La marcha de los trabadores (as) colombianos en la capital de la República de Colombia, este 1º de mayo de 2018, contó con la característica jamás vista en las ediciones de esta celebración: en la que en el torrente de cientos de delegaciones sindicales de carácter local y nacional el nombre y apoyo a la aspiración presidencial de Gustavo Petro U, hiciera presencia predominante. Por primera vez en las marchas en conmemoración universal al día de los Trabajadores, las organizaciones sindicales- correas de transmisión de poder popular- asumieron apoyo directo a un candidato presidencial que encarna sus reivindicaciones laborales y sociales. Destaca en el panorama el apoyo del sindicato de industria petrolera la USO a esa candidatura y de Confederaciones obreras organizadores del acto en sintonía con la a opción electoral de las bases sindicalizadas. Prueba que en Colombia se transita por un cambio radical en lo político, electoral, y los modelos económico-sociales.
LA REIVINDICACIÓN DE UN CAUDILLO POPULAR
Antes de analizar la estrategia que explica la aceptación de un diseño de la campaña electoral de Gustavo Petro U, exploro sobre la aplicación de contar el movimiento popular colombiano con un líder nacional que resume todas las características de un verdadero CAUDILLO POPULAR de la que estaba en orfandad.
El pueblo colombiano carecía, estaba desprovisto, de la cualidad necesaria de un líder que materializara la característica de solución a concretas reivindicaciones por las que lucha alcanzar y gozar.
Un repaso somero de las luchas políticas desde el comienzo del Siglo XX registra que nuestros líderes nacionales fueron asesinados: Rafael Uribe Uribe. Jorge E. Gaitán. Luis C. Galán. Jaime Pardo Leal, etc. Los sucesos de cambios democráticos alternativos en América Latina, en respuesta al neoliberalismo salvaje, materializaron con la presencia de líderes naturales populares: Evo Morales, Lula da Silva, Hugo Chávez, Correa, etc. Hoy, estando en mora el movimiento popular y revolucionario colombiano en la búsqueda de gobiernos alternativos de corte socialdemócrata y progresista, impone la aplicación de un cambio de modelo económico la presencia activa de un conductor de masas, expresado en la persona de un Caudillo. Pues en esta rauda carrera electoral hacia la presidencia de la Republica de Colombia ese vacío ha sido llenado con la expresión de un fervor popular que rebosa plazas públicas; que se vuelca a las vías y carreteras por las que pasa el candidato; que presiona para que el candidato Gustavo Petro U, se detenga en poblaciones no programadas en sus recorridos. Se siente el calor de un pueblo que por primera vez en la historia colombiana acoge a un candidato con fervor popular, desea hacerlo suyo, lo ama; lo comprende en la dimensión humana. Un candidato al que le brinda no solo admiración, sino respeto y coloca en el centro de sus energías por querer llevarlo al solio de Bolívar. Por primera vez en la historia política de Colombia se cambia el engranaje politiquero de los presidentes de turno por el engranaje de lo Humano. Eso expresa el mensaje de la candidatura del caudillo popular, Gustavo Petro U, por una Colombia Humana.
Este factor fundamental de análisis desplaza el conduccionismo de la dictadura mediática imperante, en el sentido que la figura de un caudillo es sinónimo de autoritarismo y de dictadura. Nada más falaz. La historia mundial y del movimiento de masas enseña al caudillo como el director y gestor de una empresa que le es encomendada por mandato popular. El caudillo construye, hombro a hombro con el movimiento popular y al así actuar emula con la virtud y el ejemplo. Esta es la prenda de garantía contra el autoritarismo y obviamente contra el culto a la personalidad; puesto que su ejercicio es el mandato popular y no la ceguera mesiánica del paternalismo redentor. Un pueblo guiado por un caudillo permite además el ejercicio de la democracia directa y popular, la llamada “democracia de las calles”, en contraposición a la democracia indirecta o representativa, causante de tantos males y nido de corrupción en nuestro país. Se cuenta con un líder que se sintoniza, con aceptación de masas.
El asunto de fondo así planteado en esta estrategia electoral tiene que ver con que no es un asunto solo del candidato Petro. Corresponde a una decisión de ruptura nacional. Evoca una capacidad ilustrativa de la realidad nacional.
DE LA ESTRATEGIA PETRISTA
¿Cómo Gustavo Petro U, llegó al nivel de aceptabilidad alcanzado hoy? Puesto que sus estrategas políticos pensaron en sacarlo a las calles. En política quien pega primero y acierta, avanza doble. El lleno de plazas públicas superó el imperio de las redes sociales y desplazó las expectativas de las encuestas, que con su finalismo de conducción y manipulador no cuentan con el “poder” de la última palabra, ni la “verdad” revelada.
La primera fase la constituyó la toma de las plazas públicas en diecisiete ciudades. A la fecha el periplo alcanza treinta ciudades con la coreada consigna “yo vine por que quise. A mí no me pagaron”. Zipaquirá se constituyó en revelación y acogida a la propuesta estratégica. Programadores digitales explican que tomado el plano de la plaza pública y sobre los videos plasmados en ellos, se obtiene una lectura de asistentes por metro cuadrado lo cual registra cifras de millones de asistentes a las convocatorias del caudillo popular Gustavo Petro U.
Las dificultades han aflorado. En Cúcuta la burocracia municipal de derecha impidió el evento y se atentó contra el caudillo; más sin embargo lograron tres concentraciones que superaron las cifras de participantes. En Turbo, Chigorodó y Buenaventura no se logró concentraciones por razones de seguridad al candidato. La concentración petrista en Montería, encono del sentimiento terrateniente contra el trabajador agropecuario, callo lo altisonante del experimento paramilitar, a solo dos kilómetros de los feudos del Ubérrimo. El cierre de esta estrategia victoriosa de campaña culminará con la toma de las plazas públicas de cuatro ciudades: Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, DC.
Cabe razonar sobre la estrategia para el aumento de votos sobre la premisa que, de los votos obtenidos por la consulta del 11 de marzo próximo pasado, la fórmula de obtención de 3X3, o sea, tres votos por cada voto obtenido, implique el triunfo del caudillo popular en la primera vuelta. El aspecto fundamental de esta base o supuesto apunta a que el fenómeno Petro encause la abstención consiente imperante en el electorado colombiano. Con el ítem que más que trabajo organizativo obedece a un factor de convicción subjetiva de esa franja del electorado.
LA MAYOR PREOCUPACIÓN: QUE NOS MATEN LA ESPERANZA
En cuanto a los riesgos, ellos no son subestimados. La opción de un atentado al caudillo popular se ha ventilado nacional e internacionalmente. Priman sobre la denuncia al régimen electoral imperante que no da garantía de imparcialidad. De allí que la estrategia Petro Presidente, apunte al triunfo en la primera vuelta, con el entendido que ello minimiza la posibilidad del atentado. Una segunda vuelta para la opción del triunfo del caudillo no cabe dentro del universo de la estrategia analizada; genera las condiciones para el atentado contra su vida a fuer de considerar la materialización del fraude electoral en su contra, de cuyas prácticas está plagada la historia electoral de Colombia.
CONCLUSIÓN. La opción del triunfo del caudillo popular está jugada en la primera vuelta. No se concibe segunda vuelta; como tampoco existe un Plan B, para el movimiento socialdemócrata-liberal, progresista y revolucionario colombiano. Si triunfare la fórmula del bloque de poder oligárquico en cabeza de Duque y Vargas Lleras el efecto sería un golpe de mani militare, que sepultaría el fin del conflicto armado interno en Colombia y continuaría el reino de la horrible noche sin construcción de paz y contra la dirigencia popular, sindical y política en Colombia.
Las organizaciones sociales de América del Norte rechazan la actual aceleración de las negociaciones del TLCAN 2.0 buscando un acuerdo «en principio»
Negociar bajo una presión intensa nunca es recomendable. Pedimos la suspensión inmediata de estas conversaciones para que se reinicien una vez que todos los legisladores recién elegidos ocupen sus puestos
El clima político y económico bajo el cual Canadá, México y Estados Unidos iniciaron el proceso de renegociación del TLCAN en 2017 se ha deteriorado aún más en 2018. Estados Unidos amenaza los aranceles para el 1 de junio y la Casa Blanca acosa a través de tweets, mientras se están armando guardias nacionales. enviados a la frontera de EE. UU. con México, etc. Estas fuertes tácticas empleadas por la administración Trump ahora han culminado en un intento de forzar un Acuerdo “en principio”, donde, según nos dicen, se llegó a algún tipo de acuerdo sobre una algunos de los elementos más difíciles y contenciosos del TLCAN, pero los textos permanecen en secreto.
Nosotros, las organizaciones sociales abajo firmantes de los tres países de América del Norte, hacemos un llamado a nuestros respectivos gobiernos para que publiquen inmediatamente los textos del puñado de Capítulos acordados y suspendan las renegociaciones del TLCAN hasta que se restablezca un clima de respeto mutuo y un ambiente para el debate abierto y público puede realizarse en los tres países.
Rechazamos por completo las ideas xenófobas y racistas que han acompañado a las renegociaciones actuales del TLCAN. Rechazamos la idea asombrosamente mala de un muro entre México y los Estados Unidos, así como la idea ridícula de que el gobierno mexicano podría ser forzado a pagar por ello. Rechazamos las constantes amenazas, insultos y chantajes utilizados por la Casa Blanca contra México y Canadá.
Tal ‘Acuerdo en Principio’ es una maniobra poco entendible y poco utilizada en los acuerdos comerciales. ¿Cuáles serían las ramificaciones legales de tal ‘Acuerdo en Principio’? Por ejemplo: ¿incluiría acuerdos generales sobre áreas importantes sin ninguna noción previa de cuáles podrían ser las consecuencias derivadas de cualquier acuerdo concreto ya alcanzado? ¿Las negociaciones continuarían, pero serían más reservadas que nunca?
Los tres gobiernos deberían dar un paso atrás respecto de la necesidad a menudo declarada de que las renegociaciones del TLCAN se completen antes de las elecciones mexicanas de julio y / o las elecciones intermedias de los Estados Unidos en noviembre. En cambio, nuestros tres gobiernos deberían tomarse el tiempo para armar un plan de acción sólido para construir un acuerdo comercial justo y equitativo que asegure que en cada país todos los sectores de la sociedad serán los beneficiarios.
Como lo vemos, la renegociación del TLCAN podría presentar una oportunidad para un debate público serio sobre muchas de las disposiciones perjudiciales en ese acuerdo comercial, como poner un plazo de término de la solución de controversias inversionista-estado que se encuentra en el Capítulo 11, que da a las corporaciones la capacidad de demandar a los gobiernos por leyes de interés público en tribunales privados que no rinden cuentas, al tiempo que establece que las ganancias corporativas podrían reducirse. Difícilmente podemos creer que tanto Canadá como México, los dos países más demandados bajo el Capítulo 11 del TLCAN (donde Estados Unidos aún no ha perdido un caso), sean los defensores más entusiastas de mantener tales disposiciones favorables a los inversores. Los sistemas judiciales nacionales en cada uno de los tres países deberían ser los jueces principales de las demandas de los inversores. Las empresas podrían incluso contratar pólizas de seguro para cubrir cualquier gasto imprevisto fuera del país.
Al mismo tiempo, continuamos oponiéndonos al proceso de negociación ultra secreto del TLCAN que podría resultar en algunos de los peores aspectos de la Alianza Transpacífica (TPP) y otros acuerdos comerciales que están codificados en un TLCAN 2.0. Muchos de nosotros hemos dado la voz de alarma y presentado serias demandas a través de numerosas declaraciones públicas como: la Declaración Trinacional de mayo de 2017 que ha sido actualizada en 2018, primero por una lista detallada de demandas de los sectores sociales mexicanos, y luego por una carta respaldada por más de 1,000 grupos de la sociedad civil de una amplia gama de sectores en los Estados Unidos.
Los canadienses también han pedido transparencia a los negociadores de su gobierno con poco éxito. El gobierno canadiense también se ha mostrado reacio a publicar los resultados de una consulta pública sobre el TLCAN que habían encargado en 2017. El 11 de abril de 2018, la organización OpenMedia informó que el gobierno canadiense había recibido 46,400 presentaciones públicas. Ottawa le pidió a Open Media que si querían ver los resultados de esas presentaciones de consulta presentara una solicitud de acceso a la información (ATI). En respuesta a una ATI presentada por Bloomberg News el 17 de abril de 2018 el gobierno canadiense le entrego una muestra de solo 200 cartas de consulta y correos electrónicos, o sea menos del 0,50% de todas las presentaciones recibidas por Ottawa. El gobierno canadiense necesita publicar todos los hallazgos de la consulta y explicar cómo eso se ha reflejado en sus posiciones de negociación.
El presidente de los Estados Unidos, Trump, ha estado “tuiteando” recientemente para obtener un acuerdo político acelerado sobre NAFTA 2: 0 que se finalizará en cuestión de semanas. Los informes noticiosos indican que después de nueve meses de renegociaciones solo un puñado de ‘capítulos’ de un futuro NAFTA 2: 0 han sido ‘cerrados’ (lo que significa que las negociaciones se han completado), mientras que una multitud de otros capítulos avanza lentamente, si es que lo hace. Si de hecho se han completado algunos capítulos, pedimos a los gobiernos canadiense, mexicano y estadounidense que publiquen estos capítulos ‘cerrados’ para que la gente en los tres países pueda juzgar qué se está logrando con estas conversaciones (qué se gana-qué se pierde).
El gobierno de Peña Nieto tiene las calificaciones de aprobación pública más bajas de la historia reciente y, debido a eso, desde una perspectiva mexicana, no se puede confiar en que actúe en el mejor interés de México. El Ministro de Relaciones Exteriores de México y su Secretario de Comercio parecen estar continuamente en Washington para apaciguar al presidente Trump después de cada uno de sus tweets, pero con un juego final de tratar de complacerlo para salvar un tratado que ha beneficiado principalmente a un pequeño grupo de magnates corporativos.
Paradójicamente, la única área en la que el gobierno de México ha mantenido una posición firme es en negarse a siquiera discutir el asunto necesario y urgente de un aumento salarial en México como parte de un TLCAN 2: 0. Esta justa demanda proveniente de la mayoría de los actores sociales mexicanos también es apoyada en Canadá y los EE. UU. Recientemente, el gobierno de México parece haber suavizado su posición sobre esta cuestión frente a la fuerte presión sindical trinacional y debido a una carta firmada por 94 legisladores estadounidenses piden al principal negociador de su país que garantice que los derechos laborales se fortalezcan y se protejan en cualquier nuevo acuerdo del TLCAN.
Frente a esta presión considerable, México ha propuesto que los aumentos salariales se limiten al sector automotriz globalizado. Esto sería un avance positivo, aunque extremadamente limitado dado que esos empleos representan solo el 0,77% del empleo total en México, y de hecho mantendría el dogma obsoleto de que una posición competitiva se basa necesariamente en mantener los salarios bajos y empobrecer a los trabajadores.
Los sectores agrícolas en los tres países han sufrido durante casi 25 años el TLCAN. Rechazamos las demandas de mano dura y las amenazas de represalia al programa de administración de suministros de Canadá que ahora están saliendo de Washington, y pedimos al Gobierno de Canadá que se mantenga firme en negar cualquier concesión en esta área. Los agricultores estadounidenses y las comunidades rurales están sufriendo por precios históricamente bajos de muchos productos básicos, incluidos productos lácteos, pero la respuesta no está en destruir el exitoso programa de Canadá que garantiza que los agricultores obtengan precios justos por su producción y al mismo tiempo suministren alimentos sanos sin hormonas de crecimiento y la aplicación excesiva de antibióticos en rebaños lecheros. Hacemos un llamado a la implementación de medidas para proteger los derechos de los consumidores a saber dónde y cómo se producen sus alimentos. También hacemos un llamado a los negociadores mexicanos para que adopten una posición firme y reviertan la práctica seguida desde el inicio del TLCAN de inundación de productos agrícolas subsidiados de los Estados Unidos en el mercado mexicano, que ha tenido consecuencias tan devastadoras en el México rural.
A pesar de las declaraciones propagandísticas provenientes de los tres gobiernos, todos los indicios apuntan a importantes concesiones hechas a las empresas transnacionales que serán muy negativas para nuestros países. Por ejemplo, la prolongación de la protección de patentes para medicamentos y la profundización de otros aspectos de la propiedad intelectual serán un ataque contra nuestra salud y nuestra privacidad y nuestros derechos digitales, todo en nombre del aumento de las ganancias corporativas.
La biodiversidad corre el riesgo de verse comprometida y se hacen concesiones sobre las reglas de origen, en respuesta a las demandas de Trump. Por el contrario, los continuos esfuerzos por “desregular” tendrán un impacto negativo en los derechos humanos fundamentales así como en el medio ambiente, aunque se han realizado pocos esfuerzos para revisar la fallida estrategia militarista sobre el narcotráfico, ni se ha impulsado un control efectivo del cruce de armas las fronteras de los Estados Unidos a México, así como a Canadá, y que han causado tantas muertes en ambos países.
El futuro de la existencia humana depende de que se preste atención inmediata a revertir el cambio climático. Recomendamos encarecidamente leer el reciente estudio trinacional titulado NAFTA 2.0: ¿Para las personas o para los contaminadores? * Los autores de este documento explican cómo el acuerdo actual del TLCAN vincula a los tres países con un futuro de combustibles fósiles y cómo las renegociaciones actuales podrían empeorar los problemas ya evidentes. También dejan en claro que el TLCAN fue escrito para apoyar a los contaminadores corporativos y no a las comunidades afectadas por el cambio climático.
Por años, el movimiento trinacional para el comercio justo y la inversión ha planteado numerosas críticas basadas en la evidencia sobre las formas en que el TLCAN ha contribuido a la desigualdad económica y social, la degradación ambiental y el empeoramiento de los sistemas agrícolas y de alimentos. Estas observaciones siempre han estado acompañadas de propuestas alternativas para lograr relaciones económicas justas y sostenibles entre nuestros países. Reconocemos plenamente que los ganadores y perdedores del TLCAN nunca han sido países en su conjunto, sino más bien sectores dentro de cada país. Los trabajadores, agricultores y consumidores en los tres países han perdido bajo las reglas del TLCAN diseñadas para facilitar el libre flujo de bienes y capitales a través de las fronteras, mientras que las grandes corporaciones transnacionales han ganado un control cada vez mayor sobre nuestras economías.
Pedimos a los gobiernos que expliquen el alcance de este llamado acuerdo “en principio”. El proceso de intensificación de estas conversaciones del TLC representa una presión adicional que conduce a un nivel aún mayor de secretismo, y no es un buen augurio para las personas de cada país. Representa el temor de que el público votante exprese sus deseos a través de las urnas, una voz en gran medida silenciada por el secreto que rige estas conversaciones comerciales.
Rechazamos el acuerdo ‘en principio’ como no más que un ejercicio cínico de relaciones públicas que enmascara la intención real detrás de estas negociaciones secretas. Hacemos un llamado a los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para que suspendan las negociaciones hasta que haya un ambiente más hospitalario y, mientras tanto, publiquen los textos acordados y comiencen un proceso consultivo auténtico con los legisladores y la sociedad civil de todos tres países. Cada país debería hacer un balance y volver a enfocarse en lograr un acuerdo de comercio justo e inversión basado en un modelo de cooperación de tres países que asegure el desarrollo sostenible y aborde las desigualdades dentro de cada uno de nuestros países y entre los tres países de América del Norte.
Organizaciones firmantes
Common Frontiers (coalition. Fronteras Comunes Canada)
Council of Canadians (Consejo de los Canadienses)
Council of Canadians – Northumberland Chapter Trade Group (Capitulo Northumberland del Consejo de los Canadienses)
Canadian Union of Postal Workers (el Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales)
Global Exchange (Intercambio Global, EEUU)
Institute for Agriculture and Trade Policy (Instituto para las Politicas Agricolas y de Comercio, EEUU)
Institute for Policy Studies (Instituto de Estudios Politicos, EEUU)
México Mejor Sin TLCs (Coalición Multisectorial)
National Farmers Union (Canada, Sindicato Nacional de Agricultores)
OpenMedia (Organización para preservar Derechos Digitales)
Apertura de oficinas de atención directiva y programas fue rechazado
Carlos J. Cabezas Mora (*)
Luego de que la administración del Patronato Nacional de la Infancia justificara el cambio en la estructura organizativa creando nuevos departamentos, reubicando otros, la Autoridad Presupuestaria por una decisión de carácter político rechazó la creación de las plazas, según supimos de manera informal.
El Código de la Niñez establece que tratándose del cumplimiento de los derechos de la infancia y juventud el Estado no puede argumentar falta de recursos presupuestarios, una institución como la nuestra que ha sido asediada por medios de comunicación y criticada por la ciudadanía por no dar abasto con la demanda social, producto sin duda de una cultura de violencia existente en el país, requiere de fortalecimiento, sin embargo todo esto poco o nada importó a la hora de rechazar esta nueva expansión de coberturas en el resto del territorio nacional.
La niñez tiene derecho al juego, pero que jueguen con su presente y futuro es simplemente inadmisible, sabemos que la situación fiscal del gobierno no es la mejor, pero también sabemos que otras instituciones con facilidad se han convertido en la prioridad nacional, como el caso de seguridad pública, pues el sentimiento de inseguridad vigente sí es tema de campaña electoral, pero evitar que nuevas generaciones ingrese a las filas delictivas parece que continuará siendo la gran omisión de las políticas fiscales de todos los gobiernos.
La niñez y la adolescencia son el presente y futuro de una nación y con la política economicista neoliberal dictada por los organismos financieros internacionales acreedores, comprometen con cifras engañosas y argumentos de la clase empresarial y política dominante, la inversión social para la niñez de nuestro país, lesionando su desarrollo integral y postergando la construcción de una ciudadanía activa y consciente de su entorno en una coyuntura de un capitalismo deshumanizante.
Con el proyecto de ley y su regla fiscal creemos que las instituciones que no generan ingresos sino solo inversión social, como es el caso del PANI posible que sean las primeras víctimas del economicismo que tiende a atender lo urgente no lo estratégico para nuestro país, nos extrañó muchísimos no conocer una posición de la actual administración sobre la amenaza de que el artículo de la ley orgánica que garantiza la obligación de girar el 7% del impuesto sobre la renta fuera derogada, cuando era un deber como institución en su misión de defender los derechos de la niñez.
Tendremos más herramientas para el llamado a nuestros compañeros y compañeras para sumarse a la protesta nacional contra el gobierno entrante, ahora en defensa de los servicios públicos también.
(*) Secretario General, SEPI. CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES
Sin duda nos conviene, incluso nos urge, encontrar una salida pronta al problema del déficit fiscal y la escalada ascendente sobre la deuda pública que trae consigo. Pero ello no debería de ninguna manera ser pretexto para la precipitación y la chapucería. De acuerdo con la evidencia empírica y la teoría más seria y mejor fundamentada, hay cosas que no deberían hacerse. Lo malo es que se insiste en hacerlas.
El problema fiscal, la economía y el empleo
El primer serio error es no captar la relación entre el problema fiscal y el desempeño de la economía y del empleo. Si en otras épocas, se decía que el “mejor ministro de Hacienda” era una buena cosecha de café, hoy, tiempos del gobierno de Carlos Alvarado, podemos afirmar que la “mejor ministra de Hacienda” es una economía boyante que genere muchos empleos de calidad. El dinamismo económico, que pone a caminar todos los engranajes de la maquinaria productiva y provee empleos abundantes con salarios al alza, automáticamente genera mayores ingresos al gobierno. En cambio, por ya casi diez años la economía tica crece claramente por debajo de sus estándares históricos, con el agravante –incluso mucho más importante– que ese mediocre dinamismo es sumamente deficitario en términos de su capacidad para generar empleos y contribuir al sostenimiento de las finanzas públicas.
Según como se haga, el abordaje de lo fiscal puede dañar la economía y el empleo
Si se opta por un abordaje que enfatiza el recorte de gastos del gobierno, y la imposición de impuestos que obliguen a los sectores pobres de la población y a los grupos medios a recortar sus gastos de consumo, lo que tendremos, con casi total seguridad, es un bajón de la economía que deteriorará aún más la de por sí lamentable situación del empleo. Es como si decidiéramos despedir a nuestra “mejor ministra de Hacienda”, para sustituirla por algún tipo inepto y descuidado. El problema podría empeorar en vez de mejorar, y resolverlo conllevará costos aún más elevados.
A mediano y largo plazo la factura podría ser muy onerosa
Tenemos entre manos propuestas fiscales que, claramente, se desentienden de los problemas del empleo. Se arriesga con ello agravar la anemia crónica de la economía y la masiva carencia de empleos decentes. Pero, además, son propuestas inequitativas, que recargan los costos del proceso sobre los sectores más pobres y, en segundo lugar, sobre los grupos medios. Ello agravará la de por si aguda desigualdad que hoy fractura nuestra sociedad. Y, para peores, se apuesta (por medio de la regla fiscal) a un debilitamiento de la institucionalidad pública que, por encima de todo, golpeará a quienes más necesidad tienen. Esto puede provocar inestabilidad social en lo inmediato y, en todo caso, es algo que daría combustible al hervor a fuego lento del malestar y el disgusto que siente mucha gente en Costa Rica, especialmente en las zonas periféricas empobrecidas y olvidadas, y en los barrios marginales de las ciudades del Valle Central. Es echar leña a una hoguera que eventualmente puede convertirse en una enorme conflagración. Ya lo vimos en esta última campaña electoral, cuando caminamos al borde del abismo. La próxima podríamos caer.
Las propuestas en discusión: ejemplo perfecto de lo que NO debería hacerse
La transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), generalizando su aplicación a muchos servicios que hoy están exentos, tendrá dos consecuencias principales: en lo inmediato obligará a un recorte de los gastos de consumo por parte de familias pobres y de clase media, lo que implicará un frenazo a la economía y, posiblemente, un deterioro en los pésimos indicadores de empleo que tenemos. Segundo, en el mediano y largo plazo, agudizará la desigualdad, ya que es un impuesto que pesa más fuertemente sobre el bolsillo de quienes menos tienen.
El IVA podría ser aceptable, dadas las ventajas que tiene como herramienta para el control del fraude en el impuesto sobre la renta, pero solo si fuese parte de una propuesta integral que hiciese que, en su conjunto, el sistema tributario fuese realmente justo y equitativo. No es lo que se propone. El impuesto sobre rentas y ganancias de capital, incluido en el proyecto en discusión, podría dar un aporte en ese sentido, pero en gran medida pierde ese cualidad, en vista del diseño que se le da (una tasa “plana” del 15%, que lo mismo sería pagada por el pequeño inversionista o ahorrante, que por los grandotes). El incremento en el impuesto sobre salarios por encima de 2,1 millones al mes, tiene cierto grado de progresividad o justicia (poquitas personas en Costa Rica reciben tal monto de ingresos), pero es claramente, un impuesto que afectará a los profesionales asalariados del sector público, y el cual no toca en absoluto a los ricos-realmente-ricos, propietarios de grandes patrimonios (como acciones de empresas; bonos del gobierno; mansiones principescas; edificios de alquiler; yates, autos de lujo y aviones privados, etc.).
La llamada regla fiscal (véase mi artículo Regla fiscal parte II: para entenderla y entender el disparate) es claramente un receta animada por una feroz ideología anti-sector público, que inevitablemente conducirá a un mayor debilitamiento de los servicios públicos, con graves consecuencias: para la población más pobre en primer lugar, así como para estabilidad social y política en su conjunto.
Por su parte, todo el discurso que insiste en el recorte del gasto público, y que en buena medida traduce un odio mal disimulado hacia los empleados y las empleadas públicas, confunde la mojigatería moralizante con las realidades de la economía. Eso sumará a los factores regresivos, dañinos en lo inmediato para la economía y el empleo, y, a mediano y largo plazo, para la desigualdad, la estabilidad democrática y la paz social.
Necesitamos una propuesta fiscal diseñada sobre la base de otros criterios. Sobre eso volveré en un artículo posterior.
En imagen de portada: Rocío Aguilar, nueva ministra de Hacienda.
El pasado 26 de abril, Rusia organizó en La Haya una reunión en la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ, más conocida por sus siglas en inglés OPCW, véase sitio oficial), para dar a conocer los testimonios de varias personas sobre el supuesto ataque químico acaecido en Douma por parte de las fuerzas armadas sirias (véase nota publicada en Le Figaro). A raíz de esta convocatoria, los representantes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, junto con otros 14 Estados miembros de la OPAQ, hicieron circular una vehemente declaración conjunta, en la que denuncian la iniciativa rusa en términos inusitados y cuyo contenido se analizará en las líneas siguientes.
Leemos por ejemplo en esta declaración conjunta que:
«Aujourd’hui, la Russie a décidé d’organiser une prétendue réunion d’information au siège de l’OIAC, qui n’est rien d’autre qu’un simple exercice de propagande. Pire encore: en présentant l’information dans les locaux de l’OIAC, la Russie tente de donner la fausse impression que l’OIAC a organisé cette réunion à la demande de la Russie» / «Today, Russia has decided to hold a so-called information meeting at OPCW headquarters that is nothing more than a crude propaganda exercise. Worse, by presenting the briefing in the OPCW premises, Russia is trying to create the false impression that the OPCW has convened this meeting at Russia’s request«.
(Véase enlace oficial y texto de la mencionada declaración conjunta reproducida al final de esta nota en francés. El texto en inglés está disponible en este enlace de la Embajada de Francia en los Países Bajos).
Como bien se sabe, los aparatos diplomáticos de los Estados usualmente se manifiestan mediante un vocabulario mesurado y ponderado. Sus funcionarios, cual sea la situación, siempre buscan elaborar comunicados oficiales o declaraciones cuya lectura confirme que el arte de la diplomacia es el arte del lenguaje. Todo buen diplomático conoce las reglas que en este ámbito imperan, y las formalidades que exigen, y ello desde hace mucho tiempo.
Foto de la reunión de La Haya convocada por Rusia sobre el incidente de Douma del 26 de abril del 2018, extraida del artículo del periodista Jonathan Cook, titulado «The west closes its ears to Douma testimony», disponible aquí.
Douma o la certeza absoluta de unos ante imágenes circulando en redes sociales
Como es de conocimiento público, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido están plenamente convencidos (a pesar de la ausencia de pruebas y de investigación in situ) que las autoridades sirias son directamente implicadas en el uso de armas químicas del incidente de Douma registrado el pasado 7 de abril. Otros Estados, por el contrario, esperan primero revisar los resultados de una investigación que una misión de la misma OPAQ debe realizar en el lugar de los hechos.
Corresponsales occidentales con amplia experiencia en el terreno y que llegaron a Douma pocos días después, como Robert Fisk (The Independent, Reino Unido) han descrito cosas muy distintas a lo sostenido oficialmente por Francia y sus dos aliados: véase su artículo titulado «The search for truth in the rubble of Douma – and one doctor’s doubts over the chemical attack» (disponible aquí), cuya traducción al español fue recientemente publicada en Chile en el medio digital PiensaChile (véase enlace) y editada en Costa Rica (véase enlace) por el medio digital Cambio Político.
Es de notar que un Estado vecino de Siria, Israel fue uno de los primeros Estados en incriminar oficialmente a las autoridades sirias en el evento de Douma (véase nota de Haaretz).
Cabe recordar que hace unos años, el Quai d´Orsay en Francia se había mostrado mucho más prudente con relación a la cuestión – compleja en un conflicto como el que vive Siria – de la imputación del uso de sustancias químicas:
«La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c’est de passer du stade de l’indice ou de l’information à celui de la preuve au sens des procédures de vérification internationale. Plus difficile encore est de passer de la preuve à l’imputabilité, c’est-à-dire à la capacité de désigner qui a utilisé de telles armes. Pour passer ainsi de l’indice à la preuve et de la preuve à l’imputabilité, la première chose à faire est d’aller vérifier sur place» (véase el denominado Point de presse, del 16 de abril del 2013).
Foto extraída de nota de prensa del New York Post titulada «Surprise: Trump and France’s Macron may wind up allies after all».
Como se apreciará en las líneas siguientes, la certeza de unos ante la incertidumbre generalizada ha provocado una verdadera batalla informativa y diplomática, que evidencian los términos en los que fue redactada esta declaración conjunta suscrita por algunos de los Estados que integran la OPAQ en La Haya. Se recomienda una lectura minuciosa, en particular para quienes conocen de tradiciones y costumbres diplomáticas y pueden detectar algunas cosas cuando un Estado o un grupo de Estados se apartan de estos usos.
17 firmas de 192 Estados
Sólo 17 Estados aceptaron firmar la declaración conjunta antes mencionada del 26 de abril del 2018. Es preciso señalar que la OPAQ cuenta con 192 Estados miembros, el único Estado del mundo que no es miembro de la OPAQ siendo Israel (véase estado oficial de firmas y ratificaciones de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas). Destaca el hecho que ningún Estado de África, de América Latina ni de Asia aceptara firmar esta declaración conjunta; y que, en el caso de continente europeo, sólo aceptaron firmarla Alemania, Dinamarca, Islandia, Italia y los Países Bajos, así como Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, la República Checa y los tres Estados bálticos. Australia y Canadá completan la lista de los 17 Estados firmantes de la declaración conjunta.
El texto de esta declaración viene precedido, al menos en el sitio oficial de la diplomacia francesa (véase enlace), de un texto que cita al delegado de Francia ante la OPAQ utilizando un tono y expresiones bastante inusuales en comunicados oficiales. Según el comunicado de Francia que incluye las palabras de su delegado,
«cette réunion n’était qu’une mascarade sordide : « Elle ne surprend pas de la part du gouvernement syrien qui n’est pas à une obscénité près, ayant massacré et gazé son propre peuple depuis plus de 7 ans. Il devra rendre des comptes. Nous y veillerons. C’est plus étonnant de la part de la Russie qui ne peut espérer tromper personne avec une manœuvre aussi grossière»«.
La prudencia en materia de imputación antes mencionada por parte del Quai d´Orsay pareciera haberse totalmente desvanecido; contradiciendo incluso el delegado francés la posición externada por Francia en abril del 2013, al remontar el péndulo del tiempo a antes del 2013 cuando se refiere a «depuis plus de 7 ans«.
Al leer lo editado en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia sobre esta declaración, se desprende que Francia (y sus dos aliados anglosajones) no está para nada contenta con la iniciativa rusa y que considera útil y oportuno alzar significativamente el tono (aunque ello conlleve proceder a algunas innovaciones en materia diplomática).
Cabe precisar que no se cuenta con información que permita comparar la forma en que fue difundida esta declaración conjunta por parte de Francia con la divulgación eventualmente hecha por parte de otros Estados de la misma: esta declaración conjunta no aparece en el sitio de la diplomacia alemana (véase sitio oficial), como tampoco aparece en el sitio de la diplomacia danesa (véase sitio oficial), ni en el de la italiana (véase sitio oficial) ni canadiense (véase sitio oficial). Agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores conocedores de lenguas eslavas indicarnos cuales Estados de Europa Oriental procedieron a la eventual difusión de esa declaración, lo cual nos permitiría apreciar mejor el sostenido esfuerzo de divulgación de ese documento por parte de Francia.
También es de indicar, como dato notorio para los especialistas en comunicación y divulgación, que las referencias a esta declaración publicadas en la prensa son… muy pocas (prensa gala incluida). ¿Cómo explicar que 17 Estados suscriban un vehemente texto cuya divulgación haya sido tan escasa en medios de prensa? No se tiene una respuesta a esta pregunta, que merece, en nuestra modesta opinión, ser planteada.
El contexto en el que se enmarca esta declaración conjunta
Recordemos que, después del bombardeo aéreo que Estados Unidos, Francia y Reino Unido realizaron contra Siria el pasado 13 de abril, diversos sitios y análisis han puesto en tela de duda la responsabilidad de Siria en el incidente de Douma y denunciaron el verdadero «fiasco» que fue este bombardeo desde el punto de vista militar. Mientras tanto, una buena cantidad de juristas concluyeron sus análisis reafirmando la total ilegalidad del bombardeo a la luz del derecho internacional y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas al uso de la fuerza armada.
Rusia, por su parte, denunció el hecho de que se acusara a las autoridades sirias sin tener la menor prueba de su responsabilidad directa en el uso de armas químicas y encontró varios elementos que parecen demostrar que el incidente de Douma es un montaje.
Nótese que en declaraciones dadas a conocer 24 horas antes de estos ataques aéreos concertados, el mismo Secretario de Defensa de Estados Unidos admitió públicamente no contar con ninguna prueba («evidence») sobre el evento en Douma del 7 de abril, más allá de lo que se pudo leer en las redes sociales («social media indicators» según la expresión usada por el funcionario norteamericano): véase al respecto el video de su comparecencia ante una Comisión del Congreso, disponible en este enlace de twitter.
Desde la perspectiva jurídica, en un análisis cuya lectura se recomienda, los Profesores Olivier Corten (Université Libre de Bruxelles) y Nabil Hajjami (Université de Nanterre) titulado «Les frappes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France en Syrie: quelles justifications juridiques ?» (Disponible aquí), concluyen sus reflexiones alertando que:
«… à force de multiplier les précédents dans lesquels on écarte purement et simplement le droit international au nom d’impératifs moraux ou politiques que l’on définit et interprète soi-même, la norme elle-même tend à s’estomper, si pas à disparaître. En ce sens, l’enjeu de la crise syrienne va bien au-delà de l’opportunité ou de la légitimité des frappes limitées menées contre le régime syrien le 14 avril dernier«.
El inusual recordatorio hecho por el Secretario General de Naciones Unidas a los Estados Miembros del Consejo de Seguridad en su alocución del mismo 14 de abril puede leerse como una diplomática llamada de atención:
«As Secretary-General of the United Nations, it is my duty to remind Member States that there is an obligation, particularly when dealing with matters of peace and security, to act consistently with the Charter of the United Nations and with international law in general. The UN Charter is very clear on these issues» (véase comunicado oficial de prensa del Secretario General de Naciones Unidas).
Violar el derecho internacional so pretexto de defenderlo: una peligrosa apuesta
En el texto de la declaración conjunta, podemos leer que para Francia, Estados Unidos, Reino Unido y los 14 Estados que la suscriben, «Obstruction, propagande, désinformation sont autant de tentatives visant à porter atteinte au cadre multilatéral«.
Esta frase posiblemente provoque alguna sonrisa a los numerosos juristas que denunciaron la acción militar unilateral realizada por tres Estados que son Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en clara violación de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Con relación a esta última, vale la pena destacar que después de los atentados perpetrados en París, en el 2015, Francia presentó ante el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución que omitía toda referencia a la Carta. En aquel momento, nos permitimos señalar que:
La France, à cet égard, avait surpris bien des observateurs en présentant, suite aux attentats de Paris, un projet de résolution au Conseil de Sécurité (voir le texte de la « blue version » diffusée aux membres du Conseil) sans aucune mention à la Charte des Nations Unies dans le dispositif du texte : une grande première pour la diplomatie française, qui mérite d’être soulignée» (véase nuestra nota titulada «Contre une invocation abusive de la légitime défense face au terrorisme«, publicada por Dommagescivils y disponible aquí).
Desde el punto de vista político, queda claro que los tres Estados autores del bombardeo del 13 de abril, al asociarse de esa manera (sin esperar disponer de elementos probatorios verificados y verificables) perdieron la poca credibilidad que aún podían conservar en el Medio Oriente, en particular en el caso de Francia. En cuanto a la fecha escogida para lanzar su ataque tripartito del 13 de abril, esa fecha coïncidió con la llegada a Siria del equipo enviado por la OPAQ para investigar el incidente de Douma.
Sobre ese detalle y otros más, remitimos a nuestros estimables lectores al breve artículo que elaboramos sobre las reacciones oficiales de los Estado de América Latina al bombardeo contra Siria, titulado «Yo sospecho, tú sospechas, …nosotros bombardeamos»: a propósito del bombardeo realizado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Siria y las reacciones oficiales suscitadas en América Latina» (disponible aquí). Nótese que el comunicado oficial emitido por Costa Rica se destaca de todos los demás con relación a la imputación directa a Siria del evento de Douma del 7 de abril. En el mismo artículo se refiere al hecho – algo previsible – que el único Presidente de América Latina en haber apoyado el ataque tripartita contra Siria, es el de Colombia.
No cabe duda que esta reunión informativa convocada por Rusia sobre el evento de Douma no fue del agrado de Francia (ni de sus dos socios anglosajones). No obstante, en vez de tomar nota de esta, o bien proceder a comunicar de manera diplomática su descontento con la iniciativa rusa, escogiendo los mejores términos que ofrece la prodigiosa riqueza del lenguaje, Francia optó por otro tipo de reacción, un tanto virulenta, que puede generar más dudas que las que pretende disipar.
Bombardeos ilegales contra Siria basados en informes de inteligencia
La ausencia de evidencias fehacientes que demuestren la responsabilidad de Siria en los diversos episodios donde se sugiere el uso de sustancias químicas ha dejado de ser un obstáculo para proceder a bombardeos aéreos contra Siria. Ello quedó demostrado con el bombardeo estadounidense de abril de 2017, realizado de forma solitaria; y se volvió a confirmar el pasado 13 de abril del 2018.
Cabe recordar que, después de aquel bombardeo realizado por Estados Unidos en abril de 2017, un informe de los servicios secretos de Francia vino a confirmar las conclusiones a las que habían llegado sus homólogos norteamericanos (remitimos al lector a nuestro breve análisis, titulado «Armes chimiques en Syrie: à propos du rapport des services de renseignements français«, disponible aquí).
El anuncio oficial de «pruebas irrefutables contra Siria» por parte de Francia se hizo pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones, el 19 de abril de 2017 (véase déclaraciones del jefe de la diplomacia gala contenidas en esta nota de prensa de Le Parisien).
Como indicado, el informe de los servicios de inteligencia de Francia fue precedido por un informe de inteligencia presentado por Estados Unidos: este último había sido calificado por especialistas norteamericanos como un «obviously false, misleading and amateurish intelligence report» (sic.)(Nota 1).
A modo de conclusión
Cabe recordar que, en septiembre de 2013, Francia estuvo a punto de declararle la guerra a Siria. El súbito cambio de posición del Presidente Barack Obama obligó entonces a Francia a revisar su dispositivo militar. (Véase nota de prensa titulada «L’été où la France a presque fait la guerre en Syrie» publicada en setiembre del 2014 en Le Monde). Se lee en la precitada nota que:
«Mercredi 4 septembre, le jour du débat prévu à l’Assemblée nationale, François Hollande convoque ses principaux ministres et collaborateurs pour un conseil restreint, à 11 h 30, à l’Elysée. « Le président insiste sur la nécessité d’apporter des informations d’origine françaises pour valider un argumentaire en quatre points, raconte un témoin: c’est une attaque chimique, massive, contre des civils, orchestrée par le régime de Bachar Al-Assad ».
Hay que agradecer a la redacción de Le Monde por tener tan bien informados a sus lectores, y notar que el sencillo guion solicitado por el Presidente François Hollande a sus colaboradores más cercanos («attaque chimique / massive / contre des civils / orchestrée par le régime de Bachar Al-Assad») recuerda uno proveniente esta vez de su homólogo, el Presidente Barack Obama (Nota 2).
Esta declaración conjunta del 26 de abril de 2018 parece confirmar que, casi cinco años después, Francia sigue manteniendo la misma estrategia en Siria y que, esta vez, ha encontrado en Estados Unidos un socio dispuesto a acompañarla, mediante la ayuda de informes de inteligencia.
Todo intento por demostrar algo que no sea la responsabilidad directa de las autoridades sirias es considerado inoportuno y debe ser combatido: todos los Estados que presten su concurso a ello son bienvenidos.
Notas
Nota 1: Véase informe del Profesor Theodore A. Postol del MIT (Massachusetts) (texto completo disponible aquí) titulado «A Quick Turnaround Assessment of the White House Intelligence Report Issued on April 11, 2017 About the Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun, Syria«, página 4.
Nota 2: En el 2013, algunos medios de información (pocos) se interesaron por correos filtrados relativos a un plan secreto de la Administración Obama para endosar a Siria el uso de armas químicas que justificarían una intervención militar: véase el artículo titulado “U.S. ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria and blame it on Assad’s regime”, retirado del sitio inicial que lo publicó y capturado por otros sitios, como por ejemplo en este enlace.
Texto de la Declaración conjunta del 26 de abril del 2018, tal y como publicada en el sitio oficial de la diplomacia francesa (texto en francés):
Syrie / Attaques chimiques à Douma (7 avril) : Déclaration conjointe de la France et 16 autres pays membres de l’OIAC (26.04.2018)
«Le 26 avril, la Russie a décidé la tenue d’une prétendue réunion « d’information » au siège de l’OIAC (La Haye) mettant en scène des « témoins » syriens.
La France et 16 autres pays membres de l’OIAC ont dénoncé cet exercice de propagande dans une déclaration (lire ci-dessous).
Comme l’a affirmé le représentant de la France auprès de l’OIAC, M. Philippe Lalliot, cette réunion n’était qu’une mascarade sordide : « Elle ne surprend pas de la part du gouvernement syrien qui n’est pas à une obscénité près, ayant massacré et gazé son propre peuple depuis plus de 7 ans. Il devra rendre des comptes. Nous y veillerons. C’est plus étonnant de la part de la Russie qui ne peut espérer tromper personne avec une manœuvre aussi grossière. »
La France et ses partenaires rappellent leur plein soutien à l’enquête menée par l’OIAC en dépit de toutes les tentatives de propagande et d’obstructions.
Déclaration conjointe de l’Allemagne, l’Australie, la Bulgarie, le Canada, le Danemark, l’Estonie, des Etats-Unis d’Amérique, de la France, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, des Pays-Bas, de la Pologne, la République tchèque, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Slovaquie
Les enquêteurs de l’OIAC sont en Syrie depuis deux semaines. Ils effectuent leur travail dans des conditions très difficiles. Nous leur apportons notre soutien plein et entier. Au lieu de collaborer avec l’OIAC pour l’aider dans son enquête, la Syrie et la Russie n’ont cessé de dresser des obstacles dans le but de retarder son déploiement à Douma et de mener une campagne de propagande contre elle. l’Allemagne, l’Australie, la Bulgarie, le Canada, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, les Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Slovaquie, pays signataires de la présente déclaration conjointe et Etats Parties à la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC), entendent attirer l’attention sur cette intolérable campagne de diffamation menée par la Russie contre l’OIAC et appeler à y mettre un terme. Aujourd’hui, la Russie a décidé d’organiser une prétendue réunion d’information au siège de l’OIAC, qui n’est rien d’autre qu’un simple exercice de propagande.
Pire encore: en présentant l’information dans les locaux de l’OIAC, la Russie tente de donner la fausse impression que l’OIAC a organisé cette réunion à la demande de la Russie. Rien n’est moins vrai. Le Directeur général de l’OIAC a tenu sans ambiguïté à se dissocier de cette réunion. Il a fait savoir à la Russie que cette réunion, au cours de laquelle des « témoins » prétendront avoir été engagés pour simuler une attaque à l’arme chimique, va à l’encontre du travail que les inspecteurs de l’OIAC sont en train d’effectuer en Syrie et que, si ces « témoins » détiennent des informations utiles sur l’incident, ils doivent en premier lieu être présentés aux enquêteurs de la FFM (Mission d’établissement des Faits) pour être interrogés.
L’authenticité des informations recueillies à ce jour concernant les attaques chimiques perpétrées à Douma le 7 avril, grâce à de nombreux témoignages, est incontestable. Des ONG médicales ont trouvé des traces d’agents chimiques sur les victimes. De nombreuses photos et vidéos, qui se corroborent mutuellement, ont été authentifiées. Les symptômes présentés le jour de l’attaque par plus de 500 patients accueillis dans les centres médicaux évoquaient indubitablement une intoxication au gaz. L’OMS a exprimé son inquiétude devant des rapports de ses partenaires sur l’état de patients présentant des signes et symptômes révélateurs d’une exposition à des substances chimiques toxiques. Nous attendons que ces informations soient vérifiées et confirmées par un examen indépendant de la FFM.
Obstruction, propagande, désinformation sont autant de tentatives visant à porter atteinte au cadre multilatéral. Nous exhortons la Russie à coopérer pleinement avec l’OIAC, comme elle a affirmé à maintes reprises vouloir le faire et comme ses engagements internationaux l’y obligent. Nous appelons également la Russie à exercer la responsabilité qui lui incombe d’exhorter la Syrie à respecter pleinement ses engagements au titre de la CIAC.
Nous réaffirmons notre plein soutien au Directeur général de l’OIAC et au Secrétariat technique et exprimons notre entière confiance dans le travail de l’OIAC«.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
En esta oportunidad hacemos un breve recorrido por el panorama mundial, tomando primero la decadencia de la política imperial, sus guerras militares en medio oriente, para luego, pasar rápidamente a señalar las luchas que se libran en el continente americano. En este corto espacio trata de hacer una apretada síntesis del complicado espectro, donde la juventud es la actora principal.
Así como ha sido imposible esconder los ciclos de crisis económica que ha tenido el sistema capitalista en la última década, le es imposible a la cabeza del sistema en Washington, esconder el declive en la política internacional.
En un informe que el mismo gobierno estadounidense publica, hace ver que, durante el examen de 93 resoluciones en la Asamblea General de la ONU en el 2017, solamente hay un 31% de coincidencia de voto de EUA con el resto de naciones. Este dato comparado con el año anterior es de 10 puntos menos. En los años 2014 y 2015 su popularidad tampoco era significativamente mayor a las de 2017, cuanto obtuvo un 38 y 37 por ciento, respectivamente. En el presente año, pareciera que esta tendencia se mantendrá a la baja.
Es muy conocido que las naciones donde EUA es menos popular son Zimbabue, Burundi, Irán, Siria, Venezuela, Corea del Norte, Turkmenistán, Cuba, Bolivia y Sudáfrica.(https://www.state.gov/documents/organization/281458.pdf). Además de otros países erráticos como Turquía. Y aun dudamos si Ecuador estará en la fila Trumperiana.
Podemos imaginar el disgusto que pasa la embajadora Nikky Haley, quien tiene como principal objetivo, obtener el mayor apoyo mundial de sus propuestas. Cómo es típico en las esferas políticas altas y bajas, el cinismo tampoco está ausente en la ONU. Según la Sra. Haley, “Esto se debe a que nos preocupamos más sobre estar en lo cierto que en lo popular».
La Guerra Fría II, sigue escalando más peldaños buscando beneficiar a la clase rica del globo terráqueo. La concentración de sus esfuerzos está allá adonde Washington decide apuntar sus baterías, aun cuando las condiciones actuales son menos favorables a sus caprichos por el crecimiento multipolar del poder mundial. Hay gobiernos que tradicionalmente han seguido las indicaciones de la Casa Blanca, sin cuestionamiento alguno, como es el caso de Alemania. Una potencia europea muy importante, quien ahora hace esfuerzos por soltarse de esas ataduras.
El panorama es de guerras convencionales, utilizando innumerables grupos terroristas y mercenarios en el Oriente Medio, donde hay oficialmente ejércitos del Occidente involucrados desde sus inicios. Mientras que, en el continente americano se libran constantes batallas entre gobernantes representando las burguesías y oligarquías, varios gobiernos de facto, enfrentados a sus pueblos compuestos por etnias, obreros, campesinado, mujeres trabajadoras y juventud buscando un mejor futuro. Europa central se asimila en esto, especialmente Francia, España e Italia, con otras formas y factores históricos, pero al final, en plena lucha de clases contra el neo liberalismo.
Mientras en Brasil se encarcela a Lula por haber sacado de la pobreza más de 36 millones de familias, en Honduras se libera a quien les ha robado los zapatos a miles de niños descalzos. Mientras en Costa Rica se sigue luchando contra el extractivismo de los recursos naturales y los derechos de las etnias. La clase trabajadora exige que las élites sociales y económicas también paguen por el déficit fiscal. En Nicaragua se envían bandas de maleantes para asesinar y perturbar la tranquilidad de un proceso de diálogo en su esfuerzo por reconstruir su herida democracia. En Perú, aunque sin PPK, se mantiene la imposición del modelo neoliberal y la “propuesta de Lima” para boicotear las elecciones y el proceso de alternativa financiera de Venezuela, sin excluir una posible invasión militar combinada entre ejércitos latinoamericanos, encabezados por Estados Unidos de Norte América. En Colombia llevan más de 350 lideres sociales asesinados y un proceso de paz cada vez es menos viable, por las acciones del Cartel del Golfo en coordinación con los paramilitares de la autodefensa, creada por las élites económicas y políticas. Su persecución contra las minorías étnicas es implacable. Argentina y Chile se han unido para “democratizar” a Venezuela, así que sus problemas internos con la clase trabajadora, la juventud estudiantil, las etnias y el magisterio en las calles, se dejan de lado, tal y como hace Enmanuel Macron en Francia, con los sindicatos del transporte.
El Ejecutivo de Argentina acaba de obviar el parlamento ingresando tropas militares del Pentágono, seguramente en preparación para la “democratización” de Venezuela. Así mismo ocurre en Panamá con el magisterio en las calles; en Perú con los trabajadores de la salud y la educación. Brasil está en todas las pantallas del mundo con miles de indígenas exigiendo respeto a sus derechos ancestrales; con ataques criminales a quienes custodian la integridad de Lula da Silva y, aun sin develar a los asesinos de la diputada negra Marielle Franco. Ni qué decir de México, con innumerables crímenes de Leza humanidad sin resolver, en medio de un proceso electoral que amenaza a la clase dominante con perder el control político. En Guatemala el pueblo, en una sola voz, exige la renuncia de su presidente Morales por corrupción, mientras que, en El Salvador, estamos por ver la “dulce venganza de Arena” contra el Frente Farabundo, y de paso, contra la clase trabajadora, al iniciar pronto su gobierno.
Hasta ahora los centros de mayor interés de Washington, como todos sabemos, son los países árabes de Oriente Medio, sub divididos en alianzas geopolíticas por intereses político- religiosos y de sus riquezas. Lo más lamentable han sido las escusas para invadir, destruir y asesinar a millones de sus habitantes, como los casos en Iraq, Libia, Afganistán, Palestina, Líbano, Yemen y Siria. El nuevo bombardeo realizado contra Siria entre EUA, Francia y la Unión Británica el 14 de abril, cinco días después que Israel había hecho lo mismo, se justificó por un supuesto ataque con armas químicas del gobierno sirio. El jueves 26, ya la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) dio a conocer que todo fue un montaje de la oenegé Cascos Blancos, con sede en Inglaterra. Además, este mismo organismo de la ONU, verificó que el veneno aplicado al ex agente doble ruso Sergei Skripal y su hija fueron pudo ser producido en el mismo Inglaterra, Estados Unidos u otro país, menos en Rusia.
En este marco de acusaciones, ataques, invasiones militares, ocurridas en este mes, se ha llegado a confirmar que el supremo poder militar del que gozaba EUA, aun en unión con Inglaterra y Francia, ha dejado de existir. El 14 de abril le lanzaron más de ciento tres misiles a Siria, de los cuales, se dice que solamente nueve dieron en el blanco. Los demás fueron destruidos por el ejército sirio, sin intervención militar, en su defensa, por parte de los rusos.
Como dijera recientemente el vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, con las derrotas que ha sufrido EUA en medio oriente, su atención cambiará hacia su propio continente. Es aquí adonde los halcones imperiales heridos van a buscar recuperarse.
Warren Edward Buffett – con una fortuna personal estimada por Forbes en 58 mil millones de dólares en el 2008 – expresó: “Por supuesto que hay lucha de clases y los ricos estamos ganando”. Por otra parte, el ex ministro de Justicia del Gobierno de España Ruiz-Gallardón sin inmutarse dijo: “gobernar es repartir dolor”.
Aun cuando es chocante escuchar tales expresiones, podemos aceptar que la clase empresarial- financiera, dueña de las riquezas mundiales no solamente está ganando, pero está dispuesta a destruir lo que no logra acaparar. No solamente juega con cartas marcadas, pero sin ningún escrúpulo moral. Da golpes de Estado militares, golpes técnicos, judiciales y legislativos. Utiliza las religiones y cualquier valor social para lograr escalar al poder político. El engaño, la intriga, el chantaje, el boicot y la mentira son sus principales antivalores. Utiliza las mafias, las maras, las bandas de narcotraficantes, los soldados de fortuna, el sicariato, los grupos paramilitares, los partidos políticos, las organizaciones de barrios, a pastores, las vírgenes y santos de las iglesias para sus objetivos lujuriosos, no conoce ética ni límite moral alguno. Sin ninguna pena utiliza la lucha contra la pobreza como “su causa” para lograr sus propósitos. Los derechos humanos son parte de su agenda para engañar a incautos. Es en la clase dominante adonde el principio de “los fines justifica los medios”, se aplica en toda su dimensión.
Mientras se dan esas batallas campales de ligas mayores en Medio Oriente, en nuestra región latinoamericana, la clase trabajadora libra importantes batallas. Se es consciente que la “espada de Damocles” sigue sobre las cabezas de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua. No obstante, la administración Trump debe saber que, una invasión militar extranjera a uno de estos países conllevará consecuencias imprevisibles para el continente entero.
Es cierto que muchos gobernantes ahora reparten dolor en sus pueblos, como lo afirmara el miembro del PP español; probablemente los ricos estén ganando la lucha, pero eso no seguirá siendo así cuando hay una juventud trabajadora, estudiantil y militante, dispuesta a trazarse un mejor futuro.
Para comprender mejor la cuestión, y poder contextualizarla apropiadamente, conviene empezar por explicar un poquito sobre las diversas corrientes de pensamiento que subyacen a la economía, en cuanto que ciencia social.
En particular, existe una corriente ampliamente hegemónica. Llámela perspectiva teórica o, si usted prefiere, digámosle paradigma. Alguna gente la llama la “teoría neoclásica”. Los economistas que se adscriben a esa corriente, eligieron hace ya más de 40 años, otra designación, aún más pomposa: “la nueva macroeconomía clásica”.
Es una teoría que recurre a un lenguaje matemático muy sofisticado, con lo que, a menudo, termina siendo simple gimnasia mental, con poquísima o nula relevancia desde el punto de vista económico. Si se examina más en profundidad lo que esta teoría plantea, queda en evidencia que, en lo fundamental, representa un retorno a las teorías que eran dominantes a finales del siglo XIX e inicios del XX, las cuales entraron en crisis y se desacreditaron gravemente a raíz de la Gran Depresión de los años treinta, y ante el ataque teórico proveniente del economista inglés John Maynard Keynes (1883-1946), en especial, aunque no exclusivamente, su “Teoría General” (1936).
Esas teorías prekeynesianas básicamente afirmaban una cosa: los mercados capitalistas poseen capacidades de autorregulación automática que garantizan que la economía siempre funcionará de manera óptima y con pleno empleo (una idea en mucho deudora al trabajo del economista francés, León Walras, 1834-1910). O sea, y con arreglo a tales teorías, la Gran Depresión jamás debió ocurrir…pero ocurrió. Keynes elaboró una crítica que, de diversas formas, torpedeaba la médula de tales teorías. Demostró que había rasgos de irracionalidad en los comportamientos propios de los mercados capitalistas, lo cual, en combinación con la incertidumbre y el peculiar papel del dinero, determinaba la posible emergencia de situaciones de crisis, como esa Gran Depresión.
Mientras en Carlos Marx (1818-1883), el problema principal detrás de la crisis capitalista era la tendencia declinante de la tasa de ganancia (o sea, de los índices de rentabilidad relativamente al monto del capital invertido), en Keynes el énfasis se ponía en el lado de la demanda.
Keynes, más incluso que el propio Marx, se ganó el odio de esa ortodoxia, precisamente porque la atacó desde dentro de ella misma. Luego, esa economía neoclásica intentó, con notable éxito propagadístico, apropiarse de Keynes reintroduciéndolo en su ortodoxia y limándole garras y dientes. Pero, en realidad, no lo lograron, porque sobrevivió y con el tiempo se ha fortalecido una corriente crítica –el poskeynesianismo– de la que casi nadie en Costa Rica parece saber nada. Fue desde ahí que se elaboraron críticas radicales a aspectos sustantivos de la teoría ortodoxa (en relación, por ejemplo, con su teoría del capital, la función de producción, la teoría de la distribución y la teoría del equilibrio en competencia perfecta, entre otros).
Pero, bueno, la ortodoxia neoclásica siempre ha tenido a su favor el poder económico, porque, a su vez, ese poder económico ha entendido que aquella ortodoxia le ofrece un inmejorable aparato de justificación de sus intereses, aparte que logra hermosear su ideología, al colgarle trajes de aparente cientificidad. No extrañe entonces ese resurgir que se da sobre todo hacia los setenta del pasado siglo (aunque con antecedentes en el decenio anterior). El “paraguas” que lo engloba es la ya mencionada (según designación elegida por los propios interesados) “nueva macroeconomía clásica”, a cuyo amparo florece toda una gama de teorías, aparentemente nuevas: expectativas racionales, mercados eficientes y ciclos reales, posiblemente la tres principales. De donde surge, además, una larga lista de galardonados con el llamado premio Nobel de economía.
Lo de “nueva” es más que discutible. Un examen detenido pone en evidencia que viene siendo básicamente lo mismo que se decía antes de Keynes (y que permanecía invulnerable a lo que el marxismo por entonces proclamaba), que luego Keynes desbarató con parricida entusiasmo, para enseguida recomponerse en una especie de “frankestein” teórico a medio camino entre Keynes y la ortodoxia neoclásica. Aunque pulverizado posteriormente por la crítica poskyenesiana, en todo caso sobrevivió tomando el atajo de decirse “aquí no ha pasado nada” y hacerse los desentendidos. Efectivamente, es teoría prekeyenesiana, pero maquillada con nuevos términos y una sobredosis de matemática.
Tal es el trasfondo teórico-ideológico que informa, guía y motiva al común de los y las economistas costarricenses. Por ello usted les oye decir: “la economía de Costa Rica no crece lo suficiente ni genera el suficiente empleo, por causa de las malas expectativas que el déficit fiscal le ocasiona a los empresarios”. O bien: “recortar el gasto público para reducir el déficit fiscal le devolverá la confianza a los empresarios, y así la economía crecerá más y creará más empleos”. Detrás de esta forma de razonar está la “nueva macroeconomía clásica”, sobre todo la hipótesis de las expectativas racionales. Ni más ni menos. O sea: lo mismo que los economistas habrían dicho 100 años atrás, aunque con términos parcialmente distintos.
De la gente que Carlos Alvarado está colocando en su equipo económico, conozco relativamente bien a Edna Camacho y a Rocío Aguilar. La primera era candidata vicepresidencial del PUSC, siendo yo el del Frente Amplio, cuando, con mucho honor, puse el pecho a las balas en debates económicos en los que a mí solito, frente a todo el resto de candidaturas vicepresidenciales, me tocó defender tesis económicas progresistas y alternativas. Con la segunda compartí en una comisión convocada por el Programa Estado de La Nación. Creo poder decir que sé bien cómo piensan y cómo miran los problemas económicos de nuestra Costa Rica. No conozco personalmente a Rodrigo Cubero, quien ocupará la presidencia del Banco Central, pero las referencias disponibles sugieren que hará equipo, con amplia coincidencia de criterios, con las señoras Aguilar y Camacho.
Desde luego, celebro que este par de mujeres, tan capaces y calificadas, ocupen puestos tan importantes en el ámbito económico, los cuales en el pasado siempre fueron asignados a hombres. Pero me temo que ellas dos, en conjunto con Cubero, formarán un poderoso tridente, que con gran vigor y energía, presionará por llevar adelante una agenda económica muy ortodoxa y conservadora: ajuste tributario severo y muy regresivo; restricción al gasto público, inclusive el gasto social; reducción de derechos laborales (y no solo en el sector público) y avance en la agenda de liberalización financiera.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Duele profundamente Nicaragua; duele el dolor, las lágrimas y la angustia de su gente, la agresión, la violencia y la represión. Duele, sobre todo, la sangre derramada y las vidas apagadas. Lo lamento en el alma y lo condeno con indignación.
Son claras las responsabilidades que en todo esto caben al gobierno Ortega-Murillo: respondió a la protesta popular con violencia directa y desmedida. Ello inauguró un bucle creciente y autoalimentado de nuevas protestas y violencia descontrolada.
Es fácil recurrir al atajo de la justificación conspirativa, tan del talante de algunas izquierdas latinoamericanas: todo es un montaje del capital y una trama urdida desde Washington, para frenar otro de los bastiones, aún en pie, de los proyectos de izquierda latinoamericanos.
Y, sin embargo, ello resulta difícilmente plausible cuando uno observa la diversidad de los grupos que participan de la protesta y los muchos espacios desde los que se movilizan y manifiestan. Y no me refiero a lo que la prensa tradicional difunde, sino a las cascadas de información que, por medio de videos y audios aficionados, circulan. Se pierden de vista dos cosas esenciales: la tradición insurreccional que a lo largo del tiempo (al menos desde las primeras intrusiones violentas de Estados Unidos hace más de un siglo), se ha consolidado y que, seguramente, fluye en los genes culturales de este pueblo; y, segundo, las posibilidades para la autoconvocatoria que conceden las tecnologías actuales, que son asimismo las que posibilitan tener acceso a información de primera mano que en otros tiempos no habríamos conocido.
Pero no deberían olvidarse los antecedentes puestos por el mismo Ortega, a través de un gobierno de tintes autoritarios, enredado en oscuros pactos con el poder religioso más conservador, políticos corruptos, el gran empresariado y algunos poderosos intereses económicos externos. No es un detalle menor que en su reciente llamado a diálogo convoque solamente a la iglesia católica y al gran empresariado.
Lo mejor que podría decirse del gobierno Ortega-Murillo es que ha puesto en marcha una suerte de “socialismo asistencialista”, caudillista y proclive a la manipulación y la corrupción. Socialismo debería ser garantía institucionalizada de derechos universales, no repartición de dádivas a discreción. Pero, aun así, resulta difícil ocultar sus estrechos ligámenes con grandes intereses económicos.
Si las izquierdas de América Latina aspiran a ser una verdadera fuerza de emancipación, han de serlo desde un opción radical por la democracia y los derechos humanos, y un respeto irrestricto por la verdad. Y ese espíritu emancipador pasa por reconocer que el poder gubernamental no es un objetivo en sí mismo. Ceder el gobierno cuando la voluntad popular así lo decida, puede ser el paso necesario para limpiar vicios y corrupción y superar errores cometidos. Tomar nuevos aires, renovarse y volver a fortalecerse.
Imagen tomada del Facebook de Luis Paulino Vargas Solís.
El ministro de Trabajo y otras autoridades de gobierno nos han dicho en varias ocasiones algo así como que: el aumento de impuestos permitirá que se financien los salarios, no suban las tasas de interés de los créditos, si se piensa de manera ligera y bastante egoísta podría fácilmente concluir que tienen razón “a los funcionarios públicos podría convenirnos un paquete fiscal”.
Es importante aclarar que el porcentaje de ingresos tributarios para que cualquier gobierno cumpla con sus deberes es menor al necesario, o sea se requiere más impuestos, por eso existe la deuda interna como una medida casi desesperada para cubrir los gastos, aumentando lógicamente el más serio problema que tiene el gobierno dentro del déficit fiscal (50%).
El movimiento sindical podría hacerse el “chancho” y dejar que la “paz social” mantenga la dinámica de atornillar a las mayorías, sin tocar a los poderosos con más impuestos, esa sería la posición más cómoda, pues la población seguiría “detrás del palo” y simplemente tendría que pagar el costo de esta solución pero…
Nosotros somos parte del pueblo y también tendríamos que pagar el aumento de los impuestos y para poner una “flor en el ojal” el paquete fiscal tiene una serie de medidas que afectarán los servicios públicos, al reducir el gasto público a la fuerza además de poner reglas para el pago de los salarios de los funcionarios que podrían rebajar de manera brutal lo que recibimos.
¿Nos piden propuestas? ¡Mentirosos! Cuando el movimiento sindical ha propuesto soluciones que implicarían repartir entre las diferentes clases sociales el costo de mantener los servicios públicos, simplemente nos ignoran, porque nuestra visión no es “políticamente viable”, lo que significa que los diputados representantes de los poderosos no lo van a aceptar.
¿Y saben porque proponemos afectar a los ricos? Porque contrario a la posición de gobierno que “no quiere afectar los precios internacionales de exportadores” debido a que eso “quita competitividad”, creemos que el país es uno solo y que todos los que creamos riqueza, más los que se la apropian, debemos contribuir al desarrollo nacional, no dejando esa responsabilidad solo en los que menos ganan.
Además consideramos que los grupos poblacionales más poderosos que se dejan más del 50% de la riqueza país producida en un año y también están dentro del grupo de los que más evaden el pago de impuestos (8% del Producto Interno Bruto), deben ponerse en cintura, eso ayudaría mucho en otro problema bien ignorado: la justicia social.
Si el escandalo mundial de los Papeles de Panamá tiene ricos nacionales involucrados, los que no pueden acusarse de evasión porque aquí no existen los delitos en nuestra legislación, cualquiera en su sano juicio diría que ese es una camino de solución de nuestro grave problema.
Estamos tan lejos de las palabras del presidente que impuso el impuesto a la renta, Alfredo González Flores “que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres” lo que le costó un golpe de Estado.
(*)Secretario General, Central General de Trabajadores
Durante los días previos al sábado 20 de abril de 2018, La Nación publicó varios reportajes que resaltaban criterios emitidos por expertos o encumbrados representantes de dos influyentes organizaciones de alcance global: el Banco Mundial (BM) y la OCDE. El diagnóstico compartido era: el problema fiscal de Costa Rica es una grave amenaza. La propuesta era igualmente consensuada: realizar un severo ajuste que reduzca de forma pronunciada los desequilibrios fiscales, la cual debería llevarnos, en un plazo relativamente breve, a una situación de superávit, o sea, de exceso de los ingresos del gobierno sobre sus gastos. Todo lo cual ha culminado –al menos de momento– en el editorial de La Nación de este sábado 20 (https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-banco-mundial-ocde-y-la-urgente/H5EGHLAMXVHPNJXX27OJRK7QDM/story/) con el que se pone la cereza sobre el pastel.
Los datos que el editorial cita, tomados a su vez de lo que el BM receta, habla de pasar de la actual situación de “déficit primario” a una de “superávit primario”. Aclaremos los términos: “déficit primario” hace referencia al exceso de los gastos del Gobierno Central sobre sus ingresos, pero sin considerar los pagos por concepto de intereses de la deuda. Alcanzar “superávit primario” implica, por lo tanto, pasar a un exceso de los ingresos sobre los gastos, pero siempre sin incluir esos intereses.
Pues bien, hoy día el “déficit primario”, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), o sea, del valor monetario total de la producción de bienes y servicios de la economía costarricense, se ubica algo por encima del 3%. En términos absolutos, ello significa alrededor de un millón de millones de colones, o sea, un billón de colones. Una cifra gigantesca que equivale a cerca de 3,5 veces el presupuesto del Ministerio de Salud, o más del doble del presupuesto de las universidades. Entonces, y de la mano con el BM, La Nación nos propone pasar a un superávit primario que, como mínimo, ha de ser del 4.5% del PIB, aunque lo más deseable, nos dice, es que alcance el 5,2% del PIB. Lo primero, según indican, estabilizaría la deuda pública, o sea, frenaría su crecimiento. Lo segundo nos daría un singular honor: las llamadas agencias calificadoras internacionales (Moodys, Standard & Poor’s, Fitch), nos concederían “grado de inversión”, que viene siendo como pasar a ser parte de las familias elegantes y de buena reputación.
Un superávit del 4,5% implicaría un excedente positivo de alrededor de 1,4 billones de colones. Llevarlo al 5,2% significaría aproximadamente 1,6 billones. Sume usted, entonces: partiendo del “déficit primario” actual, eso significaría un ajuste fiscal –vía aumento de impuestos y/o recorte de gastos– por un monto total de 2,4 billones en el primer caso y de 2,6 billones en el segundo. O sea, más de 8% como proporción del PIB.
Supongamos que fuera un ajuste “gradual” en tres años. O sea: a razón de 2,7 puntos del PIB por año. Si es vía recorte en el propio gobierno, ello significará menos compras públicas y despido de gente, y, por lo tanto, contracción del consumo público y privado. Si es vía impuestos sobre los ingresos de sectores pobres y medios (que es lo que esta gente privilegia), ello también contraerá el consumo privado. Y un recorte de tal magnitud, podría hacer que la economía caiga y entre en recesión, con lo que la situación del empleo, que ya es muy mala, se deterioraría aún más.
Todo lo cual sería simplemente desastroso: por el deterioro en las condiciones de vida de mucha gente, el agudo disgusto social que provocaría y el impacto negativo sobre el de por sí maltrecho prestigio del sistema político.
Suponer otra cosa es, sencillamente, pensamiento mágico. Y eso, según parece, es a lo que apelan el BM, la OCDE y La Nación. No hay forma posible de empujar el crecimiento de la economía, cuando ésta es sometida a un ajuste de tales dimensiones. Imaginar que ello devolverá la confianza al empresariado para estimularlo a invertir y generar nuevos empleos, pasa por alto un hecho objetivo simple y contundente: las empresas no se ven estimuladas por un mercado y una demanda en caída libre. Y ese sería el efecto directo que tendría un ajuste fiscal tan severo.
Por ello resulta risible esta afirmación de La Nación: “…si la economía del país alcanzara tasas de crecimiento superiores al 6 % anual, no solo ello coadyuvaría a reducir el endeudamiento público…sino que contribuiría a aumentar la recaudación fiscal sin necesidad de aprobar nuevos impuestos ni elevar las tasas impositivas”. Por supuesto: si la economía alcanzase tales niveles de dinamismo, y sobre todo si se logra que sea un crecimiento que genere muchos empleos, lo resolución de los problemas fiscales, sería muchísimo más fácil. Pero lo asombroso es que esta gente tan sabia no se entera que el violento ajuste fiscal que promueve funciona exactamente a la inversa: en contra del crecimiento y en contra del empleo. Es, con toda certeza, una fórmula para agravar los problemas fiscales.
Lo cierto es que todos estos expertísimos personajes, insisten unilateralmente en un severo ajuste fiscal, agarrados a un artículo de fe que la realidad ha comprobado reiteradamente fallido: que la austeridad fiscal genera dinamismo económico y empleo. Desde ese principismo dogmático, omiten toda propuesta para reactivar la economía, porque imaginan que eso se dará mágicamente.
Detrás de los proyectos fiscales actualmente en discusión –en particular la “mega-moción o texto sustitutivo del proyecto de ajuste tributario (expediente 20.580)– subyace el mismo error, la misma visión parcial y fragmentada. Miran el problema fiscal sin captar el contexto social, político y económico más amplio. No quieren saber nada del daño que sus propuestas podrían causarle a la economía, ni querrán admitir que por esa vía se arriesga agravar los problemas fiscales que dicen querer resolver. Y jamás aceptarán que esta es una vía regresiva e injusta, que agudizará el malestar ciudadano, generará inestabilidad social y profundizará el descrédito de la institucionalidad democrática.
Ottón Solís, por quien guardo gran respeto, ilustra el problema de estas élites políticas con particular claridad: esta es, según él, la única respuesta posible, y cualquier oposición que se exprese –por ejemplo esta que aquí planteo– es irracional y motivada por estrechos intereses gremiales (por ejemplo: https://www.elmundo.cr/otton-solis-critica-a-lideres-sindicales-y-populistas-de-derecha-por-oponerse-a-reforma-fiscal/). Tal grado de intransigencia contribuye a echarle más leña a la hoguera. No debería desestimarse tan a la ligera las críticas que plantean dudas sobre la equidad de todo esto, ni las reservas que, justificadamente, se puede tener acerca de su impacto en la economía.
Todo lo cual resulta mucho más inoportuno en un país aquejado por niveles intolerables de desigualdad, y en el que hierve a fuego lento un profundo malestar ciudadano. El mensaje de la gente en la última campaña electoral, en que se estuvo a punto de elegir a un candidato fundamentalista, enemigo de la democracia y los derechos humanos, parece no haber sido captado por estas élites políticas. Siguen en lo mismo de siempre, como si nada hubiese ocurrido. La gente, furiosa y decepcionada, podría optar incluso por las apuestas más arriesgadas. Esta vez nos asomamos al abismo. La próxima podríamos caer. Urge enderezar la ruta, solo que estas élites políticas ni se enteran de ello.
(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
