Marcos Chinchilla Montes

Voces muy calificadas han venido insistiendo desde hace meses que las medidas del gobierno resultaban insuficientes para reducir el número de personas contagiadas por COVID-19, dos importantes ventanas de oportunidades para tener medianamente controlado el virus se desaprovecharon en los meses de diciembre y a finales de marzo, bajo el argumento de estimular la economía y el empleo, pero donde lo que realmente ha privado son los intereses económicos del sector empresarial.

Lo que parecía un manejo de la pandemia orientado por la ciencia y el compromiso con la salud, muy pronto sufrió una apabullante zancadilla cuando el empresariado golpeó la mesa, solicitó ser parte de la gestión de la crisis e incorporó sus criterios en el manejo de la pandemia. A esto se sumó la intransigencia de los diputados opositores al gobierno para apoyar económicamente a los sectores sociales más afectados por la crisis, y al mismo gobierno que no quiso asumir los costos políticos de insistir en la concreción de una suerte de renta básica universal.

Después de ese momento, era presumible que tarde o temprano el aumento de casos finalmente podría convertirse en una situación caótica que catapultara el colapso del sistema hospitalario.

En su afán por atraer turismo extranjero en plena pandemia, el gobierno no solo prescindió de solicitarle a los viajeros las pruebas PCR, sino que también les dio una limitada relevancia a las cepas más contagiosas de Brasil, Inglaterra y Sudáfrica; en su momento, el Ministro de Salud afirmó que tarde o temprano arribarían esas cepas al país, y que se necesitaba mantener el “equilibrio” entre salud y empleo. En otras palabras, dejamos abiertas las puertas de la casa de par en par, entraron y ni saludaron.

Envalentonado con la caída en la cantidad de personas contagiadas, el gobierno aumentó el aforo en diversos locales, y las restricciones a la movilidad se fueron flexibilizando; excelente caldo de cultivo para dar la falsa sensación de que estábamos superando la pandemia y que volvíamos a la normalidad.

En ese contexto, justo en estos días nos enteramos que durante cinco semanas el Ministerio de Educación Pública fue totalmente incapaz para recopilar información sobre población docente, estudiantil y administrativa contagiada por el COVID-19. En esa línea, ese mismo ministerio reportó que durante las últimas tres semanas 378 personas habían dado positivo por COVID-19 en sus instalaciones. Las autoridades educativas no reconocen su fracaso, y más bien han mostrado estar más interesadas en mantener la presencialidad a toda costa, que en garantizar la salud y el derecho la educación recurriendo a la formación virtual de sus estudiantes.

El gobierno se ha escudado en la responsabilidad de cada persona para reducir los contagios; desconociendo que una crisis de envergadura nacional -que incluso desde hace mucho tiempo se convirtió en una sindemia- requiere de una vigorosa intervención pública, sin descuidar ningún flanco, menos el relacionado con las Ciencias Sociales y el comportamiento societal. Es cierto que muchas personas se cuidan, e igualmente es cierto que otras personas niegan o no le prestan la debida atención la pandemia; pero no se puede dejar de lado que el gobierno y el empresariado han construido un mensaje de normalidad que poco tiene que ver con la realidad, sentando así condiciones para el desarrollo de un proceso de negación y relajamiento social en el que Feierstein destaca “una tendencia de menguar, e incluso ignorar, el riesgo de lo acontecido”.

Luis Rosero Bixby, demógrafo y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica fue enfático en afirmar que la tasa R de reproducción del contagio ha venido creciendo de forma preocupante, y que al día de hoy se sitúa en 1.28, prevé que de no tomarse las medidas necesarias de manera acelerada, nos estaremos enfrentando en cosa de pocas semanas a un perfecto tsunami, con más de 3000 personas contagiadas por día y un sistema hospitalario incapaz de atender la demanda creciente por servicios médicos. Ese no ha sido su único vaticinio durante estos meses, aunque parece que las autoridades no suelen prestarle mucha atención.

Y ante el tsunami que se avecina, un pañito tibio del gobierno: reinstalación de la restricción vehicular los fines de semana; casi como una curita tapando una puñalada en la yugular.