Declaración de la Asociación Americana de Juristas ante la destitución del Dr. Gustavo Petro Urrego del cargo de Alcalde Mayor de Bogotá en la República de Colombia e inhabilitación por 15 años
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, manifiesta su profunda preocupación por la destitución del Dr. Gustavo Petro Urrego del cargo de Alcalde Mayor de Bogotá y su inhabilitación de ejercer cualquier cargo público por quince años, llevado a cabo mediante un procedimiento poco transparente por el Procurador General de Nación de la República de Colombia, Dr. Alejandro Ordoñez, conocido por sus posiciones intolerantes y por su cercanía al “Uribismo”. La AAJ considera que tales medidas fueron adoptadas con dedicatoria a un político progresista, de manera desproporcionada y en violación al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución de Colombia, pues, un funcionario público designado como es el Procurador, no está capacitado para revocar la voluntad popular. Petro fue elegido como Alcalde Mayor de Bogotá el 30 de octubre de 2011, por una mayoría de 721.308 votos para un periodo constitucional de cuatro años, cargo que asumió el 1 de enero de 2012. Observamos que la destitución de Preto se produce en un contexto histórico muy importante para el pueblo colombiano: las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana; el proyecto de la Bogotá Humana; y un movimiento social en el país con gran capacidad de convocatoria, movilización y protesta en las calles por campesinos, mujeres, estudiantes, indígenas, afrodescendientes, trabajadores y una amplia diversidad de organizaciones. Asimismo, la AAJ opina que las oligarquías y enemigos de la paz en Colombia buscan cualquier pretexto para erosionar el proceso de paz, mantener las políticas neoliberales y los TLC, controlar el aparato gubernamental y frenar cualquier iniciativa de democracia participativa. A ese respecto, es importante referirnos al antecedente de la destitución e inhabilitación de la Senadora Piedad Córdoba, con el fin de dar un golpe contundente a una solución negociada del conflicto interno en Colombia. En el adelanto del plan de desarrollo distrital “Bogotá Humana”, que promueve devolver los hospitales, la educación y los servicios públicos esenciales a las instituciones públicas, el Alcalde de Bogotá Petro implementó un nuevo esquema para el servicio público de aseo y la recolección de los desechos sólidos o basura, que implicaba enfrentarse al monopolio de ciertas empresas privadas vinculadas al poder central, de más de 20 años, y la desprivatización de este servicio público. El Alcalde Petro estaba desarrollando un modelo alternativo de ciudad, más equitativo, tomando en consideración los problemas ambientales, e incluyó en la prestación del servicio la participación de la población dedicada al reciclaje de las basuras. Aún en la hipótesis de la existencia de errores de implementación de la medida, ello no justifica de modo alguno la decisión del Procurador General de declarar al Alcalde “disciplinariamente responsable” y la sanción de destitución e inhabilitación el 9 de diciembre del presente año. La decisión del Procurador, reiteramos, viola el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (arts. 2, 3, y 25), suscrito por Colombia en 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José), ratificada por Colombia en 1973, que dispone que los derechos políticos pueden ser suspendidos únicamente por vía jurisdiccional mediante providencia de un juez competente, como resultado de un proceso penal. En el caso del Alcalde Mayor de Bogotá no hay sentencia judicial previa y la sanción de procuraduría es claramente contraria a las disposiciones de las normas internacionales. Además, la decisión desconoce el Artículo primero de la Constitución de la República de Colombia, que defiende el Estado Social de Derecho, el pluralismo ideológico y el respeto a la dignidad humana. Nos preguntamos en dónde queda la prevalencia del Artículo tercero de la Constitución de la República de Colombia que taxativamente establece, “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. El Dr. Gustavo Petro Urrego tiene una larga trayectoria de servicio público, incluyendo cargos administrativos, diplomáticos y parlamentarios. En el año 2006 fue electo Senador representando al Polo Democrático Alternativo (PDA), obteniendo la segunda mayor votación del país. En el 2009 Petro Urrego renunció a su cargo de Senador para aspirar a la Presidencia de Colombia, en representación del Polo Democrático Alternativo obteniendo 1.331.267 votos. Varias figuras públicas como el Ministro de Justicia de Colombia, Dr. Alfonso Gómez Méndez, el Fiscal General Eduardo Montealegre y otras autoridades han manifestado la necesidad de revisar las normas que permiten la inhabilitación de personas que han sido electas por voto popular, las faltas de garantías para los procesados por faltas disciplinarias y violaciones al debido proceso. Por tanto, la AAJ:
1. Manifiesta su apoyo a la restitución a su cargo del Alcalde Mayor de Bogotá.
2. Exhorta al Congreso de la República de Colombia a reglamentar debidamente las funciones y facultades del Procurador General de la Nación para que se adecue a los principios de la Constitución y a los pactos y convenciones internacionales suscritos por Colombia en el marco del respeto y la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos políticos y civiles.
3. Solicita a las instancias constitucionales administrativas, disciplinarias y jurisdiccionales correspondientes a revocar la desproporcionada sanción impuesta administrativamente al Alcalde Mayor de Bogotá en abierta oposición a los preceptos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
4. Reitera su apoyo a una solución negociada del conflicto armado en Colombia.
Esperamos que el Acuerdo establezca una reforma agraria y garantías que aseguren la democratización del país y la construcción de una sociedad justa, libre de la impunidad, el narcotráfico y los paramilitares.
15 de diciembre de 2013
Vanessa Ramos Hernán Rivadeneira J.
Presidenta AAJ Continental Secretario General
(VRamos1565@aol.com) (hr21908@gmail.com)
Beinusz Szmukler
Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ
(beinusz@gmail.com)
Circulado a SURCOS por Arturo Fournier.
