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Etiqueta: violencia

Red de Mujeres Rurales: Carta abierta al INAMU

Sra. Alejandra Mora

Ministra de la Condición de la Mujer

Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU

 

La Red de Mujeres Rurales, organización de mujeres indígenas y campesinas, desde donde defendemos nuestros derechos, queremos manifestar nuestro descontento y pasamos a decir las razones:

El 17 de octubre de 2015, un numeroso grupo de nosotras nos dirigimos al INAMU, con dos intenciones: una, decir a ustedes, las autoridades, que los derechos de nosotras como mujeres campesinas e indígenas, no están siendo defendidos por la institución, como si las mujeres del campo no fuéramos mujeres, y dos, que las políticas de gobierno de las otras instituciones también violentan nuestros derechos, que no se resuelven por la vía de la competitividad y los megaproyectos.

Ahí expusimos un gran número de situaciones que vivimos las mujeres del campo donde se violan nuestros derechos, desde el acceso a la tierra que es negado, el derecho negado a tener agua limpia y suficiente, la persecución de nuestras formas de producción para favorecer la producción industrial y contaminante en las zonas rurales, las acciones de las grandes empresas que quieren apropiarse de todas las semillas y todos los alimentos, el incumplimiento del gobierno de las resoluciones nacionales e internacionales para devolver la tierra y los territorios a las comunidades indígenas y más bien participando en agresiones a las mujeres indígenas. En fin expusimos que todas esas situaciones son violencia contra nosotras y que la institución que ha sido creada para velar por los derechos de las mujeres nos ve con indiferencia.

Además dejamos un documento con muchos de estos casos. Este documento fue elaborado en nuestra organización con la participación de muchas de nosotras.

Ese día, el 17 de octubre, usted propuso realizar una Mesa de Diálogo, donde se pudiera ir tratando estos temas con los funcionarios de alto rango de cada una de las instituciones involucradas.

Desde su despacho, nos propusieron una primera fecha días después, que solicitamos se pospusiera para definir la delegación de la Red que participaría, ya que como somos mujeres de distintas partes del país, no es tan fácil comunicarnos y tomar acuerdos. Propusimos que podríamos reunirnos desde finales de noviembre, en diciembre o enero.

Pasaron estos meses, suponemos que por las fiestas de fin de año y vacaciones de verano de muchos funcionarios y que nuestros problemas no son prioridad para el gobierno, por eso seguimos esperando. En marzo volvimos a comunicarnos y desde su despacho nos convocaron a un almuerzo ejecutivo. Rechazamos el almuerzo, porque consideramos que en un almuerzo no es mucho lo que podemos decir, ni es mucho lo que nos pueden contestar, y que más bien podría confundir y servir para mostrar hacia afuera que se reunían con nosotras aunque no se resolviera nada.

Les comunicamos que queremos una reunión que sea solo de trabajo.

De esta comunicación nuestra de marzo nos responden en junio, para plantearnos la reunión con ustedes y otros jerarcas el 20 de julio de este año. Unos pocos días antes de la reunión nos escriben diciendo que cancelan la reunión porque van para Guanacaste y ni siquiera plantean otra fecha.

Nosotras nos hemos reunido para analizar esta poca importancia que tiene para ustedes nuestras demandas, si pensamos en cuánta agua contaminada hemos tomado en 10 meses, o cuántos baldes de agua hemos tenido que jalar en nuestros hombros y cabezas, estemos enfermas o no, o cuántas de nuestras gallinas o cerdos han sido perseguidos, matados o llevados por la policía del SENASA, o cuántas agresiones hemos vivido de finqueros no indígenas en nuestros propios territorios indígenas y el INAMU se ha tomado ya 10 meses y no ha podido dar una sola respuesta a nuestras demandas.

Acordamos decirles además que siempre estamos dispuestas a reunirnos para profundizar y recordarles nuestras denuncias y demandas, pero que no esperamos Ia reunión con los brazos cruzados, que seguimos en nuestras luchas, seguimos defendiendo nuestros derechos como mujeres del campo a defender nuestros bienes, a nuestro derecho a seguir siendo indígenas y campesinas y a defender el derecho a estar organizadas en nuestra propia organización.

 

Red de Mujeres Rurales

10 de agosto del 2016

Sala de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.

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El Frente Nacional de Pueblos Indígenas conmemora el sexto Aniversario del desalojo violento de la Asamblea Legislativa

Comunicado de Prensa

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FRENAPI es una organización indígena integrada por indígenas de los diferentes pueblos que se encuentran en el país, cuentan con el apoyo organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos, Iglesias, Universidades, Asociaciones, personas independientes, de Derechos Humanos, entre otras.

En agosto del 2010 en el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, compañeras (os) de diferentes pueblos del país realizamos una actividad en la Asamblea legislativa para demandar una respuesta gubernamental sobre el futuro de la Ley de Desarrollo Autónomo los Pueblos Indígenas # 14.352, la cual garantiza que muchos de nuestros derechos se respeten, establece los mecanismos de relación entre nuestros Pueblos y el Estado y los particulares, todo dentro del marco de nuestra Constitución Política y los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica. Sin embargo, la respuesta que obtuvimos fue el desalojo violento con un grupo de al menos 50 antimotines de la Fuerza Pública que golpeó a hombres y mujeres, apoyados por altos funcionarios de la seguridad interna del edificio legislativo.

En ese momento expresamos “Somos los habitantes originarios de esta Madre Tierra, nuestros derechos ancestrales y milenarios, de antes que llegara la conquista, están siendo usurpados e irrespetados, ni siquiera se respeta el Convenio #169 de la OIT, que está ratificado por el Estado Costarricense”.

Lastimosamente 6 años después de estos hechos y dos décadas de que este proyecto de Ley este en discusión en la Asamblea legislativa, no ha sido aprobado, y las amenazas han crecido, como presión de los invasores no indígenas ilegales por nuestras tierras, casas quemadas, mujeres golpeadas, hombres baleados, macheteados, enjuiciados y encarcelados, sin sentencia alguna, además de amenazas de proyectos como REDD+, hidroeléctricas, entre otras.

Les invitamos este martes 09 de Agosto a la conferencia de prensa que realizaremos a las 9:00am en las instalaciones de las oficinas centrales de la Asociación Nacional de Educadores de Costa Rica (ANDE), San José, Av. 5, C. 0 y 2, donde estaremos ampliando estos temas.

*Para más información:

Pablo Sivas – indígena Térraba 8329-0842

Luisa Bejarano – indígena Ngäbe 8539-1125

Apoyo logístico 8302-2360

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Enviado a SURCOS Digital por Amigos Para la Paz.

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Ambientalistas en peligro

  • Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo por defender el ambiente
  • Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes

Por Darío Aranda

Ambientalistas en peligro

Durante 2015, según la Global Witness, fueron asesinados 185 ambientalistas, 69 más que en 2014.

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

 

*Imagen principal con fines ilustrativos tomada de www.prensa.com

Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.

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Sectores sociales e indígenas cuestionan directriz para consulta indígena

Organizaciones ecologistas, comunidades indígenas, eclesiales, ecologistas, de derechos humanos, paz y no violencia

 

Diferentes organizaciones y representantes de comunidades indígenas se pronunciaron sobre la Directriz para la construcción de un consulta indígena N° 042-MP que sin bien la consideran “una reivindicación histórica de los Pueblos Indígenas de Costa Rica…NO estamos de acuerdo en que se realice en las condiciones actuales de violencia directa contra las comunidades y líderes, sin saneamiento territorial, y entre otros graves problemas que sufren actualmente los territorios indígenas del país”.

Para ellos: “se estará discutiendo y buscando acuerdos bajo la violencia, la amenaza y la impunidad, así como con la presencia de los no indígenas usurpando los territorios e intimidando a las comunidades, ese no puede ser el camino del dialogo cultural ni el de reconocimiento de los derechos indígenas a la consulta, a la tierra /territorio”.

En un fuerte señalamientos aseguran “hay territorios donde los NO INDÍGENAS (“blancos”/“ganaderos”) gobiernan a su antojo, están más presentes que el Estado y desaplican la ley al mejor estilo de control “paramilitar”, como quedó en evidencia en días pasados durante un bloqueo/ manifestación de éstas personas y grupos en Buenos Aires de Puntarenas, haciendo uso de dinamita, machetes, bombas molotov y otros, con acciones desafiantes hacia las autoridades del Estado, siendo parte de ello algunos líderes municipales. Además nos preocupa, la siembra y el trasiego de drogas, (que es) un secreto a voces, (sucede) en la Zona Sur, en que estas bandas utilizan parte de los territorios indígenas”.

Megaproyectos interesados

Para las organizaciones la directriz “está diseñada a la medida de los “interesados” institucionales y de grupos económicos, inversionistas, aunque su forma de convocatoria lo disimule; y es que no solo les interesa la represa Diquís, si no al menos otros 17 proyectos hidroeléctricos que el ICE ha querido impulsar dentro de los territorios indígenas…está en la fila FONAFIFO que avanza en el mecanismo REDD+ y el Pago de los Servicios Ambientales; de igual forma están las obras de infraestructura vial (mega carreteras del sur y el aeropuerto, en cumplimiento del plan Mesoamérica (antes plan Puebla Panamá) que unirán Mesoamérica en la expansiva ruta comercial mundial con el nuevo canal de Panamá, entre otras cosas”.

Propones que: si el gobierno quiere adelantar este proceso, tiene que generar condiciones, reconocer las enormes asimetrías que fundan esta relación y empezar a sentar bases que con los años o décadas puedan generar otros escenarios donde esta propuesta si tenga mayor legitimidad y aceptación social para los beneficiados y no solo para los interesados.

Condiciones mínimas

Además establecen criterios básicos para avanzar en este sentido: ejecutar de inmediato las políticas de saneamiento territorial así como “detener definitivamente las acciones de violencia que han sido sistemáticas, organizadas y continuas hacia los indígenas en su territorio. Así como detener, indagar e investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, muchos de ellos identificados plenamente por las personas indígenas ofendidas”. También los firmantes piden que se tome una decisión de aprobar o archivar el proyecto de ley 14.352, Ley de Autonomía de los Pueblo Indígenas, que lleva más de 20 años de esperar su aprobación.

Las organizaciones firmantes son FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas), Talamanca por la Vida y por la Tierra, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), COECO Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, Servicio paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR, Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), Organizaciones del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.

*Ver completo en: http://www.feconcr.org/doc/Pronunciamientodirectrizindigena.pdf

 

*Imagen tomada de http://www.feconcr.org/

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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La Violencia como Negocio

Marlin Avila

 

La violencia generada y en crescendo desde el golpe de Estado perpetrado por la oligarquía aliada con fuerzas de ultraderecha internacional, terminó convirtiéndose en un negocio lucrativo para algunos sectores del mercado nacional e internacional, razón por la cual, éste es un obstáculo más para lograr reducirla a los estándares mundiales en un país donde no hay guerra declarada.

Terror

En un país donde el periodismo de investigación científica es casi inexistente y la información del Estado es prohibida, lo que se logra son aproximaciones a la realidad con alto grado de error.

Se ha provocado un miedo permanente en la ciudadanía, en la que los medios hacen apología a la violencia generalizada deliberadamente, induciendo el terror en la población mediante la reproducción de imágenes dirigidas a crear pánico la ciudadanía motivada a comprar cualquier medio de protección familiar, contratando los servicios de seguridad privados, evitar a toda costa utilizar los servicios públicos de transporte, creando al fin un ambiente de terror generalizado, que evita cualquier manifestación crítica, puesto que en el imaginario social el Estado está involucrado con este ambiente de inseguridad y terror.

Si contamos a casi cien mil muertes violentas en siete años, estimando a cinco miembros por familia, estamos hablando de medio millón de personas afectadas en su economía, en su vida social y en su estado emocional. Es decir, casi un 6% de la población ha sufrido actos de violencia criminal. Un grupo de psicólogos nos decía que el 35% de la población (2.8 millones) sufre de trastornos o irregularidades mentales. Seguro que los efectos directos e indirectos de la violencia provocada por el crimen, organizado o no, tiene que ver con esto.

Negocio

Hemos visto cómo se han cerrado bastantes negocios de la pequeña y mediana empresa, pero no vemos que cierren una funeraria, una venta de ataúdes; una empresa de seguros de vida; las empresas de seguridad privada, las tiendas de venta de armas; de alarmas y cámaras de seguridad, una cárcel o un cementerio privado. Al contrario, estos negocios crecen como algas en aguas estancadas. En las proximidades de las morgues y de los hospitales públicos, se cierran otros negocios para instalar farmacias, funerarias y venta de ataúdes.

Si contabilizáramos a 25 mil lempiras por servicio funeral, incluyendo el ataúd, dado que la gran mayoría de homicidios es contra familias pobres, entre el 2014 y 2015, se tuvieron cerca de once mil víctimas, lo cual implicaría una inversión al menos de 275 millones de lempiras, poco más de 12 millones de dólares. Si estimáramos estas mismas cifras para los dos años anteriores, estamos hablando de 24 millones de dólares.

La inversión en 2,300 cámaras para seguridad en las calles del Valle de Sula y Tegucigalpa, se puede redondear en L.13, 344,000 (US$600 mil dólares), sin incluir la instalación, mantenimiento, reparación y el costo de monitoreo que exige su buen funcionamiento. Esto lo pagamos con el “Tazón”.

En guardias privados se invierte alrededor de mil cuatrocientos millones de lempiras solamente en sus armas (L.1, 400 millones). A esto hay que sumarle mil quinientos millones de lempiras (L.1, 500 millones) mensuales que debemos pagar por 79 mil guardias que tenemos cuidando los negocios y las personas que circulan en el comercio. A los guardias apenas les pagan el salario mínimo aun cuando trabajan más de las ocho horas diarias. Es decir, las empresas de seguridad tienen una utilidad de 2,400 millones anuales, suponiendo que invierten los restantes 26 millones en nuevo armamento, equipamiento y administración. Este es un negocio dominado por ex oficiales militares y policiales. Es decir, que invertimos un promedio de L.2, 900 millones en mantener a 700 empresas de seguridad privada. Lo que equivale a USA$ 128, 482,807. Este negocio debe seguir creciendo para ubicar a los nuevos oficiales de policía y ejército que se van retirando. La vinculación entre estas empresas de seguridad privada y las instituciones de seguridad y defensa debe ser una de las constantes, lógicamente. Si esto lo proyectamos a los años 2012 al 2014, sumando los estimados del 2015, estamos invirtiendo US$513, 931,228 en los últimos cuatro años.

Además, para mantener el sistema de seguridad (y “defensa”), pagamos 1% de las transacciones que se hacen en el sistema financiero nacional a lo que llamamos el “Tazón”. Hasta octubre del año anterior último se estimaba haber invertido en este rubro L. 8,126.99 Millones. Si anualmente se recaudan más de L. 1,900 millones, a estas alturas de pueden haberse invertido aproximadamente L.9, 200 millones (USA$ 407, 600,630.98) desde el 2012. Es decir, noventa millones y medio de dólares promedio por año. Recordemos que el Ejército obtiene del Tazón el 37%, la Secretaría de Seguridad el 32%, la DNII el 18%, el 6% va a proyectos de prevención y el 2% a la Corte Suprema de Justicia.

Solamente en enterrar nuestros familiares; en pagar seguridad privada, y en pagar el programa de seguridad del gobierno, hemos invertido del 2012 al 2015, un aproximado de US$945, 531, 858.98. Muy cercanos a los mil millones de dólares estadounidenses, lo cual es un movimiento financiero significativo para un país pequeño y pobre.

Esta cantidad excluye otras inversiones en seguridad por no tener las aproximaciones, como son los vehículos blindados; los sistemas electrónicos de seguridad privados; la infraestructura de “barrios seguros”; los gastos de los hospitales privados y públicos en atender heridos; el remplazo de vehículos destruidos en las empresas y de individuos; los sobornos y pago de rescates; la quiebra de micro y mediana empresa; incluso, el desmantelamiento de negocios y empresas por inseguridad. También se excluye la inversión en forma de donación, por capacitaciones, asesoría o dotación de equipos de países amigos. Solamente de los Estados Unidos se han recibido al menos US$200 millones para fortalecer las fuerzas armadas y policías en los últimos 6 años.

Además de lo anterior, el gobierno ha aumentado en Defensa para los últimos seis años su presupuesto en 150%. Lo cual nos dice que la institución que mejor aprovecha de las raquíticas finanzas nacionales, por la situación grave de inseguridad son las Gloriosas.

Balance

Si hacemos un balance de los gastos en seguridad versus los resultados obtenidos, confirmaremos que estas inversiones no se equiparan a la leve reducción de la inseguridad, en los últimos siete años. Las bajas en homicidios se deben en mucho a la intervención de países amigos que han tenido un significativo impacto en el desmantelamiento de algunos carteles de la droga que afectan su propia seguridad.

Los gastos en medios represivos no se detienen, puesto que la política del Estado va dirigida a la persecución, el castigo y la represión de quienes violentan el estatus quo. Lo que menos se hace es labor de prevención. Los programas como “Actívate” y otras pequeñas actividades urbanas deportivas y de distracción momentánea, pagadas con el 6% del Tazón, son insignificantes ante la gravedad. La prevención exige otras inversiones consistentes en capacitación y fortalecimiento a los pocos y raquíticos sistemas de medicina forense, investigación científica del crimen, inclusive equipamiento y montaje de laboratorios forenses; ampliación de la educación superior y el acceso laboral digno a la juventud.

Lo que se hace es lo que incrementa el negocio de empresarios metidos en el comercio de armas, de sistemas de seguridad, cárceles, vehículos blindados, equipos de asalto y antimotines. El mismo sistema de justicia carece de juristas suficientes y bien calificados, y la mayoría de fiscales están “aprendiendo haciendo”, es decir, son novatos que no han recibido la necesaria preparación para enfrentar los casos de manera profesionalmente sólida. A los mejores profesionales del derecho se les aísla y reduce su cobertura, si no es que se les expulsa, muchas veces por ser críticos al sistema impune. Mientras se mantiene debilitado el sistema de justicia, se fortalecen los medios de represión contra la oposición al sistema político predominante.

Giro a Prevención

Girar un programa represivo y confrontativo de seguridad hacia una estrategia enfocada a la prevención, tendría como opositores fuertes a algunos sectores comerciales y de negocios que se lucran diariamente por el terror establecido, lo que hace que diputados y líderes sociales aprueben de primera instancia y “de buena voluntad” leyes y medidas represivas. Los gobernantes y quienes hacen las políticas de Estado, deben evitar hacer crecer esta tendencia de combate a los efectos e irse a las causas, antes que los obstáculos sean mayores y casi imposibles de revertir. La democracia real no descansa sobre bases de miedo y terror, pero sobre tolerancia al contrario, libertad de expresión, movilización y autocrítica.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Pronunciamiento sobre la Directriz para la construcción de una consulta indígena N° 042-MP

“Aunque se vista de seda megaproyecto se queda”

 

Representantes de comunidades indígenas del país junto con organizaciones de distintos sectores sociales, eclesiales, ecologistas, de derechos humanos, paz y no violencia, nos reunimos el pasado 26 de mayo del 2016 en San José, con el objetivo de analizar la propuesta del Ministerio de la Presidencia de impulsar una directriz, para la construcción de un mecanismo de consulta a Pueblos Indígenas.

La publicación de esta directriz, si bien es una reivindicación histórica de los Pueblos Indígenas de Costa Rica para obtener un mecanismo de consulta, NO estamos de acuerdo en que se realice en las condiciones actuales de violencia directa contra las comunidades y líderes, sin saneamiento territorial, y entre otros graves problemas que sufren actualmente los territorios indígenas del país.

La falta de diálogo cultural y de reconocimiento de legitimidad histórico- política con los Pueblos Indígenas (PI), es evidente y cruza todas las relaciones de estos pueblos con el Estado y las sociedades NO indígenas. Es una relación marcada por el despojo, el desprecio discriminatorio y el racismo.

Para muestra, está la realidad indígena cotidiana, donde hay territorios donde los NO INDÍGENAS (“blancos”/“ganaderos” ) gobiernan a su antojo, están más presentes que el Estado y desaplican la ley al mejor estilo de control “paramilitar”, como quedó en evidencia en días pasados durante un bloqueo/ manifestación de estas personas y grupos en Buenos Aires de Puntarenas, haciendo uso de dinamita, machetes, bombas molotov y otros, con acciones desafiantes hacia las autoridades del Estado , siendo parte de ello algunos líderes municipales. Además nos preocupa, la siembra y el trasiego de drogas, (que es) un secreto a voces, (sucede) en la Zona Sur, en que estas bandas utilizan parte de los territorios indígenas. Lo que tenemos es una bomba de tiempo, que supera el tema de una directriz específica, y de una política pública hacia los Pueblos Indígenas.

Muchos de estos sectores NO indígenas poseen tierras dentro de los territorios, la mayoría por despojo directo y violento o en condiciones ilegales, buscando indemnización bajo actos prohibidos por la ley y de los tribunales.

Nos preocupa el impulso de la directriz, buscando establecer el mecanismo de consulta, ya que es una propuesta, diseñada a la medida de los “interesados” institucionales y de grupos económicos, inversionistas, aunque su forma de convocatoria lo disimule; y es que no solo les interesa la represa Diquís, si no al menos otros 17 proyectos hidroeléctricos que el ICE ha querido impulsar dentro de los territorios indígenas, la mayoría de ellos, en etapas de identificación y estudios preliminares. Estos proyectos representan, con respecto a la capacidad hidroeléctrica futura total, aproximadamente un 30% tanto en términos de potencia como en energía.

Este es uno de los intereses de esta esperada convocatoria, pero no el único, está en la fila FONAFIFO que avanza en el mecanismo REDD+ y el Pago de los Servicios Ambientales; de igual forma están las obras de infraestructura vial (mega carreteras del sur y el aeropuerto, en cumplimiento del plan Mesoamérica (antes plan Puebla Panamá) que unirán Mesoamérica en la expansiva ruta comercial mundial con el nuevo canal de Panamá, entre otras cosas.

Por lo tanto, creemos:

Si el gobierno quiere adelantar este proceso, tiene que generar condiciones, reconocer las enormes asimetrías que fundan esta relación y empezar a sentar bases que con los años o décadas puedan generar otros escenarios donde esta propuesta si tenga mayor legitimidad y aceptación social para los beneficiados y no solo para los interesados, a través de un proceso amplio y debidamente informado, de conformidad con los principios y derechos establecidos ( geografía – idioma – comunidades – tiempos según clima y los periodos de las actividades productivas – etc).

Ejecutar de inmediato las políticas de saneamiento territorial, que garantice a los pueblos indígenas, su integridad, su libertad y su autonomía dentro del territorio y fuera de él, de forma que el pueblo indígena pueda vivir libre del asedio y ataque de los NO indígenas en su territorio.

Detener definitivamente las acciones de violencia que han sido sistemáticas, organizadas y continuadas hacia los indígenas en su territorio. Así como detener, indagar e investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, muchos de ellos identificados plenamente por las personas indígenas ofendidas.

Aprobar o archivar el proyecto de ley 14.352, Ley de Autonomía de los Pueblo Indígenas, que lleva más de 20 años de esperar su aprobación; así como que se respeten los derechos de los PI establecidos en el convenio 169 de la OIT, y la Declaración de los Derechos Humanos de los PI de la ONU (2007), las resoluciones de los tribunales nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen garantías y reafirmas esos derechos humanos específicos.

Por lo anterior, reiteramos que reconocemos que esta directriz no es el mecanismo de consulta, sino el camino hacia ese mecanismo, por eso es la preocupación y la oposición nuestra, pues se estará discutiendo y buscando acuerdos bajo la violencia, la amenaza y la impunidad, así como con la presencia de los no indígenas usurpando los territorios e intimidando a las comunidades, ese no puede ser el camino del dialogo cultural ni el de reconocimiento de los derechos indígenas a la consulta, a la tierra /territorio.

FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas), Talamanca por la Vida y por la Tierra, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), COECO Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, Servicio paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR, Kioskos socio-ambientales de la UCR, Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), Organizaciones del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.

 

**Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Coecoceiba.

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Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena denunció problemas en audiencia de Sergio Rojas

Buenas Aires de Puntarenas

 

El Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena alerta a la comunidad nacional e internacional sobre los acontecimientos que coincidirán en la población de Buenas Aires de Puntarenas, donde se vive un ambiente de tensión público y notorio, dado que grupos de pobladores no indígenas anunciaron que en días pasados, llevarían a cabo intensas medidas de presión contra el Gobierno de Luis Guillermo Solís.

El pasado martes 10 de mayo a las 8:00 am en Buenos Aires, la Fiscalía Indígena realizaría la audiencia (diligencia judicial) por el caso contra Sergio Rojas y otras personas indígenas del Territorio Indígena de Salitre. Esta audiencia fue convocada fuera de recinto judicial, en un lugar absolutamente inseguro y no neutral, frente al Parque de Buenos Aires y sin justificación en la resolución que comunica el cambio.

Por otra parte, ese mismo días, se llevaría a cabo una reunión del Alcalde de Buenos Aires de Puntarenas con Presidentes de las ADIS del Sur para tratar el asunto de las tierras indígenas junto con una fuerte de movilización de personas no indígenas hacia la Municipalidad, algunas de las cuales amenazaron no sólo con mayores medidas de presión sino con violencia física contra algunas de las personas en el proceso judicial.

A pesar que los abogados litigantes en esta causa realizaron una gestión frente a la Fiscalía de Asuntos Indígenas por asuntos de seguridad, fue rechazada y apunta que la Fiscalía de Asuntos Indígenas en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial gestionó lo pertinente para garantizar la seguridad de las partes.

De la misma manera, se notificó la situación al Gobierno de la República y al Poder Judicial, ambas instancias comunicaron la responsabilidad y el control de la situación.

Es por esto que el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, responsabilizó al Estado costarricense de la seguridad de las personas que participaron en las diligencias judiciales y llamaron a la comunidad nacional e internacional a permanecer en estado de vigilancia ante eventuales actos de violencia.

Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.

 

*Imagen tomada de Semanario Universidad.

Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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Pronunciamiento de RIGELOPS y Red de Gestores CARAIGRES ante los hechos de violencia contra los pueblos bribri de Cabagra y Salitre

La Red de Gestores Locales Indígenas del Pacífico Sur (RIGELOPS) y la Red de Gestores Locales Acosta-Aserrí, con mucha consternación hemos tenido conocimiento de la violencia sistemática del que son víctimas familias bribris de los territorios de Cabagra y Salitre durante las últimas semanas de los meses de marzo y abril del presente año, por el sagrado derecho de luchar por la tierra que legítimamente les pertenece según lo estipula la legislación nacional e internacional vigente en Costa Rica como es la Ley Indígena (1977), el Convenio N°169 de la OIT sobre derechos de los Pueblos Indígenas (1993), la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas (2007), entre otros.

Resulta del todo contraproducente que siendo que el Estado costarricense desde el año 1945 previó vía decreto resguardar las tierras indígenas del cantón de Buenos Aires, y que mediante el decreto N°34 de 1956 se creara las “reservas” de Cabagra, Salitre y Ujarrás como tierras exclusivas para la población indígena, y que estas fueran elevadas a rango de ley mediante la ley N°6172 del 1977; han pasado 60 años y el Estado no ha resuelto la problemática de la tierra, muy al contrario, se ha agudizado al nivel de la salvaje violencia organizada y sistemática de los usurpadores contra la población indígena de estos territorios como los ocurridos el 7 de abril del 2016 en la comunidad de Nima Dikol (Palmira) en el territorio de Cabagra.

En estas décadas, gobierno tras gobierno han elaborado un discurso indigenista carente de toda credibilidad por su ineficacia. Se instalaron comisiones y mesas de diálogo, visitas de autoridades, se pelotean el tema indígena entre los ministerios, diseñan desde arriba programas y proyectos de etnodesarrollo sin incidir en la situación de fondo, la tenencia de la tierra dentro de los territorios indígenas, donde entre el 50 y 60% de las tierras están en manos de terratenientes no indígenas que son poseedores de mala fe y que ilusionan con la apetecible indemnización por parte del Estado.

La estrategia propuesta por el gobierno de turno para solucionar la situación de la tierra en el territorio de Salitre no ha traído ninguna solución, y no puede ser recetada como solución al resto del país mediante un Programa Nacional de Recuperación de Tierras sin la participación de los actores directos, es decir, las comunidades de recuperantes, y no centrarlas en las cuestionadas Asociaciones de Desarrollo.

Por lo expuesto, las y los estudiantes del Técnico en Gestión Local (TGL) de Acosta – Aserrí y de Pueblos Originarios, juntamos nuestro pensamiento y nuestra palabra. El desarrollo de nuestros pueblos y comunidades, debe ir de la mano con nuestra cultura, con nuestra sociedad, con nuestra economía y con nuestro medio ambiente. Por eso el interés que tenemos por la tierra y la naturaleza como fuente de vida y cultura nos une e identifica.

Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia física en los territorios de Salitre y Cabagra, particularmente a las comunidades de recuperantes en Nima Dikol (Palmira) y Brazo de Oro. Que haga justicia pronta y cumplida para las víctimas indígenas.

Expresamos nuestra solidaridad con el Consejo de Mayores Originarios Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra, entidad propia de organización clánica bribri, por el incendio de que fue objeto el sagrado U-Sure, Casa cósmica bribri, efectuado por manos criminales el 23 de febrero. Lamentamos que hasta la fecha las autoridades competentes no hayan esclarecido este lamentable hecho que constituye un atentado contra la espiritualidad y cultura bribri.

Por lo tanto apoyamos las recuperaciones de tierras por parte de las organizaciones tradicionales como Bekg-tlra ñlre, Iriria Jtechö Wakpa y otras, ya que es su derecho ancestral.

Demandamos que el Gobierno de la República declare emergencia nacional la situación de las tierras y territorios indígenas en Costa Rica, y en consecuencia se diseñen y ejecuten políticas reales, profundas y de amplia participación indígena para que, definitivamente, solucione la deuda histórica con los pueblos indígenas en materia territorial y de un buen vivir a la altura de su dignidad.

San Ignacio de Acosta / Buenos Aires de Puntarenas, 29 de abril del 2016.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Rafael López Alfaro, Programa de Gestión Local, Dirección de Extensión Universitaria, UNED.

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Recurrentes agresiones contra indígenas ponen en evidencia ineficiencia del aparato Estatal

A la opinión pública nacional e internacional

Repudiamos que nuevamente se haya derramado sangre indígena en la zona sur, responsabilizamos al Estado – Gobierno por estos hechos

 

El día 07 de abril de 2016, fueron atacadas de manera violenta dos comunidades indígenas en la Zona Sur, una en el Territorio Bribri de Cabagra (Nima Dikol o Palmira) y otra en el Territorio Bribri de Salitre (entrada a Yeri, Sector Palmital), unido a lo anterior el domingo 03 de abril del 2016, de la misma forma fue atacado uno de los campamentos de recuperantes de la Finca San Andrés en Territorio Brorän de Térraba

El pasado 22 de febrero de 2016 en Cabagra (Nima Dikol Palmira) Clarita Quiel Torres, Bribri junto con familiares recuperaron la tierra de sus antepasados; esta finca estaba usurpada por dos no indígenas Heidy Mora y su esposo, que viven en San Marcos de Tarrazú y en otro sector de la finca por el no indígena Mario Espinoza.

Ese mismo 22 de febrero en Cabagra (Sector de Brazo de Oro) Gonzalo Torres Torres, familia y otros Bribris, recuperaron también la finca de su abuelo Napoleón, usurpada por el no indígena Jesús Monge

Meses atrás Samuel Delgado Rojas y su familia, recuperaron una finca en Yeri de Salitre, de un usurpador no indígena de apellido Ceciliano que vive en Cartago y se la había arrendado al no indígena Víctor Zúñiga.

Desde el año anterior en Térraba un grupo de familias Brorän recuperaron la Finca San Andrés, ubicada entre el Rio Térraba y la Interamericana Sur.

Todas estas recuperaciones son parte del proceso de Afirmación Territorial Autónoma, apoyado por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, proceso que se inició hace ya varios años en Salitre, como parte de la lucha por el respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.

Las agresiones, con armas blancas y armas de fuego, ocurridas en el día 07 de abril, dejan como resultado dos personas heridas y hospitalizadas; Adilio Ortiz, fue golpeado y cortado en su cabeza, piernas y espalda y fue baleado en la mano derecha y en la pierna izquierda. Antonio Torres Leiva, fue baleado en la cara y golpeado en todo su cuerpo., también existen otros heridos sin atención hospitalaria. Además la quema y destrucción de sus casas, enceres domésticos y personales, en Nima Dikol de Cabagra, Yeri de Salitre y San Andrés de Térraba.

Al menos en dos de las comunidades han sido identificados los agresores, quienes son responsables de estos actos delictivos en Nima Dikol, se identificó plenamente a los no indígenas Antonio Jimenez Leiva, Mario Espinosa Vargas, Henry Marín Chinchilla, Wilson Uva Hidalgo, Miguel y Luis ambos Bermúdez Matamoros.

En el ataque a los Bribris de Palmital de Salitre, fueron plenamente identificados, los no indígenas, Víctor Zúñiga, sus hijos Víctor Hugo, Albín y su sobrino Carlos, todos de apellidos Zúñiga; en ambos ataques participaron los no indígenas acompañados de otros no indígenas y peones de estos.

Hemos constatado, que estos actos sistemáticos de violencia que producen agresiones a la integridad física y territorial de los Pueblos Indígenas, ponen en evidencia la ineficiencia del aparato Estatal que la detenga, deja en la impunidad los muchos delitos ya denunciados, y permite que estas bandas organizadas de manera ilícita para delinquir queden en libertad de actuación para cometer nuevos delitos y agresiones contra estos Pueblos.

La opinión pública debe saber que esta violencia en contra de los Pueblos Indígenas del Sur, promovida por los no indígenas y no detenida, ni sancionada por el aparato estatal costarricense, llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de abril del 2015, estableciera medidas cautelares de las que tiene que rendir cuentas el mismo Estado costarricense frente a la comunidad internacional. Adicionalmente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su último Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Costa Rica (marzo 2016) recalca que “el gobierno debe garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria“ ; y debe “ d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques».

Organizaciones de distintos sectores sociales, eclesiales, académicos, estudiantiles, de mujeres, diversidad sexual, ecologistas, de derechos humanos paz y no violencia que integramos el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena:

Responsabilizamos al Estado costarricense, y en especial al Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera, por estos actos de violencia y en especial los ataques y agresiones perpetrados el día 07 de abril, hacemos responsable al mismo gobierno (Estado) de las posibles nuevas agresiones que se puedan dar, pues hay una conducta sistemática, organizada, continua y de la que las autoridades tienen conocimiento de los responsables de estos ataques, así como de no tomarse las medidas oportunas que impidan estas violaciones.

Solicitamos;

1- Detener, indagar e investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, muchos de ellos identificados plenamente por las personas indígenas ofendidas.

2- Establecer un protocolo, inter-institucional efectivo, que cuente con herramientas que garantice, el cumplimiento de las medidas cautelares, establecidas por la CIDH, de forma integral, de modo tal que se prevenga actos como los ocurridos el día de ayer.

3- Investigar las actuaciones de los funcionarios públicos a cargo del cumplimiento de estas medidas cautelares, para determinar su responsabilidad en el cumplimiento de los Derechos Humanos, pues como lo establecen los tratados internacionales, los Estados son responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, por acción y/o por omisión.

4- Se ejecuten de inmediato las políticas de saneamiento territorial, que garantice a los pueblos indígenas, su integridad, su libertad y su autonomía dentro del territorio y fuera de él. De forma que el pueblo indígena pueda vivir libre del asedio y ataque de los no indígenas en su territorio.

5- Que el Gobierno de la República, dé explicaciones claras a los pueblos indígenas afectados, a la comunidad nacional e internacional sobre estos hechos de violencia.

San José, 08 de abril del 2016.

COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMIA INDIGENA

SERVICIO PAZ Y JUSTICIA-COSTA RICA- SERPAJ-CR

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS- FRENAPI

ASOCIACION COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS- ACODEHU

IGLESIA LUTERANA COSTARRICENSE- ILCO

CENTRO DE AMIGOS PARA LA PAZ- CAP

COMUNIDADES ECOLOGISTAS LA CEIBA- AMIGOS DE LA TIERRA- COECO-AT.

COMUNIDADES CRISTIANAS COSTARRICENSES- COCRIC

RED ECUMENICA DE LECTURA POPULAR DE LA BIBLIA

JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACION- JPIC

RED DE PUEBLOS INDIGENAS Y ACCION UNIVERSITARIA: UNA

MOVIMIENTO HUMANISTA, ENTRE OTROS.

SUSCRIBA EL COMUNICADO: https://www.change.org/p/casa-presidencial-costa-rica-para-…

 

 

Información e imagen tomadas para SURCOS Digital de la página de Facebook Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI, Costa Rica.

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Alto a la violencia contra los pueblos indígenas

Alto a la violencia contra lospueblos indigenas

El movimiento de Solidaridad con los Pueblos Indígenas convoca a manifestarse en contra de la violencia hacia los pueblos indígenas (Salitre, Térraba y Cabagra), el próximo martes 12 del presente mes, en la Plaza 24 de abril, UCR.

Se recolectarán víveres.

 

Información tomada para SURCOS Digital de Facebook.

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