Ir al contenido principal

Autor: María José Ferlini Cartín

Sentida pérdida del Gran Pablo

SURCOS comparte estos mensajes de condolencia:

Lamentamos informarles que nuestro querido Dr. Pablo Ortiz falleció.

Dejaste una huella enorme en la vida de muchísimas personas. Siempre siempre te llevaremos en nuestros corazones.

Jamás olvidaremos toda la gran labor que realizó nuestro amigo, un médico visionario y humanista que mostró la importancia de la atención primaria de la salud y la gestión interorganizacional para atender integralmente la salud de las personas, sobre todo las más pobres como los Pueblos Originarios. 

Sus inigualables carcajadas y su estilo único de ver la vida siempre estarán en nuestros corazones Doc.

Paz a su memoria.

Informaciones compartidas con SURCOS por el doctor Luis Bernardo Villalobos Solano.

Rafael Eduardo López Alfaro – candidato a miembro interno del Consejo Universitario de la UNED

Rafael Eduardo López Alfaro presenta su candidatura para el Consejo Universitario de la UNED para el período 2024-2029 con el lema «Por una UNED que no deja a nadie atrás: Inclusión, innovación y transformación social».

Su plan de trabajo se centra en fortalecer la presencia de la UNED en las comunidades, defender la autonomía universitaria y garantizar un financiamiento justo, además de promover la transparencia y rendición de cuentas.

Entre sus principales propuestas se destacan la creación de programas académicos y de extensión adaptados a las necesidades locales, la promoción de alianzas estratégicas con actores locales, y la defensa firme de la autonomía universitaria. También aboga por la innovación y flexibilidad en la oferta académica, el fortalecimiento del acompañamiento estudiantil, y el fomento de una universidad más democrática y participativa. López Alfaro subraya la importancia de la internacionalización y la cooperación para potenciar la movilidad y la investigación conjunta. Se compromete a trabajar de manera transparente y a mantener una comunicación abierta con toda la comunidad universitaria.

Rafael Eduardo López Alfaro agradece el apoyo recibido tras anunciar su candidatura al Consejo Universitario para el periodo 2024-2029. Destaca dos ejes principales de su propuesta: fortalecer la presencia de la UNED en los territorios y asegurar el bienestar de todos los miembros de la universidad. Se compromete a mejorar las sedes y centros universitarios para que la UNED sea un motor de desarrollo local, brindando educación accesible y de calidad, y promoviendo la investigación y extensión adaptadas a las necesidades regionales.

Además, enfatiza la importancia de crear un entorno de bienestar que promueva el respeto, la equidad y el desarrollo integral, mejorando las condiciones laborales y académicas. López Alfaro subraya la necesidad de una participación activa de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, fomentando espacios de diálogo donde se escuchen y consideren todas las voces. Concluye reafirmando su compromiso con estos objetivos y espera seguir recibiendo apoyo y aportes de la comunidad universitaria.

Video de presentación de candidatura:

Se invita a leer el plan de trabajo adjunto en detalle.

Nogui Acosta y Marta Esquivel, dos nefastos empleados públicos

José Luis Valverde Morales.

Por José Luis Valverde Morales

Las listas de espera crecen en el Seguro Social, el Ministro de Hacienda, prefiere se pierda un préstamo internacional en condiciones blandas, antes de pagarle a la Caja.

Muchos ni siquiera imaginan cómo sería Costa Rica, sin servicios médicos para todos.

Algunos pensionados en su ignorancia apoyan la destrucción de esta importante conquista social.

La moda, culpar a los demás, así matan en silencio a la gallina de los huevos de oro.

El jaguar ruge, hay quienes aplauden mientras los devora.

Reclamo por inacción de la Fiscalía Agraria Ambiental

El señor Marco Vinicio Levy Virgo, quien es vecino de Limón, interpone un reclamo y denuncia en contra del Fiscal responsable de la Fiscalía Agrario Ambiental debido a la inacción de esta fiscalía en la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA). De acuerdo con el demandante, la presencia de empresarios inmobiliarios en la zona ha influenciado sobre Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras instancias ambientales. Además, han adquirido tierras de pobladores locales y buscado modificar los límites del refugio.

Sobre la falta de acción de la Fiscalía Agrario Ambiental, se señala que no ha investigado ni dado seguimiento a las denuncias presentadas y que, esta inacción ha facilitado la destrucción de la zona boscosa del REGAMA.

A pesar de las resoluciones judiciales, como anular la Ley No. 9223 respecto a los territorios en la zona boscosa y ordenar al SINAC delimitar estas áreas, ha habido errores y descoordinación en su implementación. Lo anterior porque, la delimitación de las zonas boscosas es responsabilidad exclusiva del SINAC y la delimitación ordenada no constituye una definición normativa de los límites del refugio, la cual debe hacerse por ley o decreto.

Levy Virgo indica que algunas consecuencias de la inacción son la tala indiscriminada en los territorios de la zona boscosa y el posible incumplimiento por parte de la Fiscalía Agrario Ambiental de las órdenes judiciales.

Mientras que, por medio de un oficio emitido por la Procuraduría General de la República hacia el Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (DAA-OFI-1552-2022) se dirige al Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe perteneciente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 

En este documento se indica que, refiriéndose a la anulación de la Ley No. 9223: la Sala Constitucional, en el voto No. 2019-12745 del 10 de julio de 2019, anuló la Ley No. 9223 respecto a los territorios en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).

Dentro del mismo documento se señala que se ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) delimitar el área mencionada. Así como también una serie de errores de comunicación ya que, los oficios SINAC-ACLAC-DR-003-2021 y SINAC-ACLAC-DR-433-2022 contenían una manifestación errónea indicando que la delimitación era un trabajo conjunto entre SINAC y la Procuraduría General de la República (PGR).

Respecto a la delimitación de zonas con cobertura boscosa, la delimitación del área boscosa es responsabilidad exclusiva de SINAC, no de la PGR, que carece de competencias para esta tarea. Y la delimitación ordenada por el voto No. 2019-12745 no constituye una definición normativa de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo cual debe hacerse por ley o decreto.

Sobre la anulación de la Ley 9223; ésta implica retornar las cosas a su estado original, restableciendo la situación anterior a la emisión de la ley, por lo cual los límites definidos en la Ley 9223 ya no subsisten.

Por lo que, el oficio emitido por la Procuraduría General de la República hacia el Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (DAA-OFI-1552-2022) concluye en que se reafirma la responsabilidad exclusiva de SINAC en la delimitación técnica de las zonas boscosas, conforme al voto judicial mencionado.

Lo anterior resume lo dicho por M. Sc. Susana Fallas Cubero, procuradora y firmante del oficio emitido por la Procuraduría General de la República hacia el Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (DAA-OFI-1552-2022)

Asimismo, en la resolución dada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda interpuesta por el señor Marco Vinicio Levy Virgo se declara con lugar el recurso y se ordena a Maylin Mora Arias, directora regional del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, concluir, en el plazo de 3 meses, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021. 

También, a Delio Antonio Robles Loaiza, en su condición de jefe del Departamento de Urbanismo, y a Daniel Brenes Arroyo, encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como a Rugeli Morales Rodríguez, alcalde, y a Yahaira Mora Blanco, presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, se les llama a disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca. 

Desde la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se advierte a las autoridades recurridas que según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. 

Por último, se condenó al Estado, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Respeto para las personas adultas mayores – 15 de junio conmemoraciones nacional y mundial

15 de junio:
Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez.
Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores.

Dr. Fernando Morales Martínez
Médico Geriatra y Gerontólogo
Decano Facultad de Medicina
Universidad de Costa Rica

Hoy 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez y el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, que se constituye en un tema relevante, debido a la significativa proporción de personas de 65 años y más, que representan un 13,63% de la población costarricense (ENAHO, 2022), al respecto deseo exponer esta reflexión.

Hace 48 años en la revista médica British Medical Journal, se publicó un artículo del Dr. Burston que lo tituló “Maltratando a la abuelita” (Granny batterig), llamando la atención al mundo científico del abuso hacia los mayores por parte de los familiares.

En 1995, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología fundamos el Comité de Estudio Integral del Adulto Mayor Agredido y Abandonado (CEINAA), con el fin de llevar a cabo un abordaje interdisciplinario para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de las personas adultas mayores en condiciones de abuso y abandono e identificar las características correspondientes con el fin de establecer lineamientos de atención.

En 1999, en nuestro país se publica la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en donde se propone garantizar la protección jurídica y psicosocial de la población adulta mayor afectada por el abuso físico, psicológico, patrimonial, sexual o por negligencia, por medio de la aplicación de las medidas de protección y procedimientos establecidas en Ley Contra la Violencia Doméstica.

En mayo de 2012, Costa Rica se sumó a los países de América Latina y el Caribe quienes, reunidos en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en San José, adoptamos la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe. Nuestro compromiso consistió en no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas adultas mayores, así como la férrea e inclaudicable voluntad de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, y de crear redes de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos.

El 15 de junio de 2015, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y Costa Rica fue uno de los 5 Estados que de inmediato firmaron su texto, junto a los gobiernos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.

Hay que recordar que Costa Rica ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 de octubre de 2016. Con lo cual, desde el año 2016, el país cuenta con un marco de referencia vinculante de derechos humanos específicos para las personas adultas mayores.

Estas y otras normativas como la Ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional conforman el marco jurídico de protección a las personas adultas mayores en nuestro país.

Como lo señala la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la persona adulta mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. A su vez, define la violencia contra la persona adulta mayor como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona adulta mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.

En esta definición se comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.

El maltrato hacia las personas adultas mayores es un problema social grave y actual, sin importar el nivel económico o educativo de quien lo ejerza o padezca. Las personas adultas mayores suelen ser víctimas de malos tratos y abusos por parte de sus familiares, vecinos, entidades públicas y privadas. Esta situación repercute en su salud, calidad de vida y en el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Los factores de riesgo son múltiples en especial para aquellas personas adultas mayores que están en vulnerabilidad, enfermedad crónica irreversible, no cuentan con familiares o parientes y están en total abandono.

La realidad es que el abuso, maltrato, abandono y la negligencia hacia las personas adultas mayores está presente en nuestra sociedad y cada año se acrecienta más, agravada en los últimos años como resultado de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19.

Desafortunadamente los datos que evidencian esta problemática de violencia en las personas adultas mayores no son tan precisos y los que se muestran están lejos de la realidad, lo que no permite tomar decisiones y acciones oportunas en la protección de sus derechos mediante respuestas ante las múltiples necesidades de esta población.

Esta es una situación creciente que debemos poner atención con medidas correctivas oportunas porque alcanza todos los extractos de la sociedad.

El objetivo es que se contemple una nueva visión del envejecimiento, de tal manera que se promueva la inclusión de las personas adultas mayores en la sociedad, se ofrezcan bienes y servicios de calidad y de manera especial, se dé cuenta de su contribución al desarrollo.

Quiero invitarlos a construir una cultura de protección a la integridad y dignidad de las personas adultas mayores con el fin de lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, su empoderamiento y, por supuesto, estimular e incrementar sus capacidades para defenderse ante situaciones abusivas. Hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros que se encuentre en esta espiral de violencia y se vea perjudicado.

Los actuales políticos ticos: «descubrieron el agua tibia»

Por Bernardo Archer Moore

Las comunidades tribales costarricenses existen mucho antes de que los políticos actuales las reconocieran.

Su existencia se remonta al siglo XVII (1650) con la formación de «(*) La Puebla de los Pardos o Puebla de los Ángeles situado en Cartago y compuesto por:

Mestizos, Mulatos y Zambos; el resultado del mestizaje de blanco con indio, blanco con negro y negro con indio respectivamente». Uno de los principales legados de ese primer poblado tribal fue LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES.

*/ (Los Pardos de la Colonia – Álvaro Cuberos).

Desde entonces, los derechos de las comunidades tribales son fundamentales para su subsistencia y bienestar, y requieren la protección especial del Estado, así como de Convenios Internacionales que surgieron debido a su vulneración por parte de los gobiernos nacionales, ahora tutelados por organismos internacionales como la CIDH.

Estas comunidades a menudo viven en áreas aisladas de las grandes ciudades y del gobierno central, lo que las hace más vulnerables a la violación de sus derechos, especialmente en relación con la tierra que habitan.

La tierra es un recurso vital para las comunidades tribales, ya que les proporciona sustento, medios de vida y es parte integral de su identidad cultural y espiritual. La violación de sus derechos sobre la tierra las priva de su forma de vida tradicional y las condena a la pobreza y el sufrimiento.

La falta de acceso y control sobre la tierra puede llevar a la pérdida de recursos naturales, la degradación del medio ambiente y la imposición de proyectos de desarrollo que no consideran las necesidades y aspiraciones de las comunidades tribales.

Esto puede resultar en la destrucción de su entorno natural, la pérdida de sus fuentes de subsistencia y la interrupción de su vida comunitaria y cultural.

Es crucial garantizar y proteger los derechos de las comunidades tribales sobre la tierra que habitan, reconociendo y respetando su derecho a la propiedad y control de sus tierras ancestrales, así como su participación en la toma de decisiones que afectan a sus territorios.

Es importante promover el desarrollo sostenible y la diversificación económica en áreas tribales como Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, Ciudad de Limón, Barra del Colorado, Tortuguero, Siquirres y Matina, para que puedan mejorar sus condiciones de vida sin comprometer su cultura y medio ambiente.

Esto incluye el apoyo a iniciativas de desarrollo local, una mejor calidad de educación, acceso a servicios básicos como caminos de acceso público, servicio eléctrico, agua potable, internet de banda ancha, plantas de tratamiento de aguas residuales y hospitales, así como la valoración y preservación de los conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles de las comunidades tribales.

En resumen, la vulneración de los derechos de las comunidades tribales sobre la tierra las condena a la pobreza y el sufrimiento. Por ello, es fundamental garantizar y proteger sus derechos sobre la tierra, promover el desarrollo sostenible y respetar su cultura y medio ambiente, permitiendo que la comunidad tribal de Cahuita prospere y mantenga su forma de vida tradicional.

Finalmente, los proyectos de ley patrocinados por las congresistas Katherine Moreira y Rosalía Brown sobre el supuesto “reconocimiento de los pueblos tribales” no abordan los problemas fundamentales de estas comunidades, prefiriendo evitar conflictos con políticas gubernamentales para aumentar sus posibilidades de aprobación. Esto deja a los pueblos tribales costeros a merced del ICT y el Estado costarricense.

Imagen ilustrativa.

UCR: ¡Sonrisas que se transforman en autoestima!

El compromiso de la UCR fortalece las obligaciones y responsabilidades, contempladas en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor No.7935 y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No.7600, así como la formación profesional de recursos para la atención de esta población.

La UCR comprometida con el bienestar integral de personas en condición de calle

Este 10 de junio la Universidad de Costa Rica firmó un convenio con la Asociación Misionera Club de Paz, la cual tiene a su cargo la Clínica Sagrado Corazón de Jesús, conocida como Hospital para Indigentes (HPI). Con este convenio, la UCR se compromete a aunar esfuerzos con el HPI y concertar sus recursos materiales y humanos disponibles para lograr un interés público, desarrollando acciones para la promoción de la salud bucal, prevención de las enfermedades bucales, curación y rehabilitación de la población adulta mayor abordada por la Asociación.  

La UCR hace suyo el compromiso para combinar esfuerzos en procura del bienestar integral de la población adulta mayor en condición de calle. Este compromiso incluye capacitación en la temática del envejecimiento mediante el abordaje de la persona adulta mayor, en áreas de la promoción de la salud, prevención de enfermedades y la aplicación de medidas de atención de la salud bucodental. 

La institución aporta con este tipo de colaboraciones al respeto y fortalecimiento del derecho universal a la salud, del cual muchas poblaciones con alta vulnerabilidad se ven excluidas en nuestra sociedad. El convenio firmado encuentra eco en los principios y valores de esta casa de estudios, llamada a trabajar por el logro del bien común desde los tres elementos sustanciales de la UCR, la docencia, la investigación, y la acción social.  

Diferentes personas en condición de calle, beneficiarias de los servicios aportados por la UCR y la Asociación Misionera Club de Paz, compartieron sus historias de vida antes y después de formar parte de este proyecto.

Para el rector de la Universidad, Gustavo Gutiérrez Espeleta, este tipo de proyectos y compromisos reflejan la esencia de la universidad pública. “Hace unos meses firmamos un convenio con la organización Chepe se baña, también desde un abordaje en torno a la salud bucodental; pero también estamos haciendo un abordaje multidisciplinar desde la psicología, la nutrición, la ingeniería de alimentos, el arte y la cultura, entre otras muchas áreas, que vienen a complementar el gran esfuerzo que hace la Asociación Misionera Club de Paz. Las personas en condición de calle deben de ser atendidas por los gobiernos, y si no es así entonces las universidades públicas asumimos esas y muchas otras labores”. 

Iniciativas como las mencionadas generan también oportunidades de aprendizajes para el personal docente y estudiantes de la universidad. “Son nuestros y nuestras docentes, nuestros y nuestras estudiantes quienes están participando en estos procesos para mejora de la sonrisa y de la calidad de vida de estas personas, y están también aprendiendo junto con ellas”.   

Ya desde el año 2020, la UCR, a través de la Facultad de Odontología, creó un Externado Clínico Odontológico en el escenario físico del HPI. Este es pionero en su campo y brinda, de forma voluntaria, servicios de odontología general.  

Conozca un poco más sobre este trabajo de apoyo a las personas en condición de calle que está llevando a cabo la Universidad de Costa Rica: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/3/20/estudiantes-de-odontologia-toman-sus-instrumentos-y-salen-a-devolver-sonrisas-a-las-personas-en-condicion-de-calle.html

Los servicios de odontología que ofrece la UCR son brindados en condiciones dignas, con la mejor tecnología, personal y procedimientos.

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Mesa de Salud, Seguridad y Previsión Social analizó escasez de médicos especialistas

Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel

Sectores sociales, productivos y laborales se reunieron para abordar las graves repercusiones en la salud pública ante la falta de médicos especialistas en el país.

En el marco del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, la Mesa de Salud, Seguridad y Previsión Social conformada por representantes de los sectores sociales, productivos y laborales participaron el martes 11 de junio de 2024 en la conferencia “Desafíos de la Seguridad y Previsión Social: Escasez de Médicos Especialistas – Juego entre la Vida y la Muerte”.  

Dicho encuentro analizó la preocupante escasez de médicos especialistas y sus consecuencias en la atención sanitaria del país que provocan una atención limitada a pacientes, diagnósticos tardíos y largas esperas para obtener citas médicas. 

La conferencia evidenció que, en este momento, las listas de espera no responden a la falta de espacios físicos o quirófanos para la atención médica o de cirugías; sino que son consecuencia de una alta escasez de médicos especialistas en distintas ramas. Esta situación muestra que en el país existe un mayor porcentaje de médicos generales incrementando el problema central a las largas listas de espera.

El panel de expertos en la conferencia incluyó a Lenin Hernández Navas y a Vivian Rodríguez Araya del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Participaron también Ana Gloria Romero Hernández, vicepresidenta de la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida; Rodrigo Cabezas Moya, cirujano de tórax; Rodrigo Chamorro Castro, jefe de Cirugía del Hospital Calderón Guardia; Román Macaya Hayes, expresidente de la CCSS; Lisbeth Salazar Sánchez, médica y representante de UCCAEP.

Por parte de la Asamblea Legislativa se contó con la exposición del diputado Óscar Izquierdo. Dentro de los panelistas se incluyó también a Óscar Abellán, gerente general de Coopesiba, en representación de las cooperativas de salud en nuestro país.

“Esperamos que a partir de esta información se planteen propuestas para abordar este tema desde la institucionalidad, brindando a los costarricenses la posibilidad de contar con servicios de salud oportunos y humanitarios”, señaló Lenin Hernández, presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

El Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel es una iniciativa organizada por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Consejo Nacional de Rectores y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.

“Desde su fundación en 1986, la Asamblea ha demostrado un compromiso genuino con el diálogo social. Esto nos llevó, como Directorio Nacional, a liderar la génesis e implementación del Foro, conscientes de la necesidad de generar una visión país compartida para atender las múltiples problemáticas que están erosionando la calidad de vida en Costa Rica”, añadió Vivian Rodríguez Araya, directora de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. 

Para más información puede ingresar al sitio web:

www.asambleadelpopular.cr/foro

Correo: asambleainforma@bp.fi.cr

CTRN participa en diálogo estratégico con los embajadores cofacilitadores del proceso preparatorio de la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social

En el marco de la 112° Conferencia Internacional del Trabajo, Fanny Sequeira, Secretaria General de la CTRN y Delegada Titular del Sector Trabajador costarricense fue seleccionada por la Confederación Sindical Internacional CSI para participar en el Diálogo Estratégico con los embajadores de Bélgica y Marruecos ante las Naciones Unidas en Nueva York, Cofacilitadores del proceso preparatorio intergubernamental previo a la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

Dicha Cumbre será una oportunidad para mejorar las condiciones sociales en el mundo, acelerar el Avance de la Agenda 2030, fortalecer la cooperación internacional, reducir desigualdades y promover la justicia social y la no discriminación.

Se llevará a cabo en el año 2025, en un escenario global que obliga a revisar estrategias, reafirmar compromisos y movilizar recursos con acciones multilaterales de cooperación en un contexto de múltiples crisis, caracterizado por un aumento de las tensiones geopolíticas, creciente fragmentación económica, intensificación de los efectos del cambio climático, cambios demográficos, disrupción tecnológica, amenaza de pandemias, guerras, conflictos, y una arquitectura financiera internacional que condena a muchos de nuestros pueblos a la pobreza y la exclusión.

En su participación, la Secretaria General de la CTRN manifestó a los embajadores que “Desde el Grupo de Trabajadores consideramos fundamental que la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social reconozca el diálogo social, basado en el respeto a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, como un mecanismo clave para avanzar en el desarrollo social y la justicia social, tanto a nivel nacional como internacional”.

También expresó que la centralidad del diálogo social para la justicia social fue reafirmado a nivel de la OIT desde la Declaración sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa de 2008, donde el diálogo social fue elevado a pilar de la Agenda de Trabajo Decente de la OIT. Además, en la Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo (2019), los constituyentes de la OIT acordaron que “la experiencia del siglo pasado ha confirmado que la acción continua y concertada de los gobiernos y los representantes de los empleadores y los trabajadores es esencial para lograr la justicia social, la democracia y la promoción de una paz universal y duradera”.

Nuestra Secretaria General continuó indicando que el reconocimiento del papel fundamental del diálogo social para la justicia social ya se reconoce más allá de la OIT a nivel de las Naciones Unidas, como se ve en la Resolución de la 61.ª y 62.ª Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (febrero de 2023 y 2024).

También solicitó que se garantizara la plena participación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores, junto con los gobiernos, en el proceso preparatorio, las deliberaciones y el seguimiento de la Cumbre. Esto permitiría aprovechar la estructura de gobernanza tripartita de la OIT y la rica experiencia de más de 100 años de sus constituyentes empleadores, trabajadores y gobiernos, en la elaboración de políticas sociales volcadas a la promoción de la justicia social.

Le invitamos a escuchar la declaración de Fanny Sequeira en el diálogo estratégico. Video en YouTube:

Reseña de la conferencia: “Desafíos de la seguridad y previsión social en Costa Rica, escasez de médicos especialistas. Juego entre la vida y la muerte”

Conferencia sobre salud y seguridad social, en el marco del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel cuyas mesas de trabajo temático iniciaron este 10 de junio. El objetivo de la conferencia es construir y aportar ideas relacionadas a las listas de espera que afecta a la parte familiar y productiva de la población. Expositores que se encuentran en la mesa principal y sus respectivos argumentos:

  • Vivian Rodríguez Araya: integrante del Directorio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Sus argumentos giran en torno a la importancia del diálogo social como pilar de la vida democrática. Se señala la preocupación por el aumento de las listas de espera de atención de pacientes por problemas estructurales y como resulta relevante la vocación de diálogo para alcanzar acuerdos.

  • Ana Gloria Romero Hernández. Vicepresidenta de la Fundación ANASOVI (Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida), la cual presentó 430 recursos de amparo de pacientes que necesitaban ser atendidos con prontitud. Sobreviviente de cáncer.

Se explica que tiene representación en varias organizaciones que buscan ayudar a pacientes de cáncer bajo la consigna “los pacientes somos el centro de la salud”.

Historia de la Fundación ANASOVI y de diversas luchas que han tenido que llevar a cabo distintos pacientes.

Se analiza cómo el tiempo transcurrido entre el diagnóstico, que se lleva a cabo generalmente de manera temprana, se ve afectado por la ausencia de especialistas que hace que la enfermedad evolucione.

Se señala la Importancia de garantizar infraestructura y garantías laborales para los especialistas. Además se señala la brecha existente entre el Gran Área Metropolitana y las zonas fuera de ésta, en donde la escasez de especialistas es aún mayor.

  • Dr. Rodrigo Cabezas Moya. Abanderado de la salud, cirujano de tórax, asistente voluntario del Hospital Calderón Guardia.

Énfasis en que los especialistas son para el país, no para el sector público o sector privado.

Se realiza una fuerte crítica a la calidad de la educación médica que brindan algunas universidades en el país.

Se destaca esta posición: “En este momento esto es una crisis, el tema no es formar especialistas, debemos importarlos de otros países que tienen universidades similares al régimen de la Universidad de Costa Rica pero que en sus países tienen peores condiciones laborales como Colombia o Argentina”. Se explica que las condiciones laborales para especialistas en Costa Rica son muy atractivas.

  • Dr. Rodrigo Chamorro Castro. Cirujano cardiovascular y de tórax, Jefe de Cirugía del Hospital Calderón Guardia.

Considera que no hay una verdad absoluta ni un culpable único. La crisis y preocupación por la situación de los asegurados es un tema crítico.

Anestesiólogos siendo la especialidad más escasa respecto a la demanda que poseen los hospitales de estos profesionales.

Crítica al gremio de medicina puesto que existen intereses para no aumentar la disponibilidad de especialistas, esto puesto que se considera que la formación de estos especialistas en mayor cantidad, beneficia más al sector privado que al sector público. El expositor considera que esto es incorrecto pues no hay garantía de que todos prefieran lo privado.

Los médicos que trabajan en la institución están al punto del colapso por la carga laboral. La institución como tal, está al borde del colapso también.

  • Dr. Román Macaya. Expresidente de la CCSS, bioquímico de profesión, cuenta con una maestría en gestión de sistemas de salud. 

Relación entre envejecimiento de la población y la disponibilidad de especialistas (envejecimiento – capacidad hospitalaria – oferta de especialistas).

Argumentación basada en estadísticas sobre: natalidad, días de hospitalización, cantidad de camas de hospitalización disponibles, oferta de especialidades en universidades y cantidad de especialistas proyectados a capacitarse.

  • Lic. Lenín Hernández Navas. Presidente del Directorio de la Asamblea del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Además es el Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines.

Importancia del diálogo para la formulación de políticas, realiza una argumentación basada en estadísticas. Se plantea un análisis de los salarios más altos de especialistas en la CCSS, además de un análisis de los costos y días de espera que caracterizan la operación. Se destaca este argumento: “Es imposible por la cantidad de los casos de pacientes, que el sector privado absorba el 100% de la demanda de procedimientos, no se beneficia al sector privado produciendo más especialistas”.

  • Óscar Izquierdo Sandí. Diputado de la República, quien presentó la iniciativa de ley que insta a que el MIDEPLAN no pueda incidir en la toma de decisiones de la CCSS.

El rol de los actores políticos en estas tomas de decisiones.

Desafíos que se enfrentan: financiamiento sostenible de la CCSS, retención de especialistas y profesionales, infraestructura hospitalaria para garantizar la dotación de servicios.

Explicación del impacto que busca alcanzar el proyecto de ley presentado.

  • Dr. Lizbeth Salazar Sánchez. Representante de la UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado). Además es médica cirujana y exdirectora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica,

Explicación de qué es UCCAEP. Explicación del interés que tiene UCCAEP por el resguardo de la CCSS pues resulta imposible administrar un sistema de seguro propio para sus trabajadores. UCCAEP no va a apoyar privatización de servicios que la CCSS brinda.

  • Ing. Óscar Avellán Villegas. Gerente General de COOPESIBA.

Explicación de los beneficios de las alianzas público – privadas. Defensa de las cooperativas que brindan servicios de salud en tres pilares: Las cooperativas de salud son parte del sector social costarricense, la CCSS fundamenta el pacto social de Costa Rica y las cooperativas de salud conforman una alianza pública – privada exitosa con la CCSS.

Se invita a ver el foro en la página de Facebook del Sindicato Nacional de Enfermería: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=831026015109773&rdid=Djg3LIfiuS5QULaP