Este es un proyecto financiado por la Unión Europea en colaboración con el MIDEPLAN, que consiste en evaluar la presencia de contaminantes emergentes en ostras y mejillones cultivados en el Pacífico Central.
Además, pretende contribuir en el fortalecimiento de la salud de las poblaciones humanas costeras y contribuir con mejorar las prácticas productivas para potenciar la comercialización de estos productos.
Es importante para este proyecto conservar de mejor manera los ecosistemas marinos mediante el llamado modelo verde, que se constituye por prácticas productivas sostenibles de sus productores asociados.
El derecho a la atención de la salud constituye un derecho fundamental, cuya prestación, por mandato constitucional, le compete a la Caja Costarricense de Seguro Social. Las personas merecen servicios de salud con calidad y oportunidad.
Lamentablemente, la problemática de las filas y las listas de espera es multifactorial, pero mayoritariamente obedecen, en primer lugar, a las exorbitantes deudas que los gobiernos de turno han acumulado por años, y que alcanzan los ₡3.000 millones de millones (₡3 billones) y por otra, un problema de gestión de recursos institucionales.
El tiempo de utilización de sala de operaciones, TUSH, indicador de rendimiento utilizado por la institución, por ejemplo, en varios centros de salud es bajo o ni siquiera se registra; y una buena parte de las salas de operaciones de los hospitales nacionales están desocupadas en horario vespertino, pero estos aspectos no fueron mencionados a la Sala Constitucional durante la comparecencia, en seguimiento de la sentencia estructural N20190005560 dictada por la Sala Constitucional, el 29 de marzo de 2019.
La “mágica” solución del Presidente Ejecutivo, Álvaro Ramos Chaves, para paliar la demanda insatisfecha es privatizar servicios, para favorecer los intereses de grandes consorcios privados de salud.
La CCSS cuenta con infraestructura (hospitales y salas de operaciones modernas), insumos y recurso humano sanitario especializado de altísima calidad para la atención de la salud costarricense, pero mientras los pacientes esperan impacientes; se subutiliza la infraestructura en diversos centros de salud, porque se obstaculiza el nombramiento del personal necesario para brindar la atención oportuna y el tiempo extraordinario ha sido satanizado, por el sector político-empresarial neoliberal y sus medios de prensa, hasta calificarlo casi de delito, lanzando campañas de odio y de desprestigio contra el abnegado personal de la Institución.
UNDECA exige que el gobierno le pague a la Caja, para poder construir nuevos hospitales y Áreas de Salud, dotar de equipos e insumos y resolver el enorme rezago de recursos humanos para brindar la atención primaria, especializada, diagnóstica y terapéutica, que demanda la población.
UNDECA rechaza las excusas, acciones y omisiones que promueven la privatización y demanda a las autoridades institucionales transparentar las listas de espera, rendir cuentas de la gestión y soluciones concretas e inmediatas que respondan a las necesidades de la población.
La privatización de servicios de salud en otros países ha tenido consecuencias desastrosas e inhumanas, profundizado durante la pandemia. El interés público debe prevalecer sobre los intereses que mercantilizan el derecho a la salud.
La Pastoral Social Caritas, comisión de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, ha emitido un comunicado sobre el proyecto de ley 21.182, orientado a introducir algunas reformas al Código de Trabajo; entre ellas, las jornadas de trabajo de 12 horas durante cuatro días consecutivos, seguidos de tres días de descanso (jornadas 4-3; en algunos casos, 3-4), en ciertas labores y bajo ciertas condiciones.
La reflexión de la Comisión se fundamenta en la ética social, desde donde la Iglesia aborda temas como el trabajo y el desarrollo humano, que consiste en “el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas” (san Pablo VI, Populorum progressio 20).
Durante cuatro o tres días, las personas trabajadoras sujetas a estos horarios de trabajo estarían 12 horas fuera de su hogar, a las que habría que sumar las de desplazamiento entre sus lugares de habitación y sus centros de trabajo. Fácilmente, esto significaría 14 horas o más fuera del hogar. Explicando el comunicado, el vocero de la Pastoral Social, Pbro. Edwin Aguiluz Milla señaló que “este régimen de trabajo afectaría la convivencia familiar, debilitando los vínculos de la familia. Perjudicaría seriamente las tareas de cuido de las personas dependientes (menores de edad, adultos mayores y otras), lo que se comportaría, en muchos casos, la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral de muchas personas. Dado que comúnmente las mujeres son quienes cargan con el mayor peso de las tareas de cuido, estas estarían seriamente afectadas y, en muchos casos, verían cerradas las posibilidades de acceder al trabajo remunerado formal. Las jornadas 4-3 serían incompatibles con los horarios de estudio de una gran parte de trabajadores que estudian fuera de su jornada laboral. Además, está documentado que jornadas laborales tan extensas tienen un impacto en la salud física y mental de las personas trabajadoras”.
No existen garantías de que, en las actuales condiciones de la inspectoría del trabajo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se respete para todas las personas el principio de voluntariedad en la incorporación en el régimen de las jornadas 4.3, explica el comunicado.
El Pbro. Aguiluz expresó que el documento advierte que se debe respetar la identidad cultural de una gran parte de la población costarricense que es confesionalmente cristiana, por lo que el domingo es parte importante de su espiritualidad, como día de alegría, descanso y solidaridad. Las jornadas de 12 horas en día domingo son incompatibles con esta práctica de una gran parte los costarricenses.
Para la Pastoral Social Caritas, en definitiva, esta reforma de las jornadas laborales, lejos de favorecer el desarrollo humano integral, lo perjudicaría. El documento señala que existen vías para la reactivación económica y, por ende, de generación de empleo, tanto desde el Poder Ejecutivo como del Legislativo, que no producen precarización del trabajo ni afecten la vida familiar, las tareas de cuido, el estudio y la salud de las personas trabajadoras.
Desde el 2019 se comercializa en farmacias privadas el anticonceptivo oral de emergencia, Levonorgestrel. Foto: Karla Richmond, UCR.
La Institución realizará un sondeo con el objetivo de visibilizar obstáculos y limitaciones en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres
El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica realizará un sondeo dirigido a usuarias de anticoncepción oral de emergencia (AOE), conocida como “píldora del día después”, para identificar las dificultades de acceso que enfrentan en el país.
El estudio lo lidera la farmacéutica y experta en bioética, MSc. Gabriela Arguedas Ramírez, como parte de las investigaciones que se realizan en el Observatorio de los Derechos Reproductivos, iniciativa creada por el CIEM para analizar diversas problemáticas nacionales relacionadas con derechos reproductivos de la mujer y violencia obstétrica.
La iniciativa pondrá a disposición de las mujeres un formulario por medio del que las mujeres pueden compartir la experiencia y los obstáculos que han encontrado a la hora de adquirir anticoncepción oral de emergencia en farmacias privadas en el país.
“Con la investigación queremos tener un panorama o fotografía acerca de los obstáculos que enfrentan las mujeres que requieren anticoncepción oral de emergencia, para corregir esos obstáculos en la garantía de un derecho reproductivo”, enfatizó Arguedas.
Posterior a la fase de recolección de información, el CIEM realizará un análisis situacional, con la intención de presentar sugerencias de política pública al Ministerio de Salud, al Colegio de Farmacéuticos y al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Para la experta en bioética, la anticoncepción oral de emergencia se circunscribe en el campo de los derechos reproductivos y los derechos humanos, y es un tema que no sólo compete a los agentes litigantes, sino también a la academia.
Gabriela Arguedas Ramírez, farmaceútica y experta en bioética, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), Universidad de Costa Rica (UCR). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez,UCR
“Desde mi experiencia como investigadora en derechos humanos y en mi calidad de especialista en bioética, considero que una universidad estatal como la UCR tiene una obligación fundamental de generar investigación en derechos humanos y eso es lo que estamos haciendo a través del Observatorio y del CIEM”, manifestó Arguedas.
En el ámbito internacional, la anticoncepción oral de emergencia es un derecho reproductivo consolidado y no representa un tema de discusión. Países como Estados Unidos y el Reino Unido son pioneros en el campo y se caracterizan por la plena garantía de este derecho de las mujeres.
“En los países que tienen un mejor marco de derechos humanos, especialmente en lo referente a los derechos reproductivos, la anticoncepción oral de emergencia es algo que se encuentra normalizado y libre de prejuicios respecto a su uso”, expresó la académica.
La investigadora enfatiza en que la anticoncepción oral de emergencia (AOE) se debe dispensar con los criterios técnicos adecuados, pero supone que en Costa Rica no se están implementando de esta manera y se obstaculizan los avances en este ámbito de la salud.
Pese a que el Decreto Ejecutivo N° 41772-S, publicado en el año 2019, autorizó en Costa Rica la comercialización libre y sin receta en farmacias privadas del Levonorgestrel o anticonceptivo oral de emergencia, Arguedas aseguró que “hay una gran distancia entre el cumplimiento formal y el acceso a un derecho”.
“En el país algunos organismos de derechos humanos y varios informes especializados desde hace muchos años, ya habían hecho el llamado de atención al Estado costarricense, justamente porque no había acceso a la anticoncepción oral de emergencia”, externó la investigadora.
La investigación sobre la anticoncepción oral de emergencia se realizará durante el año 2022 y 2023, está dirigida a mujeres mayores de 18 años y se realizará de forma anónima para proteger las declaraciones de las participantes. El formulario estará disponible en la página web del CIEM y en el siguiente enlace: https://odr.ciem.ucr.ac.cr/pre-formulario/.
Gustavo Martínez Solís Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Escribo este comentario, movido por la preocupación que muchos costarricenses tenemos por el curso y discurso que, en estos pocos meses, ha tomado el gobierno actual, principalmente en la figura del presidente. No me mueve ningún interés partidario y, menos, personal. Desde el inicio, se ha venido dando un encadenamiento de hechos y dichos, que podrían considerarse alarmantes, dado su carácter prepotente y autoritario, ajeno a la auténtica práctica de la democracia, en particular la nuestra, que se ha considerado ejemplar por décadas. Ese comportamiento y su grave perjuicio lo hemos visto, y lo vemos, en diversos países del continente, incluyendo, recientemente, a USA. En el gobernante actual, se ven una serie de elementos que, por la frecuencia y caracterización, no deben considerarse casos aislados; más bien, por el contrario, como indicadores de toda una programática tendencia que podría agudizarse con el tiempo. Y este comportamiento, como es común, viene casi siempre acompañado de un irresponsable populismo.
He aquí el ordenamiento de unos cuantos eslabones de la cadena:
Desde el primer día, en un acto inconsulto y anticientífico, por decreto, quita la exigencia del uso de la mascarilla. Este acto, en apariencia intrascendente podría no serlo, si se le mira en el contexto en que otros gobernantes conocidos han minimizado o desoído los consejos de la ciencia. ¿A qué viene esta decisión irrelevante precisamente en el día de la toma de posesión? ¿Sería solo por advertir que estará por echar abajo todos los logros de la administración anterior, incluyendo el magnífico desempeño en el campo de la salud?
En un acto inaudito, frente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, uno de los tres pilares de la constitución democrática, arremete contra este poder, rompiendo los límites que su cargo le exige guardar.
La emprende contra la prensa que, como sabemos, debe considerase el cuarto poder en la estructura de toda democracia. Cualquier crítica u objeción que se le haga, aunque bien documentada, será para él “una canallada”, lo cual el populacho aplaude. Guardando todavía cierta distancia, como en el país vecino, está buscando debilitar la prensa de diversas formas, cuando no sea obsecuente con sus actuaciones y discursos.
Junto a ello, se ha creado, desde el principio, una estructura de apoyo popular en las redes, los llamados “troles”, en que se percibe, entre otros tonos, el tufillo seudoreligioso que tanto daño hizo en el gobierno anterior, en que el odio, la mentira y la vulgaridad campean; pero ahora, además, ensalzando la figura del gobernante a ridículos extremos mesiánicos y, óigase bien, a escasos meses de iniciado, y sin dar muestras de su carácter ejecutivo, como se ha visto con la relación con la Asamblea Legislativa, algunos claman, muy peligrosamente, desde ahora, para que pueda reelegirse dentro de cuatro años. El gobernante, desde luego, tiene que conocer estos “apoyos” en los que “la gradería de sol” de B. Cañas, ahora ha invadido y embarrialado la cancha con las expresiones más burdas, vulgares y llenas de odio para cualquier discrepancia en su contra. Sé, para confirmar esto, que, como una jauría, se vendrán contra este escrito.
Siguiendo con el irrespeto a los límites que su investidura le obliga, arremete contra otro Poder, que debe ser el primero: la Asamblea Legislativa y sus integrantes que, según él, lo que hacen es “jugar chapitas”. Y peor, la vocera más importante del novel “partido”, siendo ella jefa de su fracción, desvalida la esencia de su función argumentado que es mejor gobernar vía decreto, al mejor estilo del gobernante salvadoreño y otros. Todos, pasos reconocidos del autoritarismo que tanto daño han hecho a muchos otros países.
En sus discursos, como el reciente en Guanacaste, de manera altisonante e histriónica, del más refinado estilo populista, con un tono de campaña política, dice cosas que halagan al pueblo necesitado de oírlas, a veces mintiendo, al arrogarse acuerdos o resoluciones ya resueltos desde el gobierno anterior, como el del Agua para Guanacaste o las sensibleras referencias a la pobreza de su infancia, ya desmentidas con datos concretos en las redes.
Hace una convocatoria a los “reservistas”, para crear una fuerza “parapoliciaca”. Esto ¿no podría derivar, como en otros regímenes, en una especie de guardia “pretoriana” al servicio del gobernante? ¿No era mejor reforzar, para la seguridad ciudadana, el presupuesto para la policía constitucionalmente autorizada?
En la campaña, ofreció premiar económicamente, a quienes denunciaran, por ejemplo, dentro de una misma institución, a personas y hechos por corrupción. ¿No podría prestarse esto a una especie de interesado esbirraje con fines más allá de ese, en todo caso, poco elegante proceder, y convertirse en un espionaje también de tipo político, como sucede en las dictaduras?
Como dije al principio, más allá de partidos políticos, los ciudadanos conscientes que respetamos y valoramos la tradición democrática de la que hemos gozado por mucho tiempo, debemos, desde ya, estar alertas antes de que sea demasiado tarde, como la Historia lo ha demostrado muchas veces: “Pasarle la raya al autoritarismo”, según el artículo recientemente publicado por la académica Flores Estrada”.
* Publicado por el CEDI en Facebook, compartido con SURCOS por Deyanira Sequeira.
Este 27 de julio se publicó en el diario Semanario Universidad un artículo sobre la preocupante situación que se avecina con el proyecto de jornadas de 12 horas, pues nos revela que a pesar de que se ha tratado de restar importancia diciendo que serían pocas las personas afectadas, los estudios están demostrando que estas jornadas podrían afectar hasta al 37% de los trabajadores del sector privado poniendo en peligro la salud y los salarios. Ante esta problemática Mainer Barboza, miembro del movimiento Patriótico por Costa Rica, nos indica su opinión.
Señala una gran preocupación hacia nuestra población informal debido a que el modelo neoliberal se inclina hacia este amplio sector laboral e indica que esto tendrá consecuencias muy graves para un gran segmento de la población que trabaja en la informalidad que es hasta el 43.1% de los trabajadores, porcentaje que sube a más de 50% en otros países. Nos indica sobre cuáles son los objetivos del gobierno con este movimiento:
2 objetivos inmediatos:
1) Desarticulación de la división del trabajo, entonces, no hay estructura salarial y no hay pago de garantías sociales y laborales (seguro social, aguinaldo, vacaciones, extras, otras).
2) Al pasar a jornadas de 12 horas, están «unificando» al trabajo asalariado con el informal; y no me queda duda, que ese resto de días, «disque», 3 días de descanso, pasan a completar trabajo vía informal.
De este modo los 7 días o quizá 6, se completarían 12x 6… 60 horas”.
Autor: Efren Virreal Cedeño, miembro del Movimiento Humanista
Desde los años ochenta, específicamente en 1987 en las manifestaciones contra Manuel Noriega, no se veía esta reacción de la población panameña. Un pueblo unido en su diversidad: los educadores, estudiantes, profesionales de la salud, sindicatos, nuestros hermanos originarios y el pueblo en general. Nosotros los panameños somos pacíficos y quizás demasiado tolerantes al abuso, pero esta reacción indica el nivel de agotamiento, de hastío y diremos en el sentimiento, el engaño, la burla, las mentiras, la injusticia y el abuso constante de más de 30 años de los burócratas, políticos y la mafia especulativa de la clase dominante; 115 familias dueñas del 80 % de la riqueza.
Aquí –en Panamá–, Ernesto Pérez Balladares (PRD) privatizó las empresas de energía y de cable, telefonía y celulares, y Martín Torrijos (PRD) concesionó nuestros ríos para hidroeléctricas. En Panamá, hoy tenemos la electricidad más cara del mundo y las empresas de cables, celulares e internet nos estafan vendiendo un servicio que no brindan, En cuanto al combustible, también es un oligopolio manejado por los mismos que son dueños de bancos, aseguradoras, puertos, hidroeléctricas, empresas de gas licuado, hospitales, televisoras y líneas aéreas.
Las distribuidoras de medicamentos, después de la Ley de Libre Oferta y Demanda del 2001, acapararon todo el mercado, convirtiéndolo en un oligopolio. Hoy nos venden medicinas a precios hasta cuatro veces más que en otros países vecinos.
Hay hastío, hay cansancio, hay agotamiento. Este es un país con riqueza e ingreso per cápita suficiente, pero la peor distribución de los recursos en América Latina. Aquí hay dos países, uno que vive en el primer mundo: los privilegiados, y el pueblo cada vez más pobre, que vivimos en el tercer mundo.
Tenemos que construir una democracia real, participativa, un sistema de bienestar donde haya acceso a salud y educación de calidad para toda la población, y oportunidades de empleo para todos; para ello, necesitamos construir una verdadera mesa de diálogo y un verdadero proceso constituyente que termine con los oligopolios y burócratas corruptos, y que de él surja una nueva constitución, para construir una nueva República democrática, próspera, justa, incluyente y humanista.
La Caja Costarricense del Seguro Social atraviesa una crisis de medicamentos, sin embargo, la institución niega rotundamente este hecho, aunque las evidencias dicen lo contrario.
Las personas tratadas con antirretrovirales a causa de la enfermedad del VIH no están recibiendo su tratamiento compuesto en una sola tableta debido a la escasez de esta, por contraparte, se brinda los componentes con los principios activos de la cápsula de forma individualizada y de manera temporal.
La Caja asegura que un cargamento del medicamento ya ingreso a la institución y garantiza al menos nueve meses de medicamentos para los pacientes en la demanda actual certificando la continuidad del tratamiento.
Es importante entender que para estos pacientes la falta del medicamento representa un deterioro a la salud y pone en riesgo su vida.
Publicado por Luis Paulino Vargas Solís en su espacio de Facebook.
En el marco de la campaña impulsada por el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) para la defensa de la seguridad social en Costa Rica, doña Yorleny Medrano, vecina de Puntarenas, compartió su experiencia con el servicio que brinda esta institución benemérita de la patria.
“Estoy muy agradecida con la Caja porque me salvó la vida”, explicó doña Yorleny, pues aseguró que enfrentó una fuerte depresión, por lo que acudió a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde se le ofreció un tratamiento psiquiátrico que le ha mejorado su calidad de vida.
Además, doña Yorleny resaltó la importancia de la benemérita de la patria, asegurando que sin ésta, “no podría acceder a este tratamiento porque tiene un valor muy alto que no podría pagar”, ya que no cuenta con los recursos económicos para acudir a un hospital o clínica privada.
