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Etiqueta: precarización

La crisis del Covid en Costa Rica: una reflexión desde la geografía crítica

José Antonio Mora Calderón
Alberto Gutiérrez Arguedas

El presente documento es resultado de las reflexiones expuestas en el Foro “La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19”, realizado el 10 de junio de 2020, en el marco del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (GT-PGCL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como tal, el texto está estructurado en forma de una secuencia de ideas, a partir de las tres cuestiones/interrogantes que fueron levantadas en dicho Foro: (1) ¿Cómo ha sido la respuesta de cada gobierno? (2) ¿Cuál es el contexto político y las presiones económicas que enfrenta cada gobierno y cómo se complejiza en esta coyuntura? y (3) ¿De qué forma la geografía en general y la geografía crítica en particular contribuye o puede contribuir a enfrentar esta crisis?

  • 1) Respuesta del gobierno/Estado costarricense
  • Desde el punto de vista meramente técnico-epidemiológico, la respuesta del Estado y la sociedad costarricense para contener la pandemia del Covid ha sido bastante eficaz y satisfactoria. Los números así lo revelan: 1.375 personas infectadas y 11 personas fallecidas -al 9 de junio-. Un dato revelador es el hecho que han muerto casi el doble de costarricenses en Estados Unidos (20), que dentro del territorio nacional. No obstante, en la última semana (1-7 junio) se ha visto un aumento inusitado de los casos, localizados principalmente en la Zona Norte, asociado a los enclaves agroexportadores. Vale aclarar: a pesar de que los números son en apariencia “buenos”, no queremos ser fríos y restar importancia a esta situación, pues la misma ha provocado sufrimiento a cada una de esas personas afectadas y sus familias.
  • Las medidas tomadas por el gobierno, y especialmente ordenadas desde el Ministerio de Salud, han buscado aminorar la cantidad de casos, evitar el llamado contagio comunitario, y al mismo tiempo desacelerar la velocidad de propagación del virus, con el fin de que el sistema de salud no colapse. Estas medidas han sido el teletrabajo en el sector público, cierre de escuelas, colegios y universidades públicas trasladando la educación a una modalidad virtual, la cuarentena voluntaria, así como la obligatoria para las personas que han venido del extranjero durante el estado de emergencia, el cierre de playas, parques nacionales y parques urbanos y metropolitanos, cierre de bares y espacios de confinamiento como teatros y cines, restricción vehicular y partes sanitarios, y otros.
  • Otro aspecto a destacar en esta coyuntura es la propuesta realizada por el gobierno de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud -OMS-, para crear un repositorio de acceso público en donde se faciliten conocimientos y tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del Covid. Si bien es una iniciativa admirable, el peso político que esta puede tener es bastante limitado, tomando en cuenta el papel de las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo.
  • El principal factor que explica este “éxito” es la existencia de un sistema público de seguridad social aún bastante sólido y funcional, a pesar del debilitamiento que ha sufrido durante cuatro décadas de neoliberalismo, lo cual demuestra su enorme resiliencia. Han tenido un papel protagónico, en primer lugar, la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- y el Ministerio de Salud, pero también, todo un conjunto de instituciones públicas solidarias (Instituto Costarricense de Electricidad -ICE-, universidades públicas, Fábrica Nacional de Licores -FANAL, encargada de la producción de alcohol en gel-, Consejo Nacional de Producción -CNP-, entre otros).
  • En ese sentido, uno de los aprendizajes y lecciones más claros que nos deja esta crisis es la importancia de defender las instituciones públicas, las cuales han sido víctimas de hostigamiento y de un ataque fraudulento y sistemático por parte de los grupos de poder político-económico, que abogan por su privatización. Todas las instituciones mencionadas anteriormente sufren graves desequilibrios financieros, así como un deterioro de su imagen en la opinión pública.
  • 2) Contexto político y presiones económicas
  • La crisis sanitaria del Covid ocurre en un momento de profundización del modelo neoliberal en Costa Rica. A diferencia de otros países de la región, en Costa Rica el proceso de neoliberalización no se ha caracterizado por “políticas de shock”, sino por una implementación gradual y progresiva durante casi 40 años, con algunas fases de aceleración, como la que vivimos actualmente. Otros ejemplos pueden ser los tres Programas de Ajuste Estructural (1985, 1989 y 1995), así como la firma del TLC con Estados Unidos (2008).
  • Como antecedente político más inmediato, tenemos la aprobación de una reforma fiscal de clara vocación regresiva, en 2018. Dicha reforma fue impuesta por el gobierno actual de forma vertical y autoritaria, a pesar de la masiva oposición por parte de diferentes sectores sociales. Entre algunas de sus medidas más cuestionables está la regla fiscal (que abre las puertas a recortar e inclusive cerrar instituciones públicas) y el Impuesto al Valor Agregado -IVA- (que recarga sobre la base social el mayor peso de la recaudación fiscal), al mismo tiempo que perpetúa privilegios fiscales sobre grandes capitales y no corrige los graves problemas de evasión y elusión.
  • Por detrás del “éxito” en la contención de la pandemia, se esconde un escenario social y económico muy preocupante, el cual se ha visto agravado y profundizado por esta crisis. Costa Rica ya está dentro de los diez países con mayor desigualdad en el mundo (el 20% más rico percibe 13 veces más ingresos que el 20% más pobre); el desempleo ha alcanzado uno de sus máximos históricos (12,5%) y apunta a seguir creciendo; hay una precarización económica y laboral acelerada (47,1% de la población económicamente activa en el sector informal), retroceso en derechos laborales; así como profundas asimetrías territoriales y regionales.
  • Los impactos económicos suscitados por el Covid han recaído mayoritariamente sobre aquellos sectores que ya, de por sí, estaban precarizados: pequeños productores y comerciantes, trabajadorxs informales, trabajadorxs del sector privado (el turismo sufrió un fuerte golpe), mujeres, jóvenes, entre otros. Cada vez más, importantes segmentos de la población enfrentan grandes dificultades y angustias para satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vivienda, trabajo y acceso a servicios. En muchas comunidades, rurales y urbanas, el hambre toca la puerta (encuesta reciente revela que una de cada tres personas se ha visto en la necesidad de disminuir tiempos de comidas).
  • Al mismo tiempo en que destacamos la importancia del Estado Social y las institucionalidad pública, criticamos el abandono histórico y sistemático que ha sufrido un conjunto de grupos sociales subalternos, por parte de ese mismo Estado. Campesinxs, pescadorxs, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante y refugiada, entre otras, han sido víctimas de exclusión y violencia estructural por décadas, y hoy, son algunos de los grupos en condición más vulnerable frente a la pandemia. El reciente brote de Covid en los enclaves agroexportadores -cuya mano de obra es mayoritariamente migrante- es clara muestra de ello.
  • Es precisamente a partir de estos grupos en condición de subalternidad que vemos algunas de las estrategias y alternativas más interesantes para encontrar salidas a la crisis social, económica y política del Covid. Frente al abandono y exclusión histórica, agravada en la coyuntura actual, se fortalecen los vínculos de solidaridad y reciprocidad, el autocuidado comunitario, muchas veces al margen del Estado, e inclusive, del mercado. Las comunidades fortalecen sus vínculos con el territorio, en busca de garantizar la reproducción de la vida.
  • En la coyuntura actual, el gobierno -y el Estado en general- se ha visto sometido a fuertes presiones por parte de grupos de poder político-económico. Si bien las medidas de contención de la pandemia han sido bastante eficaces, pareciera que hay sectores sobre los cuales el Estado prácticamente no tiene poder de injerencia, como el agronegocio. Las clases dominantes buscan aprovechar el estado de excepción provocado por la crisis del Covid para profundizar aún más el modelo, como quedó evidente en el documento publicado por Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado -UCCAEP- el pasado 5 de junio, titulado “Un pacto por el empleo”, en donde abogan, de manera cínica y autoritaria, por la eliminación y flexibilización de regulaciones laborales, fiscales y ambientales, para “reactivar la economía”.
  • 3) Aporte de la geografía crítica para enfrentar la crisis
  • La geografía crítica puede ayudarnos a visibilizar la centralidad del territorio como parte de la construcción de un modelo de organización societeria alternativo. Ha quedado en evidencia la grave vulnerabilidad de tener una economía tan liberalizada y abierta a los circuitos de acumulación globalizados (por ejemplo, el agronegocio y el turismo), por lo tanto, es un momento oportuno para problematizar este modelo y apostar en otros usos del territorio, buscando una mayor equidad social, autonomía y justicia ambiental, “desde abajo y hacia adentro”. Propuestas como la agroecología y la economía social solidaria toman fuerza y se muestran como horizontes alternativos posibles. La soberanía/autonomía alimentaria es fundamental.
  • No obstante, creemos que a pesar de lo central que se ha vuelto el territorio para comprender y pensar en alternativas, la discusión de pensar la pandemia desde la lógica del territorio de gobernanza (Estado-nación) también puede invitar a fortalecer los nacionalismos, queriendo compararse con otros países. Esto puede llevar a que se pierda la perspectiva crítica en cuanto a la construcción social e histórica de los territorios, las territorialidades y los estados-nación. Pensamos esto porque nos preocupa el aumento del discurso de odio, xenofobia y chauvinismo, que se está dando en Costa Rica, por el aumento de casos en la Zona Norte.
  • Las escalas geográficas han cambiado enormemente a partir de esta pandemia. En este contexto, hablar de conceptos básicos de la Geografía como desplazamientos, distancias y localizaciones se vuelve un enorme reto, principalmente por el aumento del uso a los mecanismos digitales de comunicación. Además de ello, el confinamiento ha implicado desde doble a triples jornadas de trabajo en las mujeres, y esto no se puede naturalizar. La gigantesca ola de desempleo que desató esta pandemia tiene y tendrá repercusiones sociales que aún no logramos imaginar. La violencia y el consumo de alcohol en las casas se ha disparado y en general han cambiado muchísimo las escalas desde donde la gente está produciendo y reproduciendo su vida, en la medida de sus posibilidades. Por todo ello, nos surge la pregunta de cómo será la actual Geografía del Confinamiento en medio de esta pandemia. ¿Cómo podríamos cartografiar más allá de los casos activos por cantón, sino más bien lograr evidencias todas estas otras dinámicas sociales que se han desarrollado?

SINTRAJAP en lucha por defensa del derecho al trabajo

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios, organizó una conferencia de prensa para este lunes 16 de setiembre 2019 en el Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa. A las 2 de la tarde SINTRAJAP espera la presencia de los medios informativos.

Junto a representantes de los seis gobiernos locales de la provincia de Limón darán a conocer los acuerdos tomados en conjunto y las acciones que realizarán conjuntamente, para exigirle al gobierno “el respeto que Limón merece para tomar sus propias decisiones y para que se cumpla con la Ley Orgánica de JAPDEVA, su autonomía, su potestad de imperio como Autoridad Portuaria en el Caribe Costarricense y en su rol como encargada del desarrollo socioeconómico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica”.

El comunicado recibido en SURCOS está firmado por Liroy Pérez Pérez, secretario de Prensa.

Enviado a SURCOS por María Miranda.

El Caballo de Troya y las pensiones en Costa Rica

Álvaro Vega Sánchez,

Sociólogo

El Plan Fiscal como el mítico Caballo de Troya deslumbraba por su grandeza redentora, y ahora resulta que de sus entrañas emerge una soldadesca revestida de proyectos de ley y medidas que tienden a la precarización de los empleados públicos, los pensionados y las pequeñas y medianas empresas, así como a la prohibición de la protesta social… Sale a relucir su verdadero objetivo: arrasar con lo que queda de nuestro Estado Social de Derecho, coartando libertades ciudadanas y derechos adquiridos. Es decir, someter al país a los dictados del capitalismo rupestre y salvaje.

El periódico La Nación, atendiendo a esos dictados –que es su misión histórica–, dedica una de sus “valiosas” páginas a una entrevista al ex superintendente de Chile don Guillermo Larraín. Destaca en el titular su opinión: “privilegios en pensiones, deben limitarse” (La Nación, 05-08-2019, p.16). Y otra de esas páginas de la misma edición la dedica a un artículo de uno de sus ideólogos, don Jorge Woodbridge, titulado “Ajustar privilegios y cumplir la regla fiscal” (¡una feliz coincidencia, querido Sancho!). Sí, así como se oye, al mejor estilo de la vieja pedagogía escolar, a punta de reglazos, tenemos que someternos a la “ley” (¿desde cuándo el ser humano se hizo por causa del sábado?), aunque esta mate la dignidad de las personas. La Nación se ha venido dedicando, un día sí y otro también, a sacar la basurita en ojo ajeno para ocultar la viga en ojo propio, la de los verdaderos privilegios en este país de la “dinastía de los conquistadores” (Samuel Stone).

El señor Larraín viene de Chile que junto con Argentina están entre los primeros países que privatizaron el sistema de pensiones llevándolo al fracaso total, según la OIT en su último Informe (La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina 2000-2018). Al parecer, no lo reconoce. Sin embargo, tratando de corregir el entuerto apuesta por la homogenización de los regímenes y aumentar las cotizaciones de los trabajadores para coadyuvar a los Estados a superar los déficit fiscales crecientes. Una receta mágica, que también están impulsando algunos proyectos de ley en curso en la Asamblea Legislativa (¡caray, otra coincidencia!). Como hemos venido insistiendo, la receta es populista y fiscalista. De Chile y los chilenos hemos recibido valiosos insumos y debemos estar muy agradecidos. Pero en esta materia, y en la línea que recomienda el señor Larraín, no, y también muchas gracias.

El tope que se fijó de 1.5 millones –más tarde de 1.6– en el Régimen del IVM de la Caja es anacrónico y desfasado. Por esa razón, muchos profesionales del sector público prácticamente no se jubilan o lo hacen a edades muy avanzadas, cerrando horizontes laborales a la generación de relevo e incrementando las tasas crónicas del desempleo. ¿Quién en su sano juicios va a dejar de percibir un salario de 2.5 a 3.5 millones por una pensión de 1.6 millones? Al menos, lo pensaría y postergaría. Si se trata de equidad y razonabilidad, estamos hablando de trabajadores que han aportado cotizaciones brutas muy elevadas y, aunque estemos de acuerdo con el criterio de la contribución solidaria en que se basa el régimen, lo cierto es que resulta altamente inequitativo. También, por esta razón fue que se crearon regímenes especiales, es decir, para mantener el principio de la solidaridad pero también el de la equidad y garantizar la progresividad de los derechos de los pensionados.

Ahora bien, si se quiere ser serio con la reforma en una materia compleja y vital –que incluya régimen del IVM, regímenes especiales, ROP y Pensiones Complementarias– para garantizar desarrollo y bienestar social en un país donde cada vez serán más los jubilados, atendamos a algunos de los once consejos de la OIT en el Informe citado. Por ejemplo, el diálogo social para generar consenso, realizar campañas de comunicación e información objetiva y veraz y conformar comisión o equipos técnicos representativos de los actores implicados.

En este campo y en muchos otros necesitamos concertar políticas de Estado para romper el círculo electoralista y apostar por la sana política que nos conduzca a la Costa Rica próspera y solidaria de los próximos 50 años.

 

*Imagen ilustrativa tomada de la página de Facebook de Colectivo Derecho a la Protesta Social

Enviado por el autor.

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De pensamiento es la guerra

Nils Castro

 

Desde finales del siglo pasado, en América Latina experimentamos un proceso por el cual varios partidos o liderazgos de izquierda han llegado al gobierno por medios electorales. Esto abrió un panorama de originales oportunidades políticas y socioeconómicas de carácter democrático, pese a las restricciones que los sistemas políticos y electorales vigentes en cada país tenían establecidas para asegurar el mantenimiento del régimen ya instalado por la clase dominante.

Como era de prever, la emersión de este proceso despertó el fenómeno opuesto: la contraofensiva regional de la derecha en los planos político, mediático, sociocultural y económico, que ha explorado varias modalidades. Aunque algunos de esos gobiernos más tarde fueron defenestrados o han sufrido reveses electorales, nada impide que los movimientos que los impulsaron se rehagan, ni que en otras naciones latinoamericanas afloren opciones de izquierda que también ganen elecciones. Pese a los afanes de algunos “críticos” que pretenden que dichos reveses ya significan la aniquilación de ese proceso, este todavía es un fenómeno en desarrollo: sus causas no han cesado, ni tampoco las expectativas y nuevos escenarios que ellas movilizan.

Precisamente por esto, transcurridos tres lustros el conjunto de esa experiencia debe ser evaluado. No solo por sus valiosas aportaciones, sino porque ello contribuirá a superar la multiforme contraofensiva de las derechas que, pese a haberse advertido a tiempo, pilló impreparados a muchos liderazgos de izquierda. Por ello, esa evaluación demanda tanto honestas autocríticas como conclusiones dirigidas no sólo a revertir dicha contraofensiva, sino a elevar los objetivos del proceso.

La demora en hacerlo favorece la proliferación irresponsable o maliciosa de cierto periodismo sensacionalista que recicla “teorías” como las del péndulo y el “fin de la historia”. Su pertinacia busca negar legitimidad y hasta subsistencia a las izquierdas que militan en los respectivos países, en paralelo con la contraofensiva de las derechas.

  1. El nombre

Antes de abordar algunos aspectos del asunto conviene recordar algunos antecedentes del actual “progresismo” y los alcances que la palabra ha tenido. Discutir el nombre ayuda a acordar cómo ocuparnos del fenómeno.

Me parece inapropiado referirse a la diversidad de formas nacionales de ese proceso con el nombre de “socialismo del siglo XXI”. Más que proponer un proyecto articulado, esa noción expresa el anhelo asignado a una gesta nacional, pero difícilmente puede caracterizar a las emprendidas en otros países. En estricto sentido, el país donde hoy se construye y debate un proyecto socialista para el siglo XXI es Cuba.

Para abarcar ese variado conjunto de experiencias prefiero el veterano calificativo de “progresistas”, comodín lingüístico de larga historia latinoamericana. En los años 60 y 70 incluyó a corrientes, líderes y gobiernos que fueron desde Lázaro Cárdenas y Jacobo Árbenz hasta la revolución boliviana, Jango Goulart y Salvador Allende, sin omitir a Torres, Velasco y Torrijos, entre tantos otros. Esto es, designó a movimientos patrióticos y populares con los cuales la izquierda podía colaborar, que aportaron justicia social, impulsaron la producción nacional, fueron solidarios y procuraron rescatar la soberanía y autodeterminación conculcadas por el imperialismo.

Ese vocablo no requirió definición doctrinaria pero brindó un ancho alero para juntar a esa rica gama de corrientes efectivas en nuestras ciudades y campos, para compartir demandas y metas sin desconocer las diferencias que coloreaban sus respectivas identidades.

En aquellos años se emplearon otros términos afines, como los de movimientos o gobiernos de liberación nacional, nacional-populares, democrático-revolucionarios, etc. Pero la noción de “progresistas” conserva la ventaja de ser más indeterminada que otras con las cuales se intenta sustituirla pero son menos flexibles ante el heterogéneo panorama regional. Por ejemplo, la de “pos neoliberales”, que sugiere que el neoliberalismo pereció, o los gobiernos progresistas pudieron ignorar todas sus imposiciones. Como tampoco las de gobiernos de “centroizquierda”, reformistas o socialdemócratas, cascaron es cuyo sentido el oportunismo europeo vació al entregarse al neoliberalismo, y que en Latinoamérica omiten las controversias que cada día animan la vida interna del progresismo.

  1. Sus antecedentes

Pese a la represión macartista al movimiento democrático de la posguerra, durante los años 60, en significativos sectores populares y medios tomó cuerpo una cultura política afín a las aspiraciones emancipadoras, latinoamericanistas y reformadoras. Además de sus propias reivindicaciones, esa cultura asumió repercusiones de la quiebra del estalinismo, las realizaciones de la Revolución cubana, las revoluciones del 68, los movimientos anticolonialistas afroasiáticos y la lucha del pueblo norteamericano por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. El progresismo que maduró en aquellos años, tuvo la virtud de compaginar toda esa gama de experiencias.

En menos de 30 años, en América Latina esa cultura política alcanzó un auge significativo, sobre todo en sectores urbanos populares y medios. El brío que el acontecer sociopolítico regional le imprimió a la misma se plasmó en una aceleración significativamente reflejada en dos hitos: entre el momento en que Fidel Castro enunció el Programa del Moncada[1]y aquel cuando proclamó La II Declaración de La Habana mediaron apenas 10 años[2].

No obstante, en el fragor de los siguientes años más de una vez el vanguardismo idealista de algunos de sus líderes excedió los términos de esos hitos, al postular como punto de partida al segundo ‑‑la revolución socialista continental‑‑ a poblaciones que aún no habían llegado a reclamar aspiraciones como las planteadas en La Historia me absolverá. Su fervor sobre pasó los alcances temporales de lo que el grueso de la columna de millares de potenciales rebeldes latinoamericanos ya estaban listos a hacer suyos.

Después, al cabo de su tiempo aquel robusto fenómeno padeció el desgaste de la demora del éxito de los proyectos revolucionarios emprendidos, de la frustración de las esperanzas inicialmente cifradas en la renovación del “socialismo real” ‑‑y a la postre su desaparición‑‑, así como la “apertura” de China y el cambio de su política internacional. Por añadidura, de los efectos del “periodo especial” cubano, que retrajeron temporalmente las esperanzas latinoamericanas en la posibilidad de repeler al imperialismo y de acceder al socialismo, y que motivó dudas y controversias sobre la naturaleza y las posibilidades del propio socialismo.

  1. Expansión y crisis

Esa cultura política latinoamericana tuvo un repliegue. Así, cuando en tiempos de la señora Tatcher y el presidente Reagan el imperialismo desató la contraofensiva neoliberal, en el campo revolucionario las fuerzas ideológicas requeridas para enfrentarla no estaban en su mejor momento. Eso le facilitó a la derecha imperial y sus cómplices locales no solo lograr una rápida implantación de sus “reajustes estructurales” en los ámbitos institucionales y económicos, sino también en el campo ideológico, moral y cultural.

El ímpetu contrarrevolucionario de la ofensiva neoliberal reformuló las normas e instituciones económicas internacionales en beneficio de la gran burguesía financiera y la privatización des nacionalizadora de los recursos y empresas públicas. En términos generales, pese a que la pesadilla de las dictaduras militares quedó atrás, se reorganizó el ejercicio de la política y las prácticas electorales a favor de los liderazgos dispuestos a justificar e implementar los correspondientes “reajustes” institucionales y normativos. Aunque se menciona con menor frecuencia, esa ofensiva igualmente invadió el campo ético, cultural y educacional. Alineó los grandes medios periodísticos, restringió las universidades públicas y multiplicó las privadas, eliminó los subsidios a múltiples centros de investigación, cooptó a intelectuales y formadores de opinión, etc.

Aquella ofensiva fue adonde sabemos: achicar el Estado y sus atribuciones, desproteger las empresas y la producción nacional es, precarizar el trabajo y el salario, marginar las organizaciones laborales y sociales, insolidaridad, consumismo, etc. Pero a la postre eso provocó irritaciones sociales que remataron en insurrecciones urbanas y pérdidas de gobernabilidad. Al cabo, la política y los procesos electorales reordenados por las agencias neoliberales perdieron legitimidad y eficacia, y la supervivencia del sistema requirió rehacerse.

Aun así, incluso tras la crisis económica que afloró en 2008, es excesivo pretender que el neoliberalismo colapsó. Aun teóricamente desacreditado, sigue asociado al gran capital y continúan vigentes sus reglas, que regulan el comercio y las finanzas internacionales, y gran parte del funcionamiento institucional de la mayoría de los organismos internacionales y países, así como las formas de pensar de millares de funcionarios públicos y privados. A esto contribuye el hecho de que el neoliberalismo es blanco de múltiples críticas, pero aún no ha tenido que enfrentarse a una contrapropuesta ideológica sistematizada.

  1. Al gobierno, pero no al poder

Como sabemos, en ese escenario de rechazo social a las política neoliberales, varias candidaturas procedentes de la izquierda mejoraron sus posibilidades al coincidir con el crecimiento del voto de castigo contra quienes las sustentaron. Con diferencias según las particularidades de cada país, algunas izquierdas mejoraron su representación municipal y/o parlamentaria, o directamente ganaron elecciones presidenciales aún sin haber logrado significativas victorias locales y legislativas.[3]

El análisis y comparación de procesos nacionales deberá ser parte de la evaluación que tenemos pendiente hacer y compartir. No obstante, sabemos que estas victorias fueron viables gracias a la combinación de unas promesas de campaña deliberadamente poco radicales, con la votación de repudio a la políticas y los gobiernos precedentes. En otras palabras, gran parte de esos votos no reflejó una identificación ideológica de la mayoría ciudadana con un proyecto enfilado a emprender la Revolución, ni con el supuesto de que sus candidatos realizarían un gobierno más revolucionario que el prometido en su oferta electoral.

Por lo tanto, mutatis mutandis, esas izquierdas obtuvieron una oportunidad de gobernar asociada a una mayoría electoral que reclama mejorar sus condiciones de vida, pero que no por ello ya está dispuesta a asumir ‑‑al menos todavía‑‑ las tensiones y riesgos de emprender un salto revolucionario. En otras palabras, de gobernar para cumplir determinadas promesas electorales, no para sobrepasarlas. Además, para hacerlo respetando la institucionalidad prestablecida, sin modificarla por medios distintos de los que ella misma dejaba establecidos. Esto es, para llegar al gobierno, pero no al poder.

Solo donde grandes insurrecciones urbanas habían abierto la posibilidad de cambios mayores, algunos de esos gobiernos pudieron realizar reformas constitucionales que ampliaran su campo de acción aunque, aun así, esas reformas más tarde resultarían insuficientes.[4]

  1. Cuánto ya se pudo

La devastación del Estado por el tsunami neoliberal y sus dolorosas consecuencias en cada población y soberanía nacionales, hizo indispensable emprender rectificaciones, a riesgo de llevar países y economías al caos. La aparición de gobiernos progresistas se insertó en ese contexto, cuando urgieron políticas correctivas pos neoliberales, sin que aún fuera viable sostener alternativas pos capitalistas. Pero eso permitió reconstruir un sistema socioeconómico con el cual reparar muchos de los daños sociales infligidos por los “ajustes” neoliberales, y restablecer las funciones sociales del Estado, lo que también implicó avanzar en la construcción de una comunidad latinoamericana de naciones.

Pese a la diversidad de los procesos políticos que los caracterizan, estos gobiernos coinciden en varios rasgos que originaron importantes efectos regionales: restablecieron la responsabilidad del Estado antela economía, el mercado y la redistribución del ingreso; reorganizaron servicios públicos para atender las funciones sociales del Estado, principalmente las de acceso a la salud y la educación; crearon programas de lucha contra la pobreza y el hambre, y por la alfabetización y la ciudadanización; y, además, ampliaron las inversiones en infraestructura para el desarrollo y para la solución de problemas sociales.

A la par, desarrollaron importantes proyectos de solidaridad e integración latinoamericana e incluso caribeña, que rediseñaron y fortalecieron, o crearon, organismos como el Mercosur, la Unasur, el Alba y finalmente la Celac. Eso incrementó notablemente el peso político y diplomático de Latinoamérica frente al mundo, y su capacidad de negociación. Ni siquiera los críticos más biliares de este progresismo desconocen tales adelantos de la integración regional.

Un buen aprovechamiento del período de alza de los precios internacionales de las materias primas en varios países facilitó financiar los programas de asistencia social sin castigar impositivamente a la clase adinerada. Sin embargo, esa opción apaciguadora no se aprovechó para ampliar y diversificar la capacidad productiva de esos países, y fortalecer sus reservas financieras, para cuando volvieran las vacas flacas, como ocurre tras la crisis mundial emergida en 2008.Además, por efecto del carácter correctivo y asistencialista pero no revolucionario –pos neoliberal pero no pos capitalista‑‑ de estos gobiernos, algunas acciones necesarias, como reformas agrarias y tributarias de mucho mayor aliento, dejaron de acometerse.

En la mayor parte de los casos, tampoco se realizó la indispensable reforma política, ni la debida reforma del campo de las comunicaciones sociales. Estas inconsecuencias, que cabe computar como falta de coraje político y de confianza en el potencial de las organizaciones populares, pueden registrarse como victorias de los grandes medios de comunicación que ahora implementan la contraofensiva de derecha.

Con todo, en estos quince años los gobiernos progresistas ampliaron extraordinariamente el campo de la ciudadanía y la participación popular en el debate de los asuntos de interés público, además de mejorar las condiciones de vida y concretar derechos civiles de decenas de millones de ciudadanos. Por muchas reconquistas que ahora las derechas puedan lograr, ese patrimonio cívico no será fácilmente arrebatado a los sectores populares. De allí en adelante, ahora hay una masa crítica más robusta con la cual discutir y movilizar mejores proyectos de futuro, opción que las organizaciones de izquierda deberán saber ganarle a las derechas.

Pero, tras la el surgimiento de los gobiernos progresistas las realidades y expectativas latinoamericanas quedaron cambiadas. No cabe suponer que toda esta experiencia ha sido un fiasco, ni dejó de legar relevantes consecuencias. Cualquier propuesta latinoamericana de mejor futuro sostenible deberá alzarse a partir de sus resultados, porque el punto al que hemos arribado no es de agotamiento sino de evaluación y relanzamiento

  1. La siguiente disyuntiva

Luego de que los proyectos revolucionarios de los años 60 y 70 del siglo XX ‑‑ ya fueran proyectos guerrilleros, del nacionalismo militar o el socialismo allendista ‑‑dejaron de lograr los objetivos previstos o concluyeron en reformas negociadas con el gobierno existente, y de que Latinoamérica fue blanco de la ofensiva neoliberal, no ha vuelto a darse otro auge ideológico de esa talla. El movimiento político e ideológico que posibilitó las victorias electorales progresistas de los albores del siglo XXI fue expresión de mayorías sociales más resabiosas, que deseaban revertir los efectos del tsunami neoliberal pero temían recaer en luchas civiles o dictaduras militares, o sufrir nuevas tribulaciones económicas.

Ninguno de estos accesos de liderazgos de izquierda al gobierno fue producto de una revolución y, en consecuencia, ellos asumieron gobiernos previamente estructurados y normados por la clase dominante, en las formas dispuestas por el sistema político preestablecido. Con lo cual los progresistas pasaron a ser parte del grupo gobernante, pero sin desplazar a la clase dominante.

En teoría, para superar esta situación hay dos medios: uno consciente de que en tales condiciones solo se puede ir más allá si el proceso es capaz de formar bases políticas que lo exijan, que ayuden a implementarlo y que defiendan las iniciativas gubernamentales que sobrepasa en las restricciones iniciales. Impulsar el proceso exige formar nuevos destacamentos de cuadros y movilizar organizaciones populares ‑‑transformar indignaciones sociales en movimientos políticos‑‑, misiones que por su carácter corresponden principalmente a los partidos y organizaciones de izquierda, más que al aparato gubernamental, que constitucionalmente debe servir a toda la sociedad.

Y un segundo medio, según el cual para ir más allá será necesario lograr sucesivas reelecciones del gobierno progresista, a cada una de las cuales acudir con un programa más avanzado, con base en la simpatía y confianza políticas idealmente obtenidas a través de una buena gestión gubernamental y la satisfacción de importantes demandas y necesidades sociales. Este supuesto es más engañoso de lo que parece, pues generalmente esos gobiernos no compiten por la reelección proponiendo desarrollos más radicales, sino opciones reculadas a la defensiva.

  1. Del revés a la contraofensiva

Ese supuesto ha conllevado repetidos autoengaños, al subestimarlas reacciones que las derechas enseguida de su derrota electoral pasan a impulsar. Aunque pierdan uno o más comicios, ellas conservan su poder económico, su red de articulaciones y auspicios internacionales, el control de sus grandes medios de comunicación y su influencia cultural. La perplejidad inicial de su primer revés puede desconcertar a las derechas temporalmente, pero antes de acudir a la siguiente campaña ellas realinearán sus recursos y medios, e invertirán en renovar su imagen y eficacia.

Desde hace algunos años varias fundaciones y universidades privadas estadounidenses pasaron a ofrecer cursos de organización, encuesta, publicidad y marketing políticos para capacitar jóvenes cuadros de derecha. A su vez, algunas fundaciones españolas se han dedicado a surtir giras y charlas de veteranos dirigentes de la reacción hispanoamericana.

Con estos respaldos y otros más inconfesables, las derechas han remozado su capacidad de cambiar estilos, lenguajes y liderazgos visibles. Como también de apropiarse de algunas de las temáticas suscitadas por las izquierdas, y de culpar al gobierno progresista de los problemas sensitivos que sus antecesores de derecha dejaron en el terreno y las izquierdas hayan demorado en resolver. Sobre todo eso ya he escrito en extenso en estos años y me sacaría de tema repetirlo aquí.[5]

  1. Las enajenaciones del electoralismo 1

Cuando un gobierno progresista vuelve a elecciones, por muchos que hayan sido sus méritos eso ocurrirá sobre un campo sistemáticamente asolado por la oposición económica y los medios periodísticos de mayor audiencia. Esto es, los logros del progresismo habrán sido omitidos o demeritados, sus deficiencias habrán sido sobre dimensionadas y muchos de sus recién pasados votantes estarán desorientados.

En ese contexto, ante cada período electoral el progresismo volverá a encarar una de las aberraciones propias de la democracia capitalista: cada campaña será cada vez más publicitaria y costosa, y los modos de sufragarlas serán más esquivos. Si, como es probable, el sistema electoral no ha podido ser reformado por el proceso progresista, las campañas estarán cada día más sujetas al marketing y más permeadas por la cultura y las prácticas del consumismo y el mercado.

Ante cada reto electoral la primera será que los recursos económicos no alcanzan. Salen los candidatos y dirigentes a buscar donaciones ‑‑a subastarse al mercado, diría Brecht‑‑ y no falta quien incurra en desviación de fondos públicos, lo que, aparte de sus implicaciones legales, bajo el sigilo también puede triturarla moral de algún involucrado. Por mucha buena fe que haya de por medio, inevitablemente la plata de los donantes implica reciprocidades que enajenan a dirigentes, candidatos y partidos, aunque las justifique un “realismo” del que después no hay escapatoria.

A la par suele admitirse el supuesto de que ser de izquierda es un inconveniente electoral; se acepta el prejuicio de que vale “correrse al centro” para suavizar imagen, tranquilizar donantes y buscar una incierta reserva de votantes moderados. Abandonas las posiciones que antes permitieron reconocerte y ser electo como quien eres, pero a los ojos de quienes antes te creyeron irás dejando de serlo. Al cabo, los votos que allá tal vez consigas podrán dejarte lejos de compensar los que pierdes en el campo que dejaste al agotarse la credibilidad que te restaba.

  1. Izquierda y moral

Cuando estos vaivenes se aceptan en una agrupación comprometida con transformar al país, lo que empieza como una falla ética circunstancial se convierte en daño mayor: la confianza perdida se vuelve escepticismo y la credibilidad se esfuma la suspicacia popular concluye que “estos ya son iguales que los otros”, voz que los medios “objetivos” enseguida entran a festinar.

Este fenómeno es asimétrico. Si en un partido conservador se cometen triquiñuelas el público lo cree “natural”, considerando que su moralidad es funcional al capitalismo salvaje. Pero si eso ocurre en un partido que promete otro horizonte ético, asumir comportamientos del repertorio moral capitalista es una aberración.

Para la militancia revolucionaria la calidad de cierta ética, por cuyos principios se está dispuesto a perder la libertad y hasta a dar la vida, es definitoria. Porque en última instancia se va a la contienda política por una de dos razones: porque el sistema es miserable y hay sobradas razones para luchar por transformarlo; o porque se busca disfrutar de las mieles de ese sistema miserable aunque sea a expensas de los demás.

  1. Las enajenaciones del electoralismo 2

Cuando la obsesión electoral se toma la vida partidaria, sus demás soportes lo resienten: si, por ejemplo, el partido merma la formación de líderes comunitarios, pierde dinámica de inserción y liderazgo locales, pierde el liderazgo político que se construye al luchar por las reivindicaciones diarias del ciudadano, que no son parte del escenario electoral. Es decir, al convertirse prioritariamente en grandes máquinas electorales, partidos de reconocidos méritos pueden perder influencia sociocultural porque las energías invertidas en campaña se sustraen a las demás actividades de construcción de contra hegemonía.

Por lo tanto, vale preguntarse: si en las campañas electorales es inevitable competir sin los recursos financieros necesarios, ¿solo podemos participar en desventaja? Si nos dejamos seducir por las campañas a la norteamericana, embriagadas por la estética del consumismo, siempre estaremos en desventaja, aunque tengamos recursos. Pero así como en la guerra revolucionaria solo el ejército de la clase dominante puede alinear el armamento más costoso, mientras las fuerzas populares deben apelar a la inventiva guerrillera, en las contiendas electorales la izquierda debe crear sus propias alternativas, desplegando las capacidades comunicativas de la creatividad popular y juvenil, cónsona con la condición social y moral que sustenta su credibilidad. En ambos casos la capacidad de sorprender con iniciativas inesperadas será decisiva.

  1. Partido permanente vs partido coyuntural

Eso exige volver a preguntarse: ¿cuáles son las misiones esenciales de un partido de izquierda? Decimos que impulsar a los sectores populares a organizarse y formar cuadros políticos, asumir un programa de transformación social, movilizar a las organizaciones y masas sociales para enfrentar los retos políticos por superar, para crear contra hegemonía popular y convertir masas en fuerza política. En ese marco, la participación en campañas electorales para darles mejor contenido es una parte de dichas misiones, más ahora cuando esto puede incluir hasta la posibilidad de llegar al gobierno.

No obstante, debemos distinguir entre el partido permanente y el coyuntural. Cuando la posibilidad de ganar elecciones se hace efectiva, esa parte de las misiones puede tomarse la mayoría de las previsiones, energías y recursos de la vida partidaria, incluso en detrimento de las demás actividades. Pero solo se gana mayor fuerza y poder para vencer los demás retos cuando  se han cumplido las misiones del partido permanente. En especial, las de enraizamiento comunitario, organización participativa y formación ideológica arraigada en la vida y memoria nacionales, para recatar a los millares de compatriotas que el reinado neoliberal sumió en el consumismo y la banalidad culturales.

Para darnos mejor futuro toca construir otro apogeo de la propuesta ideológica y la cultura política comparables al alcanzado en los años 70.

  1. Objetivos y medios no electorales

Para la oligarquía el objetivo es recuperar al gobierno como instrumento de poder; las elecciones son un medio para ese fin y si por este medio no lo consigue hay otros a los cuales apelar. En cada campaña, más que ganar las siguientes elecciones, para la derecha la prioridad es desacreditar y deslegitimar la gestión de cualquier izquierda en el gobierno, para darle sustentación social al propósito de remplazarla lo más pronto posible.

En tanto logre debilitara sus principales adversarios progresistas, la clase dominante querrá ganar comicios, pero a condición de que eso no limite el poder que ella requiere para obtener sus fines. El objetivo principal de la derecha no es volver a Palacio, sino encauzar un proceso contrarrevolucionario de gran alcance. Su propósito es revertir las conquistas populares acumuladas durante las últimas décadas y tomarse otras adicionales. Si eso puede asegurarse por medios no electorales como los llamados golpes “blandos”, la cuestión medular es la de las formas de deslegitimar al gobierno progresista y legitimar al que lo remplace. Ya sea esto mediante unas elecciones auténticas, espurias o reñidas, o de una operación extra electoral.

En estos años, la contraofensiva de las derechas ha introducido novedosas formas de seleccionar y presentar candidatos, discursos y promesas programáticas, para darles mayor charm mediante el marketing y las técnicas de pesquisa y manejo de la opinión ciudadana, y de las llamadas campañas sucias. Pero lo esencial no son sus estilos rutilantes, sino su capacidad ‑‑principalmente mediática‑‑ para degradar la imagen moral y política de las opciones progresistas, no apenas para justificar su defenestración, sino para crear una supuesta urgencia de remplazarlas y fomentar una demanda de cambios que tenga este sentido.

En la práctica, los medios sustituyen a los partidos una vez que las derechas, a través de los suyos, fijan su agenda para un gobierno contrarrevolucionario. Este se enfilará tanto a revertir las conquistas sociales logradas durante más de un siglo como a reinstalar las políticas neoliberales de privatizar recursos nacionales, incrementar capacidad de financiamiento y endeudamiento externos, reducir los avances en materia de integración a meros acuerdos de liberalización comercial, eliminar capacidad de negociación a las organizaciones laborales y comunitarias, judicializar las controversias con los dirigentes progresistas y sacarlos del escenario político orquestándoles procesos legales.

Para las derechas, usar el sistema electoral para recuperar el gobierno como instrumento de estas políticas tiene sentido si permite tomarse la facultad de ejecutarlas. Darse cierta imagen de legitimidad para justificar el atropello a las normas de la institucionalidad democrática en tanto eso convenga a su objetivo final.

  1. Ahondar el proceso democrático

Así las cosas, ante la presente contraofensiva reaccionaria, quienes hoy son los defensores reales de las instituciones democráticas y del proceso democratizador son la izquierda y los sectores progresistas. Pero esta condición no debe distraernos de tres cosas:

La primera, que la institucionalidad que estamos defendiendo es aquella misma que antes fue estructurada por los gobiernos de la derecha tradicional para restringir el juego democrático, mediante una coexistencia política norma da para mantener las cosas como están, no para cambiarlas. Por lo tanto, la cuestión es salva guardar una institucionalidad que al propio tiempo es imperativo democratizar erradicando los arcaísmos y privilegios que benefician a los partidos y candidatos de la oligarquía, y que encarecen el juego político a favor de los grandes financiadores de campañas. A la vez, para ensancharle el campo a la participación popular. Defender la institucionalidad no tiene sentido si no es impulsando un nuevo proceso democratizador.

La segunda, que es preciso tener presente en nuestra vida política cotidiana, en el análisis del acontecer diario y en la producción teórica, que es un imperativo de la misión de las izquierdas y los sectores progresistas, desarrollar su capacidad de convertir la inconformidad e indignación sociales en conciencia y militancia organizada para derrotar a la contrarrevolución para transformar al país.

Y la tercera, que para materializar esta misión es indispensable una permanente formación y acumulación de fuerzas en los ámbitos del trabajo material, de la vida comunitaria y de las diversas expresiones de la convivencia humana. Que es indispensable compartir ideas, proyectos y expectativas que los distintos sectores progresistas puedan hacer suyos, puesto que solo al arraigar en masas organizadas las ideas se convierten en fuerza material.

Sin embargo, lo más importante es que estas tres cosas no son solo exigencias a las organizaciones que luchan en la oposición, sino sobre todo para las fuerzas progresistas que llegan al gobierno. Porque no solo se  trata de generar mayores fuerzas para desenmascarar y derrotar la contraofensiva reaccionaria, sino también para sacar de la modorra a los cuadros y funcionarios adocenados dentro de los gobiernos progresistas. Los partidos y movimientos progresistas que van al gobierno no deben hacerlo para servir como sus justificadores, sino para exigirle a sus integrantes cumplir sus deberes políticos y morales.

Tener mejores gobiernos progresistas no es el fin de esta historia, sino una oportunidad de completar condiciones que faltan para emprender la siguiente. Entre ellas, rejuvenecer y fortalecer nuestras capacidades para derrotar a la contrarrevolución en el campo de la cultura política, la confrontación ideológica y la comunicación persuasiva porque, como apuntó José Martí, “de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosla a pensamiento”.

Panamá, abril de 2016.

[1]. La Historia me absolverá, de 1953, donde se plantea el objetivo de lograr un régimen democrático progresista, sin mencionar al socialismo.

[2].En 1962, en la cual pasó de reafirmar al socialismo cubano a convocar a la diversidad de las fuerzas que podían emprender la revolución latinoamericana.

[3]. Obviamente, tales procesos han sido diferentes donde una fuerza de izquierda llegó a Palacio sin obtener mayoría parlamentaria, lo que mediatizó los alcances de su victoria (como Lula), o donde triunfó en ambos cotejos (como Chávez). Y tampoco es igual cuando previamente unas insurrecciones urbanas defenestraron al anterior gobierno complaciente con el neoliberalismo (Correa), que donde triunfó ganándole a la derecha unas elecciones reñidas (Rousseff), o cuando la izquierda triunfó pero su victoria le fue robada (Cárdenas).

[4].Como en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

[5].Ver “Una coyuntura liberadora… ¿y después?” en Rebelión 23 de julio de 2009, “Una liberación por completar” en Alai del 17 de agosto de 2009 y, particularmente, “¿Quién es la “nueva” derecha?” en Alai del 14 de abril de 2010 y Rebelión del 15 de abril del mismo año.

 

*Imagen del autor tomada de http://www.cubaminrex.cu/

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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