¿Qué haría usted si un familiar, un amigo o un conocido estuviera preso por un crimen que no cometió; que desde niño ha vivido preso, sólo conoce el duro y frío cemento de su prisión; el sol sólo lo puede ver unas horas al día y es el que pasa a través de los barrotes; la comida es poca y de mala calidad; la poca atención médica que ha recibido a través de su vida sólo hace empeorar la situación, entre muchas otras atrocidades que le hacen lo exponen al ruido, burlas de los explotadores, causándole gran estrés y desencadenando muchas enfermedades?
Esa es la historia de Kivú. Nosotros queremos ayudarlo pero necesitamos de su apoyo para exigir la liberación y dejarlo vivir libre lo que resta de vida.
Es por esto que el movimiento “Yo no voy al zoo” quiere invitar a la población a participar este domingo 13 de noviembre a las 10 a.m. en el Parque Central de San José, en los actos de solidaridad con Kivú y los demás animales que viven presos en el Zoocarcel Simón Bolívar.
Enviado a SURCOS Digital por Alejandro García Valerio.
Llamado a las y los profesionales de trabajo social de la CCSS
Es innegable que estamos en un momento crucial de toma de decisiones y de posicionamiento ante una realidad que no podemos omitir.
Nuestros salarios y el bienestar de nuestras familias están en riesgo. Somos parte del sector público señalado por las élites de poder como los responsables de la crisis que se viene gestando desde hace años por los que promueven el neoliberalismo y sus nefastas consecuencias para los sectores populares y las instituciones que brindan servicios a los mismos.
Hace mucho tiempo que la clase media está siendo golpeada por las medidas económicas que en nada han beneficiado a los más débiles en el eslabón del poder.
En el escenario actual nos preocupa la pasividad de los sectores profesionales como el nuestro, ligadas y ligados desde la formación universitaria a principios de acción, con la visión de ser una disciplina que promueve el cambio, la cohesión social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva.
¿Qué credibilidad podemos ofrecer si no somos capaces de alzar la voz ante las acciones neoliberales que atentan contra nuestro bienestar y el de los grupos más desfavorecidos? ¿Seguir siendo profesionales operativas y operativos para la neutralización y control de la cuestión social? ¿Seguir promoviendo la legitimación de políticas y acciones que atentan contra nuestro propio bienestar y debilitan progresivamente las bases de instituciones como nuestra Caja Costarricense del Seguro Social?
No podemos continuar respondiendo pasivamente al encargo de legitimar las políticas de un Estado insolvente que no está cumpliendo su principal función de velar por el bienestar de la mayoría, el pueblo, sino que con los gobiernos de turno se ha beneficiado por décadas a las cúpulas de poder político y económico. Las mismas que ahora utilizan todas las estrategias y recursos a su alcance para manipular y decirle a la opinión pública que somos nosotras y nosotros quienes “tenemos que socarnos la faja”.
Tengamos conciencia de clase y un espíritu crítico; si queremos ayudar a los demás, primero tenemos que ayudarnos a nosotras y nosotros mismas.
No esperemos que otros grupos laborales y profesionales defiendan lo que también nos corresponde a nosotras y nosotros defender; tengamos vergüenza social. No seamos simples beneficiarias y beneficiarios pasivos (quienes no participan del movimiento pero se benefician de sus resultados).
Apoyemos activamente y con dignidad la protesta nacional del 26 y 27 de abril por las incapacidades, la prohibición de realizar manifestaciones, la cesantía; y ahora las propuestas de leyes en camino, que de ser aprobadas alguna de ellas son:
PROYECTO N°19431: Ley de empleo público (MOVIMIENTO LIBERTARIO)
PROYECTO N°19156: Limites a las remuneraciones totales en la función pública (PUSC)
PROYECTO N°19506: Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público (PLN)
PROYECTO 19787: Ley sobre la promoción del buen desempeño de los servidores públicos para una gestión de calidad (PAC)
PROYECTO: 19.883: Ley de eficiencia salariales las remuneraciones totales de los funcionarios públicos y los jerarcas de la función (FA)
PROYECTO 19.923: Ley para racionalizar el gasto púbico. (ML, PUSC, PASE Cristianos)
¡En las cúpulas de poder no duermen. NO más pasividad. Somos parte de la clase trabajadora amenazada. Tengamos conciencia de clase. Unámonos!
Se cumplen tres años de la protesta en defensa de la CCSS que fue brutalmente reprimida por los cuerpos policiales. En estos últimos años se ha profundizado, como política de Estado, prácticas autoritarias que buscan quebrar los distintos movimientos sociales de resistencia, los cuales son amedrentados con represión, criminalización, amenazas, judicialización y cárcel.
“La protesta social es un derecho, no un delito. No abandonaremos las calles en la exigencia de nuestros derechos. Exigimos libertad y absolutoria total de las y los luchadores sociales condenados y judicializados”, Colectivo Derecho a la Protesta Social.
El sindicato de Trabajadores de AyA ha llamado a huelga el día de hoy en el plantel de la Uruca debido a un agotamiento de la paciencia con la administración del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, en su actitud de continuar violando derechos pactados en la convención colectiva vigente.
SITRAA exige el reconocimiento de la cena de los trabajadores que laboran jornada nocturna, el pago de viáticos a los 10 km y el acoso laboral que sufren por parte de algunas jefaturas los y las trabajadoras.
Estas acciones de protesta fuertes son el resultado de la incapacidad administrativa demostrada y una voluntad de dañar los derechos de los trabajadores.
La Central General de Trabajadores brinda su solidaridad con la lucha justa frente a las autoridades del AyA por garantizar que las normas laborales sean cumplidas y que no sea tratadas como de segunda categoría, tal y como es parte de la cultura de incumplimiento de derechos laborales en nuestro país.
Para mayor información con Álvaro Espinoza Alfaro, Secretario de Información al 8911-6841.
Información enviada a SURCOS Digital por Carlos Cabezas.
Para la UCR la protesta pública es una forma de ejercicio del derecho de reunión y de libertad de expresión (foto Andrea Jiménez).
Arturo Padilla Chinchilla,
Periodista Consejo Universitario
La Universidad de Costa Rica (UCR) condenó todo tipo de criminalización de la protesta social pacífica, e instó a las autoridades nacionales a que tomen todas las medidas necesarias para prohibir esta criminalización en el país.
Así lo planteó el Consejo Universitario mediante un pronunciamiento aprobado en la sesión N. 5909, de este 23 de junio, a raíz de que dos docentes y dos estudiantes de la UCR afrontan un proceso penal que se encuentra en la etapa de audiencia preliminar, por la supuesta alteración del orden público, durante una protesta pacífica el 8 de noviembre de 2012, en las afueras de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Esta no es la primera vez que este Órgano Colegiado rechaza este tipo de censura al derecho de expresión. Lo hizo, también, en las sesiones N.° 5446, de 2010, y N.° 5685, de 2012, en las cuales ratificó el compromiso de la UCR con la defensa de la institucionalidad pública y los derechos democráticos.
“La Universidad de Costa Rica y el movimiento estudiantil, como actores políticos nacionales, han reivindicado, históricamente, el derecho a la protesta social pacífica”, indicó el Consejo Universitario.
Aumento en la criminalización de la protesta
El Consejo Universitario señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su segundo informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en América, del año 2011, destacó que, en años recientes, se ha presentado un creciente inicio de acciones penales en algunos países en contra de quienes participan en protestas sociales por la reivindicación de sus derechos.
Según el informe, el argumento utilizado para justificar este tipo de censura es que las manifestaciones podrían perturbar el orden público o transgredir la seguridad del Estado.
Al respecto, en Costa Rica existe una sentencia de la Sala Constitucional (2-03-020, del 14 de abril de 2000), en la cual se sustenta, también, el Consejo Universitario, y que establece que, ante un conflicto entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito, prevalece el primero y que, en todo caso, la Policía no puede dispersar a los manifestantes mediante maltrato físico y detenciones ilegítimas.
UNDECA como organización conformante tanto del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), como del Frente Nacional de Defensa de la Caja y la Seguridad Social, considera de urgente necesidad comunicar a ustedes, que es primordial la participación de sus organizaciones en el piquete en defensa de la salud pública de nuestro país que está programada para el próximo jueves 21 de mayo a las 08:30 a.m. frente a la Asamblea Legislativa.
En esta oportunidad estarán compareciendo ante una Comisión Legislativa especial que investiga denuncia de pacientes fallecidos por falta de condiciones para su atención oportuna, dos altas autoridades de la CCSS con responsabilidad acerca del tema como lo son la Sra. María del Rocío Sáenz Presidenta Ejecutiva y la Sra. María Eugenia Villalta, Gerente Médico de la institución.
Para confirmar su asistencia a esta protesta comuníquese al correo: undecacr@gmail.com o al tel: 8884-2347 con Marvin Ballestero.
Información enviada a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.
En un comunicado enviado a SURCOS Digital por SINTRAJAP, se manifestó que el movimiento social de nuestro país ha venido sufriendo abusos de poder por parte de las autoridades oficiales para intimidar a la población y evitar así que participen en acciones de protesta en contra de las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo.
Este abuso de poder es reprobado en todo el mundo, porque limitan la participación ciudadana y minan el fortalecimiento de las democracias.
Ante el hecho de que en este momento se está realizando un juicio mediatizado e injustificado en contra de 24 trabajadores y trabajadoras, limonenses, que sin fundamento alguno pretenden que sean condenados, SINTRAJAP inicio la denuncia internacional de estos hechos y envió un pronunciamiento de varias organizaciones del movimiento social latinoamericano condenando estas acciones.
Texto de la declaración
Pronunciamiento Oaxaca-México
Marzo de 2015
Nosotros, los participantes del Encuentro Mesoamericano de Contrapartes de la Fundación Rosa Luxemburg – MEXICO, en conocimiento de las denuncias realizadas por SINTRAJAP (Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios), sobre prácticas condenadas internacionalmente de criminalización de la protesta que se han venido realizando en Costa Rica en contra de sus afiliados y de las Organizaciones Sociales que luchan por la defensa de sus derechos y territorios, condenamos y denunciamos ante la opinión pública, en nuestros países, las acciones injustificadas de criminalización que se están realizando por el Gobierno Costarricense en contra de Trabajadores y ciudadanos Limonenses, en razón de sus legítimos derechos de protestar ocurridos en abril del 2010.
Rechazamos cualquier tipo de condenatoria que se pudiera pretender y lo entendemos como un medio para intentar intimidar e impedir la legítima participación de los pueblos en el desarrollo y enriquecimiento de sus democracias.
Firmamos en la Ciudad de Oaxaca – México el 28 de marzo de 2015
*Para ver las firmas del pronunciamiento siga el enlace:
En fecha 27 de enero del 2015 nuestra Fundación manifestó: “Con vista en los reportes sobre Derechos Humanos y Ambiente que ha presentado al mundo el Comisionado Especial de las Naciones Unidas en esta materia; con vista de la urgencia de garantizar la seguridad de aquellos que día con día trabajan por la conservación de nuestros ecosistemas y conscientes de la necesidad que tiene nuestro país de sustentar su reputación verde y seguridad jurídica expresamos nuestra mayor preocupación y repudio por las acciones aparentemente negligentes de parte del personal técnico del Sistema Judicial Costarricense que ha llevado al desenlace en primer instancia del juicio penal sobre la muerte del ambientalista Jairo Mora Sandoval con una sentencia absolutoria. Llamamos a las autoridades del país a ejercer las acciones y recursos pertinentes con el fin de garantizar que se cumplan con la justicia y el debido proceso.” Esta manifestación se basa en la más profunda creencia de parte de nuestra institución de la necesidad de que el Poder Judicial sea el garante por excelencia de que la seguridad jurídica es un bastión de la democracia costarricense.
En este sentido la desacreditación en sede jurisdiccional de la competencia técnica y eficiencia de las instituciones encargadas de indagar pruebas, establecer y encausar la acción pública penal en representación el pueblo de Costa Rica es uno de los elementos de más crítica importancia.
Para el jueves 29 de enero diversas organizaciones ambientalistas llamaron a una protesta en diversos lugares del país frente a los edificios de los tribunales de justicia con el fin de protestar el fallo absolutorio en cuestión. Esta protesta tuvo una respuesta tan amplia como su convocatoria. A la misma asistieron representantes de diversos grupos con diversas preocupaciones y agendas específicas. Como se pudo corroborar de la cobertura de medios, algunos grupos expresaron en sus pancartas posiciones de corte político con tintes muy enérgicos. Otros fueron más moderados en esta línea. Muchos mostraron preocupación con la potencial negligencia o falta de pericia del Ministerio Público y su efecto sobre la credibilidad de este órgano. Otros grupos e individuos llegaron para expresar su solidaridad con el impacto que le causó el fallo de primera instancia a la familia Mora Sandoval.
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia expresó mediante misiva del 2 de febrero al Presidente de la República su posición respecto a la participación del Sr. Ministro del Ambiente en estas actividades indicándole su preocupación pues interpretó la presencia del Ministro como una búsqueda de un resultado determinado en un caso en discusión y, por tanto, una violación de la división de poderes.
Conforme lo corroboran diversos asistentes a la actividad, al intervenir en el micrófono de la actividad, el Ministro Gutiérrez se manifestó en solidaridad con los familiares de Jairo Mora y abogó por que el poder judicial garantizara que los funcionarios del Ministerio Público obraran con eficiencia y calidad técnica de manera que no se dieran situaciones que atentasen contra el debido proceso y la justicia, resultando en impunidad. En similar sentido se manifestó el Presidente Solís ante los medios informativos.
El Ministro Gutiérrez fue tan solo uno de los diversos funcionarios públicos que asistieron a la actividad como se colige de la misma cobertura de medios. Entre ellos varios diputados de la Asamblea Legislativa se hicieron presentes al evento con el fin de expresar diversas perspectivas. Asimismo, somos testigos presenciales de la participación de los Ministros del Ambiente de administraciones pasadas en actos de similar convocatoria amplia.
Por ello, no encuentra nuestra Fundación de la recopilación fáctica del evento que ninguna de las acciones del Ministro Gutiérrez se ajuste a la conducta que describe el artículo 149 inciso 5 de nuestra Constitución Política que establece la responsabilidad para los miembros del Poder Ejecutivo “Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión.”
De hecho nos parece que su preocupación responde a la defensa de la imagen del país la cual según el reporte del 2013 del Experto Independiente de la ONU, John Knox, resultó positiva sin embargo apuntando que “No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los gobiernos”. Asimismo, como parte del contenido de la puesta en práctica de los derechos consagrados en el artículo 50 de nuestra constitución reiteró la importancia y el derecho de la sociedad civil de participar en tareas que son fundamentales como en los procesos de toma de decisiones, concientización pública, acciones de educación, activismo y hasta en ciertos casos la protesta social.
Asimismo, consideramos que con la debida propiedad estas acciones son plenamente consecuentes con el artículo 9 de nuestra constitución que hoy día reza que “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial” (el subrayado es nuestro).
El movimiento ecologista Bloque Verde está organizando una protesta para este jueves 29 de enero a las 11 a.m. en los Tribunales de Justicia de San José, para exigir justicia por la muerte de Jairo Mora Sandoval, dada la decisión de los Tribunales de Justicia de Limón de absolver a todos los acusados por el asesinato del joven ecologista.
“La oportunidad de que se castigue a los responsables del crimen de Jairo Mora, es la esperanza de ser más consecuentes como sociedad con la imagen que se pregona de una «Costa Rica verde» y el «país más feliz del mundo». Si se logra hacer justicia ambiental, Costa Rica servirá de ejemplo para el mundo, de otra manera seguiremos siendo cómplices de que redes mafiosas vuelvan a actuar animadas por la impunidad reinante”, se manifestó en la página de Facebook de Bloque Verde.
El asesinato de Jairo Mora y la agresión a las voluntarias que le acompañaban no pueden quedar impunes. Exigimos una exhaustiva investigación para sentar las responsabilidades que correspondan por el mal manejo de la investigación, que a la larga provocara la liberación de los criminales.
La Red Centroamericana de Acción del Agua –FANCA – y la Asociación Regional Centroamericana por el Agua y el Ambiente – ARCA- se suman a la acción de protesta que se llevará a cabo este jueves 29 de enero a las 11 am frente a los Tribunales de Justicia, en San José, para protestar por la absolutoria dictada en favor de los asesinos de Jairo Mora. Hacemos un llamado a todas las organizaciones ambientalistas y movimientos sociales a movilizarse para exigir que se haga justicia.
No se puede permitir que un acto tan deplorable como el cometido contra Jairo pase impunemente y más bien llamamos a sentar un precedente para que no se vuelva a repetir.
¡Ya basta de agresiones contra los y las ambientalistas! El Estado tiene el deber de velar porque se respete la integridad de todas las personas que desde diversos ámbitos luchan por la defensa del ambiente y de los recursos naturales.
