Acciones obedecen a cambios en el crecimiento proyectado del FEES y a peso económico de la estructura salarial
Esta tarde el Dr. Henning Jensen, anunció una serie de medidas que estará tomando la administración para la contención del gasto en la UCR. (foto Laura Rodríguez).
Ante los cambios que se han suscitado en la proyección del crecimiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y el peso económico de la estructura salarial de la Institución,la actual administración anunció una serie de medidas para la contracción del gasto en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Las acciones, que se dieron a conocer en un Consejo Ampliado de Rectoría celebrado esta tarde, se vienen analizando desde hace algún tiempo con base en información aportada por dos estudios independientes realizados a solicitud de las autoridades en el 2013,con miras a anticipar el efecto presupuestario de medidas que se tomaron en el pasado y continuar garantizando el sano equilibrio financiero de la Institución.
Según lo explicó el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, estos análisis se solicitaron debido a advertencias previas por parte de la Oficina de Contraloría Universitaria, en el sentido de que medidas como la tomada por el Consejo Universitario el 29 de setiembre de 2009 para aumentar la anualidad del 3% al 5.5%, no habían sido suficientemente apoyadas en estudios técnicos.
El M.Sc. Max Soto, expuso los resultados de un estudio actuarial interdisciplinario que realizó junto con el M.Sc. Rodrigo Arias y el Dr. Pablo Sauma. (foto Laura Rodríguez).
Primero se solicitó una proyección de egresos al economista Juan Ricardo Jiménez Montero, profesor de la Escuela de Economía, que se centró en el análisis del impacto del nuevo Reglamento de Becas, que amplió la cobertura de beneficios a más estudiantes; de las obligaciones contraídas a partir de la suscripción en 2011 del Fideicomiso UCR-BCR para la construcción de infraestructura; y del acuerdo de aumento en la anualidad, dado que a partir de su entrada en vigencia, algunas variables de los componentes salariales han mostrado un crecimiento acelerado.
Luego de su análisis, el especialista advirtió que a corto plazo la Universidad estaría expuesta a una situación deficitaria en su presupuesto, si oportunamente no se toman medidas de ajuste, “aún si en el 2018 el FEES alcanza a llegar al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), que de todas formas vendrá a ser un techo en el crecimiento de los recursos para la educación superior pública”, indicó Jensen.
Según el comportamiento del gasto por salarios con respecto a los ingresos del FEES, actualmente la UCR muestra una situación financiera muy sólida. (fuente Rectoría).
Posteriormente, se solicitó un estudio actuarial al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) que fue realizado por un equipo interdisciplinario integrado por el M.Sc. Rodrigo Arias López, profesor de la Escuela de Matemáticas y actuario; el M.Sc. Max Alberto Soto Jiménez, director del IICE y Catedrático de la Escuela de Economía; y por el Dr. Pablo Sauma Fiatt, director del Observatorio del Desarrollo (ODD). Mediante el análisis de diversos escenarios, estos profesionales determinaron que más temprano que tarde la Universidad podría presentar un déficit presupuestario y proyectan cómo sería el comportamiento de las finanzas en los próximos años, de acuerdo con los ajustes que se hagan en ciertas variables.
Para el rector, es fundamental que la comunidad universitaria comprenda que luego de esos estudios la administración dispone de datos suficientes para entrar en alerta y compelerla a tomar decisiones al respecto.
Entre las medidas la administración propondrá que durante la negociación salarial en el 2015, la Comisión Salarial de la UCR contemple un incremento acorde con el porcentaje de la inflación.
El Consejo Ampliado de Rectoría se efectuó en el auditorio de Ciencias Económicas. (foto Laura Rodríguez)
Asimismo se continuará con un análisis riguroso para el otorgamiento de las “dedicaciones exclusivas” las cuales se aprobarán con base en nuevos criterios de conveniencia institucional establecidos por la Oficina de Recursos Humanos (ORH). Este plus no se otorgará por excepción a bachilleres o funcionarios con nombramientos por ciclos.
También se revisarán los criterios de pertinencia mediante los cuales se reconocen a miembros del sector administrativo tanto remuneraciones extraordinarias como méritos académicos.También se aplicará la normativa en toda su extensión para la aprobación de jornadas de cuartos de tiempo adicionales para el sector docente.
Finalmente, la Vicerrectoría de Administración preparará una resolución con miras a minimizar las suplencias, valorando con sumo cuidado la necesidad real de las mismas y la Oficina de Divulgación e Información (ODI), revisará el monto anual presupuestario para publicación de información por medio de la prensa.
El Dr. Jensen manifestó que dado que la economía responde a las decisiones que toman los seres humanos, está seguro que con estas y otras medidas que podrían tomarse a futuro, la Universidad continuará disfrutando de una situación financiera sólida.“Estas acciones fueron definidas en el interés de la administración de garantizar la calidad de los salarios de los universitarios, de reafirmar la inversión en infraestructura y lo más importante, de dar seguridad al Sistema de Becas del que depende un numeroso grupo de muchachos y muchachas de todas las regiones del país para realizar con éxito sus estudios”, concluyó.
Los especialistas hacen un llamado para diseñar un plan hídrico nacional
En el II Foro Institucional 2014 se discutió sobre el desorden territorial que atenta contra los ecosistemas hídricos. Entre las medidas recomendadas están un estudio que determine el balance hídrico para garantizar dicho recurso en las próximas décadas (foto Archivo ODI).
El pasado miércoles 19 de noviembre continuó el II Foro Institucional 2014, denominado “Diagnóstico y planificación del recurso hídrico en Costa Rica: Hacia una gestión integrada de la conservación y aprovechamiento del agua”.
Como ha sido usual en las sesiones anteriores, un auditorio lleno ha sido el marco para discutir, cuestionar y proponer acciones. En todas las mesas redondas los foristas claman para que Costa Rica diseñe un plan nacional que regule, ordene y establezca líneas de acción claras para garantizar el recurso hídrico.
Ese día se realizaron las quinta y sexta mesas redondas, cuyo tema principal fue el “Contexto territorial del desarrollo nacional y las implicaciones espacio-temporales de la oferta y demanda del recurso hídrico”. En la primera expusieron el Mag. Oscar Lücke Sánchez y el arquitecto Eduardo Brenes Mata, con la presencia de la Dra. Margarita Bolaños Arquín, como comentarista.
En la sexta mesa fueron invitados los magísteres Roberto Villalobos Flores, subdirector del Instituto Meteorológico Nacional, y Pascual Olivier Girot, especialista en Cambio Climático. El comentarista fue Lidier Esquivel Valverde, jefe de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de Emergencias.
El arquitecto Eduardo Brenes dijo que la disposición de las aguas negras es el talón de Aquiles en la política sanitaria costarricense (foto Laura Rodríguez).
Planificación nacional
A excepción del 25% del territorio protegido, Costa Rica carece de un plan territorial que regule sus recursos naturales. “El ordenamiento territorial es una política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo desde una perspectiva holística, prospectiva, democrática y participativa. Permite la apropiada organización política-administrativa y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente, tanto para las actuales generaciones, como para las del futuro”, explicó el magister Oscar Lucke Sánchez, profesor jubilado de la Escuela de Geografía de la UCR.
El magister Lücke agregó que “el uso inadecuado del territorio produce serios desequilibrios en el ciclo hidrológico de la región a nivel local, nacional y regional; la falta de un manejo integrado de tierras, aguas y bosques, agrava los efectos del cambio climático y aumenta las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales producto de la degradación de los recursos”.
Asimismo, dijo que las consecuencias de esa degradación ambiental y las consecuencias en los entornos humanos provocan que el país pierda competitividad, ya que el desgaste de los recursos naturales altera todos los ciclos productivos.
Según la Dra. Margarita Bolaños Arquín, el país debe fortalecer las organizaciones vecinales que gestionan los acueductos municipales (foto Laura Rodríguez).
Un ejemplo de este desorden territorial es la peligrosa sobreconcesión de algunas cuencas, como sucede en la llanura de San Carlos donde en algunas zonas río abajo se han secado fuentes de aguas comunitarias. Pero en el contexto actual, las regulaciones están cuesta arriba porque cuando se intenta intervenir desde las instituciones del gobierno central algunas municipalidades lo interpretan como una intromisión en la política local.
Lücke concluyó su exposición con una lista de prioridades nacionales para iniciar un proceso de recuperación y conservación del recurso hídrico. En primer lugar, dijo, es urgente determinar el balance hídrico para lograr un equilibrio entre la oferta y demanda del recurso. Luego, definir espacialmente y cuantificar las zonas vulnerables a la pérdida de competitividad por degradación ambiental y limitar los intereses empresariales que amenazan la estabilidad de las cuencas.
En ese sentido, Lücke recomendó “ordenar las cuencas hidrográficas con la participación local, de acuerdo a su capacidad de uso bioproductiva y propiciar su implementación por medio de instrumentos que armonicen las necesidades sociales con la oferta y demanda de agua, la gestión de riesgo y el uso de la tierra”.
Sobrepoblación peligrosa
El profesor Oscar Lücke Sánchez dijo que el desorden territorial atenta contra la competitividad costarricense debido a la degradación ambiental (foto Laura Rodríguez).
El arquitecto Eduardo Brenes Mata, especialista en planificación urbana, acotó que nuestro país tiene retos muy importantes en esa materia. La ausencia de una política de urbanización y uso del suelo han provocado un desbalance ambiental, que se ha acentuado en los últimos años.
Para el magister Brenes, la creciente urbanización de algunas zonas compromete los ecosistemas, en especial los hídricos.“El 73% de la población vive en las ciudades del país en aproximadamente el 2.5% del territorio. La urbanización en los últimos 30 años, ha provocado un desequilibrio muy acentuado entre el ambiente natural y las áreas urbanas”.
En el periodo citado por el arquitecto Brenes, la mancha urbana creció un 86% entre los años 1982 y 2005. El principal problema es que el marco jurídico regula los objetivos de cada sector, pero no están integrados en una política de Estado.
El talón de Aquiles de esta concentración es la disposición de aguas negras y pluviales, aunado al desperdicio en su consumo. La mayor parte de las primeras se disponen directamente sobre los cuerpos de agua y aún no se vislumbra una solución a ese problema, criticó Brenes.
Programa de la 4ª sesión y Clausura del II Foro Institucional 2014.
Finalmente, el arquitecto recomendó una regulación de la acelerada urbanización del valle central.“El desarrollo inmobiliario debe considerar que la expansión ilimitada y sin control de las ciudades y otras áreas urbanizadas compromete los recursos suelo y agua. De allí que la planificación urbana debe partir del conocimiento del territorio y sus características y con apoyo del marco institucional y legal, debe ir alcanzando sus objetivos de equilibrio”.
Comunidades protectoras
La antropóloga, Dra. Margarita Bolaños Arquín, concordó con los foristas que el país ha sido negligente en el gestión del recurso hídrico. Ella rescató que dentro del desorden imperante surgieron una serie de organizaciones que gestionan y conservan los mantos acuíferos que alimentan a los acueductos comunales. La Dra. Bolaños compartió con los asistentes su positiva experiencia como parte de la Asada Paso Ancho y Boquerón, en Oreamuno de Cartago.
A su criterio, estas asociaciones tienen una experiencia en el manejo de los recursos locales muy valiosa, se han apropiado de ellos y los protegen. Ella considera que en la medida que se incentiven, habrá mayor conservación. No obstante, dichas organizaciones son poco aprovechadas en el manejo hídrico por parte del Estado costarricense.
El II Foro Institucional 2014 concluye este miércoles 26 de noviembre a las 8:00 a.m. en el auditorio de la Facultad de Educación,con la cuarta sesión y la conferencia de clausura del Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente y Energía, con el tema Requisitos y acciones necesarias para alcanzar la meta de una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua en Costa Rica.
El pasado sábado 15 de noviembre, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resultó herido, luego de que miembros de la policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Ciudad de México, ingresaron al campus para atender una denuncia, según lo difundido por medios de comunicación aztecas. Ante la molestia de los estudiantes por la presencia policial, se presentó una disputa que provocó que las autoridades dispararan al aire para dispersar al grupo de universitarios que se encontraba en el recinto.
La Universidad de Costa Rica se solidariza con la UNAM y deplora cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la seguridad e integridad de las personas. Así mismo hace un llamado para que prevalezca el derecho a la libertad de expresión y la protesta se lleve a cabo sin violencia, dentro de los principios legales.
El abuso de autoridad y el uso desproporcionado de la fuerza contra miembros de la comunidad universitaria es un hecho lamentable que atenta contra la autonomía universitaria y va en contra de las aspiraciones democráticas y pacíficas de la sociedad.
La UCR manifiesta su rechazo a todo tipo de criminalización del ejercicio de los derechos legítimamente constituidos, entre ellos el derecho a disentir y protestar.
En el ámbito internacional, tanto la ONU en el 2010, como la OEA en el 2012, reconocieron el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida (foto archivo ODI).
Derecho humano al agua debe tutelarse aunque no sea reconocido como tal en la Constitución
“El problema de los derechos fundamentales ya no consiste en su reconocimiento, sino en la posibilidad de hacerlos efectivos. Por eso el derecho humano al agua y al saneamiento debe tutelarse, independientemente de que éste sea o no reconocido por la Constitución Política”.
Así lo manifestó el M.Sc. Mario Peña Chacón, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), durante la segunda jornada del II ForoInstitucional 2014 Diagnóstico y Planificación del Recurso Hídrico en Costa Rica: Hacia una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua.
En la actividad, organizada por la Comisión Especial Interdisciplinaria (CEI) de la Rectoría, el especialista se refirió a los principios, derechos y obligaciones derivadas de los tratados internacionales vinculantes suscritos por Costa Rica, mediante los cuales ese derecho humano al agua debería ser efectivo en el ámbito nacional.
Entre ellos citó la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres, la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo adicional al Convenio de Ginebra relativo a las víctimas de conflictos armados internacionales y la interpretación ambiental del Artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que se deriva el derecho humano al agua y al saneamiento. “Se trata del derecho de todos al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Aunque Peña es partidario de que siendo el agua un recurso finito, vulnerable y que requiere costos económicos para su gestión no debe ser gratuito, existe un deber estatal de proveer el servicio a las poblaciones más desfavorecidas colocando cerca una fuente de agua y un sistema de saneamiento.“El derecho humano al agua debe privar en hospitales, centros de salud, escuelas, orfanatos, estaciones de bomberos y asilos de ancianos, que no deberían sufrir cortes o interrupciones del servicio y ser gratuito para poblaciones alejadas, organizaciones comunales y pueblos indígenas”, indicó.
El recurso hídrico debe tener un valor económico para desestimular su mal uso y que cubra al menos los costos de mantenimiento y traslado del agua al punto de abastecimiento, indicó el M.Sc. Mario Peña (foto Rafael León).
Sin embargo –acotó- la estructura tarifaria debería reflejar los niveles de recuperación económica y castigar el desperdicio. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que una familia no debería gastar más de un 5% de su presupuesto en la tarifa hídrica y que cada persona debería tener acceso diario a entre 50 y 100 litros de agua diarios para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene, lavado, saneamiento y agricultura de subsistencia. “Quedan por fuera de ese derecho humano los usos del agua comerciales, industriales, para la agricultura extensiva y para la producción de energía eléctrica”.
Chacón explicó que actualmente Costa Rica está al nivel de un país desarrollado como Suecia en lo referente a la distribución de agua potable con un porcentaje de 90.1%. No obstante, en cuanto al tratamiento de las aguas residuales el país está al nivel de Haití, ya que solo se trata el 3% de esas aguas a nivel nacional y únicamente el 0.79% en la Gran Área Metropolitana (GAM).“El resto se descarga directamente en los ríos Tiribí, María Aguilar, Torres y Rivera, que acaban en la cuenca del Grande de Tárcoles, la más contaminada de toda Centroamérica”.
Discusión nacional
Mientras países como Suráfrica en 1996, Uruguay en el 2004, Ecuador en el 2008, Bolivia en el 2009 y México en el 2011, reconocieron en sus respectivas Constituciones que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible y que el Estado es el que debe garantizar ese derecho, en Costa Rica solo está plasmado a nivel de un Decreto Ejecutivo del MINAE de junio del 2002.
“En UICN buscamos que los instrumentos del derecho internacional sean plasmados en normativas nacionales en los diferentes países de la región”, indicó la M.Sc. Rocío Córdoba (foto Rafael León).
Como en el país es poco probable que se dé una reforma constitucional semejante, dijo Chacón, en el 2003 en su Sentencia 4654-2003, la Sala Constitucional reconoció como parte del Derecho de la Constitución el derecho humano al agua, derivado de los derechos fundamentales a la salud, a la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y a la vivienda digna, haciendo el mismo ejercicio que hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Además actualmente en la corriente legislativa circula un Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, presentado mediante iniciativa popular por la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) en el año 2007, que contempla este derecho de manera expresa en el artículo 2.
Aunque esta iniciativa fue aprobada en primer debate, luego de una consulta a la Sala Constitucional fue devuelto a la Comisión Permanente Especial de Ambiente donde se analizan tres artículos que fueron declarados inconstitucionales. Asimismo, en la corriente legislativa circula un proyecto de reforma al artículo 50 de la Constitución Política, para incluir a nivel constitucional derecho humano al agua, al que se han opuesto sistemáticamente los diputados del Movimiento Libertario.
Entretanto, comentó Chacón, las estadísticas nacionales dejan mucho que desear, pues indican que ese derecho humano al agua no es efectivo. “Pese a las sentencias que en la materia ha dictado la Sala Constitucional, el nivel de cumplimiento de las mismas por parte de las entidades del Estado es muy bajo: el MINAET un 15,9%, el Ministerio de Salud un 13,1%, Acueductos y Alcantarillados un 16,4%, el ICE un 21,1%, el MAG un 25% y el INCOPESCA un 0%”.
Mencionó como claros ejemplos de esta ineficacia la situación de contaminación del agua por plaguicidas o arsénico que sufren desde hace años las comunidades El Cairo, Milana, La Francia y Luisiana de Siquirres, Guanacaste y San Carlos, y que siguen sin resolverse en beneficio de sus habitantes, a pesar de existir recursos de amparo con lugar que son vinculantes.
Únicamente 0.26% del agua del planeta está disponible para consumo humano en lagos, embalses y canales (foto archivo ODI).
Además, de las 439 denuncias que se presentaron en el 2012 en el Tribunal Ambiental Administrativo, solo salieron cuatro resoluciones de acuerdo conciliatorio, 31 resoluciones de desestimación y 10 resoluciones finales, lo que denota una acumulación de procedimientos. Igual situación ocurre en el Ministerio Público, por cuanto de las 1 763 denuncias que se presentaron en el 2012 por delitos ambientales, hubo 26 sentencias condenatorias y 56 sentencias absolutorias. Las demás siguen sin resolución.
Para Chacón la palabra clave es efectividad, porque si a través de su ejercicio los derechos no se materializan, no sirven de nada, concluyó.
Recursos hídricos
La M.Sc. Rocío Córdoba Muñoz, coordinadora para Mesoamérica de Medios de Vida y Cambio Climático de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), indicó por su parte que pese a que no existe en el ámbito internacional una convención del agua que regule de forma holística todo el ciclo hidrológico, hay varios tratados, convenios y mecanismos internacionales que se refieren directa e indirectamente a la gestión integrada de recursos hídricos, su relación con los ecosistemas y con la sociedad.
“Nuestras instituciones están permeadas por la corrupción. De otra manera los votos de la Sala Constitucional se acatarían”, sentenció Álvaro Sagot (foto Rafael León).
En su opinión, son estos instrumentos del derecho internacional los que promueven un ambiente propicio para que los Estados dialoguen, negocien, consensuen y cooperen, sobre todo aquellos que comparten la gestión de lagos y cuencas fluviales.
Datos aportados por el Ing. Gerardo Fumero Paniagua, moderador de la mesa, indican que en el planeta existen 263 lagos y cuencas fluviales transfronterizas. Un total de 145 naciones tienen parte de su territorio en cuencas que comparten varios países y otras 21 se sitúan en su totalidad en el interior de cuencas compartidas por varios países.
La mayoría de las cuencas hidrográficas son compartidas por más de dos países, pero existen 13 cuencas que son compartidas por grupos de entre cinco y ocho naciones. Las cuencas de los ríos Congo, Níger, Nilo y Zambeze, todos en África y el río Rin en Europa, son compartidas por grupos de entre nueve y 11 países. El río que atraviesa la mayor cantidad de naciones es el río Danubio, que fluye a través de 18 naciones.
Esa condición de compartir las cuencas hidrográficas, unida a la cada vez menor disponibilidad del agua y un creciente deterioro de su calidad, hace que se incremente la competencia por este recurso, lo cual obliga a procurar tratados internacionales que establezcan acuerdos sobre su uso.
Por esa razón, continuó Rocío Córdoba,los tratados internacionales que tienen que ver de una u otra forma con el tema del agua proveen principios específicos relacionados con la gobernanza y el uso del agua, establecen, parcialmente instrumentos y mecanismos para su gestión efectiva e integral, y algunos contienen mecanismos de sanciones para asegurar la observancia de sus disposiciones por los Estados parte.
La cada vez menor disponibilidad del agua y un creciente deterioro de su calidad, hacen que se incremente la competencia por este recurso lo que obliga a procurar tratados internacionales que establezcan acuerdos sobre su uso (foto archivo ODI).
Al respecto, mencionó la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ratificada por el país en 1950, que se orienta a la protección de áreas de captación de agua como ríos, lagos, humedales y zonas costeras y que toma en cuenta diversos ecosistemas y su relación con el ser humano. Tal es el caso del Parque Nacional Talamanca-La Amistad y el Parque Nacional Marino Isla del Coco.
Otra es la Convención sobre los Humedales de importancia Internacional (Ramsar), que entró en vigor en 1971 y que el país aprobó en 1992, en la que Costa Rica es muy activa y que busca la conservación y el uso racional de estos ecosistemas acuáticos tanto de aguas dulces, como de aguas salobres y saladas y que contempla lineamientos para integrar la conservación de humedales dentro del manejo de cuencas hidrográficas.
Un tercer instrumento es el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (CDB) que entró en vigor en diciembre de 1993 y fue ratificado por Costa Rica en 1994. Este contempla la cooperación para la conservación de la diversidad biológica dentro y más allá de las jurisdicciones nacionales y resoluciones de las partes contratantes de la convención sobre diversidad biológica de aguas dulces.
Aparte de esos tratados, Córdoba mencionó instrumentos regionales dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que son políticas y estrategias a nivel regional que se han elaborado con participación de todos los países con el fin de buscar una mejor gestión de los recursos hídricos.
Entre otras mencionó la Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales, ratificada por los ministros de Ambiente en el 2002, y la Estrategia Regional de Cambio Climático, aprobada en el 2010.“Esta última es muy importante porque la variabilidad climática no puede ser desligada de ninguna forma ni en la región, ni en el país, de los recursos hídricos porque está relacionada con fenómenos hidrometeorológicos”.
El 75% del agua dulce del mundo se usa para la agricultura. Si se continúa en esa línea, se prevé que hacia el 2025, el 66% de los habitantes del planeta sufrirá condiciones de sequía o escasez (foto archivo ODI).
Finalmente, hizo referencia a dos instrumentos internacionales que sí están ratificados, que aunque no incluyen todo el ciclo hidrológico, se refieren a cursos de agua internacional o cuencas transfronterizas, incluidas las aguas subterráneas, “que casi nunca se toman en cuenta porque no se ven”.
Se trata del Convenio de Helsinki, que se convirtió en instrumento global en febrero del 2013 y la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la Navegación, que entró en vigor el 17 de agosto del 2014.“Ambas convenciones toman en cuenta los principios de cooperación, desarrollo sostenible y subsidiaridad y establecen una serie de principios del derecho internacional que son obligatorios para los países parte, la cual, hasta el momento, no ha sido ratificada por ningún país de América Central, ni de Latinoamérica”.
Durante los comentarios finales el M.Sc. Álvaro Sagot Rodríguez, consultor ambiental, concordó con los expositores en que a pesar de las directrices de la Sala Constitucional, todo parece indicar que las instituciones como tal y sus funcionarios aún no están sensibilizados con el tema del agua como derecho humano fundamental, no obstante que es reconocido incluso por convenciones internacionales ratificadas por Costa Rica. “Cuando se revisan los votos de la Sala Constitucional pareciera que a las instituciones se les repite una y otra vez que están violando derechos humanos fundamentales y con todo lo lamentable que puede ser, pareciera que contaminar el agua no es tan grave como el robo de un reloj o una cadena”.
A juicio de Sagot muchas de esas actitudes de los funcionarios públicos hacia la normativa existente, se deben a que en algunos casos existe corrupción, que responde a intereses de empresas extranjeras que invierten en el país, como ocurre en el caso de las comunidades de Siquirres, que desde el 2009 obtuvieron un voto favorable y continúan consumiendo agua contaminada por pesticidas.“Esto hay que dejarlo perfectamente claro: nuestras instituciones están permeadas por la corrupción. De otra manera los votos de la Sala Constitucional se acatarían”, concluyó.
Ante la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” en México, la Universidad de Costa Rica declama su rechazo a cualquier tipo de violación de los derechos humanos.
Según lo informado por varios medios de comunicación mexicanos, la desaparición de estos jóvenes ocurrió el pasado 26 de setiembre, luego de ser detenidos y reprimidos por la policía local, con la supuesta ayuda de grupo de bandas delictivas asociadas al poder político. A un mes de su detención, las autoridades no han dado información sobre el paradero de los estudiantes.
El Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR asegura que estos hechos “son enteramente repudiables y constituyen una exhortación para todas las personas amantes de la paz a redoblar sus esfuerzos por reafirmar la vigencia de los derechos humanos en todos los países”.
Asimismo, Jensen hace un llamado a que estos acontecimientos sean objeto de análisis y discusión por parte de la comunidad universitaria, a la vez que manifiesta su rechazo a todo tipo de criminalización del ejercicio de los derechos legítimamente constituidos, entre ellos el derecho a disentir y protestar.
La Universidad de Costa Rica expresa su profundo pesar y exhorta a las autoridades de ese hermano país a hacer todos los posibles esfuerzos por dar con el paradero de los 43 estudiantes, y aplicar consecuentemente los principios legales para identificar a los responsables de este deplorable hecho.
Medidas propiciarán mayor equidad en el ingreso de estudiantes
Los jóvenes que ingresen a la UCR mediante admisión diferida, lo harán en total igualdad de condiciones a los demás y tendrán acceso a los mismos servicios y beneficios como los que otorga el sistema de becas (foto archivo ODI).
A partir del Ciclo Lectivo del 2015, la Universidad de Costa Rica (UCR) introducirá cambios a su sistema de admisión, los cuales le permitirán ser más equitativa y democrática en el ingreso de estudiantes.Así lo dio a conocer este miércoles el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Institución, durante un encuentro con la prensa nacional.
En esta oportunidad destacó que además de aumentar los cupos de nuevo ingreso a 8 680 para el próximo año, se reservarán 400 de esos cupos, a colegios con menos del 12% de estudiantes admitidos en carrera. La resolución será firmada en los próximos días por el Vicerrector de Docencia.
Según lo explicó el Dr. Bernal Herrera Montero, vicerrector de Docencia, además de una ampliación significativa de un 6% en la oferta total de cupos, 550 nuevos cupos aproximadamente, se estableció un proceso denominado de admisión diferida, con miras a incidir en una mayor equidad del proceso.“Para la admisión diferida se han reservado un poco más de 400 cupos, distribuidos en la totalidad de carreras, sedes y recintos de la universidad, con el fin de que estén presentes estudiantes de colegios que, de otra forma, estarían sub representados dentro del conjunto total de las instituciones de secundaria”.
Herrera indicó además que, como a la Universidad le interesa preservar el principio de excelencia académica, los estudiantes que ingresen mediante admisión diferida también deberán superar la nota de admisión, pero con una nota ligeramente menor para el ingreso a carrera. Ésta se establecerá mediante un promedio de las oscilaciones que ha tenido la nota de corte para el ingreso a una determinada carrera en los últimos cinco años.
“La UCR como institución de cultura superior, está siempre comprometida con el proceso de alcanzar un mayor bienestar para toda la población costarricense. En eso está inspirado el proceso de admisión diferida que regirá a partir del 2015”, dijo el Dr. Henning Jensen (foto Laura Rodríguez).
“Consideramos que esta es una medida que además de promover la equidad, pues va tener un impacto importante en algunas instituciones de secundaria y en sus poblaciones que tradicionalmente han tenido poco o nulo acceso a la UCR, preserva el principio de excelencia académica que caracteriza a nuestra universidad”, concluyó Herrera.
Al respecto el Rector recalcó que esta es una respuesta concreta de la UCR ante la creciente desigualdad y las brechas territoriales significativas que se dan en el país.“La UCR, ni ninguna universidad pública, es responsable de ninguna de esas brechas, pero sí somos responsables de las medidas que nosotros tomemos para hacer posible que muchachos y muchachas que provienen de medios socioeconómicos infraprivilegiados, tengan una mayor oportunidad para ingresar a la educación superior pública”, sentenció Jensen.
La Institución tiene dos años de desarrollar el programa +Equidad en colegios de comunidades muy excluidas del sistema de educación superior y que pertenecen a zonas geográficas poco privilegiadas. El proceso de admisión diferido es el segundo paso hacia una mayor democratización en el acceso a la educación superior, que constituye uno de los cambios más grandes e importantes en el sistema de admisión de la UCR de los últimos 25 años.
“Consideramos que esta es una medida que además de promover la equidad, pues va tener un impacto importante en algunas instituciones de secundaria y en sus poblaciones que tradicionalmente han tenido poco o nulo acceso a la UCR, preserva el principio de excelencia académica que caracteriza a nuestra universidad”, concluyó Herrera.
Al respecto el Rector recalcó que esta es una respuesta concreta de la UCR ante la creciente desigualdad y las brechas territoriales significativas que se dan en el país.“La UCR, ni ninguna universidad pública, es responsable de ninguna de esas brechas, pero sí somos responsables de las medidas que nosotros tomemos para hacer posible que muchachos y muchachas que provienen de medios socioeconómicos infraprivilegiados, tengan una mayor oportunidad para ingresar a la educación superior pública”, sentenció Jensen.
La Institución tiene dos años de desarrollar el programa +Equidad en colegios de comunidades muy excluidas del sistema de educación superior y que pertenecen a zonas geográficas poco privilegiadas. El proceso de admisión diferido es el segundo paso hacia una mayor democratización en el acceso a la educación superior, que constituye uno de los cambios más grandes e importantes en el sistema de admisión de la UCR de los últimos 25 años.
El Dr. Bernal Herrera (derecha) manifestó que el nuevo proceso conllevará un aprendizaje y se va a tener que ir afinando en el tiempo, como ha sucedido con la admisión ordinaria. Lo acompaña el M.Sc. Roberto Salom Echeverría, Vicerrector de Acción Social (foto Laura Rodríguez).
Transparencia
Además de anunciar este cambio en el sistema de admisión, el Rector reiteró ante la prensa que a pesar de que mucho se ha especulado sobre las características de la población estudiantil de la UCR, las estadísticas institucionales indican que casi el 62% del estudiantado proviene de colegios públicos.
Asimismo, a diferencia de lo que se ha pregonado, mientras un 49,2% de los estudiantes que tienen beca socioeconómica provienen del quintil más bajo de ingresos económicos, el 26,3% provienen del segundo quintil, “estadística lo suficientemente elocuente para desmentir lo que se ha dicho de que nuestros estudiantes provienen de hogares ricos”.
Otro de los puntos desarrollados fue respecto a lo reiterado en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa en el sentido de que las universidades públicas son ineficientes en la ejecución presupuestaria y que incluso tienen un superávit gigantesco.
El rector explicó que actualmente la UCR invierte en remuneraciones cerca de ¢150 mil millones de los cuales, más de ¢26 mil millones, retornan a la sociedad costarricense en impuestos, cargas sociales, etc. (foto Laura Rodríguez).
A juicio de Jensen, esas informaciones se basan en puntos de partida sesgados como haber dicho, por ejemplo, que al 30 de junio la UCR no había ejecutado el 50% de su presupuesto. “No se debería haber dicho que eso es un superávit, porque todavía después del 30 de junio faltaba la mitad del año para ejecutar el presupuesto restante”.
Para el rector, la UCR tiene una elevada ejecución presupuestaria pese a que se trata de presupuestos muy complejos, que también tienen un componente alto de recursos que provienen de contrataciones externas que la UCR realiza con instituciones nacionales e internacionales y que muchas veces se refieren a proyectos con plazos de cumplimiento de hasta cinco años.
Finalmente, el Dr. Jensen defendió el régimen salarial de la Universidad que como prestataria de servicios académicos de alto nivel, requiere de personal calificado que dedica muchos años a capacitarse, a aprender varios idiomas, a investigar y a publicar en las más reconocidas revistas científicas y cuyo esfuerzo debe ser recompensado a nivel salarial. “A eso lo llamamos régimen de méritos y cualquier universidad que se precie lo hace: en el mundo lo tienen Harvard, Oxford, Heilderberg, Lovaina y la Sorbona y en América Latina reconocidas universidades como la de Sao Paulo, Campinas, la de Buenos Aires y la UNAM. Esta lógica académica debe ser preservada y de ninguna manera injuriada y difamada, como si se tratara de un privilegio inmerecido”.
Aunque el Dr. Jensen reconoció que se han detectado ciertas debilidades como el crecimiento vegetativo que se da por ciertos automatismos como las anualidades, indicó que la administración está dispuesta a tomar las medidas necesarias para corregir esas amenazas y garantizar que la UCR siga siendo una de las instituciones mejor administradas en el país y una de las entidades con mayor prestigio social.
El Consejo Universitario hizo un llamado vehemente para que la Rectoría y el personal Programa de Atención Integral en Salud (PAIS) que se mantiene en huelga desde el pasado 11 de noviembre, fortalezcan el diálogo en búsqueda de consensos entre las partes, de manera que sea posible avanzar en la solución del conflicto.
La petición la hizo en un pronunciamiento emitido este viernes 22 de noviembre, en sesión extraordinaria, en el que solicitó que se instale de inmediato una mesa de negociación permanente y se considere la inclusión de una instancia mediadora universitaria, externa a las partes.
El Órgano Colegiado expresó que es evidente que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes, y que más bien el conflicto se ha agudizado, comprometiendo el derecho a los servicios de salud de las comunidades. Por ello, recomendó a la partes reconsiderar sus posturas actuales y plantear acciones concretas en aras de una mejor negociación.
En ese sentido, le solicitó a la Administración realizar un estudio detallado del perfil del personal del PAIS, con el fin, por un lado, de identificar el mayor número de trabajadores y trabajadoras que la Universidad estaría en capacidad de contratar, y que, por otro, permita definir las acciones que la UCR tendrá que emprender con otras instituciones, en procura de lograr la estabilidad laboral del personal de ese programa.
Al mismo tiempo, le pidió al personal del PAIS, que en tanto no se deponga el movimiento de protesta, asuman la responsabilidad de ofrecer servicios esenciales en cada Ebáis, de manera que no se comprometan los servicios de salud que se brindan a la población usuaria de las comunidades involucradas.
También le pidió a la comunidad universitaria informarse y participar activamente en la búsqueda de soluciones a este conflicto, siempre en el marco del diálogo, la tolerancia y el respeto que caracteriza a la UCR.
Información enviada a SURCOS por Zaida Siles Rojas.
