El derecho a la atención de la salud constituye un derecho fundamental, cuya prestación, por mandato constitucional, le compete a la Caja Costarricense de Seguro Social. Las personas merecen servicios de salud con calidad y oportunidad.
Lamentablemente, la problemática de las filas y las listas de espera es multifactorial, pero mayoritariamente obedecen, en primer lugar, a las exorbitantes deudas que los gobiernos de turno han acumulado por años, y que alcanzan los ₡3.000 millones de millones (₡3 billones) y por otra, un problema de gestión de recursos institucionales.
El tiempo de utilización de sala de operaciones, TUSH, indicador de rendimiento utilizado por la institución, por ejemplo, en varios centros de salud es bajo o ni siquiera se registra; y una buena parte de las salas de operaciones de los hospitales nacionales están desocupadas en horario vespertino, pero estos aspectos no fueron mencionados a la Sala Constitucional durante la comparecencia, en seguimiento de la sentencia estructural N20190005560 dictada por la Sala Constitucional, el 29 de marzo de 2019.
La “mágica” solución del Presidente Ejecutivo, Álvaro Ramos Chaves, para paliar la demanda insatisfecha es privatizar servicios, para favorecer los intereses de grandes consorcios privados de salud.
La CCSS cuenta con infraestructura (hospitales y salas de operaciones modernas), insumos y recurso humano sanitario especializado de altísima calidad para la atención de la salud costarricense, pero mientras los pacientes esperan impacientes; se subutiliza la infraestructura en diversos centros de salud, porque se obstaculiza el nombramiento del personal necesario para brindar la atención oportuna y el tiempo extraordinario ha sido satanizado, por el sector político-empresarial neoliberal y sus medios de prensa, hasta calificarlo casi de delito, lanzando campañas de odio y de desprestigio contra el abnegado personal de la Institución.
UNDECA exige que el gobierno le pague a la Caja, para poder construir nuevos hospitales y Áreas de Salud, dotar de equipos e insumos y resolver el enorme rezago de recursos humanos para brindar la atención primaria, especializada, diagnóstica y terapéutica, que demanda la población.
UNDECA rechaza las excusas, acciones y omisiones que promueven la privatización y demanda a las autoridades institucionales transparentar las listas de espera, rendir cuentas de la gestión y soluciones concretas e inmediatas que respondan a las necesidades de la población.
La privatización de servicios de salud en otros países ha tenido consecuencias desastrosas e inhumanas, profundizado durante la pandemia. El interés público debe prevalecer sobre los intereses que mercantilizan el derecho a la salud.
San José, agosto de 2022.