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Etiqueta: pandemia

Indígenas MIFUTES (Indígenas Migrantes fuera de Territorios)

Escrito en . Publicado en Derechos.

Eduardo Rojas

Nuestra organización representa a más de 5 mil afiliados de los más de 62mil indígenas MIFUTES que viven en Costa Rica.

Somos la Asociación Regional Indígena fuera territorios del Sur de Costa Rica

INTRODUCCION:

a)- El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas realizó el presente estudio sobre los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las fronteras, la migración y los desplazamientos de conformidad con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 33/25 y 39/13.

El estudio concluye con la Opinión núm. 12 del Mecanismo de Expertos relativa a las causas y consecuencias de la migración y los desplazamientos de los pueblos indígenas en el contexto de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.

b)- En el marco del Decreto Ejecutivo N-41529 la mesa de inclusión y equidad social: mediante un proceso de priorización colocó al proyecto IFUTE COSTA RICA , como una prioridad para cumplir con el objetivo de promoción de la inclusión, integración y participación de los diferentes grupos poblacionales en la gestión de su propio desarrollo, incluyendo acciones diferenciadas hacia grupos tradicionalmente excluidos, que garanticen un desarrollo inclusivo y la reducción de desigualdades e inequidades.

c)- Que el objetivo general del proyecto IFUTE COSTA RICA es la “Organización, rescate y fortalecimiento de los Derechos Humanos Indígenas IFUTES”.

d)- Que en el marco de la emergencia Nacional del CORONAVIRUS (Covid-19), el hambre y el desempleo golpea significativamente a la sociedad costarricense, pero aún más a los grupos más vulnerables como el sector Indígena Fuera De Territorios y más aún este grupo que representa el 65% de los indígenas del país; según el censo 2011, tiene más de 40 años de abandono del estado

e)- ¿POR QUÉ LA EMERGENCIA GOLPEA MAS A LOS INDIGENAS IFUTES?: El Indígena IFUTE, está en más desventaja que los que viven dentro de los territorios por las siguientes razones. 1- Mientras los indígenas que viven dentro de territorios tienen tierras, el indígena IFUTE no tiene tierra y por lo tanto debe alquilar para sembrar y cosechar. 2- Mientras el Estado reconoce en todas sus acciones al 35% de indígenas que viven dentro de sus territorios, el Estado tiene en abandono a la mayoría de indígenas de este país. Ejemplo, a pesar de que la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a la No discriminación y a pesar de que los IFUTES han dado la lucha por ganar espacios en el marco de este decreto de atención a Buenos Aires, lo cierto es que hasta hoy el Estado costarricense envió ayudas a los indígenas que viven dentro de los territorios y elaboró acciones especiales de emergencia (medicamentos como gel, alcohol, diarios de comida), para el 35% y no ha planteado nada para el 65% de los indígenas IFUTES. Etc.

f)- Que tal y como lo establece la Exposición de Geiner Blanco, Coordinador del tema indígena del Vice-Ministerio de la Presidencia y Dialogo Ciudadano, exposición que hizo el pasado mes de enero 2020 en la mesa de inclusión en Buenos Aires, indica que: A- El enfoque de la atención indígena está basado en la atención de los Derechos Humanos y a la no continuidad de un Estado asistencialista, sino más bien, a que el Estado acompañe a los indígenas en el desarrollo de sus propios proyectos, que les permitan mejorar su calidad de vida.

EDUARDO ROJAS / ARIFUTESUR
Correo electrónico: arifutesur@gmail.com
Teléfono: 8303 0073

Imagen ilustrativa.

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Agrotóxicos y pandemia: la revancha de la anti-ciencia en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

FECON. Desde el 2016, y hasta la fecha, ecologistas, campesinas, agricultores orgánicos, apicultores, investigadoras, científicos y activistas hemos dado una batalla contra la introducción descontrolada y masiva de agroquímicos a Costa Rica.

Por su parte empresarios, políticos, importadores de venenos y corporaciones trasnacionales han intentado torcer la ley para permitir el descontrol en la entrada de agrotóxicos al país más fumigado del mundo. Pretenden hacerlo sin análisis ecotoxicológicos, ni toxicológicos previos. Esto lo han intentado por medio de decretos ejecutivos, directrices ministeriales, campañas engañosas y chantajes en la prensa nacional, cada una impugnadas por organizaciones sociales en su momento.

Pero lo más bajo y que sorprende, por su oportunismo, es que en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 se atrevan nuevamente a exigir se abra la puerta a venenos a ojos cerrados. Brincándose las disposiciones legales, los reglamentos técnicos, las recomendaciones de la Contraloría General de la República, los procesos abiertos en la Sala Constitucional y por supuesto las herramientas de evaluación de riesgo basadas en la ciencia y la técnica.

En este contexto el Gobierno de Carlos Alvarado ha emitido un nuevo decreto ejecutivo y una directriz ministerial buscando complacer los intereses de los importadores de agrovenenos. La primera es el Decreto Ejecutivo 42262-S, firmado por el Ministro Daniel Salas, el cual deja pintado en la pared al Ministerio de Salud en su tarea de revisar los impactos de las sustancias peligras que ingresan al país y prevenir consecuencias no deseadas para la salud humana. La otra disposición es un Directriz Ministerial N° 085 por parte del MIDEPLAN y el MEIC que le brinda a los empresarios importadores de venenos la posibilidad mediante una declaración jurada evadir la evaluación de riesgo y además obliga al MINAE a tramitar estos permisos en menos de 44 días.

La barbarie del agronegocio busca sacar provecho de la crisis sanitaria, económica y social en favor de unos cuantos representantes de conocidos gremios empresariales a costa de la salud humana y ambiental de todo el país.

Ya es sabido que la exposición a plaguicidas deprime el sistema inmune humano. La organización Naturaleza de Derechos ha publicado un compilado con más de 51 artículos científicos e investigaciones que constatan que los agrotóxicos y las fumigaciones debilitan seriamente la salud humana y por lo tanto nos hace más vulnerables a virus como el COVID-19. El autor, Eduardo Martini, señala en su trabajo que: “los agrotóxicos impactan en el sistema inmunológico humano, facilitando el ingreso de patógenos y gérmenes saprófitos.”

Mientras políticos y empresarios juegan con la salud pública, un nuevo acueducto comunitario fue encontrado contaminado con Bromacil en Agua Zarcas, y además dos millones de abejas fueron intóxicadas por en insecticida Fipronil.

Resulta categóricamente lamentable que el Gobierno de la República busque el oscurantismo en medio de la emergencia por el COVID-19, en lugar de escuchar las disposiciones legales y los argumentos técnicos y científicos a favor de la vida, y por lo tanto poniendo al agronegocio por encima de la salud pública, una vez más.

Henry Picado Cerdas
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad

Referencias:

(1) Ambientalistas y gobierno polémica reglamento plaguicidas https://semanariouniversidad.com/pais/ambientalistas-gobierno-polemica-reglamento-plaguicidas/

(2) Cien ecologistas piden a Sala IV evaluación de los plaguicidas apegada legalidad y la constitución https://feconcr.com/agronegocios/cien-ecologistas-piden-a-sala-iv-evaluacion-de-los-plaguicidas-apegada-legalidad-y-la-constitucion/

(3) Decreto Ejecutivo 42262-S https://feconcr.com/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-42262-s.pdf

(4) Directriz 085 https://feconcr.com/wp-content/uploads/2020/05/DIRECTRIZ-NÚMERO-085-MIDEPLAN-MEIC-anot.pdf

(5) Inmunología y agrotóxicos http://www.naturalezadederechos.org/inmuno2.pdf

(6) ¡Otra más! Bromacil aparece en naciente en Las Delicias de Aguas Zarcas https://sancarlosdigital.com/otra-mas-bromacil-aparece-en-naciente-en-las-delicias-de-aguas-zarcas/

(7) Más de dos millones de abejas murieron intoxicadas en Esparza https://delfino.cr/2020/05/mas-de-dos-millones-de-abejas-murieron-intoxicadas-en-esparza

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Costa Rica, dime tu Estado y te diré el estado de tu Covid-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SILVIA ROJAS HERRERA*

Frente a la Pandemia por Covid-19, queda evidencia más claramente cómo se materializa la recesión económica a nivel global, con deterioros sistémicos del mercado y colapsos de los Estados que se consolidaron en función del modelo económico neoliberal. Esos países hoy están enfrentando graves impactos en la salud pública, la vida humana y la atención de los sectores sociales más vulnerabilizados y excluidos del bienestar social. Estos Estados se quiebran, se arrodillan ante la pandemia del Covid-19, y van demostrando cómo el mercado es incapaz de sostener una expansión masiva y descontrolada de la enfermedad, sumando en su camino problemas de ingobernabilidad, desempleo, hambre y muertes.

En Costa Rica la situación pareciera estar en una condición pendulante entre el reiterado llamado a proteger y fortalecer el Estado Social de Derecho mediante el apoyo a la institucionalidad pública y una mayor cobertura poblacional de sus programas sociales y por otro lado, la tendencia al debilitamiento y privatización del Estado como parte de las medidas de pago de la deuda externa que solicita implementar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), un deber moral que el gobierno se juega frente al crisis sanitaria y económica a nivel nacional.

A finales de mayo, con la identificación de más de novecientos casos de positivos por Covid-19, son 10 las personas fallecidas y se han procesado más de 20.000 muestras a nivel nacional. No ha quedado duda del papel protagónico de la institucionalidad pública en el control de su propagación, considerando además, lo favorable de ha sido por muchos años invertir en una mayor educación y sensibilidad en la población sobre aspectos vinculados a la salud pública.

Frente a este panorama, el fantasma del Plan Fiscal reaparece constantemente, a pesar de que públicamente se ha dejado de lado la discusión sobre los posibles recortes presupuestarios a diferentes instituciones del Estado y áreas estratégicas como es la educación pública y la salud, condición que se traduce en una amenaza en cualquier momento.

La importancia de fortalecer la institucionalidad pública

Esta crisis de la pandemia por Covid-19 se somete a prueba el Estado Social de Derecho y la efectividad de la institucionalidad pública. El Estado y sus redes solidarias formales e informales construyen alternativas para enfrentarla, se han venido aprobando leyes en el Poder Legislativo con una rapidez y un consenso histórico, como también han firmado decretos desde el Poder Ejecutivo en los que se demuestra qué tan importante es la solidaridad, el control y el fortalecimiento de los servicios esenciales del Estado.

Cobra vital importancia el papel de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICT), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), entre otras, las cuales fueron creadas a partir de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, con el fin primordial de promover el bienestar y el servicio del bien común.

Sin embargo, fue a partir de la década de los años 1980, como efecto de la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE I, II y III) y posteriormente las implementaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC), aunado a las medidas de pago de deuda externa en el marco de una política fiscal, cuando se dio inicio con el debilitamiento del Estado, como por ejemplo el sufrido desde el sector agroalimentario.

Es aquí cuando hay una disonancia frente las estrategias para lograr mantener a flote la economía del país durante y después de la pandemia, una intencionalidad económica marcada por favorecer algunos sectores económicos a costa de la institucionalidad pública, por ejemplo, las presiones manifiestas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCAEP) y el Ministerio de Hacienda.

Sus recomendaciones hacia el Poder Ejecutivo y Legislativo han pretendido cargar sobre la espalda del sector público la responsabilidad del desempleo actual, por ejemplo, proponiendo que este sector aporte el 10% de su salario, como también, se han venido cuestionando los espacios limitados de comercialización de la producción nacional, así como el que se eleve el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de una 13% a un 15%.

El Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, al igual que varios sectores económicos del país, han apelado en insistir en la urgencia de atender el problema fiscal aplicando medidas como la reducción del gasto público, la disminución de los incentivos salariales e inclusive, la disminución de la planilla laboral de este sector.

Apuestan a la apertura de los monopolios del Estado y se logre la apertura total del mercado, por ejemplo, el año pasado Fernández (2019) publicaba en la prensa nacional que “no hay nada en la economía que justifique la existencia de empresas públicas”.

“Evidentemente, no tenía idea que la institucionalidad pública vendría a ser quien asuma el rol de salvamento no sólo de la población sino también, de la economía nacional”.

Por otro lado, recientemente se anunció la aceptación de Costa Rica como estado miembro No. 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo se cuestionan los pocos espacios de comunicación transparente hacia la población nacional, para conocer, debatir y decidir colectivamente con respecto a los montos contributivos que el país tendrá que asumir por mantenerse como miembro activo; conocer a fondo qué modificaciones desean realizarse en la legislación costarricense para favorecer la atracción de inversión extranjera, de qué tipo, así como las medidas a favor de la privatización de activos estatales. Estos temores se unen a los relacionados con las medidas económicas internas con posibles afectaciones en la producción alimentaria nacional, dado que claramente hay una dependencia alimentaria de importaciones que ronda el 70% (Boeglin.2020) (Picado.2020)

Miedos que mutan

Este contexto socioeconómico incrementa los temores, miedos e inseguridades en la población, una clase media que ve amenazado su salario y capacidad de consumo, sentido peor aún en la población que forma parte de los estratos socioeconómicos más bajos. Miedos que tienden a fusionarse con la violencia estructural e institucional principalmente ligada al racismo, a la xenofobia y a la pobreza tres casos se refieren a este fenómeno:

— A más de un año del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, la impunidad parece perpetuarse, se mantienen los conflictos territoriales entre la población indígena en calidad de recuperadores de tierras y no indígena, inclusive se denota un incremento de la violencia racista dentro del territorio Brörán de Térraba, quedando las comunidades indígenas expuestas a la violencia al no tener existir una verdadera estrategia de protección por parte del Estado. Este tipo de conflictos con gran componente racista, en medio de la pandemia, parece convertirse en el caso de los olvidados.

— Por otro lado, frente a la crisis humanitaria y de salud pública del vecino país Nicaragua, se acentúan los sentimientos xenofóbicos de una sociedad costarricense de doble moral, acrecentando un pánico migratorio hacia cualquier persona extranjera especialmente nicaragüense traducido en un “cuerpo sospechoso” (Acuña.2020), que se ve reforzado por discursos xenofóbicos con que se expresan los medios comunicación sobre migrantes enfermos o sospechosos de portar la enfermedad Covid-19. Costa Rica contendrá población migrante afectada por la violación de sus derechos elementos a la salud, la alimentación y el empleo.

— Podría hablarse de una pandemia con cara de pobreza, puesto que la mayoría de los cantones con mayor índice de personas enfermas por Covid-19, también son los que poseen mayores niveles de pobreza y además, mayor hacinamiento poblacional dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Otro gallo canta en la realidad nacional costarricense

Estos sueños utópicos keynesianos, de los abanderados de la economía neoliberal quedan cortos cuando aparecen héroes y heroínas salvando la reproducción de la vida en la población.

Al respecto, ha quedado claro, que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es líder a nivel nacional e internacional en implementar sistemas de salud exitosos, que en el contexto actual ha asumido con gran sapiencia el control de la pandemia por Covid-19, y pesar de haber sido golpeada por la corrupción, mala administración y la privatización de diversos servicios especializados se mantiene como una de las instituciones más importantes y reconocidas en procura del bienestar social.

El Ministerio de Salud, ha asumido el protagonismo de implementar la estrategia de control de la pandemia mediante medidas como: Aislamiento de las personas enfermas o sospechosas, cierre de negocios, suspensión de eventos masivos, culturales, deportivos, religiosos, restricción vehicular, cierre de fronteras, suspensión de vuelos, clausurar el ingreso a diversos lugares públicos como playas y parques nacionales, como también, realizar investigaciones relacionadas con la identificación de clústers, y contención de la propagación comunitaria.

Por otro lado, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) adscrito al Ministerio de Salud, ha sido fundamental en el análisis de las pruebas del Covid-19. De esta manera recibe las pruebas de todo el país, pero, además, las realizadas por los laboratorios privados, realiza investigaciones que aportan a la comprensión del virus y al respecto cabe destacar un logró importante relacionado con el de culminar la secuenciación del genoma completo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Esta y otras investigaciones, como por ejemplo la relacionada con la dotación de ciertas proteínas a caballos para crear un plasma sanguíneo para encontrar el medicamento contra la enfermedad del COVID-19, son realizadas tanto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con laboratorios de la Universidad de Costa Rica.

“Cabe destacar que los aportes de las universidades públicas también son visibles mediante sus aportes en cuento a la creación de respiradores artificiales de bajo costo, creación de mascarillas en 3D para la protección del personal médico, creación de alternativas a los kits de diagnóstico, entre otros”.

La CCSS se beneficia de estas investigaciones, ya que logra bajar los costos y estar prepara para la atención masiva de pacientes portadores de la enfermedad. Sin embargo, la institución requiere robustecerse en todo sentido. En el marco de la pandemia, sale a la luz pública declaraciones del Ministro de Hacienda indicando que el pago de la deuda del gobierno hacia la CCSS no va a ser suficiente para lograr estabilizar el problema financiero de dicha institución, su junta directiva y presidente ejecutivo apuestan entre otras medidas como la aprobación del Reglamento de Contratación de compras a terceros.

Con este tipo de contradicciones, el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), así como diferentes gremios nacionales de lucha por la defensa pública, como por parte de representantes de Juntas de Salud y red de hospitales nacionales han denunciado la poca transparencia al respecto, y poca claridad sobre los impactos económicos y estructurales que tendrá la institución una vez aprobado dicho reglamento.

La CCSS es una institución que pendula entre ser la más vital para la vida humana en el epicentro de la pandemia, y ser una de las más vulnerables por las reformas presupuestarias. Igual problemática enfrentan las universidades públicas, dedicadas actualmente a fomentar alternativas para el mejoramiento de la educación, la salud pública, la seguridad alimentaria, la salud mental de grupos vulnerables, enfrenta la crisis actual de la reducción del su presupuesto designado a las universidades públicas conocido como: Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

A pesar de estas contradicciones, se asumen los retos a nivel interinstitucional

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) han logrado coordinar con los comités municipales y comunales de emergencia para la entrega de alimentos para reforzar la ayuda humanitaria mediante el programa “Enlace de esfuerzos” y el programa “Con vos podemos”. Así también, el Consejo Nacional de Producción (CNP) incrementó la producción de alcohol antiséptico en la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), para la dotación de alcohol y alcohol en gel para usos médicos y para la venta nacional. A pesar de que actualmente se debate la concesión o su venta como paliativo al déficit fiscal, más recientemente reconocido por los legisladores costarricense como el “negocio del guaro” del Estado.

En un contexto donde la salud es más fundamental que nunca, lo correcto es dirigir todos los esfuerzos en garantizar la vida, el bienestar y la estabilidad socio económica, como también ambiental. Es contraproducente que estando en una crisis de recesión económica el Ministerio de Hacienda siga pendiente de hacer los cobros de impuestos a las pymes o mipymes, cuando están a punto de quebrar o ya definitivamente cerraron sus operaciones. Estas contienen el 80% de las exportadoras, así también el sector exportador genera el 30% del empleo nacional. Contrariamente, se abrió el apoyo con fondos no reembolsables mediante el Programa Alivio, impulsado por PROCOMER, Banca para el Desarrollo.

En tiempos de Covid-19, las acciones afirmativas hacia mujeres no parecen ser la norma, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para el primer trimestre del año “18% de las mujeres se encuentran desempleadas, mientras el porcentaje de hombres en esa condición alcanza el 8.6%. Mientras la ocupación laboral de los hombres es de 68.2%, el de las mujeres es de solo un 42,8%, es decir, menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar se encuentra empleada” (2020).

Como alivio económico temporal al desempleo, el Gobierno implementó el Bono Proteger según Decreto No. 42305-MTSS-MDHIS, extendido a miles de beneficiarios en todo el país por tres meses. Según el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal (OCTF), mediante los resultados de la primera medición del índice de transparencia de la información del Bono Proteger, urge la rendición de cuentas de parte del gobierno, así como facilitar el acceso de información presupuestaria sobre los fondos públicos concretos destinados y aplicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social. (Delfino.cr.2020).

También existe el temor por la planificación y ejecución eficiente del financiamiento de créditos para la empresa, administrado por la banca pública. El Bono Proteger posee pocos mecanismos que garantizan la transparencia y claridad sobre el uso de una cartera de aproximadamente 900millones de colones cerca un 5% del Producto Interno Bruto (PIB), quedando la duda si el mismo tendrá influencia de decisiones económicas tomadas desde la cámara empresarial (UCAEP), por ejemplo.

El mercado laboral costarricense es altamente informal y se encuentra muy precarizado. Si bien es cierto existen estos diferentes programas sociales para la atención de las personas desempleadas, no han sido suficientes. Por ende, se ha incrementado el empleo en calidad de repartidores a domicilio bajo la modalidad de Uber Eats, Glovo, Rappi. Sin embargo, existe muy poca claridad con respecto a sus derechos laborales, aunado a las ventas ambulantes, ventas por internet que forman parte de la informalidad laboral con salarios muy bajos.

Condiciones que están afectando los núcleos familiares, especialmente a las mujeres, que, en sus roles de género, ha tenido que reinventar el uso del tiempo, han tenido que enfrentar no sólo la carga laboral sino también, los roles de cuido y los educativos, especialmente en el momento en que el Ministerio de Educación implementó la educación a distancia de todos los niveles educativos. Aunado a las brechas económicas y digitales que limitan la accesibilidad tecnológica y conectividad digital, situación que incrementa la posibilidad de que cierta población educativa y familiar esté más expuesta a problemas en su salud mental (mal manejo de la frustración y la ira, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, entre otros) o bien se eleven los casos de violencia doméstica y deserción escolar.

Préstamos del FMI tienen valores y consecuencias

El gobierno recientemente ha solicitado un préstamo de 504 millones de dólares, al FMI para enfrentar la crisis de la pandemia, frente a lo que el Banco Mundial y el FMI han llamado una recesión económica. Dicho préstamo tiene una “tasa de interés de 1,58% anual, según un comunicado de prensa de la Presidencia de la República y el Banco Central (BCCR), con tres años y cuatro meses de gracia, pero, después, deberá ser saldado en cinco año” (Díaz. 2020).

Es cierto el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda valoraron positivo este crédito de rápido desembolso permitirá al Gobierno de Costa Rica financiar la atención de la crisis sanitaria y económica en condiciones muy favorables de tasa y plazo. Lo que queda por esperar su pago en los próximos años con cautela de que a cambio no se dé el desmantelamiento de la institucionalidad pública costarricense amparados, por ejemplo, a leyes como la Ley de Venta de Activos Públicos o bien una injusta o agresiva propuesta tributaria.

Comunidades ante/y el Estado

En un contexto incierto a nivel económico, el impacto de la pandemia en Costa Rica ha permitido evidenciar el papel protagónico de la institucionalidad pública. Así como de las comunidades que a nivel nacional se destacaron creando sus propias estrategias de autocuidado reconociendo los esfuerzos se encuentran Isla Venado, Isla Caballo, comunidades del distrito de Paquera de la provincia de Puntarenas en la Región Pacífico Central, así como comunidades indígenas del Cantón de Buenos Aires de la Provincia de Puntarenas, y las comunidades indígenas, costeras y rurales del distrito de Talamanca en la Provincia de Limón en la Región del Caribe Sur del país.

Con sus formas de auto organización han ideado campañas de recolección y distribución de alimentos a familias y personas afectadas por el desempleo y el estancamiento económico, eventos organizados por iglesias de diferentes tendencias religiosas, colectivos sociales y culturales, sumando a universidades, cooperativas, bancos, entre otros.

El desarrollo hacia adentro sigue siendo una gran alternativa para un alto porcentaje del país desempleado. Reinventar la economía y fortalecer la economía social y solidaria cobra fuerza, por ejemplo, cada vez son más los esfuerzos por lograr los apoyos solidarios entre sectores productivos, pescadores que donan sus productos a agricultores, productores agropecuarios donan sus cosechas a poblaciones sin recursos. La creación de atractivas y más económicas ofertas turísticas para la población nacional, entre otras.

Estas medidas dan una señal al país de que urge mantener vigente y remozado el pacto social de parte del Gobierno y del Poder Legislativo y sin duda, robustecer el Estado Social de Derecho. Y repensar de manera horizontal, participativa y transparente las estrategias para enfrentar la crisis económica que está provocando esta pandemia por Covid-19.

* SILVIA ROJAS HERRERA es doctora en Ciencias Sociales, coordinadora Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, académica en la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica e integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “El istmo centroamericano repensando los centros”.

BIBLIOGRAFÍA

Acuña, Guillermo. 12 de mayo del 2020. Movilidades en suspenso. SURCOS.digital.com. Tomado de: https://surcosdigital.com/movilidades-en-suspenso/

Boeglin, Nicolás. 16 de mayo del 2020. Costa Rica, futuro miembro número 38 de la OCDE: algunos apuntes. En opinión. ElPaís.cr. Tomado de: https://www.elpais.cr/2020/05/16/costa-rica-futuro-miembro-numero-38-de-la-ocde-algunos-apuntes/

Díaz, Natalia. 17 de abril del 2020. Covid-19 provoca recesión mundial. Costa Rica tomaría crédito de $506 millones con el Fondo Monetario Internacional por COVID-19. País. Semanario Universidad. Tomado de: https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-tomaria-credito-de-506-millones-con-el-fondo-monetario-internacional-por-covid-19/

Picado, Henry. 03 de abril del 2020. Comida y pandemia. En Opinión. El País. Tomado de: https://www.elpais.cr/2020/04/03/comida-y-pandemia-en-costa-rica/

Fernández, José Joaquín. 14 de octubre del 2019. Venta de empresas públicas para pagar deuda. En la Riqueza de las Naciones. ElFinancierocr.com.  Tomado de: https://www.elfinancierocr.com/blogs/la-riqueza-de-las-naciones/venta-de-empresas-publicas-como-alternativa-para/MXRPDHM43RCQ5NDV5FSVMCPUEQ/story/. Fecha 19 de mayo del 2020.

Vargas, Luis Paulino. 13 de mayo del 2020. Covid-19 y crisis económica: La propuesta de Carlos Alvarado. Una colcha de retazos. UNED.CICDE.

OCTF. 14 de mayo del 2020. Índice de la transparencia de la información sobre el bono proteger del 30 de abril del 2020. Tomado de: https://delfino.cr/2020/05/observatorio-ciudadano-reporta-bajo-nivel-de-transparencia-en-bono-proteger

Fuente: https://oistmo.com/
Enviado a SURCOS por la autora.

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LA NUEVA NORMALIDAD EN COSTA RICA POS COVID 19

Escrito en . Publicado en Derechos.

Teletrabajo, virtualización y autocuidado personal y familiar destacan como prioridad

EPPPS-UNA: Escenarios Costa Rica: Hacia una nueva normalidad

Bajo la premisa: ¿cuáles son los diez ámbitos donde tendrá mayor efecto la emergencia sanitaria (COVID 19) que vivimos?; se llevó a cabo una consulta a más de setenta personas de diferentes sectores y segmentos de la sociedad costarricense, cuyo objetivo fue dar una mirada del futuro de la ciudadanía ante los embates provocados por la pandemia.

La consulta realizada del 6 de abril al 12 de mayo del 2020 (I Fase) tomó en cuenta la participación de: gobierno, funcionarios públicos, docentes, empresa privada, personas generadoras de opinión y del ámbito de la investigación y el desarrollo, así como al sector municipal, social y del área internacional. (Figura 1).

El equipo académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA (Costa Rica) informó que la metodologia empleada en esta primer fase, donde se construyen los escenarios bajo el enfoque de la Prospectiva Estratégica, permitió ordenar las 720 ideas recibidas en ocho dimensiones estratégicas.

Tal y como se observa en la imagen (figura 2) las dimensiones estratégicas responden al orden de lo político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, cultural, institucional y se denotan los valores relativos a cada dimensión.

De las 720 observaciones, se evidencia que los mayores efectos en relación con la emergencia sanitaria se ubican en las dimensiones: económica, social, tecnológica e institucional. En este sentido, de dichas observaciones se identificaron un total de 57 factores de cambio que serán la materia prima para la fase siguiente del proyecto.

Cabe destacar que los factores de cambio, entendidos como agentes dinamizadores, (en inglés se les conoce como (“drivers”) se constituyen en factores con capacidad de generar “nuevas normalidades” y nuevas dinámicas en la sociedad. De ahí que dentro de los factores surgidos en esta indagación con mayor potencial de cambio son “el autocuidado personal y familiar” en lo cultural y la virtualización del trabajo, las compras, la educación y la medicina. Se deduce que en la nueva normalidad la virtualización de mucho de lo que hacemos hoy será un actor institucional con una presencia relevante.

Para el Máster Juan Carlos Mora Montero, académico EPPS-UNA y coordinador del proyecto, ahora el equipo académico de la Escuela pasará a una tercera fase, lo que denominan como “análisis convergente”. En esta fase, se agrupará al conjunto de personas que han colaborado en la primera etapa, de acuerdo con su mayor experticia, especialización y trayectoria, de esta manera, se les consultará específicamente, por el movimiento que visualizan sobre los diferentes dinamizadores (en promedio 10 para cada grupo) mencionados y que les corresponderá analizar. Esta consulta se realizará por medio de una consulta en línea y los datos serán sistematizados conforme vayan ingresando.

Información:
angel.ortega.ortega@una.cr
juan.mora.montero@una.cr

Equipo académico:
M.Sc Ángel Ortega Ortega
M.Sc Juan Carlos Mora Montero
Dr. Guillermo Zuñiga Arias
M.Sc Gonzalo Ramírez Guier
MBA Alejandra Ávila Artavia
M.Sc Giovanni Rodríguez Sánchez
M.Sc José Ángel Castro Granados
M.Sc Efraín Cavallini Acuña

21 mayo de 2020

 

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría, UNA.

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UNA aporta 5 mil millones de colones para Fondo Solidario que atiende pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Salud.

Institución solicitará, además, autorización para destinar 700 millones para la atención de estudiantes en condición de vulnerabilidad afectados por la pandemia.

Consejo Universitario aprobó este 21 de mayo la transferencia de 5 mil millones al Fondo Humanitario y Solidario creado por el Gobierno de la República, para apoyar a personas en vulnerabilidad por su situación laboral ante la emergencia generada por la covid-19, y en forma solidaria, además, trasladar 700 millones de colones para atender las necesidades de la población estudiantil universitaria afectada por la covid-19. Los 5700 millones de colones en su totalidad, cita el acuerdo, estaban destinados a la construcción de un edificio de gobierno universitario.

La propuesta fue presentada al Consejo Universitario Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA) y Pedro Ureña, vicerrector de Administración previo acuerdo del Consejo de Rectoría.

Cabe señalar, que el Consejo Universitario delegó a la Comisión de Asuntos Económicos de este órgano la revisión de la propuesta, cuya redacción final estuvo a cargo del José Carlos Chinchilla Coto, miembro de este Consejo. De esta manera, la propuesta de del Consejo de Rectoría de transferir 5 mil millones al Fondo Humanitario y Solidario creado por el Gobierno de la República, fue aprobada de forma unánime por el resto de los representantes del Consejo Universitario de la Institución.

Salom deberá solicitar a las autoridades del Gobierno, la autorización para trasladar los 700 millones de colones, que se destinarían a becas estudiantiles, de la partida de inversión a la de gastos corrientes, una medida que, de acuerdo con Salom, ya se ha utilizado para la atención de la pandemia.

El pasado 3 de abril, el Consejo Nacional de Rectores en sesión extraordinaria, en atención a lo solicitado por Rodrigo Chaves Robles, ministro de Hacienda, acordó contribuir con recursos de las universidades estatales y el CONARE, al Fondo Humanitario y Solidario del Gobierno, destinado para atender la emergencia sanitara y económica producida por la covid-19.

Solidaridad

Los oficios UNA-R-OFIC-967-2020 y UNA-VADM-OFIC-574-2020, ambos del 24 de abril de 2020, suscritos por Salom y Ureña, relacionados con la propuesta de aporte de la UNA al Fondo Solidario Estatal para la atención de la pandemia COVID-19, detallan lo siguiente:

“En el contexto actual tanto a nivel mundial como regional y nacional, resulta claro y evidente que debe privar la solidaridad con los menos favorecidos ya que esta pandemia entre otros efectos ha generado una fuerte desaceleración de la economía y un fuerte aumento en el desempleo que de por sí desde antes de esta pandemia ya representaba un serio problema para nuestro país.

Igualmente, no debe olvidarse que las universidades públicas costarricenses son uno de los pilares fundamentales del modelo de desarrollo y movilidad social de nuestro país, cuya misión histórica cobra vigencia y un carácter prioritario en la Estrategia Nacional para salir de esta crisis. Hoy más que nunca se hace necesario, que trabajemos con todo nuestro potencial en la consecución, eficiente, eficaz y oportuna de nuestros objetivos y metas sustantivas, en un marco que requiere entre otras cosas de adaptabilidad, innovación, apertura al cambio. En este sentido debemos indicar que cada colón del presupuesto asignado por el estado para el 2020, está destinado y es imprescindible para el logro de objetivos y metas institucionales.

Consecuente con el espíritu que nos mueve a contribuir con el fondo solidario para atender las necesidades surgidas producto de la pandemia que vivimos, proponemos que las Universidades Públicas planteen una excitativa al Gobierno de la República, para que, vía trámite excepcional, cualquiera sea la figura que se decida (ej. Decreto ejecutivo), se autorice a las Universidades para que puedan destinar parte de su superávit libre, a la atención de necesidades específicas (pago de créditos, compra de equipo, facilidades tecnológicas y otras) de los estudiantes universitarios durante el tiempo que persistan los efectos de esta pandemia. El propósito de este aporte será garantizar la permanencia de los estudiantes en la universidad y la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje”.

*Se adjunta acuerdo completo.

** Más información con la Oficina de Comunicación al 8998-2182.

098-2020-aporte-solidario-de-la-UNADescarga

 

Enviado por UNA Comunicación.

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La unión es el cambio: paz, economía y pandemia – Grupo de Puebla

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Encuentro virtual realizado el 15 de mayo de 2020
GRUPO DE PUEBLA Y LÍDERES DEL PROGRESISMO DE COLOMBIA

Nosotras y nosotros, ciudadanas y ciudadanos libres, como miembros del Grupo de Puebla, espacio de concertación política, expresión de las singularidades emblemáticas y foro de voces diversas consideramos que, no se puede pasar por alto la crisis generalizada como resultado de la pandemia global de COVID-19. Recordamos, en ese sentido, que la CEPAL calcula que, en 2020, América Latina verá una caída del 5,3% del PIB, una contracción del empleo de aproximadamente 3,5% y un incremento de la pobreza de 4 puntos y medio, así como de la miseria en poco más de 2 puntos, un registro crudo e inédito en la historia latinoamericana. Esto implicará 270 millones de personas en la pobreza y unos 80 millones en la miseria.

En diálogo con lideresas y líderes del progresismo colombiano de forma virtual ante la contingencia del COVID 19, expresamos la necesidad de que la región avance en los siguientes puntos:

ESTADO PROVEEDOR DE BIENES PÚBLICOS COLECTIVOS

Consideramos que este panorama desalentador requerirá de la puesta en marcha de instrumentos de política social y económica de los que la región se había alejado en los últimos años, por la primacía de modelos neoliberales que delegaron la distribución de bienes básicos en el mercado, minimizando el protagonismo del Estado que, en medio de la crisis sanitaria, ha demostrado con creces cuán necesario es.

CAMBIO CLIMÁTICO EXIGE CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO

Expresamos nuestro deseo de no volver a un sistema de producción, extracción, acumulación y consumo incompatible con el desafío que representa la adaptación al calentamiento global, un fenómeno subestimado pero cuyos efectos se pueden exacerbar en el corto y mediano plazo en medio de la pandemia.

PROMOVER UNA CONVOCATORIA DE LA ONU PARA DEBATIR PANDEMIA, PAZ Y EQUIDAD

Como miembros del Grupo de Puebla convocamos a los esfuerzos de todos los partidos, movimientos y ciudadanos para que se convoque una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas que tenga como objeto una discusión sobre la gestión de la pandemia, preservando sin excepción la equidad social y una garantía de protección para los más vulnerables.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR EL MÍNIMO VITAL

Recordamos que el COVID-19 ha hecho evidente la necesidad de estructurar verdaderas políticas públicas de reconocimiento del derecho al mínimo vital mediante programas que tuvieron éxito en el pasado reciente de gobiernos progresistas y otros nuevos como la garantía de una renta básica inicialmente extraordinaria, para garantizar con dignidad las condiciones del confinamiento que se han decretado en casi todos los países latinoamericanos.

MORATORIA DE LA DEUDA EXTERNA

Como latinoamericanas y latinoamericanos planteamos la necesidad de reestructurar la deuda externa y en la medida de lo posible, lograr una moratoria que les permita a los Estados que la soliciten canalizar esfuerzos para atender la emergencia y redefinir de cara al futuro, las prioridades sociales desatendidas o delegadas en el mercado.

ASUMIR LA SALUD COMO BIEN PÚBLICO GLOBAL

La pandemia nos impone la necesidad de asumir la salud como un bien público global. Nos preocupa que sean los más vulnerables quienes terminen pagando los costos de la crisis. No existe dilema entre salud y economía, pues es inviable pensar en una reactivación del consumo, del ahorro y de la inversión con la amenaza latente de la pandemia.

PREOCUPACIÓN POR LA POSTURA DEL GOBIERNO DE COLOMBIA DE DESESTIMAR COMPROMISOS FUNDAMENTALES DEL ACUERDO DE PAZ

Como Grupo de Puebla expresamos nuestra preocupación por la paz en Colombia, seriamente amenazada por la postura del actual gobierno empecinado en desestimar compromisos fundamentales contraídos. El desconocimiento del rol histórico que sin condicionamientos ha desempeñado Cuba en varios procesos de paz en Colombia, condena cualquier posibilidad de revivir un esquema de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Un eventual fracaso de la paz en Colombia sería, sin duda alguna, nuestro fracaso como humanidad.

POR UN NUEVO MODELO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Consideramos que el escenario post COVID-19 plantea en Colombia la necesidad, esta vez inaplazable, de poner en marcha un nuevo modelo de inclusión social, que responda a estas necesidades exacerbadas por la coyuntura, a la vez que se defiendan, como activo fundacional del progresismo colombiano, los Acuerdos de La Habana, así como las reactivaciones de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, suspendidas indefinidamente por parte del gobierno actual.

POR UN NUEVO ESTADO CON FISCALIDAD Y MANEJO DE BIENES SOCIALES COMO LA SALUD

Proponemos que ese nuevo Estado prevea desde ya cómo gestionar la post-pandemia estructurando un régimen fiscal más equilibrado y devolviéndole a la esfera pública el manejo y distribución de bienes sociales, entre ellos la salud todo dentro del marco del progresismo.

POR UN LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES A CUBA Y A VENEZUELA

Rechazamos las amenazas y sanciones contra Venezuela, así como aquellas retomadas respecto de Cuba y la forma como se ha desconocido su contribución a la paz en Colombia. En tiempos sin pandemia son condenables aquellas medidas, en tiempos pandémicos son sencillamente un crimen de lesa humanidad.

PRIMERA INTERNACIONAL PROGRESISTA

El progresismo que nos identifica como Grupo de Puebla debe articularse con el esfuerzo reciente de un grupo de intelectuales y figuras reconocidas de la izquierda para establecer la Primera Internacional Progresista. En la medida en que sumemos esfuerzos, una articulación de fuerzas progresistas en distintas latitudes nos fortalecerá y otorgará una mayor perspectiva respecto de nuestros retos futuros partiendo de las asimetrías enormes que marcan a nuestras sociedades.

LA UNIDAD PROGRESISTA

Reconocemos que la unidad es el camino. El progresismo colombiano y latinoamericano no se puede dar el lujo de enfrentarse. Eso sólo favorece a la derecha. Nuestros pueblos merecen los máximos esfuerzos unitarios. Para construir un mundo más justo lo primero que debemos hacer es unir las fuerzas del progresismo.

FUNDADORES Y FUNDADORAS DEL GRUPO DE PUEBLA:

Luiz Inacio Lula Da Silva
Dilma Rousseff
José Luis Rodríguez Zapatero
Ernesto Samper
Fernando Lugo
Rafael Correa
Celso Amorin
Jorge Taiana
Aloizio Mercadante
Marco Enríquez- Ominami
Clara López
Alejandro Navarro
Camilo Lagos
Gabriela Rivadeneira
Karol Cariola
Carlos Sotelo
Esperanza Martínez
Mónica Xavier
Daniel Martínez
Carlos Ominami
Maximiliano Reyes
José Miguel Insulza
Guillaume Long
Carol Proner

LÍDERES Y LIDERESAS DEL PROGRESISMO COLOMBIANO:

Gustavo Petro
Rodrigo Londoño
Sandra Ramírez
Iván Cepeda
Camilo Romero
León Valencia
Guillermo García Realpe
León Fredy Muñoz
Antonio Sanguino
Jorge Rojas
David Racero
Ángela María Robledo
Gloria Florez
Gabriel Becerra
Carlos Alberto Benavides
María José Pizarro
Patricia Lara
Alexander López
Carlos Ramón González
Consuelo Ahumada

Declaración-PDF

Compartido con SURCOS por Carmen Chacón.

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UNA utiliza Facebook y Whatsapp para evitar deserción estudiantil

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Salud.

Trabajadores sociales de la Universidad Nacional implementan una estrategia de acercamiento a estudiantes con el objetivo de aminorar las posibilidades de deserción ante pandemia covid-19.

Con ojos y oídos muy atentos, trabajadores sociales del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional (UNA), escucharon el clamor de los estudiantes, quienes, ante la falta de condiciones adecuadas para rendir académicamente desde la modalidad remota, expresaron sentir ansiedad, depresión, ataques de pánico e incluso ideas suicidas. Muchos estudiantes no cuentan con todas las facilidades tecnológicas y el espacio para estudiar. También hay quienes sufren carencias económicas en sus hogares.

Esto llevó a los especialistas a idear una estrategia de acercamiento con todos los estudiantes para dar un mensaje que favorezca su salud mental y sientan el acompañamiento de la universidad ante la crisis de la covid-19. El objetivo principal es favorecer la permanencia y buscar su bienestar integral.

“Nosotros estamos en contacto permanente con los estudiantes y escuchamos sus dificultades para sobrellevar esta crisis. Nos expresan que han sufrido ataques de pánico, ideas suicidas, dificultad para manejar el encierro. Los estudiantes han presentado cambios en sus dinámicas de estudio, en el hogar, y esto ha afectado su salud mental. Esto nos motivó a desarrollar estrategias que favorecen el manejo del estrés y ayudarles a controlar de las emociones”, explicó la trabajadora social del Departamento de Bienestar Estudiantil UNA, Tatiana Roldán.

La campaña “Yo Elijo Bienestar” se desarrolla en las redes sociales de dicho departamento, concretamente en el Facebook: Vida Saludable UNA (https://www.facebook.com/vidasaludableuna), e inició en marzo con mensajes, recomendaciones, infogramas, cápsulas y videos para propiciar el bienestar y la vida saludable.

El trabajador social del Departamento de Bienestar Estudiantil, del programa Vida Saludable UNA, Luis Gustavo Delgado, indicó que los estudiantes también colaboran con videos de diversos temas como: autocuidado, manejo del tiempo o mejora de la postura corporal. La campaña se ha desarrollado por etapas, primero mensajes claves y ahora con webinars.

El Whatsapp también resulta una herramienta muy útil para estar en un contacto cercano con los estudiantes. Ellos mismos divulgan la información entre sus pares, de esta manera los mensajes positivos han ampliado el alcance. El departamento también implementó el uso de Whatsapp para la inscripción a seminarios web, logrando así un alto número de participantes interesados.

 “La etapa siguiente tiene como objetivo dirigirse específicamente a los estudiantes de primer ingreso para evitar la deserción, crear con ellos un vínculo con la universidad y buscar su bienestar. El acercamiento a los estudiantes es indispensable para contribuir a la permanencia en la institución”, comentó Marcela Bagnarello, trabajadora social del Departamento de Bienestar estudiantil UNA. La meta es alcanzar 1000 personas en los webinar dedicados a la población de primer ingreso; estos nuevos seminarios serán en junio.

Bagnarello agregó que “es una necesidad atender la salud mental de los estudiantes, ante la ansiedad, el estrés y la carga académica de las clases remotas. Es importante mantener el vínculo con la universidad y poder canalizar de forma positiva sus emociones ante esta crisis”.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) declaró el 2020: “Año de las universidades públicas por la salud mental”, de ahí que para las universidades públicas es determinante desarrollar estrategias para la promoción de la salud ante la situación actual.

Para más información comuníquese al 8832-2614.

 

Imagen UNA Campaña Yo Elijo Estar Bien.

Enviado por UNA Comunicación.

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Semillas de Esperanza: «Un barco desigual»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Semillas de Esperanza
(Opinión de coyuntura)

Nos hemos propuesto compartir con ustedes parte de las reflexiones que hemos hecho como equipo de trabajo del DEI, desde nuestra experiencia y aprendizajes junto con ustedes, las comunidades basadas en la Fe, otras organizaciones y personas amigas con las que caminamos.

Nuestra intención es invitarles a pensar y actuar en colectivo sobre las implicaciones de la coyuntura en la que estamos, aprender entre todxs al leernos, acompañarnos en este momento de distanciamiento físico. Saber que estamos cerca también desde nuestro sentir y deseo de justicia social, desde cada uno de nuestros países.

La declaración de pandemia en marzo anterior trae consigo la imposición de cambios drásticos que seguirán en el tiempo. No solo en términos de salud y vigilancia, sino en dimensiones como la justicia social, justicia de género, justicia ambiental y desafíos tecnológicos. Por eso proponemos, en un momento en que se profundizan las desigualdades propias de un sistema económico depredador, reafirmar aún más el llamado a la solidaridad, y a la urgente justicia social.

Compartimos esta semana el primer texto de varios. Esperamos leerles de vuelta.

Equipo del DEI

Un barco desigual

Cristian Castro Hidalgo, DEI

Varias reflexiones en los medios de comunicación y redes sociales han utilizado la metáfora del barco para referirse a la actual crisis sanitaria. Dudo mucho que todas las personas estemos en el mismo barco y, de serlo así, el destino de este no sería muy distinto del buque inglés Titanic.

Las sociedades latinoamericanas son estructural e históricamente violentas y discriminatorias, herencia de modelos coloniales, proyectos políticos liberales y, actualmente, neoliberales. Todo esto mediado por las fuerzas armadas al servicio de las jerarquías políticas y económicas.

Pues bien, este nuevo coronavirus no llega a sociedades igualitarias, sino en sociedades que presentan alarmantes asimetrías y son éstas mismas las que potencian los efectos negativos sobre poblaciones históricamente violentadas.

Otra frase que he escuchado y leído en reiteradas ocasiones es que «el virus no discrimina entre ricos, pobres, hombres, mujeres» y un largo etcétera. Concuerdo con ese argumento únicamente en que el virus no es un organismo con capacidad de decisión moral, por lo cual no puede discriminar. Pero estructuralmente hay poblaciones que viven más hacinadas, sin acceso a servicios de agua potable y con muy escasos recursos para seguir la recomendación de quedarse en casa.

Esto nos lleva a preguntarnos ¿cómo afecta este virus a la población LGBTI+? Lo primero que me gustaría señalar es la sobrecarga de trabajo que muchas mujeres sufren durante estos días de confinamiento. Históricamente es a ellas a quienes les ha tocado asumir el cuidado de personas enfermas, adultas mayores y de la niñez, junto con esto todo el trabajo doméstico y, en muchos casos, trabajo asalariado. «¿Qué tiene que ver esto con la población LGBTI+?», se podrá preguntar alguien. Pues bien, dicha población está compuesta también por mujeres en toda su diversidad, por lo que las problemáticas de género deben ser un punto importante en la agenda de derechos humanos LGBTI+.

Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para las personas trans, mujeres trans específicamente. Su esperanza de vida ronda los 35 años, ya que desde edades tempranas son excluidas del entorno familiar, educativo, laboral y de la sociedad en general. Dejando como opción el trabajo sexual y todas las implicaciones de este: inseguridad, violencia constante, trato con narcotráfico, falta de garantías laborales, etc.

¿Qué pasa con todas esas mujeres trans que ejercen el trabajo sexual durante esta cuarentena?

Debido a las restrictivas medidas de distanciamiento físico y restricción de movimiento que han impulsado los gobiernos de la región, la mayoría de ellas han visto interrumpidos abruptamente sus ingresos. Si bien, muchas organizaciones de la población trans se han articulado para brindar ese apoyo necesario, no es suficiente. Los gobiernos no están implementando en las políticas sanitarias perspectiva de género ni de derechos humanos.

Varios países, como Perú y Panamá, han establecido días para que las personas salgan a la calle con base en el sexo asignado en el documento de identidad. Esto no sólo es un irrespeto a la identidad de esta población, sino que también ha legitimado conductas sumamente violentas por parte de los cuerpos militares y ciudadanía, quienes les castigan por “salir cuando no les corresponde”. Dejando a esta población en un limbo.

¿Qué pasa con todas esas personas gais, lesbianas, trans y bisexuales que deben pasar la cuarentena con parientes que nos les aceptan ni respetan? Si ya existía una violencia cotidiana que se podía atenuar unos minutos con salir a algún parque, restaurante o antro; ahora no. El “quédate en casa” no es tan cómodo cuando se vive con personas que no te aceptan como un igual, por más que digan que sí.

No es de extrañar que la violencia psicológica y física contra la población LGBTI+ vaya en aumento durante estos días, causando daños graves e irreversibles en todas estas personas.

Junto con esto, muchos liderazgos religiosos utilizan lenguaje apocalíptico para referirse a la actual crisis sanitaria, osando afirmar que esta coyuntura es un castigo divino por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI+ y los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres. Creando así chivos expiatorios, sobre los cuales se vierte el estrés y la ira colectiva que se fragua en este contexto.

Tampoco pretendo presentar a toda la población LGBTI+ como la más vulnerada y agredida. Estoy seguro algunas de esas personas, a través de privilegios de clase o género, están llevando a cabo su vida con normalidad durante esta coyuntura.

La preocupación es por las grandes mayorías empobrecidas, y no solo eso: en la mayoría de países latinoamericanos se les considera personas de segunda categoría, no solo por su condición socio económica, sino por su orientación sexual, identidad o expresión de género, puesto que todos sus derechos no son reconocidos.

Volviendo a la metáfora del barco. La población LGBTI+, en su gran mayoría, se encuentra en las partes del barco que primero se inundan. Si ya en la época pre-pandemia la vida era complicada, esta circunstancia sanitaria la hace aún más difícil.

Afortunadamente las muestras de solidaridad a lo interno de esta población, que ayudan a la concreción de una comunidad LGBTI+, no se han hecho esperar. Son muchos los colectivos y organizaciones de la diversidad sexual que trabajan todos los días para garantizar la vida de estas personas.

Lamentablemente, los Estados siguen siendo los grandes deudores. Si antes de la pandemia ya tenían una deuda histórica con esta población, esta coyuntura acrecienta la deuda.

Mi fe y esperanza está en esas acciones solidarias, que parten del amor y resguardo dentro de la misma comunidad LGBTI+. Así como nos hemos cuidado durante todos estos años del machismo, la homo, lesbo, bi y transfobia. Nos cuidaremos de los efectos de esta crisis sanitaria.

Al igual que el arcoiris, brillaremos una vez que esta tormenta haya pasado.

SITRAHSAN defiende el reclamo social generalizado del sector laboral y pensionado

Escrito en . Publicado en Derechos.

«Ya estamos bastante grandecitos, como para que algunos focos de poder pongan una Mamá postiza en la SUPEN y sean estos quienes indiquen; quién puede hacer uso del ROP o el FCL».

«¿Acaso los trabajadores no estamos en pandemia desde hace años?

El no permitir poner a disposición de los trabajadores el ROP generalizado y el FCL en tiempos de pandemia, es inaceptable, cuestionable y excesivamente reprochable, afirma un comunicado de SITRAHSAN enviado a SURCOS.

«Nuestro ministro, pensamos, quizás pretende justificar el préstamo o préstamos sin mayor análisis en la Asamblea, eso es una muestra de irespeto a la autonomía del primer poder de la República, ¿y para qué cargar de deuda al Estado?, si tiene activos líquidos, frescos y menos costosos en el mercado nacional».

No se justifica que un préstamo, por más blando que sea, y más favorable, sea la solución, aquí hay “gato encerrado”, dice la comunicación.

«No es posible que un organismo internacional, decida otorgar un crédito, si no hay garantía que lo respalde», agrega.

«Pensamos que el apalancamiento con el FMI y otros organismos internacionales promueve en poco tiempo un pago con activos, quizás en esa lista esté FANAL, el ICE, la intermediación de RECOPE, JAPDEVA, AYA, ferrocarriles y otras».

«Ya esto se está debatiendo mucho en redes sociales, y el pueblo trabajador está cansado de tanto abuso y actos que en nada contribuyen con el bienestar nacional de todos sus habitantes, porque parece ser buscan el bienestar nacional de los poderosos y mientras el pueblo a la deriva».

«Y mientras tanto, ¿que va a hacer usted?, ¿va a seguir aislado, sin organización que lo represente?, pregunta la organización sindical del Ministerio de Hacienda y el Sistema Aduanero Nacional.

«SITRAHSAN, promoverá con su aporte el diálogo de la mesa social y seremos su interlocutor. APOYENOS TRABAJO A REGLAMENTO».

«Esperamos de todos los funcionarios hacendarios, el respaldo y respuesta como un punto fundamental en la mesa del diálogo social, promovido por las Centrales Sindicales», concluye el comunicado.

Imagen ilustrativa.

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Memorias de la pandemia

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

¿Te gustaría brindar un registro de tus sentimientos, esfuerzos, temores y esperanzas sobre este periodo que nos ha tocado vivir?

El Consejo Editorial de la Universidad Nacional invita a la comunidad nacional a compartir sus memorias de la pandemia del Coronavirus.

Deja para la historia tu vivencia con un cuento, un poema, un material gráfico o una fotografía. La Editorial realizará una publicación colectiva con este material. La fecha máxima de recepción es el 1 de abril al 15 de mayo a las 12:00 horas.

Envíanos la colaboración a través del código QR de la imagen o mediante el enlace: https://forms.gle/6BrDwRp6AHPuigqt6

Revisa las condiciones generales de participación a través del siguiente link: https://www.euna.una.ac.cr/index.php/EUNA/memorias_de_la_pandemia

 

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