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Etiqueta: precarización

La rebelión de los cabreados y el neofascismo

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

El globalismo neoliberal y libertario (liberticida, Rogelio Cedeño) han enriquecido a un puñado de personas, el 1%, mientras han precarizado a los sectores medios y empobrecido a las mayorías, quienes pagan los platos rotos de sus extravagancias. Ninguna novedad, para quienes consideran que el mundo es de los audaces, y salados los que carecen de esa cualidad; sobrevivan o muéranse.

                Son estos sectores mayoritarios, los cabreados (molestos, enojados, indignados…), quienes en su desesperación se han convertido en la clientela electoral de una “nueva” clase política que les ofrece salir de su condición de marginalidad y precariedad a cambio de su adhesión incondicional. De esta manera, ha sabido aprovechar y capitalizar su enojo, desesperación y resentimiento, utilizando un discurso grandilocuente cimentado en una promesa de futuro próspero en lo económico, socialmente beneficioso y hasta pacífico. Está creando, así, las condiciones para legitimar su autoritarismo antidemocrático -revestido de una falsa democracia-, mostrándose como defensor y garante de derechos económicos y sociales de las mayorías.

                Al respecto, cabe destacar, el señalamiento de Benjamín Tijerina sobre la correlación entre los porcentajes de los electores protestantes, tanto en zonas rurales como urbanas, y a través de todas las capas sociales y generacionales, y los triunfos de Hitler. De ahí, se concluye que el Partido Nacional Socialista no era simplemente un partido de las clases medias radicalizadas, sino un partido popular de la protesta (Tijerina, B. 1998). Efectivamente, en la Alemania de posguerra, primera Mundial, el discurso racista y supremacista de Hitler, así como sus acciones genocidas se vieron favorecidos por las condiciones leoninas y precarias a que fue sometida (Tratado de Versalles). En ese contexto, se supo capitalizar el resentimiento social de las mayorías populares, incluidos por supuesto los protestantes que eran la mayoría religiosa. Un sector de la jerarquía católica y uno minoritario protestante: la Iglesia Confesante, mantuvieron oposición al régimen fascista de Hitler; incluso, uno de sus miembros, el destacado teólogo Dietrich Bonhoeffer, fue víctima y mártir de la causa antifascista.

                Hay un sustrato religioso popular en el apoyo que recibió Hitler de protestantes y católicos, así como por los rasgos propiamente religiosos que asumió el fascismo. Este fenómeno, con nuevos matices, tiende a replicarse en el neofascismo contemporáneo. Gravita con fuerza el factor religioso en su versión tanto secular como confesional. La economía se convierte en religión neoliberal (de mercado, Franz Hinkelammert) y la religión en economía neoliberal (pseudoteología de la prosperidad). Es el revestimiento religioso de la economía y económico de la religión. Por lo tanto, ahora, religión y política no requieren legitimarse recíprocamente, a la manera del régimen de cristiandad, vía lo ideológico, simbólico y ritual -aunque esta legitimación se continúe dando- sino que, manteniendo su “autonomía”, se ven integradas, haciendo causa común alrededor de un proyecto económico y cultural: el neoliberalismo, que se comporta religiosamente, favoreciendo un neoecumenismo de corte fundamentalista. Este fenómeno explica, en alguna medida, la emergencia de los partidos confesionales evangélicos en alianza, siempre, con aquellos sectores y partidos que impulsan el proyecto neoliberal, pero disputándose un espacio propio para acceder al poder.

                De esta manera, el neofascismo ha encontrado asidero político-electoral en esta nutrida clientela de cabreados sociales, que asumen como ideario las nuevas promesas mesiánicas de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman) de la nueva religión neoliberal. Por lo tanto, no es casual el apoyo, por ejemplo, recibido por Donald Trump en la reciente contienda electoral, tanto por los sectores medios precarizados, también “radicalizados”, y los empobrecidos (contando ahora con un alto porcentaje del voto de afroamericanos y latinos), donde el factor que incidió e inclinó la balanza electoral fue, en buena medida, la promesa de salvación económica. Con un apoyo, desde arriba y desde abajo, avanza peligrosamente, por los derroteros del autoritarismo que induce a nuevos genocidios (hoy, particularmente, de rostro palestino) y ecocidios. El neofascismo neoliberal es intrínsecamente violento; se comporta como un cerco o gueto que está conduciendo al “suicidio colectivo”. A los cabreados se les ofrecerá “pan y circo” (también represión si se portan mal) y, mientras se entretienen, la riqueza seguirá fluyendo hacia arriba.

La prosperidad para todos, al igual que la “paz” que anunciaban los falsos profetas en tiempos de Jeremías, es la gran mentira del neofascismo, que resulta más digerible cuando asume los rasgos de la ficción literaria (la novela como la “mentira bien contada”, con la gran diferencia de que en la literatura esta “mentira” está al servicio de la bondad, la justicia, la belleza…) o se reviste de religiosidad, bajo el carisma de sus agentes (legitimidad carismática, Max Weber) y la fe de unos seguidores, cuyo fanatismo induce al odio y la violencia. El neofascismo se articula, así, desde un discurso de distracción, por lo consolador y lúdico, y socialmente polarizador, por lo confrontativo, apologético y violento.

Un análisis del régimen posfascista de Jair Bolsonaro en Brasil, señala, siguiendo los planteamientos de Antonio Negri, por un lado, que el posfascismo corresponde a una “fase dura” del neoliberalismo, propia de un período donde este se muestra incompetente para generar modelos de equilibrio político, atender las demandas sociales y enfrentar la fuerte resistencia social. Por otro lado, se trata de una transformación autoritaria del Estado para el salvataje del programa neoliberal; un período en el cual se da una “fuerte recuperación de soberanismo”, donde la multitud ocupa el centro de la lucha de clases como protagonista de los procesos históricos; una implosión de esta multitud “en términos de inseguridad económica o ambiental y de miedo al futuro” y de un repliegue sobre la “defensa de la identidad” (Diego Sztulwark https://www.revistaanfibia.com/lula-bolsonaro-neofascismo/)

Sí, estamos ante el avance político de un neofascismo o posfascismo de rasgos decididamente autoritarios y violentos, cimentado, en buena medida, en una religiosidad secular y confesional, que hace causa común alrededor de una promesa de salvación económica (el reino de Dios en este mundo) y de la seguridad que ofrece el retorno de los valores tradicionales para encarar las incertidumbres; desde ahí, utiliza y manipula la desesperación y el desencanto de las mayorías. La rebelión de los cabreados al servicio de sus victimarios.

Sin embargo, ahí donde está su fortaleza también está su talón de Aquiles. Como bien señala Paul Krugman en un reciente artículo, donde el resentimiento está conduciendo al poder a gente mala, este poder no se sostiene a largo plazo, pues cuando despotrican contra las élites la gente comprende que ellos también son elites; asimismo les cobrarán sus promesas incumplidas, y buscarán a quienes procuren decir la verdad. (https://www.nytimes.com/es/2024/12/10/espanol/opinion/elites-multimillonarios-tecnologia-gobierno.html).

                El gran desafío para enfrentar la creciente ola neofascista es continuar develando sus contradicciones, la inconsistencia de su discurso grandilocuente, cínico, demagógico y propiciador del odio y la violencia. “La verdad nos hace libres”.

Respuesta estudiantil ante la ministra de Educación

El día jueves 27 de julio de 2023, el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE) además de otras representaciones estudiantiles, brindaron una conferencia de prensa a raíz de la manifestación realizada por estudiantes de secundaria en contra de la Prueba Nacional Estandarizada.

En esta conferencia, los y las estudiantes alegan la desinformación que les rodea tanto a estudiantes como docentes, deviene directamente del Ministerio de Educación Pública, al no hablar con claridad sobre estas pruebas y demás procesos que conlleva. Además, denuncian cómo los centros educativos se encuentran en situaciones precarias a nivel de infraestructura, atentando contra la salud pública del estudiantado. Mencionan cómo se les exige un rendimiento académico elevado, mientras el Ministerio de Educación Pública no cumple con los lineamientos básicos de salubridad.

Señalan de igual manera, la contradicción que existe al excluir a los y las docentes de la toma de decisiones relacionadas con aspectos sobre la educación que imparten, mientras que esos puestos lo ocupan personas que no se encuentran inmersas en los colegios y escuelas públicas.

Muestran su descontento y oposición a las Pruebas Estandarizadas, debido a la poca información con la que cuentan, además de que ésta pretende ser un filtro que les excluye de la Educación Superior, al incidir directamente en la nota para entrar a las Universidades Públicas. Es por esto que exigen la anulación de estas pruebas, que se replanteen los métodos de evaluación, de manera que estas respondan a los contextos propios de la población estudiantil y que permita así una educación accesible, de calidad y digna. Además de que se respete el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública, que corresponde a una obligación constitucional del Ministerio de Educación Pública.

“Gobierno paralelo” hunde a miles de costarricenses

Por Rafael A. Ugalde Quirós*

A menos de un año de las elecciones generales en Costa Rica, el llamado “gobierno corporativo” hunde a miles de trabajadores costarricenses en la pobreza y la desigualdad social, viendo ellos como la pequeña nación centroamericana de 51 mil kilómetros cuadrados irremediablemente, se “colombianiza” por la corrupción y narcotráfico en los más altos niveles de la sociedad, mientras intencionalmente va cambiando el Estado Social de Derecho hacia otro donde los poderes de la república formalmente existen pero sus competencias cada vez son más difusas por la colaboración que deben dar para consolidar así el ambicioso “proyecto” país.

 Con un 60% de los votos en segunda ronda para el presidente Carlos Alvarado en 2018, proveniente del Partido Acción Ciudadana (PAC) – una incisión de partidarios que se consideraban marginados del “socialdemócrata” Liberación Nacional (PLN)- los costarricenses hicieron gala de su buena fe y creyeron en un redireccionamiento de la política exterior , la seguridad ciudadana, la cleptocracia y la economía doméstica controlada, esta última, como es sabido, por al menos un centenar de familias encargadas de las finanzas, los bancos y el gran comercio. Los votantes vieron entonces la oportunidad de “castigar” al cerrado bloque bipartidista constituido por “socialcristianos” y “liberacionistas”, fortalecido sobre manera a partir de la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986), cuando este gobierno apostó por el Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAE I) exigido por el Banco Mundial.

Es así que a menos de 10 meses de realizarse las elecciones generales – están previstas para el 6 de febrero de 2022- la reputación del mandatario no es la mejor: sus detractores lo vincularon con supuestos viajes de descanso pagado por empresarios allegados a su gobierno, de priorizar la economía por encima de la salud de los trabajadores, de no dejar pasar la crisis de la pandemia para echar al suelo conquistas laborales y de recolectar “información” personal de más de un millón de ticos, sin que los ciudadanos conocieran estas andanzas, entre otras. La Fiscalía General de la República dice que va a investigar hasta las últimas consecuencias al gobernante y a un cercano grupo suyo por este asunto de la recolección de información de más de un millón de personas que, primero se entregó a una empresa privada para su “custodia” y luego, dicen ya está en el lugar correspondiente por ley: el Ministerio de trabajo. Su popularidad tampoco es la mejor, pues una encuesta centroamericana de opinión otorgó a Alvarado el último lugar en el istmo (Agencia Prensa Latina, citando a la encuestadora CID Gallup 4/3/2021).

La matriz mediática presenta además al gobernante como “alumno” aventajado en cuanto a las peores causas enarboladas por Washington, sí se trata de los gobiernos constitucionales de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, en Nicaragua y Venezuela, respectivamente. Respalda al “grupo de Lima” y a la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), cuando se trata de reconocer al “gobernante fantasía” y su “banda” – no controlan en Venezuela una cuadra- encargados de saquear los activos de los venezolanos en el extranjero. Sí bien es cierto el gobierno de Alvarado terminará su administración en 2022, desde ya tiene asegurado un lugar en el colectivo de miles de trabajadores costarricenses, sobre todo a partir de sus gestiones para alcanzar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $ 1.778 millones, que a decir de sus detractores, no necesita el país y, en cambio, compromete seriamente el futuro del movimiento sindical, el empleo público y las cuatro universidades públicas para citar algunos de los “daños colaterales” . El decir de estos grupos es que “embarga” la nación centroamericana por varias generaciones, así como toda clase de recursos e instituciones. Las universidades públicas en la mira desde hace tiempo por el “proyecto país” (Súmese el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o la Refinadora Costarricense de Petróleo) sobreviven frente a unas 60 casas de estudios superiores privadas encargadas de llenar de sus profesionales los tres poderes de la república. Las autoridades universitarias les han costado entrar en razón en el sentido que para muchos de los tecnócratas formados en ellas la educación ya es un gasto ensanchador del llamado déficit fiscal y no una inversión y un derecho a la instrucción, sobre todo de aquellos más arrinconados por el sistema de producción. El dirigente del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), Trino Barrantes, en un reciente llamado a la unidad para la defensa del “Estado Social de Derecho”, la coordinación de “acciones” y “la lucha contra el neoliberalismo”, calificó de “guerra despiadada desde los tres poderes de la República” la coyuntura que viven los costarricenses.

En otra proclama en ocasión del 1 de mayo dada a conocer por la revista Surcos los trabajadores acusaron a las élites económicas y políticas del PLN, de los Partidos Unidad Socialcristiana, del PAC, Restauración Nacional y Nueva República, de “precarizar” las deterioradas condiciones laborales y salariales, al reducirse las jornadas laborales, suspenderse los contratos de trabajo y congelando salarios. En el documento proclama del movimiento sindical “por el derecho a la vida, al trabajo, a salarios; se oponen al acuerdo con el FMI y las exigencias que el mismo contiene con siete proyectos legislativos simulados, porque deteriora servicios públicos esenciales, empobrecen, y golpe las instituciones estatales.

Recuérdese que mediante una Cadena de radio y televisión a principio de octubre de 2020 Alvarado, y quien fue presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank, convocaron a una mesa de diálogo multisectorial a fin de buscar acuerdos para atender la situación fiscal y la crisis económica del país. Cerca de 70 organizaciones entre sindicatos, federaciones estudiantiles de las universidades públicas, Alianza Cristiana, Movimiento solidarista, municipalidades, Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, entre otras , junto a Cámaras y federaciones empresariales fueron llamadas al “dialogo” por Costa Rica (fuentes: https://delfino.cr/2020/10/quienes-representaran-a-cuales-sectores-en-la-mesa-de-dialogo-multisectorial y https://www.larepublica.net/noticia/estado-de-la-nacion-cancela-dialogo-multisectorial-porque-no-se-dieron-las-condiciones-necesarias).Sin embargo, ahora algunos “lideres” sindicales que tuvieron expectativas con dicho dialogo, sienten ya los efectos de aquel promovido “acercamiento”; no obstando lo anterior para reconocer que, por encima de las críticas que ahora quieren hacer al jefe de estado, es un hecho que el presidente Alvarado, sí “tiene quien le escriba”, pues en algunos medios de comunicación ha recibido apoyo para su frase favorita dicha por televisión: “trabajar, trabajar”. Estas loas provienen principalmente de miembros de cámaras y federaciones empresariales, algunos cuyos líderes son, a la vez, parte o defensores del poderoso “gobierno corporativo” (Ver: https://elearningccpa.or.cr/producto/presupuesto-publico-contratacion-administrativa-17-05-2021/?id_producto=undefined).

SOROS Y LA “TERCERA VIA”

El “esfuerzo” sostenido por casi 12 años, en cuanto a la posibilidad de una “tercera vía” de gobernanza sin “capitalismo salvaje” y menos algún asomo de “socialismo”, tiene en Costa Rica “magistrales” alumnos que, a lo mejor, el magnate George Soros conoce y ni siquiera imaginó cuando confeccionó sus mantras para el campo de los recursos naturales y dar su lógica creíble a la ideología de género, entre otros. Desde los gobiernos de la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014); el exmandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018); así como del actual (2018-2022), la nueva gobernanza está complementada por grandes empresas cuyos esfuerzos van dirigidos a fortalecer las relaciones de los accionistas, propietarios e inversionistas con el Estado, cada vez más disminuido. De esta manera, el llamado “estado corporativo”, adecúa el marco legal, financiero y económico a la “democracia”, “la paz social” y el “desarrollo” del país.

Empero, la discusión sobre cómo organizar a los asalariados y articular sus demandas, más allá del interés del empresariado para que disputen, en un primer momento el poder, lo controlen luego, y posteriormente, sea distribuido entre los sujetos activos de la producción de riqueza, sigue siendo una tarea pendiente entre los líderes de los asalariados. La evidencia más a mano es la desmovilización de los trabajadores promovidos por este sistema de “gobernanza paralelo” en estos últimos años; además de que muchas cabezas de la llamada gente “progresista” o la denominada “izquierda”, han perdido la perspectiva de lucha en pro del derecho a tener patria independiente, justa y digna, presentando como “conquista”, por ejemplo, ver izada la bandera del movimiento LGTBIQ en las afueras de la casa presidencial, como sinónimo de “igualdad” e “inclusión” social, cuando los prejuicios sociales, económicos y religiosos siguen evidentes a lo largo y ancho del país contra estas minorías; o la lucha por mejores salarios para las mujeres, como forma de combatir “el patriarcado”, olvidando la necesidad urgente de enderezar la lucha conjunta de hombres y mujeres contra las estructuras económicas que cada día nos despojan de esa patria cuyas sabanas corrimos siendo niños y a la cual tenemos derechos a vivir con dignidad como personas por el simple hecho de haber nacido vivos.

De esta .manera, quienes por acción u omisión defienden las tesis de Soros en cuanto a familia, ambiente, recursos naturales o trabajo, lograron muchas veces elevar a tema nacional sí, es mejor o peor un “estado laico” , sí la extracción de minerales a cielo abierto va contra el “desarrollo sostenible”, etc.; por encima de por qué en Costa Rica el sindicalismo es inexistente en el sector privado, sí es posible un sindicalismo en pleno siglo XXI que entierre egos y derribe feudos, o sí este país cumple con el artículo 23.1 de la Convención Universal de Derechos Humanos. Esta norma ordena que el trabajo es un derecho garantizado a la persona, pero el gobierno corporativo interpreta que la disposición se refiere a escoger libremente el trabajo. O hasta dónde, haberse sometido a la tesis de la fundación Soros, en cuanto debe reducirse la población en las economías periféricas, ya afectó a toda la sociedad costarricenses. La cantidad de adultos mayores ha crecido un 60% solo en los últimos 12 años y para estar más que claros, para el año 2045, seremos más adultos mayores que jóvenes (Fuente: https://www.google.com/search?q=costa+rica+envejece&rlz=1C1UUXU_esCR944CR944&oq=costa+rica+envejece&aqs=chrome..69i57.9867j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

El “gobierno corporativo” puede ufanarse que el valor agregado en el sector de servicios es de un 73 % del valor total de Costa Rica, seguido por la industria y la construcción (21 %) y el sector primario (5 %). El proceso de apertura al comercio internacional y la atracción de inversión extranjera directa, que comenzó desde las décadas de los ochenta, diversificaron la producción del país, impulsando las exportaciones y mejorando la utilización de la fuerza laboral (Fuente: El Panorama del gobierno corporativo; en https://www.oecd-ilibrary.org/sites/380130cf-es/index.html?itemId=/content/component/380130cf-es). Además debemos alegrarnos que los ticos con anemia menores de dos años son apenas el 18%, el desempleo nacional es de 23,2%, según la encuesta Continúa de Empleo (ECE), cuyo porcentaje de desocupados nunca antes se había visto, cuya fuente asegura es culpa de la pandemia de la COVID 19. O con el creciente deterioro de las escuelas usadas por la gente impedida de recurrir a la boyante educación privada. Según la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, no se justifica el abandono en que están los centros de educación pública, porque “el Estado es responsable de asegurar las condiciones que permitan la plena realización de los derechos del niño y en particular, el derecho a una educación de calidad. (Fuente: Sobre anémicos en La Nación 16/ago 2019 y https://www.elmundo.cr/costa-rica/defensoria-mal-estado-de-centros-educativos-debe-ser-prioritario-para-el-mep/).

NACE UN MANTRA: “SIN FMI NOS VAMOS AL CARAJO”

El desempleo, la falta de vivienda, los elevados precios de los servicios y los alimentos, el congelamiento de salarios y la exclusión social – Costa Rica está entre los cinco primeros países latinoamericanos con más mayor inequidad – entre otros, estaban antes de la aparición de la pandemia de COVID 19. El sicariato y los “ajustes” de cuenta, al mejor estilo de Colombia, nunca necesitaron de un maldito virus para extenderse. Con o sin vacunas están presentes en la vida del costarricense. Y no hay un plan integrado que ataque las raíces socioeconómicas del problema. Las noticias sobre narcotráfico suelen ser aquí las compañeras inseparables durante el almuerzo o la cena. Solo en febrero de 2021 la Policía Antidrogas confirmó que evitó la “exportación” de 2.5 toneladas de cocaína; que saldría por el puerto de Limón. Según la agencia de noticias Reuter -9 ene de 2021- Costa Rica cerró el 2020 con la mayor cantidad de cocaína y marihuana incautadas en su historia, al decomisar 71,2 toneladas de droga, explicando que el récord se logró por un aumento de la producción en Colombia y mayores capacidades policiales en casa.

En este contexto cobró relevancia que un influyente diputado del PLN, exsecretario general de esa organización y presidente de la comisión legislativa sobre narcotráfico, Gustavo Viales, renunciara a los dos últimos cargos, tras ser vinculado por la policía con una investigación a un cartel dedicado al trasiego de cocaína y legitimación de capitales. (Fuente:ELPaís.cr; 13/4/2021; http://www.elpais.cr/2021/04/13/diputado-viales-del-pln-renuncia-a-inmunidad-por-caso-de-narcotrafico-en-region-sur/). El ha negado toda vinculación hecha por la policía, así como de unos parientes cercanos, haciendo ver su disposición a someterse a la investigación. Según la Fiscalía de la República la banda había infiltrado la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); trasegarían una tonelada de cocaína cada dos meses. En 1985 durante la administración del PLN, encabezada por expresidente Monge, fue detenido en Costa Rica el “inversionista” y narcotraficante mexicano, Rafael “Caro” Quintero, supuestamente con una lista de “contactos”. Fue devuelto a México en tiempo récord y la libreta donde, según la prensa, aparecían direcciones y ubicaciones de esos contactos se perdió misteriosamente.

No todo, empero, está perdido en cuanto al derecho de tener un mejor país y lo provisorio del asunto. Para el presidente Alvarado la situación socioeconómica de su país encontrará una solución con el préstamo de $ 1776 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero como “no hay chocolate sin cacao”, para acceder al empréstito deberá reformarse todo el sector estatal, congelar planillas y salarios, así como reducir fondos a importantes instituciones públicas (transferencias suena más elegante). De esta manera, la gobernanza paralela – está inspirada en el gobierno de los empresarios brasileños desde 1995-, prácticamente se consolidará definitivamente, pues quedan pocos activos estatales que vender o dar en concesión.

Durante un reciente discurso dado en la región del pacífico costarricense, en tono coloquial y para destacar la trascendencia del empréstito, Alvarado aseguró que necesitan la reforma del sector público a fin de reducir el faltante fiscal, porque sin el FMI “todo se va al carajo”.

Fuente: Semanario Universidad del 13/4/2021.

El déficit fiscal se origina, según la versión oficial, porque se destina el 1.56% de la producción nacional al pago de la deuda, siendo la mayor carga (83,82% de ella) para los llamados acreedores internos (Fuente: Diario Extra 17/4/2021). Para el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, el faltante fiscal es provocado por los tenedores de bonos de la deuda interna, la evasión de impuestos, la corrupción, el contrabando y las repetidas amnistías tributarias dadas en los distintos gobiernos, cada vez que así exigen el empresariado.

Vargas apunta a que los distintos gobiernos han “satanizado” a los empleados públicos como los responsables de la crisis fiscal cuando hay elevadísimos salarios en el sector estatal para altos burócratas afines al proyecto neoliberal, además de millones de colones que se pagan en “asesorías” a los amigos del gobierno. Es del criterio que quienes tienen bonos de deuda interna y especulan con esos valores, hacen que cada costarricense nazca embargado, pues llega a este mundo con una deudilla equivalente a $ 9.917. Por su parte, el Semanario UNIVERSIDAD se quejó recientemente porque nadie conoce a estos “tenedores de deuda interna”, pues están blindados por el principio de “confidencialidad”, según los altos tribunales del país.

Este periódico dio a conocer que 25 grandes contribuyentes del control unificado del Ministerio de Hacienda entre 2017 y 201|9 estuvieron, inexplicablemente, ausentes del Registro Único de Contribuyentes, según una investigación realizada por la Contralaría General de la república (Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/fifco-britt-h-solis-farmaceutica-y-pineras-fueron-grandes-contribuyentes-que-quedaron-fuera-del-foco-de-hacienda-en-algunos-anos/). El informe asegura que todas esas firmas registraron volúmenes de importaciones por ₡ 370.936 millones e impuestos aduaneros por ₡ 51.078 millones, equivalente en dólares estadounidense a unos $ 604 234 millones y 83 millones.

¡Sí, amigo, Cid Campeador, cosas veredes¡

* Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Video: “La consigna es el bien común”

SURCOS comparte la siguiente información:

UNDECA, SINASSASS y BUSSCO lanzan un video con un mensaje de reflexión, en el que agradece al personal médico y de salud, servicios generales, fábrica de ropa, lavandería, archivo, nutrición, logístico y administrativo de la CCSS por el servicio brindado al país en estos momentos caóticos presentes en el contexto de pandemia por el COVID-19 y a la vez hace un llamado a la defender la CCSS y luchar por evitar la precarización de las condiciones laborales del personal del sector público.

Este mensaje hace un recordatorio sobre los efectos que podrían gestarse producto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional como parte del Proyecto de Ley de Empleo Público.

Adjuntamos el video:

UNA: Pronunciamiento del Consejo Universitario

SURCOS comparte el siguiente Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNA:

25 de febrero de 2021
UNA-SCU-ACUE–2021

Señores
Comunidad Nacional y Universitaria
Señores
Consejo Nacional de Rectores (Conare)
Señores
Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Señores
Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Señores
Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia
Señores
Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional

Estimados señores:

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo, inciso, de la sesión ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2021, acta n.o 3993, que dice:

APOYO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AL ENCUENTRO MULTISECTORIAL CONTRA EL PROYECTO DE EMPLEO PUBLICO

CONSIDERANDO:

  1. El Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, artículo 37, establece que una de las funciones del Consejo Universitario es “pronunciarse y manifestar la posición de la Universidad Nacional en asuntos de importancia nacional e internacional”.
  2. La reunión que se llevó a cabo el día de 25 de febrero de 2021 por organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales y movimiento estudiantil universitario que tomó el siguiente acuerdo:

CONSIDERANDO QUE:

  1. Los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.
  2. En lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de costarricenses.
  3. Los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una virulenta campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, algo absolutamente fuera de toda lógica real.
  4. El gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.
  5. Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.
  6. La estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.
  7. El Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra autonomías constitucionales y contra autonomías institucionales, que tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático y que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  • CREAR UN FRENTE NACIONAL DE DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE QUE INVOLUCRE A COMUNIDADES UNIVERSITARIAS, A ORGANIZACIONES SINDICALES TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO, A ORGANIZACIONES COMUNALES Y DE VECINOS, A MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO, A ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DE MUJERES, A ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, A AUTORIDADES MUNICIPALES, A JUNTAS COMUNALES DE SALUD, Y OTRAS.
  • DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA A FIN DE QUE COMPRENDAN QUE EL PROYECTO DE EMPLEO PÚBLICO NO BUSCA MEJORAR LA EFICACIA, NI ORDENAR AL SECTOR PÚBLICO, SINO DESMANTELAR EL ESTADO Y PRECARIZAR CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES DE LA CLASE TRABAJADORA.
  • ENFRENTAR EN FORMA CONJUNTA TODA LA AGENDA LEGISLATIVA QUE EN EL MARCO DEL ACUERDO CON EL FMI PRETENDE CARGAR SOBRE LOS HOMBROS DE LOS SECTORES MEDIOS Y LABORALES EL COSTO DE LA CRISIS ECONÓMICA, POR MEDIO DE UN AUMENTO DE LA CARGA IMPOSITIVA.

4-        DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRABAJO DENTRO DE LAS INSTITUCIONES A FIN DE GARANTIZAR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE.

  1. La participación activa del M.Ed. Francisco González Alvarado, rector, la Dra. Carolina España Chavarría y el M.ag. Esteban Araya Salazar, miembros del Consejo Universitario en el Encuentro Multisectorial contra el Proyecto Ley de Empleo Público.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  1. APOYAR LAS INICIATIVAS EMANADAS DE LA REUNION DEL GRUPO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES, COMUNIDADES UNIVERSITARIAS, MUNICIPALES Y MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO LLAMADO PROGRAMA ENCUENTRO MULTISECTORIAL CONTRA EL PROYECTO DE EMPLEO PUBLICO. ACUERDO FIRME.
  2. SOLICITAR A LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL QUE COMUNIQUEN Y DIVULGUEN, EN REDES SOCIALES Y LOS MEDIOS DISPONIBLES, ESTA DECLARATORIA. ACUERDO FIRME.

Atentamente,
CONSEJO UNIVERSITARIO
Tomás Marino Herrera
Presidente

lsr/w/misdoc/acuerdo/

C:        Contraloría Universitaria
Asesoría Jurídica
Oficina de Comunicación
Oficina de Relaciones Públicas

El día después

Arnoldo Mora Rodríguez

El título de este artículo evoca uno similar de una película, que trata de imaginar lo que sería el mundo unos días después de que la humanidad sufriera una hecatombe nuclear. Para evitar ese desolador panorama, he pergeñado algunas reflexiones que, partiendo de la premisa de que, si bien se reconoce que nada después de esta pandemia será lo mismo, tampoco tiene porqué ser peor, sino todo lo contrario; pero, para ello se requiere que tomemos conciencia lúcida del papel que ahora nos corresponde asumir.

La pandemia que hoy (pre)ocupa a la humanidad entera, haciendo que ponga todos sus recursos científico-tecnológicos más avanzados y sofisticados, invierta ingentes recursos económicos, readecúe a las exigencias del momento sus prácticas políticas y cuestione el “orden“ jurídico con que ha regido las relaciones de poder en el ámbito público, por no hablar de los cambios radicales y vertiginosos en los valores que determinan la vida privada y el universo cultural y axiológico, tiene su origen en el ámbito biológico con repercusiones graves e irreversibles en la salud de la población; pero afecta, en no menor medida, las estructuras económico-sociales y el ejercicio del poder político. Estamos, en consecuencia, ante una profunda ”revolución” en todas las dimensiones de la vida humana; un nuevo hombre está a punto de surgir de la actual crisis con la rapidez propia del actuar humano, mayor que la que caracteriza a los procesos evolutivos de la Naturaleza; el ser humano posee un tiempo que rige los acontecimientos de la historia de la humanidad, que es significativamente más veloz que aquel que ha creado la Naturaleza para llevar a cabo los saltos cualitativos que jalonan las etapas de la evolución.

Pero lo grave de estas diferencias entre uno y otro proceso, es que nuestra mente está hecha para reaccionar según los ritmos de la Naturaleza, dado que nuestro cerebro es el creador de la cultura, pero es producto de la evolución; hay aquí una especie de esquizofrenia, que actualmente constituye una enfermedad tan perniciosa como la que causa en la salud orgánica la covid-19. De ahí que lo más urgente hoy en día es, no sólo lograr lo más pronto posible una vacuna eficaz y fácilmente accesible a todos los pueblos del mundo, sino también tomar lúcida conciencia de que estamos ante uno de los más radicales y vertiginosos cambios de la historia en todos los ámbitos del quehacer humano, provocados por el propio homo sapiens gracias al poder que le confiere la revolución científico-tecnológica de los últimos cinco siglos.

A fin de convertir esta crisis en un trampolín que nos posibilite dar un salto cualitativo, debemos usar el poder político que hoy emplea un tanto irresponsablemente el ser humano. Para ello, pienso que lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que el retorno al status quo, es decir, a la situación como la que vivía la humanidad antes del inicio de esta pandemia y que dio origen a la misma, no es dable. La dialéctica que rige los procesos históricos, se inspira en la conciencia del tiempo concebido como instante, entendiendo por tal la condición única e irrepetible del devenir en su dimensión cuántica; el reloj que marca el trascurrir del tiempo no tiene marcha atrás, es un modelo de vehículo que no tiene reversa; en consecuencia, sólo nos cabe planificar nuestro futuro asumiendo nuestra libertad tal como la concebían San Agustín y Leibniz, esto es, como la opción inspirada en criterios axiológicos, cuyo único fin es la procura de la convivencia humana, concebida ésta como algo más y mejor que el instinto gregario con que se rigen los primates; lo cual significa pasar de la sobrevivencia a la convivencia, hacer que la vida social propicie una experiencia comunitaria; no olvidemos que “comunidad” tiene su raíz etimológica en el término “común”, lo cual significa que los bienes producto de la acción humana tienen un fin común, están llamados al disfrute de todos; en consecuencia, la única razón de ser del ejercicio del poder político es contribuir eficazmente a crear las condiciones objetivas (instituciones) y subjetivas (educación) de una sociedad justa, equitativa y solidaria para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Tradicionalmente la filosofía reduce estos valores supremos a tres: la verdad, el bien y la belleza; lo cual equivale a decir que el saber, sobre todo el derivado de la aplicación del método científico, tiene como finalidad la procura del bien y el disfrute del placer estético.

Cómo lograr hacer realidad esta utopía en respuesta a la crisis que nos agobia, es tarea que a todos nos incumbe. Para ello, debemos poner desde ya los cimientos de un nuevo orden mundial. Pero no debemos pretender hacer tan descomunal tarea si no comenzamos por poner orden en nuestro entorno más cercano; si queremos cambiar el mundo, debemos comenzar por cambiar nuestro propio país. Concretamente, en el caso de Costa Rica el mayor logro de nuestra historia ha sido la creación del Estado Nacional en el siglo XIX y la alfabetización de la mayor parte de la población, gracias a las reformas liberales en las décadas que van de ese siglo al siguiente. A partir de entonces, vendría la creación del Estado de Derecho llevada a cabo por la generación del Olimpo y luego la forja del Estado Social, propuesta por el Partido Reformista del General-sacerdote Jorge Volio y realizada por la alianza entre el Presidente Calderón Guardia, el Arzobispo Víctor Manuel Sanabria y el líder del Partido Comunista Manuel Mora Valverde. Todo lo cual culminó en la creación de la II República, liderada por José Figueres Ferrer e inspirada en el ideario del Centro de Estudios para la Realidad Nacional, creado bajo la guía de Rodrigo Facio. Gracias a este largo e inspirador proceso, en el cual intervinieron los más ilustrados e influyentes sectores políticos, se emprendió la modernización de la sociedad costarricense; proceso liderado por un fuerte y creciente Estado Nacional, que propició el ascenso de una clase media formada profesionalmente por la Universidad de Costa Rica, reformada por el Rector Rodrigo Facio.

Lo anterior se hizo posible gracias al surgimiento de una poderosa clase media, que hasta 1985 mantuvo una fuerte alianza con los sectores oligárquicos tradicionales. Concretamente, fue en la primera Administración de Oscar Arias que la oligarquía criolla se propuso asumir en solitario el monopolio del poder; desde entonces, la clase media ha venido sistemáticamente siendo despojada de todos sus logros, se ha visto sometida a un proceso implacable de empobrecimiento y precarización. Debido al ascenso de sectores urbanos de ideología socialdemócrata, que desplazaron a la alianza socialcristiana-socialista de la década de los 40s., los más importantes de esos logros se mantuvieron. Hoy, para mantener esas conquistas y no precipitarnos en el caos y la violencia desenfrenada que han sufrido países vecinos, se impone forjar otro contrato social por parte de un nuevo sujeto histórico, que sea configurado por la alianza estratégica entre las capas medias, los propietarios pequeños y medianos, el sector agrario, profesionales independientes, funcionarios y empleados públicos y las clases populares. La mencionada alianza sólo se logrará si los sectores sociales, sobre cuyos hombros la oligarquía pretende cargar la crisis global que hoy sufre nuestro país, asumen un papel protagónico.

La pandemia no ha hecho sino poner en evidencia la crisis de hegemonía, que tradicionalmente ha asumido la alianza de la oligarquía con el capital trasnacional, en el que recientemente la despótica oligarquía centroamericana afincada en nuestro país, tiene un papel significativo. Hoy se impone, como un imperativo histórico de nuestra democracia, poner los cimientos para crear la III República basada en la alianza de los sectores medios y populares. Se encaminan en ese sentido pasos como los dados con la firma de un documento dirigido a los diputados y que es encabezado por el Arzobispo de San José; aunque todavía no estamos cerca de lograr la meta de construir una mejor y más sólida democracia, debemos ver en esos gestos los primeros pasos de ese anchuroso y esperanzador camino también. Las reformas deben comenzar por incidir en una mayor justicia distributiva y tributaria. Las oligarquías criollas, como en 1948, deben pagar el costo de la reconstrucción de la economía y no los sectores populares y medios. Si la minoría plutocrática no quiere entender que deben asumir el peso mayor de la reconstrucción del país, deben saber que, con ello, están atizando un estallido social como nunca lo ha vivido el país; con lo cual todos perderíamos, pero ellos mucho más; porque sería encender una chispa cerca de un barril de pólvora; está en sus manos ceder en aras de la justicia social, porque las dinámicas de las reformas sociales no permiten retrasos. No podemos retroceder a la Costa Rica anterior a 1940.

Para lograr sus objetivos, los sectores populares deben forjar un frente patriótico en vistas a realizar un programa mínimo, que suscite el consenso mayoritario de todos los sectores objetivamente afectados por esta crisis global y planetaria que hoy golpea, con no menor dureza, a nuestro propio país; todo teniendo como meta, no sólo soluciones de momento, sino igualmente reformas que consoliden y profundicen nuestro mayor logro histórico: el Estado Social de Derecho. Para ello debemos comenzar por defender a ultranza las instituciones que han demostrado ser los pilares de nuestra democracia, como son la Caja Costarricense del Seguro Social, los bancos estatales, la educación pública, especialmente las universidades a quienes debemos, no sólo la formación de profesionales competentes y honestos, sino la investigación científica en su totalidad, cuya importancia ha quedado de manifiesto hoy más que nunca y todo el sector público hoy tan injustamente denigrado. A los partidos políticos que se opongan a este plan de reformas, el pueblo soberano debe pasarles la factura en las próximas elecciones. Por su parte, las organizaciones populares deben dar prioridad a la formación de cuadros y dirigentes locales, en vistas a la formación de la conciencia cívica de los más amplios sectores y de la conquista de la conciencia ciudadana. Las proclamas de Juanito Mora y las enseñanzas de D. Joaquín García Monge, nos convocan a esta cita con la historia. Porque el mañana ha comenzado ya.

La crisis del Covid en Costa Rica: una reflexión desde la geografía crítica

José Antonio Mora Calderón
Alberto Gutiérrez Arguedas

El presente documento es resultado de las reflexiones expuestas en el Foro “La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19”, realizado el 10 de junio de 2020, en el marco del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (GT-PGCL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como tal, el texto está estructurado en forma de una secuencia de ideas, a partir de las tres cuestiones/interrogantes que fueron levantadas en dicho Foro: (1) ¿Cómo ha sido la respuesta de cada gobierno? (2) ¿Cuál es el contexto político y las presiones económicas que enfrenta cada gobierno y cómo se complejiza en esta coyuntura? y (3) ¿De qué forma la geografía en general y la geografía crítica en particular contribuye o puede contribuir a enfrentar esta crisis?

  • 1) Respuesta del gobierno/Estado costarricense
  • Desde el punto de vista meramente técnico-epidemiológico, la respuesta del Estado y la sociedad costarricense para contener la pandemia del Covid ha sido bastante eficaz y satisfactoria. Los números así lo revelan: 1.375 personas infectadas y 11 personas fallecidas -al 9 de junio-. Un dato revelador es el hecho que han muerto casi el doble de costarricenses en Estados Unidos (20), que dentro del territorio nacional. No obstante, en la última semana (1-7 junio) se ha visto un aumento inusitado de los casos, localizados principalmente en la Zona Norte, asociado a los enclaves agroexportadores. Vale aclarar: a pesar de que los números son en apariencia “buenos”, no queremos ser fríos y restar importancia a esta situación, pues la misma ha provocado sufrimiento a cada una de esas personas afectadas y sus familias.
  • Las medidas tomadas por el gobierno, y especialmente ordenadas desde el Ministerio de Salud, han buscado aminorar la cantidad de casos, evitar el llamado contagio comunitario, y al mismo tiempo desacelerar la velocidad de propagación del virus, con el fin de que el sistema de salud no colapse. Estas medidas han sido el teletrabajo en el sector público, cierre de escuelas, colegios y universidades públicas trasladando la educación a una modalidad virtual, la cuarentena voluntaria, así como la obligatoria para las personas que han venido del extranjero durante el estado de emergencia, el cierre de playas, parques nacionales y parques urbanos y metropolitanos, cierre de bares y espacios de confinamiento como teatros y cines, restricción vehicular y partes sanitarios, y otros.
  • Otro aspecto a destacar en esta coyuntura es la propuesta realizada por el gobierno de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud -OMS-, para crear un repositorio de acceso público en donde se faciliten conocimientos y tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del Covid. Si bien es una iniciativa admirable, el peso político que esta puede tener es bastante limitado, tomando en cuenta el papel de las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo.
  • El principal factor que explica este “éxito” es la existencia de un sistema público de seguridad social aún bastante sólido y funcional, a pesar del debilitamiento que ha sufrido durante cuatro décadas de neoliberalismo, lo cual demuestra su enorme resiliencia. Han tenido un papel protagónico, en primer lugar, la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- y el Ministerio de Salud, pero también, todo un conjunto de instituciones públicas solidarias (Instituto Costarricense de Electricidad -ICE-, universidades públicas, Fábrica Nacional de Licores -FANAL, encargada de la producción de alcohol en gel-, Consejo Nacional de Producción -CNP-, entre otros).
  • En ese sentido, uno de los aprendizajes y lecciones más claros que nos deja esta crisis es la importancia de defender las instituciones públicas, las cuales han sido víctimas de hostigamiento y de un ataque fraudulento y sistemático por parte de los grupos de poder político-económico, que abogan por su privatización. Todas las instituciones mencionadas anteriormente sufren graves desequilibrios financieros, así como un deterioro de su imagen en la opinión pública.
  • 2) Contexto político y presiones económicas
  • La crisis sanitaria del Covid ocurre en un momento de profundización del modelo neoliberal en Costa Rica. A diferencia de otros países de la región, en Costa Rica el proceso de neoliberalización no se ha caracterizado por “políticas de shock”, sino por una implementación gradual y progresiva durante casi 40 años, con algunas fases de aceleración, como la que vivimos actualmente. Otros ejemplos pueden ser los tres Programas de Ajuste Estructural (1985, 1989 y 1995), así como la firma del TLC con Estados Unidos (2008).
  • Como antecedente político más inmediato, tenemos la aprobación de una reforma fiscal de clara vocación regresiva, en 2018. Dicha reforma fue impuesta por el gobierno actual de forma vertical y autoritaria, a pesar de la masiva oposición por parte de diferentes sectores sociales. Entre algunas de sus medidas más cuestionables está la regla fiscal (que abre las puertas a recortar e inclusive cerrar instituciones públicas) y el Impuesto al Valor Agregado -IVA- (que recarga sobre la base social el mayor peso de la recaudación fiscal), al mismo tiempo que perpetúa privilegios fiscales sobre grandes capitales y no corrige los graves problemas de evasión y elusión.
  • Por detrás del “éxito” en la contención de la pandemia, se esconde un escenario social y económico muy preocupante, el cual se ha visto agravado y profundizado por esta crisis. Costa Rica ya está dentro de los diez países con mayor desigualdad en el mundo (el 20% más rico percibe 13 veces más ingresos que el 20% más pobre); el desempleo ha alcanzado uno de sus máximos históricos (12,5%) y apunta a seguir creciendo; hay una precarización económica y laboral acelerada (47,1% de la población económicamente activa en el sector informal), retroceso en derechos laborales; así como profundas asimetrías territoriales y regionales.
  • Los impactos económicos suscitados por el Covid han recaído mayoritariamente sobre aquellos sectores que ya, de por sí, estaban precarizados: pequeños productores y comerciantes, trabajadorxs informales, trabajadorxs del sector privado (el turismo sufrió un fuerte golpe), mujeres, jóvenes, entre otros. Cada vez más, importantes segmentos de la población enfrentan grandes dificultades y angustias para satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vivienda, trabajo y acceso a servicios. En muchas comunidades, rurales y urbanas, el hambre toca la puerta (encuesta reciente revela que una de cada tres personas se ha visto en la necesidad de disminuir tiempos de comidas).
  • Al mismo tiempo en que destacamos la importancia del Estado Social y las institucionalidad pública, criticamos el abandono histórico y sistemático que ha sufrido un conjunto de grupos sociales subalternos, por parte de ese mismo Estado. Campesinxs, pescadorxs, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante y refugiada, entre otras, han sido víctimas de exclusión y violencia estructural por décadas, y hoy, son algunos de los grupos en condición más vulnerable frente a la pandemia. El reciente brote de Covid en los enclaves agroexportadores -cuya mano de obra es mayoritariamente migrante- es clara muestra de ello.
  • Es precisamente a partir de estos grupos en condición de subalternidad que vemos algunas de las estrategias y alternativas más interesantes para encontrar salidas a la crisis social, económica y política del Covid. Frente al abandono y exclusión histórica, agravada en la coyuntura actual, se fortalecen los vínculos de solidaridad y reciprocidad, el autocuidado comunitario, muchas veces al margen del Estado, e inclusive, del mercado. Las comunidades fortalecen sus vínculos con el territorio, en busca de garantizar la reproducción de la vida.
  • En la coyuntura actual, el gobierno -y el Estado en general- se ha visto sometido a fuertes presiones por parte de grupos de poder político-económico. Si bien las medidas de contención de la pandemia han sido bastante eficaces, pareciera que hay sectores sobre los cuales el Estado prácticamente no tiene poder de injerencia, como el agronegocio. Las clases dominantes buscan aprovechar el estado de excepción provocado por la crisis del Covid para profundizar aún más el modelo, como quedó evidente en el documento publicado por Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado -UCCAEP- el pasado 5 de junio, titulado “Un pacto por el empleo”, en donde abogan, de manera cínica y autoritaria, por la eliminación y flexibilización de regulaciones laborales, fiscales y ambientales, para “reactivar la economía”.
  • 3) Aporte de la geografía crítica para enfrentar la crisis
  • La geografía crítica puede ayudarnos a visibilizar la centralidad del territorio como parte de la construcción de un modelo de organización societeria alternativo. Ha quedado en evidencia la grave vulnerabilidad de tener una economía tan liberalizada y abierta a los circuitos de acumulación globalizados (por ejemplo, el agronegocio y el turismo), por lo tanto, es un momento oportuno para problematizar este modelo y apostar en otros usos del territorio, buscando una mayor equidad social, autonomía y justicia ambiental, “desde abajo y hacia adentro”. Propuestas como la agroecología y la economía social solidaria toman fuerza y se muestran como horizontes alternativos posibles. La soberanía/autonomía alimentaria es fundamental.
  • No obstante, creemos que a pesar de lo central que se ha vuelto el territorio para comprender y pensar en alternativas, la discusión de pensar la pandemia desde la lógica del territorio de gobernanza (Estado-nación) también puede invitar a fortalecer los nacionalismos, queriendo compararse con otros países. Esto puede llevar a que se pierda la perspectiva crítica en cuanto a la construcción social e histórica de los territorios, las territorialidades y los estados-nación. Pensamos esto porque nos preocupa el aumento del discurso de odio, xenofobia y chauvinismo, que se está dando en Costa Rica, por el aumento de casos en la Zona Norte.
  • Las escalas geográficas han cambiado enormemente a partir de esta pandemia. En este contexto, hablar de conceptos básicos de la Geografía como desplazamientos, distancias y localizaciones se vuelve un enorme reto, principalmente por el aumento del uso a los mecanismos digitales de comunicación. Además de ello, el confinamiento ha implicado desde doble a triples jornadas de trabajo en las mujeres, y esto no se puede naturalizar. La gigantesca ola de desempleo que desató esta pandemia tiene y tendrá repercusiones sociales que aún no logramos imaginar. La violencia y el consumo de alcohol en las casas se ha disparado y en general han cambiado muchísimo las escalas desde donde la gente está produciendo y reproduciendo su vida, en la medida de sus posibilidades. Por todo ello, nos surge la pregunta de cómo será la actual Geografía del Confinamiento en medio de esta pandemia. ¿Cómo podríamos cartografiar más allá de los casos activos por cantón, sino más bien lograr evidencias todas estas otras dinámicas sociales que se han desarrollado?

SINTRAJAP en lucha por defensa del derecho al trabajo

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios, organizó una conferencia de prensa para este lunes 16 de setiembre 2019 en el Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa. A las 2 de la tarde SINTRAJAP espera la presencia de los medios informativos.

Junto a representantes de los seis gobiernos locales de la provincia de Limón darán a conocer los acuerdos tomados en conjunto y las acciones que realizarán conjuntamente, para exigirle al gobierno “el respeto que Limón merece para tomar sus propias decisiones y para que se cumpla con la Ley Orgánica de JAPDEVA, su autonomía, su potestad de imperio como Autoridad Portuaria en el Caribe Costarricense y en su rol como encargada del desarrollo socioeconómico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica”.

El comunicado recibido en SURCOS está firmado por Liroy Pérez Pérez, secretario de Prensa.

Enviado a SURCOS por María Miranda.

El Caballo de Troya y las pensiones en Costa Rica

Álvaro Vega Sánchez,

Sociólogo

El Plan Fiscal como el mítico Caballo de Troya deslumbraba por su grandeza redentora, y ahora resulta que de sus entrañas emerge una soldadesca revestida de proyectos de ley y medidas que tienden a la precarización de los empleados públicos, los pensionados y las pequeñas y medianas empresas, así como a la prohibición de la protesta social… Sale a relucir su verdadero objetivo: arrasar con lo que queda de nuestro Estado Social de Derecho, coartando libertades ciudadanas y derechos adquiridos. Es decir, someter al país a los dictados del capitalismo rupestre y salvaje.

El periódico La Nación, atendiendo a esos dictados –que es su misión histórica–, dedica una de sus “valiosas” páginas a una entrevista al ex superintendente de Chile don Guillermo Larraín. Destaca en el titular su opinión: “privilegios en pensiones, deben limitarse” (La Nación, 05-08-2019, p.16). Y otra de esas páginas de la misma edición la dedica a un artículo de uno de sus ideólogos, don Jorge Woodbridge, titulado “Ajustar privilegios y cumplir la regla fiscal” (¡una feliz coincidencia, querido Sancho!). Sí, así como se oye, al mejor estilo de la vieja pedagogía escolar, a punta de reglazos, tenemos que someternos a la “ley” (¿desde cuándo el ser humano se hizo por causa del sábado?), aunque esta mate la dignidad de las personas. La Nación se ha venido dedicando, un día sí y otro también, a sacar la basurita en ojo ajeno para ocultar la viga en ojo propio, la de los verdaderos privilegios en este país de la “dinastía de los conquistadores” (Samuel Stone).

El señor Larraín viene de Chile que junto con Argentina están entre los primeros países que privatizaron el sistema de pensiones llevándolo al fracaso total, según la OIT en su último Informe (La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina 2000-2018). Al parecer, no lo reconoce. Sin embargo, tratando de corregir el entuerto apuesta por la homogenización de los regímenes y aumentar las cotizaciones de los trabajadores para coadyuvar a los Estados a superar los déficit fiscales crecientes. Una receta mágica, que también están impulsando algunos proyectos de ley en curso en la Asamblea Legislativa (¡caray, otra coincidencia!). Como hemos venido insistiendo, la receta es populista y fiscalista. De Chile y los chilenos hemos recibido valiosos insumos y debemos estar muy agradecidos. Pero en esta materia, y en la línea que recomienda el señor Larraín, no, y también muchas gracias.

El tope que se fijó de 1.5 millones –más tarde de 1.6– en el Régimen del IVM de la Caja es anacrónico y desfasado. Por esa razón, muchos profesionales del sector público prácticamente no se jubilan o lo hacen a edades muy avanzadas, cerrando horizontes laborales a la generación de relevo e incrementando las tasas crónicas del desempleo. ¿Quién en su sano juicios va a dejar de percibir un salario de 2.5 a 3.5 millones por una pensión de 1.6 millones? Al menos, lo pensaría y postergaría. Si se trata de equidad y razonabilidad, estamos hablando de trabajadores que han aportado cotizaciones brutas muy elevadas y, aunque estemos de acuerdo con el criterio de la contribución solidaria en que se basa el régimen, lo cierto es que resulta altamente inequitativo. También, por esta razón fue que se crearon regímenes especiales, es decir, para mantener el principio de la solidaridad pero también el de la equidad y garantizar la progresividad de los derechos de los pensionados.

Ahora bien, si se quiere ser serio con la reforma en una materia compleja y vital –que incluya régimen del IVM, regímenes especiales, ROP y Pensiones Complementarias– para garantizar desarrollo y bienestar social en un país donde cada vez serán más los jubilados, atendamos a algunos de los once consejos de la OIT en el Informe citado. Por ejemplo, el diálogo social para generar consenso, realizar campañas de comunicación e información objetiva y veraz y conformar comisión o equipos técnicos representativos de los actores implicados.

En este campo y en muchos otros necesitamos concertar políticas de Estado para romper el círculo electoralista y apostar por la sana política que nos conduzca a la Costa Rica próspera y solidaria de los próximos 50 años.

 

*Imagen ilustrativa tomada de la página de Facebook de Colectivo Derecho a la Protesta Social

Enviado por el autor.

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De pensamiento es la guerra

Nils Castro

 

Desde finales del siglo pasado, en América Latina experimentamos un proceso por el cual varios partidos o liderazgos de izquierda han llegado al gobierno por medios electorales. Esto abrió un panorama de originales oportunidades políticas y socioeconómicas de carácter democrático, pese a las restricciones que los sistemas políticos y electorales vigentes en cada país tenían establecidas para asegurar el mantenimiento del régimen ya instalado por la clase dominante.

Como era de prever, la emersión de este proceso despertó el fenómeno opuesto: la contraofensiva regional de la derecha en los planos político, mediático, sociocultural y económico, que ha explorado varias modalidades. Aunque algunos de esos gobiernos más tarde fueron defenestrados o han sufrido reveses electorales, nada impide que los movimientos que los impulsaron se rehagan, ni que en otras naciones latinoamericanas afloren opciones de izquierda que también ganen elecciones. Pese a los afanes de algunos “críticos” que pretenden que dichos reveses ya significan la aniquilación de ese proceso, este todavía es un fenómeno en desarrollo: sus causas no han cesado, ni tampoco las expectativas y nuevos escenarios que ellas movilizan.

Precisamente por esto, transcurridos tres lustros el conjunto de esa experiencia debe ser evaluado. No solo por sus valiosas aportaciones, sino porque ello contribuirá a superar la multiforme contraofensiva de las derechas que, pese a haberse advertido a tiempo, pilló impreparados a muchos liderazgos de izquierda. Por ello, esa evaluación demanda tanto honestas autocríticas como conclusiones dirigidas no sólo a revertir dicha contraofensiva, sino a elevar los objetivos del proceso.

La demora en hacerlo favorece la proliferación irresponsable o maliciosa de cierto periodismo sensacionalista que recicla “teorías” como las del péndulo y el “fin de la historia”. Su pertinacia busca negar legitimidad y hasta subsistencia a las izquierdas que militan en los respectivos países, en paralelo con la contraofensiva de las derechas.

  1. El nombre

Antes de abordar algunos aspectos del asunto conviene recordar algunos antecedentes del actual “progresismo” y los alcances que la palabra ha tenido. Discutir el nombre ayuda a acordar cómo ocuparnos del fenómeno.

Me parece inapropiado referirse a la diversidad de formas nacionales de ese proceso con el nombre de “socialismo del siglo XXI”. Más que proponer un proyecto articulado, esa noción expresa el anhelo asignado a una gesta nacional, pero difícilmente puede caracterizar a las emprendidas en otros países. En estricto sentido, el país donde hoy se construye y debate un proyecto socialista para el siglo XXI es Cuba.

Para abarcar ese variado conjunto de experiencias prefiero el veterano calificativo de “progresistas”, comodín lingüístico de larga historia latinoamericana. En los años 60 y 70 incluyó a corrientes, líderes y gobiernos que fueron desde Lázaro Cárdenas y Jacobo Árbenz hasta la revolución boliviana, Jango Goulart y Salvador Allende, sin omitir a Torres, Velasco y Torrijos, entre tantos otros. Esto es, designó a movimientos patrióticos y populares con los cuales la izquierda podía colaborar, que aportaron justicia social, impulsaron la producción nacional, fueron solidarios y procuraron rescatar la soberanía y autodeterminación conculcadas por el imperialismo.

Ese vocablo no requirió definición doctrinaria pero brindó un ancho alero para juntar a esa rica gama de corrientes efectivas en nuestras ciudades y campos, para compartir demandas y metas sin desconocer las diferencias que coloreaban sus respectivas identidades.

En aquellos años se emplearon otros términos afines, como los de movimientos o gobiernos de liberación nacional, nacional-populares, democrático-revolucionarios, etc. Pero la noción de “progresistas” conserva la ventaja de ser más indeterminada que otras con las cuales se intenta sustituirla pero son menos flexibles ante el heterogéneo panorama regional. Por ejemplo, la de “pos neoliberales”, que sugiere que el neoliberalismo pereció, o los gobiernos progresistas pudieron ignorar todas sus imposiciones. Como tampoco las de gobiernos de “centroizquierda”, reformistas o socialdemócratas, cascaron es cuyo sentido el oportunismo europeo vació al entregarse al neoliberalismo, y que en Latinoamérica omiten las controversias que cada día animan la vida interna del progresismo.

  1. Sus antecedentes

Pese a la represión macartista al movimiento democrático de la posguerra, durante los años 60, en significativos sectores populares y medios tomó cuerpo una cultura política afín a las aspiraciones emancipadoras, latinoamericanistas y reformadoras. Además de sus propias reivindicaciones, esa cultura asumió repercusiones de la quiebra del estalinismo, las realizaciones de la Revolución cubana, las revoluciones del 68, los movimientos anticolonialistas afroasiáticos y la lucha del pueblo norteamericano por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. El progresismo que maduró en aquellos años, tuvo la virtud de compaginar toda esa gama de experiencias.

En menos de 30 años, en América Latina esa cultura política alcanzó un auge significativo, sobre todo en sectores urbanos populares y medios. El brío que el acontecer sociopolítico regional le imprimió a la misma se plasmó en una aceleración significativamente reflejada en dos hitos: entre el momento en que Fidel Castro enunció el Programa del Moncada[1]y aquel cuando proclamó La II Declaración de La Habana mediaron apenas 10 años[2].

No obstante, en el fragor de los siguientes años más de una vez el vanguardismo idealista de algunos de sus líderes excedió los términos de esos hitos, al postular como punto de partida al segundo ‑‑la revolución socialista continental‑‑ a poblaciones que aún no habían llegado a reclamar aspiraciones como las planteadas en La Historia me absolverá. Su fervor sobre pasó los alcances temporales de lo que el grueso de la columna de millares de potenciales rebeldes latinoamericanos ya estaban listos a hacer suyos.

Después, al cabo de su tiempo aquel robusto fenómeno padeció el desgaste de la demora del éxito de los proyectos revolucionarios emprendidos, de la frustración de las esperanzas inicialmente cifradas en la renovación del “socialismo real” ‑‑y a la postre su desaparición‑‑, así como la “apertura” de China y el cambio de su política internacional. Por añadidura, de los efectos del “periodo especial” cubano, que retrajeron temporalmente las esperanzas latinoamericanas en la posibilidad de repeler al imperialismo y de acceder al socialismo, y que motivó dudas y controversias sobre la naturaleza y las posibilidades del propio socialismo.

  1. Expansión y crisis

Esa cultura política latinoamericana tuvo un repliegue. Así, cuando en tiempos de la señora Tatcher y el presidente Reagan el imperialismo desató la contraofensiva neoliberal, en el campo revolucionario las fuerzas ideológicas requeridas para enfrentarla no estaban en su mejor momento. Eso le facilitó a la derecha imperial y sus cómplices locales no solo lograr una rápida implantación de sus “reajustes estructurales” en los ámbitos institucionales y económicos, sino también en el campo ideológico, moral y cultural.

El ímpetu contrarrevolucionario de la ofensiva neoliberal reformuló las normas e instituciones económicas internacionales en beneficio de la gran burguesía financiera y la privatización des nacionalizadora de los recursos y empresas públicas. En términos generales, pese a que la pesadilla de las dictaduras militares quedó atrás, se reorganizó el ejercicio de la política y las prácticas electorales a favor de los liderazgos dispuestos a justificar e implementar los correspondientes “reajustes” institucionales y normativos. Aunque se menciona con menor frecuencia, esa ofensiva igualmente invadió el campo ético, cultural y educacional. Alineó los grandes medios periodísticos, restringió las universidades públicas y multiplicó las privadas, eliminó los subsidios a múltiples centros de investigación, cooptó a intelectuales y formadores de opinión, etc.

Aquella ofensiva fue adonde sabemos: achicar el Estado y sus atribuciones, desproteger las empresas y la producción nacional es, precarizar el trabajo y el salario, marginar las organizaciones laborales y sociales, insolidaridad, consumismo, etc. Pero a la postre eso provocó irritaciones sociales que remataron en insurrecciones urbanas y pérdidas de gobernabilidad. Al cabo, la política y los procesos electorales reordenados por las agencias neoliberales perdieron legitimidad y eficacia, y la supervivencia del sistema requirió rehacerse.

Aun así, incluso tras la crisis económica que afloró en 2008, es excesivo pretender que el neoliberalismo colapsó. Aun teóricamente desacreditado, sigue asociado al gran capital y continúan vigentes sus reglas, que regulan el comercio y las finanzas internacionales, y gran parte del funcionamiento institucional de la mayoría de los organismos internacionales y países, así como las formas de pensar de millares de funcionarios públicos y privados. A esto contribuye el hecho de que el neoliberalismo es blanco de múltiples críticas, pero aún no ha tenido que enfrentarse a una contrapropuesta ideológica sistematizada.

  1. Al gobierno, pero no al poder

Como sabemos, en ese escenario de rechazo social a las política neoliberales, varias candidaturas procedentes de la izquierda mejoraron sus posibilidades al coincidir con el crecimiento del voto de castigo contra quienes las sustentaron. Con diferencias según las particularidades de cada país, algunas izquierdas mejoraron su representación municipal y/o parlamentaria, o directamente ganaron elecciones presidenciales aún sin haber logrado significativas victorias locales y legislativas.[3]

El análisis y comparación de procesos nacionales deberá ser parte de la evaluación que tenemos pendiente hacer y compartir. No obstante, sabemos que estas victorias fueron viables gracias a la combinación de unas promesas de campaña deliberadamente poco radicales, con la votación de repudio a la políticas y los gobiernos precedentes. En otras palabras, gran parte de esos votos no reflejó una identificación ideológica de la mayoría ciudadana con un proyecto enfilado a emprender la Revolución, ni con el supuesto de que sus candidatos realizarían un gobierno más revolucionario que el prometido en su oferta electoral.

Por lo tanto, mutatis mutandis, esas izquierdas obtuvieron una oportunidad de gobernar asociada a una mayoría electoral que reclama mejorar sus condiciones de vida, pero que no por ello ya está dispuesta a asumir ‑‑al menos todavía‑‑ las tensiones y riesgos de emprender un salto revolucionario. En otras palabras, de gobernar para cumplir determinadas promesas electorales, no para sobrepasarlas. Además, para hacerlo respetando la institucionalidad prestablecida, sin modificarla por medios distintos de los que ella misma dejaba establecidos. Esto es, para llegar al gobierno, pero no al poder.

Solo donde grandes insurrecciones urbanas habían abierto la posibilidad de cambios mayores, algunos de esos gobiernos pudieron realizar reformas constitucionales que ampliaran su campo de acción aunque, aun así, esas reformas más tarde resultarían insuficientes.[4]

  1. Cuánto ya se pudo

La devastación del Estado por el tsunami neoliberal y sus dolorosas consecuencias en cada población y soberanía nacionales, hizo indispensable emprender rectificaciones, a riesgo de llevar países y economías al caos. La aparición de gobiernos progresistas se insertó en ese contexto, cuando urgieron políticas correctivas pos neoliberales, sin que aún fuera viable sostener alternativas pos capitalistas. Pero eso permitió reconstruir un sistema socioeconómico con el cual reparar muchos de los daños sociales infligidos por los “ajustes” neoliberales, y restablecer las funciones sociales del Estado, lo que también implicó avanzar en la construcción de una comunidad latinoamericana de naciones.

Pese a la diversidad de los procesos políticos que los caracterizan, estos gobiernos coinciden en varios rasgos que originaron importantes efectos regionales: restablecieron la responsabilidad del Estado antela economía, el mercado y la redistribución del ingreso; reorganizaron servicios públicos para atender las funciones sociales del Estado, principalmente las de acceso a la salud y la educación; crearon programas de lucha contra la pobreza y el hambre, y por la alfabetización y la ciudadanización; y, además, ampliaron las inversiones en infraestructura para el desarrollo y para la solución de problemas sociales.

A la par, desarrollaron importantes proyectos de solidaridad e integración latinoamericana e incluso caribeña, que rediseñaron y fortalecieron, o crearon, organismos como el Mercosur, la Unasur, el Alba y finalmente la Celac. Eso incrementó notablemente el peso político y diplomático de Latinoamérica frente al mundo, y su capacidad de negociación. Ni siquiera los críticos más biliares de este progresismo desconocen tales adelantos de la integración regional.

Un buen aprovechamiento del período de alza de los precios internacionales de las materias primas en varios países facilitó financiar los programas de asistencia social sin castigar impositivamente a la clase adinerada. Sin embargo, esa opción apaciguadora no se aprovechó para ampliar y diversificar la capacidad productiva de esos países, y fortalecer sus reservas financieras, para cuando volvieran las vacas flacas, como ocurre tras la crisis mundial emergida en 2008.Además, por efecto del carácter correctivo y asistencialista pero no revolucionario –pos neoliberal pero no pos capitalista‑‑ de estos gobiernos, algunas acciones necesarias, como reformas agrarias y tributarias de mucho mayor aliento, dejaron de acometerse.

En la mayor parte de los casos, tampoco se realizó la indispensable reforma política, ni la debida reforma del campo de las comunicaciones sociales. Estas inconsecuencias, que cabe computar como falta de coraje político y de confianza en el potencial de las organizaciones populares, pueden registrarse como victorias de los grandes medios de comunicación que ahora implementan la contraofensiva de derecha.

Con todo, en estos quince años los gobiernos progresistas ampliaron extraordinariamente el campo de la ciudadanía y la participación popular en el debate de los asuntos de interés público, además de mejorar las condiciones de vida y concretar derechos civiles de decenas de millones de ciudadanos. Por muchas reconquistas que ahora las derechas puedan lograr, ese patrimonio cívico no será fácilmente arrebatado a los sectores populares. De allí en adelante, ahora hay una masa crítica más robusta con la cual discutir y movilizar mejores proyectos de futuro, opción que las organizaciones de izquierda deberán saber ganarle a las derechas.

Pero, tras la el surgimiento de los gobiernos progresistas las realidades y expectativas latinoamericanas quedaron cambiadas. No cabe suponer que toda esta experiencia ha sido un fiasco, ni dejó de legar relevantes consecuencias. Cualquier propuesta latinoamericana de mejor futuro sostenible deberá alzarse a partir de sus resultados, porque el punto al que hemos arribado no es de agotamiento sino de evaluación y relanzamiento

  1. La siguiente disyuntiva

Luego de que los proyectos revolucionarios de los años 60 y 70 del siglo XX ‑‑ ya fueran proyectos guerrilleros, del nacionalismo militar o el socialismo allendista ‑‑dejaron de lograr los objetivos previstos o concluyeron en reformas negociadas con el gobierno existente, y de que Latinoamérica fue blanco de la ofensiva neoliberal, no ha vuelto a darse otro auge ideológico de esa talla. El movimiento político e ideológico que posibilitó las victorias electorales progresistas de los albores del siglo XXI fue expresión de mayorías sociales más resabiosas, que deseaban revertir los efectos del tsunami neoliberal pero temían recaer en luchas civiles o dictaduras militares, o sufrir nuevas tribulaciones económicas.

Ninguno de estos accesos de liderazgos de izquierda al gobierno fue producto de una revolución y, en consecuencia, ellos asumieron gobiernos previamente estructurados y normados por la clase dominante, en las formas dispuestas por el sistema político preestablecido. Con lo cual los progresistas pasaron a ser parte del grupo gobernante, pero sin desplazar a la clase dominante.

En teoría, para superar esta situación hay dos medios: uno consciente de que en tales condiciones solo se puede ir más allá si el proceso es capaz de formar bases políticas que lo exijan, que ayuden a implementarlo y que defiendan las iniciativas gubernamentales que sobrepasa en las restricciones iniciales. Impulsar el proceso exige formar nuevos destacamentos de cuadros y movilizar organizaciones populares ‑‑transformar indignaciones sociales en movimientos políticos‑‑, misiones que por su carácter corresponden principalmente a los partidos y organizaciones de izquierda, más que al aparato gubernamental, que constitucionalmente debe servir a toda la sociedad.

Y un segundo medio, según el cual para ir más allá será necesario lograr sucesivas reelecciones del gobierno progresista, a cada una de las cuales acudir con un programa más avanzado, con base en la simpatía y confianza políticas idealmente obtenidas a través de una buena gestión gubernamental y la satisfacción de importantes demandas y necesidades sociales. Este supuesto es más engañoso de lo que parece, pues generalmente esos gobiernos no compiten por la reelección proponiendo desarrollos más radicales, sino opciones reculadas a la defensiva.

  1. Del revés a la contraofensiva

Ese supuesto ha conllevado repetidos autoengaños, al subestimarlas reacciones que las derechas enseguida de su derrota electoral pasan a impulsar. Aunque pierdan uno o más comicios, ellas conservan su poder económico, su red de articulaciones y auspicios internacionales, el control de sus grandes medios de comunicación y su influencia cultural. La perplejidad inicial de su primer revés puede desconcertar a las derechas temporalmente, pero antes de acudir a la siguiente campaña ellas realinearán sus recursos y medios, e invertirán en renovar su imagen y eficacia.

Desde hace algunos años varias fundaciones y universidades privadas estadounidenses pasaron a ofrecer cursos de organización, encuesta, publicidad y marketing políticos para capacitar jóvenes cuadros de derecha. A su vez, algunas fundaciones españolas se han dedicado a surtir giras y charlas de veteranos dirigentes de la reacción hispanoamericana.

Con estos respaldos y otros más inconfesables, las derechas han remozado su capacidad de cambiar estilos, lenguajes y liderazgos visibles. Como también de apropiarse de algunas de las temáticas suscitadas por las izquierdas, y de culpar al gobierno progresista de los problemas sensitivos que sus antecesores de derecha dejaron en el terreno y las izquierdas hayan demorado en resolver. Sobre todo eso ya he escrito en extenso en estos años y me sacaría de tema repetirlo aquí.[5]

  1. Las enajenaciones del electoralismo 1

Cuando un gobierno progresista vuelve a elecciones, por muchos que hayan sido sus méritos eso ocurrirá sobre un campo sistemáticamente asolado por la oposición económica y los medios periodísticos de mayor audiencia. Esto es, los logros del progresismo habrán sido omitidos o demeritados, sus deficiencias habrán sido sobre dimensionadas y muchos de sus recién pasados votantes estarán desorientados.

En ese contexto, ante cada período electoral el progresismo volverá a encarar una de las aberraciones propias de la democracia capitalista: cada campaña será cada vez más publicitaria y costosa, y los modos de sufragarlas serán más esquivos. Si, como es probable, el sistema electoral no ha podido ser reformado por el proceso progresista, las campañas estarán cada día más sujetas al marketing y más permeadas por la cultura y las prácticas del consumismo y el mercado.

Ante cada reto electoral la primera será que los recursos económicos no alcanzan. Salen los candidatos y dirigentes a buscar donaciones ‑‑a subastarse al mercado, diría Brecht‑‑ y no falta quien incurra en desviación de fondos públicos, lo que, aparte de sus implicaciones legales, bajo el sigilo también puede triturarla moral de algún involucrado. Por mucha buena fe que haya de por medio, inevitablemente la plata de los donantes implica reciprocidades que enajenan a dirigentes, candidatos y partidos, aunque las justifique un “realismo” del que después no hay escapatoria.

A la par suele admitirse el supuesto de que ser de izquierda es un inconveniente electoral; se acepta el prejuicio de que vale “correrse al centro” para suavizar imagen, tranquilizar donantes y buscar una incierta reserva de votantes moderados. Abandonas las posiciones que antes permitieron reconocerte y ser electo como quien eres, pero a los ojos de quienes antes te creyeron irás dejando de serlo. Al cabo, los votos que allá tal vez consigas podrán dejarte lejos de compensar los que pierdes en el campo que dejaste al agotarse la credibilidad que te restaba.

  1. Izquierda y moral

Cuando estos vaivenes se aceptan en una agrupación comprometida con transformar al país, lo que empieza como una falla ética circunstancial se convierte en daño mayor: la confianza perdida se vuelve escepticismo y la credibilidad se esfuma la suspicacia popular concluye que “estos ya son iguales que los otros”, voz que los medios “objetivos” enseguida entran a festinar.

Este fenómeno es asimétrico. Si en un partido conservador se cometen triquiñuelas el público lo cree “natural”, considerando que su moralidad es funcional al capitalismo salvaje. Pero si eso ocurre en un partido que promete otro horizonte ético, asumir comportamientos del repertorio moral capitalista es una aberración.

Para la militancia revolucionaria la calidad de cierta ética, por cuyos principios se está dispuesto a perder la libertad y hasta a dar la vida, es definitoria. Porque en última instancia se va a la contienda política por una de dos razones: porque el sistema es miserable y hay sobradas razones para luchar por transformarlo; o porque se busca disfrutar de las mieles de ese sistema miserable aunque sea a expensas de los demás.

  1. Las enajenaciones del electoralismo 2

Cuando la obsesión electoral se toma la vida partidaria, sus demás soportes lo resienten: si, por ejemplo, el partido merma la formación de líderes comunitarios, pierde dinámica de inserción y liderazgo locales, pierde el liderazgo político que se construye al luchar por las reivindicaciones diarias del ciudadano, que no son parte del escenario electoral. Es decir, al convertirse prioritariamente en grandes máquinas electorales, partidos de reconocidos méritos pueden perder influencia sociocultural porque las energías invertidas en campaña se sustraen a las demás actividades de construcción de contra hegemonía.

Por lo tanto, vale preguntarse: si en las campañas electorales es inevitable competir sin los recursos financieros necesarios, ¿solo podemos participar en desventaja? Si nos dejamos seducir por las campañas a la norteamericana, embriagadas por la estética del consumismo, siempre estaremos en desventaja, aunque tengamos recursos. Pero así como en la guerra revolucionaria solo el ejército de la clase dominante puede alinear el armamento más costoso, mientras las fuerzas populares deben apelar a la inventiva guerrillera, en las contiendas electorales la izquierda debe crear sus propias alternativas, desplegando las capacidades comunicativas de la creatividad popular y juvenil, cónsona con la condición social y moral que sustenta su credibilidad. En ambos casos la capacidad de sorprender con iniciativas inesperadas será decisiva.

  1. Partido permanente vs partido coyuntural

Eso exige volver a preguntarse: ¿cuáles son las misiones esenciales de un partido de izquierda? Decimos que impulsar a los sectores populares a organizarse y formar cuadros políticos, asumir un programa de transformación social, movilizar a las organizaciones y masas sociales para enfrentar los retos políticos por superar, para crear contra hegemonía popular y convertir masas en fuerza política. En ese marco, la participación en campañas electorales para darles mejor contenido es una parte de dichas misiones, más ahora cuando esto puede incluir hasta la posibilidad de llegar al gobierno.

No obstante, debemos distinguir entre el partido permanente y el coyuntural. Cuando la posibilidad de ganar elecciones se hace efectiva, esa parte de las misiones puede tomarse la mayoría de las previsiones, energías y recursos de la vida partidaria, incluso en detrimento de las demás actividades. Pero solo se gana mayor fuerza y poder para vencer los demás retos cuando  se han cumplido las misiones del partido permanente. En especial, las de enraizamiento comunitario, organización participativa y formación ideológica arraigada en la vida y memoria nacionales, para recatar a los millares de compatriotas que el reinado neoliberal sumió en el consumismo y la banalidad culturales.

Para darnos mejor futuro toca construir otro apogeo de la propuesta ideológica y la cultura política comparables al alcanzado en los años 70.

  1. Objetivos y medios no electorales

Para la oligarquía el objetivo es recuperar al gobierno como instrumento de poder; las elecciones son un medio para ese fin y si por este medio no lo consigue hay otros a los cuales apelar. En cada campaña, más que ganar las siguientes elecciones, para la derecha la prioridad es desacreditar y deslegitimar la gestión de cualquier izquierda en el gobierno, para darle sustentación social al propósito de remplazarla lo más pronto posible.

En tanto logre debilitara sus principales adversarios progresistas, la clase dominante querrá ganar comicios, pero a condición de que eso no limite el poder que ella requiere para obtener sus fines. El objetivo principal de la derecha no es volver a Palacio, sino encauzar un proceso contrarrevolucionario de gran alcance. Su propósito es revertir las conquistas populares acumuladas durante las últimas décadas y tomarse otras adicionales. Si eso puede asegurarse por medios no electorales como los llamados golpes “blandos”, la cuestión medular es la de las formas de deslegitimar al gobierno progresista y legitimar al que lo remplace. Ya sea esto mediante unas elecciones auténticas, espurias o reñidas, o de una operación extra electoral.

En estos años, la contraofensiva de las derechas ha introducido novedosas formas de seleccionar y presentar candidatos, discursos y promesas programáticas, para darles mayor charm mediante el marketing y las técnicas de pesquisa y manejo de la opinión ciudadana, y de las llamadas campañas sucias. Pero lo esencial no son sus estilos rutilantes, sino su capacidad ‑‑principalmente mediática‑‑ para degradar la imagen moral y política de las opciones progresistas, no apenas para justificar su defenestración, sino para crear una supuesta urgencia de remplazarlas y fomentar una demanda de cambios que tenga este sentido.

En la práctica, los medios sustituyen a los partidos una vez que las derechas, a través de los suyos, fijan su agenda para un gobierno contrarrevolucionario. Este se enfilará tanto a revertir las conquistas sociales logradas durante más de un siglo como a reinstalar las políticas neoliberales de privatizar recursos nacionales, incrementar capacidad de financiamiento y endeudamiento externos, reducir los avances en materia de integración a meros acuerdos de liberalización comercial, eliminar capacidad de negociación a las organizaciones laborales y comunitarias, judicializar las controversias con los dirigentes progresistas y sacarlos del escenario político orquestándoles procesos legales.

Para las derechas, usar el sistema electoral para recuperar el gobierno como instrumento de estas políticas tiene sentido si permite tomarse la facultad de ejecutarlas. Darse cierta imagen de legitimidad para justificar el atropello a las normas de la institucionalidad democrática en tanto eso convenga a su objetivo final.

  1. Ahondar el proceso democrático

Así las cosas, ante la presente contraofensiva reaccionaria, quienes hoy son los defensores reales de las instituciones democráticas y del proceso democratizador son la izquierda y los sectores progresistas. Pero esta condición no debe distraernos de tres cosas:

La primera, que la institucionalidad que estamos defendiendo es aquella misma que antes fue estructurada por los gobiernos de la derecha tradicional para restringir el juego democrático, mediante una coexistencia política norma da para mantener las cosas como están, no para cambiarlas. Por lo tanto, la cuestión es salva guardar una institucionalidad que al propio tiempo es imperativo democratizar erradicando los arcaísmos y privilegios que benefician a los partidos y candidatos de la oligarquía, y que encarecen el juego político a favor de los grandes financiadores de campañas. A la vez, para ensancharle el campo a la participación popular. Defender la institucionalidad no tiene sentido si no es impulsando un nuevo proceso democratizador.

La segunda, que es preciso tener presente en nuestra vida política cotidiana, en el análisis del acontecer diario y en la producción teórica, que es un imperativo de la misión de las izquierdas y los sectores progresistas, desarrollar su capacidad de convertir la inconformidad e indignación sociales en conciencia y militancia organizada para derrotar a la contrarrevolución para transformar al país.

Y la tercera, que para materializar esta misión es indispensable una permanente formación y acumulación de fuerzas en los ámbitos del trabajo material, de la vida comunitaria y de las diversas expresiones de la convivencia humana. Que es indispensable compartir ideas, proyectos y expectativas que los distintos sectores progresistas puedan hacer suyos, puesto que solo al arraigar en masas organizadas las ideas se convierten en fuerza material.

Sin embargo, lo más importante es que estas tres cosas no son solo exigencias a las organizaciones que luchan en la oposición, sino sobre todo para las fuerzas progresistas que llegan al gobierno. Porque no solo se  trata de generar mayores fuerzas para desenmascarar y derrotar la contraofensiva reaccionaria, sino también para sacar de la modorra a los cuadros y funcionarios adocenados dentro de los gobiernos progresistas. Los partidos y movimientos progresistas que van al gobierno no deben hacerlo para servir como sus justificadores, sino para exigirle a sus integrantes cumplir sus deberes políticos y morales.

Tener mejores gobiernos progresistas no es el fin de esta historia, sino una oportunidad de completar condiciones que faltan para emprender la siguiente. Entre ellas, rejuvenecer y fortalecer nuestras capacidades para derrotar a la contrarrevolución en el campo de la cultura política, la confrontación ideológica y la comunicación persuasiva porque, como apuntó José Martí, “de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosla a pensamiento”.

Panamá, abril de 2016.

[1]. La Historia me absolverá, de 1953, donde se plantea el objetivo de lograr un régimen democrático progresista, sin mencionar al socialismo.

[2].En 1962, en la cual pasó de reafirmar al socialismo cubano a convocar a la diversidad de las fuerzas que podían emprender la revolución latinoamericana.

[3]. Obviamente, tales procesos han sido diferentes donde una fuerza de izquierda llegó a Palacio sin obtener mayoría parlamentaria, lo que mediatizó los alcances de su victoria (como Lula), o donde triunfó en ambos cotejos (como Chávez). Y tampoco es igual cuando previamente unas insurrecciones urbanas defenestraron al anterior gobierno complaciente con el neoliberalismo (Correa), que donde triunfó ganándole a la derecha unas elecciones reñidas (Rousseff), o cuando la izquierda triunfó pero su victoria le fue robada (Cárdenas).

[4].Como en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

[5].Ver “Una coyuntura liberadora… ¿y después?” en Rebelión 23 de julio de 2009, “Una liberación por completar” en Alai del 17 de agosto de 2009 y, particularmente, “¿Quién es la “nueva” derecha?” en Alai del 14 de abril de 2010 y Rebelión del 15 de abril del mismo año.

 

*Imagen del autor tomada de http://www.cubaminrex.cu/

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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