Duele profundamente Nicaragua; duele el dolor, las lágrimas y la angustia de su gente, la agresión, la violencia y la represión. Duele, sobre todo, la sangre derramada y las vidas apagadas. Lo lamento en el alma y lo condeno con indignación.
Son claras las responsabilidades que en todo esto caben al gobierno Ortega-Murillo: respondió a la protesta popular con violencia directa y desmedida. Ello inauguró un bucle creciente y autoalimentado de nuevas protestas y violencia descontrolada.
Es fácil recurrir al atajo de la justificación conspirativa, tan del talante de algunas izquierdas latinoamericanas: todo es un montaje del capital y una trama urdida desde Washington, para frenar otro de los bastiones, aún en pie, de los proyectos de izquierda latinoamericanos.
Y, sin embargo, ello resulta difícilmente plausible cuando uno observa la diversidad de los grupos que participan de la protesta y los muchos espacios desde los que se movilizan y manifiestan. Y no me refiero a lo que la prensa tradicional difunde, sino a las cascadas de información que, por medio de videos y audios aficionados, circulan. Se pierden de vista dos cosas esenciales: la tradición insurreccional que a lo largo del tiempo (al menos desde las primeras intrusiones violentas de Estados Unidos hace más de un siglo), se ha consolidado y que, seguramente, fluye en los genes culturales de este pueblo; y, segundo, las posibilidades para la autoconvocatoria que conceden las tecnologías actuales, que son asimismo las que posibilitan tener acceso a información de primera mano que en otros tiempos no habríamos conocido.
Pero no deberían olvidarse los antecedentes puestos por el mismo Ortega, a través de un gobierno de tintes autoritarios, enredado en oscuros pactos con el poder religioso más conservador, políticos corruptos, el gran empresariado y algunos poderosos intereses económicos externos. No es un detalle menor que en su reciente llamado a diálogo convoque solamente a la iglesia católica y al gran empresariado.
Lo mejor que podría decirse del gobierno Ortega-Murillo es que ha puesto en marcha una suerte de “socialismo asistencialista”, caudillista y proclive a la manipulación y la corrupción. Socialismo debería ser garantía institucionalizada de derechos universales, no repartición de dádivas a discreción. Pero, aun así, resulta difícil ocultar sus estrechos ligámenes con grandes intereses económicos.
Si las izquierdas de América Latina aspiran a ser una verdadera fuerza de emancipación, han de serlo desde un opción radical por la democracia y los derechos humanos, y un respeto irrestricto por la verdad. Y ese espíritu emancipador pasa por reconocer que el poder gubernamental no es un objetivo en sí mismo. Ceder el gobierno cuando la voluntad popular así lo decida, puede ser el paso necesario para limpiar vicios y corrupción y superar errores cometidos. Tomar nuevos aires, renovarse y volver a fortalecerse.
Imagen tomada del Facebook de Luis Paulino Vargas Solís.
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