado que antepone sus intereses ante la vida misma de la población costarricense.
La carta que le remitió hoy la Unión Médica Nacional al presidente Alvarado plantea 10 medidas concretas para incidir de manera contundente en el crecimiento de contagios, pero tengo la sospecha que el gobierno tomará nota de su recepción y la archivará; quizás con cuatro o seis mil nuevos casos de contagios diarios, y una economía naufragando en muertos, finalmente el gobierno termine reconociendo que fracasó en la atención de lo que podríamos denominar su mandato más relevante: el derecho a la vida misma de la población costarricense.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
En medio de las manifestaciones cotidianas que evidencian la existencia de un fenómeno caracterizado, tanto por sus múltiples causas como por sus innumerables efectos, a veces difusos o casi imperceptibles, o más bien temibles en su singularidad en otros momentos o circunstancias particulares, podemos constatar también que para un gran sector de la población pareciera no ocurrir nada, todo esto tal vez porque muchas gentes no logran entender o percibir siquiera algo de su complejidad y alcances universales, los que han puesto de cabeza todo el orden, y las maneras de considerar una cierta “normalidad” que no existe más, pero a la que resulta muy difícil o imposible renunciar, por eso se insiste en seguir actuando como se hacía habitualmente desde tiempos inmemoriales, tal vez esperando la llegada de una catástrofe, aunque siempre con la expectativa de que no nos alcance.
Sucede además, que pese a todo, la naturaleza nos está notificando que la presencia de la especie humana, la que arrastra en su caída a otros seres vivientes, ya no forma parte de la “normalidad” de la vida misma sobre el planeta, de donde se desprende que ¿o la humanidad se adapta a la presencia de estos agentes patógenos que pueden resultar muy letales en algunos casos o simplemente desaparece? Si bien, lo que estamos afirmando no es un hecho inmediato, ahora sabemos que incluso con las llamadas “vacunas” no está garantizada la inmunidad de la especie entera. ¿la mascarilla o la escafandra se volverán algo permanente, al haberse vuelto el planeta tierra un lugar “menos habitable”? ¿será todo esto apenas una parte de una degradación a largo plazo que nos conducirá al fin de nuestra especie sobre la tierra?
Con este asunto de la llamada “pandemia del Covid-19”, la primera en la historia de la humanidad que alcanza de verdad unas dimensiones universales totales, cosa que no ocurrió siquiera con la temible gripe española de 1918-1920, estaríamos llegando a los límites o alcances biológicos de la existencia humana sobre la tierra, pero también a los de orden social y económico, por lo que de aquí en adelante muchos supuestos con los que hemos venido operando no pasarán de ser eso, enunciados que se asumen pero serán cada vez más difíciles de validar.
Las élites ligadas a los intereses del capital financiero se preparan para una especie de relanzamiento total (great reset) de unas relaciones sociales y políticas, cada vez más degradadas, y que podrían lanzarnos hacia grandes hambrunas, nuevas guerras interminables u oleadas migratorias masivas, a todo lo ancho y lo largo de la geografía mundial. En ese punto no sólo estamos fuera la “normalidad” aceptada por la naturaleza sino que la convivencia social estaría llegando a sus límites más extremos, como sucede en muchos países de la región, un ámbito donde los grupos de poder económico y político están aprovechándose del pánico, originado a partir de un difuso miedo a la muerte por causas epidémicas, para poner fin al estado social de derecho y a las políticas que mejoraron las condiciones de vida de las grandes mayorías, sentando las bases para un pacto social que duró muchas décadas(caso de Costa Rica entre otros países).
Las sindemias periódicas, originadas por las carencias sanitarias estructurales que aquejan, con más o menos agudeza, a grandes sectores de la población latinoamericana y planetaria, vienen a agravar un cuadro al que se une la hostilidad de las élites regionales hacia la legislación internacional en materia ambiental y el intercambio de información unido al acceso al derecho efectivo que se traduzca en la aplicación de esa legislación (Nicolas Boeglin, dixit). De ahí el estallido reciente, entre algunos sectores empresariales (representados por la UCCAEP) y hasta de grupos integristas religiosos con representación política en el parlamento (el caso de Nueva República, de Fabricio Alvarado) contra el “Acuerdo de Escazú” sobre el medio ambiente y su protección, suscrito aquí en Costa Rica por numerosos países latinoamericanos, el que habiendo sido impulsado por Chile y Costa Rica, ahora encuentra grandes escollos en esos dos estados que no lo han ratificado todavía, cosa que sí hicieron Argentina y México. Estamos avisados: los que quieran oír que oigan, los que quieran ver que vean.
Las contradicciones del capitalismo desencadenan crisis humanas y más recientemente desequilibrios en el entorno natural de escala global. En este escenario emerge como condición necesaria los sacrificios que se revelan connaturales del sistema hegemónico, supresión de: productos elaborados, fuerzas productivas y medios naturales.
Debo reconocer que discrepo de la visión lineal de la historia como progreso, incluso, discrepo de la concepción sobre el capitalismo como sistema que se agota y que tiende inevitablemente a la autodestrucción de manera natural. Considero que el mismo sistema capitalista muta según las condiciones del entorno social, y que se mantiene bajo la lógica moderna de colonialismo, patriarcado, y control epistémico. En esta dinámica los sacrificios del sistema imperante son una condición necesaria del mismo, sin embargo, siendo los grupos vulnerables aquellos que son los “desposeídos-productores” según la pirámide de retención capitalista, a esto debe sumarse el grito de la Tierra como resultado de los sacrificios que atentan contra el equilibrio de la vida.
La pandemia por la COVID-19 desvela los sacrificios que requiere el sistema capitalista en nuestro días, para continuar en funcionamiento. por medio de la pandemia, se ha revelado el sacrificio de productos, fuerzas y medios naturales, siendo las zonas del Sur Global (parafraseando a Boaventura de Sousa Santos) las más vulnerables. La desigualdad internacional de las vacunas es un resultado de la desigualdad internacional instalada en el sentido común neoliberal; lo anterior encuentra eco en la situación que acontece en estos momentos en países que sufren una catástrofe humanitaria como la India.
El capitalismo ingresa a una fase digital, pero sigue funcionando bajo la misma fórmula. Esta fase digital no está enraizada en todo el Planeta, sin embargo, desde las zonas donde lo digital está instalado se configura un modo de operar con aspiración a lo universal, incluso al mundo no digital. Las tensiones entre Centro-Periferia ahora se descubren entre lo Digital-NoDigital, los Vacunados-NoVacunados. Así, con estas líneas invisibles se trazan las nuevas fronteras del mapa mundi de la desigualdad.
Frente a a crisis de las vacunas que es la condición sacrificial del capitalismo en nuestros días, los grupos sociales que empujan la historia hacia una transformación, deben plasmar alternativas desde diversas áreas y dimensiones de la sociedad, sin pretender una respuesta única que atienda a la problemática que es global e histórica. Crear alternativas contra el gobierno, desde el gobierno y desde fuera del gobierno, propiciar alternativas desde los pueblos, desde los ausentes, desde la vida natural misma.
De manera concreta, en el aquí y ahora inmediato, frente al sacrificio planetario que vivimos, los grupos de alternativa en todo el mundo, debemos clamar por liberarnos del “vacunicidio” que afrontamos, nuestra aldea global tiene mecanismos para frenar la aceleración del virus y el incremento de muertes, tiene la posibilidad de convocar a una liberación temporal de patentes de las vacunas contra la COVID-19, tal como lo ha expuesto Stephen Cornish (Médicos sin Fronteras), debate ampliamente expuesto en diferentes países del mundo; como comunidad mundial existe la posibilidad de decirle a las grandes empresas farmacéuticas detengan la retención de ganancias a costas de la vida humana.
De la mano de esta acción en favor de la vida humana, debe encarnarse la adopción de prácticas regionales que permitan resistir a los embates de la pandemia y post-pandemia, en este sentido, los conocimientos populares y autóctonos de las regiones que aún coexisten de manera minimizada en un ambiente mundial capitalista serán necesarios consejeros. La solución no está en retroceder la historia previo al desarrollo del capitalismo, sino en trascender la historia, o para ser más humildes, servir de puentes al nuevo tiempo, donde la esperanza que nos anima, nos inspira a pensar una sociedad planetaria global que conviva en una casa común, donde la naturaleza no sea una pertenencia sino nuestra relación, donde lo patriarcal sea una mínima expresión en desuso, donde el colonialismo sea un relato de libros solamente y donde el capitalismo sea obsoleto frente a nuevas formas, plurales de economías, que permitan una vida digna para todos y todas. La pandemia que afrontamos es una difícil lección que enfrentamos como humanidad, que marcará en conjunto con otros eventos el paso de la humanidad a una nueva época, el futuro lo escribimos ahora.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Las imágenes se repiten una y otra vez. En el mundo de la espectacularidad y el testimonio inmediato es prioritario primero atestiguar y luego alzar la voz para denunciar. Al menos así hemos sido programados. En el caso de George Floyd, su asesinato a manos del ex agente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin fue viralizado y visto por millones de personas en el planeta a través de las redes sociales. La voz quebrada de Floyd implorando su falta de aire, en una paradoja moderna al encontrarnos en medio de una crisis sanitaria global que ataca las vías respiratorias, no deja de simbolizar los millones de personas en todo el planeta oprimidas por un sistema económico y político avasallante e inhumano. El fallecimiento de Floyd levantó movimientos de protesta que alcanzaron connotaciones globales internacionales. Bajo el lema “Las vidas de las personas negras importan” millones de personas mostraron su indignación y el enojo alcanzó otras esferas más allá de las civiles. Las industrias culturales del deporte y del entretenimiento del norte global, por ejemplo, amplificaron las manifestaciones que en todo Estados Unidos ocurrieron, sin importar el llamado a quedarse en casa en medio de la pandemia que aún no acaba. Todavía hoy, ligas de fútbol importantes como la inglesa reproducen el acto simbólico de arrodillarse antes de los juegos, como símbolo para recordar que la violencia racial permanece como lastre colonial en todo el planeta. Resulta comprensible esa no escucha del llamado al cuido en la salud, cuando el racismo como sistema ha quebrado las bases de la convivencia social en prácticamente todos los países del mundo. Su desarrollo es consustancial al sistema capitalista y de dominación imperante y cuando estalla la ira, asume formas masivas como las que vimos durante los movimientos de protesta el año anterior. Chauvin ha sido declarado culpable de tres cargos: asesinato en segundo grado (la pena consiste en hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado (cuya condena máxima es de 25 años) y homicidio en segundo grado (hasta 10 años de privación de libertad) (BBC News). Un juez determinará pronto el alcance de su condena. Sin embargo, esta acción penal no restituirá la vida de Floyd ni acabará con el sistema racista alrededor del mundo. Hace unas cuantas semanas, en una acción de fuerza y brutalidad policial también atestiguada por el ojo de un teléfono celular, Victoria Salazar, migrante salvadoreña con visa humanitaria, fue asesinada por cuatro agentes de la ciudad de Tulum (Quintana Roo), en México. Pese a que la acción desencadenó una ola de protestas en aquel país, El Salvador y otras ciudades y que fue comparada con la muerte de George Floyd, la amplificación de esta tragedia no ha tenido el mismo efecto ni comunicacional ni simbólico. Las explicaciones pueden ser muchas. Pero quizá la que pareciera tener mayor peso es la que considera que los migrantes no le importan al sistema global y en consecuencia las industrias que administran las migraciones desechan a partir de un aparataje securitario de exterminio, esas otras corporalidades. Así como el racismo se adhiere en la piel, el odio contra las personas migrantes percute las acciones de administración migratoria, las percepciones sociales y su rechazo. Hemos dicho en otras reflexiones que la pandemia activó los miedos contra esas corporalidades extranjeras como la de Victoria y por eso el ensañamiento físico y simbólico. Esperemos que la acción de la justicia que ya tuvo su respuesta para los familiares de George Floyd, lo haga también en el caso de la mujer salvadoreña cruelmente asesinada. También es permitido tener este tipo de esperanzas.
UNDECA, SINASSASS y BUSSCO lanzan un video con un mensaje de reflexión, en el que agradece al personal médico y de salud, servicios generales, fábrica de ropa, lavandería, archivo, nutrición, logístico y administrativo de la CCSS por el servicio brindado al país en estos momentos caóticos presentes en el contexto de pandemia por el COVID-19 y a la vez hace un llamado a la defender la CCSS y luchar por evitar la precarización de las condiciones laborales del personal del sector público.
Este mensaje hace un recordatorio sobre los efectos que podrían gestarse producto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional como parte del Proyecto de Ley de Empleo Público.
El Programa de Posgrado en Psicología y la red Acompañando Escenas de los Pueblos invitan al módulo: «Seis encuentros grupales: sociodramas múltiples». Estará dirigido por equipos interdisciplinarios de psicodramatistas de: Argentina, Costa Rica, Ecuador, México y España.
La temática de este módulo abarca los siguientes segmentos: “Cuidándonos en pandemia”, “Desde el aislamiento al baúl de las posibilidades”, “Enseñar-Aprender, jugando en un encuentro, abriendo caminos y enfrentando obstáculos”, “Aprendiendo los nuevos modos de socialización en pandemia”, “ Respetar y aceptar nuestras diferencias con otros y otras” e “Integrando nuevos aprendizajes en pandemia”. Esta actividad es gratuita y está dirigida a la comunidad universitaria y a todo público.
Este evento de proyección social, es una oportunidad para promover el intercambio de experiencias, explorar los impactos provocados por la pandemia del COVID-19 en el tejido social y descubrir cómo se han integrado los nuevos aprendizajes a la cotidianeidad.
Fechas:
22 y 29 de abril 2021
13, 20 y 27 de mayo 2021
Cierre 3 de junio 2021
Hora: 4pm a Costa Rica.
Unirse a la reunión Zoom o por código QR (Ver afiche)
La UCR brinda un curso formativo para organizaciones que atienden esta problemática en el país
Según la ONU, a diferencia de otras regiones, las niñas centroamericanas y caribeñas son sometidas, principalmente, al comercio sexual por parte de redes criminales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
En este momento, millones de personas viven atrapadas en lo que hoy se conoce como la esclavitud del siglo XXI: la trata de personas. Son víctimas de explotación sexual, laboral, de extracción de órganos, de servidumbre doméstica, de mendicidad, de adopciones ilegales.
Y en medio de la pandemia mundial provocada por el COVID-19 las redes criminales se han fortalecido ante el desvío de las fuerzas de seguridad estatales para atenderla, la reducción de servicios sociales y el desempleo. Todos estos factores impiden que las víctimas de la trata de personas tengan cada vez menos posibilidades de escapar estas redes criminales y pedir ayuda para su protección.
La trata de personas sigue siendo un reto en todos los países. En la mayoría de ocasiones, son abordados como casos de prostitución, proxenetismo o estados migratorios irregulares, explicó la magister Mónica Sancho Rueda, coordinadora del curso “Apoyo a la sensibilización y capacitación de la comunidad universitaria y nacional en la temática de la Trata de Personas” (ED-3006), ejecutado desde el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM-UCR). “Y con la pandemia sanitaria, las personas se ven muy vulnerabilizadas por sus patronos, eso hace que sean de fácil captura o engaño por parte de tratantes, y se vuelven en víctimas potenciales. En los casos de los que se ha tenido conocimiento, ha habido un alza importante en este tipo de explotación”, comentó Sancho.
“Como parte del compromiso del CIEM en la prevención para la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres, desde el año 2013 se impulsó este proyecto de acción social. Ha tenido mucho éxito, de manera que el mismo día que se abre la inscripción, queda satisfecha y con muchas personas en lista de espera; que deben esperar al próximo periodo para recibir la capacitación”, acotó Sancho.
Cada año, el ED-3006 convoca a personas profesionales y estudiantes universitarios con segundo año de carrera concluido, a participar en este curso libre y gratuito. El próximo iniciará matrícula entre los días lunes 19 y miércoles 21 de de abril, mediante el correo matriculatrata.ciem@gmail.com . Los requisitos incluyen el envío de la copia de la cédula de identidad por ambos lados, expediente académico en caso de personas estudiantes, copia de los títulos universitarios y completar el formulario de inscripción.
Sancho mencionó que dadas las restricciones de presencialidad, el curso se impartirá por la plataforma UCR Global y Zoom, lo que permitirá que personas de las Sedes Regionales de las universidades participen de esta modalidad de educación continua.
El curso tiene un cupo máximo de 30 personas, a quienes obtengan una nota superior a 70% y cumplan con la asistencia se les extenderá un certificado de aprovechamiento.
Como ahondar en el tema, este año el CIEM-UCR inscribió un proyecto de investigación denominado “Apoyo a la investigación para la efectiva sanción al delito de Trata de personas, especialmente en mujeres y niñas, en Costa Rica”. El año pasado la UCR tuvo la coordinación del Observatorio Latinoamericano contra la Trata y Tráfico de Personas, capítulo Costa Rica.
Vacíos imperdonables
“Este curso es un espacio muy importante por las falencias en las facultades, salir una como abogada y no tener idea de cómo funciona la trata de personas, la normativa y cómo tratar a las víctimas es terrible”, dijo María Fernanda Valverde Díaz, graduada de la Facultad de Derecho de la UCR.
Según Valverde, actualmente coordinadora de capacitació e investigació de la Fundación Justicia y Género, aseguró que entre su gremio predomina la desinformación, no solo sobre trata de personas, sino sobre derechos humanos en general. “Me parece que tiene que ver con el perfil de la Facultad de Derecho que es muy cuadrado, donde cualquier cosa nueva es difícil que cale, ni siquiera se habla de género en el derecho, menos de los derechos de las mujeres”, criticó.
Igualmente, Amanda Segura Salazar, abogada penalista y funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres, recalcó que “este es un fenómeno que no hemos enfrentado como sociedad, lo creemos muy ajeno, pensamos que no nos atañe como sociedad. Además, es un tema que se ha feminizado en el conocimiento y mucho menos hay posibilidad de abordarlo en una academia tan masculinizada”.
“El curso con sus contenidos le mueve a una el piso, hay ejemplos que se comparten en clase que una ni se imagina. Ahora no puedo quedarme tranquila cuando una mujer está desaparecida por meses porque hay casos que terminan en su muerte. Creo que deben incluirse espacios formativos desde los Estudios Generales y en las Ciencias Sociales se tienen introducir contenidos necesariamente”, acotó Segura.
Para la penalista, sería ideal impartir una segunda parte del curso, llegar a personas de otras regiones no urbanas, ya sea mediante capacitación presencial o pensar en la posibilidad virtual.
“El desconocimiento es una de las mayores problemáticas. Mientras la delincuencia organizada envuelta en esta dinámica evoluciona y crea nuevos métodos para llevar a cabo sus propósitos, las instituciones y personas en general aún desconocen sobre el tema”, concluyó la magister Sancho.
La trata de personas es un delito de carácter global que victimiza principalmente a las mujeres y niñas. Pero con la pandemia provocada por el COVID-19 se incrementó los casos de trata de personas con fines de explotación laboral. Foto: Karla Richmond, UCR.
Un delito internacional
Según la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC), el 7% de las víctimas detectadas son mujeres y niñas. En América Central y el Caribe hay más niñas que son objeto de trata con fines de explotación sexual que en otras latitudes, llegando a un 40% de todos los casos reportados en esta región.
De acuerdo a ese ente internacional, las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre y la pandemia del coronavirus podría sumar unos 130 millones de personas más a las que estarían en riesgo de padecer hambre severa a finales de 2020. Esta es uno de los factores de los que las redes criminales se aprovechan para sus actividades ilícitas. Los beneficios económicos obtenidos por estas redes superan los $32 mil millones anuales, solo precedida por el narcotráfico y el comercio de armas.
El Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado que Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino de trata. Costarricenses víctimas de este delito han sido localizadas en Estados Unidos, México, Guatemala, Canadá, España y Bahamas. En el país se han rescatado a personas provenientes de países como Perú, China, Cuba, Haití, Filipinas, Sudáfrica y Rusia, entre otras nacionalidades.
Entre los desafíos pendientes están la erradicación de los estigmas y los prejuicios sociales, que responsabilizan a las víctimas de su situación. Incluso, hay personas que no saben que están siendo víctimas de trata y menos conocen que existen formas para denunciar, explicó Sancho.
Algunos factores detonantes de la trata de personas son la pobreza, las crisis políticas y migratorias, las emergencias naturales, el desempleo y la violencia doméstica. Afecta a personas de todas las edades, en condiciones de discapacidad, poblaciones indígenas y en especial a latinoamericanos, asiáticos y africanos.
Desde el 2013 Costa Rica regula este delito mediante la Ley N°9095 y su reglamento. Actualmente, el país es parte del Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, un instrumento legal internacional que lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
La UCR frente a la trata de personas
Marta María Artavia Alpízar Estudiante de Enseñanza de la Psicología
A lo largo de los años la UCR se ha caracterizado por enfocarse en generar un impacto positivo en la sociedad formando profesionales de calidad; pero también al brindar servicios a poblaciones en condición de vulnerabilidad mediante sus programas de Acción Social. A pesar de este valioso aporte, la UCR ha generado pocos espacios de formación sobre la trata de personas. Al no visibilizarla no se puede trabajar preventivamente y mucho menos atender oportunamente, lo cual aumenta los factores de riesgo para las personas en condición de vulnerabilidad y propicia un contexto óptimo para la captación de nuevas víctimas.
A pesar de esto, el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer (CIEM) realiza grandes esfuerzos de capacitación mediante su curso sobre Trata de Personas. Lamentablemente esto no es suficiente, es necesario un mayor aporte de la Universidad. Un único curso es insuficiente para atender adecuadamente a dicha población, hace falta más práctica o campos de aplicación que permitan generar un impacto inmediato en comunidades, por ejemplo, a nivel preventivo. Pero esto no se ha dado, no sólo por la falta de recursos económicos, sino también por la ausencia de conexiones entre las distintas carreras, escuelas y facultades para así preparar a profesionales sensibles a esta problemática.
Creo que es necesario crear redes entre las distintas carreras para generar espacios formativos, informativos y de intervención que faciliten el desarrollo de herramientas para prevenir la trata de personas en las comunidades. Así, este delito dejaría de verse como un hecho aislado y sería reconocido como otro tipo de violencia que sucede más cerca de lo que pensamos.
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social
En estos momentos, la vacuna llamada AstraZeneca ha sido suspendida por varios países de Europa principalmente, así como otros países del mundo, después de reportes de posibles efectos secundarios graves y por las complicaciones que se han presentado a quienes han sido vacunados.
La principal preocupación de estos países se basa en los informes de que algunas personas vacunadas con el antídoto, creado por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, desarrollaron coágulos sanguíneos, sangrado, nivel bajo de las plaquetas.
La suspensión es hasta que la Agencia Europea de Medicamentos, investigue sobre los efectos secundarios sospechosos. No obstante, recientemente la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) informó de una posible relación entre la vacuna de COVID-19 de AstraZeneca, y unos pocos casos de coagulación de la sangre registrados en adultos que habían recibido la inyección.
Lo cierto es que la Agencia Europea de Medicamentos EMA, aunque afirma que más son los beneficios de la vacuna, y que seguirán investigando, quedan las sospechas e incertidumbres, y varios países están siendo cautelosos y esperan los últimos resultados.
Al margen de los resultados finales en esta diatriba, deseamos señalar cómo la oposición en Venezuela, en contra del gobierno legítimo de Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana, están utilizando esta situación como arma política, veamos…
Primero, ya sabemos que Juan Guaidó con el dinero robado a Venezuela, supuestamente financió la compra de la vacuna AstraZeneca. ¿Con qué intención?
Segundo, la oposición venezolana ha desatado una campaña psicológica y por redes sociales, a favor de la vacuna de AstraZeneca, para que a cualquier lugar la vacuna sea utilizada en Venezuela. ¿Con que intención?
Tercero, la campaña es: “dejen entrar las vacunas”, “el régimen no quiere que te vacunes”, “la elite chavista ya se vacunó”. Esta es la prueba contundente de las malas intenciones de la oposición venezolana, al desear la vacuna de AstraZeneca.
Cuarto, la farmacéutica inglesa-sueca que produce la vacuna llamada AstraZeneca, mantiene un prontuario de irregularidades y fraudes en las últimas dos décadas, cuyo proceder es muy oscuro.
Quinto, se agrega que el mecanismo Covax, el cual busca garantizar vacunas de manera equitativa para todos los países, principalmente los que tienen dificultades financieras, ha sido criticado, ya que solo tiene relaciones con las farmacéuticas occidentales, atraídas por el mercado que asegura la pandemia en términos de salud e investigación científica.
Sexto, además ya desde noviembre del 2020, según estudios de la Universidad Británica de Oxford y la Farmacéutica AstraZeneca, la vacuna desarrollada previene el Covid-19 en un 70,4% de los casos, indicaron resultados preliminares difundidos.
Estos datos contrastan con la efectividad del 95% mostrada por las vacunas producidas por las compañías Pfizer y Moderna. Asimismo, la Sputnik V, arroja una efectividad del 92%.
Con los anteriores puntos y las interrogantes planteadas, es evidente que estamos ante la más cruel y bárbara utilización de la pandemia y el uso de la vacuna de AstraZeneca, para que a toda costa, la oposición tome nuevamente el poder en Venezuela.
No les importa si la vacuna tiene efectos negativos o cause males de muerte. No les importa las múltiples denuncias contra la vacuna. No les importa hacer negocios con farmacéuticas mercantilistas e inhumanas, que solo les interesa la ganancia de dinero como sea.
Lo que les importa a la oposición venezolana, es erradicar la Revolución Bolivariana, llevándose a rastras a cualquier cantidad de venezolanos y venezolanas. Realmente es una actitud miserable y ruin, que será escrita en la historia de Venezuela, como la más despiadada, inhumana e inverosímil.
Aquí la salud es concebida como mercancía, y se encubre la empresa como parte del gran capital farmacéutico global, llamado la Big Pharma.
Por supuesto, Guaidó plantea de forma hipócrita y cínica que es el gobierno bolivariano quien está politizando el tema señalando “primero es la salud del pueblo”, la adquisición de la vacuna es “un paso importante para en los próximos meses hacerle frente al Covid-19. Una vacuna a través del mecanismo Covax, confiable, que podrá atender a seis millones de venezolanos y así brindar una solución a los más vulnerables en medio de esta pandemia”.
Entonces, la intención de presionar para la compra y el uso de las dosis de AstraZeneca, por parte del antichavismo, es de daño humanitario a los venezolanos, al parecer una nueva táctica de Guaidó, para sus fines políticos, en concordancia con el mecanismo Covax instrumento de confusión y agresión a Venezuela.
Para las pantallas internacionales, se entiende que el gobierno de Maduro no aprueba el uso del producto de AstraZeneca por indolencia y “control social” desde una posición dictatorial, cuando la decisión obedece a razones empíricamente científicas, y no se le puede imponer al país por la vía de la presión mediática, una vacuna que está siendo cuestionada por muchos otros Estados en el mundo.
Otros datos sobre AstraZeneca:
Al inicio de la pandemia, ésta se benefició de un laboratorio financiado por el gobierno británico, en la universidad pública de Oxford, para generar una vacuna de acceso libre sin patente y con precios bajos garantizados.
La economista india Jayati Ghosh, cuenta cómo se desarrolló la vacuna de AstraZeneca: La vacuna fue desarrollada en su totalidad por un laboratorio financiado con fondos públicos de la Universidad de Oxford. El modelo de distribución original era para una plataforma de licencia abierta, diseñada para que la vacuna estuviera disponible gratuitamente para cualquier fabricante. Sin embargo, la Fundación Gates, que tenía influencia porque había donado 750 millones de dólares a Oxford para el desarrollo de vacunas, persuadió a la universidad de cambiar de rumbo por completo y firmar “un acuerdo exclusivo de vacunación con AstraZeneca que le otorgaba al gigante farmacéutico los derechos exclusivos y ninguna garantía de precios bajos».
Oxford y AstraZeneca prometieron no obtener ganancias con la venta de la vacuna, pero los detalles se dejaron difusos. Si bien Oxford no recibirá regalías durante la pandemia, posteriormente podría beneficiarse de patentes, incluidas las de Vaccitech, una empresa derivada con fines de lucro.
Mientras tanto, AstraZeneca está cobrando precios diferenciales por sus vacunas enviadas a diferentes países, y algunos países más pobres pagan tarifas más altas. La Unión Europea paga $3,50 por dosis, mientras que Bangladesh paga $4 y Sudáfrica hasta $5,25.
¿Todo lo relatado por Ghosh no suena más bien a estafa?
Y sin embargo es curioso que el fraude haya sido una constante de AstraZeneca, no solo durante estos meses pandémicos, en los que esta empresa se ha visto inmersa en escándalos de corrupta transparencia en los contratos firmados con la Comisión Europea y sobre el retraso y la cantidad de las dosis acordadas con cada país, también en otros periodos de la historia la farmacéutica anglosuiza ha estado en cortes estadounidenses y europeas procesada por delitos más o menos relacionados con lo reseñado.
Una breve búsqueda en la web da cuenta de que en 2003, 2010, 2014, 2018 y 2020 la empresa AstraZeneca, ha tenido que pagar cientos de millones de dólares por casos de fraude, en las que sucesivamente sus representantes han tenido que aceptar la culpabilidad de las causas o han sido hallados culpables en juicio procesal.
Así que no sería la primera vez en que el currículo de esta empresa, se ha visto manchado ante la opinión pública, la impunidad sobre estas farmacéuticas impera como un dogma religioso y seguirán mermando los intereses de la población pobre global, con el ojo puesto sobre el drama lucrativo que inyecta un mercado tan grande como la tragedia pandémica que vivimos.
Voces muy calificadas han venido insistiendo desde hace meses que las medidas del gobierno resultaban insuficientes para reducir el número de personas contagiadas por COVID-19, dos importantes ventanas de oportunidades para tener medianamente controlado el virus se desaprovecharon en los meses de diciembre y a finales de marzo, bajo el argumento de estimular la economía y el empleo, pero donde lo que realmente ha privado son los intereses económicos del sector empresarial.
Lo que parecía un manejo de la pandemia orientado por la ciencia y el compromiso con la salud, muy pronto sufrió una apabullante zancadilla cuando el empresariado golpeó la mesa, solicitó ser parte de la gestión de la crisis e incorporó sus criterios en el manejo de la pandemia. A esto se sumó la intransigencia de los diputados opositores al gobierno para apoyar económicamente a los sectores sociales más afectados por la crisis, y al mismo gobierno que no quiso asumir los costos políticos de insistir en la concreción de una suerte de renta básica universal.
Después de ese momento, era presumible que tarde o temprano el aumento de casos finalmente podría convertirse en una situación caótica que catapultara el colapso del sistema hospitalario.
En su afán por atraer turismo extranjero en plena pandemia, el gobierno no solo prescindió de solicitarle a los viajeros las pruebas PCR, sino que también les dio una limitada relevancia a las cepas más contagiosas de Brasil, Inglaterra y Sudáfrica; en su momento, el Ministro de Salud afirmó que tarde o temprano arribarían esas cepas al país, y que se necesitaba mantener el “equilibrio” entre salud y empleo. En otras palabras, dejamos abiertas las puertas de la casa de par en par, entraron y ni saludaron.
Envalentonado con la caída en la cantidad de personas contagiadas, el gobierno aumentó el aforo en diversos locales, y las restricciones a la movilidad se fueron flexibilizando; excelente caldo de cultivo para dar la falsa sensación de que estábamos superando la pandemia y que volvíamos a la normalidad.
En ese contexto, justo en estos días nos enteramos que durante cinco semanas el Ministerio de Educación Pública fue totalmente incapaz para recopilar información sobre población docente, estudiantil y administrativa contagiada por el COVID-19. En esa línea, ese mismo ministerio reportó que durante las últimas tres semanas 378 personas habían dado positivo por COVID-19 en sus instalaciones. Las autoridades educativas no reconocen su fracaso, y más bien han mostrado estar más interesadas en mantener la presencialidad a toda costa, que en garantizar la salud y el derecho la educación recurriendo a la formación virtual de sus estudiantes.
El gobierno se ha escudado en la responsabilidad de cada persona para reducir los contagios; desconociendo que una crisis de envergadura nacional -que incluso desde hace mucho tiempo se convirtió en una sindemia- requiere de una vigorosa intervención pública, sin descuidar ningún flanco, menos el relacionado con las Ciencias Sociales y el comportamiento societal. Es cierto que muchas personas se cuidan, e igualmente es cierto que otras personas niegan o no le prestan la debida atención la pandemia; pero no se puede dejar de lado que el gobierno y el empresariado han construido un mensaje de normalidad que poco tiene que ver con la realidad, sentando así condiciones para el desarrollo de un proceso de negación y relajamiento social en el que Feierstein destaca “una tendencia de menguar, e incluso ignorar, el riesgo de lo acontecido”.
Luis Rosero Bixby, demógrafo y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica fue enfático en afirmar que la tasa R de reproducción del contagio ha venido creciendo de forma preocupante, y que al día de hoy se sitúa en 1.28, prevé que de no tomarse las medidas necesarias de manera acelerada, nos estaremos enfrentando en cosa de pocas semanas a un perfecto tsunami, con más de 3000 personas contagiadas por día y un sistema hospitalario incapaz de atender la demanda creciente por servicios médicos. Ese no ha sido su único vaticinio durante estos meses, aunque parece que las autoridades no suelen prestarle mucha atención.
Y ante el tsunami que se avecina, un pañito tibio del gobierno: reinstalación de la restricción vehicular los fines de semana; casi como una curita tapando una puñalada en la yugular.
Un logro gracias a la lucha de las personas con discapacidad, familiares y funcionarios y exfuncionarios del CENARE
Por Lic. Luis Fernando Astorga Gatjens / Dr. Federico Montero Mejía
Como se podrá recordar, hace más un año, la CCSS convirtió el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), en el CEACO (un hospital especializado para atender pacientes contagiados por el coronavirus).
Esta decisión afectó a centenares de personas con discapacidad, ya que aunque la Caja se comprometió a ofrecer alternativas de inmediato, no lo hizo. Tampoco las autoridades del CENARE exigieron el cumplimiento de tal compromiso y fueron condescendientes y pasivos ante una decisión que refleja la subvaloración, tanto de las personas con discapacidad como de los servicios de rehabilitación.
Las personas afectadas y sus familiares fuimos muy comprensivos y pacientes, ante la emergencia nacional generada por la pandemia. Sin embargo, las autoridades correspondientes no fueron respetuosas, ni se comprometieron seriamente con el derecho a la salud de las personas con discapacidad.
Ante esta situación, a inicios del mes de febrero enviamos una carta a la Junta Directiva de la Caja, suscrita por 172 personas. El ruido mediático que logró esa carta y otras acciones del personal del CENARE, hizo que la Caja asumiera el compromiso de que iba a reabrir el CENARE.
Así las cosas, aunque la reapertura de una sección del CENARE el día, 12 de abril representa un primer paso por el camino correcto de rectificación, el video producido por la CCSS para publicitar tal acción (que compartimos), pareciera indicar que la decisión ha sido solamente el resultado de una buena disposición de las autoridades, y no el resultado de las acciones y presiones ejercidas por funcionarios del CENARE, pacientes y padres de familia, y exfuncionarios de esa institución.
Las autoridades deberían de tener una conducta autocrítica y reconocer que no actuaron bien, al afectar a tantas personas que en los últimos meses requerían los servicios del CENARE y no los recibieron.
Ahora, estaremos vigilantes para que se reanuden todos los servicios. Ya lo advertimos: Si eso no se da en un tiempo razonable, nos movilizaremos y nos haremos presentes frente al edificio principal de la Caja hasta que la rectificación completa, sea una realidad.
¡Un paso de avance, pero la lucha sigue! ¡Vigilancia activa en el derecho a la salud ¡Sin acción, no hay derechos!
