Adriano Corrales Arias*
La contrareforma neoliberal aprovecha la ventaja comparativa de un gobierno supuestamente popular con un presidente que recibe apoyo mayoritario. Se apresura a concretar la ruta iniciada hace más de cuarenta años: desestructurar y privatizar el Estado Social de Derecho. La clausura ha iniciado por las secciones más sensibles: cultura, educación y salud. En estos artículos me ocupo de la primera, la fundamental según mi criterio, puesto que la cultura, en su acepción más antropológica, es la argamasa de toda sociedad. Me limito, claro está, a la institucionalidad construida en nuestro país para difundir y promover “cultura” desde el gobierno central.
El actual Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) es un híbrido encabalgado entre el modelo difusionista de las bellas artes proveniente de la socialdemocracia liberacionista aupado por el socialcristianismo, con una “nueva visión” de la cultura en su sentido más antropólogico, aunado a una visión neoliberal de la gestión artístico/cultural: un verdadero ornitorrinco. Me explico: el estado benefactor, con la contrareforma neoliberal iniciada en los años ochenta del siglo pasado, fue desmontándose de a poco con una pugna entre el originario difusionismo socialdemócrata, la regionalización y la cogestión neoliberal. Es decir, al lado de quienes al interior conciben la cultura como una práctica más antropólogica y nacional, perviven los que conciben la cultura como la promoción y difusión de las llamadas bellas artes y, sobre todo en las últimas administraciones liberacionistas y del PAC (son las mismas, ¿no?), quienes creen que hay que recortar el estado y dejarle esas tareas a la iniciativa privada, a las industrias culturales.
No hay duda de que el principal objetivo de la presente administración es finalizar la contrareforma neoliberal, acelerada en los últimos desgobiernos, enterrando de una vez por todas el Estado Social de Derecho al constreñir sus principales funciones y privatizar sus tareas estratégicas (salud, educación, seguridad, telecomunicaciones, banca, entre otras). Las primeras medidas para el recorte fiscal se orientaron hacia el empleo público y la contención del gasto en términos de servicios; nada sobre la evasión y elusión fiscal ni el pago de intereses de la deuda, auténticos disparadores del déficit. Todo ello indicaba que Cultura también estaba en la mira del empequeñecimiento estatal, toda vez que no es un ministerio importante para la hacienda pública (en manos neoliberales), a pesar de que el anterior presidente fuese “escritor” e intelectual progre procedente de la universidad pública, lo mismo que su predecesor.
Quedaba claro entonces que, para realizar reformas en ese ornitorrinco/elefantito blanco vallecentralino, había que arrancar otras reformas a nivel económico y político. Dicho de otro modo, se precisaba de un proyecto país que definiera si se trataba de una verdadera “revolución cultural” (visión del progresismo PAC) o de la defensa del Estado Social de Derecho con toda la institucionalidad instalada en términos socioculturales. Lo práctico, entonces y ahora, por obviedad, era la defensa de lo construido, es decir, la protección de los derechos laborales de los funcionarios de cultura y de todo el estado, así como la revitalización del mismo a través del cobro real de los tributos persiguiendo a evasores y elusores fiscales tal y como corresponde. Y claro, consolidar las entidades artísticas descentralizadas con las demás instancias de promoción cultural.
La otra discusión que hace algunos años proponía, giraba en torno al modelo a seguir de acuerdo a las Políticas Culturales vigentes, así como las reformas legales que se precisaban para robustecer un ministerio minimizado, difusionista y paternalista concebido para “artistas” y gestores del valle central; acaso un poquito de folclor y turismo para las regiones periféricas. Es decir, se trataba de reconceptualizar en profundidad lo que debíamos entender por CULTURA, así como las políticas y la estructura administrativa de cara a los grandes desafíos y necesidades que tenía y tiene el país, especialmente en las regiones periféricas con énfasis en las marginales, tales como las costas, las altas montañas, el norte/norte y el sur/sur. Para ello debía pensarse en una estrategia de lucha que involucrara, ya no solo a los artistas y trabajadores de la cultura, sino también a empleados públicos, sobre todo de la educación, y a trabajadores organizados en general.
Se trataba de una alianza entre sectores de trabajadores públicos con la posibilidad de desarrollar una estrategia de lucha para la defensa del estado costarricense en su mejor modelo de planificación y acción social diversificada. Dicha alianza debería pasar por acuerdos con universidades públicas, educadores medios y primarios (organizaciones gremiales y colegiaturas), municipalidades, asociaciones de desarrollo comunal, casas de la cultura y grupos artístico/culturales locales. Todo un reto entonces y todavía, aunque ya el rancho arde sin que se vislumbre oposición organizada alguna. La contrarreforma neoliberal ha golpeado tanto a la sociedad civil que los temores, la desconfianza y la inseguridad nos mantienen atomizados y sin arrestos para la pelea. El reflujo es total.
*Escritor