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Etiqueta: sindicatos

Pago bisemanal en la CCSS -avance de la lucha

Desde el SINAE afines se ha desarrollado un proceso de defensa para mantener el pago bisemanal en las instituciones, esto vendría a beneficiar a todos/as los/as trabajadores/as de la CCSS. 

Con rigor técnico se han generado propuestas que han ayudado a concientizar y sensibilizar a las y los diputados/as en necesidad de la generación de un proyecto de ley que dispensa a la CCSS del pago mensual con adelantos quincenales, parte del trabajo y los logros alcanzados es que en este momento el proyecto de le 22667 se está dispensando de todo trámite legislativo, es decir, se le está aplicando la vía rápida por, por eso hacen un llamado a incidir para que en las próximas semanas ese proyecto sea aprobado.

ANEP y ASDEICE se declaran sindicatos moristas

El pasado 30 de setiembre la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se declaró sindicato morista. Desde su visión, esto es “para ayudar a recuperar el legado de Patria Soberana, así como los valores del pensamiento social, completamente vigentes hoy, que nos legó el mejor presidente de la República de Costa Rica, en 200 años de vida independiente, don Juan Rafael Mora Porras (Don Juanito), Héroe Nacional y Libertador de la Patria”, expresaron.

La declaración se dio en el propio lugar donde fue fusilado hace 161 años, en Puntarenas, un 30 de setiembre de 1860. “Su legado nos inspira en esta hora crucial de la Patria, que está siendo esclavizada por el extremismo ideológico-neoliberal de la plutocracia gobernante”, indicaron. 

ANEP, con su Manifiesto del Sindicalismo Sociopolítico del Bicentenario y con su declaración de SINDICATO MORISTA, renueva su ideario y revitaliza su contenido y su práctica de lucha. 

Además, la Asociación Sindical de Empleados industriales de las comunicaciones y la energía también se declaró morista.

 

Información compartida con SURCOS por Albino Vargas.

Propuesta de coalición electoral contra corrupción histórica

Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical del sector salud hace un llamado a realizar una coalición electoral, en defensa de las minorías del país. Dicha propuesta busca derrotar a los partidos tradicionales y a los partidos evangélicos que históricamente han cometido actos de corrupción y atacado la institucionalidad pública.

Duran hace un llamado a tener “… la madurez de dejar de lado las mezquindades personales y las agendas político-partidarias, pues esa es posiblemente la única opción para salvar la patria y su institucionalidad y ponerla realmente a favor de las mayorías”.

¿Momento de cambio?

Luis Paulino Vargas Solís

Favorecido por una evolución que se aceleró a lo largo del último decenio, el gran poder económico, el de los grupos más ricos y el empresariado más fuerte, logró en los últimos años, tomar las riendas del país, sin apenas nada que pudiera contrarrestar su asfixiante hegemonía. Pero, quizá, ello podría cambiar.

Quizá, digo. Ya veremos

La “cochinilla” -un escándalo de dimensiones épicas- ha puesto al gran empresariado y a los muy ricos a la defensiva. Y de paso ello ha refrescado la memoria: Caja-Fischel; Yanber; Aldesa… “Papeles de Panamá”; los fraudes tributarios que pringan a La Nación y Teletica; las empresas, eternamente bebés con cero ganancias, de Florida Ice and Farm… Los abusos con tarjetas de crédito y datáfonos de ciertos bancos privados; APM Terminals; la 27…

Lo anterior se entrevera con algunas otras problemáticas, todo lo cual podría abrir opciones para que otros sectores dentro de la sociedad costarricense, recuperen influencia, legitimidad y capacidad de convocatoria.

Unos ejemplos para ilustrar el punto

En contraste con la “timidez” que paraliza a las cámaras empresariales frente al caso “cochinilla” (¿por qué será?), la voz de los sindicatos se ha hecho sentir fuerte y enérgica. Como punto de partida no está mal. Por otra parte, pensiones y los problemas de la educación en el contexto de la pandemia, les pone en bandeja a los sindicatos posibilidades que no deberían desaprovechar.

Algo se ha propuesto en pensiones, pero es insuficiente. No he visto nada en relación con educación. No deberían dejar pasar la ocasión. Para mañana podría ser tarde.

Lo que pase con el proyecto de empleo público, podría ser de decisiva importancia. Si ese mamarracho se cae en la Sala Constitucional (debería caerse, pero sabemos que la Sala es imprevisible), daría oportunidad para un vuelco radical en la narrativa sobre empleo público y reforma del Estado.

Solo he mencionado algunas posibilidades. Hay muchas más. Vale decir: un cambio podría darse, pero no se dará espontáneamente. Ante todo, se necesita lucidez, compromiso y decisión.

 

Publicado en Facebook, compartido con SURCOS por el autor.
https://www.facebook.com/1472773056278453/posts/2756748527880893/

Sindicato AFAS solicita valorar destitución del director general de operaciones de ARESEP

De acuerdo con la información subministrada por la Asociación de funcionarios ARESEP y SUTEL, la Sala de Casación penal dejó en firme la sentencia, en contra del señor Gerardo Alvarado Blanco, director de operaciones de la autoridad reguladora de servicios públicos, quien se le acusa del delito de falso testimonio.

Se condenó penalmente al señor Alvarado Blanco por el delito de falso testimonio ante la Sala Constitucional, en prejuicio de una funcionaria del IMAS, que con fundamento en ese testimonio fue despedida de forma ilegal e injustificada. Para la Asociación de funcionarios de la ARESEP y SUTEL es preocupante que en el puesto actualmente ocupado por el señor Alvarado Blanco, este funja como superior de la Dirección de Recursos Humanos, que atiende temas por los cuales fue denunciado y condenado.

Ante esto las personas que integran la Asociación de funcionarios ARESEP y SUTEL solicitan valorar la destitución del señor Alvarado Blanco en el cargo que actualmente ocupa, de manera que se envíe una señal positiva a la opinión pública sobre la ética y principios morales que rigen en la ARESEP.

Se adjuntan documentos donde se amplía dicha solicitud:

Reivindicaciones de los derechos socioeconómicos y laborales de la clase trabajadora de las bananeras y piñeras en Costa Rica

El pasado sábado 3 de julio, en Pococí, representantes de las organizaciones obreras de SITRAP (Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas) y ANEP sostuvieron una reunión en la cual se dio un intercambio de experiencias en cuanto a las luchas por las reivindicaciones de los derechos socioeconómicos y laborales de la clase trabajadora de las bananeras y piñeras en Costa Rica.

Asimismo, se analizó sobre los procesos organizativos y de organización que se han gestado con el fin de defender los derechos laborales de las y los trabajadores, y de la necesidad de seguir luchando por la defensa de dichos derechos.

Dos maneras opuestas de gobernanza de la seguridad social

“Me gustas democracia, porque estas como ausente.”

Manuel Hernández

Hace pocos meses, se nos sorprendió con la impresentable propuesta de reforma del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que ya tenían en el asador, pero que fue advertida y denunciada públicamente por la compañera Martha E. González Rodríguez; que por suerte, justo en el momento oportuno, asumió la representación de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la CCSS.

Los poderes fácticos, esos poderes por los que no se ha votado, y no obstante, tienen agarrada la democracia del cogote, pretendían en la sombra, y pretenden establecer una reforma estructural de IVM, de corte regresivo, aumentando la edad de retiro, reduciendo la tasa de reemplazo y otras medidas lesivas que están en el tablero; que además, le causan una sustancial afectación a las mujeres trabajadoras, sin duda, las más perjudicadas.

Muy por contrario a este estilo autocrático de gobernanza al que nos quieren disciplinar y acostumbrar, existen otras formas civilizadas de abordar esta cuestión.

El ejemplo democrático nos los está dando el recientísimo pacto social de la reforma de las pensiones, celebrado entre el Gobierno, los principales sindicatos (CCOO Y UGT) y las asociaciones empresariales de España, firmado este 1° de julio, el día de ayer.

Son varios los aspectos que contiene el Acuerdo Social, pero dentro de los más importantes, sobresale la eliminación del congelamiento de las pensiones, la revalorización automática de las pensiones, de acuerdo con el costo de vida, la remoción del “factor de sostenibilidad”, que disminuye el importe de la pensión, en función de la esperanza de vida del colectivo del pensionista.

Asimismo, el compromiso del Estado de transferir anualmente, una suma equivalente al 2% de PIB, al sistema de seguridad social, y garantizar hacia futuro las transferencias necesarias para lograr su equilibrio financiero.

El pacto constituye un acuerdo abierto, que deja el espacio para que los interlocutores continúen negociando otros asuntos, en los próximos meses: la sustitución del denominado “factor de sostenibilidad”, por un mecanismo de equidad intergeneracional, mejorar las pensiones mínimas, equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar, entre tantos.

Pero más allá del contenido sustancial de este Acuerdo Social, me interesa resaltar aquí dos cosas, como contrapunto a la reforma reglamentaria que se urde contra nuestro sistema de seguridad social:

En primer lugar, la orientación progresista de la reforma pactada por aquellos actores sociales y agentes políticos, que marca el principio, encaminada a fortalecer el sistema público de la seguridad social española.

Por contrario, en nuestro país, la reforma que está en el candelero, en clave regresiva, va en sentido inverso, como el cangrejo, tendiente a desmantelar el régimen público de IVM.

En segundo lugar, sobresale la participación de los actores sociales y el Gobierno, que, como tiene que ser en una sociedad democrática, llegaron en la mesa de negociación a pactar ese importe acuerdo social, que remueve la rémora de una década neoliberal, y además, apuntala la interlocución política de los sindicatos de trabajadores y organizaciones de pensionistas, en esta materia tan importante, que no es para menos, para la clase obrera.

Por contrario, en nuestro país, la reforma neoliberal de pensiones, que se agita a golpe de tambor, contra viento y marea, se aspira imponer de forma autoritaria, dejando en interdicción todo proceso de diálogo social, resintiendo el sistema democrático, que lo tienen al borde del precipicio.

La reforma de las pensiones no puede quedar a merced de un consistorio de 9 personas, que integran la Junta Directiva de la Caja, sino que tiene que ser resultado de un amplio proceso de participación democrática, cuya finalidad no puede ser otra que no sea el fortalecimiento de nuestro sistema público de seguridad social y garantizar pensiones justas y dignas.

Una reforma de ese calado, como la que ha venido fraguando la derecha feroz, carece de toda legitimidad democrática.

02/07/2021

Convenio 11 y trabajadores agrícolas de Costa Rica: “100 años de soledad”

Gerardo Iglesias y Carlos Amorín

SURCOS comparte la siguiente información:

En un estupendo ensayo que se encuentra en proceso de publicación por la Rel UITA, el asesor en Educación Sindical y ex funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gerardo Castillo, y el abogado laboralista de vasta experiencia profesional acompañando la lucha de numerosos sindicatos, Frank Ulloa, ambos costarricenses, analizan exhaustivamente la génesis, la promulgación, el proceso de ratificación así como las limitaciones y obstáculos que ha encontrado en su camino el Convenio 11 que consagra la libertad sindical para los trabajadores y trabajadoras agrícolas, y que este año cumple un siglo de existencia.

Un opaco centenario

Tomando como pretexto este aniversario, los autores realizan un apretado resumen y contextualización del nacimiento de la OIT, las primeras promulgaciones de Convenios y Recomendaciones, y su desarrollo posterior.

En un lenguaje llano y didáctico, Ulloa y Castillo hacen foco en la fuerte resistencia que encontró desde su origen, en 1921, la extensión del derecho de asociación al sector agrícola mediante el artículo 1 del Convenio: “Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y a derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas”.

Fue necesaria la intervención de la Corte Internacional de Justicia de la Sociedad de las Naciones que, en 1923, sentenció lo que a ciertos sectores empresariales de la época no les resultaba obvio: que el ámbito de acción de la OIT abarca a la agricultura, y que los trabajadores y trabajadoras rurales tienen los mismos derechos que los demás.

Amos y siervos

Esta visión feudal, cultural e ideológicamente incrustada en el empresariado agrícola, aún persiste con diversos matices en gran parte del planeta. “(…) darle vigencia al Convenio 11 de OIT sigue siendo una aspiración de los trabajadores y trabajadoras costarricenses para enfrentar estos retos de manera organizada y dejar de estar a merced de estas empresas”, señalan los autores.

Luego de un profundo análisis sobre la aplicación y real vigencia del Convenio 11 en Costa Rica y la región, el documento aborda entre otros aspectos la crítica al modelo de desarrollo en la agricultura exportadora, las condiciones de trabajo y los derechos de la mujer en las empresas agrícolas, las normas discriminatorias en el Código de Trabajo costarricense, la impunidad de las empresas que imponen sus propias reglas, el reto de acercar los planteamientos teóricos a la realidad, y el auge y caída de la libertad de asociación en el marco de la consolidación de los Estados corporativos.

Una foto que pocos quieren ver

En sus conclusiones, Castillo y Ulloa establecen que:

  • La fuerza de un Convenio no logra anidar en la conciencia ciudadana y en la sociedad si los actores sociales (empresarios, trabajadores, Estado) no están imbuidos de la trascendencia de sus fundamentos éticos y políticos.
  • Se constata que la aplicación del Convenio 11 en Costa Rica ha sido bloqueada, obstaculizada y debilitada históricamente en distintos momentos, formas y medios… “¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables de ello? ¿Son conscientes de las implicaciones políticas inmediatas y las que se cultivan al futuro con tales infracciones?”, preguntan los autores.
  • Se reafirma y demuestra que el poder de un instrumento jurídico de carácter internacional como son los Convenios Internacionales del Trabajo tiene una razón de ser en la salida de eventuales conflictos socio-laborales, y en la búsqueda de una meta ideal superior: la paz y la justicia social.
  • Identifican un comportamiento hipócrita presente en diversos actores económicos, políticos y sociales que supuestamente aceptan la vigencia de un sistema de derechos, pero que sin embargo lo relativizan y hasta lo violentan brutalmente para proteger sus intereses individuales y/o corporativos.
  • “De la misma manera −afirman los autores−, el concepto de ética se acuña bajo acepciones y perspectivas utilitaristas de mercado (RSE, Código Ética Empresarial, Comercio Justo, Certificadoras Internacionales, etc.), pero en ningún momento estos mecanismos implican el cumplimiento de la ley respecto a la libertad de asociación de los trabajadores agrícolas, o el respeto a los derechos laborales y al medio ambiente”.
  • En países como Costa Rica, geográficamente pequeños, de bajo desarrollo económico, con estructuras de poder neocoloniales y dependientes, las corporaciones trasnacionales han tenido un papel dominante cuyo peso y gravitación en los empresarios nacionales y las autoridades gubernamentales llega hasta nuestros días, constatan Ulloa y Castillo.
  • Se denuncia que persiste una flagrante subvaloración al trabajador, y más aún al trabajador agrícola, al que se considera como una categoría de menor rango, y la discriminación se acentúa aún más en el trato a los migrantes en el sector agrícola: hambreados, expulsados de su propio país y recibidos como un auténtico ejército de reserva explotable y desechable.
  • Las empresas transnacionales han perfeccionado los mecanismos de explotación e incrementado el nivel de abuso e impunidad al tiempo que se enriquecen, lo que demuestra que, en materia de negocios en gran escala, los riesgos políticos y éticos de las malas conductas no se registran en los libros contables. La impotencia va haciendo mella en la cultura ciudadana, comprometiendo el futuro de la gobernabilidad por el daño social provocado por la mala distribución de la riqueza. Asimismo, la irresponsabilidad ante el deterioro del planeta es incalculable.
  • Las empresas transnacionales aplican un modelo de violencia antisindical y utilizan un doble discurso: por un lado, mediante un supuesto Código de Ética, un sistema de Certificaciones, la manida Responsabilidad Social o el Comercio Justo venden en el mercado internacional la imagen de empresas respetuosas de los derechos laborales y del acatamiento al cuidado de los recursos naturales y el medioambiente. Sin embargo, en las fincas aplican una batería de prácticas y castigos antisindicales e instrumentos de relaciones laborales deformados que sirven para frenar los intentos de organización, impedir la negociación colectiva y neutralizar reivindicaciones socio económicas, al tiempo que utilizan un paquete tecnológico basado en el uso indiscriminado e impune de agrotóxicos.
  • Estas transnacionales han ideado y perfeccionado una verdadera caja de herramientas antijurídicas y de conductas antiéticas con las que capacita a sus mandos medios y a los trabajadores que ellas mismas designan para integrar el Comité Permanente de Trabajadores. Esto es una flagrante desnaturalización de la ley, pero se permite y hasta se acompaña, al obligar al sindicato a acudir a una institucionalidad fallida: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los Tribunales de Trabajo que no se preocupan por profesionalizar la Inspección del Trabajo. En síntesis, las transnacionales hacen un uso antiético de la legalidad que contagia al resto del empresariado, erosiona las políticas ambientalistas del país y, cada vez más, va desgastando la institucionalidad democrática.

En síntesis, no hay nada para conmemorar, todavía.

 

Fuente del artículo, le invitamos a difundir: http://www.rel-uita.org/costa-rica/100-anos-soledad/?fbclid=IwAR1HLcomGPJoi46KaO86GJ0R5UpJchpALtaisfo0pQ0LzGJ26LcwwnqD7_Q
Imagen: Mural San Javier-Uruguay | Foto: Gerardo Iglesias
Enviado a SURCOS por Maikol Hernández

Observe el Foro: El futuro de los sindicatos en Costa Rica

El pasado 21 de junio se realizó el foro virtual “El futuro de los sindicatos en Costa Rica” que contó con la participación de:

  • Rodrigo Aguilar Arce
  • José María Villalta Flores
  • Máster Rocío Alfaro Molina
  • Moderadora: Licda. Sandra Ríos Abarca

En el espacio se abordaron temas como el origen del sector sindical, la situación laboral del país, la informalidad del mercado en Centroamérica, el papel del sector público, sector sindical en el ámbito privado, entre otros.

Usted puede ver la actividad completa haciendo click aquí

El futuro de los sindicatos en Costa Rica

Puede participar dell foro “El futuro de los sindicatos en Costa Rica” en modalidad virtual mediante Facebook Live del Sindicato Nacional de Periodistas.

Se contará con la participación de

  • Prof. Rodrigo Aguilar Arce
  • Lic. José María Villalta Flores
  • Máster Rocío Alfaro Molina
  • Moderadora: Licda. Sandra Ríos Abarca

Día: 21 de junio del 2021

Hora: 10 am a 12 md

Puede conocer más detalles de la actividad en el siguiente documento:

Compartido con SURCOS por Gerardo Chavarría