Tras el cierre del seminario “La plaga de los agrotóxicos”, organizado por Fentragh y Rel UITA con el apoyo de FES, SINAE y ANDE, delegados y delegadas de sindicatos agroindustriales se movilizaron hasta la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Rel UITA
Mostrando pancartas y banderas de la Fentragh y la Rel UITA, trabajadores y trabajadoras del banano, palma africana y piña exigieron respuestas inmediatas a las denuncias y solicitudes de inspecciones presentadas hace meses, así como los resultados de las que ya fueron realizadas.
“Desde el año 2019 venimos presentando denuncias y reclamos y no han avanzado. El 10 de agosto de este año nos reunimos con las nuevas autoridades y presentamos un documento con nuevas denuncias. Han pasado dos años y no hay respuestas”, dijo Maikol Hernández, secretario general de Fentragh.
“Es una grave falta de atención a los trabajadores agroindustriales y es por eso que, una vez concluido el seminario, decidimos venir hasta aquí para que nos escuchen, atiendan las solicitudes de los sindicatos y se instale una mesa de diálogo”, explicó el dirigente sindical.
En este video, dirigentes de Sinatraa, Sitrapa, Sintrapybcr y Fentragh explican las razones de este plantón de protesta.
Hay que atacar el sistema en su raíz, no ser cómplices y defender privilegios que desvían la atención de los verdaderos problemas del país.
Miguel Sobrado. 19 agosto, 2019*
Afectar la salud y provocar el malestar de los asegurados, en un momento cuando se responsabiliza a los privilegios pagados a los empleados públicos del déficit fiscal del Gobierno Central y el mal funcionamiento del Estado, no parece cuerdo ni inteligente.
Por ese camino terminarán por destrozar las organizaciones sindicales y su capacidad de incidir en los cambios que necesita el país para superar el patrimonialismo del sistema o capitalismo de cuates, donde se incuba la corrupción y contagia a casi todo el aparato público.
El movimiento sindical, tanto del sector privado como público, debe poner su atención en garantizar servicios públicos eficientes y de buena calidad. Que nos sirvan a todos para el mejoramiento de la sociedad y la continuidad y estabilidad institucionales.
Hay que encontrar las causas en el sistema, que, muy acertadamente, Denise Dresser llama “capitalismo de cuates”, como he explicado en artículos anteriores.
Hay que preguntarse por qué las medicinas son más caras en nuestro país que en gran parte del mundo; por qué las carreteras son más caras, su construcción más lenta y pagamos más por el cemento, el transporte público y los créditos.
Hay que atacar el sistema en su raíz, no ser cómplices y defender privilegios que desvían la atención de las verdaderas causas sistémicas.
El sindicalismo, si quiere permanecer como lo que debe ser, un movimiento social que defiende sus legítimos intereses y propicia el cambio, pero no procura privilegios, debe recuperar las banderas solidarias de la salud y el buen servicio público y jamás recurrir al maltrato de los enfermos, que son trabajadores igual que ellos.
Actuar de manera irresponsable, como lo hicieron durante la huelga de la Caja Costarricense de Seguro Social, es ignorar el clima de repudio que generan sus acciones y su debilidad estratégica en la actual coyuntura, en la cual los medios han logrado ubicarlos como responsables de la crisis nacional. Es poner la cabeza bajo la guillotina en el momento en que el verdugo está listo para dejarla caer.
miguel.sobrado@gmail.com
El autor es sociólogo.
* El autor comparte con SURCOS esta reflexión dada su actualidad.
El Bloque Salud-CCSS, que reúne a las organizaciones más representativas de la Caja Costarricense de Seguro Social, Sindicatos de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS e Instituciones Afines (SIPROCIMECA), UNIÓN MÉDICA NACIONAL, Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME), Asociación de Profesionales en Enfermería (ANPE), Unión Nacional de Empleados de la CCSS (UNDECA), Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS) y el Sindicato Nacional de Servicios de Salud (SINASS) en reunión del día de hoy, por la negativa del Gobierno de reconocer el derecho al ajuste salarial de los y las trabajadoras de la Institución y debido a la desinformación y polarización fomentada desde el gobierno de la República, respecto de la situación de la CCSS, demandamos:
Exigimos respeto a la autonomía constitucional de la CCSS: Nuestro Estado de Derecho exige el respeto al principio de legalidad, que obliga a cualquier ciudadano a cumplir las leyes; por lo que debe respetarse la autonomía y la independencia del Poder Ejecutivo de que goza la CCSS, consagrados en la Constitución Política y la Ley Constitutiva de la CCSS.
La Caja no está quebrada: Rechazamos las declaraciones tendenciosas que pretenden desfinanciar, desprestigiar, mercantilizar y privatizar la Caja. La Caja está solvente, como lo manifestaron y demostraron los directores de la Caja que representan a las personas trabajadoras de nuestro país, donde se manifiesta que la Institución a pesar de la pandemia y el ciberataque viene atendiendo la demandas en salud y pensiones de la población costarricense.
Que el Estado pague lo que le debe a la CCSS: Éste y otros gobiernos no solo han usado a la Institución como Caja Chica, financiándose con los recursos institucionales, evidenciado por los 900.000 millones de colones del seguro de salud, actualmente destinados a ese fin. Adicionalmente, la deuda siempre creciente del Gobierno que no paga lo correspondiente a asegurados por el estado, entre otros, llega a la escandalosa suma de 2.7 billones de colones, sin contar lo adeudado por traspaso del primer nivel de atención
Exigimos el pago inmediato del ajuste salarial: En virtud de que el acuerdo de ajustar los salarios en el orden de los 7.500 colones se encuentra en firme, como ha sido comunicado, las organizaciones hemos cursado un oficio exigiendo el pago inmediato del ajuste respectivo, conforme al acuerdo del 8 de setiembre pasado.
En defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y ante las maniobras para no reconocer un ajuste salarial, producto de la negociación colectiva y que está jurídica y técnicamente fundamentado, las organizaciones sindicales del Bloque hemos acordado consultar a las bases las acciones de lucha que estaremos realizando.
Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)
Resulta evidente que las fuerzas sociales en el poder en Costa Rica han encontrado un terreno fértil para echar a andar la maquinaria privatizadora y recortista hacia el estado costarricense. Los vientos de ventas de activos como el Banco de Costa Rica presagian una temporada compleja en el campo ideológico y también en el político.
Lo vienen haciendo desde hace ya más de cuatro lustros, cuando posicionaron primero el discurso de la ingobernabilidad, luego el del déficit fiscal y posteriormente el del tamaño y eficiencia del Estado.
Al finalizar los años noventa ya la onda privatizadora había ganado sus primeros activos. He recordado durante estos días la compra de Fertilizantes de Centroamérica (FERTICA), empresa estatal, por parte de un consorcio empresarial chileno.
Ubicada en Puntarenas, en el Pacífico costarricense, su planta empleaba una importante cantidad de personas trabajadoras en diversas labores del proceso. Las mismas estaban organizadas en la defensa de sus derechos sociolaborales en la Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE).
Al ser vendida, empezaron los conflictos y los despidos. Y la organización sindical, combativa, resistente, inició una feroz lucha que aún fuera ya de la empresa, despedidos todos sus miembros, se continuaba defendiendo de los embates del grupo empresarial comprador.
Realizo mis primeras armas como asistente de investigación social en aquella época. Acompaño un trabajo sobre la ruptura de acuerdos colectivos en el marco del estado costarricense como parte del contexto del Ajuste Estructural, realizado por la economista costarricense María Eugenia Trejos. Por esa razón me he citado con Don Marco, secretario general del sindicato de trabajadores de FERTICA en su casa. Es noviembre de 1996.
Es una mañana azul absoluta. Don Marco me da las coordenadas: El Cocal de Puntarenas, frente al mar. Nos disponemos en un pequeño rancho de techo de paja en la playa y enciendo la grabadora con un primer casette de 90 minutos.
Me relata el plan orquestado en el que supuestamente la empresa sería vendida a los propios trabajadores a través de acciones. De cómo ese proceso devino primero en la intromisión de consorcios con capital disponible, el aumento del valor de las acciones, impagable para las personas trabajadoras y la pérdida de su participación en la compra. Allí inició un camino de atropellos a los derechos laborales, que acabó con el despido de cerca de 50 personas trabajadoras.
Lo que en principio sería una entrevista individual con Don Marco terminó siendo un grupo focal frente a la playa. Recuerdo cerca de seis personas, todas pertenecientes al sindicato, conversando animadamente sobre su trabajo, la privatización y sus situaciones personales y familiares de aquel entonces.
Siete casettes con valiosa información sobre los derechos laborales y un aprendizaje para mí como incipiente investigador social, fueron el resultado de la jornada.
El inicio de la venta de FERTICA fue anunciado como un plan para “democratizar” su propiedad. Ciertamente ese fue el discurso original que luego se tradujo en participación empresarial de capital privado de altos manejos financieros.
Me temo que los vientos de venta de activos estatales en la actualidad van en la misma dirección y esta vez con una organización laboral debilitada, casi inexistente. El camino está servido y es posible que estemos ante la presencia del tramo final del proceso de reforma del estado costarricense.
Ante esta realidad es urgente diseñar una respuesta colectiva y plural. No queda otro camino.
Jueves 24 de agosto del 2022. El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes denuncia nuevos hechos persecutorios de parte de Catalina Crespo Sancho y Mario Zamora Cordero, en contra del Secretario General de SIDEF, Álvaro Paniagua Núñez, con la intención de desacreditarlo y desmovilizar la lucha sindical.
Durante la presentación del informe anual en la Asamblea Legislativa, el pasado 30 de junio, Catalina Crespo, acusó al Secretario General de SIDEF, Álvaro Paniagua Núñez de incurrir en un conflicto de intereses por el hecho de que a la vez ocupa un puesto directivo en la institución. Crespo trató de disimular sus intenciones persecutorias leyendo una carta que supuestamente le escribió una persona que ella metió en la Defensoría en calidad de meritorio, pero que en realidad la trajo para que la asesora en movidas en materia de recursos humanos. De hecho, cuando le solicitamos el documento, su despacho respondió: “lo que se dijo es lo único que se puede informar, por cuanto lo demás no es de acceso público”. Ante este atropello las acciones judiciales están en curso, para que no utilice el cargo de Defensora con el que fue honrada para refugiarse en la impunidad.
En esa misma ocasión, Catalina Crespo desacreditó públicamente la denuncia por persecución sindical que se investiga en su contra en el Ministerio de Trabajo, dando a entender a los diputados y diputadas que se trata de prácticas reiterativas del sindicato contra las personas que ocupan el cargo de Defensor/a, y no por los hechos persecutorios en los que incurre sistemáticamente.
Efectivamente, de manera sistemática, como actúan los acosadores laborales, el 7 de julio siguiente, Catalina Crespo fue al Territorio Indígena Salitre, donde se reunió con un grupo de personas que apoyan las usurpaciones de tierras indígenas, recogió una queja contra el compañero Álvaro Paniagua y otras personas, en la que de manera infundada lo acusan de actuar de manera parcializada. Aprovechando la ocasión, Crespo hizo caso omiso de la normativa interna, violentó el derecho de defensa y el debido proceso al compañero Paniagua, y sin ninguna valoración fue y planteó la queja como una denuncia penal ante el Ministerio Público.
La visita de Crespo a Salitre fue cubierta en exclusiva por el periodista Alexander Méndez, del diario Extra, quien desde el 5 de julio anunció la visita y preparó el terreno; posteriormente, los días 8, 11, 18 y 26 de julio, y el 6 de agosto, ese diario publicó el nombre y fotografías del compañero Paniagua, así como extractos y fotografías de la denuncia presentada por Crespo en su contra, en la que incluso consta el sello de recibido en el Ministerio Público.
Pero la sed persecutoria de Crespo parece ser insaciable. Ahora el periodista favorito de Crespo, Alexander Méndez, ha solicitado acceso a un expediente disciplinario que le abrieron al compañero Paniagua en el 2015. Lo que pareciera casual deja de serlo, pues la intención persecutoria es más que evidente.
“Efectivamente –manifestó el compañero Paniagua-, en el 2015 fui sancionado con una suspensión de 15 días debido a que cometí un error. Resulta que tuvimos que llevar de emergencia a mi madre al hospital, donde estuvo muy grave. Nos advirtieron que el seguro estaba a punto de vencer para que lo renováramos. En el Ebais nos pidieron, entre los requisitos, copia de mi orden patronal. Me pareció arbitrario que la CCSS solicitara un documento que ella misma expedía, pero insistieron. Como mi trabajo era defender los derechos de las poblaciones discriminadas, entre tales las personas adultas mayores, en ese momento, obnubilado por la salud de mi madre, me pareció totalmente normal enviarle un oficio institucional al Ebais, y así lo hice, le puse un consecutivo al oficio, expuse la situación, cité la normativa de aseguramiento de la CCSS y les solicité que rectificaran el procedimiento pues violentaba los derechos de las personas adultas mayores, y por si negaban la situación, puse de ejemplo el caso de mi madre. Ese fue mi error, en ese momento no me pasó por la cabeza que eso podría malinterpretarse. De hecho, hasta adjunté copia de mi orden patronal para que no se retrasara más el trámite de renovación. Y así de manera transparente, sin ningún dolo, imprudentemente, mezclé lo público con lo privado, y por eso fui sancionado. Año y medio después falleció mi madre.”
Contrario a lo esperado de una defensora de derechos de las personas, Catalina Crespo Sancho, ordenó que de inmediato se le entregara la información a la Extra, ante lo cual fue necesario recordarle las restricciones que estipula la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, en lo que se refiere a los datos sensibles y de acceso restringido.
Como ya ha sido ventilado en las redes sociales, no podemos pasar por alto el vínculo del candidato sucesor a Defensor, preferido de Crespo, Mario Zamora Cordero, con el diario Extra, para comprender cómo lo que parece ser casual da paso a lo evidente.
Repudiamos las estrategias persecutorias y criminalizantes de Catalina Crespo Sancho y de Mario Zamora Cordero, ambos denunciados por persecución sindical, quienes no dudan a atropellar el honor y la dignidad de las personas para lograr sus intereses.
Comunicado de Prensa por Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ES DESCOMUNAL Y ESTÁ FUERA DE CONTROL AL DÍA, EN EL ÚLTIMO SEMESTRE, CRECIÓ A RAZÓN DE POCO MÁS DE 9 MIL MILLONES DIARIOS
Con datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, aparecidos en prensa en esta fecha, a diciembre del año pasado 2021, el total de la deuda pública era de 27 billones 271 988 millones 400 mil colones. En cifras así: 27.271.988.400.000.
6 meses después, a junio de 2022, el monto de la deuda pública llegó a los 28 billones 914 mil 265 millones 530 mil colones. En cifras así: 28.914.265.530.000.
Es decir, la deuda pública creció en el último semestre en 1 billón 642.277 millones 130 mil colones: 1.642.277.130.000.
Esto quiere decir, 273 mil 712 millones 855 mil colones, cada mes del último semestre (273.712.855.000).
Por tanto, se manifestó un crecimiento diario de la deuda pública, en el último semestre, de 9 mil 123 millones 761.833 colones: ¡380 millones 156 mil 743 colones por hora!
Esta gigantesca cantidad de endeudamiento lleva aparejada la no menor cantidad gigantesca de pago de intereses. Durante el año 2021, por este concepto se consumió el 4.8 % del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, unos 5 mil 300 millones diarios (5.300.000.000).
Nuevamente, la ANEP alerta a la ciudadanía, a la clase trabajadora, al pueblo costarricense: es imposible aceptar que tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo sigan “imperturbables” ante este desastre fiscal de consecuencias imposibles de imaginar ante la eventualidad de un estallido social o de una quiebra abierta y cruda del Estado.
Particularmente, la reciente propuesta del gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles de vender activos del Estado, como el Banco de Costa Rica (BCR), como la venta “camuflada” del Instituto Nacional de Seguros (INS), y la venta-subasta de las frecuencias del ICE, ni “cosquillas” le harán a la monstruosidad de la deuda pública tal y como lo reseñan datos del propio Ministerio de Hacienda. Reafirmamos la oposición rotunda de esta idea que consideramos descabellada e, por supuesto, ideológicamente matriculada.
ANEP reitera sus principales propuestas de emergencia ante la magnitud de la gravedad del problema de la deuda pública:
Una auditoría ciudadana de la deuda pública, mediando Ley de la República que incluya participación civil;
Una renegociación con los acreedores internos que, en conjunto, tienen tres cuartas partes del total de la deuda pública para, al menos, reducir el pago de intereses.
Tramitar con urgencia legislación para parar-atenuar el gigantesco fraude fiscal anual, estimado en 3 mil 600 millones de dólares por el actual mandatario, tomando como base la serie de propuestas que fueron consignadas en el informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá.
Profunda revisión del dispendioso régimen de exenciones y de exoneraciones de montos fiscales escandalosos en la actualidad.
ANEP estima que es más que urgente, a la vez, una articulación de las partes más conscientes de nuestra sociedad civil actual para forzar a la clase política a que aborde este problema con visión democrática y deje de mirar para otro lado, protegiendo así los más que abusivos sectores del capital financiero, de cuyo enriquecimiento a partir del estado actual de la deuda pública, el 99 % del pueblo costarricense no tiene noción porque le han venido ocultando la realidad de este mal que está amenazando la propia Democracia.
San José, sábado 20 de agosto de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Para la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), el informe de 100 días de la actual administración, queda debiendo en materia de diálogo social. Manifiestan que, a diferencia de otras organizaciones del sector privado, a esta Asociación no se le ha abierto las puertas de Casa Presidencial ni del MINAE, para dialogar acerca del modelo eléctrico nacional ni de la propuesta técnica que ASDEICE y el FIT realizaron sobre la conectividad 5G.
Consideran que el gobierno se ha inclinado por temas populares para la clase política tradicional, sin embargo, no ha abanderado otros temas estructurales como la evasión o elusión fiscal, tampoco identifican propuestas que permitan dar capacidad salarial a las personas trabajadoras para que puedan enfrentar el costo de vida. Finalmente, señalan que el tema de venta de activos del Estado únicamente está logrando que se polaricen las discusiones en el país y no brinda soluciones a largo plazo.
El presidente Chaves, al momento de su candidatura, NO se comprometió a la venta de activos del Estado. Esta Asociación apunta que de seguir en esta dirección, al gobierno de Chaves le pasará lo mismo que a anteriores: inician la gestión con un alto índice de popularidad, pero terminan con cifras récord de desaprobación.
Le invitamos a escuchar la exposición de César López Dávila en el siguiente video:
Bastante se ha hablado en días recientes a la sociedad costarricense sobre la quinta generación de redes móviles (popularmente conocida con las siglas 5G); esto desde Presidencia de la República, desde la alta jerarquía del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), desde el Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y desde vocerías de algunas Cámaras Empresariales. Sobre el tema, mucho se hablará en los próximos días.
Sin embargo, los puntos de vista de las autoridades y actores antes mencionados coinciden en todo o en parte, en el denominador común de delimitar la discusión de la temática, en la devolución o “recuperación” de frecuencias del espectro radioeléctrico que actualmente tiene el Grupo ICE, como aparente mecanismo para una rápida implementación de este tipo de servicios en el país.
Ante esta situación, la Federación Frente Interno de Trabajadoras y Trabajadores del ICE y sus organizaciones (ASDEICE y SIICE), nos vemos en la obligación de manifestar ante la opinión pública, ante el honorable cuerpo de prensa nacional, y ante la clase política de todo signo, lo siguiente:
La Federación FIT y sus organizaciones estamos convencidos y a favor de que se implemente y ponga en operación en el país la red 5G lo antes posible.
La Federación FIT y sus organizaciones estamos igualmente convencidos, que generar la sensación y/o la expectativa, de que con la devolución o recuperación de frecuencias del espectro radioeléctrico otorgadas al Grupo ICE –atractivas para el sector privado – el país estaría en capacidad de tener a disposición servicios de la tecnología 5G en un menor tiempo; no es otra cosa que un espejismo.
Tal camino de la “recuperación” de frecuencias, transita por el largo y complejo camino de la licitación, el cual incluye los tiempos que requiere la reconversión del segmento del espectro, el establecimiento el cartel, la subasta, eventuales apelaciones, la formalización de la adjudicación, los títulos habilitantes (por no hablar de lapsos relacionados con el desarrollo de infraestructura del operador adjudicado), entre otros aspectos.
Desde la Federación FIT y sus organizaciones, tenemos la certeza que la vía de una sola red neutra administrada por el Grupo ICE, que sirva para todos los operadores, es la alternativa más viable, de menor costo, y por ende; la ruta que permite menores tiempos de entrega y menores costos, para beneficiar al usuario final de esta tecnología 5G. Para ello no hace falta la recuperación de las frecuencias del espectro con que cuenta el Grupo ICE.
Actualmente a nivel internacional, se encuentra en tendencia este tipo de formato de desarrollos. Sin embargo, de alternativas como esta poco o nada se habla desde las instancias citadas al inicio del presente documento.
Una vía posible para el financiamiento de este tipo de alternativas por parte del Grupo ICE, serían las alianzas público privadas con actores estratégicos y desde luego, el compromiso explícito y concreto de la Administración Chaves Robles, de que al Grupo ICE se le permitirá implementar los mecanismos para inversión y desarrollo sin obstáculos ni trabas.
HACIA UNA RED ÚNICA NACIONAL 5G:
El abordar la nueva tecnología 5G desde la óptica de la recuperación de frecuencias que actualmente tiene el Grupo ICE, limita los beneficios tanto para los usuarios como para las mismas empresas de telecomunicaciones. Además, alarga el tiempo que tomaría recuperar, licitar y asignar espectro, así como el tiempo de desarrollo de cada operador
La tecnología 5G brinda múltiples facilidades para su aprovechamiento, dentro de las cuales se tiene el servicio Slicing o NaaS (Network as a Service) 1, que suministra la posibilidad a clientes de obtener capacidades de dicha red en una oferta flexible de consumo. Algunos ejemplos son: España, cuando los operadores MásMóvil y Euskatel, y Vodafone y Orange anunciaron compartir red para reducir los costos de inversión en despliegue. Italia, donde se da compartición de infraestructura entre TIM Italia y Vodafone. Reino Unido, Vodafone comparte con O2 (Telefónica). De igual manera en Japón en especial en las zonas rurales, donde resulta extremadamente cara de desplegar. Y se tiene el caso más reciente de Malasia, que cuenta con una red neutral que comparte la red móvil 5G con los operadores del mercado.
Adicionalmente, en junio pasado salió publicada la ley 10.216, la cual tiene como finalidad incentivar la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en CR, y que en uno de sus principios rectores se señala que “…los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán velar por el uso compartido de los recursos para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones, previo a la construcción de una nueva infraestructura.” El incremento en costos fue mencionado en el Foro Costa Rica Conectado, donde se comentó la importancia de compartir infraestructura para reducir costos.
Entonces, con el despliegue por parte del GRUPOICE de una red 5G, las otras empresas del mercado móvil podrían solicitar a aquel las facilidades para brindar servicios 5G, en otras palabras, una red virtual, lo cual ya cuenta con experiencias a nivel internacional. Dichas facilidades estarían respaldadas con contratos de calidad de servicio y con las bondades típicas de estas nuevas tecnologías, para poder realizar variaciones de capacidad según sus necesidades de manera automatizada y en tiempo real.
Esta situación implica que en lugar de tener 3 redes 5G, y las inversiones que esto conlleva, se tendría una sola red física y una única inversión, reduciendo sustancialmente el costo de las tarifas de servicios 5G para clientes, empresas y todos los habitantes de Costa Rica.
Por otro lado, los operadores pueden destinar las inversiones que tenían planificadas para adquisición de frecuencia y desarrollo de infraestructura en el despliegue de soluciones, que es donde realmente está la monetización de los servicios 5G.
Por consiguiente, la discusión por la recuperación de frecuencias no solo resulta estéril, sino que es una discusión que tecnológicamente fue superada. Seguir pretendiendo resolver el tema 5G con argumentos y supuestos de tecnologías anteriores no aporta en nada a la solución real del problema.
CONSIDERACIONES FINALES:
El errado camino de imponer la devolución de frecuencias al Grupo ICE, sin escuchar otros criterios; incluye hablar del debido proceso, de responsabilidades, y de otros temas que con frecuencia se omiten:
A) Si el pretexto para cercenarle al Grupo ICE las frecuencias que le han sido concesionadas, es afirmar que las mismas, están subutilizadas, entonces el país merece saber:
Que los niveles técnicos del Grupo ICE presentaron sus propuestas desde años atrás para el desarrollo de la infraestructura de esta parte del espectro. ¿Qué razones hubo para que no fueran aprobadas por los puestos gerenciales, directivos y ejecutivos?… ¿Dónde están los formales y debidos procederes del Gobierno para sentar esas responsabilidades sobre el anterior Consejo Directivo del ICE, y las salientes presidencia ejecutiva, gerencia general y gerencia de telecomunicaciones; por incumplimiento de obligaciones?, ¿dónde está el correlato legislativo, de la fracción oficialista, para pedir la apertura de una comisión especial legislativa o tan si quiera una moción para que la comisión de ingreso y gasto público aborde el tema?
Mientras que el actual Gobierno no impulse que este tipo de responsabilidades se aborden formalmente y con seriedad, con los mecanismos procedentes en los tres poderes de la República, la afirmación de la subutilización será solo un ejemplo de lo exitosos que son las amarras para desmantelar en tractos las instituciones del Estado.
B) Si el pretexto para cercenarle al Grupo ICE las frecuencias que le han sido concesionadas, es el supuesto que tal “recuperación” permitirá a SUTEL realizar una subasta para que operadores privados entren al desarrollo de este tipo tecnología, entonces el país merece saber:
En materia de 5G desde hace tiempo hay espectro para licitar. Actualmente el MICITT cuenta con 100 Mhz de espectro que lo tiene a su disposición. Mismo que puede haber subastado para tales propósitos (siguiendo los pasos de la experiencia pasada en las tecnologías 3G y 4G). Es desde el Consejo Directivo de la SUTEL desde donde se entraba el proceso bajo el pretexto que un proceso de licitación sin las frecuencias del Grupo ICE, no sería atractivo para el sector privado.
C) Si el pretexto para cercenarle al Grupo ICE las frecuencias, es el supuesto de implementar en el menor tiempo este tipo de servicios, el país debe saber: La opción de la “recuperación” de frecuencias no es la ruta que más beneficia al usuario ni en tiempos de implementación ni en costos de servicio. Dicho camino, implica para entrar en operación un tiempo no menor a dos años, además, técnica y tecnológicamente ha sido superada por otro tipo de formatos como la red neutral.
La recuperación de frecuencias, implica un tema de debido proceso que incluye la responsabilidad de quiénes suscriban con su voto y/o firma tal devolución, sin tener la facultad para así hacerlo dado el marco de legalidad que regula la concesión otorgada al ICE de tal espectro electromagnético.
Presentar la “recuperación” de frecuencias como el mejor camino a seguir, sin escuchar antes otros criterios técnicos, es un fanatismo de corte neoliberal y una receta de continuismo del tripardisimo (PLUSC-PAC).El desarrollo de la red 5G, y sus escenarios, requiere compromiso de Gobierno de que al Grupo ICE se le garantice la inversión y desarrollo de esta tecnología.
¡LA FEDERACIÓN FIT LLAMA A LAS Y LOS TRABAJADORES A LA DEFENSA DE ICE TELECOMUNICACIONES Y A ESTAR VIGILANTES, PARA SENTAR RESPONSABILIDADES Y PASAR FACTURA A QUIENES DEBILITEN A LA INSTITUCIÓN!
Así recibieron la noticia de que recuperaban sus puestos de trabajo tres trabajadores de la municipalidad de Sarapiquí, quienes fueron despedidos hace 5 años y 8 meses, por afiliarse al ANEP y por denunciar anomalías en el manejo de los fondos públicos municipales.
Tras denunciar tales anomalías e injusticias empezaron a recibir malos tratos hasta que finalizó en su despido. Al recibir la noticia estos tres trabajadores demuestran un profundo alivio y mucha felicidad al ver que se hizo justicia con ellos y tendrán sus puestos de vuelta, debido a que el despido los afectó mucho económicamente debido a las pocas fuentes de empleo en la zona por lo que incluso sus familias se vieron afectadas por la situación.
Además, a los trabajadores se les tendrán que pagar los salarios caídos de esos 5 años y 8 meses lo cual sin duda será de gran ayuda para ellos y sus familias.
La denuncia fue presentada por presuntos delitos relacionados con el deber de probidad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, entre otros.
Jueves 11 de agosto del 2022. El jefe de Recursos Humanos de la Defensoría de los Habitantes, Hernán Rojas Angulo, presentó una denuncia penal contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, y Mario Zamora Cordero, Director del Despacho, por posibles delitos relacionados con el deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, entre otros.
En cumplimiento del artículo 281 del Código Procesal Penal, el Sr. Rojas Angulo interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, transparencia y Anticorrupción por presuntos actos irregulares e ilegales cometidos por Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, y Mario Zamora Cordero, quien al momento de los hechos fungía como Director del Despacho de Crespo.
Los delitos denunciados tienen relación con faltas al Deber de Probidad, incumplimiento de deberes, faltas al deber de control interno, abuso de autoridad, conflicto de intereses, tráfico de influencias, enriquecimiento y favorecimiento ilícitos.
Es importante señalar que cada uno de esos actos fueron debida y oportunamente advertidos por el Sr. Rojas Angulo directamente al Despacho de Crespo, sin embargo, nunca fueron atendidos como en derecho corresponde; por el contrario, la respuesta prepotente fue el hostigamiento y las constantes amenazas para que obedeciera, se callara y acatará las “ordenanzas” del Director del Despacho presuntamente emitidas con “órdenes superiores”.
El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría, es conocedor de las numerosas advertencias que ha realizado el Jefe deRecursos Humanos para que los procedimientos se ajusten a derecho, cuando se ha incurrido en nombramientos sin el cumplimiento de requisitos, el pago prolongado de recargos injustificables, el favorecimiento a asesores y allegados al Despacho, los traslados forzosos de directores y funcionarios sin una justificación específica, las insinuaciones infundadas de corrupción, entre tantas otras estrategias de hostigamiento laboral.
No estamos ante un conflicto interno entre el funcionariado y la Defensora de los Habitantes y su despacho, no estamos ante un conflicto personal, cientos de voces de la sociedad civil organizada nos dan la razón: estamos ante una crisis en la Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica, provocada por el autoritarismo de una jerarca que violenta los derechos laborales del personal y que ha desmantelado la Defensoría de los Habitantes, a la vista y paciencia de las autoridades nacionales e internacionales.
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