Es lamentable y desde luego preocupante que se pretenda desacreditar la importancia que tiene el pronunciamiento dado por los Relatores Especiales de Derechos Humanos de la ONU sobre el proyecto de ley de regulación la huelga.
Poner en duda la calidad de las opiniones de estos expertos, so pretexto de tratarse de voces independientes, lejos de ser un argumento razonable, ubica el señalamiento en el aspecto esencial que le da validez y contundencia al pronunciamiento. Es precisamente la independencia de la que gozan los Relatores Especiales, lo que les permite emitir criterios técnicos al margen de todo tipo de presiones y condicionamientos. Es entonces su condición de independientes lo que garantiza la objetividad de sus opiniones.
Por otro lado, muy mal hace el Gobierno de la República al pretender desvirtuar los alcances que tiene el pronunciamiento de los Relatores, pues tal postura implica una contradicción de principios. Costa Rica forma parte del Grupo de Amigos que promueven el mecanismo de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del que forman parte las Relatorías Especiales. En el concierto de las Naciones Unidas a Costa Rica se le tiene como uno de los países abanderados de la defensa de estos mecanismos y siempre ha dado apoyo incondicional a las relatorías.
La reacción contra los pronunciamientos de los Relatores Especiales de la ONU es una conducta propia de los regímenes transgresores de los derechos humanos, y no de los países comprometidos con su promoción y defensa. Por esto, veo en el informe que han dado los tres experimentados Relatores sobre el proyecto de ley de huelgas, una oportunidad valiosa para que el país demuestre al mundo cuán serio es nuestro compromiso con los derechos humanos y el grado de respeto que profesamos por los organismos internacionales que los promueven. También creo que el acatamiento de las recomendaciones que hacen estos Relatores, potencia y legitima aún más la candidatura del país para ocupar nuevamente una silla en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ojalá así lo vean las autoridades de Gobierno.
1) El tema de la reactivación se puso de moda con excesiva tardanza, tan solo hace alrededor de un año. Yo venía insistiendo en el punto (inútilmente desde luego) desde mucho antes, años ha.
2) El énfasis en lo fiscal, en mucho motivado ideológicamente, impidió reconocer la necesidad de la reactivación. Contradictoriamente, ello implicó crear condiciones para que el propio problema fiscal se agravase, y para que su solución se hiciese mucho más costosa. Simple: una economía comatosa y entrampada en graves problemas de empleo, constituye la peor noticia para la salud de las finanzas públicas.
3) El tema fiscal quedó así inmerso en una borrachera ideológica anti-estatista, cargada de odio contra empleadas y empleados públicos y de un malsano furor antisindical. Desde ahí las élites políticas, económicas y mediáticas, acordaron un plan fiscal que constituye una propuesta antitética respecto de cualquier posible reactivación: agravaría irremediablemente la crónica anemia económica y dificultaría seriamente cualquier esfuerzo de reactivación.
4) La reactivación de la economía solo tendría sentido como un esfuerzo masivo destinado a rendir frutos en un plazo corto, y concebido como un primer paso dentro de un proceso refundacional que defina nuevos énfasis y derroteros de desarrollo para Costa Rica. Lo primero, sin lo segundo, suponiendo que tuviese éxito, tan solo daría lugar a una reanimación económica momentánea, que se agotaría al chocar contra los obstáculos más profundos –por lo tanto estructurales– que el actual “modelo económico” impone.
5) Ninguna de las anteriores condiciones –absolutamente elementales– han estado presentes, ni en las propuestas gubernamentales, ni en las del empresariado ni en las de los economistas de la ortodoxia dominante, pero tampoco en las que se presentan como “propuestas alternativas”. Ni se reconoce que el esfuerzo debe ser masivo –de gran envergadura– para tener posibilidades de éxito, ni menos se reconoce su engarce con el necesarísimo, y cada vez más urgente, proceso de reorientación del desarrollo del país.
6) Un dato es claro: si excluimos las zonas francas –un universo paralelo con apenas unos muy débiles vínculos con la economía costarricense– lo cierto es que se sufre un estancamiento económico en toda la línea: la economía está congelada, y a un pelito de caer en números rojos, aunque hay sectores que ya entraron a terreno negativo. Reactivar la economía significaría relanzarla desde ese piso al que ha caído, hasta alturas del 5-6% de crecimiento anual u ojalá más.
7) A eso me refiero cuando apelo a la “masividad” del esfuerzo requerido. Saltar del 0% al 5-6% o más, solo es posible mediante una movilización a gran escala de recursos ¿Cómo lograrlo?
8) Las versiones oficiales (las del gobierno y las del empresariado y sus economistas), o bien optan por agravar los extendidos fenómenos de precarización laboral, o bien se distraen en medidas que podrían ser necesarias y positivas (como la simplificación de trámites), pero de efectos anodinos. Lo primero intenta reducir costos salariales para tratar de recuperar rentabilidad, pero, por otra parte, ello agrava el estancamiento económico al frenar el consumo de las personas y las familias. Lo segundo, siendo quizá políticas necesarias, no alcanzan, ni remotamente, el carácter masivo y de gran envergadura, que la situación demanda. Es como poner un niño de 4 años a empujar un auto varado.
9) Últimamente el énfasis se ha trasladado hacia medidas que intentan estimular el consumo. El Banco Central asumió un cierto liderazgo, con diversas medidas destinadas a reducir tasas de interés y, presuntamente, poner más crédito a disposición de la gente (lo cual no pasa de ser una burda tontería: el crédito siempre “está a disposición” y se concreta solo si hay demanda). Transcurridos seis meses desde que iniciaron estas políticas los “no-resultados” están a la vista: cero mejoría. Otras ideas, como las de limitar las deducciones sobre salarios de personas funcionarias del sector público altamente endeudadas, agregan ruido a algo que es solo una esperpéntica sinfonía de ocurrencias.
10) Hay propuestas “alternativas” que van en la misma línea. En particular, a los proyectos de ley para poner tope a los intereses de usura. Algo sin duda necesarísimo pero, a corto plazo ¿cuál sería la magnitud de los recursos que esto movilice para estimular el consumo y reactivar la economía? Insignificante, en el mejor de los casos.
11) ¿Aumentar los salarios para reactivar el consumo y empujar la economía? Esta es otra de las ideas del progresismo. Creo que la cuestión debe ponerse en el contexto de una economía capitalista que, casi, casi, está en recesión, y que arrastra un larguísimo período –todo un decenio– de empobrecidos índices de crecimiento, con grave debilidad en la formación de nuevas capacidades productivas (inversión productiva) y nulo avance en la productividad ¿Lo soportarían las pequeñas y medianas empresas?
12) Un detalle es importante: el movimiento de una economía capitalista, tiende a ser acumulativo y auto-reforzante. O sea: las fuerzas que arrastran a la economía, lo mismo en sentido descendente como ascendente, se refuerzan las unas a las otras, y con ello profundizan y amplían el movimiento. De ahí que desde finales de 2015, y por ya cuarto año al hilo, el dinamismo de nuestra economía se mueve cuesta abajo. Algo debería romper ese círculo vicioso que nos jala en sentido descendente, y revertir el movimiento. Solo hay un mecanismo que podría lograrlo: un masivo programa de inversión pública.
13) Cierto: hay muchos “peros” que dificultan llevar adelante algo así, y muy poco interés y ninguna voluntad para romper esos “peros”. El primer “pero” tiene que ver con la conocidísima situación de déficit fiscal, lo cual, sin embargo, se podría eludir si se lograsen desarrollar –cosa que no es fácil pero sí factible– mecanismos innovadores y alternativos para el financiamiento de la obra pública. Pero eso genera mucho “susto”, lo que a su vez provoca parálisis. Hay otros “peros” (la corrupción, la burocracia, las trabas administrativas, etc.), los cuales, para ser resueltos, demandarían diálogo, generosidad y mucha capacidad de liderazgo. Todo lo cual es hoy escasísimo en Costa Rica.
14) Dije que hay muchos “peros” para hacer lo que se debería, y poco interés en dar la lucha para superar tales obstáculos. En realidad, agrego, más bien pareciera haber complacencia en que tales “peros” existan, como si se estuviese a la caza de pretextos para no hacer nada. Dije que, además, ello causa “susto”, aunque, a decir verdad, más susto debería ocasionar la posibilidad, nada descabellada, de que la economía caiga en depresión. Se prefiere entonces, no reconocer ese peligro. Un ejercicio de negación, tan vano como irresponsable.
15) En resumen: creo que se ha perdido, y se sigue perdiendo, tiempo valiosísimo ¿Podría esto cambiar? Lo dudo: no hay ni el coraje ni la visión para cuanto menos intentarlo, y ello vale lo mismo para los sectores dominantes que para los que se autoproclaman “alternativos”. No sé si la economía podría sufrir un colapso, aunque tampoco lo descarto. Lo que sí veo como muy probable es que el deterioro continúe y pase mucho tiempo antes que se registre ninguna mejoría.
Sin ningún sonrojo ni mayores consideraciones de fondo el presidente Carlos Alvarado y el canciller de la República Manuel Ventura anuncian que “valoran” aliarse a Brasil con el fin de hacer una dupla para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con ello “salvar” al mundo de la candidatura de Venezuela.
Al principio me pareció un chiste. Es decir, ¿para quitar a un mal candidato el gobierno se tiene que aliar con un ecocida del planeta? ¿Cómo y dónde se les ocurren estas ideas? ¿Cuáles son los filtros y el análisis? ¿De qué diantres sirve una cancillería y ministerios que no pueden conectarse con la realidad y asesorar al presidente?
Será que el tema me tomó llegando de participar como comisionado en el “Tribunal de los Impactos Petroleros a la Naturaleza, los Pueblos y los Defensores y Defensoras”, en la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil. Este espacio de la sociedad civil sesionó el 3 octubre pasado, en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Bahía (UFBA).
Allí, un panel compuesto por comisionadas y comisionados de varios países de la región escuchamos de primera mano sobre el régimen de tierra, activistas y pueblos arrasados por las políticas etno y ecocidas, que en pocos meses ha impuesto el gobierno de Jair Bolsonaro. Las Quilombolas o territorios de personas negras y pescadoras arrasadas por la apertura, el despojo, y la privatización de PETROBRAS y la entrega de las costas a la extracción al desenfreno. El racismo ambiental y las zonas de sacrificio para poner refinerías, puertos oleoductos y vertederos de miles de porquerías que produce esta industria petroquímica.
Los hombres y mujeres del mar denunciando el asesinato de miembros de sus organizaciones, personas que han sobrevivido a varios atentados y que tienen en su piel las balas. Dentro del Tribunal, cada tanto las mujeres del mar entonaban canciones a Yemayá, Orisha y otros cantos de lucha que les dan ánimo para invocar la justicia. Ésta es cada día más injusta y lejana, desde que llegó Bolsonaro alentando el crimen, la misoginia, la homofobia, el odio, el armamentismo, la quema de la Amazonia, el extractivismo y la expansión de una criminal agro industria de ganado, palma y soja.
Brasil ha sido por muchos años el lugar donde mas activistas han sido asesinados. Según un estudio de la organización británica Global Witness, entre 2002 y 2013 asesinaron 908 personas en el mundo por la defensa del ambiente; de éstos casos casi la mitad (448) fueron en Brasil. Además, resulta dramático que dicho estudio revele que en solo 10 de los casos hubo alguna condena en este período de 11 años, lo que representa tan sólo un poco más del 1% del índice total de asesinatos. Otro estudio publicado este año titulado “Tierra de resistentes” asegura que en la última década se han registrado 1.179 ataques a activistas defensores de los bosques y las fuentes de agua. Brasil, con 754, es el país que mayor número de ataques registra.
Esto es especialmente grave en la Amazonia, que concentra estos asesinatos. La actual estrategia de terrorismo de Estado ha “depurado” y “mejorado” las técnicas genocidas ejecutadas en la guerra contrainsurgente por el ejército de Guatemala de “quitar el agua al pez”; es decir, destruir las comunidades que estaban en rebeldía. Ahora en Brasil se mata al pez y se quema el agua y el mar. Para poder seguir expandiendo el agronegocio -en base a petróleo barato- se está prendiendo fuego a la Amazonia, con sus defensores y pobladores originarios dentro. Igualmente, hay un aumento alarmante en el abuso racial, la agresión sexual, el feminicidio y la violencia contra las mujeres y las personas LGBT.
¿Será que la gente del Gobierno tico ya está pensando y calculando los puestos en los que van a caer sentados después que termine esta administración? ¿Será que esto no los deja ver lo insensato de aliarse y asociarse con uno de los gobiernos más violentos del mundo, con la excusa de bloquear a Nicolás Maduro? Se sabe que Maduro no es ningún santo y que de igual forma está entregando cuanto mineral y petróleo hay a los chinos, quienes poco a poco están destruyendo y consumiéndolo todo.
Es muy importante que la sociedad, las organizaciones de mujeres, la población afro, la academia, artistas, las diversidades se pronuncien y presionen para hacer desistir al gobierno costarricense de esta pésima idea. Si Costa Rica se referencia -teóricamente- por la diferencia en trato de los derechos humanos es por mucha gente que ha puesto alma y solidaridad con los pueblos, que ha trabajado por la ecología y los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, por los migrantes y por las diversidades. Todas estas personas que se sientan interpeladas favor de manifestarse urgentemente.
Al fin de cuentas, el trueque ha sido oro por cuentas de vidrio: a la riqueza biológica se le puso el sello de “mercancía”, pero se sigue extrayendo sin mayor retribución para los pueblos y comunidades que la han cuidado y multiplicado a lo largo de generaciones.
Silvia Rodríguez.
Álvaro Vega Sánchez,
Sociólogo
La lucha por la defensa de la Montaña de Salitral es histórica. Hace más de treinta años la pionera organización por la defensa de los derechos de la naturaleza en nuestro país, la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), impulsó una iniciativa para contener proyectos urbanísticos que afectarían sustancialmente ese pequeño pulmón desamparadeño. Mi tata, un inmigrante sancarleño, se incorporó a un comité local para apoyar esa lucha como queriendo redimirse del peso de la culpa por haber talado muchos árboles en las montañas de aquella llanura norteña. Sus dos grandes preocupaciones eran que la “lava de cemento” arrasara con nuestras montañas y la contaminación con nuestros ríos (sus máximas: “los ríos se limpian solos” y “sembrar un árbol es un deber de todo ser humano”).
Hoy, cuando vuelve la amenaza sobre ese ecosistema, me permito retomar una vieja idea que expuse en un artículo que escribí en 1998 –la maternidad-paternidad de esta idea es secundaria, más bien pertenece a esos insignes luchadores por la defensa de nuestras montañas–. Así como nuestros visionarios estadistas del siglo pasado hicieron de la conservación una política de Estado (¡Cómo nos hacen falta políticas de Estado!) creando Parques Nacionales que alcanzaron a proteger prácticamente una cuarta parte del territorio nacional, hoy podríamos impulsar una ley para garantizar la protección de zonas con potencial ecológico, es decir, declarar legalmente a estas como Parques Ecológicos Cantonales. Son muchas las propiedades grandes y medianas improductivas que se podrían gravar para financiar esta iniciativa, tanto para sufragar gastos de expropiaciones como de manejo.
Cada cantón debería contar, al menos, con un parque de este tipo. Un espacio natural que contribuiría a embellecer el paisaje urbano, crear ambientes más saludables, permitir que nuestra hermandad biodiversa de flora y fauna encuentre un rincón acogedor para reproducirse y nuestros hijos y nietos un lugar de esparcimiento y para aprender a valorar la riqueza natural. Como bien señalan los bio-arquitectos y defensores de los ríos, hay que “tropicalizar” las urbes.
Los galardones internacionales otorgados al país por sus esfuerzos conservacionistas y el reconocimiento como destino turístico ecológico de primer nivel, deben ser un acicate para mejorar las prácticas de protección y promoción de los recursos naturales. En este campo como en el de la descontaminación y el manejo de desechos sólidos nos queda mucho por hacer. Es urgente acompañar los procesos crecientes de urbanización con políticas y acciones que protejan los pocos bioecosistemas con los que todavía contamos.
Nuestra aspiración no debe ser convertirnos en el primer país desarrollado de América Latina, siguiendo la lógica del capitalismo salvaje y demencial, sino en el primer “país ecológicamente rico”, tal y como lo concibe la insigne defensora del patrimonio ecológico, la Dra. Silvia Rodríguez (Rodríguez, Silvia (2013). El despojo de la riqueza biológica: de patrimonio de la humanidad a recurso bajo soberanía del Estado. Heredia: EUNA).
Declaremos la Loma de Salitral como Parque Ecológico de Desamparados e impulsemos una política de Estado en esa dirección. También esta Montaña es patrimonio de la humanidad. No solo los incendios están dando al traste con la vida en nuestro planeta. Hay que parar la “lava de cemento” y el espíritu mercantilista que la impulsa. Dejemos de cambiar oro verde por cuentas de vidrio.
Imagen ilustrativa, Campaña de Defensa Loma Salitral.
Pronunciamiento del Colectivo de Geografía Crítica “24 de Abril” por motivo del premio “Campeones de la Tierra”, recientemente otorgado a Costa Rica por parte de la ONU
Hablar de ambiente en Costa Rica es una polémica tarea. Por un lado, se ha convertido en un signo de orgullo internacional, un amplificador del nacionalismo y una noticia agradable que nos conforta en medio de nuestras angustias cotidianas. Por otro, es un triste conteo de fracasos, un interminable recuento de las consecuencias más perversas -por lo general ocultas- del modelo de desarrollo y una alerta de que no estamos haciendo las cosas tan bien como nos dicen.
El premio ambiental que el país recibió recientemente en la ONU como “Campeón de la Tierra” es un vergonzoso recordatorio de que estamos escondiendo el polvo debajo de la alfombra. Debajo de la pomposidad de la Pre-COP (a realizarse entre el 8 y el 10 de octubre en Costa Rica) y del aséptico mundo de los organismos ambientales internacionales, estamos escondiendo a los niños y niñas envenenados por agrotóxicos en las escuelas, a las personas que no pueden tomar agua del tubo de sus casas por contaminación, a las áreas protegidas que sirven como corredores logísticos del narcotráfico, a las y los activistas que han sido asesinados por defender el ambiente frente a la voracidad del capital…
Nos dicen que la cobertura boscosa y las áreas protegidas han aumentado en los últimos 30 años y que casi el 100% de nuestra electricidad se genera con “energías limpias”. Sin embargo, detrás de esta fachada, se importan y se queman toneladas de combustible diariamente para alimentar una flotilla de vehículos particulares que crece más rápido que la misma población (en busca del american way of life), se envenenan aguas, suelos, aire y cuerpos por la expansión del agronegocio y se dedican las mejores tierras agrícolas para el cultivo de postres de exportación (primer productor mundial de piña), empujando al país hacia una peligrosa dependencia alimentaria, en donde la comida que se sirve en nuestras mesas, cada vez más, es importada desde otras latitudes. Desde esa perspectiva, no hay contradicción entre protección y destrucción ambiental, sino una perversa y conveniente complementariedad. Detrás de los premios ambientales y el reconocimiento de la “comunidad internacional”, quedan los paisajes y las personas que buscan resistir los efectos de estos fracasos ambientales.
La idea de complementariedad entre protección y destrucción ambiental que proponemos es que, para poder perpetuar la acumulación de capital -destruyendo a su paso el ambiente y los tejidos sociales que cuidan y viven de la naturaleza- el Estado y las grandes empresas requieren de sellos ambientales, de certificaciones, premios y demás cortinas de humo que les permitan continuar con su actividad lucrativa y destructora. Porque, para nadie es un secreto, el tema ambiental se convirtió en una moda, un bonito discurso y un gran negocio. Frente a la incontestable evidencia de una crisis ecológica global (cuya manifestación más dramática es la crisis climática, que amenaza la sobrevivencia misma de la especie humana), lo “verde” se convirtió en políticamente correcto. Inclusive los grandes contaminadores del mundo (sector petrolero, agroindustrial, automovilístico, minero, etc.) reivindican sus prácticas empresariales “sostenibles” para mejorar su imagen, bajo una práctica que ha recibido el nombre de greenwashing o “lavado verde”.
Este secuestro y cooptación del tema ambiental por parte del status quo capitalista no es nuevo. Desde los años 1990 ha logrado imponerse con éxito en los principales centros de gobernanza ambiental mundial una perspectiva que busca hacer compatible la cuestión ambiental con el pensamiento desarrollista y economicista de mercado (primero fue el “desarrollo sostenible” y luego la “economía verde”). Tanto desde la ONU como desde el Banco Mundial, la OCDE y la Unión Europea, las propuestas oficiales que se ofrecen para encontrar salida a la crisis ecológica global se mantienen prisioneras de la ortodoxia del crecimiento económico sin límites. Desde esta perspectiva, la solución a los problemas ambientales radica en innovaciones tecnológicas para mejorar la “eficiencia” y “limpiar” la economía, deliberadamente evadiendo una discusión más profunda sobre modelos de desarrollo y sobre la necesidad de repensar los actuales sistemas de producción y consumo. Pareciera ser que -parafraseando a Hickel y Kallis (2019)-: “lo políticamente aceptable es ecológicamente desastroso, mientras que lo ecológicamente necesario es políticamente imposible”.
Este es el verdadero motivo por el cual Costa Rica ha adquirido tal grado de visibilidad y prestigio internacional en el tema ambiental. La imagen de Costa Rica como “Campeona de la Tierra” ha sido cuidadosamente elaborada desde los agentes nacionales e internacionales del capitalismo verde, como un ejemplo de que sí es posible salvar el planeta sin cambiar las reglas del juego del sistema capitalista. Esto termina siendo una patética fábula que nos cuentan para calmar nuestra conciencia, pero que, en el fondo, ha provocado una profundización de la crisis ecológica global. Se realizan cumbres, conferencias y congresos, se redactan informes y diagnósticos, se firman acuerdos y compromisos internacionales…sin embargo, no cabe duda que estamos peor de lo que estábamos hace 25 años, tanto a nivel nacional como mundial.
Aún más, podríamos decir que Costa Rica ha funcionado desde los años 1990 como una especie de “eco-laboratorio” del capitalismo verde, escenario donde se experimentan nuevas formas de gobernanza ambiental basadas en el mercado. La implementación de este tipo de políticas y programas en materia ambiental, de manera sistemática, ha tendido a excluir a las comunidades y demás actores sociales –sobre todo, aquellos que tienen un posicionamiento crítico o disidente-, como lo demuestra el reciente Plan Nacional de Descarbonización. Más allá de las buenas intenciones y de los puntos rescatables que éste pueda contener, no debemos olvidar que se trata de una propuesta implementada de manera vertical y sin un proceso de consulta ciudadana. Por fuera del glamuroso ambientalismo “de saco y corbata”, quedan excluidos e invisibilizados una diversidad de actores, subjetividades y puntos de vista alternativos que también componen la sociedad costarricense, tales como pueblos indígenas, grupos ecologistas críticos, organizaciones comunales de base, jóvenes en huelga por el clima, entre otros, cuyos aportes mucho podrían ayudar para encontrar solución frente a tan graves problemáticas.
En realidad, si en algo somos campeones mundiales, es en haber logrado ocultar detrás de una cortina de humo verde la sistemática destrucción de ecosistemas y comunidades, propia de un modelo de desarrollo capitalista sin límites, del cual nuestro país no escapa. Somos campeones en eco-marketing, en hacer de lo verde marca, no realidad.
Referencia:
Hickel, J. y Kallis, G. (2019). Is Green Growth Possible? New Political Economy. DOI: 10.1080/13563467.2019.1598964.
Por ejemplo Limón ¿por qué las filas interminables de furgones ruidosos y contaminantes si se podría disponer de un moderno y veloz ferrocarril? ¿Por qué los servicios portuarios en manos de una transnacional holandesa con tarifas que duplican y hasta triplican las de JAPDEVA? Sería muy arbitrario atribuírselo a los sindicatos, y, sin embargo, hay quienes, con suprema ligereza, lo hacen, no obstante la obvia contradicción que plantea el hecho de que si tan negativo era el sindicato ¿por qué entonces las tarifas de JAPDEVA era mucho más bajas?
Acaso usted tenga razones muy fundamentadas para criticar a los sindicatos. Y posiblemente yo comparta muchas de esas críticas. Y, sin embargo, ¿cómo negar que el sindicalismo es una institución importantísima en cualquier sociedad que se precie de democrática? O sea: necesitamos que los sindicatos sean mucho mejores de lo que son, precisamente porque la democracia los necesita, como un contrapeso necesario frente al poder del capital. Pero, además, ¿no es cierto que la sindicalización es un muy básico derecho humano? ¿Cómo entonces en la democrática Costa Rica ese derecho le es negado a la gran mayoría de quienes trabajan en el sector privado?
Pero, en fin, ¿es que todo lo malo que pasa en nuestro país es culpa de los sindicatos? Hay gente que insiste en repetir semejante tontería. El gobierno de Alvarado, en particular, se ha dejado decir barbaridades, como atribuir el mal desempeño de la economía y hasta el incremento de asesinatos, a los sindicatos. Ridículo e irresponsable, un verdadero insulto a la inteligencia.
Reitero: usted podría tener razones muy respetables para criticar a los sindicatos. Pero esto de lo que hablo va mucho más allá: es, a decir verdad, una campaña infame y manipuladora.
¿Se ha detenido usted a preguntarse qué hay detrás de todo eso?
De manera un tanto sorpresiva, Costa Rica, mediante declaraciones hechas por su Presidente, ha anunciado oficialmente que intentará obtener un escaño en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las elecciones previstas el próximo 17 de octubre.
Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos es la máxima instancia en materia de Derechos Humanos dentro el organigrama de Naciones Unidas, compuesto por 47 Estados (véase composición actual). Se trata de Estados electos por tres años por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, según una repartición geográfica en la que se cuenta, por parte de América Latina y el Caribe, con 8 puestos. Actualmente son ocupados por Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú y Uruguay.
Esta entidad fue creada en el 2006 y continúa en parte la labor ejercida desde 1946 por la denominada Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que integraban 53 Estados.
Foto de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, extraída de nota de prensa titulada: «Costa Rica se postula para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para sustituir a Venezuela» (La Tercera, Chile).
Los Estados de América Latina cuyo mandato expira en el 2019 son Brasil y Cuba: mientras que Brasil ha solicitado ser reelecto nuevamente en este 2019 para un nuevo mandato, Cuba ha optado por no hacerlo: véase enlace oficial sobre Estados candidatos a esta elección prevista para la segunda semana de octubre, en la que se cuenta con 15 candidaturas (sin contar con la de Costa Rica) para ocupar 14 vacantes.
Las elecciones recientes por América Latina y el Caribe dentro del Consejo de Derechos Humanos: breve repaso
En el 2018, fueron electos por la región de América Latina y el Caribe, Argentina, Bahamas y Uruguay (véase nota oficial de Naciones Unidas). En el 2017, lo fueron Chile, México y Perú (véase nota oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2016, de dos vacantes para la región en el seno del Consejo de Derechos Humanos, quedaron electos Brasil (con 137 votos a su favor) y Cuba (con 160 votos), no logrando su designación Guatemala (con apenas 82 votos reunidos). En octubre del 2015, lograron su elección Panamá (con 157 votos a favor), Ecuador (152) y Venezuela (131), al tiempo que Bahamas (con 113) no logró ser electa. En el año 2013, fueron electos Cuba (148 votos) y México (135) quedando fuera Uruguay (con tan solo 93 votos). En el año 2012, fueron electos Argentina (176 votos recibidos), Brasil (184) y Venezuela (154).
En la noticia difundida en medios de prensa este 3 de octubre del 2019 (véase por ejemplo nota de Elmundo.cr), se indica que las autoridades de Costa Rica han tomado esta decisión debido a la posibilidad que Venezuela sea electa este próximo 18 de octubre por la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta iniciativa contó con el respaldo de diputados, según se desprende en esta otra nota de prensa de Elmundo.cr, y con el apoyo de los últimos Ex Presidentes de Costa Rica (véase nota de prensa del medio digital Delfino.cr). En la noche del mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica circuló un comunicado oficial de prensa, en el que no menciona expresamente a Venezuela, al señalar únicamente que:
«Sería contraproducente que el asiento sea ocupado por países que no tengan como finalidad cooperar con los altos propósitos del Consejo, sino que más bien sean objeto de observación por parte del Consejo y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.«
En el mismo comunicado de prensa, se precisa que:
«Costa Rica espera trabajar en conjunto con otros países, y en especial, expresa a la República Federativa del Brasil, su deseo que ambos países sumen sus fortalezas y voluntades» (Nota 1).
No se tiene claro si se considera por parte de Costa Rica que todos los Estados que integren al Consejo de Derechos Humanos deben respetar los derechos humanos: remitimos a nuestros estimables lectores a la lista de Estados que lo integran en la actualidad para hacerse una idea al respecto, disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas.
El denominado «Grupo de Lima» y su comunicado, y las resoluciones recientes sobre Venezuela en Naciones Unidas
En un reciente pronunciamiento del autodenominado «Grupo de Lima» (véase texto del comunicado del 23/09/2019), los 11 Estados que lo conforman (conjuntamente con el representante de Venezuela que consideran legítimo), habían externado que:
«7. Rechazan la candidatura del régimen ilegítimo de Maduro a dicho Consejo, por ser absolutamente contraria a la tarea de protección y defensa de los derechos humanos que compete a ese organismo intergubernamental e instan a la Asamblea General de Naciones Unidas a no apoyar esa candidatura«.
No se desprende del precitado comunicado si el autodenominado «Grupo de Lima» consideró que, además de rechazar la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, había que proponerse buscar una alternativa a esta.
Cabe precisar que 24 horas después de este pronunciamiento del «Grupo de Lima«, Venezuela y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas anunciaron la firma de un Memorandum de Entendimiento relativo a asistencia técnica y cooperación en materia de derechos humanos (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). En una primera resolución titulada «Fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela» del 26 de setiembre, el Consejo de Derechos Humanos acogió con beneplácito esta iniciativa (véase texto completo). En una segunda resolución votada el 27 de setiembre, titulada «Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela«, el Consejo aprobó el establecimiento de un mecanismo de investigación («Fact Finding Mission«) en Venezuela (véase texto de resolución). Una de las dos resoluciones fue mucho más publicitada en los medios internacionales que la otra, y dejamos a nuestros estimables lectores adivinar cuál de las dos.
Costa Rica ante un enorme desafío para su diplomacia
Más allá de las motivaciones que han llevado a las autoridades de Costa Rica a tomar esta repentina decisión, una candidatura/país sometida a un recinto universal como el de Naciones Unidas no debiera de decidirse con tanta premura, ya que se construye siempre con cierta antelación.
Precisamente, un primer reto radica, para Costa Rica, en obtener los apoyos necesarios para lograr ser electa, con muy poco tiempo de preparación para negociarlos con cada uno de los Estados que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas.
En el mes de octubre del año 2014, con una candidatura que contó con un tiempo de preparación mucho mayor, Costa Rica no logró ser reelecta frente a las candidaturas de Bolivia, El Salvador y Paraguay. Tuvimos en aquella ocasión la oportunidad de analizar en detalle este frustrado intento de la diplomacia de Costa Rica, en el que Costa Rica logró reunir tan solo 120 votos frente a sus contendores, señalando en conclusión que:
«El anuncio de una reelección siempre debiera hacerse público una vez valoradas las posibilidades de ganar la contienda» (Nota 2).
Desde aquella ocasión (octubre del 2014), Costa Rica ha optado, por alguna razón, por no presentar su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: una actitud que puede sorprender al observador, dada la trayectoria y el amplio reconocimiento del que beneficia Costa Rica a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos.
Nótese que en el 2006, al celebrarse las elecciones para constituir el Consejo de Derechos Humanos por primera vez, sustituyendo a la Comisión de Derechos Humanos, los siguientes Estados de América Latina fueron escogidos: Argentina (158 votos a favor), Brasil (165), Cuba (135), Ecuador (128), Guatemala (142), México (154), Perú (145) y Uruguay (141); no fueron electos ni Colombia (1 solo voto, posiblemente el suyo), ni Costa Rica (6 votos a favor), ni Honduras (3 votos a favor), como tampoco Nicaragua (119 votos) ni Venezuela (101 votos)(véase nota oficial de Naciones Unidas).
Cabe recordar que la última vez que Costa Rica fue electa en el seno del Consejo de Derechos Humanos fue en el 2011, conjuntamente con Chile y Perú: en aquella votación, realizada en el mes de mayo del 2011, Chile recibió 159 votos a favor, Costa Rica 138 y Perú 136, al tiempo que Nicaragua no logró ser electa, recibiendo el apoyo de tan solo 98 Estados miembros de Naciones Unidas.
Una segunda dificultad para Costa Rica, tiene que ver con los intercambios de compromisos que los Estados ya han pactado entre sí en materia de candidaturas, y que pueden ser difícilmente revisados a menos de dos semanas de la elección: algunas candidaturas se anuncian y se negocian con mucho tiempo de antelación y es probable que Venezuela y Brasil ya tengan asegurados gran parte de sus votos. No se trata de semanas o meses, sino en algunos casos, de años (Nota 3).
Brasil anunció su candidatura en diciembre del 2016 y distribuyó en junio del 2019 la listas de sus promesas y compromisos (véase carta oficial del 27/06/2019), mientras que Venezuela lo hizo en setiembre del 2019 (véase carta oficial). Usualmente, las candidaturas por la región son avaladas por el GRULAC (Grupo América Latina y el Caribe en Naciones Unidas), consensuando la designación de los Estados deseosos de presentar su candidatura por la región en función de los escaños liberados año tras año: como indicado anteriormente, puede ocurrir que sean más los postulados que las vacantes.
Finalmente, si bien en el marco regional (OEA – Organización de Estados Americanos), se puede decir que la diplomacia venezolana ha ido perdiendo significativos apoyos en los últimos años, en el marco universal (Naciones Unidas) su margen de maniobra es mucho más amplio, al poder contar con apoyos nada despreciables así como con la influencia que puedan tener varios de sus aliados sobre otros Estados.
Foto del tablero de votación del 23 de julio del 2014, al votarse una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones creando una comisión de investigación sobre la ofensiva militar isarelí en Gaza (29 votos a favor, 17 abstenciones y un solo voto en contra), extraída de nota nuestra sobre los alcances de esta resolución.
A modo de conclusión
Tal y como indicado con anterioridad, los votos obtenidos para alcanzar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos representan una cifra elevada, debido a las intensas gestiones que despliegan los Estados en su contienda anual en Nueva York: en el 2006 Costa Rica logró reunir 6 votos; en el 2014, 120 votos y en ambos casos no resultó electa. En el 2011, reunió 138 votos y logró su elección.
Para algunos analistas consultados por la prensa costarricense, Costa Rica «no la tiene fácil para ganar un puesto» (véase artículo de CRHoy publicada el 7/10/2019). Una de los dos analistas consultados precisa que:
«No soy muy optimista y me preocupa lo que pueda conllevar un nuevo fracaso diplomático«.
La medición de fuerzas entre Costa Rica y de Venezuela se inició con este anuncio oficial dado a conocer el 3 de octubre, y la tarea para la diplomacia costarricense durante estas dos semanas no será fácil: se observará el resultado de las gestiones diplomáticas de Costa Rica (y de Venezuela) el próximo 17 de octubre, cuando sean llamados a depositar en una única urna sus votos cada uno de los 193 integrantes de la Asamblea General de Naciones Unidas, incluyendo los 11 integrantes del autodenominado «Grupo de Lima«. Nótese que, a diferencia de la OEA, Naciones Unidas reconoce como únicos representantes legítimos de Venezuela a las autoridades encabezadas por el Presidente Nicolás Maduro.
Notas
Nota 1: El texto integral del comunicado oficial de Costa Rica se lee de la siguiente manera: «RELACIONES BILATERALES OCTUBRE 03, 2019 08:49 PM. Costa Rica anuncia candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. San José, 3 de octubre de 2019.- El Gobierno de Costa Rica anuncia que presentará una candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con la presentación de dicha candidatura Costa Rica reafirma su tradicional e histórico compromiso en la promoción y protección de los derechos humanos, y al mismo tiempo, expresa su deber de asumir un papel proactivo para lograr que ese asiento en el Consejo sea ocupado por un país que demuestre los más altos estándares en los procesos de promoción y protección de los derechos humanos.
Sería contraproducente que el asiento sea ocupado por países que no tengan como finalidad cooperar con los altos propósitos del Consejo, sino que más bien sean objeto de observación por parte del Consejo y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.
Se considera sobre todo que esta posibilidad restaría legitimidad al Consejo de Derechos Humanos que exige a los Estados que pretendan formar parte ese órgano aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y estar sujetos al mecanismo de Examen Periódico Universal durante el período en que sean miembros.
Costa Rica espera trabajar en conjunto con otros países, y en especial, expresa a la República Federativa del Brasil, su deseo que ambos países sumen sus fortalezas y voluntades.
El Gobierno de Costa Rica agradece, asimismo, el apoyo expresado por señores y señoras ex presidentes de la República, así como de señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa. En este sentido, hace un llamamiento a sumar todos los esfuerzos nacionales a una candidatura que ha recogido la dignidad y defensa de nuestros valores.
La candidatura puede afrontar todos los obstáculos, pero es una lucha que Costa Rica no se puede permitir dejar de dar.
Comunicación Institucional (907 CR Consejo de DDHH) Jueves 3 de octubre de 2019.«
Nota 2: Véase nuestra nota titulada «Bolivia, El Salvador y Paraguay electos en el Consejo de Derechos Humanos«, publicada en el sitio especializado de DIPúblico, edición del 27/10/2014.
Nota 3: En la misiva circulada por Costa Rica el 11 de abril del 2011 enviada al Presidente de la Asamblea General (véase texto completo), se indica por parte del Embajador de Costa Rica en Naciones Unidas que:
«La información sobre las promesas y los compromisos de Costa Rica en materia de derechos humanos se distribuyó a todos los Estados Miembros en julio de 2009, cuando el Gobierno anunció la decisión de presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el período 2011-2014. Las elecciones al Consejo de Derechos Humanos se celebrarán durante el sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, el 20 de mayo de 2011«.
(*) Este artículo fue redactado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
“Aun cuando se prohibieran las huelgas estas no desaparecerán (…) Prohibir el derecho de huelga en una Constitución es tarea fácil, pero inocua, ya que el problema social que la huelga representa y que la produce, no se habrá solucionado en ninguna forma” (R. Facio)
La socialdemocracia moderna se sustentó en tres postulados fundamentales: Estado de bienestar (redistribución de la riqueza), economía mixta y reconocimiento, en general, del papel político de los sindicatos en la sociedad y en particular, en la solución de los conflictos laborales (reparto del poder político).
Como se sabe, el PLN, desde su fundación, se adhirió a la socialdemocracia internacional.
No obstante, desde hace muchos años, renegó de aquellos postulados de la socialdemocracia.
El Estado de Bienestar lo transformó en el bienestar de algunos pocos, de la élite política-económica, que históricamente ha lucrado con los recursos públicos.
La economía mixta, palanca que les favoreció acumular ostentosas ganancias, la empezaron a desmontar desde 1980, aguijoneada por el Consenso de Washington, con la firma de las Cartas de Intenciones con el FMI y los Programas de Ajuste Estructural (Gobiernos Monge Alvarez/Arias Sánchez), continuando con la aprobación del TLC y las más recientes reestructuraciones, incluida JAPDEVA.
A merced de esta restructuración, los recursos públicos se vienen devaluando y privatizando, con el consecuente desmantelamiento de la institucionalidad democrática, el deterioro de los servicios públicos y el endeudamiento insostenible.
El contemporáneo Proyecto de Ley de Reforma del Empleo público, se matricula dentro de esta lógica de desmontaje del constitucionalismo social.
La concepción del Estado Social viene, entonces, sustituida por el autoritarismo de mercado (Lex Mercatoria), que, además, implica la eliminación de la protección de los derechos de la persona trabajadora.
Cómo si lo anterior no fuera poco, desde la promulgación de la Ley de Asociaciones Solidaristas (1984), el PLN lanzó su conjura política contra los sindicatos.
Esta empresa ahora se está felizmente coronando con la aprobación -en primer debate- del proyecto de ley de destrucción del derecho de huelga.
Este proyecto se configura en el marco de esa ofensiva neoliberal, que pretende enervar todos los derechos de los trabajadores, particularmente los derechos colectivos de representación y participación sindical.
El objetivo de este proyecto legislativo resulta irreconciliable con la ideología socialdemócrata que reconoció, por una parte, el papel interlocutor político de los sindicatos y por otra parte, su rol en la construcción de las normas reguladoras de la relación laboral (autonomía colectiva) y en la solución de los inevitables conflictos entre el trabajo y el capital.
Las obras intelectuales del socialdemócrata Rodrigo Facio Brenes, que en las discusiones de la Asamblea Constituyente defendió brillantemente el derecho de huelga, dentro de poco sus detractores del Balcón Verde, las subastarán al mejor postor del mercado.
No queda la menor duda que el PLN ha hecho sobrados y demostrados méritos para solicitar su carné de afiliación a la Primera Internacional Neoliberal.
Este 27 de setiembre, se cumplió el primer año desde que se procedió a recoger oficialmente en Naciones Unidas las firmas de los Estados interesados en suscribir el denominado «Acuerdo de Escazú«: desde el 27 de setiembre del 2018, este instrumento regional está formalmente abierto a la firma de los 33 Estados que forman parte de América Latina y del Caribe.
El mismo día de la ceremonia realizada en Nueva York, en setiembre del 2018, se recogieron un total de 15 firmas (entre las cuales, en América Latina, las de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Perú y Uruguay), y un día después, se recibió la de Paraguay; en el mes de julio del 2019, se registró la firma de San Vicente y las Granadinas.
Se trató de un primer buen impulso que merecía confirmarse durante el primer año, y que, como veremos a continuación, no logró mantenerse.
Un sólo año con una sola ratificación y cinco ratificaciones obtenidas en 24 horas
El único Estado que, al día 25 de setiembre del 2019, había procedido a depositar su instrumento de ratificación era Guyana, depósito realizado en abril del 2019: un resultado poco halagador, algo superado con el anuncio hecho por varios Estados 24 horas después.
En efecto, desde este 26 de setiembre del 2019, Guyana ya no está sola: depositaron en Naciones Unidas sus respectivos instrumentos de ratificación Bolivia y Uruguay, así como Jamaica, San Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas.
A su vez, quienes no habían firmado este instrumento aprovecharon de este primer aniversario para hacerlo: Granada y Nicaragua.
Remitimos a nuestros estimables lectores al comunicado oficial de la CEPAL así como estado oficial de firmas y ratificación disponible en este enlace oficial de la Secretaría General de Naciones Unidas.
Breves apuntes sobre los alcances logrados en Escazú
Como se recordará, el denominado «Acuerdo de Escazú«, cuyo título oficial es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«, fue adoptado en marzo del 2018 en Costa Rica, luego de 4 años de intensas negociaciones (2014-2018) auspiciadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas: este convenio internacional, de alcance regional, es el primero en la historia del derecho internacional público en unir derechos humanos y protección del ambiente en un texto de carácter vinculante para los Estados. En efecto, hay una gran cantidad de tratados de derechos humanos, y existe otra gran cantidad de tratados en materia de protección del ambiente: pero, a diferencia de varias declaraciones y resoluciones no vinculantes adoptadas por diversas Organizaciones Internacionales y Estados en los últimos años, no se contaba con un convenio que, además de vinculante, vinculara ambos ámbitos.
Por lo tanto, no se trata de cualquier tratado, sino de una iniciativa audaz, que busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, en aras de consolidar y hacer más efectivo de lo que es el derecho a vivir en un ambiente sano (véase texto oficial en español).
A diferencia de negociaciones de otros instrumentos internacionales, el marco utilizado por parte de la CEPAL para las negociaciones propició una amplia presencia y participación de organizaciones de la sociedad civil, lo cual merecería ser replicado – o al menos imitado – en muchos otros recintos multilaterales.
Uno de los aspectos más novedosos del «Acuerdo de Escazú» es el de haber incorporado una disposición (el Artículo 9) en aras de proteger a los defensores del ambiente, a menudo objeto de todo tipo de intimidaciones, persecuciones, acciones legales claramente intimidatorias y asesinatos, constituyéndose así en el primer instrumento de carácter vinculante que contempla obligaciones para los Estados al respecto. Como bien es sabido, el indignante clima de impunidad en el caso de muchos de estos asesinatos contribuye a minar la credibilidad de las instituciones, las cuales deben garantizar investigaciones creíbles y sanciones ejemplarizantes para quienes atentan contra la vida y la seguridad de los que defienden los derechos de sus comunidades.
Este Artículo 9 se adoptó con base en un documento de trabajo preparado por Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú sobre los defensores del ambiente y la imperiosa necesidad de protegerlos (véase nota oficial presentada a las demás delegaciones durante las negociaciones): una iniciativa de estos cinco Estados que merece, como mínimo, ser saludada.
Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada «Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina», 30 de julio del 2019
Precisamente, en un comunicado conjunto circulado el 13 de setiembre del 2018, varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas llamaron a firmar este instrumento internacional. En su texto titulado “UN experts urge prompt ratification of landmark Latin America and Caribbean environment treaty” (véase texto completo en inglés), se lee que:
”This agreement is a major leap forward in the protection and safeguarding of human rights defenders in environmental matters. By establishing specific binding provisions, Latin American and Caribbean States are not only recognising the acute and alarming situation faced by environmental defenders in countries of the region, but are also taking concrete steps to reaffirm their role and respect, protect and fulfil all their rights“.
Nótese que, más recientemente, una excitativa suscrita por 17 Procedimientos Especiales en materia de derechos humanos de Naciones Unidas fue enviada el 15 de julio del 2019 a las autoridades de México, instándolas a ratificar sin más preludios el Acuerdo de Escazú (véase carta).
Vale la pena mencionar que el pasado 17 de setiembre, la ONG Human Rights Watch (HRW) dió a conocer su informe titulado «Rainforest Mafias. How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil’s Amazon» (véase texto completo así como comunicado de prensa de HRW), en el que detalla la impunidad campante que se ha instalado en Brasil con relación al asesinato selectivo de líderes ecologistas e indígenas que defienden la Amazonia en los últimos años.
La ausencia de algunas firmas y en particular una de ellas
Cabe precisar que Brasil, así como México, figuran entre las 20 firmas reunidas hasta el momento por el «Acuerdo de Escazú«, y que no se registra la de Chile, como tampoco la de Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, ni la de Venezuela.
En el caso chileno, resulta sumamente sorprendente que se haya negado a firmar este tratado, al ser uno de sus principales impulsores durante la fase de negociación. Tuvimos la oportunidad de analizar este insólito cambio de orientación por parte de las nuevas autoridades chilenas electas a finales del 2017: véase nuestra breve nota titulada «El Acuerdo de Escazú sobre derechos humanos y ambiente: Chile se desdice«. En esta precitada nota, se reproduce al final el comunicado oficial conjunto de Chile y de Costa Rica difundido con ocasión del Día Mundial del Ambiente en junio del 2018: se recomienda su lectura integral, la cual evidencia cuán contradictoria resulta ser la actual posición de Chile así como los diversos argumentos esgrimidos por parte de sus máximas autoridades. En esta emisión producida en Chile del programa «Las cartas sobre la mesa«, representantes chilenos de la sociedad civil desmenusan y desvirtúan uno a uno los distintos argumentos precitados (véase emisión disponible en este enlace).
Como bien se sabe, en noviembre del 2018, Brasil anunció que desistía de ofrecerse como sede para organizar la próxima Conferencia Mundial de Estados Partes a la Convención Marco sobre Cambio Climático (más conocida como «COP25«) a realizarse en noviembre del 2019 (véase nota de prensa de El Tiempo, de noviembre del 2018). El repudio generalizado externado por diversos integrantes de la comunidad internacional ante la actitud omisa de Brasil para contener los incendios en la Amazonia brasileña desde julio del 2019, confirma la visión tan peculiar de las actuales autoridades de Brasil con relación a la protección del ambiente.
Fue entonces cuando Chile (diciembre del 2018) anunció que sustituiría a Brasil en esta tarea. A pesar de ser la sede de la reunión más importante del 2019 en materia ambiental a nivel global como lo es la COP25, las actuales autoridades de Chile han optado por mantener sus distancias con el «Acuerdo de Escazú«, al punto de no querer tan siquiera firmarlo. Desde la perspectiva de los Estados que ven con suma reticencia el reconocerle derechos a quienes defienden el ambiente y que no consideran necesario mejorar el acceso de las comunidades a la información en materia ambiental (y mucho menos garantizarles su plena participación), la actual posición chilena es extremadamente útil y oportuna.
En el caso de Colombia, Estado que se mostró sumamente incómodo durante las negociaciones, proponiendo modificaciones y enmiendas en aras de limitar sustancialmente el alcance de varias disposiciones, la presión ejercida para que por lo menos firme el Acuerdo de Escazú se mantiene. Se lee en esta publicación muy completa (cuya lectura se recomienda y que puede interesar a muchos otros Estados), titulada «Colombia y el Acuerdo de Escazú» (véase texto integral) que:
«Son alarmantes las cifras de conflictos ambientales y de asesinatos de defensores y defensoras del ambiente en Colombia. A pesar de contar con una amplia legislación en materia de información, participación y justicia ambiental en Colombia, la conflictividad ambiental en el país se agudiza cada día. El Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta de vital importancia para cambiar esta situación en el país» (p. 89).
La ausencia de la firma de Chile, de Colombia y la de otros Estados podría revertirse en caso de que algunos Estados de la región, por alguna razón, cambien súbitamente de parecer e inicien su propio proceso en aras de facilitar a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos en materia ambiental. Como bien se sabe, sin firma por parte del Poder Ejecutivo, los integrantes de los Poderes Legislativos no tienen cómo iniciar el trámite de aprobación de un instrumento internacional.
A modo de conclusión
Es de notar que América Latina llegará a la reunión preparatoria de la COP25 (denominada «PreCop«), a realizarse en Costa Rica del 8 al 10 de octubre próximos, con la ausencia de las firmas antes mencionadas, así como con la ausencia de ratificación por parte de Costa Rica, Estado que promovió activamente, conjuntamente con Chile, esta iniciativa regional durante la fase de negociaciones, albergando la ronda final y dándole el nombre de «Acuerdo de Escazú» a este novedoso instrumento. En esta breve nota nuestra se reproduce en la parte final el comunicado oficial de Costa Rica celebrando la adopción del texto, el 4 de marzo del 2018. Costa Rica sí firmó el texto el 27 de setiembre del 2018 con ocasión de la ceremonia oficial realizada en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Si bien nuevas firmas pueden registrarse antes del 8 de octubre, es muy difícil que, en estos pocos días que quedan de aquí a la PreCop, alguna iniciativa para acelerar el proceso de aprobación tenga lugar en el seno de la Asamblea Legislativa costarricense.
De confirmarse la falta de ratificación costarricense antes de iniciar la PreCop en Costa Rica, estaríamos presenciando una nueva ausencia: una ocasión propicia para reflexionar, en Costa Rica, sobre los logros que se pueden alcanzar por parte del aparato diplomático desde el Poder Ejecutivo, y la dificultad para trasladarlos luego como prioridad al Poder Legislativo.
No obstante, la PreCop también podría convertirse en un espacio para fomentar en América Latina la urgente necesidad de saldar una vieja deuda pendiente de la región con la justicia ambiental y con los defensores del ambiente y sus derechos: lo pactado en Escazú en marzo del 2018 es un primer paso en esta precisa dirección.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
En los últimos años los monocultivos han adquirido una presencia determinante en la economía de la región Huetar Norte desplazando otras actividades.
En el mes de abril el Instituto Tecnológico efectuó la apertura de la Agencia para el Desarrollo Región Huetar Norte, una iniciativa que promueve el desarrollo de esta zona mejorando la competitividad e infraestructura, la atracción de inversión y la generación de más empleo.
Esta iniciativa que tuvo como antecedente el impulso hace algunos años de la zona Económica Especial de la zona Norte, pone en evidencia el compromiso de esa Institución universitaria con el desarrollo de la región Huetar Norte, desde su sede Regional ubicada en Santa Clara.
Dicha iniciativa coincide con el lanzamiento reciente por parte de la Administración Alvarado, del programa Franja de Desarrollo que incluye una lista de 79 proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos.
Entre las iniciativas están la construcción de un centro de valor agregado, la construcción de la sede de la Universidad Técnica en San Carlos, la inauguración del Parque Solar Cooperativo de Coopelesca, 23 proyectos de agua potable, además de la realización de estudios de factibilidad para el aeropuerto de Altamira de San Carlos y la conclusión de estudios del tren de carga Pacífico-Norcaribe. Asimismo, se efectuó el lanzamiento del Plan Nacional de Cacao, el emprendimiento China Verde y la entrega de la II etapa de la Ruta Maleku entre Guatuso y Upala.
No obstante, como se mencionó en un artículo anterior la propuesta es un conjunto de proyectos específicos e iniciativas puntuales, con poca conexión entre ellos, sin un enfoque articulador de desarrollo territorial y lo que es más importante sin una valoración correcta de la dinámica territorial y de los grandes desafíos del desarrollo de esa región.
El desarrollo de la región Huetar Norte, presenta una dinámica económico-productiva que expresa territorialmente la implementación del modelo de apertura comercial que se ha venido gestando desde los años noventa y que se ha intensificado a partir del 2000. Algunas actividades productivas han incremento sus áreas tal es el caso de la piña, cítricos, raíces y tubérculos, ornamentales, mientras otras se han reducido, como es el caso de ganadería, granos básicos y palmito.
La diversificación de la economía local incluye también el surgimiento de novedosas actividades en expansión como el turismo ecológico, la reforestación y los proyectos hidroeléctricos.
Como lo apuntara, el investigador Barrientos del programa Estado de la Nación (2008) si bien la Región Huetar Norte ha logrado transformar su dinámica productiva para adecuar su desarrollo a las nuevas condiciones del contexto nacional e internacional, este desarrollo alcanzado no se ha traducido en beneficios equivalentes para las familias de la región.
En este marco, señala como dinámicas o cambios territoriales los siguientes: una estructura bipolar, donde se ubican por un lado las empresas comercializadoras, agroindustriales y agroexportadoras y por el otro, los productores familiares, los cuales implementan diversas actividades; un incremento de actividades rurales no agrícolas; la degradación de la biodiversidad; nn debilitamiento del sistema institucional público. (Barrientos, 2008:24-25)
En tanto un estudio de SEPSA-PROCOMER del mismo año, indica que a pesar de las potencialidades de la RHN (invaluables recursos naturales, para la producción para el mercado nacional y para la exportación), contradictoriamente, presenta bajos índices de desarrollo social y humano (Upala, Los Chiles y Guatuso, poseen las posiciones más bajas entre los últimos diez cantones más pobres del País); concentración de la actividad productiva, de la exportación y de los servicios básicos en los principales cantones, aspectos que se expresan grandes disparidades a lo interno de la Región.
En las últimas décadas, de un patrón de desarrollo ligado a la producción ganadera extensiva y de granos, se pasó a otro caracterizado por la industria extractiva forestal, plantaciones forestales mono-cultivos, la producción de naranja, piña y raíces y tubérculos a gran escala. A causa de este actual patrón de desarrollo, se presenta una creciente degradación y pérdida de su rica base de recursos naturales. (Cudeca,2011)
Frente a esa dinámica económica, social y ambiental de la región se plantean grandes desafíos al desarrollo regional, primero la dinámica productiva en especial agroexportadora no está generando el empleo necesario para sostener a la población de la zona, lo que junto al ingreso de mano de obra nicaragüense es un factor importante en esta dinámica.
El segundo desafío, está referido al negativo impacto ambiental que el modelo productivo ligado a la agro-exportación, el cual está produciendo una importante degradación a la base de recursos naturales. El balance realizado sobre el uso de los recursos naturales deja claro que el modelo de desarrollo en estos cantones tiende a generar impactos ambientales críticos, que requieren ser atendido con un enfoque de mayor armonía entre desarrollo productivo, protección de los recursos y calidad ambiental.
Por otra parte, el tercer desafío remite a las unidades productivas campesinas, que aún son significativas en la zona deben lograr una mayor participación en la industrialización y comercialización de sus productos, en el mercado nacional e internacional y potenciar las articulaciones con el de las modernas empresas agrícolas, mejorar los servicios de información y asistencia técnica, en lo que se requiere un rol central del estado costarricense.
Como atenuante frente a los desafíos regionales, como lo expresara el XIII Informe del Estado de la Nación “la respuesta de las instituciones públicas a los desafíos y oportunidades que presenta la Región Huetar Norte se caracteriza por la dispersión, los agotados esquemas de coordinación regional de las instituciones públicas, no coinciden unos con otros, lo que dificulta emprender programas integrales de alcance regional”.
