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Etiqueta: pandemia

XI Encuentro del Foro Centroamérica, Unida por la Vida

Escrito en . Publicado en Derechos.

Hacia la Sustentabilidad del Desarrollo PostCovid19 en Centroamérica

Centroamérica 12 de octubre de 2020

El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida FCV-UV, es un espacio de participación amplio e inclusivo, donde concurren unas 200 OSC centroamericana, cuyas acciones están orientadas a promover la sustentabilidad y resiliencia climática de los pueblos de la región.

El FCV-UV, desde hace más de 10 años, ha fortalecido pone conocimientos y experiencias en favor de la resiliencia en las poblaciones y territorios más vulnerables de Centroamérica, así como el interés genuino por contribuir al cambio social mediante la promoción del ejercicio pleno de derechos y el reconocimiento del rol protagónico de las mujeres en los procesos de desarrollo.

En este 2020, el FCV-UV promoverá un dialogo inclusivo, permitiéndonos la optimización de oportunidades y fortaleciendo el rol de Organizaciones de la Sociedad Civil en los distintos niveles y etapas gestión PostCovid19; que reconceptualiza y amplíe la mirada hacia factores de riesgos, que han formado parte de la compleja dinámica social de la región, pero no considerados por el modelo convencional de gestión de riesgos y desarrollo.

Nuestro contexto

Actualmente el Escenario de Crisis Compleja Regional (ECCR) evidencia que los procesos y modelos de desarrollo, junto a un manejo insustentable de la gestión pública, generan riesgos y calamidades que profundizan las brechas sociales y nos alejan de lograr objetivos y metas de desarrollo.

La situación regional se ve agravada, ya que las medidas de protección y afrontamiento de la pandemia, en vez de reducir riesgos, están exacerbando vulnerabilidades para la sociedad y ecosistemas centroamericanos, deteriorando derechos humanos y necesidades básicas, lo cual nos desafía a gestionar el escenario regional de crisis complejas desde una perspectiva multisectorial, integradora y sustentable, enfatizando el carácter diferenciado de los impactos y la gestión desde la perspectiva de igualdad y equidad de género.

Hoy en día, la ciencia aporta evidencias irrefutables sobre la relación directa entre la degradación ambiental y los desastres, como consecuencia directa de los procesos de desarrollo basados en la extracción de bienes naturales de forma desmedida. La pandemia por COVID-19, es tan solo el ejemplo más reciente y confirma lo insuficiente de la gestión de nuestros riesgos.

Ante este contexto, nos vemos comprometidos a profundizar la reflexión crítica en búsqueda de estrategias, política e iniciativas innovadoras que allanen la ruta hacia la sustentabilidad, la gestión social de riesgos y humanitaria PostCOVID19; a partir de considerar holísticamente los riesgos vigentes y las crisis emergentes, para el incremento de la resiliencia territorial y social.

Nuestra propuesta:

Hacia la sustentabilidad del Desarrollo PostCOVID19 es la forma en que concebimos los procesos de transición individual y colectiva necesarios para reencausar nuestros estilos y sistemas de vida hacia el desarrollo sustentable, centrados en:

  1. Autocuido – Protección Individual y Colectiva.
  • En el ámbito organizacional, en contextos de crisis complejas, las organizaciones de sociedad civil deben contribuir a la búsqueda de soluciones desde los enfoques de gestión social de riesgos basada en derechos.
  • Desde el ámbito comunitario, la protección guarda relación con la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas y se refiere a todas las actividades tendientes a conseguir el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres, y por consiguiente la efectiva construcción de ciudadanía (Protección y Garantía de Derechos).
  1. Reconfiguración Organizacional. Las organizaciones de sociedad civil deben seguir trabajando para la sustentabilidad, impulsando procesos de construcción colectiva de readecuación de planes estratégicos y repensados desde la sostenibilidad organizacional. cada una desde su propia identidad, rol y expertis (Iniciativas en Implementación y Formulación).
  2. Autogestión Territorial: Promoción de acciones de protección, conservación y recuperación de los bienes naturales, medios de vida y capacidades productivas, basadas en un enfoque de esencialidades y en armonía con las aspiraciones de bienestar y calidad de vida de todos y todas, sobre la base de reconocer el Rol de nuestros Gobiernos en la concreción de ese bienestar desde la gestión pública y principal protector de derechos. Nuestro rol como OSC es apoyar y ser auditores de que eso se cumpla en base a estándares de igualdad y equidad para todas las personas en Centroamérica.

Finalmente, como organizaciones sociales que conformamos el Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida! consideramos que un marco de referencia hacia la sustentabilidad del desarrollo PostCOVID19, además de oportuno y necesario, debería servir de base para motivar la interlocución, las colaboraciones y las alianzas público-privadas, considerando la dimensión local, nacional y regional, para intervenir desde una forma holística ante las crisis complejas que enfrentamos.

¡Voces Centroamérica por la justicia ambiental y seguridad climática!
¡Existimos porque resistimos!
Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!

Centroamérica se reúne para dialogar sobre cambio climático y sustentabilidad Post-Covid19

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra, Salud.

  • El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida articula a organizaciones de toda la región en temas de cambio climático y resiliencia comunitaria

  • Costa Rica tiene 3 años participando activamente del espacio

  • La región centroamericana es una de las zonas más vulnerables del trópico ante los efectos del cambio climático

Del 26 al 30 de octubre se llevará a cabo el XI Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida (FCV-UV), en donde diversas organizaciones de la región se reúnen a dialogar sobre los retos, alternativas y demandas frente a la crisis climática.

Este 2020 el evento lleva por nombre Hacia la Sustentabilidad del Desarrollo PostCovid19 en Centroamérica; pues se pretende reflexionar sobre reto de la sociedad Centroamericana hacia la construcción de la sustentabilidad frente al Escenario de Crisis Compleja Regional (ECCR) que enfrenta la región, que se profundiza a raíz de la pandemia.

El Foro es una plataforma de articulación que reúne a más de 200 organizaciones comunitarias y de sociedad civil de todo Centroamérica cuyas acciones están orientadas a promover la sustentabilidad y resiliencia climática de los pueblos de la región.

Como parte del proceso de articulación el Foro desarrolla cada año el Encuentro Regional que se lleva a cabo en uno de los países miembros. Sin embargo, por encontrarnos en un contexto de pandemia global este año se llevará a cabo de manera virtual y podrá seguirse por medio de sus plataformas como Facebook o Zoom.

El encuentro regional de este año está constituido por 10 conversatorios virtuales en donde se tocarán temas claves en la región como lo son: Gestión del Riesgo, Seguridad alimentaria, Biodiversidad y Pueblos Indígenas, Industrias extractivas y conflictos socio-ambientales, género y justicia climática, entre otros.

Costa Rica se prepara para el Foro Regional con el Panel Nacional Justicia climática para las Mujeres: Realidades y desafíos para Costa Rica que tiene como objetivo posicionar dentro del debate nacional una visión crítica sobre el impacto que tiene la crisis climática para las mujeres y cuáles son sus alternativas y demandas de justicia climática. Este se llevará a cabo el 22 de octubre de 2:00pm a 4:00pm.

Centroamérica además de ser una de las regiones más desiguales del mundo es una de las zonas más vulnerables del trópico frente a los efectos del cambio climático. Este año la situación regional se ve agravada, ya que las medidas de protección y afrontamiento de la pandemia, en vez de reducir riesgos, están exacerbando vulnerabilidades para la sociedad y ecosistemas centroamericanos, deteriorando derechos humanos y necesidades básicas.

La ciencia aporta evidencias irrefutables sobre la relación directa entre la degradación ambiental y los desastres, como consecuencia directa de los procesos de desarrollo basados en la extracción de bienes naturales de forma desmedida. La pandemia por COVID-19, es tan solo el ejemplo más reciente y confirma lo insuficiente de la gestión de nuestros riesgos. Ante este contexto, nos vemos comprometidos a profundizar la reflexión crítica en búsqueda de estrategias, políticas e iniciativas innovadoras que allanen la ruta hacia la sustentabilidad, la gestión social de riesgos y humanitaria Post COVID19.

El FCV-UV, desde hace más de 10 años, pone conocimientos y experiencias en favor de la resiliencia en las poblaciones y territorios más vulnerables de Centroamérica. En este 2020, se promoverá un diálogo inclusivo que permita la optimización de oportunidades y fortaleciendo el rol de Organizaciones de la Sociedad Civil en los distintos niveles y etapas gestión Post COVID19.

UCR: Propuesta para declarar la conectividad a internet como: “Derecho humano, de acceso universal y gratuidad total”

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

19 de octubre de 2020

Señor Presidente de la República

Como es sabido por usted, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha dado una muestra ejemplar de adaptabilidad en la emergencia declarada por el actual contexto de pandemia generado por la enfermedad COVID-19. Desde la primera semana lectiva del I ciclo del presente año, casi la totalidad de actividades académicas y administrativas las desarrollamos de manera virtual.

Esta accidental e inédita exigencia histórica nos hizo madurar como institución a un ritmo nunca pensado, lo que, a su vez, nos obligó a desarrollar nuestras mejores capacidades adaptativas en contexto de crisis, sin perder de vista en ningún momento, la vocación humanística, democratizadora y científica, que guía al Alma Mater.

Las acciones afirmativas fueron múltiples y resguardaron, hacia lo interno, tres prioridades: a) becas y beneficios estudiantiles, b) respeto a los contratos laborales, y c) inversiones en las sedes regionales; todo lo cual permitió, mantener la excelencia que nos es connatural, realizar aportes científicos y materiales fundamentales en el contexto pandémico y en beneficio de nuestra sociedad; lo anterior, observando los márgenes constitucionales y estatutarios.

Pese a todos los esfuerzos realizados, hemos enfrentado, en un bajo pero importante porcentaje, imposibilidad de conexión virtual de varias personas estudiantes e incluso funcionarias. La dificultad de acceso a internet, o un acceso muy deficiente, aumenta en la medida que el uso se hace desde lugares distantes de los centros urbanos. Esto genera una brecha significativa que conlleva una solapada discriminación inaceptable en el Siglo XXI, en el cual el manejo de la información y la conectividad son constituyentes centrales del orden social. No poseer conexión hoy día, puede ser considerado, permítame la metáfora, una suerte de analfabetismo, lo que corresponde evitar en un Estado moderno y democrático. Sabemos además que miles de estudiantes de primaria y secundaria experimentan serios problemas en este mismo sentido.

Es precisamente por lo expuesto en el párrafo anterior que le escribo, pues creemos necesario proponerle, con respeto, pero con vehemencia, que el Ejecutivo a su digno cargo realice las acciones inmediatas que fueran necesarias para atender dos objetivos ineludibles: 1º- reconocer la conectividad a internet como un derecho humano para todo habitante de nuestro país; y, consecuentemente, 2º- promover el acceso universal y gratuito en todo el territorio nacional.

Nuestro país es privilegiado y dispone de condiciones idóneas para lograr tales cometidos, al contar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), institución ejemplar que cuenta con recursos humanos capacitados para hacerlo. Pero, además, dispone del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), que no solo tiene el propósito central de reducir la brecha digital, sino que, además, dispone de recursos financieros para apoyar un proceso de esta urgencia y trascendencia.

A estas ventajas comparativas súmele señor Presidente, la disposición de la Universidad de Costa Rica para acompañarles en este proceso que nos pondría entre los países más avanzados y visionarios, dignificando a todas las personas que habitan dentro de las fronteras patrias. Por su parte, no me cabe la menor duda que las otras instituciones de educación superior estatal costarricenses, estarían dispuestas a acompañarnos en tan humano cometido.

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector

Simposio: “Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Transparencia y acceso a la información pública como medio de creación de políticas para el bienestar económico y social

Este lunes 28 de setiembre de 2020, a la 1.00 pm, y en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, se llevó a cabo el segundo Foro como parte del Simposio Internacional titulado: Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos, a través de la presencialidad remota (Zoom).

El tema abordado en este espacio se refiere a la “Transparencia y acceso a la información pública como medio de creación de políticas para el bienestar económico y social”. Para exponer al respecto participaron los expositores nacionales e internacionales: Carolina Hidalgo, Diputada Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ana Cristina Migorane Arniz, Profesora de la Universidad de San Pablo-CEU, Gustavo Fuchs, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Andrés Araya, Asociación Costa Rica Integra (Sociedad Civil) y Susana Soto de la Abriendo Datos. La moderación de la mesa de trabajo estuvo a cargo del Master Guillermo Acuña González, académico de la Universidad Nacional-UNA-Costa Rica.

La diputada Carolina Hidalgo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, planteó que el contexto actual de pandemia ha sido sumamente retador, en el tanto las instituciones del Estado no se encontraban preparadas para una situación de tal magnitud y tampoco se tiene experiencia en el manejo de situaciones similares a esta. Asimismo, que América Latina es vulnerable dado la gran informalidad con la que opera la economía, por lo que los efectos de la Covid-19, ha provocado decrecimiento económico, graves afectaciones en poblaciones vulnerables como lo son, las mujeres, población estudiantil, población migrante, así como una importante reducción de la jornada laboral y por ende de los ingresos que las familias perciben: “Desde el Parlamento se han generado más de 16 proyectos de ley relacionados con la atención de la pandemia, que tiene que ver con acciones como: bono proteger, la restricción vehicular, notificaciones sanitarias, reducciones en las jornadas de trabajo, traslados de feriado, sesiones del parlamento por medios tecnológicos, apoyos e incentivos fiscales para algunos sectores, así como el retraso de pagos de algunos rubros fiscales”.

En cuanto a las acciones de transparencia la diputada Hidalgo, reconoció la necesidad de que el Parlamento realice mayores esfuerzos, pero, también mencionó que se ha realizado publicidad de las reuniones que mantienen los jefes de las fracciones, se han venido realizando también transmisiones de las sesiones de plenario por medio de radio y televisión, se han compartido las agendas diarias de las sesiones del plenario, se transmiten sesiones virtuales con las comisiones legislativas y se han implementado cuatro canales de YouTube que transmiten el contenido.

Ana Cristina Migorane Arniz, Académica de la Universidad de San Pablo-CEU-España, indicó que ante la situación de pandemia habían dos opciones, por un lado, no hacer nada y mantener la economía o por otro lado, declarar la alerta sanitaria y tomar acciones para enfrentarla a costa de la desaceleración económica: “En este sentido, España decidió enfrentarla siendo en este momento uno de los países más afectados de Europa, las consecuencia dichas acciones no se hicieron esperar, se han experimentado grandes efectos en el sector productivo, con una caída del PIB de 21% una de las más grandes caídas en los últimos años, afectando así el consumo de bienes y servicios”.

Para Migorane, las afectaciones de la COVID-19 en España presenta algunas similitudes con Costa Rica, presentándose mayores afectaciones en el sector de servicios que se encuentra cubierta en un gran porcentaje por el turismo, la destrucción del tejido empresarial que corresponde en 98% a pequeñas y medianas empresas que, aunque se crean relativamente fácil, es también fácil que se destruyan, el empleo se ha visto reducido en un 1,7% y se ha identificado una pérdida en el nivel educativo. Al igual que en Costa Rica ha habido un aumento en el déficit público.

Según esta profesora, la sociedad en general vive en la incertidumbre de lo que pueda suceder en la economía, pero, el sector público se podría ir recuperado, en la medida que genere empleo y pueda sortear la crisis sanitaria que ha causado la pandemia, con nuevas contrataciones y la transferencia en ayudas sociales: “ En nuestro país, se han adoptado medidas como la asignación de bonos sociales para gastos como luz y agua, se ha gestionado una moratoria en el pago de hipotecas, se han aprobado diversas ayudas sociales, se ha colaborado con las pymes por medio de créditos oficiales, han destinado recursos para la investigación para una vacuna contra la Covid-19 y han destinado recursos para material sanitario”, indicó Ana Cristina Migorane Arniz.

Gustavo Fuchs del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), comentó que Costa Rica es un país que pertenece al Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) este incluye derechos relacionados con la seguridad social, nivel de vida adecuado, acceso a la cultura, ambientes sanos, derecho a la información y en tiempos de pandemia el acceso la información científica. En este sentido, Fuchs dijo que los países que suscribieron el Pacto creen que el acceso a la información puede hacer una diferencia para la población en términos económicos, sociales y culturales, tal es el caso respecto de la pandemia, con la cual los gobiernos toman decisiones sanitarias, comerciales y políticas, ofreciéndole a la población la oportunidad de participar en esas decisiones: “ Por ejemplo existe poca información acerca de los intentos por reducir la inversión en educación, trabajo, salud y vivienda, así como la decisión del gobierno de priorizar en el pago de deuda, a pesar de que organismos internacionales han indicado que esto no debería ser así en tiempo de pandemia, todo esto sumando al hecho de que en la Asamblea Legislativa, los proyectos que inciden directamente en el bienestar de la población se encuentran estancados u obstruidos, mientras, que se le da trámite a unos pocos, pero no mejorar directamente la situación del país. Algunos de esos proyectos tienen que ver con reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicamentos y a la canasta básica, lo cual afectaría positivamente a la población de manera directa”.

Para el representante del IIDH, es preocupante que haya en este momento proyectos que se están discutiendo, que no toman en cuenta este Pacto en proyectos específicos para ciertos grupos económicos como, taxistas o empresas grandes, dejando de lado que en Costa Rica el 80% de la producción se da a través de Pymes y Mipymes:” Es importante que todos los actores políticos informen a la ciudadanía acerca de cómo se incorporarán los DESC en la discusión del nuevo presupuesto nacional, tanto, para mejorar la condición interna, como para mejorar la calificación internacional de Costa Rica ante las organizaciones”.

Andrés Araya, Asociación Costa Rica Integra, organización de la sociedad civil, expuso que la transparencia es un principio que debe ser aplicado a nivel institucional y por todos los funcionarios públicos, privados y gestores, con el fin de que la población pueda saber y comprender las actuaciones prever la manera en que actuarán. Por ende, la importancia de la transparencia radica en su aplicación como política pública, para mejorar la relación y credibilidad de la ciudadanía en las instituciones, así como fortalecer la democracia. Es por ello, que la información, la transparencia le ofrece a la ciudadanía mayor conocimiento sobre las acciones de las instituciones del Estado, para evaluar dichas acciones: “Las políticas deben estar basadas en datos abiertos y en un gobierno abierto, los cuales deben ser conocidos por la ciudadanía, para participar en la toma de decisiones. Un nuevo paradigma en el manejo de la información, dado su gran volumen, velocidad y variedad hace que herramientas como el Big Data sean utilizadas por los gobiernos de manera transparente de cara a la ciudadanía”.

Araya, puntualizó que Gobierno Abierto, es un concepto que se refiere a la relación del gobierno con la ciudadanía a través de principios como la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana, así como los elementos relacionados a esos principios, tales como: comunicación, información oportuna y la creación de medios tecnológicos para la difusión de información: “ La información proveniente de los datos de gobierno abierto, no debe ser específica, debe estar a disposición de todos, no debe tener costo y debe ser útil para la toma de decisiones, al cruzarla por distintas instituciones. Un aspecto importante en las que interviene un gobierno abierto es la seguridad pues accediendo a la información de barrios y espacios públicos, se puede crear alianzas y colaboraciones con instancias como la fuerza pública para el beneficio de la ciudadanía”, recalcó el representante de Costa Rica Integra.

Para concluir el panel, Susana Soto de la organización “Abriendo Datos”, comentó que la CEPAL señala a la región latinoamericana como un territorio que aún previo a la pandemia ya enfrentaba serios problemas de crecimiento económico y un limitado espacio de política fiscal, de esta manera, ese panorama se vio agravado por la pandemia, pues según dicha organización se cerrará el 2020 con más de 30 millones de personas que caerán en la pobreza: “ A pesar que la pandemia ha causado un gran impacto, la región ya experimentaba problemas de base, que, por no haber sido corregidos, se empeoraron durante lo que va el 2020, por ejemplo, Costa Rica, en agosto reportó una tasa de desempleo del 24,4%, equivalente a más de 550.000 personas y 150.000 hogares que subsisten a través de la ayuda alimentaria que provee el Ministerio de Educación Pública (MEP), desde el programa de comedores escolares”.

Para Soto, en el sector educación se prevé un descenso en el nivel de Costa Rica en las pruebas estandarizadas PIZA de la OCDE, la brecha digital entre la educación pública y privada coloca en desventaja a más de 500.000 estudiantes que no han tiene acceso, y más de 50.000 con quienes ni siquiera el MEP ha tenido contacto durante la crisis de la pandemia. Asimismo, debe considerarse que las brechas digitales de los ciudadanos, pero también la del Estado tendrá un efecto que no es visible en lo inmediato, pero, que tendrá impacto en 20 o 30 años sobre la economía del país, tal y como ocurrió con la educación en los años 80 y que se ve reflejada hoy en día.

Para la representante de “Abriendo Datos” el derecho a la información y el acceso a ella, más que una herramienta, debe ser tratada por el gobierno como un derecho y como tal debe concentrarse en protegerlo y garantizarlo. A pesar de que no todas las personas se interesan por la información y que por lo tanto se requiere una mediación al respecto, lo cierto es que, la información debe estar disponible pues es la base de la transparencia, el gobierno abierto y el acceso a los datos: “ Costa Rica requiere avanzar en la discusión y aprobación de una Ley de acceso a la información, ya que judicializar los procesos de acceso a la información no es el camino para democratizar el acceso a los datos”.

El Master Guillermo Acuña González, académico de la Universidad Nacional y moderador de la actividad, comentó lo tratado en esta mesa de trabajo y recalcó sobre la identificación que se realiza en el marco de la coyuntura de la pandemia de la afectación mayor que han tenido las poblaciones vulnerables, (trabajadores, mujeres, población migrante) que además plantea el reto de seguir trabajando en la reducción de la desigualdad. Asimismo, sobre el esfuerzo que se viene realizando desde el Parlamento para la discusión y aprobación de política pública que permita responder ante la inesperada situación.

Acuña, sintetizó que con respecto a la situación que vive en varios países en relación con la pandemia, lo que ha generado un deterioro del sector turístico, la producción, la destrucción del tejido empresarial y sus repercusiones a nivel social. De esta manera, se requiere que los gobiernos locales y la ciudadanía en general, tengan una participación más activa en lo relacionado a los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para enfrentar las soluciones y esfuerzos de forma articulada.

Señala que en la región Latinoamérica muchos de los DESC (Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas) que se habían alcanzado, han empezado a retroceder, entre estos factores se ve afectado el del derecho a la información, lo cual constituye un peligro para el bienestar de la población. Los DESC son derechos que se van ajustando a las vicisitudes de las coyunturas, por lo que en el marco de la pandemia deben ser analizados y observados: “En el concepto de transparencia es muy pertinente su vinculación con el proceso de formulación de políticas públicas y democratización del poder público. La potencialidad se puede alcanzar en un proceso de trabajo conjunto, de co-creación, disposición de trabajo mutuo, con inteligencia colectiva entre el gobierno abierto y la ciudadanía, que aspire a consenso para mejorar la calidad de la sociedad. Es necesario reflexionar sobre la deuda que se está generando con las generaciones de jóvenes y niños para el futuro del país, así como con la salud mental que ha sido dañada durante este año a partir de las consecuencias de la pandemia”, concluyó el académico del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Este Simposio se lleva a cabo en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria–Diálogo Nacional, y fue organizado por la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Movimiento Iniciativa Popular, la Fundación Konrad-Adenauer, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ParlAmericas, y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Enlace al evento completo: https://www.facebook.com/104524877983409/videos/355827238999121

 

Por: Efraín Cavallini Acuña-UNA
Joselyn Miranda. Estudiante RI-UNA. Ideario Diálogo Nacional

Publican primer boletín del Observatorio de Bienes Comunes

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El pasado mes de julio, el Foro Económico Mundial dio a conocer un informe titulado “El Futuro de la Naturaleza y los Negocios”, en este informe se exponen desde su perspectiva algunas de las amenazas que enfrenta el planeta, pero también procura proponer alternativas que permitan minimizar las actuales condiciones de vulnerabilidad que afectan los ecosistemas, además su análisis se enmarca en las graves consecuencias de la Pandemia del COVID19.

¿Qué es el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra?

El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra es un esfuerzo más de articulación entre el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP que tiene como propósito contribuir en la problematización del contexto que nos interpela a todos y todas desde esta perspectiva, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes. Pretende a través de monitoreos, campañas, talleres en comunidades, articulación con proyectos similares de acción social e investigación, generar información oportuna y vínculos de articulación para evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica, y favorecer una mayor conciencia sobre los desafíos que representa la gestión democrática de estos bienes para nuestra sociedad.

Este documento fue elaborado por el Equipo del Observatorio de Bienes Comunes.

Compartimos el documento:

Boletin-1-Observatorio-BC-Futuro-de-la-naturalezaDescarga

UNA: Alerta ante la amenaza de nuevos recortes al FEES 2021 por la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Con vehemencia me dirijo a toda la Comunidad Universitaria para manifestar mi preocupación y total oposición al conjunto de mociones presentadas por algunos diputados y diputadas, que afectan directa e indirectamente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y consecuentemente, el quehacer de la Universidad Pública Costarricense.

Todas estas mociones han sido presentadas en el contexto de la aprobación del Presupuesto Nacional para el año 2021, el cual se deberá analizar y votar entre hoy y mañana en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la aprobación del Presupuesto Ordinario de la República 2021.

Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario enfatizar que el sector educación y dentro de él, las Universidades Públicas, hemos sido consecuentes y solidarios en el contexto que vivimos, lo que ha implicado una significativa afectación del FEES 2020 y 2021, dentro de los márgenes constitucionales.

Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ₡8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ₡5.000 millones. Ambas cifras suman ₡13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.

Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA. A pesar de dicho rebajo, se ha incrementado el presupuesto destinado al fondo de becas estudiantiles con el objetivo de atender la mayor demanda de becas por parte de estudiantes provenientes de hogares que se han visto afectados económicamente durante esta pandemia.

Para hacer frente a la reducción de presupuesto 2021, se han ajustado a la baja, de manera importante, diferentes partidas presupuestarias y se ha tomado un conjunto de medidas para contener el gasto, tal cual les hemos informado mediante circulares y presentaciones a través de sesiones por medio de la plataforma Zoom.

Es importante comprender que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES 2021, nos llevaría a un escenario de afectación radical en la acción sustantiva de la institución, en todos sus ámbitos; desde la reducción de los cupos disponibles para nuevos estudiantes, hasta la afectación en proyectos de investigación y extensión y, por tanto, en el aporte a nuestra sociedad.

Una consecuencia no deseada de la crisis causada por la pandemia provocada por la COVID 19 es justamente la reducción de las posibilidades de estudio para nuestras y nuestros jóvenes, por lo que hacemos un llamado vehemente a las señoras y señores diputados para que, con su voto, eviten caer en situaciones que ya en el pasado hemos vivido y que por décadas posteriores hemos lamentado.

La Universidad Nacional ha tenido plena capacidad para ofrecer a Costa Rica aportes para enfrentar la pandemia por la COVID 19 y los efectos socioeconómicos, dirigidos a todos los sectores producto de la sociedad. En este marco la UNA desarrolla cerca de 40 iniciativas que contribuyen de manera prioritaria a la atención de las poblaciones vulnerables y que se caracterizan por proteger los principios de equidad, justicia, humanismo, y solidaridad social, clasificadas en 5 ejes principales: Seguimiento y atención a la pandemia; Economía y productividad; Condiciones sociales, salud mental, psicología y educación; Estudios sobre medidas para impedir la transmisión por el SARS-COV-2.

Evidente ha sido el aporte de la Universidad Pública en general y de la UNA en particular al desarrollo equitativo y sustentable del país a lo largo de su historia, y en especial en tiempos de emergencia nacional, por lo que reitero el llamado urgente a la comunidad universitaria a estar atentos para la defensa de la educación pública en general y la educación superior estatal en particular.  Pero sobre todo a manifestar por diversos medios de comunicación la importancia de la educación superior como un bien público social y un factor estratégico para alcanzar el bienestar y el desarrollo social en clave de mayor equidad.

Atentamente,
Francisco González Alvarado
Rector
UNA

Más información con la Oficina de Comunicación: 8720-4908

Simposio: “Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional

EJE: Transformación del Estado: Gobierno Abierto, Ética y Lucha Anticorrupción

Comunicación política en el marco de la transparencia y el Derecho de acceso a la información pública en la atención a la pandemia

Este lunes 28 de setiembre de 2020, a las 9:00 am, y en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, se hizo la apertura del Simposio Internacional titulado: Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos, a través de la plataforma virtual Zoom.

El Simposio Internacional se realiza durante los días lunes 28 y miércoles 30 de setiembre de 2020, organizado por Mesas de trabajo, tanto, por la mañana como por la tarde con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

Este Simposio se lleva a cabo en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria–Diálogo Nacional, y fue organizado por la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Movimiento Iniciativa Popular, la Fundación Konrad-Adenauer, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ParlAmericas, y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Este lunes 28 de setiembre de 2020 se llevó a cabo la sesión: “Comunicación política en el marco de la transparencia y el Derecho de acceso a la información pública en la atención a la pandemia, con la participación de las siguientes personas: Emmanuel Barrantes, coordinador del Movimiento Iniciativa Popular; Juan Carlos Chavarría, Director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa; Marianela Rojas Garbanzo, Rectora Adjunta de la UNA; Evelyn Gaiser, Representante Fundación Konrad-Adenauer; Elizabeth Cabezas, Congresista del Parlamento de Ecuador y Presidenta de ParlAmericas; Eduardo Cruickshank, Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica; José Thompson, representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Sergio Fernando Araya Alvarado, representante de la Fundación Konrad-Adenauer-quien además fungió como moderador de la mesa de trabajo; Jenny Ortiz, Asesora en Comunicación OPS/OMS Costa Rica; Laura Guido Pérez, Diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica; Jordan Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala y Gabriel Delpiazzo, representante de la Unidad de Acceso a la Información Pública, de Uruguay y. Roy Cordero, Movimiento de Iniciativa Popular.

El señor Emmanuel Barrantes, coordinador del Movimiento Iniciativa Popular, manifestó la importancia de este espacio para hablar sobre los retos, soluciones, crisis, la relevancia e impacto de las decisiones políticas, las cuales juegan un rol muy importante en la distribución de la información pública y transparente hacia la ciudadanía.

El Master Juan Carlos Chavarría, Director del Departamento de Participación Ciudadana, de la Asamblea Legislativa, mencionó que esta actividad es un ejemplo vivo de Estado Abierto y que los problemas actuales que enfrenta la información siempre han existido, pero han sido resaltados por la pandemia: “el COVID-19 es una amenaza, pero también una oportunidad de corregirse, puesto que todas las crisis implican transformaciones. La nueva virtualidad significa retos a nivel de conectividad y acceso a la información, por lo que hay que innovar y procurar que no se excluya a nadie de este nuevo proceso. En estas horas de oscuridad y angustia, sean la transparencia y la información, la luz que iluminen el camino. Pero, sobre todo, que nadie quede atrás”.

La Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Rectora Adjunta de la UNA, en el mensaje oficial de la Universidad Nacional, expresó que la información pública es el pilar del Estado, es un espacio de construcción ciudadana, y contribuye al mejoramiento de vida de las personas, a la promoción de la justicia social, al fortalecimiento de la democracia, y representa un instrumento de toma de decisiones: “Por eso, hablar de información pública desde la Academia, es una manera de promover la participación ciudadana, para el seguimiento y toma de decisiones políticas, y promover la transparencia, la colaboración, la cooperación, en suma un Gobierno Abierto de cara a la sociedad”.

La señora Evelyn Gaiser, Representante Fundación Konrad-Adenauer: comentó que la Fundación Konrad-Adenauer busca el fomento de la democracia, el Estado de Derecho y el diálogo internacional, objetivos fortalecidos por esta actividad e hizo referencia al acceso a la información como herramienta democrática importante para los ciudadanos, así como supervisar procesos políticos: “Mediante estos foros se puede mejorar la transparencia, rendición de cuentas y evitar la corrupción. El acceso a la información empodera a ciudadanos porque solo aquellos que entienden cómo se hacen las políticas públicas, pueden influenciar en ellas”.

Elizabeth Cabezas, Congresista del Parlamento de Ecuador y Presidenta de ParlAmericas explicó que los ejes de trabajo de ParlAmericas son: Parlamento Abierto, cambio climático y violencia de género. Y, en relación con el Parlamento Abierto, este representa una bandera para permitir que todos los ciudadanos tengan el mayor acceso a información certera, concreta y apegada a la realidad: “Por eso, el acceso a la información adecuada es la mejor herramienta, para que los ciudadadanos conozcan los procesos de sus países y toma de decisión, de ahí que la información certera debe ser discriminada de aquella manipulada”.

El señor Eduardo Cruickshank, Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, compartió su mensaje (video), indicando que los retos de la información son necesarios de atender, sobre todo en medio de la pandemia, que han cambiado los mecanismos de acceso a la información y a la forma de comunicarnos, por esta razón, es necesario identificar buenas prácticas de transparencia y acceso a la información e innovar y permitir que la población tenga acceso a las nuevas tecnologías: “ La Asamblea Legislativa se ha preparado para ofrecer espacios que requieren diálogo y acuerdos encaminados a reafirmar el principio de que la imaginación es la capacidad de los humanos para transformar el tiempo actual y proyectar el que ha de venir”.

Por su parte el señor José Thompson, representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, acotó que el acceso a la información no es solo una herramienta ciudadana, sino, que es además un derivado del derecho a la libertad de expresión, por lo cual, constituye un derecho humano fundamental: “La promoción de la transparencia, a partir del acceso libre a la información, representa un tema de Derechos Humanos, que amerita la atención de todos”.

Jenny Ortiz, expositora y asesora en Comunicación OPS/OMS Costa Rica, se refirió a la importancia recae en la acción de comunicar a las personas en situaciones de riesgo, es decir, intercambiar información en tiempo real a aquellos que enfrentan situaciones de riesgo y poder ayudar para que toda persona sea capaz de tomar decisiones informadas, así poder disminuir los efectos de la amenaza que enfrentan y adopten medidas para protegerse: “Para que la comunicación de riesgos sea exitosa, es necesario afrontar retos como la incertidumbre, y establecer canales de comunicación más efectivos con una mayor precisión en la planificación”.

Laura Guido Pérez, (expositora) Diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, indicó que los legisladores juegan un rol fundamental para garantizar la transparencia, así como el acceso libre a la información y que es responsabilidad legislativa tomar decisiones que favorezcan la inclusividad y que busquen reducir las brechas que existen en cuanto al acceso a la información, sobre todo en el actual contexto de pandemia: “ Este tema es indispensable de abordar desde el Poder Legislativo de Costa Rica, para evitar velos entre los debates públicos, la información verídica, los procesos de toma de decisiones y la población costarricense, especialmente durante tiempos de COVID-19.

Para Jordan Rodas Andrade, (expositor) Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, es altamente relevante el papel que juega la transparencia, sobre todo a nivel parlamentario y legal para facilitar la información a los ciudadanos. De ahí, que la sencillez, claridad, objetividad y veracidad de la información facilitada constituyen instrumentos claves para consolidar y fortalecer la democracia: “En esta coyuntura, es necesario romper con la información falsa y “maquillada”, que lamentablemente muchas veces es presentada al público, puesto que esto no solo representa un atentado a la libertad de expresión y la representatividad democrática, sino también perjudica la credibilidad de un gobierno, institución o determinado país».

Gabriel Delpiazzo, (expositor) representante de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, dijo que hoy más que nunca, en medio de una crisis sanitaria y económica que se está enfrentando a nivel mundial, es imperativo que los ciudadanos reciban información transparente, concisa, clara y verdadera, puesto que informarse con fuentes verídicas es un derecho al que todas las personas deben acceder: “El acceder a la garantía anterior, representa un arma muy poderosa para afrontar los efectos del COVID-19 de forma más segura, eficaz y eficiente, y además, contribuye a la disminución de la incertidumbre que se mueve con radicalidad en el contexto actual. Es importante innovar, pero respetando la seguridad, a la hora de difundir la información a los ciudadanos.

Roy Cordero, (expositor) del Movimiento de Iniciativa Popular, mencionó que más allá de difundir a la población información transparente y real, es necesario garantizar también las herramientas para que las personas puedan analizar críticamente la información, y determinar si esta efectivamente es verídica o no. Esto es clave, puesto que existen algunos medios que distribuyen la información de forma manipulada, según su conveniencia para generar el impacto en las personas que ellos desean: “También es necesario invertir en nuevas tecnologías y en una innovación constante, así como en la lucha por disminuir los problemas de comunicación existentes entre los Poderes de la República y demás institicuiones, y la sociedad civil”.

El Master Sergio Araya Alvarado, Moderador de la mesa, rescató del foro, que la gestión de la comunicación debe ser co-creada con muchos actores del país, para que genere los menores impactos posibles en la dimensión sanitaria y en otros ámbitos que se han visto afectados por la pandemia. Asimismo, que los legisladores deben adaptarse a esta nueva realidad, en el marco del accionar público, y promover en este sentido la inclusión, y la aceleración de la Cuarta Revolución a nivel país. Indicó que el Derecho a la información no solo es una garantía importante, sino, que también puede promover la salud, en un contexto como el actual. También, afirmó que el derecho a la información puede verse afectado y magnificado por crisis como la del COVID-19”: El Derecho a la Información es como un salvavidas que nos puede proteger a todos, y por su parte, la transparencia, activa permite ir a los tomadores de decisiones un paso adelante, de ahí que el manejo de la información, en tiempos del COVID-19, contribuye al fortalecimiento del Gobierno Abierto y a la inclusión y participación activa de la población. Además, es necesario vencer retos que limitan el acceso libre, transparente y conciso a la información, concluyó Araya, coordinador de Formación Política de la Fundación Konrad-Adenauer.

 

Por: Raquel Arce Mora. Estudiante RI-UNA- Ideario Dialogo Nacional
Efraín Cavallini Acuña-UNA

Programa completo en el Enlace:
https://www.facebook.com/104524877983409/videos/377035116793256

Reactivación económica sin reactivación social

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

         El estallido que estamos viviendo es una respuesta desesperada de una ciudadanía que ha visto cómo se le han venido violentando sus derechos sociales: empleo decente, vivienda digna, salarios justos, educación pública de calidad, atención en salud oportuna, etc.

         Por lo tanto, la agenda de un verdadero diálogo intersectorial amplio y transparente debería colocar en primer lugar esas demandas y desafíos humanos y sociales. La atención al problema fiscal y a la reactivación económica tiene que estar orientado a encarar este desafío. De no ser así prevalecería el sesgo economicista que nos tiene atascados en este lodazal.

         Este sesgo puede percibirse en las propuestas que solo se han dedicado a considerar ajustes económicos y financieros, dando por descontado que con ellos automáticamente se atienden a las demandas sociales.

         El Dr. Jorge Arturo Chaves del Centro Dominico de Investigaciones (CEDI) apela a la búsqueda de una concepción integradora para construir, de manera dialogal, políticas públicas en donde “lo éticamente deseable, sea técnicamente posible y políticamente viable”: “La inserción de la racionalidad económica dentro de la racionalidad humana; la consiguiente articulación de lo político en la sociedad y en la comunidad; la integración de esta economía política en el ecosistema; la renuncia a la pretensión “imperial” de la economía y la apertura al trabajo interdisciplinar”[1].

         En este enfoque ético-social de las políticas públicas, interpretamos nosotros, no se parte de lo estrictamente económico sino de lo “éticamente deseable”, del desafío humano-social fundamental para adecuar las medidas o políticas a ese desafío.

         Ya algunos analistas han comentado que la propuesta gubernamental ponía la carreta delante de los bueyes. Es decir, primero la negociación con el FMI y después la reactivación económica y el desempleo. Lo que planteamos recoge algo de esta idea, pero señala que no se trata tampoco de pensar solamente en reactivación económica per se, sino en la reactivación social. O sea, atender prioritariamente a la calamidad social en que se encuentran viviendo las mayorías de este país, que ya está tocando los límites de lo humanamente soportable.

         Así como la pandemia es una enfermedad biosocial, donde es insuficiente una respuesta sanitaria sin considerar el contexto de vulnerabilidad de los sectores más afectados, una reactivación económica sin considerar ese contexto es también insuficiente. El virus del Covid19 al igual que el dengue también crece y se reproduce en los charcos de pobreza.

         Hoy requerimos una respuesta integradora y acorde con un contexto que exige elevar los niveles de calidad y competitividad colaborativa en los diferentes campos. Por ejemplo en educación, no podemos tener alcance social sustantivo si no modernizamos el sistema con base tecnológica y acceso gratuito a internet en la educación pública. Asimismo, en salud tenemos que fortalecer la base científico-tecnológica para generar conocimiento y mejores respuestas preventivas y de tratamiento.

         De ahí que la apuesta sigue siendo el fortalecimiento de la institucionalidad social pública y no su debilitamiento, como algunos pretenden.

         El contexto actual se asemeja a los años 1930 y 1940, donde se vivieron las consecuencias de una profunda depresión económica mundial y fueron años de gran agitación social. La respuesta fue una Reforma que atendió a las demandas de mejores condiciones laborales, de salud y educación para la clase trabajadora.

El desafío de hoy es muy similar. Por eso necesitamos una Segunda Reforma Social, que también tendrá que ser económica, pero no cualquier “reactivación económica”. Ya hemos tenido reactivación económica sin reactivación social. No recetemos más de lo mismo.

[1] Chaves, Jorge A. (1999) De la utopía a la política económica. Para una ética de las políticas económicas. Salamanca, Editorial Sam Esteban, pp. 236-237. El destacado es del autor.

México y Centroamérica: garantizar la defensa de derechos humanos en la región es más urgente que nunca

Escrito en . Publicado en Derechos.

El brief “Defender derechos en tiempos de COVID», publicado el día de hoy, recoge las principales conclusiones sobre las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México y Centroamérica.

México y Centroamérica, 15 de octubre de 2020.- Además del fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 en el acceso a derechos y servicios básico, esta ha resultado también en una profundización de la crisis democrática y de derechos humanos en la región mesoamericana. Como respuesta a la pandemia, algunos Estados de la región han implementado acciones de carácter punitivo, como toques de queda, estados de excepción o la militarización de la seguridad ciudadana, entre otras medidas contrarias a los derechos humanos de la población. En este contexto, la defensa de los derechos humanos enfrenta nuevos obstáculos y, a la vez, se vuelve más urgente que nunca.

Estas son algunas de las conclusiones del brief “Defender derechos en tiempos de COVID: Balance regional de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México y Centroamérica”, publicado el día de hoy por el Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas (Espacio OSC), Front Line Defenders, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), el North American Congress on Latin America (NACLA), y Trade Unions for Energy Democracy (TUED).

Este informe surge a raíz del evento homónimo: una serie de foros virtuales que, durante cinco semanas, convocó a 26 personas defensoras de la región con el fin de evaluar de qué manera la pandemia ha impactado su labor de defensa. El ciclo de conversaciones estuvo compuesto por cinco espacios: Mujeres defensoras y el derecho a defender derechos humanos; La libertad de expresión y el acceso a la información en tiempos de pandemia; La lucha por la memoria, la verdad y el acceso a la justicia; La defensa del ambiente y el territorio en Mesoamérica; y Derechos laborales y sindicalismo.

A raíz de estos diálogos, las organizaciones concluyeron que las condiciones para defender derechos y defender la libertad de expresión en México y Centroamérica han empeorado desde el inicio de la pandemia. Asimismo, denunciaron un incremento en las agresiones contra personas defensoras, en forma de desprestigio y estigmatización, represalias administrativas, amedrentamientos, detenciones arbitrarias e incluso criminalización. De acuerdo con registros de las organizaciones, al menos 25 personas defensoras fueron asesinadas en la subregión entre enero y agosto de 2020.

El informe reconoce como una primera barrera las restricciones a la movilidad impuestas como respuesta a la contingencia sanitaria, que han limitado significativamente la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico. Así, sostiene que las personas defensoras y comunicadoras no cuentan con medidas para ejercer de manera segura tareas como el acompañamiento de grupos vulnerados, monitoreo u observación, o el desarrollo de trabajos de investigación periodística.

Por otra parte, familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos enfrentan barreras tanto físicas como tecnológicas: complejizando aún más su camino para acceder a la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas. Todo esto sin que las autoridades judiciales de la región brinden alternativas para el avance de sus procesos.

Para las mujeres defensoras los riesgos se profundizan. En la región, las defensoras han tenido que continuar sus labores bajo un contexto de creciente violencia contra las mujeres. Al menos en Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México se ha registrado un aumento de casos de violencia contra las mujeres en el espacio privado a partir de la pandemia, al tiempo que defensoras denuncian un incremento en los ataques y violencia digital.

Según el informe, las agresiones a la prensa también se han agudizado notablemente a partir de la crisis sanitaria. La exclusión de la prensa independiente y bloqueos informativos se han denunciado en El Salvador, Nicaragua y Guatemala; mientras que en Panamá el acoso judicial se ha incrementado. En México y El Salvador, las y los periodistas han recibido amenazas y acoso digital como represalia de su cobertura. Por su parte, el gremio médico también ha enfrentado ataques a partir de la COVID-19. En Nicaragua, al menos una treintena de profesionales han sido despedidos y acosados como represalia de su crítica contra a la política sanitaria oficial.

Aunado a ello, América Latina continúa siendo la región más peligrosa para personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, situación que no cede en pandemia. Por lo menos en Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala han continuado las invasiones territoriales, desalojos de comunidades, ataques armados y agresiones letales contra comunidades que defienden su territorio. Al tiempo que, aún con el alto riesgo de contagio en centros penitenciarios, en México, Guatemala y Honduras, personas defensoras del territorio continúan privadas de libertad ilegalmente.

En lo que corresponde a la defensa de derechos laborales, los Estados por lo general han sido incapaces de garantizar el trabajo dentro de entornos seguros, teniendo a las industrias ligadas a las cadenas de suministro global como aquellas más afectadas por brotes epidémicos. Encima, reconoce el retroceso en garantías laborales, la estigmatización pública, y la exclusión de personas trabajadoras del mercado laboral, formal e informal, como represalia a sus reivindicaciones sindicales y a la lucha por el acceso a derechos laborales.

Frente a este contexto, las organizaciones hacen un llamado a los Estados de la región, entre otros a:

  • Impulsar la construcción conjunta con organizaciones de la sociedad civil, y organismos regionales e internacionales de derechos humanos, el diseño e implementación de una ruta de trabajo colaborativa que contemple el fortalecimiento de los mecanismos de protección de personas defensoras previstos a nivel interno; y la construcción de políticas públicas integrales de protección con perspectiva de género y enfoque interseccional.
  • Abstenerse de cometer y condenar cualquier acto de estigmatización verbal, intimidación jurídica, criminalización o uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Realizar pronunciamientos y campañas comunicativas con impacto nacional, estatal y comunitario a favor de personas defensoras y periodistas, resaltando su importante labor en el contexto de COVID-19 en la protección de derechos humanos y el acceso a la información.
  • Realizar investigaciones completas, diligentes e imparciales sobre los delitos que atenten contra la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.
  • Liberar a las personas defensoras detenidas por su labor de derechos humanos y a cualquier persona que permanezca privada de la libertad en forma ilegal.

Descargue el informe completo en español e inglés aquí.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.taringa.net

Día Internacional de la Mujer Rural

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer, Trabajo.

En el Día Internacional de la Mujer Rural, se celebra sus aportes a los territorios, sus luchas y sus historias.

Las mujeres rurales representan más de 1/3 de la población mundial y representan el 43% de la fuerza de trabajo agrícola.

Su labor ha sido invisibilizada y no remunerada, realidad que se agrava en el contexto de la pandemia, ya que las tareas aumentan.

Las mujeres rurales cuidan las semillas y con su trabajo alimentan comunidades enteras.

Las mujeres rurales son el rostro de la economía solidaria.

En la fotografía, Nery Carrillo Villafuerte, tiene 74 años y es una de las mujeres artesanas de Coopeguaitil en Santa Cruz, Guanacaste.

#EconomíasSolidarias #TerritoriosESS
#DíaInternacionalDeLaMujerRural