El uso de fipronil amenaza la seguridad alimentaria del país, y afecta tanto a la salud humana como la de los ecosistemas. Ante la evidencia científica, el Iret-UNA reafirma su criterio de que su uso debe ser prohibido lo más pronto posible en el país.
Un decreto del 26 de agosto de 2022 emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (43767-S-Minae) prohibía el uso del fipronil para formulaciones en plaguicidas de uso profesional, sin embargo, en la actualidad existe una propuesta de decreto para permitir este uso con dos restricciones menores: una advertencia en el etiquetado y en el material de empaque.
Ante esta propuesta el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), emitió un acuerdo donde reafirma el por qué se debe prohibir el uso del fipronil lo más pronto posible en el país.
Este insecticida actúa sobre el sistema nervioso, y se utiliza para el control de múltiples especies como gusanos de suelos y defoliadores, hormigas y termitas entre otras, aplicado foliarmente o incorporado al suelo, así como en aplicaciones veterinarias e industriales para el control de hectoparásitos en animales domésticos y productivos.
De acuerdo con datos del Iret-UNA entre 2017 y 2021 Costa Rica importó en promedio 2.373 kg de fipronil por año, y para el 2021 la importación fue de 4.291 Kg. Está registrado para su uso en cultivos de algodón, café, chile dulce, cítricos, dracaena, frutales, naranja, ornamentales, palma aceitera y piña, sin embargo, en distintos diagnósticos del Iret-UNA realizados entre 2014 y 2020 se encontró su uso en cultivos no autorizados como tomate y repollo. Iret-UNA encontró usos de fipronil muy altos en chile dulce (0,72 kg i.a./ha/ciclo de promedio ponderado) y otros menores en algodón (0,024), cítricos (0,001), tomate (0,01) y repollo (0,04), con el agravante que para estos dos últimos cultivos no existen registros autorizados para su uso.
Vuelo truncado
El fipronil se ha sometido a procesos de reevaluación de sus usos agrícolas aprobados por diversas agencias regulatorias del mundo, con el fin de evaluar la toxicidad para importantes organismos como los polinizadores, el resultado ha sido su prohibición en 38 países: 7 de África (Cabo Verde, Chad, Gambia, Mauritania, Nigeria, Senegal y Togo), los 27 países de la Unión Europea, Reino Unido, Vietnam, Argentina y Colombia. En todos ellos el punto básico fue evitar que se siga causando daño a las poblaciones de abejas y otros polinizadores.
En Colombia, cita el pronunciamiento, “la razón principal para tomar la decisión de prohibir el fipronil, fue la muerte masiva de cerca de 64.000 colmenas de abejas entre 2016 y 2020. De acuerdo con los análisis del Instituto Colombiano Agropecuario, el valor de pérdida de esas colmenas puede ser de US$7 millones en material biológico y de US$10 millones en producción de miel y polen. Esto sin mencionar la pérdida inestimable de otros servicios ecosistémicos brindados por las abejas, como la polinización de plantas silvestres y cultivos agrícolas, pérdidas de otros insectos benéficos, depredadores naturales de plagas agrícolas. Además, de poder contaminar los cuerpos de agua, afectando negativamente la vida acuática y la biodiversidad”.
Otras investigaciones demostraron que la toxicidad aguda del fipronil para abejas melíferas es alta: entre 4 y 5 nanogramos por abeja, dependiendo de la forma de exposición, oral o por contacto. Estudios realizados por el Iret-UNA demostraron que la sensibilidad al fipronil en abejas jóvenes de la especie nativa sin aguijón Tetragonisca angustula (mariola) con la de Apis mellifera, es similar, y que una exposición prolongada (24 horas) a través de la dieta, causa mortalidad a concentraciones diez veces más bajas a la dosis letal reportada; así como una actividad motora reducida, afectación en el desarrollo y mantenimiento de las colonias, e incluso puede provocar su abandono. En la abeja sin aguijón Partamona helleri, la exposición oral a fipronil presentó cambios en el comportamiento relacionados con alteraciones citológicas en el cerebro que sugieren muerte celular.
“Conociendo la importancia de las abejas y la diversidad presente en nuestro país, argumentamos que el uso del fipronil y de otros insecticidas, pueden poner en riesgo el modelo de seguridad y autosuficiencia alimentaria, al no proteger de forma efectiva a las poblaciones de los cientos de especies de abejas y otros polinizadores que tenemos en Costa Rica, responsables de la polinización parcial o total de cientos de cultivos tropicales como el café (Coffea arabica), aguacate (Persea americana), achiote (Bixa orellana), naranja (Citrus spp), algodón (Gossypium sp), guayaba (Psidium guajava), pepino (Cucumis sativus), sandía (Citrullus lanatus), tomate (Solanum lycopersicum), melón (Cucumis melo), mango (Mangifera indica), chile (Capsicum spp), ayote (Cucurbita moschata), marañón (Anacardium occidentale), chayote (Sechium edule), maracuyá (Passiflora sp), carambola (Averrhoa carambola), tamarindo (Tamarindus indica), vainilla (Vanilla planifolia). También son de suma importancia para la polinización de árboles y especies de plantas nativas de nuestros bosques y zonas protegidas”, citan los especialistas.
Asimismo, el acuerdo remite a que en los últimos años, los apicultores registran afectación de sus colmenas por el uso del fipronil en actividades agropecuarias, provocando la muerte masiva de las abejas. Así lo destacó la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura: “Al menos 18 millones de abejas han muerto durante el 2021, en el país, producto de seis intoxicaciones masivas que, según denuncia, fueron causadas por el uso del agroquímico fipronil en labores agropecuarias”. Estos eventos se han dado en diferentes zonas del país, según informes brindados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Posible cancerígeno
Los investigadores también hacen referencia a que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) clasifica el fipronil como “posible carcinogénico en humanos” (USEPA, 1995). “Los estudios que han reportado signos de toxicidad por exposiciones inadvertidas, muestran que el fipronil puede causar efectos leves y temporales, predominando dolor de cabeza, mareo, náuseas y vómitos. La exposición prolongada o repetida a fipronil y sus metabolitos, particularmente al fipronil sulfona, se asocia con efectos nocivos para la salud humana y animal, incluida la promoción de lesiones en las células neuronales. También provoca efectos de disrupción endocrina, lo que podría interferir con el equilibrio hormonal en el cuerpo humano”.
Existe además un creciente interés por investigar al fipronil como posible factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, se sugiere que el fipronil sulfona se transfiere a través de la placenta al feto e incide en efectos adversos para la salud infantil Además, su impacto en células humanas asociadas con la función tiroidea, genera preocupación sobre sus posibles efectos en el desarrollo neurológico y el crecimiento de los niños.
Ante la evidencia científica, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, reafirma que:
El uso del insecticida fipronil debe ser prohibido lo más pronto posible en Costa Rica debido a sus efectos negativos, no solo en la salud humana, sino también en el medio ambiente, al ser un insecticida altamente tóxico asociado con la muerte de abejas, organismos que desempeñan un papel crucial en la polinización y el equilibrio ecológico. Además, se ha demostrado que tiene efectos dañinos en otros insectos benéficos y organismos acuáticos, afectando la biodiversidad en los ecosistemas. Además, se ha encontrado que el fipronil puede tener efectos perjudiciales para la salud humana, como la disrupción endocrina y la toxicidad para el sistema nervioso. Por lo tanto, su prohibición en Costa Rica sería un paso importante para proteger el medio ambiente y la salud de las personas.
En consecuencia, el Iret-UNA demanda actuar según los principios que rigen la materia ambiental, recordando que, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante debe ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos.
Por lo tanto, recomendamos la cancelación de todos los registros de productos que contienen fipronil y la prohibición de la importación, formulación, transporte, exportación y uso a nivel nacional, tanto para uso profesional, como veterinario y agrícola.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Ayer me compartieron una noticia que me llamó la atención inicialmente y luego me llenó de esperanza respecto al futuro educativo de niños y jóvenes. Esa noticia fue que en “Las escuelas suecas dan marcha atrás en el uso de pantallas y vuelven a los libros de texto”. Hace tan solo unos pocos días atrás el gobierno sueco tomó esa decisión y ha causado revuelo en muchos ámbitos del país.
El tema está en qué hay posiciones muy definidas respecto a lo que sucede con las pantallas en los niños especialmente.
La UNICEF advierte de los riesgos del uso de las pantallas en los bebés y niños pequeños, concluyendo que puede afectar las capacidades de concentración, aprendizaje, empatía, manejo de la frustración y control de los impulsos que resultan habilidades vitales para la interacción social.
También hay criterios profesionales en el sentido de que “Una mayor exposición a las pantallas en los niños está asociada a problemas de autocontrol, déficit de atención, problemas de ansiedad, mayores niveles de depresión infantil, insatisfacción con la imagen corporal y mayor fracaso escolar”.
Me parece muy importante que se abra el debate sobre lo que es más conveniente para los niños, especialmente en edad de guarderías y escuelas.
Hay mucha preocupación sobre lo que la digitalización puede producir en niños y jóvenes. Precisamente en Suecia y ante esta disposición manifestó un padre de familia respecto a su hijo que está preocupado por su hijo mayor, de 13 años: “no sabe escribir a mano, garabatea. Aprendió mirando una pantalla y pulsando un teclado. Tampoco sabe leer muy bien los textos escritos a mano”. Eso está sucediendo cada vez más y por ello lo importante de la lectura constante y para ello no hay como los libros físicos.
Hay que prestar atención a este nuevo reto que se viene manifestando: actividad escolar digitalizada o actividad escolar física con libros de texto.
Coló en todo, habrá quienes estén a favor y quienes estén en contra, pero lo importante es que los padres tomen decisiones que favorezcan siempre a sus hijos pequeños y pensando en enfrentar un mundo muy difícil en el futuro, por lo que requieren muchas habilidades. Habrá que ver si los libros físicos o las pantallas se las brindan de mejor manera.
Dios quiera que entendamos que somos nosotros los que debemos tomar decisiones para bien de los pequeños que nos siguen los pasos.
Costa Rica, el país que condimenta la malnutrición con el alto precio de los alimentos
Un conversatorio en la UCR abordó los desafíos del país y las soluciones nacionales que actualmente se llevan a cabo
Los datos del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) divulgados a inicios del 2023 mencionaron que la inflación en Costa Rica aumentó y, además, se agravó por las restricciones de suministro global y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Esa situación de inflación, por supuesto, puede cambiar durante el año. Las expectativas a 12 meses comunicadas por el Banco Central de Costa Rica muestran pronósticos más alentadores.
Sin embargo, desde la mirada nutricional, la inflación (aunque sea en porcentajes menores) es un hecho que persiste y afecta en el precio de los alimentos y la energía, los que más tienden a subir según explica la OCDE.
¿El resultado de esas dinámicas económicas? Para las y los especialistas la respuesta es solo una: una influencia directa en la inseguridad alimentaria y nutricional de la población.
Así se habló en el conversatorio “Sumando acciones hacia la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional (SSAN) desde los gobiernos locales”, liderado por la Escuela de Nutrición, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva —ambas de la Universidad de Costa Rica (UCR)— y la Red de Economía Social Solidaria (RedESS).
Durante el conversatorio, en el cual participaron profesionales del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Red Costarricense de Agricultura Familiar y la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las y los profesionales analizaron los importantes desafíos que vive Costa Rica en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Los datos son claros.
Si se hace una cuidadosa revisión estadística en la tabla de la OCDE, esta indica que en enero del 2023 la inflación de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas de Costa Rica se posicionó con una cifra de inflación del 18.5 %.
Dicho porcentaje, uno de los más elevados, hizo que nuestro país ocupara el lugar número 17 entre las naciones de la OCDE con mayor inflación en ese mes de enero. Esta tendencia no era nueva y ya se venía registrando meses anteriores.
En agosto del 2022, por ejemplo, la OCDE comunicó que la inflación en el precio de los alimentos en Costa Rica alcanzó el 22.5 %, lo que ubicó a nuestro país en el top de las naciones con uno de los mayores aumentos registrados.
Lo anterior es especialmente importante ante un contexto en el cual los salarios e ingresos de la población no suelen aumentar tan rápido como la inflación.
“Si le decimos a las personas compren frutas y vegetales, pero la estructura de precios en nuestro país no lo permite porque somos uno de los que tienen los más altos costos de los alimentos —que son el pilar del sistema alimentario— es claro que se va a afectar la seguridad alimentaria nutricional a nivel nacional, especialmente a las poblaciones más vulnerables”, dijo la Dra. Karol Madriz Morales, integrante de la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias del Ministerio de Salud.
Por fortuna, en los últimos tres meses de febrero, marzo y abril de 2023, la misma OCDE registró una dinámica diferente con datos más positivos. Los porcentajes de inflación fueron 14.3 %, 12.3 % y 9.9 %, respectivamente para cada mes. Sí, los porcentajes son menores pero el fenómeno de inflación continúa.
¿Una posible solución? Fortalecer el consumo de alimentos nacionales y de temporada. Esto ayudaría no solo a dinamizar la economía local y alimentos a un menor costo, sino también a incentivar una alimentación saludable, un punto en el cual Costa Rica ha estado bastante alejado.
Dicha condición de sobrepeso y obesidad aumentó en todas las naciones de la región de América Latina y del Caribe entre 2000 y 2016, donde Costa Rica, Haití y República Dominicana predominan con un aumento significativo en más de 10 puntos porcentuales, señala la FAO.
Lo mismo refleja el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (Elans), al respaldar en Costa Rica el problema de obesidad. Por supuesto, la población infantil tampoco es la excepción. El censo de Peso y Talla reveló en el 2016 que más de 118 000 escolares tienen sobrepeso y obesidad. Algunas personas profesionales en nutrición desde el 2019 ya catalogaban este fenómeno en Costa Rica como una “epidemia de obesidad”.
¿Los lugares más afectados con esa “epidemia”? Cuatro de los distritos con los índices más bajos de desarrollo social (IDS): Zapotal, Picares, Caldera y Desamparaditos, zonas cuya prevalencia de obesidad es superior al 50 %, según el Censo de Peso y Talla 2016. Así, no es de extrañar que el alto precio de los alimentos incida en la malnutrición. Para algunas familias las comidas baratas y poco nutricionales son sus únicas opciones.
¿Y qué está haciendo el país?
La respuesta es solo una: mucho. Ante los desafíos económicos, una de las iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional es la agricultura familiar.
Actualmente, la agricultura familiar es uno de los principales generadores de alimento en el país pero, al mismo tiempo, uno de los más inseguros y pobres, expresó la Lic. Karen Rodríguez, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
De acuerdo con la FAO, más del 70 % de los alimentos en la región de América Latina y el Caribe se genera a raíz de la agricultura familiar. En Costa Rica, los datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) expresan que aproximadamente el 55,4 % de las fincas censadas en el 2014 corresponden a la agricultura familiar. Estas representan un 26 % de la extensión total de uso agropecuario del país.
Sin embargo, a pesar de esa importante contribución, el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030 del MAG informa que en la región seis de cada diez de los hogares, que dependen de la agricultura, viven en situación de pobreza e inseguridad. Precisamente, por esa razón nace este Plan Nacional, con el fin de cambiar esta realidad, disminuir la pobreza que vive el sector, dinamizar la economía y favorecer la nutrición a nivel nacional.
“La agricultura familiar es un modo de vida. En Costa Rica esta se relaciona con familias rurales, urbanas, y periurbanas a nivel de población indígena, afrodescendiente y, también, con las organizaciones que promueven la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, tanto en la familia como en la población. La agricultura familiar tiene tipologías como el autoconsumo o el mercado para comercializar. No hablo solamente de las huertas familiares, sino en diferentes agronegocios”, ahondó la Lic. Rodríguez, quien además coordina el Plan Nacional desde el MAG.
La experta dijo que el plan actualmente está conformado por 36 intervenciones y ocho pilares estratégicos. Todos ellos, además de fortalecer a las familias, propician el desarrollo territorial mediante el apoyo de la infraestructura productiva, incubación de microempresas familiares y el fomento del emprendimiento en mujeres y jóvenes.
Asimismo, robustece el desarrollo de mercados locales, las alianzas entre el sector público y privado, el fomento de la asociación de los productores familiares y hasta la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional.
En este sentido, Wagner Suazo Chanto, de la Red de Economía Solidaria de Costa Rica, concuerda. Además, agregó el componente de economía solidaria que está directamente conectado con el tema de la agricultura familiar. Esto es especialmente importante si se conoce que el país tiene 736 asociaciones de productores identificadas, un número bastante considerable con base en la última estadística del 2017 de Infoagro.
“La producción de alimentos es, esencialmente, asociativa y está presente hasta en el tema de la comercialización. En el país existen 85 ferias del agricultor. Esto quiere decir que siguen siendo un espacio de comercialización y de acceso a los alimentos importantes de manera directa y, en muchos casos, sin intermediarios. También, organizadas por asociaciones o centros agrícolas cantonales”, expuso Suazo.
¿El impacto económico para las familias? Mucho. Suazo mostró que el 5 % del ingreso de los hogares proviene de la producción para el autoconsumo, donación y trueque. En cambio, para los hogares de menores ingresos, este porcentaje de ingreso se eleva considerablemente a un 12 %, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2018-2019.
“Estamos hablando de unos 40 000 o 50 000 colones por hogar dependiendo si es rural o urbano. Esto juega un rol importante para que las personas mejoren su situación”, añadió.
En Costa Rica, aproximadamente el 55,4 % de las fincas censadas en el 2014 corresponden a la agricultura familiar.
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
Una guía
A esas acciones de agricultura familiar y economía solidaria se le suma otra: las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios de Costa Rica del Ministerio de Salud, que iniciaron su implementación en 1997.
La Dra. Karol Madriz Morales, integrante de la Comisión, manifestó que las guías alimentarias reconocen la necesidad de reforzar prácticas y hábitos alimentarios nutricionalmente adecuados como el consumo de frutas y vegetales.
Además, se orientan en promover la modificación de aquellas prácticas inadecuadas como el consumo excesivo de sal o azúcar e, incluso, motivar la incorporación de nuevos alimentos. “Especialmente, revitalizar toda la agricultura, los alimentos autóctonos tradicionales y la incorporación de nuevas prácticas alimentarias”, comentó la Dra. Madriz.
Por supuesto, la especialista fue clara que se deben intervenir los sistemas alimentarios y el entorno para generar los medios y las condiciones que le permitan a la población tomar decisiones más saludables. Una de esas condiciones está en el precio de los alimentos si lo que se busca es tener un impacto integral.
“En las guías partimos de una realidad nacional y es la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, relacionadas con una inadecuada nutrición. Es así que surge la necesidad de iniciar todo un proceso nacional para mejorar la salud de la población mediante una alimentación saludable, dado que estas enfermedades son las responsables de las altas cargas de morbimortalidad y de los altos costos de atención al seguro que generan grandes pérdidas económicas y un importante impacto social”, profundizó la Dra. Madriz.
Ejemplos de éxito
En el conversatorio también se compartieron algunos ejemplos de éxito sobre acciones vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional. María Carmen Elizondo Soto, licenciada en Trabajo Social y coordinadora de Asuntos Sociales y Económicos de la Municipalidad de Sarapiquí, dio a conocer algunas de las ideas que se realizan en su cantón.
Una de las iniciativas más importantes fue incorporar el enfoque de mejoramiento de vida, cuyo objetivo final es lograr el bienestar mediante el fortalecimiento de las capacidades de autogestión de las comunidades y de las familias. El enfoque tiene como pilares los hábitos del capital social y la economía familiar, con los cuales se busca mejorar la nutrición, la autoestima y la expansión económica.
“El enfoque de mejoramiento de vida surge en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno y las agrupaciones empiezan a acercarse a las comunidades para ver qué es lo que tienen las personas y cómo, a partir de sus recursos disponibles, lograr el bienestar y la mejora continua. Este enfoque lo iniciamos en el 2019 y lo hemos estado incorporando en el acompañamiento a giras, en el conocimiento de las comunidades y en propiciar que se articule lo que se puede desde la municipalidad”, mencionó la Lic. Elizondo.
Los primeros logros ya se hacen evidentes. Tres comunidades del cantón este 2023 cumplen dos años o más de estar participando en el Programa de Mejoramiento de Vida. Estos son: el distrito de Puerto Viejo, Cerro Negro y la comunidad de Río Magdalena. El enfoque ha permitido que la comunidad pueda trabajar temas de jornada diaria, comunicación y alimentación.
“El enfoque le dice a la comunidad coman rico, coman saludable, cuiden su salud y produzcan con lo que tienen disponible. Además, se ven temas sobre cómo manejamos nuestras finanzas y cómo las ordenamos. El enfoque no busca que las familias se conviertan en productoras a gran escala, sino que puedan ser capaces de tener una estabilidad financiera que les permita un balance y un acceso económico y oportuno a los alimentos”, completó la Lic. Elizondo.
A eso se le añade el empoderamiento que ganan las comunidades, al romper las barreras culturales e incentivar el trabajo en equipo desde las necesidades de la zona. Todos y todas se involucran gracias a diferentes metodologías participativas y el trabajo interinstitucional (academia-organizaciones-instituciones).
“Sarapiquí es un cantón meramente rural, con capacidades para la producción, para la agricultura y para la ganadería. Estas metodologías nos acercan a poder entender qué es lo que las comunidades pueden hacer, cuáles son sus capacidades y cómo pueden desarrollarse”, profundizó Elizondo.
Llama la atención que Costa Rica tenga importantes índices de sobrepeso y obesidad cuando posee un alto precio de los alimentos. Para las y los nutricionistas, gran parte se debe a que las familias terminan por inclinarse a consumir comidas más baratas y poco nutricionales.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
Santa Bárbara saludable
Otro ente que compartió sus experiencias fue la Municipalidad de Santa Bárbara. El Ing. Victor Manuel Hidalgo Solís, alcalde de esa municipalidad, habló sobre la política cantonal en seguridad alimentaria y nutricional que han implementado. El esfuerzo se enfoca en unir todas las acciones que se realizan desde la individualidad y generar un trabajo permanente que, a su vez, se adapta al día a día con base en las nuevas necesidades y cambios.
“Santa Bárbara es un cantón ubicado en Heredia. Somos un territorio en el cual la agricultura ha sido la base desde tiempos atrás y, para nosotros, un eje importante es la reactivación de la economía, específicamente, poder producir. Lo que nosotros actualmente producimos se va, no lo comemos. Nuestra feria del agricultor viene de afuera y la plata se va. Vienen agricultores de otros lugares y son muy pocos, o casi nada, los agricultores del cantón que logran poder posicionar sus productos”, expuso el Ing. Hidalgo.
Justamente, esa es una de las realidades que se busca cambiar, y más, si se toma en cuenta los retos actuales que amenazan la producción nacional, como el cambio climático, la escasez de agua, la escasez de alimentos, los residuos, los plásticos, la economía y la salud.
“Somos un país agrícola con una tierra riquísima para cultivar, pero ya nadie quiere cultivar. Todo el mundo quiere vender las herencias, quiere construir casas y nadie está pensando en la comida. ¿La traemos de otros países? ¿Qué pasa si vuelve otra pandemia? ¿Y si nos cierran las fronteras qué vamos a comer? ¿Cemento? Estas cosas nos preocupan y, sobre todo, por las nuevas generaciones”, enfatizó Hidalgo.
La idea, comentó el alcalde, es sacarle provecho a la gran cantidad de tierra que tiene disponible Santa Bárbara, así como ríos y fuentes importantes de agua para sostener proyectos de agricultura. ¡Claro! También se contempla la economía circular que fortalezca el reciclaje y la creación de abono mediante el compostaje.
Por eso, hoy Santa Bárbara tiene una política basada en el consumo saludable que engloba la nutrición, la calidad de vida y la salud de la población. Para el alcalde, la prioridad es sembrar y que los agricultores de la zona puedan vender la comida en el cantón. Además, generar espacios permanentes para la agricultura que no se pierdan en el tiempo.
¡Ya la cosecha se está recogiendo! Al día de hoy ya se han logrado más de 30 acciones materializadas, precisó el Ing. Hidalgo.
Entre ellas están las campañas de recolección de residuos de manejo especial, educación ambiental, modernización de un sistema de riego cantonal, reintegración al clima local de semillas, seis fincas bajo programa de agroinnovación tecnológica para reducir los agroquímicos y hasta fincas en el Programa de Bandera Azul.
Un camino por delante
Si bien Costa Rica ha tenido grandes avances, aún falta un largo trayecto por recorrer y una deuda pendiente por pagar.
Wagner Suazo sostuvo que en el pasado hubo una destrucción sistemática del agro que inició a mediados de los años 80 por ajustes de corte neoliberal. Además, desde su criterio, Costa Rica experimentó fuertes cambios en el modelo de desarrollo. Por ejemplo, pasamos de ser un país agricultor a ser un productor de servicios.
También, se pasó de apoyar la producción local a la atracción de inversión extranjera directa la cual, “hay que decirlo: es un fracaso. El desempleo no ha dejado de subir. En los últimos 30 años, tenemos 25 % de pobreza. La mitad de las personas que trabajan en este país lo hacen desde la informalidad. Entonces, es una apuesta que salió bastante mal”, aseveró Suazo.
Ante esto, y a pesar de las políticas a nivel país realizadas y de las acciones efectuadas por los gobiernos locales, es claro que el pasado generó intereses por saldar, con la gran diferencia de que hoy hay menos recursos.
“Solamente el año 2018 a 2022, el presupuesto anual de las instituciones del sector agropecuario se redujo casi en 30 000 000 000de colones. En este contexto, nos parece que el rol de los gobiernos locales se vuelve clave para fomentar el reconocimiento, la visibilización y el apoyo. Cuando decimos reconocimiento desde lo asociativo, se trabaja mucho desde la parte de emprendimiento individual, pero hay que reconocer que la producción de alimentos se hace de manera asociativa y hay que tener claridad de las implicaciones que tiene ese tipo de particularidades”, mencionó Suazo.
Así, el experto añadió que se deben hacer nuevos marcos normativos, generar más espacios de diálogo, promover la capacitación de actores en economía social, apoyar el fortalecimiento organizativo y estimular la demanda social.
Por último, Raquel Hernández, nutricionista de la Municipalidad de Santa Ana, platicó sobre el proyecto de gobiernos locales de la FAO. La iniciativa busca apoyar la sensibilización y la educación a los líderes y tomadores políticos de decisiones en temas de seguridad alimentaria y nutricional.
Desde la FAO, comentó Hernández, se da acompañamiento, seguimiento y articulación para que cada gobierno local pueda ir trazando una ruta hacia la seguridad alimentaria nutricional, con acciones cada vez más concretas y debidamente institucionalizadas.
“Cuando un gobierno local trabaja la seguridad alimentaria y nutricional, no hay pérdida, todo es ganancia. Estamos trabajando en el desarrollo integral del municipio, en la calidad de vida de las personas de ese municipio y en pro de la agricultura del cantón. Es un tema que nos compete a todos”, remarcó Hernández.
El gran sueño ahora, concluyó Hernández, es que en algún momento Costa Rica tenga más oficinas de seguridad alimentaria y nutricional de la FAO, que trabajen desde las municipalidades para que verdaderamente se pueda llegar a acciones concretas.
Gracias a la acción constante y bien fundamentada del Frente EcoCipreses, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso orientado a garantizar la salud de la población.
Puede verse un detalle del proceso mediante este enlace:
Aplicación prueba de esfuerzo físico, para valorar su actual condición física, rendimiento atlético y comportamiento cardiaco
DESCRIPCIÓN
La presente opción es una alternativa para que toda persona que tome la decisión de iniciar la actividad física o reiniciar un proceso de acondicionamiento físico deba tener presente.
La aplicación de una prueba de esfuerzo físico básica es una medición muy importante que nos da una referencia de nuestro actual estado de condición física.
DÍA: 10 Junio 2023
HORARIO DE APLICACIÓN: 7.00 am
LUGAR: UCR.
INSCRIPCIÓN ABIERTA.
COSTO: Contribución voluntaria.
OBJETIVO PRINCIPAL:
Medir a través de la ejecución de una secuencia de ejercicios al aire y por parte del participante su estado físico actual, su rendimiento corporal y muy importante su comportamiento cardiaco.
Cada uno de los ejercicios ejecutados nos dará un porcentaje de valoración en la persona en los elementos de equilibrio, fuerza, potencia, coordinación psicomotora, resistencia y concentración.
Lo anterior se complementa con un trote o caminata sobre una determinada distancia y aquí mediremos la frecuencia cardiaca (FC), de previo su presión arterial (PA) al igual que en todos los ejercicios a realizar.
La inscripción la pueden realizar a través de nuestro correo y les estaremos enviando su ficha personal, que debe ser llenada y reenviada a la dirección abajo indicada.
Contamos con más de 50 años de experiencia en el deporte nacional e internacional y en especial en la población de adultos mayores.
El resultado le será enviado a su respectivo correo.
La salud es el bien más preciado de todas las personas, cuidémoslo.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica manifiesta su oposición al Proyecto de Ley Número 21.182 que extiende las jornadas laborales a 12 horas sin pago de horas extra (proyecto 4/3).
La sólida democracia costarricense se ha consolidado en el respeto a la búsqueda de bienestar para toda la población. Consideramos que este proyecto representa un retroceso en los derechos laborales, que afectará a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El Estado no puede promover un crecimiento económico que perjudique a los más desfavorecidos, sino que, por medio de sus políticas públicas, debe buscar un desarrollo acorde con las tradiciones legales, institucionales y democráticas de nuestra historia, que han sido garantía de la paz social.
Quienes defienden el proyecto lo hacen en el nombre de la productividad empresarial. Curioso argumento, que desconoce las discusiones dadas en países europeos. En varios países desarrollados se ha constatado una relación inversa entre duración de las jornadas laborales y productividad: a jornadas MENOS largas, la productividad es MAYOR. Costa Rica se convertiría en uno de los países de la OCDE con jornadas laborales más largas, puesto que otros países miembros de esa organización tienen jornadas de 35 o 36 horas por semana. Otro argumento dado por sus defensores es de que la aprobación de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra atraerá más inversión y generará más empleos. Este es otro curioso argumento, que olvida que Costa Rica ha logrado atraer empresas por la calidad de la mano de obra y su estabilidad política, no por ofrecer empleo precarizado. Las empresas que funcionan actualmente con jornadas de 8 horas, mantienen tres turnos; si se pasan a jornadas de 12 horas, solo emplearán la cantidad requerida para dos turnos.
Varias son las razones que nos ponen en alerta contra este proyecto:
Impacto en la salud: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre el deterioro en la salud física y psicológica de las jornadas laborales largas, como es el caso de las 12 horas. En sectores bien remunerados como en el caso de quienes laboran en computación, se llega al llamado “burn out”. Con mucha más razón en ocupaciones expuestas al ruido de máquinas, a agentes químicos, a altas o bajas temperaturas durante largas horas, a las vibraciones de máquinas. Esta situación produce más accidentes laborales, fatiga crónica, problemas cardio vasculares, intoxicaciones, sordera, trastornos del sueño, estrés. En el caso de las mujeres, debido a la manera como se ha establecido la división del trabajo, a estas jornadas prolongadas se suman las horas de trabajo no remunerado en el hogar: cuidado de los niños y de las niñas, labores domésticas, cuido de personas adultas mayores o con alguna discapacidad. El desgaste físico y emocional para las mujeres será mayor, haciendo tambalear el sostén afectivo necesario que requieren las personas a su cargo y perjudicando de manera más destructora el bienestar de esas mujeres.
Retrocede en el derecho a la creatividad, al descanso, al disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones. La jornada de 8 horas, establecida desde inicios del siglo pasado, dio derecho a 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas recreativas. En Costa Rica se estableció en 8 horas desde la aprobación del Código del Trabajo de 1943, se incorporó a la Constitución de 1949 y se ratificó con la firma del convenio 1 de la OIT, ratificado por Costa Rica el 20 de enero de 1982. La jornada de 12 horas arrebata esos derechos, pues los días libres tendrán un trabajo doméstico acumulado y un cansancio tal que no habrá tiempo para desarrollar cualquier otra actividad a la que toda persona tiene derecho.
Significa para las mujeres un factor de exclusión más del mercado laboral: la pandemia demostró con claridad algo que las mujeres conocíamos, es decir, que en los mercados laborales son muchos los factores que se presentan en contra de las mujeres, tales como dificultades para ascender a puestos de mando, rechazo velado a mujeres embarazadas, menor pago a las mujeres por igual trabajo, etc. Los datos del INEC muestran que la pérdida de empleo en este año ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres: comparando los datos de setiembre del 2022 con los de abril 2023, hay 110 mil mujeres menos en el mercado laboral. Las jornadas de 12 horas significarán más cantidad de horas pagadas por el cuido de los niños y las niñas. El proyecto presentado, además, al eliminar el pago de esas horas extra, hará aumentar los gastos de cuido sin contar con el pago de horas extra. Si no se paga ese cuido, la calle será el refugio de niños, niñas y adolescentes durante esas horas. La situación se complica entonces mucho más para las mujeres. No podemos olvidar el drama de los hogares monoparentales (la mayoría de los cuales tiene una mujer como jefa de familia) ante esa situación.
El proyecto 4/3 repercute de manera negativa en la vida familiar: con jornadas extenuantes, sumadas a las horas de trayecto desde y hacia la casa, afectarán la dinámica de pareja, los niños, niñas y adolescentes crecerán sin momentos de compartir vida familiar, no contarán con el apoyo cotidiano en sus tareas, no tendrán momentos de ser escuchados y acompañados por sus padres. ¿Quién los lleva y trae para ir a la escuela? Los horarios de los días libres para quienes viven en pareja, no siempre van a coincidir, provocando trastornos a la relación. En hogares monoparentales la situación de los hijos e hijas se agravaría aún más. Las tareas de cuidado de la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos, no se pueden posponer, ni ajustarse a 4 días no se cuidan y tres días sí se cuidan.
Cierra las posibilidades del ascenso social vía educación: pese a que esa vía de movilidad social se ha dificultado cada vez más, permanece aún para muchas personas la posibilidad de estudiar fuera de las horas de trabajo y lograr, no solo su desarrollo como persona, sino abrirse oportunidades de mejoras futuras en su situación económica. Con la jornada de doce horas es imposible para quienes trabajan, estudiar después de cumplir su jornada.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica hace un llamado a los diputados y las diputadas para que cumplan con la tarea de salvaguardar las condiciones de vida de las y los costarricenses, a velar por el bienestar de toda la población. Les instamos a rechazar el Proyecto de Ley Número 21.182, que produciría efectos nefastos en la vida de muchas personas, sobre todo mujeres, personas con alguna discapacidad, niñas, niños y adolescentes y haría tambalear los cimientos de nuestra democracia.
Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica
Dra. Nora Garita Bonilla M.Sc. Sandra Cartín Herrera Ana Helena Chacón Echeverría, Exvicepresidenta de la República Dra. Yamileth González García Dra. Elizabeth Fonseca Corrales Dra. Yolanda Rojas Rodríguez Dra. Alicia E. Vargas Porras Dra. Virginia Ramírez Cascante Arq. Eugenia Solís Umaña Licda. Vera Sancho Mora Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021 Dra. Margarita Bolaños Arquín Periodista Erika Henchoz Castro
La realización de huertas urbanas es parte de las actividades del proyecto. Foto Cortesía del TC-311
¡Un ambiente sano es nuestro deber y derecho!
El sentirse parte es el primer paso para conquistar grandes metas sociales
Con el objetivo de empoderar a las comunidades sobre sus derechos ambientales y brindarles herramientas para colaborar en conjunto con los gobiernos locales, el proyecto de Acción Social TC-311 “Atención primaria ambiental por la sostenibilidad de la salud” ha estado en desarrollo durante los últimos 25 años.
Este proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) lleva a cabo una serie de actividades para construir espacios de concertación que unan esfuerzos y acciones entre ciudadanas y ciudadanos, estudiantes de TCU, organizaciones y gobiernos locales, con el fin de elevar las condiciones de vida en los cantones de la provincia de Cartago.
El deterioro ambiental está generando alteraciones significativas en la salud y calidad de vida de las personas, por lo que el proyecto promueve la Atención Primaria Ambiental (APA) como una estrategia para empoderar a la ciudadanía en su entorno y ejercer su derecho a vivir en un ambiente sano, destacó Ana Luisa Zuñiga, coordinadora del proyecto.
La Universidad de Costa Rica (UCR), a través del TC-311, se incorpora como un ente impulsor y mediador en la transformación de una población con deseos de cambio y soluciones a los problemas que enfrentan. Resulta crucial unir esfuerzos tanto de instituciones públicas como privadas, sin dejar de lado el papel fundamental que desempeña cada persona que conoce la problemática de su propia comunidad.
El TCU actúa como un ente articulador entre diferentes organizaciones locales, concentrándose principalmente en los cantones centrales de Cartago, especialmente en San Nicolás y su gestión de residuos. Un ejemplo destacable es el caso del distrito San Nicolás, donde se logró articular con varias personas para llevar a cabo campañas de recolección de desechos sólidos con el apoyo del proyecto.
Entre las acciones realizadas se encuentran la facilitación de charlas, capacitaciones sobre el manejo adecuado de residuos, el aprovechamiento de espacios verdes, cultivos urbanos en espacios reducidos y el cuidado del agua. Además, se promueve una alimentación adecuada y la creación de espacios verdes.
Integrante de la Asociación Específica del Adulto Mayor de San Blas de Cartago, durante el trabajo sobre espacios verdes. Foto: Cortesía del TC-311
El proyecto trabaja con diversas poblaciones, incluyendo a los niños y niñas de preescolar, algunas escuelas, jóvenes y personas adultas mayores de la Asociación Específica del Adulto Mayor de San Blas de Cartago, así como otras organizaciones locales, las ASADAS (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado) y las asociaciones de desarrollo.
Recolección y clasificación de residuos sólidos en la comunidad de Ochomogo. Foto Cortesía del TC-311
Zuñiga destacó el papel histórico del TCU y la Universidad como un ente neutral, técnico y apolítico, lo cual es ideal para facilitar el trabajo con ciertos grupos que de otra forma no colaborarían juntos.
María José Ruiz Cerdas, integrante de la Comisión Ambiental de San Nicolás y Colectivo Morpho, destacó cómo el TCU los ha acompañado en los esfuerzos de campañas de reciclaje, recolección y separación de residuos, ferias ambientales, y estuvo presente en la formación de la Comisión de Medio Ambiente que ha realizado actividades en La Lima, Quircot y Ochomogo, además de campañas de reforestación del Río Reventado.
«Me parece muy necesario para las comunidades y, de mi parte, han ayudado a la comunidad a tener un sentido de pertenencia y valor hacia nuestro entorno», finalizó Ruiz.
Esteban Umaña Picado Periodista Comunicación Vicerrectoría de Acción Social, UCR
MAG no podría seguir emitiendo decretos unitariamente sino coordinadamente
Como hemos estado viendo en los últimos días: cargamentos contaminados de melones devueltos de Europa, reportajes internacionales, la contaminación el agua de Cartago y Río Cuarto, Escuelas y la niñez fumigadas en la Zona Norte, productos agrícolas con restos de venenos que superan el límite permitido en las ferias del agricultor y uno de los agroquímicos más mortíferos de las abejas sin ninguna prohibición, son evidencias de la falta de planes para el control y fiscalización del uso de plaguicidas para actuar de forma preventiva y no reactiva, como evidencia un reciente informe de la Contraloría General de la República.
Según el informe N.º DFOE-SOS-IAD-00002-2023 los ministerios no coordinan de oficio esas labores y solo reaccionan a desastres ambientales, es decir con todos los eventos de emergencia que se intensifican año con año y no hay planes para prevenir contaminación con plaguicidas.
La contraloría también recuerda que Costa Rica es uno de los países con mayor consumo de plaguicidas según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Otro aspecto importante que deja ver el informe es la división que hay entre el bloque de ministerios de Salud, Ambiente y el MAG, pues si bien los primeros sugieren prohibiciones el MAG veta, atrasa y cuestiona todas las sugerencias del ambiente y la Salud, como ha sido evidente en el caso de fipronil que no ha sido prohibido su uso agrícola como determinaron informes técnicos que la Sala constitucional mandó a pedir. El MAG amparado en que el uso agrícola es su competencia de dedica no hacer nada y justificarlo de manera muy detallada. Esto también se evidencia, una vez más, en un reciente informe emitido por los equipos técnicos del Ministerio de Salud, el MINAE y AYA, donde recomiendan la prohibición del clorotalonil, pero el MAG continúa guardando silencio, con tal de seguir manteniendo el peligroso plaguicida en el mercado y en el agua de la tubería en Cartago.
La contraloría asegura que la coordinación institucional: “Es importante recalcar que mediante el control se pueden detectarse causales de cancelación del registro de plaguicidas y sacar de circulación aquellos que, por ejemplo, aún utilizados bajo las recomendaciones de uso, representan un riesgo inaceptable para la salud, el ambiente y agricultura; son ineficaces para todos los usos aprobados por el SFE; o bien cuando por razones de afectación a la salud o al ambiente, se encuentran prohibidos en el ochenta por ciento de países de la OCDE o el producto registrado por la modalidad de homologación es cancelado o desautorizado por la autoridad reguladora del país miembro OCDE” ( pg. 18).
Esto último sería un paso muy importante porque el interés comercial de los vendedores de venenos y transnacionales es inscribir usando el registro europeo, pero cuando se habla de prohibir moléculas usando el mismo criterio y para lo cual hay normativa vigente ha sido hasta ahora imposible de aplicar. Es decir, lo que es bueno para el ganso debe ser para la gansa, pero sabemos que somos el basurero de productos prohibidos en Europa porque tiene un gran margen de ganancia para los que lucran a costa del ambiente y la salud pública.
La disposición final del informe ordena a las personas jerarcas de MINSA, MINAE y MAG “Definir, oficializar, divulgar e implementar de forma conjunta, la política que seguirá el país en cuanto a la gestión de los plaguicidas y los patrones de uso en Costa Rica en el corto mediano y largo plazo, que direccione el actuar de las instituciones competentes en la materia hacia un propósito común y de forma coordinada. Dicha política deberá incorporar objetivos, metas, actividades, roles, responsabilidades y seguimiento, con el fin de proteger el ambiente, la salud humana y la seguridad alimentaria”.
Prisma Latinoamérica publica un mensaje que hace un llamado a los colombianos para que se unan a la promoción de un sistema de salud inclusivo y participativo en Colombia. Existe un gran debate en Colombia sobre la reforma de la ley de salud, donde se plantea incorporar el sistema de salud de Costa Rica, que contó con una etapa primordial para un estado pleno unido.
Dicha etapa es el “hospital sin paredes” donde se levantó caso por caso información de la comunidad para combatir las enfermedades. “Un sistema de salud que transformó vidas en Costa Rica y que es posible replicarlo en Colombia. Por un futuro en el que nadie se quede sin atención médica, donde cada vida importa y todos tenemos la oportunidad de contribuir al bienestar de nuestra comunidad”, mencionó Prisma Latinoamérica.
Salimos a la calle y visitamos a la comunidad de Quebrada Honda de Patarrá, donde conversamos con Julio Rojas sobre el impacto de las actividades relacionadas a las carboneras en la vida comunitaria, nos ayuda a comprender las implicaciones ambientales y en la salud de las personas.
Para escuchar el programa, haga clic en este enlace.
