El Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita a participar del conversatorio “Las políticas públicas para la Economía Social Solidaria” el próximo 03 de febrero a la 1:00 pm con los siguientes invitados:
– Luis Diego Aguilar Monge, viceministro de Economía Social Solidaria, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. – Marvin Rodríguez Vargas, Secretario Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria. – Carlos Brenes Castillo, Presidente del Consejo de Administración COOPEJOVO.
SURCOS comparte el siguiente comunicado del Foro de Mujeres del Instituto Nacional de la Mujer:
Foro de Mujeres del INAMU
Al Presidente Carlos Alvarado
A la Junta Directiva del INAMU
A la opinión pública
Ante la urgencia de resguardar la institución rectora en materia de políticas públicas para las mujeres
El Foro de Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, integrado por 33 organizaciones de mujeres y mixtas hace un llamado respetuoso al Señor Presidente de la República y a la Junta Directiva del INAMU a garantizar las condiciones institucionales y financieras de una institución hoy más que nunca llamada a defender los derechos humanos de las mujeres costarricenses.
Es de conocimiento público el aumento de los femicidios ocurridos durante este año, así cómo el ensañamiento de los agresores sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres asesinadas por razones de género.
Por otra parte las mujeres costarricenses somos el sector de la población más golpeado por la pandemia del Coronavirus, lo que ha implicado un aumento muy grande del desempleo y subempleo de las mujeres, siendo las mujeres el sector más golpeado de la fuerza laboral del país. Asimismo, las mujeres hemos subsidiado la pandemia del Coronavirus con un aumento exponencial de la carga global de trabajo, que ha hecho recaer sobre nuestras espaldas una demanda aumentada de trabajo para cuidar a las personas enfermas y sanas, así cómo en las actividades de prevención de los contagios. A lo que se suma el desplazamiento de las actividades de la educación formal hacia la esfera doméstica y familiar. Lo que ha recaído también mayoritariamente sobre la espalda de las mujeres.
En estas condiciones, el Foro de Mujeres del INAMU,
Solicita respetuosamente al Señor Presidente de la República garantizar que la persona nombrada cómo nueva Presidenta Ejecutiva del INAMU tenga atestados políticos y técnicos y de trabajo en el campo de los derechos humanos de las mujeres; cuente con una trayectoria personal y una sensibilidad demostrada hacia las necesidades y demandas de las mujeres. En particular de las mujeres pobres y empobrecidas de nuestro país. Y tenga posibilidades de contar con un equipo técnico de apoyo con conocimiento de la Administración Pública.
Solicita respetuosamente al Señor Presidente, desistir de sus excitativas a la Junta Directiva del INAMU, para que fondos del presupuesto institucional que no se han podido ejecutar en este período fiscal sean trasladados a otras instituciones del sector social, con fines asistenciales o a las arcas del Estado.
Comunica al Señor Presidente de la República su oposición a que el país realice gestiones ante el Fondo Monetario Internacional cómo medida para atender la difícil situación fiscal del país. Lamenta que se haya desistido de demandar contribuciones solidarias y justas a los sectores económicos y empresariales que se han enriquecido a costa del crecimiento de la desigualdad y la pobreza en el país.
Insta a la Junta Directiva del INAMU a asumir un papel responsable en el resguardo de los recursos financieros institucionales, de manera que en estricto apego al ordenamiento jurídico, se puedan crear reservas que permitan disponer de dichos recursos para fortalecer las capacidades productivas de las mujeres, tanto en lo individual cómo en lo colectivo. Así cómo a desarrollar la autonomía económica de las mujeres tanto a nivel individual cómo colectivo. En el entendido de que las tareas asistenciales son responsabilidad de otras instituciones cómo el IMAS.
Demanda a la Junta Directiva del INAMU tomar medidas para subsanar los yerros y dificultades para la asignación total de los recursos de la reciente convocatoria de FOMUJERES, tomando medidas para que dichos recursos se resguarden para las mujeres que en tiempo y forma presentaron su proyecto en el periodo 2020 y fueron evaluadas como en derecho correspondía. Asimismo demanda que se garantice la debida información y rendición de cuentas sobre las condiciones que hicieron inviable la convocatoria de dicho fondo, realizada en el contexto de la pandemia y que se sienten las responsabilidades administrativas correspondientes.
Por otra parte, demanda respetar las propuestas y acuerdos de Mesa de Diálogo entre las organizaciones de mujeres y feministas y el INAMU realizada durante este año, en el sentido de salvaguardar los recursos para una nueva convocatoria de FOMUJERES en el año 2021.
Llama a las organizaciones de mujeres y feministas a mantener una actitud vigilante de defensa de la institucionalidad pública que protege los derechos humanos de las mujeres. En particular del INAMU como rector de las políticas públicas para las mujeres y mecanismo nacional para el logro de la igualdad y equidad de género.
San José, 9 de diciembre de 2020
Por una institucionalidad pública capaz de defender los derechos humanos de las mujeres
Con la jornada “Estado social y políticas públicas” se dio por concluidas las 4 jornadas programas durante el mes de octubre del seminario “Crisis de la democracia en los tiempos del COVID-19. Crítica y propuesta”, que inició el miércoles 7 de octubre.
Esta jornada estuvo compuesta por tres ponencias elaboradas por investigadoras e investigadores del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), las cuales abordaron las temáticas de seguridad social, convivencia urbana y sistemas de cuido. Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Luis Paulino Vargas Solís, director del CICDE, y de Paulo Coto Murillo, investigador del centro y moderador de la actividad.
Vargas Solís, acotó la importancia de la realización de estas cuatro jornadas ya que permite mostrar al público parte del trabajo que se ha venido de realizando a través de los años desde el CICDE, asimismo hacer una rendición de cuentas a la sociedad por los recursos brindados al centro. Por parte de Coto Murillo hizo un repaso de las tres anteriores sesiones y recalcó la importancia de los tres temas de las ponencias en esta sesión.
La exposición inicial estuvo a cargo del investigador Andrej Badilla Solano, titulada “Renta básica universal en Costa Rica: un barco en el que cabemos todos”, en la que el investigador inicia su exposición haciendo una comparación entre la exploración espacial como un de los logros de nuestra era y la renta básica universal. La metáfora utilizada por el investigador señala argumentos comunes como: el alto costo asociado de un ideal utópico y sin embargo hoy son el ejemplo de dos actividades humanas a nuestro alcance, explicó Badilla Solano.
La renta básica universal (RBU) corresponde a una transferencia de dinero que el Estado realiza hacia una población, una especie de dividendo ciudadano de la riqueza socialmente construida, que no depende la condición laboral o nivel de ingresos de la población beneficiaria, en este sentido la renta básica universal tiene como características principales que es individual, regular, suficiente, permanente, incondicional y universal. El investigador señala además el rol que tendría la RBU en la lucha contra la pobreza extrema y la desigualdad. Por otra parte, si bien el autor señala posibles fuentes de financiamiento, es enfático al señalar que hace falta investigación experimental para poder determinar las formas más eficientes para su puesta en práctica.
Las investigadoras Natalia Dobles Trejos y Marcela Pérez Rodríguez presentaron el trabajo “Una aproximación al cuido en tiempos de COVID-19: una mirada desde adentro”, la cual estuvo divido en dos partes.
En la primera parte Dobles Tejos trató el tema de la situación de la mujer, la maternidad, cuidado y como la pandemia del COVID-19 vino a profundizar la violencia estructural sobre el cuerpo de las mujeres. “En el caso de Costa Rica con la pandemia se profundiza mucho la situación de recargo de las tareas domésticas en el caso de las mujeres, dedicando un aproximado de 35.49 horas por semana a las tareas domésticas más el trabajo, a las que se dedican al teletrabajo o trabajo fuera del hogar, y los hombres solo representan un 13.42 horas, con relación al trabajo de las mujeres”.
Además, la investigadora plantea que debe haber una educación en el tema del cuido y así esa tarea será más equilibrada para las mujeres. En el caso de reeducar en «corresponsabilidad social» para tener más equilibrio en las tareas de cuidados y también mencionar que el concepto de cuidados es un concepto político en el cual se llevan a cabo relaciones de poder y una separación marcada entre lo público y privado, sobre todo desde la concepción neoliberal que promueve el individualismo. Al mismo tiempo, este concepto debe ser universal a toda la sociedad, ya que cambiar hacia una visión más democrática de los cuidados permite equilibrar las relaciones sociales y económicas dentro de las democracias porque todo es un tejido social, el cual está entretejido entre las relaciones de cuidados porque somos interdependientes.
Marcela Pérez Rodríguez enfatizó su exposición en las personas adultas mayores, derechos humanos y acceso a cuidados, aprovechando que octubre es el mes de las personas adultas. Indicó que las personas adultas mayores son una responsabilidad de todos y todas y que esta población va en aumento rápidamente, según como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se proyecta que para el 2050 existan 1 262 253 personas adultas mayores.
También explicó que la pandemia del COVID-19 ha afectado en mayor parte a esta población: “El 12 de agosto del 2020, mediante un comunicado de prensa el Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud, informó que el 66.3 % de las personas fallecidas por esta enfermedad corresponden a este grupo etario. Éste presenta una tasa de letalidad del 12.1%, calculado con el porcentaje de las personas fallecidas afectadas por el virus.” Además, expresó que en Costa Rica se ha avanzado en el fortalecimiento del cuidado de esta población. Por ejemplo, en junio del presente año se aprobó la ley 9857 en la que se penaliza el abandono de las personas adultas mayores. Según CONAPAM, a junio del presente año se habían registrado 537denuncias relacionadas violencia psicológica, patrimonial y violencia física. En este momento, el Estado social no puede cubrir todas demandas específicas de las personas adultas mayores, de ahí la importancia de reconocer los tejidos, a veces invisibles del cuidado. Esto permitiría reducir las cargas de las personas cuidadoras (la mayoría mujeres) y fortalecer las políticas sociales.
El distanciamiento social, es parte de la trama del cuidado, son estrategias de protección y prevención ante el contagio de virus COVID-19, pero, esta medida agudiza los problemas de salud mental como es la percepción de soledad, depresión y desvinculación de las redes de apoyo formales e informales.
Pérez propone que estas políticas de cuidado, tendrían que formularse con una visión ética y, de solidaridad intergeneracional. La solidaridad intergeneracional no se puede visualizar desde una perspectiva dualista, competitiva, personas jóvenes-adultos mayores, sino comprende todos los grupos etarios, todas las personas diversas, sujetas de derecho, que conviven y están vinculadas por diferentes circunstancias, sean éstas, redes de apoyo formales e informales. Las redes de cuidado no solo hay que visualizarlas como soporte social para aquellas personas adultas mayores con situación de dependencia crítica, sino también, tendrían que estar dirigidas a personas sanas con edades avanzadas que aportan y contribuyen a la sociedad como personas activas y con derechos.
El cierre de las exposiciones fue con el investigador Julio Solís Moreira y la exposición titulada “Desventajas sociales y segregación territorial en el Área Metropolitana de San José (AMSJ). Sus efectos en la participación ciudadana.”
Mediante la utilización de diferentes mapas y gráficos, Solís Moreira abordó de forma puntual los cambios que se han dado desde 1960 en la distribución urbana y la población rural, y como en 1990 pasamos a ser una sociedad urbana. En este contexto, el investigador expuso como se fue dando un crecimiento de la ciudad mediante ensanches y ampliación en términos de densidad y edificación urbana.
Asimismo, señaló como el COVID-19 vino demostrar y poner en evidencia las zonas de vulnerabilidad y desigual social, debido a que es en esas zonas donde se encuentran los mayores focos de contagios del virus, donde hay mayor hacinamiento y segregación socio-habitacional.
El acto de clausura será el jueves 19 de noviembre, a las 2 p.m., con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”, en la cual contará con la participación de Ricardo Sáenz de Tejeda, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ana Lucia Álvarez Vijil, de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, y Álvaro Artiga González, Universidad Centroamericana de El Salvador.
El estallido que estamos viviendo es una respuesta desesperada de una ciudadanía que ha visto cómo se le han venido violentando sus derechos sociales: empleo decente, vivienda digna, salarios justos, educación pública de calidad, atención en salud oportuna, etc.
Por lo tanto, la agenda de un verdadero diálogo intersectorial amplio y transparente debería colocar en primer lugar esas demandas y desafíos humanos y sociales. La atención al problema fiscal y a la reactivación económica tiene que estar orientado a encarar este desafío. De no ser así prevalecería el sesgo economicista que nos tiene atascados en este lodazal.
Este sesgo puede percibirse en las propuestas que solo se han dedicado a considerar ajustes económicos y financieros, dando por descontado que con ellos automáticamente se atienden a las demandas sociales.
El Dr. Jorge Arturo Chaves del Centro Dominico de Investigaciones (CEDI) apela a la búsqueda de una concepción integradora para construir, de manera dialogal, políticas públicas en donde “lo éticamente deseable, sea técnicamente posible y políticamente viable”: “La inserción de la racionalidad económica dentro de la racionalidad humana; la consiguiente articulación de lo político en la sociedad y en la comunidad; la integración de esta economía política en el ecosistema; la renuncia a la pretensión “imperial” de la economía y la apertura al trabajo interdisciplinar”[1].
En este enfoque ético-social de las políticas públicas, interpretamos nosotros, no se parte de lo estrictamente económico sino de lo “éticamente deseable”, del desafío humano-social fundamental para adecuar las medidas o políticas a ese desafío.
Ya algunos analistas han comentado que la propuesta gubernamental ponía la carreta delante de los bueyes. Es decir, primero la negociación con el FMI y después la reactivación económica y el desempleo. Lo que planteamos recoge algo de esta idea, pero señala que no se trata tampoco de pensar solamente en reactivación económica perse, sino en la reactivación social. O sea, atender prioritariamente a la calamidad social en que se encuentran viviendo las mayorías de este país, que ya está tocando los límites de lo humanamente soportable.
Así como la pandemia es una enfermedad biosocial, donde es insuficiente una respuesta sanitaria sin considerar el contexto de vulnerabilidad de los sectores más afectados, una reactivación económica sin considerar ese contexto es también insuficiente. El virus del Covid19 al igual que el dengue también crece y se reproduce en los charcos de pobreza.
Hoy requerimos una respuesta integradora y acorde con un contexto que exige elevar los niveles de calidad y competitividad colaborativa en los diferentes campos. Por ejemplo en educación, no podemos tener alcance social sustantivo si no modernizamos el sistema con base tecnológica y acceso gratuito a internet en la educación pública. Asimismo, en salud tenemos que fortalecer la base científico-tecnológica para generar conocimiento y mejores respuestas preventivas y de tratamiento.
De ahí que la apuesta sigue siendo el fortalecimiento de la institucionalidad social pública y no su debilitamiento, como algunos pretenden.
El contexto actual se asemeja a los años 1930 y 1940, donde se vivieron las consecuencias de una profunda depresión económica mundial y fueron años de gran agitación social. La respuesta fue una Reforma que atendió a las demandas de mejores condiciones laborales, de salud y educación para la clase trabajadora.
El desafío de hoy es muy similar. Por eso necesitamos una Segunda Reforma Social, que también tendrá que ser económica, pero no cualquier “reactivación económica”. Ya hemos tenido reactivación económica sin reactivación social. No recetemos más de lo mismo.
[1] Chaves, Jorge A. (1999) De la utopía a la política económica. Para una ética de las políticas económicas. Salamanca, Editorial Sam Esteban, pp. 236-237. El destacado es del autor.
La celebración del bicentenario de la independencia acontece en Costa Rica en el marco de una situación crítica de carácter multidimensional. La pandemia del Covid-19, que despuntó en el país en marzo de 2020, aún estará presente para el año 2021. Las repercusiones de la situación provocada por la crisis sanitaria y el tiempo que tardará en ser superada son todavía inciertas. La única certeza posible que de momento se puede tener es la de que la sociedad costarricense habrá sido afectada por una coyuntura de crisis cuyos alcances no se reducen a la cantidad de muertes provocada por el virus ni a los costos económicos que la batalla por el control de la pandemia haya representado para el sistema de salud y para el país en general.
Las afectaciones de la pandemia Covid-19 son múltiples en diversos sentidos: económicos, sociales, políticos, culturales y, desde luego, educativos. En lo económico, tras medio año de crisis sanitaria que se cumple al mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo en el país prácticamente se duplicó con respecto a la que se tenía a inicios de año: de 12,5% que registraba al primer trimestre de 2020, dicha tasa pasó a 24,4% para el segundo trimestre. Este incremento del desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, las cuales, en el período de referencia, registran una tasa de 30,4%, lo que significa una diferencia negativa de 10,4% con respecto al desempleo de los hombres, que es de 20%. (INEC, 2020).
El subempleo, por su parte, alcanzó un incremento de 10,3% entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020. Las proporciones de distribución entre mujeres y hombres son de 20,5% para ellas y de 20,6% para ellos. La pandemia ha significado pérdida del empleo sin posibilidad de reintegro, reducciones de la jornada laboral y de los ingresos para un sector de quienes aún conservan el empleo, así como cancelación parcial o total de operaciones para sectores que se dedican al trabajo independiente o por cuenta propia y para pequeños negocios de servicios. Estos últimos registran con una afectación del 68,5%. (INEC, 2020).
Si se tiene en cuenta que, para el año 2019, se tenía en Costa Rica una tasa de pobreza del orden del 25,70%, los datos anteriores colocan al país en una deriva hacia la pobreza y la pobreza extrema que abarcará a muchos otros hogares más, los cuales quedarán sin perspectivas de poder salir de dicha condición ni siquiera en el mediano plazo. La situación se agrava aún más, al tener en consideración que, entre los hogares en condición de pobreza, el 48,4% de ellos tiene una jefatura femenina y son familias con más integrantes de lo que son los hogares no pobres. (INEC, 2019). Esta es una situación que erosiona las bases de la democracia y que coloca a la sociedad costarricense a las puertas de una desintegración social de alcances muy peligrosos para la estabilidad del bienestar común y para la convivencia social.
En lo que a la educación corresponde, el impacto de la pandemia también deriva en la configuración de una situación compleja y crítica para un amplio sector de la población estudiantil del país. Una vez iniciada la crisis sanitaria, las autoridades del sistema educativo dispusieron establecer la modalidad de educación virtual, en un contexto de realidad nacional en el que las desigualdades sociales y los niveles de pobreza confabulan en perjuicio de una proporción significativa de la población estudiantil. A finales de mayo de este año, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informaba acerca de la existencia de una cuarta parte del estudiantado nacional que no contaba con acceso al servicio de internet para atender la educación virtual. (Ruiz, 2020).
En este aspecto, es bien probable que, al finalizar el curso lectivo de 2020, la proporción de estudiantes que, tanto por la afectación económica que ha habido en sus hogares y a título personal, la pérdida de capacidad adquisitiva para pagar servicios telefónicos y de internet, lo mismo que por la inexistencia de cobertura de la conectividad, hayan debido abandonar los estudios y, con ello, quedar en una complicada situación de rezago. Pérdida de oportunidades para estas personas y pérdida de capacidades para el país y para la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, más allá de la coyuntura de crisis que ha traído la pandemia, todas estas situaciones de inequidad, exclusión, desigualdad social, pobreza y pobreza extrema, son resultado del modelo socioeconómico establecido en el país desde hace cuatro décadas. La crisis de la pandemia solo ha venido a ponerlas a plena luz del día y a ampliarlas y profundizarlas. Se trata de una situación, no ya de crisis coyuntural, sino estructural y sistémica. Crisis que colocan al país y a la sociedad en una encrucijada de toma de decisiones urgentes e impostergables, a nivel de las políticas públicas y en las dimensiones económica, social, política, institucional, cultural, educativa.
¿Qué tipo de país tendrá que seguir siendo Costa Rica de aquí en adelante? ¿Se podrá dejar atrás cuatro décadas de un modelo socioeconómico que ha profundizado la inequidad, la exclusión, la desigualdad y la injusticia social? ¿Podrá servir la celebración del bicentenario de la independencia para hacer un esfuerzo nacional por regresar a los principios y a la salvaguarda de la institucionalidad de la democracia, tal como quedó establecido en la Constitución Política de 1949?
En vísperas de la celebración del bicentenario de la independencia, bajo el agobio que representa la crisis múltiple de la pandemia (crisis económica, social, institucional, cultural), la sociedad costarricense hoy se enfrenta al imperativo y a la necesidad de proceder a realizar una refundación del país. Una refundación en la que se tenga como eje central generar condiciones de vida digna y de bienestar social para todas las personas y para los distintos sectores sociales que conforman la sociedad.
Referencias bibliográficas
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Encuesta nacional de hogares julio 2019: resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenaho2019.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta continua de empleo al segundo trimestre de 2020. Resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiit2020.pdf
Ruiz, Paula. (2020). MEP detecta 250 mil estudiantes sin acceso a internet para recibir educación virtual. El Observador, 27 de mayo de 2020. Recuperado de: https://observador.cr/noticia/mep-detecta-250-mil-estudiantes-sin-acceso-internet-
[1] Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica, 14 de septiembre de 2020.
El miércoles 15 de abril se realizó un Conversatorio virtual co-organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y la Asociación Internacional de Sociología (ISA).
En dos horas de duración, se sumaron dos centenares de personas conectadas desde América Latina, el Caribe y varios países de Europa. Entre otros, participaron Breno Bringel por ALAS, Geoffrey Pleyers por ISA y Pablo Vommaro en representación de CLACSO, en lo que fue planteado como un espacio de encuentro, intercambio, debate y reflexión acerca de algunas dimensiones no suficientemente abordadas sobre la pandemia del COVID-19.
Abrió el debate del conversatorio “Disputas por lo público y lo común” Pablo Vommaro, llamando a pensar lo público “en un sentido amplio. Sin dudas que esta pandemia y las políticas públicas implementadas ponen en tensión y debate qué significa una política pública, su rol y la capacidad del Estado de intervenir y de modular la vida económica, la vida política, la vida social, pero también visibiliza fuertemente el rol societal, el rol de las comunidades, el lugar de los barrios populares, de los territorios, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los vínculos interpersonales, plantearse qué sucede con los espacios públicos…”
A su vez, el antropólogo colombiano y profesor Arturo Escobar convocó a “una reflexión colectiva que nos ayude a liberarnos de una forma dominante de pensar y de vivir”. Se preguntó cómo hemos llegado a esta situación y cómo seguiremos adelante. Al respecto, planteó que es imaginable que después de la pandemia surgirá un mundo diferente. “¿Cómo podemos contribuir desde ahora a crear este mundo?”, se preguntó, y propuso que “parte de la lucha por lo común y lo público en América latina es construir narrativas de otras formas de vivir y de otros futuros posibles, y tenerlas listas para –cuando la oportunidad se dé– estar aprovechándolas con los colectivos y colectivas con los que trabajamos”.
Para la socióloga costarricense Montserrat Sagot, esta crisis nos permite ver lo mejor y lo peor de los tiempos. “Esta crisis, que no es una crisis sanitaria y más bien tiene la potencialidad de convertirse en una crisis civilizatoria, nos permite ver lo que yo llamo la fase asesina del capitalismo. Esa fase siempre ha estado presente, es una de las características del capitalismo, pero es muy diferente cuando los muertos son migrantes africanos en el Mediterráneo, o personas de Centroamérica” en su peregrinar hacia los Estados Unidos, que “cuando se llena de cadáveres una pista de hielo en Madrid o salen 40 camiones militares con muertos desde Bérgamo, o se abre una fosa común en un parque de Nueva York. Esta fase asesina nos ha permitido incluso una redefinición de lo que han sido espacios públicos para el placer, para el divertimento, convertidos ahora en campos sembrados de cuerpos”. Y, en cuanto a la coyuntura, aseguró: “No estoy en contra de las prácticas de distanciamiento social en este momento de crisis mundial, pero sí tiene que haber una renta social para todas las personas, un rol del Estado en políticas redistributivas”.
También participaron del Conversatorio el sociólogo brasileño Paulo Henrique Martins, la profesora chilena Kathya Araujo y la socióloga argentina-alemana Paula Irene Villa Braslavsky.
SURCOS comparte este documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que aporta elementos claves para la atención de la pandemia con una mirada desde la realidad de las mujeres.
Los impactos económicos del covid-19 y las desigualdades de género. Recomendaciones y lineamientos de políticas públicas
El COVID-19 requiere respuestas urgentes. Y a medida que la pandemia se propaga, el mundo requiere respuestas coordinadas e integrales de salud, cuidados y otras medidas que mitiguen los impactos sociales y económicos de la crisis sanitaria. Son las mujeres las que se encuentran masivamente en la primera línea de acción, en los centros salud, en los servicios, en las comunidades y en los hogares. Las mujeres están desempeñando un papel clave para garantizar el bienestar, el cuidado y la resiliencia de las personas y grupos afectados, personas adultas mayores, niñas y niños y sus familias. Las consecuencias socioeconómicas serán de gran alcance y eventualmente profundizarán las desigualdades existentes, incluidas las desigualdades de género.
El PNUD ha establecido tres líneas de oferta de apoyo a los países:
• Oferta N°1: Respuesta del sistema de salud, incluyendo el fortalecimiento de las compras y la cadena de suministro. • Oferta N°2: Gestión de crisis inclusiva e integrada. • Oferta N°3: Impacto social y económico: valoración y respuesta.
Esta nota técnica busca garantizar la integración de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las tres líneas de oferta y brindar lineamientos y recomendaciones a las Oficinas de País del PNUD y a los países de la región. Se pretende contribuir a la implementación de políticas de respuesta a la emergencia del COVID-19 que sean género responsivas, con el objetivo último de no dejar a nadie atrás. No obstante, se profundizará más detalladamente en la Oferta N°3 dirigida a abordar los impactos socioeconómicos y de derechos humanos en los países.
Las duras medidas tomadas en respuesta a la crisis sanitaria, económica y social que vive el mundo en torno a la pandemia del COVID-19, que van desde el aislamiento preventivo obligatorio, las restricciones a la entrada a personas extranjeras en cientos de países, los cierres de fronteras aéreas, terrestres y fluviales, el confinamiento de ciudades o regiones enteras, el cierre del comercio y cese de actividades comerciales formales e informales suponen una dura disrupción de la cotidianidad de las personas y del tejido económico, productivo y afectando de manera directa a las relaciones sociales pre-existentes.
El documento completo lo puede descargar en el siguiente enlace:
La Red Economía Social Solidaria de Costa Rica, RedESS, comunica públicamente su profundo descontento con las actuaciones del Gobierno de Alvarado Quesada de negar la participación e información en relación al procedimiento de elaboración de políticas públicas y acciones de la institucionalidad pública dirigidas a atender la Economía Social Solidaria.
Somos la primera red y la principal con representación nacional, con más de cinco años de abordar el trabajo de articular con organizaciones asociativas, colectivos en los territorios y elaborar propuestas de política pública en favor del sector que representamos, un historial de participación activa en foros y mesas de trabajo con instituciones públicas; somos una organización reconocida en nuestro país por las organizaciones sociales, instituciones públicas, universidades, organizaciones internacionales, fundaciones de cooperación internacional, así como por los diversos movimientos nacionales de América Latina y el Caribe como miembros de Red Intercontinental de Promoción de la Economía social solidaria en América Latina (RIPESS-LAC).
La situación. Con respecto a la actuación del Gobierno de Costa Rica no hace más que demostrar el temor, por parte de los que ejercen el poder público, a la asociatividad critica, a dialogar, realizando convocatorias limitadas que excluyen de los debates en torno al elaboración de políticas públicas para la economía social solidaria, impidiendo el ejercicio participativo multisectorial y la construcción democrática de acuerdos nacionales que afectan los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y sus organizaciones asociativas.
En concreto hemos buscado acercamientos y realizado consultas con el Consejo de Economía Social Solidaria a cargo de la segunda vicepresidencia de la República, hemos consultado el proceso de conformación del consejo, las vías de participación, acceso a la información de los temas discutidos y acciones emprendidas, y no hemos obtenido una respuesta clara. Nos preocupa que la construcción de políticas públicas para la ESS así como la mencionada Política Nacional de Economía Social Solidaria se haga de manera cerrada, clientelista y excluyendo la diversidad de voces de la sociedad civil que trabajan desde la economía solidaria.
No aceptamos que funcionarios públicos con su accionar impidan la participación ciudadana de las organizaciones, ni el acceso y participación en los procesos de consulta.
Exigimos que el gobierno de Costa Rica sea transparente en sus actuaciones en relación al sector de la ESS nacional, cumplimento con lo establecido en la legislación nacional en lo referente a la participación ciudadana, deberes de funcionarios públicos e información pública accesible, como prácticas de obligación establecidas en la legislación y derechos de los ciudadanos de ejercer una democracia participativa, cumplir con los compromisos políticos de las autoridades públicas, para dar seguimiento a las propuestas de la sociedad civil y la rendición de cuentas.
Este 21 de junio se estará realizando con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert -Hotel Aurola, el taller: El futuro de la Economía Social y Solidaria – balance e incidencia en políticas públicas, un trabajo de investigación elaborado por el compañero Óscar Segura Castro.
El taller se va a centrar en el levantamiento de las principales políticas públicas que deberían funcionar en servicio del sector de la ESS-CR, un levantamiento de los principales problemas que afronta las organizaciones para el desarrollo de su actividades, para proponer las ideas e iniciativas de atención inmediata y los enfoques o lineamientos a modo de mandatos en políticas públicas y de Estado para fortalecer la ESS-CR.
En la voz de actores académicos, civiles e institucionales, esta mesa redonda hace un balance sobre los diferentes momentos del conflicto minero conocido como «Crucitas», y adelanta algunas políticas públicas que asumirá el gobierno de Carlos Alvarado durante el periodo 2018-2022.
