Si observamos los mayores conflictos en el mundo actual, no son motivados por corrientes ideológicas entre capitalismo versus comunismo, con sus diversas derivaciones, como fuera durante la guerra fría. No porque no tienen ideología los grupos dominante actuales, pero su actuar denota diferentes prioridades a las que discursa o hace públicas. Es probable que los sectores dominantes siempre tuvieran un discurso o mensaje diferente a sus reales motivaciones, lo importante es develar esas diferencias en cada etapa de la vida de las naciones y la sociedad en general. Lo que más sale a flote es el establecimiento de la democracia y libertad con que el eje del imperio desde Washington y sus aliados europeos quieren pintar a todo el mundo. Aun cuando en los hechos, estén aliados con dictaduras, monarquías y dinastías.
Actualmente, sus motivaciones de fondo son más por control de territorios que tienen riquezas significativas en sus suelos o son geopolíticamente importantes para el trayecto de mercaderías, energéticos y establecimiento de bases militares. Como para mantener a sus pueblos (ciudadanía votante) controlada y apegada a sus voluntades, tienen que tener «importantes enemigos» en competencia, han creado enemistad con China y Rusia, con aliados de segundo rango a cada lado.
Los rasgos históricos generales de dominación y explotación no parecen haber cambiado en lo sustancial. Los conquistadores de los imperios en tiempos pasados tuvieron esos mismos intereses, pero su discurso y paradigmas se fueron adecuando a los momentos de la historia. Antes las técnicas y medios de conquistas eran rústicos, ahora son sofisticados, con tecnología de punta, que incluye energía electrónica, rayos láser, energía nuclear, las bombas no nucleares, pero algunas atómicas «esposas, madres, padres, abuelas» etc. El contenido y métodos del engaño, la mentira, el boicot, el sabotaje, el chantaje, invasión territorial, complots y desprestigio al enemigo, son de dimensiones universales y de alguna manera legalizados. Antes se reducía a medios con mucho menor cobertura e impacto. En lo sustancial no hay diferencia de un Hernán Cortés, un Napoleón Bonaparte o un William Walker a un Benjamín Netanyahu, Emmanuel Macron, Donald Trump o un Luis Almagro Lemes.
Frente a esto se encuentran los pueblos que defienden sus patrimonios y sus valores culturales, puestos en riesgos por potencias que buscan lo primero, encubiertos hipócritamente de una demanda de libertad y democracia, muy elásticas.
Lo peor que estamos viendo es, la creación de monstruos como Daesh o Estado Islámico, por motivos de controles territoriales, que irónicamente, años después, actúan como un bumerán, en contra del pueblos «inocentes» que ingenuamente siguen creyendo en sus gobernantes o, se encuentran con las manos atadas por el sistema de libre mercado, sin la fuerza necesaria para sacudirse de las élites político económicas que les gobiernan de facto y dentro de un sistema político auto justificado.
Es de observar cómo una especie de mafias gobiernan sistemas multilaterales, aliados con las mafias nacionales, dentro de complicados tejidos político empresariales, sin dejar espacios en el orden jurídico y político para que los pueblos se liberen y recuperen sus valores democráticos reales. Esos marcos jurídicos, que solamente ellos pueden violar, están para justificar la represión a los pueblos que reclamen sus derechos, pues han aprovechado los conflictos sociales para agudizar su control militar y policial, incluyendo reformas legales de mayor control desde el poder político que controlan. Hasta la Monarquía española evidencia su complicidad en esta modalidad, aunque deba violar su rol de mediador.
Muchos movimientos de izquierda aún siguen levantando las banderas doctrinarias en sus luchas, sin ver cómo se están quedando atrás con respecto a los mayores conflictos políticos actuales, con respuestas más apropiadas.
Desde luego, no es que debemos ignorar el predominio del sistema neo liberal, sabemos que es la doctrina que justifica y alimenta a los conservadores que ahora controla la mayoría de los países de las Naciones Unidas, particularmente a la Unión Europea. Ese sistema es quien fortalece el espíritu de latrocinio, corrupción, de mercado leonil y acumulación de los capitales sin importar los medios a utilizar; incluso, se puede llegar a producir una tercera y última guerra mundial, si eso es necesario para seguir el proceso de acumulación de capital.
Pero no es su contenido ideológico el que se coloca sobre las mesas de negociación entre fuerzas políticas que se pelean por los controles territoriales. Son más sus leyes y fuerzas de poder económico y militar frente a los derechos inalienables de los pueblos. Si negocian, ellos deben recibir algo a cambio: la eliminación de sus líderes, sus riquezas naturales; su fuerza laboral y capacidad intelectual de producción económico-técnica y en algunos casos sus armas (NK, Iran, Irak, Libia, Haití, Panamá, Grenada, Unión Soviética y un largo etc.). A los pueblos no les queda alternativa que encontrar la solidaridad internacional de otros pueblos para poner en jaque a las mafias gobernantes. No obstante, el neoliberalismo ha cultivado el individualismo, la competencia entre herman@s (denominada generalmente como competitividad y emprendedurismo), el nacionalismo emotivo, el racismo y muchos otros ismos que les mantengan en disputa y separados.
Esa dispersión y enemistades gratuitas dentro de los mismos pueblos son alimentadas por los medios corporativos y en mucho, por facciones y partidos políticos, quienes pierden visión en el horizonte y el contexto.
Ante la tensión que se vive en España de cara al referéndum convocado por la Generalitat de Cataluña para este primero de octubre del 2017, han circulado diversos pronunciamientos y manifiestos, sea a favor o en contra de esta consulta popular. Un ejercicio similar previsto para el 9 de noviembre del 2014 fue suspendido a raíz de una decisión de la justicia constitucional española. Este 28 de setiembre, expertos de Naciones Unidas han hecho un vehemente llamado a las autoridades españolas a respetar los derechos de los ciudadanos catalanes (véase comunicado oficial de prensa titulado «España debe garantizar el respeto a derechos fundamentales en su respuesta al referéndum catalán«).
Entre los diversos textos publicados en este mes de setiembre del 2017 en España, encontramos una carta colectiva denominada «Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña«: en este texto, los firmantes hacen ver que no existe ningún fundamento jurídico existente en derecho internacional que permita sostener jurídicamente esta consulta popular.
La crispación actual de la situación obedece en parte a la actitud de las autoridades españolas. Ante los hechos ocurridos con alcaldes catalanes la semana pasada, llamados por la Fiscalía española a declarar, el Casal Català de Costa Rica (véase página) se manifestó en los siguientes términos en su comunicado del 20 de setiembre:
«El Casal Català de Costa Rica ante los hechos sucedidos hoy en Catalunya contra la Generalitat, funcionarios públicos, políticos y trabajadores tiene la obligación, como entidad comprometida en la defensa de Catalunya, de la democracia, de la libertad y del derecho a decidir, de condenar cualquier acto que impida el libre ejercicio de estos derechos. Defendemos el derecho al autogobierno de los catalanes y a sus instituciones propias. Deseamos que los catalanes puedan vivir en un país con libertad de expresión, de reunión y de acción. Y mantenemos nuestro firme compromiso con la democracia, la libertad de opinión y del derecho a decidir«.
Foto de una de las 55.000 notificaciones enviadas por la Generalitat a los miembros de mesas electorales de cara al referéndum, extraída de nota de prensa.
Una ley catalana declarada inconstitucional en derecho español
El texto de la ley 19/2017 que faculta a las autoridades catalanas para realizar el referéndum, adoptada por el Parlament catalán el 6 de setiembre del 2017, puede ser consultado en este enlace. El texto en inglés en este otro enlace de la Generalitat. Esta ley fue suspendida por el Tribunal Constitucional 24 horas después de adoptada por el Parlament, en una escueta decisión escasamente fundamentada al acoger un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Poder Ejecutivo español (véase texto de la decisión del juez constitucional del 7 de setiembre del 2017).
Foto extraída de artículo de prensa de El Confidencial (2016).
Derecho internacional y derecho a la autodeterminación de los pueblos en el caso de Cataluña
Con relación a la carta colectiva, remitimos al lector al texto completo de la misiva de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.
Los tres últimos puntos de este llamado colectivo se leen de la siguiente manera, intentando responder al preámbulo de la Ley 19/2017 y las referencias que hace a reglas existentes en el plano internacional aplicables al caso catalán:
«4. Las normas generales del Derecho Internacional no prohíben que los Estados soberanos, atendiendo al principio de auto organización, dispongan en sus propios ordenamientos jurídicos supuestos y procedimientos de separación de sus comunidades territoriales. La inmensa mayoría, lejos de hacerlo, proclaman la unidad e integridad territorial como principios básicos de su orden constitucional.
5. La Unión Europea respeta y protege la identidad nacional y la estructura constitucional y de autogobierno de sus Estados. Además, el Derecho de la Unión exige de éstos que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación por los tribunales.
Como Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho internacional, el derecho de libre determinación no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia, como pretende el referéndum previsto en la Ley 19/2017 del Parlament, actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional.«
Como se puede apreciar, el derecho de libre determinación no aplica al caso catalán, según los suscriptores del texto, que omite no obstante mencionar el «derecho a decidir» al que refieren algunos autores catalanes.
Cataluña y el derecho a decidir: un debate abierto
Si bien la lista de firmantes reúne a más de 300 profesores, el debate doctrinal queda abierto. Un informe presentado por expertos (no españoles) en la misma materia matiza las conclusiones a las que llegó este grupo de profesores españoles (véase nota de prensa). La ausencia de fundamentación del Tribunal Constitucional al suspender la aplicación ley 19/2017 mantiene una serie de interrogantes. Por su parte, especialistas catalanes llegan a una conclusión distinta, como el artículo titulado «Legalidad internacional y derecho a decidir» de Xavier Pons Rafols (disponible en la red) o bien este artículo de Josep Costa, para citar algunos de varios autores favorables a la aplicación del derecho a la autodeterminación de los pueblos en el caso de Cataluña. En el 2013, un reconocido profesor de Québec (Canadá) llegó a conclusiones similares a las de sus colegas catalanes sobre la potestad del Parlament en esta precisa materia (véase alocución de Daniel Turp).
En el 2013, un interesante ejercicio de derecho comparado entre España e Italia con relación a las diversas modalidades de consulta en las entidades territoriales puso de manifiesto la gran riqueza existente en el ordenamiento jurídico italiano (véase actas del coloquio celebrado en Barcelona). Por otra parte, las limitaciones del marco normativo español en materia de consulta a las comunidades autónomas ha sido objeto de una reciente tesis doctoral en Oviedo, defendida por Lucía Payero López en el 2014, cuyas conclusiones (pp. 471-480) revisten gran interés (véase texto integral).
La coraza legal del Poder Judicial en España ante las recurrentes reinvindicaciones de las autoridades de Cataluña y la persistente negativa del actual Ejecutivo español de entablar un diálogo político en los últimos años posiblemente hayan contribuido a la actual situación de crispación y de creciente polarización. En esta entrevista a José Montilla, se lee que: «El Gobierno de Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones en lo que respecta a Cataluña, cuando no provocando algunos incidentes. Y ahora se ha dado cuenta del enorme problema que tiene encima de la mesa, que lo tenemos todos«.
Como ocurre habitualmente, una actitud poco conciliadora acarrea algunos riesgos. En esta entrevista a Nicolas Levrat, se lee que «Si Madrid continue à créer des martyrs de la cause catalaniste en poursuivant ses arrestations au sein du gouvernement régional comme cela fut le cas mercredi, le camp indépendantiste devrait prendre de l’ampleur. Le gouvernement espagnol joue à un jeu dangereux«.
Los pueblos de Europa Occidental ante el derecho a la autodeterminación
Es la segunda vez en menos de tres años que en Europa Occidental se intenta realizar una consulta de cara a una posible secesión o separación por parte de una entidad infraestatal: Escocia realizó un ejercicio de este tipo en el 2014, con un resultado a favor de su permanencia en el Reino Unido que contabilizó 2.001.926 votos a favor del No (55.30%) y 1.617.989 votos a favor del Sí (44.70%).
A diferencia del Poder Ejecutivo del Reino Unido, el Ejecutivo español y sus autoridades judiciales consideran ilegal la consulta convocada por las máximas autoridades catalanas (previendo posiblemente, entre otros aspectos, un resultado adverso a la permanencia de Cataluña en el Estado español). Ello ha desatado en los últimos días un recurso al derecho penal para intentar frenar las aspiraciones de un importante sector político en Cataluña (indagatorias ante la Fiscalía cursadas a alcaldes catalanes a favor de la consulta, intercepción del material a usar para la jornada electoral del 1-O, y probable desactivación ordenada por la justicia de todos los sitios en los que los electores puedan ubicar sus respectivos centros de votación, entre otros).
Nótese que el 9 de noviembre del 2014, en Cataluña se intentó efectuar una «consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña» (en catalán «consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya«), suspendida mediante medida cautelar el 29 de septiembre del 2014, al darse curso a recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo español ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de convocatoria de la consulta y la Ley del Parlamento de Cataluña.
La práctica europea reciente en materia de derecho a la autodeterminación de los pueblos
Desde la perspectiva internacional, es de notar que la práctica ofrece algunos interesantes casos de disonancia: por ejemplo, España (a diferencia de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y la mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europea – UE) no reconoce a la fecha la independencia proclamada por las autoridades del Kosovo, acaecida en el 2008: ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), España, al igual que otros 35 Estados, hizo ver su posición al respecto en el marco del procedimiento consultivo (véase texto de su opinión en francés e inglés). A diferencia de la postura española, en la exposición escrita se lee que, para un Estado que reconoció de forma inmediata al Kosovo como entidad independiente, Francia: «En d’autres termes, s’il est tout à fait clair qu’il n’existe aucun droit à la sécession en droit international, il est tout autant établi que celui-ci n’interdit pas la sécession ni, par voie de conséquence, une proclamation d’indépendance par une partie de la population d’un Etat» (véase punto 2.8, p. 38 del documento presentado por Francia a la CIJ). Al ser Cataluña una región con territorios en Francia y en España (así como en Andorra), esta divergencia de opiniones reviste especial interés.
España tampoco reconoce valor alguno, al igual que muchos otros Estados de la UE, a la consulta popular realizada en Crimea en el 2014 (véase al respecto breve nota nuestra sobre voto en la Asamblea General de Naciones Unidas contra la anexión de Crimea a Rusia publicada en el sitio jurídico de DIpúblico en Argentina). En el caso del referéndum sobre la independencia de Montenegro con el fin de separarse de la entidad denominada «Serbia y Montenegro» realizado el 21 de mayo de 2006 (con 230.711 votando a favor del Sí -55,50%- y 184.955 por el No -44,50%-), los resultados han sido reconocidos como válidos por la comunidad internacional, España incluída (véase nota de junio del 2006 sobre el reconocimiento de España del Estado de Montenegro).
Nótese que en el 2013, el Reino Unido propició una cuestionada consulta en la Islas Malvinas, que arrojó el siguiente resultado: 1513 habitantes votaron por el Sí en favor de su pertenencia al Reino Unido (99,8%) y 3 en contra (0,2 %). Se ignora cuál fue la posición de España con respecto a los resultados de esta consulta, rechazada por las autoridades de Argentina.
A modo de conclusión
Ante el clima social y político cada vez más tenso que vive Cataluña, es posible que este llamado de profesores de derecho internacional no logre apaciguar los ánimos. Es de prever mayores movilizaciones en los días venideros, así como el envio de refuerzos de fuerzas de seguridad por parte del Ejecutivo español. Cabe señalar que Cataluña cuenta con fuerzas policiales propias (los denominados «Mossos d´Esquadra»), por lo que el mando de estas será probablemente objeto de un fuerte debate si el Ejecutivo español pretende ejercerlo. Por su lado, la ONG Amnistía Internacional ha hecho ver en un comunicado que las autoridades estatales deben resguardar y proteger los derechos a la libertad de expresión y a manifestarse de forma pacífica.
Al cierre de esta tercera semana de setiembre, y ya no desde la perspectiva internacional, sino estríctamente nacional, más de 300 miembros de la Iglesia Católica firmaron una carta en favor de la consulta el próximo 1ero de octubre (véase nota de prensa).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El Poder Ejecutivo “ha decidido atender en forma parcial las obligaciones correspondientes a la asignación para la Educación Pública, al Patronato Nacional de la Infancia, y al incremento en la cuota estatal para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte decretada por la Caja Costarricense de Seguro Social” reza la exposición de motivos del Presupuesto Nacional del Estado costarricense para el 2018.
Para ello argumenta encontrarse en “estado de necesidad”, condición que lo imposibilita a cumplir con los compromisos que la constitución y las leyes establecen. Esta es una de las formas en que la inacción por parte de la sociedad costarricense en materia de soluciones al recurrente déficit fiscal se manifiesta. Durante años, hemos estado oyendo a políticos y expertos decir que el faltante de recursos que el Estado tiene para hacer frente a sus obligaciones es un asunto serio, y que eventualmente el ajuste fiscal vendrá y se manifestará de una forma tangible, pues bien, esta es una de las tantas formas de percibirlo. La otra es sin duda, el aumento en las tasas de interés vivida en los últimos meses, y vendrán más.
Volviendo al tema del presupuesto, como bien han apuntado algunos políticos y analistas, un tema preocupante es que se está sacrificando la inversión social y la de capital. La propuesta de gastos del Gobierno para 2018 implica un crecimiento anual nominal del 3,2%, lo cual significa un crecimiento real casi nulo, dado que la inflación prevista es del 3%. Con esto, se estima que el gasto público perderá importancia dentro de la economía, dado que caerá al 25,9% en 2018, luego de representar el 27,3% en 2017.
Sin embargo, para lograr tal resultado, se han debido sacrificar rubros clave para el desarrollo del país, el presupuesto en educación representaría el 7,4% de la producción en 2018, una caída respecto a 2017 cuando alcanzó el 7,8% y el gasto de capital (inversión en obra pública) se reducirá en 17,4%; además de la contención de los aumentos en las transferencias para políticas sociales ya comentadas, y reducción de gastos institucionales (partidas flexibles).
Por otra parte, la deuda pública sigue creciendo como bola de nieve, al igual que en 2017, el principal título presupuestario comprende este rubro, que alcanza el 32% del presupuesto total, y contribuirá al crecimiento del presupuesto del 18,4% respecto al 2017, siempre y cuando las condiciones financieras no empeoren.
Si el ajuste fiscal sigue dándose de esta forma, las consecuencias para la sociedad pueden ser nefastas, y como ocurre en economía, siempre existen rezagos entre las decisiones de política económica y sus resultados. Luego de la crisis que enfrentó la economía mundial en los años ochenta del siglo pasado, muchos países, en cuenta Costa Rica, decidieron reducir drásticamente la inversión pública. El resultado fue un rezago en infraestructura productiva, que generó caída en la competitividad, y varias generaciones con menor acceso a educación, que hoy se encuentran desempleadas pues carecen de las habilidades que requiere el mercado.
Esperemos no tener que revivir esa época, y encontrar más pronto que tarde una solución al acuciante déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, de eso depende la paz social de los próximos años y el nivel de bienestar de las futuras generaciones.
(*)Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.libertadyprogresonline.org
El Comité de Escogencia para la conformación y nombramiento de los magistrados(as) de la JEP, del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición (SIVJRNR), ha dado a conocer la “Lista de los 40” para escoger a 21 magistrados(as) del Tribunal de Paz y a 7 suplentes. Estos 40 se someterán a una entrevista y el 26 de septiembre próximo se dará a conocer el nombre de los magistrados(as) de esa Alta Corporación de Justicia en Colombia. La responsabilidad de esa designación recae en tres juristas extranjeros: Álvaro-Gil Robles (peruano), Juan E. Méndez (argentino), Diego García Sayán (español) y los colombianos José Francisco Acuña, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la física-científica de la Universidad Nacional Claudia Vacca González.
Conforme al Acuerdo de La Habana, modificado por el Acuerdo Final en el teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, las fuerza beligerantes y rebeldes de las Farc-ep, junto con la contraparte estatal colombiana, acordaron acogerse a un sistema de justicia diferente al ordinario imperante en el poder judicial constitucional colombiano, contra el que se alzaron en armas por más de 50 años.
Con espíritu de respeto a las normas de la Constitución Nacional, los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho que rige el Derecho Internacional penal bajo el Estatuto de Roma, de los Convenios , Protocolos , Fallos de la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos humanos y la jurisprudencia consuetudinaria del Derecho Internacional; las Farc- dejaron y entregaron las armas para someterse al juzgamiento de una jurisdicción especial de paz y someterse a punibles conductas que surgieren a la terminación del conflicto interno armado, en lo referente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Así se revuelque la extrema derecha militarista y confunda a la opinión la dictadura mediática, esa es la razón de ser de ese Sistema de Justicia Integral. Diferente a la Justicia Ordinaria colombiana y por ende la selección de tan Alta Magistratura, ha de romper los paradigmas existentes tradicionalmente en Colombia. Pero al repasar las Hojas de Vida de la “Lista de los 40”, deja el sabor amargo de la frustración, el desengaño y la traición.
DEL PROCEDIMIENTO DEL Comité de Escogencia. Se optó por algo simple y funcional. Abrir una inscripción con requisitos mínimos: los aspirantes debían ser de nacionalidad colombiana, abogados(as) con 15 años de experiencia profesional y/o 10 años de docencia universitaria. No tener antecedentes penales. No se requería de carrera judicial. Tampoco de límite de edad. Ser defensores de los derechos humanos y de la Paz. Así, con ese parámetro, se conformó una lista de aspirantes de 652, que fue hecha pública, fijándose un cronograma- que el comité de escogencia no observó- consistente que previo al 18 de septiembre de 2012, se elaboraría una Lista Corta de unos 90 a 95 aspirantes, los cuales se someterían a una Entrevista entre los días 18 a 22 de septiembre inclusive, de 2017.
El pasado 18 se hizo pública la Lista Corta con tan solo 40 escogidos y los convoca o cita a Entrevistas para escoger 28 cargos.
Todas las esperanzas fueron centradas en una franca lid, en que la breve explicación en una cuartilla en la que cada aspirante expuso las motivaciones que lo llevan a aspirar a tan responsable cargo de transcendencia histórica y el mecanismo de inmediatez de una Entrevista personal de alto nivel, definieran que defensores de los derechos humanos y de la Paz en Colombia pudieran ser esos jueces. Pero todas han sido botadas por la borda al decidir el Comité de Escogencia a “Los 40”. Por favor que indecencia. Ya ellos saben quiénes son los 12 desechables. Jamás se había experimentado tanto sentimiento de insatisfacción, chasco, decepción, desilusión.
DE LO VIOLADO. Resulta que, al exigir el Comité de Escogencia, el haber ejercido cargos en la Rama Judicial y el Ministerio Público durante 15 años, viola el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y La Construcción de Una Paz Estable y Duradera. Que torticero y sin razón. Que injusto. Precisamente el espíritu del Acuerdo Final era que no se exigiera a sus aspirantes la carrera judicial.
Del análisis de las Hojas de Vida de la “Lista de los 40” se concluye que solo tuvieron en cuenta a quienes habían desempeñado como exmagistrados de las Altas Cortes, El Consejo de Estado, la Procuraduría, La Fiscalía e inclusive cargos políticos en el Ejecutivo (ex ministros, etc.). Premiaron a los “históricos” aspirantes a altos cargos en el sistema judicial contra el que luchó la insurgencia y que son reconocidos de autos, verdaderos practicantes del baloto y el azar. Además, escogieron a quienes han obtenido tan costosos y exclusivos títulos y post grados, en el extranjero y en el país. Con ello asumen un sesgo clasista y excluyente. Tan solo uno mayor de 65 años fue escogido, cuando la no exigencia de edad de retiro forzoso apuntaba a la reivindicación del juez por su experiencia y sabiduría.
¿QUIENES SON LOS EXCLUIDOS Y DISCRIMINADOS POR EL COMITÉ DE ESCOGENCIA? Pues precisamente los desplazados por la Justicia en Colombia. Esos miles de Abogados(as), que no pudieron permanecer en el sistema corrupto, podrido, deshonesto, excluyente, bipartidista, judicial colombiano. Los que no contaron con el lobby del clientelismo. Quienes no contaron con recursos económico ni estatales para continuar sus estudios de post grados y mucho menos ir al extranjero a obtenerlos. Los Abogados(as) en grandes ciudades y de Provincia, de municipios y veredas alejadas e incursos en lo agudo de la guerra y el conflicto.
Que flaco servicio le prestan a la Nación colombiana, sobre todos esos señores extranjeros, en quienes la Insurgencia armada y el pueblo sufrido depositó la confianza. Que Jueces naturales para dirimir la responsabilidad por lesas violaciones humanitarias por parte de los actores armados estatales e insurgentes durante el conflicto armado en Colombia podrá el Comité de Escogencia designar para impartir justicia, si escoge emperifollados, encopetados(as) y encartonados, dizque “defensores” de los Derechos Humanos. Falso, un título de post grado, ni diplomado de los Institutos rectores en la materia, a los que también asisten a obtenerlos oficiales y sub oficiales de las fuerzas armadas estatales incursas en el conflicto armado, tal como ha sido la guerra en Colombia, podrá ser la patente de corso, para que los verdaderos activistas sociales en la defensa permanente de los derechos humanos, los verdaderos abogados(as) luchadores por la Paz sean excluidos y discriminados.
No han sido escogidos para la Entrevista Ni un miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas Defensores de Trabajadores. Ni abogados(as) defensores de Presos Políticos. Ni un abogado(a) de asesores de sindicatos de industria; de sindicatos agrarios, de asociaciones campesinas, mineros, de minorías, de indígenas. No ha sido llamado a entrevistas; puesto que se inscribieron, ningún abogado(a) aspirante, en su calidad de activistas políticos y sociales en los movimientos populares, por el conflicto económico político social y ecológico. Como tampoco a Abogados(as) de Colectivos y Asociaciones Profesionales y Colegios de Abogados(as). Por el contrario, por sobre ellos pasaron la hoz rasuradora del descabece.
Pero todo tiene su causa. ¿Fue que fuerzas de extrema los intimidaron? ¿Fue que la Fiscalía General y la Agencia de inteligencia estatal dosificaron información contra abogados(as) activista de izquierda como aspirantes?
¿Qué HACER?
Expresar, en primer lugar, que en aplicación del principio universal: “en Derecho las cosas se deshacen como se hacen”.
Con absoluto respeto y acato a la autonomía e independencia del Comité de Escogencia y a manera de tutela pública, se suspenda el proceso de Entrevistas, ampliándose el número de entrevistados. Hacer públicos los criterios de escogencia de defensores de derechos humanos y activistas por la Paz, expresados por organizaciones de víctimas, incluidas las del Terrorismo de Estado. Clara transparencia, metodología y publicidad del proceso. Garantía de un enfoque territorial y diferencial (diversidad regional, cultural y étnica), para que los (las) aspirantes demuestren criterio jurídico y comprensión frente a la categoría de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y consecuencia práctica y de bagaje intelectual en la defensa de los derechos humanos y el activismo por la paz.
El movimiento popular colombiano no puede dejar pasar este impasse a la inercia del tiempo, máxime cuando queda en entredicho la confiabilidad en los Acuerdos para la terminación definitiva del conflicto armado interno con fuerzas insurgentes y beligerantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y reductos del Ejército Popular de Liberación (EPL).
La visita del Papa Francisco I ha embriagado de optimismo a quienes han asistido a los actos de su presentación, como a quienes siguen por las cadenas televisivas su visita de cuatro días a Colombia.
Respetando el fervor religioso, destaco el factor de información a millones de colombianos(as) sobre los estragos del conflicto armado interno. Resalto el contenido político y social de sus desplazamientos a lugares de hecho y la recepción de testimonios del drama padecido por los habitantes de la nación colombiana. Los réditos políticos destacan. El partido de las Farc despliega su constante de perdón. El de la extrema derecha, oportunista, pesca en río revuelto.
Al negarse a asistir a los actos protocolarios, el ex presidente o mejor, el senador Uribe se coloca en segunda fila “yo no fui (a la calle 26) a que me viera el Papa” trina; explicando su escaso séquito con dos pancartas, que por primera vez los medios dictatoriales de la información en Colombia, no le acatan. Al centro democrático (CD) le sucede como a la oposición venezolana: dentro del sistema imperante; pero con el galimatías, es decir, el lenguaje oscuro e impropio de calificativos y palabras, generando confusión de ideas a sus electores y de espaldas a la verdad y a la realidad política. Coinciden en que el objetivo no es un “programa” de gobierno de inspiración popular, sino en el desgaste iconoclasta, de la imagen del presidente Maduro allá y del presidente Santos, acá. Cómo se dice se “mamaron”. Pero cualquier desprevenido no observa que la ganancia ha sido el fortalecimiento de lo institucional falaz, engañoso y falso, que las víctimas del conflicto en Colombia provienen de afectados por el paramilitarismo y por las guerrillas. Ha cundido un velo de silencio sobre la responsabilidad del terrorismo de Estado en Colombia. El glorioso ejército colombiano o fuerzas armadas estatales del conflicto, ha pasado por el tamiz del agache, sin romperle, ni mancharle. Jamás se había sentido la presencia de una doctrina militarista vigente, como en esta ocasión de la visita papal. El que el comandante del ejército nacional le haya entregado al Papa una virgen ataviada con un uniforme camuflado y exhibido el dolor en la revictimización de los mutilados en sus filas, hiere cualquier sensibilidad neutral de la Iglesia.
Por ello la izquierda destaca que Uribe y Santos, son caras de la misma moneda oligárquica; eso sí una más desgastada que la otra.
Que se espera de Medellín
Hoy sábado 9 de septiembre de 2017, llega el Papa Francisco a la ciudad de Medellín, para lo cual destaco el contenido del artículo del profesor Renan Vega Cantor, publicado en Rebelión.org, “La hipócrita solidaridad de los paisas del Atlético Nacional”, Cito: “Hay que decir que en las últimas décadas, como resultado de dos fenómenos complementarios, el tráfico de narcóticos y el paramilitarismo (los cuales confluyen en un político regional que llegó hasta la Presidencia), el apelativo paisa se convirtió en sinónimo de traqueto, sicario y paramilitar y se generalizaron las patrañas sobre la supuesta grandeza del pueblo paisa, encaminadas a legitimar tropelías, robos, crímenes y expropiaciones que han llevado a cabo terratenientes, ganaderos y empresarios, tanto en Antioquia como a lo largo y ancho del país. PAISAS LLORAN A FUTBOLISTAS PERO EXIGEN QUE CONTINUE LA GUERRA DE EXTERMINIO. (resaltó). Fueron los mismos que el 2 de octubre pasado votaron en el Plebiscito por la continuación de la guerra. Con un 63% (431 mil votos) del total de sufragantes…”. Región en la que los gobernantes de turno se han encargado de influir o inculcar peligrosa tendencia de identidad o idiosincrasia paisa en la cual destaca que “el grandioso pueblo paisa”, puesto que sus gobernantes locales no aluden a los colombianos. Pasan de una polarización del país a una estrategia de secesión regionalista que alarma la suerte de la unidad de la nación colombiana. Como quien dice un “país” excluyente en el que solo quepan las castas predominantes. ¡Así como pretendieron darle a monseñor Ordoñez (el ex procurador), fallaron en la tentativa de “condecorar” al papa con el mismo collar de arepas y el insulso decreto de “visitante o ciudadano ilustre”! ¡El Estado Vaticano, no lo aceptó!
¿Y qué de Cartagena?
La Perla del Caribe y la más bella de sus ciudades, encierra la contradicción de ostentar el mayor grado de inequidad, abandono, miseria y galopante corrupción. Que lo sepa el mundo. Pese a que los medios presentarán las ostentosas edificaciones de eventos internacionales; las pomposas obras náuticas y puntos de marina; que devele la visita del Papa la acción humanitaria de san Pedro Claver, la intensidad de la Cartagena profunda, inculta y segregada racialmente.
Que el mundo conozca a la Colombia real, injusta e inequitativa, en la que callarán los fusiles; pero se alzará incontenible la lucha social, política e emancipadora de su pueblo.
El nueve de setiembre se celebra en Costa Rica el día del niño y la niña. Se trata de una celebración establecida por recomendación dada en 1954 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, pidiendo que todos los países instituyeran un día consagrado a la fraternidad y comprensión entre niños del mundo entero, destinado a actividades para promover los ideales y objetivos de las Naciones Unidades, así como el bienestar infantil, e intensificar y extender los esfuerzos a favor de todos los niños y niñas del mundo. Según la Convención de Derechos del Niño, se entiende por niño a toda persona menor de 18 años, por lo que se incluye también a las personas adolescentes.
Como se puede ver, se trata de una fecha que va más allá de solamente un día de entretenimiento infantil, como se acostumbra en nuestro país, y que tiene que ver, entre otras cosas, con la intensificación de los esfuerzos para asegurar el bienestar de todos los niños y niñas. En este sentido, resulta muy importante aprovechar esta fecha simbólica para reflexionar sobre las deudas que Costa Rica mantiene con su población menor de edad, y en consecuencia, con toda la sociedad. A continuación se reseñan algunas consideradas particularmente críticas por sus implicaciones para todo el desarrollo nacional.
Salud
Pese a que Costa Rica tiene un perfil de salud adelantado para América Latina y que su esperanza de vida es elevada, subsisten retos importantes, tales como el de mejorar la calidad de los servicios en salud y ampliar la cobertura en los sistemas de atención a madres, niños, niñas y adolescentes, desarrollando un enfoque de prevención con mayor participación de las comunidades. El país todavía cuenta con coberturas bajas de captación y atención de mujeres en el posparto (69%) y la atención integral de adolescentes se estima que no supera el 40%.
Pobreza
En Costa Rica, se estima que cerca de una tercera parte de la niñez y la adolescencia se encuentra en situación de pobreza, lo cual sube aun más en zonas rurales y costas, donde se acerca a la mitad de la población menor de edad (43%), viéndose así lesionados múltiples derechos y limitándose seriamente las posibilidades de desarrollo integral a largo plazo para esta población. Esto se relaciona con que las familias más pobres suelen ser más numerosas, ya que los niños y niñas representan el 46% del total de miembros de los hogares que están en pobreza extrema, mientras son apenas el 22% en los hogares no pobres.
Educación
Aunque la amplia mayoría de la niñez en Costa Rica asiste a la educación primaria, todavía un 66% de niños y niñas de los dos quintiles de más bajos ingresos no asiste al nivel preescolar de preparatoria, y se estima que cerca de un 50% de quienes tienen entre 18 y 22 años no culmina la educación secundaria, mientras que solo un 28% de quienes están entre 25 y 34 años alcanza la educación superior, lo cual menoscaba las opciones de desarrollo futuro de quienes resultan excluidos del sistema educativo. Además, evaluaciones internacionales de desempeño educativo, tales como las pruebas PISA, muestran bajas calificaciones en las tres áreas evaluadas (matemáticas, ciencias y lenguaje), lo que evidencia que la calidad del sistema educativo costarricense es deficiente, dificultándose así el desarrollo pleno del potencial de sus habitantes.
Sexualidad
Aunque la comunidad internacional reconoce la importancia de una educación integral de la sexualidad, en Costa Rica, este sigue siendo un asunto polémico, pues algunos sectores se oponen a que se hable abiertamente de este tema en escuelas y colegios. Mientras esto ocurre, la situación de las personas menores de edad en esta materia es preocupante, puesto que, por ejemplo, un 17% del total de nacimientos ocurre en madres adolescentes, y algunos estudios recientes revelan considerable ignorancia en la población menor de edad sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Violencia
Según el Hospital Nacional de Niños, se tiene que, cada día, se reciben en este centro un promedio cercano a los seis casos de violencia contra personas menores de edad, siendo el tipo principal la negligencia por parte de las personas encargadas del cuido de estas. Pese a que la investigación reciente, particularmente la neurocientífica, viene confirmando que las personas menores de edad que sufren agresión ven dañado su desarrollo cerebral, y a pesar de que en Costa Rica el castigo físico y el trato humillante están prohibidos por ley desde el 2008, diversos estudios realizados por el INEINA de la Universidad Nacional y otras entidades, reflejan que una mayoría de padres y madres (50% a 55%) siguen considerando el castigo físico como un método apropiado para criar a sus hijos.
Derechos
Si bien es cierto que Costa Rica ratificó la Convención sobre Derechos del Niño en 1990 y aprobó su Código de Niñez y Adolescencia en 1998, estudios recientes realizados por el INEINA reflejan que el Sistema Nacional de Protección Integral se encuentra desarticulado y con una capacidad débil para promover el cumplimiento efectivo de todos los derechos para todos los niños y niñas en el territorio nacional.
¿Qué hacer frente a estos grandes retos?
Algunas de las acciones que debería emprender el Estado costarricense para dar un salto cualitativo frente a los anteriores desafíos, son las siguientes:
Pasar de un enfoque centrado en instituciones individuales, a uno centrado en los sistemas interinstitucionales, ya que los retos que tenemos son de una envergadura y complejidad tal que ninguna institución por sí sola puede enfrentarlos integral y eficazmente.
Pasar de un enfoque centrado en el activismo asistencialista, a uno centrado en resultados en términos de incidencia en desarrollo humano, priorizando la evaluación científica de las intervenciones y la toma de decisiones basada en evidencia.
Pasar de una protección especial basada en la institucionalización (albergues, hospicios u orfanatos) a una centrada en las familias.
Descentralizar la protección, dando mayor protagonismo a los espacios locales, particularmente a las municipalidades, de manera que desde estos niveles se puedan identificar prioridades y ejes articuladores de la acción que faciliten el encuentro y desarrollo de sinergias interinstitucionales más cerca que quienes más lo requieren. La creación de políticas cantonales de niñez y adolescencia puede ser un instrumento valioso para impulsar esto.
Fortalecer decididamente la prevención, atendiendo integralmente los factores generadores de riesgo y vulnerabilidad, y no esperando pasivamente a que revienten las emergencias y los casos más agudos.
Consolidar y blindar la inversión en niñez y adolescencia, reconociendo sus altos niveles de retorno social, gracias a los grandes beneficios que la misma ofrece al desarrollo social del país, así como a la disminución de la incidencia de graves problemáticas tales como la delincuencia, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, así como el abuso y tráfico de drogas.
Es central que el país deje de ver el tema de niñez y adolescencia como un asunto meramente sectorial y comprenda su importancia neurálgica, sistémica y, en consecuencia, estratégica para el país como un todo. De otra manera, corremos el riesgo de mantener estas grandes deudas sin ser saldadas.
(*)Académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (Ineina-UNA).
***Mayores detalles con Pablo Chaverri, Ineina, 8842-4749 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomad de vox.lacea.org
La celebración del Día del Niño, el 9 de setiembre, se ve opacada por la realidad: familias costarricenses continúan utilizando el maltrato como forma de crianza, ignorando las serias consecuencias de éste en el desarrollo de la personalidad, según el especialista Pablo Chaverri, del Ineina
La realidad demuestra que familias costarricenses continúan utilizando el maltrato como forma de crianza, según lo confirman datos de una encuesta realizada, en mayo pasado, a 488 padres y madres del Gran Área Metropolitana, por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA).
En el estudio, investigadores del Ineina se consultó sobre prácticas de crianza, según informó Pablo Chaverri, especialista en ciencia cognitiva e investigador del Ineina, durante la charla “Factores que inciden en la violencia parental hacia la niñez”, impartida la mañana del 14 de junio pasado, en el auditorio Marco Tulio Salazar del Cide.
Por ejemplo, se les preguntó si les gritan a sus hijos e hijas cuando no hacen caso, ante lo cual se obtuvieron las siguientes respuestas: un 55.7% dice que “a veces”, un 13.3%, “casi siempre”, y un 4,6%, “siempre”. “Si sumamos estas tres respuestas, nos damos cuenta que tenemos una amplia mayoría de padres y madres que reconoce que a veces, casi siempre o siempre, les gritan a sus hijos cuando no hacen caso”, afirmó el académico del Ineina.
Ante la pregunta “¿Me enojo fácilmente cuando (mis hijos) hacen algo que no me parece?, casi la mitad dice que “a veces” (48.8%), “casi siempre” (18%) y “siempre” (11.3%). Es decir, más de un 70% reconoce que se enoja con relativa facilidad cuando sus hijos hacen algo que no les parece, lo cual es un predictor de violencia física y psicológica hacia las personas menores de edad. “Sin enojo, difícilmente va a haber agresión física; parece muy obvio, pero investigaciones demuestran que si logramos controlar el enojo, también podemos controlar la reacción violenta”, advirtió.
“Validación” del castigo como forma de crianza
También se preguntó si consideraban que los niños “necesitan un par de nalgadas para aprender a comportarse”, expresión que, por cierto, todavía sigue siendo relativamente común.
Un 41.5% de la muestra respondió que “a veces”, un 5.1% dice que “casi siempre”, y 3.3% admite que “siempre”. Esto significa que casi un 50%, o sea, la mitad de las personas encuestadas, considera que por lo menos a veces, casi siempre o siempre, hay que darle un par de nalgadas a sus hijos para que aprendan a comportarse.
“Entonces, sí, asocian el castigo físico como un método válido de educación, de enseñar a nuestros hijos e hijas a tener un comportamiento adecuado”, lamenta Chaverri. Al respecto, citó un estudio realizado, en 2014, por Holden y otros investigadores, donde se utilizó grabación de audio en el ambiente familiar, el cual sugiere que cuando legitimamos un comportamiento o una práctica, es probable que se lo utilice con mucho mayor frecuencia de lo que se declararía en una encuesta.
Esta “naturalización” de la violencia no es casual. Entre los factores asociados a la ocurrencia del maltrato parental hacia la niñez, el investigador del Ineina resalta las tradiciones culturales legitimadoras de la violencia.
En un país de tradición religiosa, como Costa Rica, incluso algunos pasajes bíblicos podrían tener incidencia. Por ejemplo, Chaverri destaca algunos versículos del libro de Proverbios, del Antiguo Testamento, donde se puede leer: “Quien escasea el castigo, quiere mal a su hijo, mas quien lo ama lo corrige continuamente”, o, “No escasees la corrección al muchacho, pues aunque le des castigo, no morirá. Aplícale la vara del castigo y librarás su alma del infierno…”
Esta visión de la relación padre-hijo coincide con otro factor que influye en la violencia hacia la niñez, como es la percepción del menor de edad como “pseudo-persona”; es decir, como alguien incapaz de analizar, comprender, reflexionar y cambiar.
El abogado Rodolfo Vicente, investigador del Ineina, ha venido señalando que a pesar de que el país cuenta con una buena legislación que protege los derechos de la población infantil, los adultos aún siguen considerando a los niños como objeto. “Los adultos se niegan a entender que los niños son personas, iguales a ellos”, ha denunciado Vicente.
Las huellas de la violencia
Especialista en ciencia cognitiva, Pablo Chaverri destacó que estudios neurocientíficos sugieren que quienes son agredidos o abandonados durante la infancia muestran un déficit en su desarrollo cerebral, con consecuencias en el sistema inmune y en la salud física y emocional.
Algunas manifestaciones hacia dentro de la persona –internalización- pueden ser ansiedad, insomnio, pesadillas, déficit atencional, desconcentración, deterioro de la salud física, depresión y baja autoestima.
Entre las expresiones hacia fuera o más visibles en el comportamiento concreto –externalización- estudios refieren la agresividad, la desobediencia, el abandono de responsabilidades y la hiperactividad.
Los niños criados en familias violentas pueden aprender que el maltrato es una vía efectiva para resolver conflictos y replicarla con otras personas, así como en sus relaciones adultas y de paternidad futuras. Asimismo, se ha encontrado que tienen mayor riesgo de sufrir estrés postraumático, abusar de drogas y cometer violencia juvenil, así como huir del hogar.
En cuanto al rol de los docentes, Chaverri resaltó la importancia de tratar de leer estos síntomas en el contexto de lo que subyace a ellos, que muchas veces son situaciones de violencia.
Para el experto esto significa que la educación no se puede entender como un trabajo exclusivo del centro educativo o del maestro, ya que cuando trabajan en conjunto la familia, el centro educativo y la comunidad, es posible empezar a crear nuevas formas de entender las naturaleza sistémica de las consecuencias del maltrato y la necesaria participación de diversos sectores para incidir de forma positiva y evitar el maltrato infantil y las cicatrices que este imprime en las personas menores de edad.
***Mayores detalles con el académico del Ineina Pablo Chaverri 8842-4749 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Para que todos podamos entender mejor la situación fiscal por la que atraviesa el país, se podría asimilar las finanzas del Gobierno con las de una familia (aunque existen diferencias de fondo), por cuanto ambas disponen de un cierto nivel ingreso para atender sus diferentes gastos, para lo cual en algún momento, también necesitan acudir al financiamiento.
Situación de las finanzas del hogar. En un principio sus ingresos son suficientes para cubrir todos sus gastos normales (alimentación, educación y salud, servicios públicos, vestido y calzado, entre otros), incluso para pagar una parte de los intereses de sus deudas. De pronto, los miembros de esta familia contraen una enfermedad (a algunos les afecta más que a otros) que requiere la compra de medicamentos, su gasto en salud aumenta permanentemente. A los meses, sus ingresos ya no cubren ni siquiera sus gastos normales y se van endeudando cada vez más. Como solución, piensan trabajar más horas a la semana, para así contar con más dinero, pero pronto se dan cuenta que la enfermedad por la que atravesaron no les permite laborar una mayor cantidad de tiempo.
Los señalamientos no se hacen esperar y cada uno responsabiliza al otro de esta situación: a esta familia le urge llegar a un acuerdo.
Situación de las finanzas públicas. Entre los años 1995 y el 2008 el Gobierno Central había mostrado un superávit primario en sus cuentas (ingresos suficientes para cubrir sus gastos, excepto una parte del pago de intereses), incluso registró un superávit financiero cercano al 1% del PIB en el 2007 (ingresos suficientes para cubrir todos sus gastos, incluido el pago de intereses). Sin embargo, ante los efectos de la crisis económica internacional 2008 – 2009, se implementó el llamado Plan Escudo, que significó un aumento importante en su gasto, mismo que posteriormente no fue posible disminuir.
Es así, que a partir de julio del 2009 (ya casi son ocho años) y contrario a la situación previa, el Gobierno Central registra un permanente déficit primario (donde los ingresos no son suficientes ni para cubrir los gastos normales), con un nivel de endeudamiento público total en ascenso (de un 38% en 2008 a un 62% del PIB en 2016).
El crecimiento económico como solución. Según estimaciones realizadas por el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, si se desea reducir el actual déficit fiscal a la mitad, en un plazo de dos años y dada la tasa de crecimiento reciente en los gastos (cercana al 7% anual), los ingresos fiscales deberían aumentar a un ritmo del 18% anual, algo que sólo ha sido posible cuando el crecimiento de la economía de base local (sin incluir Zonas Francas) ha rondado un promedio del 8,4%, resultado que no se aprecia desde mayo del 2009. En este sentido, las complicaciones heredadas de la última crisis económica internacional en términos del dinamismo que han mostrado las principales economías del Orbe en los últimos años, confirman que difícilmente el país pueda lograr tasas de crecimiento de dicho orden, mismas que incluso no han logrado superar la barrera del 6% desde el 2007 (ya hace casi 10 años de eso).
En consecuencia, apostar porque un mayor crecimiento económico impulse los ingresos del Gobierno Central y así reducir su déficit, es simplemente poco probable. A lo anterior, se debe agregar que de manera paulatina tanto las tasas de interés internacionales como nacionales continuarán su ajuste al alza, con lo cual el gasto por pago de intereses irá aumentando.
Diálogo nacional. En este país hace falta llegar a un acuerdo nacional, de manera tal que todos contribuyamos a mejorar las finanzas públicas, de acuerdo a nuestras posibilidades, para que el peso del ajuste fiscal no caiga sólo sobre algunos sectores. Debemos ser conscientes, que entre más tiempo pase, más brusco tendrá que ser el ajuste y por ende mayores sus costos.
En este sentido, si bien la sociedad costarricense se encuentra en pleno proceso electoral, lo que reduce el margen de maniobra de la Administración actual para impulsar en el Congreso medidas orientadas a solventar la situación fiscal, no se debe renunciar a dicha posibilidad. Además, los candidatos que buscan asumir la próxima Presidencia de la República, tienen que estar conscientes que sin un acuerdo nacional de alcance amplio, no será posible contar con los recursos necesarios para poner en marcha el Plan de Gobierno y la oferta electoral que han diseñado.
Una guía rápida sobre este particular, brinda algunos de los elementos que necesariamente deberán ser considerados en una agenda integral que cubra las cuatro áreas de la reforma fiscal, a saber, 1) aumento en ingresos fiscales 2) control del gasto, 3) crecimiento económico y 4) fortalecimiento de la administración tributaria:
Reforma al impuesto sobre la renta de manera que sea el pilar del sistema impositivo y tenga un carácter progresivo.
Reforma al empleo público, orientado hacia la consolidación un verdadero sistema de evaluación de desempeño e incentivos, que aumente la productividad del Estado y la calidad de sus servicios.
Derivado de lo anterior, medidas dirigidas a aumentar la eficiencia y eficacia del gasto público
Fortalecimiento de la Administración Tributaria de manera que pueda ejercer una lucha efectiva contra la evasión y la elusión.
Revisión del gasto tributario, es decir de todas aquellas exoneraciones y concesiones tributarias.
Conveniencia de la práctica de “afectación” en el presupuesto público (asignación de un monto determinado a fines específicos)
Aplicación del impuesto al valor agregado (IVA), bajo principios de gradualidad y equidad que incluya a sectores dinámicos que actualmente se encuentran fuera de su alcance.
Valoración del costo / beneficio de todas las anteriores opciones, en términos de su impacto sobre el crecimiento económico.
Una lista de acciones que promuevan el crecimiento económico acelerado en el corto plazo y de manera sostenida.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de elsoldeoccidente.com
De la Feria Internacional del Libro agosto- setiembre 2017
San José de Costa Rica
Carlos Morales EUNED San José, Costa Rica, 2017
Rogelio Cedeño Castro
Rogelio Cedeño Castro
Conmovedor, agradable, además de por momentos nostálgico relato, lleno de imágenes evocadoras sobre las circunstancias y particularidades del auge estético en la producción teatral que se da en Costa Rica, durante los primeros años de década de los setenta y en el transcurso de la siguiente, donde el autor expone además del inusual encuentro entre las artes dramáticas y las artes gráficas que allí se produjo, para dar lugar a una síntesis memorable entre esas dos dimensiones de la estética, las que era preciso explorar o al menos, así lo sintió, el creador y gestor de este bello libro, con el que deja al lector emocionado al cerrar sus páginas, después de una lectura que discurre fluida, por la amorosa perspectiva con que están elaboradas. En estas hermosas páginas, evocadoras y sinceras, el periodista y escritor Carlos Morales Castro, nos da cuenta de su extraordinario periplo existencial de más de veinte años, junto con el gran artística gráfico, Hugo Díaz(1930-2001), el que tiene lugar con momentos de grandes desencuentros iniciales, y otros de gran sintonía que los conducen a emprender la aventura de llevar adelante un extraordinario trabajo, precisamente el de acercar el teatro, en su diario quehacer, a la memoria histórica de una sociedad o país como el nuestro, a través de la genial pluma de Hugo, desde la que fluyen caudalosas las creaciones de sus dibujos, con los que termina por inmortalizar, de cierta manera, a los actores y sus representaciones en el escenario.
También Carlos Morales nos hace un bosquejo contrastante entre la personalidad de Hugo y la suya, de un entonces joven impetuoso, las que a pesar de todo se unieron en esa empresa, que trasladó el trabajo en escena de los actores a las imágenes de la prensa diaria, siempre unidas la crítica teatral a la que Carlos se lanzó muy joven, según nos cuenta el mismo, cuando trabajaba en el diario La Nación y le propuso a su jefe, el recordado Guido Fernández, uno de los gurúes en ese campo, que el haría o quería hacer la crítica teatral en ese diario, frente a la que era prevaleciente en esa época, la que juzgaba blanda, plana y complaciente. Fue entonces cuando Guido le aceptó y le dijo que lo siguiera haciendo, que él sólo expresaría sus discrepancias cuando lo creyera conveniente. Sin duda fue en ese momento en el que Carlos Morales se lanzó a esa aventura, de la que ahora nos da cuenta con toda su maestría, además de sinceridad, y sentido de la perspectiva histórica, dentro de la que se dio el auge de la producción teatral en la Costa Rica de los setenta, del siglo anterior. También cabe destacar la importancia de la gestión del naciente ministerio de cultura, con Alberto Cañas Escalante(1920.2014), quien ocupó esa cartera, pero también fue un dramaturgo y crítico importante, con el que el autor sostuvo una gran amistad, al igual que con Guido Saénz quien además de ministro de cultura, también era actor y escritor, muy importantes ambos para la creación e impulso de las actividades de la Compañía Nacional de Teatro, las que prepararon el terreno para el auge teatral, al que contribuyeron también los numerosos artistas del Cono Sur, como los Catania, Alejandro Sieveking, Bélgica Castro, con su Teatro del Ángel y otros muchos que venían huyendo de las dictaduras militares del Cono Sur. Realmente, pienso que resulta agradable, y vale la pena sumergirse en estas páginas, con sus bellas ilustraciones tan evocadoras.
Los sismos en Centroamérica son muy frecuentes, y por tanto son un fenómeno conocido por la población. Los tsunamis, afortunadamente, han sido menos frecuentes en esta región del planeta, aunque Centroamérica tiene varios registros de tsunamis originados en sus costas y también fuera de la región.
El 2 de setiembre de 1992 en horas de la tarde, un sismo de magnitud momento Mw 7.6 afectó a Nicaragua, con epicentro localizado afuera de su costa Pacífica. Ese año se cumplían veinte años del sismo de magnitud Mw 7.2 que había dejado gran destrucción en Managua en 1972. El sismo de 1992 fue percibido con menor intensidad por la población nicaragüense en comparación del evento de 1972, debido en parte a la mayor distancia del epicentro. Sin embargo, el tsunami que causó el sismo de 1992 afectó minutos después la costa convirtiéndose en el tsunami más grande que ha golpeado a Centroamérica.
El tsunami de 1992 tuvo hasta casi 10 m de altura o runup, lo que se considera algo anómalo para el tamaño del sismo que lo causó. Masachapa fue la región que sufrió los mayores efectos de este tsunami que dejó un saldo de más de 300 víctimas y destrucción a lo largo de la costa nicaragüense. Sus efectos también se sintieron en la costa costarricense: el tsunami tuvo alturas de 4.5 m en Playas del Coco y 3.6 m en Playa Hermosa y dañó embarcaciones en la entonces Marina Flamingo, en Bahía Potrero. Afortunadamente en Costa Rica no dejó víctimas humanas.
Previo al tsunami de 1992 era difícil creer que un sismo de una magnitud moderada como este pudiera causar alturas de tsunami de casi 10 m. Este evento reveló a la ciencia un fenómeno poco conocido, además de hacer un llamado entorno al manejo de riesgo por este tipo particular de tsunami. Actualmente entendemos que los sismos moderados pueden generar tsunamis grandes, y el porqué de sus posibles causas.
Una de las razones por las que este tsunami tuvo alturas tan grandes y causó tantas víctimas se ha relacionado a las características del sismo, considerado como un sismo lento. El tsunami de Nicaragua de 1992 fue el primer tsunami generado por un sismo lento que fue registrado por estaciones sísmicas. Estos tsunamis también son conocidos como «tsunami earthquake», y en Centroamérica volvió a ocurrir otro de menor magnitud en el año 2012 frente a las costas de El Salvador, que afortunadamente afectó áreas despobladas o poco pobladas, pero que tuvo una altura de inundación máxima de 6 m. Las causas de estos eventos han sido motivo de estudio durante varias décadas, y su entendimiento ha contribuido a cambiar paradigmas sobre los procesos físicos y la caracterización de la zona de subducción, así como la incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas de alertas tempranas que consideren estos eventos.
En Costa Rica desde el 2014 contamos con el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) una iniciativa del Programa Red de Observación del Nivel del Mar en Costa Rica (RONMAC) de la Universidad Nacional (UNA) y el Laboratorio IMARES de la Universidad de Costa Rica. SINAMOT le ofrece asesoría a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en el tema de alerta de tsunamis. Esto implica que cuando hay un sismo que podría ocasionar un tsunami, SINAMOT analiza la información técnico-científica y brinda un reporte a la CNE para que ésta tome decisiones. Sin embargo, debemos recordar que si estamos en la costa y sentimos un sismo fuerte debemos dirigirnos inmediatamente a zonas altas, que superan al menos los 10 m de altura sobre el nivel del mar, ya que un tsunami local podría afectar la costa en pocos minutos.
El mejor escudo contra los tsunamis es una población preparada para reaccionar correctamente y con la rapidez suficiente. Esta preparación es una tarea conjunta entre el sector científico, los manejadores de emergencias y la población. En Costa Rica, el Programa RONMAC en coordinación con la CNE, se encuentra elaborando mapas de evacuación por tsunami como parte de un proyecto que en su primera etapa cubre 20 comunidades del Pacífico Norte y Central de nuestro país. En una segunda etapa a iniciar en el 2019 se cubrirá el Pacífico Sur y el Caribe. Los mapas de evacuación por tsunami contienen información importante como el área que se debe evacuar, las rutas que se deben utilizar y los sitios donde se debe reunir la población. Sin embargo, es imperativo elaborar planes de evacuación por tsunami para que las comunidades estén mejor preparadas ante estos eventos. Estos planes deben incluir quién y cómo recibe la información de una alerta (en caso de que se trate de un tsunami lejano). Es fundamental crear protocolos de diseminación de la información de la alerta entre la población, y designar a los responsables para brindar apoyo a personas vulnerables de la comunidad, como por ejemplo personas adultas mayores, niños pequeños, personas con discapacidad, entre otros.
La Comisión Oceanográfica Internacional de la UNESCO (IOC/UNESCO) en coordinación con los sistemas de alerta de tsunamis del Pacífico y del Caribe ofrece un reconocimiento a las comunidades que cumplan ciertos requisitos de preparación ante tsunamis como los mencionados anteriormente. Este reconocimiento está pensado para funcionar de forma similar a la Bandera Azul, y al igual que ésta debe renovarse periódicamente. Aunque el programa de reconocimientoTsunami Ready está recién iniciándose en la cuenca Pacífica, ya lleva varios años en la cuenca Caribe, y se espera que pronto se convierta en algo ampliamente reconocido y que motive a los turistas a escoger las localidades que lo posean. Centroamérica cuenta con las dos primeras comunidades Tsunami Ready de toda la cuenca del Pacífico: Cedeño en Honduras y Ostional en Costa Rica. En la costa Caribeña centroamericana actualmente la comunidad de Omoa en Honduras y Corn Island en Nicaragua están tramitando el reconocimiento, que ya poseen los territorios caribeños de los Estados Unidos de América, el Reino Unido y las Islas de San Kitts y Nevis.
Entender los fenómenos naturales es necesario para responder ante ellos y salvar vidas, pero debe ir acompañado de un proceso de educación y concientización. Gradualmente se está logrando que la población reconozca que es necesario estar preparados para enfrentar los tsunamis. Sin embargo, no podemos olvidar que es un trabajo de todos y que cada uno de nosotros está a cargo de su propia seguridad y de la de su familia.
*FunTropos Costa Rica y Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), Chile.
** Programa RONMAC y SINAMOT de la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica.
***Más detalles: Oficina de Comunicación. Tel 2237-5929 / 2277-3067***
