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Agitep se pronuncia ante situación del presupuesto de Cultura 2021
Presupuesto Cultura 2021. Mociones.
Comunicado urgente sobre situación Presupuesto de Cultura 2021, primer avance, mociones.
Agitep – Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional
Enviado por Arabella Salaverry.
Arabella Salaverry: Nunca me había dado tanta tristeza tener razón
Nunca me había dado tanta tristeza tener razón.
Cuando preguntaba (pregunta retórica) quién estaba detrás de la inversión económica que significaban las vallas, los trailers, las vagonetas, las movilizaciones detrás de la consigna NO MÁS IMPUESTOS, nadie respondió.
Ahora la respuesta nos patea en la cara. No más impuestos protege a los grandes intereses.
NO MÁS IMPUESTOS SIGNIFICA VENTA DE ACTIVOS, RECORTE EN PROGRAMAS SOCIALES, REDUCCION DEL ESTADO. Porque ¿de qué otra manera se solventará la crisis que enfrentamos?
Y los sindicatos, la mayoría aglutinantes de los mismos empleados públicos, se prestan al juego, junto con una mal llamada izquierda, de una miopía extraordinaria, y las fuerzas religiosas más retrógradas y oscuras, bailando la danza del ataque a la institucionalidad.
Ahora resulta que tenemos un gobierno paralelo, presidido por la UCCAEP, quien tocará el son para que los tontos útiles lo bailen.
¡Tristes momentos los que vivimos!
Tomado de la página de Facebook de Arabella Salaverry.
Colectivos literarios envían carta a legisladores
Compartimos la carta enviada por varios colectivos literarios a los legisladores con respecto a la pretensión de recorte en el presupuesto asignado al sector de cultura.
San José, 18 de octubre de 2020
Señores
Diputadas y Diputados de la República
Presente
Estimados señores y señoras:
Manifestamos nuestra profunda preocupación por las pretensiones de algunos diputados y diputadas al presentar mociones que inciden de manera nefasta contra los programas vitales del Ministerio de Cultura y Juventud.
De aprobarse en la Comisión de Hacendarios dichas mociones -que cercenan en extremo los ya paupérrimos presupuestos del sector Cultura, especialmente de las entidades ejecutoras de proyectos y programas tales como: Colegio Costa Rica, Biblioteca Nacional y demás bibliotecas, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, los Museos, el Taller Nacional de Teatro, Escuela de Danza y Centro Costarricense de Producción Cinematográfica- debe considerarse “desacato a la Constitución de la República”; porque desmantelar la cultura significa exactamente atentar contra los intereses y necesidades del pueblo, en cuanto a sus derechos de educación y desarrollo en todos los ámbitos, incluso el económico.
Cada presupuesto eliminado implica el cierre técnico de estos órganos y generará daños colaterales irreversibles para cientos de trabajadores del sector, así como para las comunidades beneficiarias de su acción, y perjudicará la permanencia y el fortalecimiento de sus identidades y de programas que coadyuvan al mejoramiento de la sociedad costarricense.
Como directores de los colectivos literarios Palabras Viajeras, Hojas sin Tiempo y Grupo Literario Poiesis, sumamente consternados por estas medidas, que de aprobarse violentarán al sector cultura y lo convertirán en un cascarón sin contenidos para oprobio de nuestro amado país; recurrimos a su buena voluntad para que, en aras de la representación que les otorgamos en elecciones libres, hagan valer el juramento que nos hicieron y trabajen respetando el espíritu de la Ley que en materia de cultura ya existe y no debe, por lo tanto, ser objeto de extinción.
Durante esta época el sector cultura ha sido uno de los más golpeados por la crisis sanitaria y económica del país y, aún así, nuestros artistas siguen colaborando para entregar productos culturales de calidad y contenidos humanos y espirituales a toda la población; propiciando, además, participación y expresión de las bases populares y comunales y generando reactivación económica.
Un país sin cultura es un país sin identidad. La cultura promueve la paz, la solidaridad, el trabajo. Con absoluto respeto les invitamos a reflexionar sobre estas mociones perniciosas y rechazar este intento que menoscaba y atenta contra los pocos programas que el Estado propicia en pro de la cultura, la identidad y el reconocimiento a quienes engrandecen al país con sus aportes culturales, artísticos y científicos; como es, entre otros, el caso de los Premios Nacionales. Así como el apoyo a los talentos y expresiones más auténticas y creativas del ser costarricense.
Nunca ha sido más atinente la frase de don José Figueres Ferrer, estadista visionario: “Para qué tractores sin violines”.
Reciban nuestro respetuoso saludo y nuestra vehemente petición.
Ver las firmas en la carta para descargar:
Recorte de 53 000 millones de colones al presupuesto de las universidades públicas afectaría seriamente la operación de la UCR
El rector manifestó que, de darse esta disminución se perjudicaría, la cantidad de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año
Una moción presentada por la diputada María Inés Solís Quirós del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende reducir en alrededor de ¢53 000 millones el presupuesto de las universidades públicas del 2021. Esta será debatida en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la discusión para la aprobación del Presupuesto Nacional de la República del 2021.
La moción Nº 74 supone un rebajo de ¢49 000 millones al FEES en general y de ¢215,7 millones adicionales a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED (cada una), así como 3 mil millones a la UTN, que corresponden a un rubro de gastos operativos.
En un mensaje enviado a la comunidad universitaria y nacional, el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, manifestó que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES, llevaría a un escenario de afectación radical de la actividad sustantiva de la institución, lo que implicaría entre otros, la reducción de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año. Por lo que hizo un llamado a los señores y señoras diputadas no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones.
Agregó que esas mociones afectan, en principio, la capacidad nacional para atender con innovación y tecnología los retos que impone la crisis sanitaria, así como la promoción de la reactivación económica y la atención de grupos vulnerables que se realizan día a día desde las universidades públicas.
“Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario recordar que el sector educación y dentro de él, las universidades públicas, hemos mostrado una elevada solidaridad en el contexto que vivimos, lo que ha implicado, como ya es público, una significativa afectación del FEES 2021, dentro de los márgenes constitucionales”, recalcó Araya.
Según la Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), una disminución de esta magnitud en el FEES significaría una afectación grave a toda la operación de la UCR.
Además señaló que el otro rubro que se pretende recortar en la moción, se refiere a los ingresos según los artículos 22, 23 y 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°9635) que sustituye lo que anteriormente era la Ley 7386, conocida para la universidad como la Ley de Paraíso (215,7 millones) cuyo impacto incide de forma directa y perjudicial en la regionalización.
Es importante indicar que, la institución presenta un crecimiento en gasto corriente de 3,92 %, el cual es inferior al límite estimado por el Ministerio de Hacienda (4,13%) correspondiente a la Regla Fiscal.
Por su parte, el Ing. José Francisco Aguilar Pereira, vicerrector de Administración explicó que ya el presupuesto 2021 de la UCR contempla una disminución total de ¢22 mil millones de colones de los cuales 12,6 mil millones de colones corresponden a ingresos provenientes del FEES y ¢9,6 mil millones por ingresos propios, esto en relación al presupuesto 2020.
Dentro de los principales recortes se estableció un 20% menos para tiempos extraordinarios y combustible, un 68% menos en viáticos y transporte al exterior, así como un 50% menos a proyectos institucionales y apoyo a las vicerrectorías, entre otros.
De igual manera, no se asignan recursos en las diferentes partidas de equipos; por tanto, no se cumple con la atención del Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico (PRECT), que, por norma institucional, se debería asignar el 4% del FEES Institucional a este Programa.
Complementariamente, como parte de los esfuerzos de contención del gasto y dada la crisis sanitaria del país y por ende la limitación de los recursos destinados a la educación superior, igualmente, en el concepto de “remuneraciones”, se aplican las siguientes medidas: no se incorpora estimación por ajuste salarial de costo de vida, ni reserva, no se consideran ajustes en los componentes del grupo de partidas de Sueldos al Personal Permanente y no se crean plazas.
Además, en el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones.
Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
UNA: Alerta ante la amenaza de nuevos recortes al FEES 2021 por la Asamblea Legislativa
Con vehemencia me dirijo a toda la Comunidad Universitaria para manifestar mi preocupación y total oposición al conjunto de mociones presentadas por algunos diputados y diputadas, que afectan directa e indirectamente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y consecuentemente, el quehacer de la Universidad Pública Costarricense.
Todas estas mociones han sido presentadas en el contexto de la aprobación del Presupuesto Nacional para el año 2021, el cual se deberá analizar y votar entre hoy y mañana en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la aprobación del Presupuesto Ordinario de la República 2021.
Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario enfatizar que el sector educación y dentro de él, las Universidades Públicas, hemos sido consecuentes y solidarios en el contexto que vivimos, lo que ha implicado una significativa afectación del FEES 2020 y 2021, dentro de los márgenes constitucionales.
Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ₡8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ₡5.000 millones. Ambas cifras suman ₡13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.
Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA. A pesar de dicho rebajo, se ha incrementado el presupuesto destinado al fondo de becas estudiantiles con el objetivo de atender la mayor demanda de becas por parte de estudiantes provenientes de hogares que se han visto afectados económicamente durante esta pandemia.
Para hacer frente a la reducción de presupuesto 2021, se han ajustado a la baja, de manera importante, diferentes partidas presupuestarias y se ha tomado un conjunto de medidas para contener el gasto, tal cual les hemos informado mediante circulares y presentaciones a través de sesiones por medio de la plataforma Zoom.
Es importante comprender que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES 2021, nos llevaría a un escenario de afectación radical en la acción sustantiva de la institución, en todos sus ámbitos; desde la reducción de los cupos disponibles para nuevos estudiantes, hasta la afectación en proyectos de investigación y extensión y, por tanto, en el aporte a nuestra sociedad.
Una consecuencia no deseada de la crisis causada por la pandemia provocada por la COVID 19 es justamente la reducción de las posibilidades de estudio para nuestras y nuestros jóvenes, por lo que hacemos un llamado vehemente a las señoras y señores diputados para que, con su voto, eviten caer en situaciones que ya en el pasado hemos vivido y que por décadas posteriores hemos lamentado.
La Universidad Nacional ha tenido plena capacidad para ofrecer a Costa Rica aportes para enfrentar la pandemia por la COVID 19 y los efectos socioeconómicos, dirigidos a todos los sectores producto de la sociedad. En este marco la UNA desarrolla cerca de 40 iniciativas que contribuyen de manera prioritaria a la atención de las poblaciones vulnerables y que se caracterizan por proteger los principios de equidad, justicia, humanismo, y solidaridad social, clasificadas en 5 ejes principales: Seguimiento y atención a la pandemia; Economía y productividad; Condiciones sociales, salud mental, psicología y educación; Estudios sobre medidas para impedir la transmisión por el SARS-COV-2.
Evidente ha sido el aporte de la Universidad Pública en general y de la UNA en particular al desarrollo equitativo y sustentable del país a lo largo de su historia, y en especial en tiempos de emergencia nacional, por lo que reitero el llamado urgente a la comunidad universitaria a estar atentos para la defensa de la educación pública en general y la educación superior estatal en particular. Pero sobre todo a manifestar por diversos medios de comunicación la importancia de la educación superior como un bien público social y un factor estratégico para alcanzar el bienestar y el desarrollo social en clave de mayor equidad.
Atentamente,
Francisco González Alvarado
Rector
UNA
Más información con la Oficina de Comunicación: 8720-4908
No a los recortes en cultura. Un país sin cultura es un país sin identidad
SURCOS recibió la carta enviada por el sector de Producción Audiovisual de nuestro país a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa con respecto a algunas mociones presentadas que pretenden recortar el presupuesto al Ministerio de Cultura en casi un 15 %.
Compartimos la carta:
17 de octubre 2020, San José, Costa Rica
Señoras y señores Diputados
Comisión de Asuntos Hacendarios
Asamblea Legislativa
Asunto: No a los Recortes en Cultura
Estimadas señoras y señores Diputados,
Este lunes y martes terminarán de discutir en la Comisión Permanente de Hacendarios de la Asamblea Legislativa el Presupuesto Ordinario de la República, expediente N. 22.174. Algunas mociones presentadas pretenden recortar el presupuesto al Ministerio de Cultura en casi un 15%.
Entendemos que estamos en una situación de crisis fiscal y que se están buscando maneras de alimentar la deuda, sin embargo, estas mociones dejan al Ministerio básicamente inoperable. El recorte significa prácticamente un cierre técnico para algunas de las instituciones culturales del país, que quedarían con muchos empleados sin posibilidad de ejecutar los programas para los cuales están contratados.
Lamentablemente estos recortes representan una amenaza real a la reactivación económica de un sector que ya de por sí está en una situación de alta vulnerabilidad por la crisis sanitaria, y pueden generar un daño mayor e irreparable en la economía nacional.
Les recordamos que la industria audiovisual aporta al PIB nacional el doble que la industria del café y del banano. Como gremio, nos preocupa sobremanera la afectación que tendría el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que sufriría un recorte de hasta un 33%. Este recorte significa que:
- Desaparece la única plataforma de distribución y comercialización local de productos audiovisuales costarricenses, al recortar el presupuesto del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), que además emplea aproximadamente 200 personas en cada edición.
- Queda casi extinto el único fondo de fomento a la industria audiovisual nacional, al recortarse en 86 millones el presupuesto del Fondo el Fauno. Este fondo funciona como capital semilla que promueve la atracción de inversión extranjera que en muchos casos se reinvierte fuera de la GAM, genera empleo, encadenamientos y dinamiza al sector.
- Desaparece la única ventana que lleva cine a comunidades al recortar el presupuesto del programa Preámbulo. En épocas de crisis sanitaria, social y económica, la cultura juega un papel fundamental en preservar la salud mental de la población.
- Se condena a la institución a un cierre técnico, al recortar presupuestos de capacitación, mantenimiento y servicios. La institución se convertiría en un cascarón donde sus trabajadores son incapaces de ejecutar acciones en pro del sector audiovisual.
Les exhortamos a votar en contra de estas mociones para evitar condenar a un sector que aporta en un 2,2% al PIB. Entendemos que la situación actual exige recortes y sacrificios, pero les rogamos que se hagan con visión a largo plazo y perspectiva técnica para evitar el colapso de nuestras instituciones culturales.
Un país sin cultura, es un país sin identidad.
Directoras Mujeres de Costa Rica (DCCR)
Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC)
Consorcio Animation Costa Rica (ACR)
Cluster de Estudios De Animación Independientes Parallel Worlds
Consorcio Audiovisual de Costa Rica (Creative Media)
Imagen ilustrativa, UNA, cine indígena en América Latina.
Secretaria general de la ISP expresa su preocupación ante negociación del gobierno con el F
Compartimos la carta enviada por Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a sus afiliadas en Costa Rica, expresando su preocupación con respecto a la negociación del gobierno de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera y su deseo de que el gobierno de Carlos Alvarado replantee su estrategia para recuperar empleos destruidos por la actual pandemia basándose en los planteamientos que los sindicatos y otros actores sociales han propuesto para dar solución a los problemas de evasión y elusión fiscal.
OFICINA SUBREGIONAL PARA AMÉRICA CENTRAL
Apartado postal: Heredia
Santo Domingo 100-3100 COSTA RICA
T/: +506 22448522
psi.central.america@world-psi.org
|
Ref.: RP/ER/JD/ORL |
A: Afiliadas ISP de Costa Rica |
23 de septiembre del 2020
Estimada y estimados compañeros,
Deseando que ustedes y sus familias estén protegidos y seguros ante la pandemia del COVID-19, reciban un afectuoso saludo.
Aprovecho la ocasión para hacerles saber nuestra preocupación y solidaridad ante los acontecimientos que en los últimos días han sido objeto de discusión y repudio por las organizaciones sindicales y sociales costarricenses; así como de una buena parte de la opinión pública nacional, a las negociaciones que el Gobierno de ese país está entablando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera que desde hace aproximadamente una década se ha venido acrecentando en forma exponencial hasta llegar en estos tiempos como consecuencia de la pandemia a un déficit fiscal que se proyecta peligrosamente hasta un 10% del PIB o más al cierre de este año.
Quiero ser enfática -una vez más- al mencionar que una solución estructural a las finanzas públicas no pasa por una mayor carga impositiva-regresiva a los salarios de la clase trabajadora y de quienes aún no se sobreponen a la grave situación económica que atraviesa el país.
Si bien es cierto que el presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, requieren de un urgente aumento de los ingresos y de un mayor “control del gasto público”, esto no significa necesariamente echar mano de los recursos financieros asignados a los servicios públicos esenciales y de otras entidades públicas estratégicas para el país y mucho menos erosionar más en la actual coyuntura, la estabilidad y paz social costarricense.
Desde la ISP, daremos respaldo a todas aquellas propuestas e iniciativas que desde un diálogo social real y efectivo sea establecido con los sindicatos, en cuyo caso esperaríamos que el Gobierno de Costa Rica dé marcha atrás a las propuestas encaminadas con el FMI y replantee su estrategia de reforma estructural de manera integral a fin de bajar gradualmente el déficit fiscal en un plazo deseable y ponga en marcha una estrategia de recuperación de los empleos destruidos por la pandemia y genere otros a partir de un mayor aseguramiento de la economía nacional con miras a favorecer a los sectores más afectados de la micro, pequeña y mediana empresa (Micropyme´s), así como el sector productivo nacional, las cooperativas y las municipalidades alicaídas por la crisis sanitaria.
Desde la experiencia de la ISP y en mi propia perspectiva, no son tiempos para provocar una crispación social y política más, toda vez que se pueden encontrar soluciones prácticas al problema central de la crisis económica que atraviesa el país. Estoy segura, que los sindicatos y otros actores sociales, políticos y empresariales progresistas y académicos desde hace algún tiempo atrás, habrán aportado propuestas interesantes, que entre otros aspectos, darían solución a los problemas de evasión y elusión fiscal, en cuya aplicación estricta disminuiría en significativos puntos porcentuales el insostenible déficit fiscal que mantiene al país en esta insondable situación.
Cómo expresado antes, estamos en desacuerdo que como soluciones inmediatas al crecimiento del déficit fiscal, se recorte el presupuesto de las universidades públicas, así como también se implemente una reforma al empleo público que mina los derechos laborales y restringe el derecho a la negociación colectiva en el sector público.
Por último, una imposición del 0,3% las transacciones bancarias con trazabilidad general como medida de regla fiscal, es regresiva e injusta para las y los trabajadores. Siendo, por el contrario que una medida como esta, debería estar centrada en la recaudación de un impuesto a las especulaciones bursátiles, así como también a las transacciones monetarias y de otros valores de gran cuantía provenientes del gran capital nacional y transnacional.
En estos difíciles momentos, la ISP no comparte el criterio del Gobierno que un acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y de estabilidad macroeconómica para garantizar el bienestar social y económico del país, cuando se está empujando a lo imposible para que un sector dominante de las élites económicas, continúe descansando su riqueza en el sacrificio injusto e inequitativo del resto de la población. En consecuencia, alcemos nuestras voces para que el pueblo costarricense continúe en la senda del bienestar con una mayor calidad de vida de sus habitantes y en buena gobernanza social en respeto a las garantías sociales y en observancia a un contrato social perdurable en el tiempo.
En solidaridad,
Rosa Pavanelli
Secretaria General de la ISP
Procuraduría: Recorte al FEES es inconstitucional
Según Procuraduría General de la República recorte al FEES aplicado por la Asamblea Legislativa es inconstitucional
La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que el recorte de 10 mil millones de colones aplicado por la Asamblea Legislativa al presupuesto de las universidades públicas es ilegítimo e inconstitucional.
Así se evidencia en un informe que presentó la PGR a la Sala Constitucional, según le corresponde como abogado del Estado y con motivo de la acción de inconstitucionalidad que presentaron los rectores de las universidades públicas el pasado mes de enero.
El procurador Julio Jurado, menciona que luego de un análisis exhaustivo de las discusiones que se llevaron a cabo en su momento sobre la reforma constitucional al artículo 85 de la Carta Magna, «estima haber hallado los suficientes elementos de juicio para concluir que, efectivamente, llevan razón las universidades recurrentes respecto a que la Asamblea Legislativa no podía rebajar el monto presupuestario destinado al FEES, ni proceder a su determinación, salvo el caso de una eventual discrepancia que surgiera entre el Gobierno y las instituciones universitarias», situación que no se presentó, ya que hubo un acuerdo satisfactorio en el seno de la Comisión de Enlace.
Es así que esto ocasiona que la rebaja hecha por la Asamblea Legislativa sea para la PGR, ilegítima e inconstitucional.
Por lo que concluye que la acción debe declararse con lugar ya que se incumplió con lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Política.
La acción de inconstitucionalidad interpuesta por los rectores de las cinco universidades públicas se presentó el 22 de enero y la Sala Constitucional la admitió para su estudio el pasado 8 de febrero.
Información de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR.
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