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Sobre un pronunciamiento como organización social de profesionales del derecho ante la masacre de indígenas en el Cauca

Por Carlos Meneses Reyes

Sobre la cuestión indígena, corresponde precisar que la Constitución Política del 91 (CP91), en el artículo 329, Capitulo Del régimen especial, conformó las Comunidades Territoriales Indígenas en Colombia. Facilita el asimilar que como Estado pluralista los pueblos indígenas gobiernan y ejercen funciones jurisdiccionales (Capítulo 5. De las jurisdicciones especiales. Artículo 246 CP91). Dentro de sus Funciones está: “Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno nacional” (Artículo 330-7 CP91).

Resulta que en el Imaginario de las comunidades indígenas prima una especia de “autonomía” local. Las organizaciones indígenas, de carácter político y social, fungen como autoridades autónomas, empoderadas en ejercer poder local; disponen del atributo de aplicar justicia conforme al derecho natural y consuetudinario. Erigen sus autoridades y ejercen coacción (simbólica y real) con sus “bastones de mando”. En contrario al artículo 12 de la CP91: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; las autoridades indígenas aplican penas de azotes. Las penas de prisión las cumplen en el sistema penitenciario nacional. De manera que las autoridades indígenas fungen en una especie de para-estatismo colaborador y expresamente en materia de orden público están regidos por directivas especiales del Gobierno nacional.

En un país como Colombia, con un escenario perturbado- desde el punto de vista Constitucional- de un conflicto armado interno, en todo el mapa político nacional, pues las comunidades indígenas en sus territorios están siendo objeto de escenarios del conflicto armado, hoy en día con mayor intensidad. Ante esa realidad, ellos (las comunidades indígenas) han tomado una posición de neutralidad alegando que el conflicto armado entre fuerzas rebeldes y efectivos gubernamentales de combate no les incumbe. Que ese conflicto es “ajeno” a ellos. Esto lleva más de 50 años de contradicciones. Así, que como autoridades locales se encaran ante los mandos de la fuerza pública y se conocen casos, con pesadas escenas, de comunidades indígenas “expulsando” a miembros de la fuerza pública, en particular del ejército, de esos territorios. Con relación a las fuerzas insurgentes o rebeldes, expresan constantemente que no los aceptan en sus territorios; como quien dicen que se vayan con el juego candente de sus fierros a otros lares. De manera que ellos conciben un paraíso terrenal especial en esta Locombia. Y ¡así no son las cosas!

En abstracción subjetiva, al abordar este tema de la territorialidad indígena recreo la situación en El Catatumbo, con las comunidades Bari- Motilonas y los indígenas en el Departamento de Cauca.

En el caso de El Catatumbo, abordar un análisis serio, objetivo, sobre el enfrentamiento armado – superado- entre las guerrillas del ELN y el EPL no deja de pasar por el rasero de los intereses ancestrales de los aborígenes con defensores de oficio por parte de la guerrilla del EPL y los intereses económicos de los colonos, asentados en esas tierras que colonizaron y civilizaron y que con tradición posesoria asumen como verdaderos propietarios; así no aparezcan, en esa inmensidad del relámpago intermitente e inconmensurable del Faro de El Catatumbo, con registro catastral alguno que les otorgue derecho de propiedad. Poseedores con ánimo de señores propietarios, que a su vez tienen como defensores de oficio a las guerrillas del ELN. Ese panorama de conflicto también choca con las aspiraciones de las organizaciones campesinas en la creación de la Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Son 350 mil hectáreas que proyectan el desarrollo integral, ecológico y humanístico de El Catatumbo, con miras al pos conflicto, e instrumento esencial para contraponer al engendro de los ZIDRES, de aprovechamiento particular de baldíos, aupado por los “inversionistas” latifundistas, acaparadores de tierras y lavadores de activos en esa inmensa región. Esto para significar, como las comunidades indígenas están inmersas en el conflicto armado interno, expresión de la lucha de clases en Colombia.

De igual manera abstraernos en la situación de los indígenas en el Cauca, implica la aplicación de efectos de inteligencia estatal contra insurgente. Con la exigencia de observación del orden publico la política contra insurgente del bloque de poder oligárquico, exige a las comunidades indígenas alinearse a lo del para-Estado y en tal sentido aplican como objetivo militar insurgente. El Cauca, con población mayoritaria indígena, transita en auge de agudización del conflicto armado. La parte estatal les incrimina ser permisivas en cuanto a presencia, colaboración con las guerrillas. Las insurgencias cuentan con trabajo político en las bases indígenas y por ende alimentan el fervor militante. Las autoridades indígenas entran en rechazo a esas prácticas. El estamento militar estatal, juega en río revuelto y mantiene efectivos en las labores de contra inteligencia.

La mediática dictatorial engaña a la opinión pública con el cuento que todo gira alrededor del control del narcotráfico, rutas y negocios del mismo.

Comprendamos que el escenario de lucha de un conflicto prolongado y complejo como el colombiano, genera dificultades para la población originaria indígena. Que las comunidades indígenas, así lo expresen, no se sustraen a los efectos de la lucha armada. El año pasado fueron juzgados ocho miembros de las Farc. Fueron azotados y también expuestos al escarnio público conforme a esas tradiciones aplicadas. Enuncio la regla guevarista: “Si no te metes con la política, la política termina metiéndose contigo”. El conflicto armado intenso en esos territorios coloca a las comunidades indígenas como sujetos activos y/o pasivos. A las fuerzas armadas estatales les es dado cumplir con unas reglas y es explicable un comportamiento constreñido de conducta. Pero que reglas se le pueden exigir al los irregulares guerrilleros que enuncian un enfrentar a todo el orden constitucional colombiano. (A no ser la de violación al Derecho Internacional Humanitario DIH) Esa es, digamos la razón de ser de los rebeldes. El incidente en que la Gobernadora indígena y cinco de sus Guardias murieron, al parecer obedeció a querer rescatar a unos presos que transportaba la justicia indígena. La mediática y obvio la conducción informativa del ejército, apunta que es debido al control de rutas y territorios del narcotráfico, como manido argumento de la lucha contra las drogas y la extensión del brazo intervencionista del Imperio en nuestra geografía nacional.

De tal manera que el coraje generado por la matanza ocurrida explica la sensibilidad de las organizaciones sociales por denunciar el hecho ante la comunidad nacional e internacional. Prioriza, no obstante, la diferenciación en el escenario de los hechos, donde resalta que la política mentirosa del régimen presidencial de derecha militarista en decadencia, no puede continuar como política del avestruz negando la existencia del conflicto armado interno colombiano. Que se imponga el mandato constitucional de protección fundamental a la vida y de búsqueda de la paz y solución política- no con engaños y negando la responsabilidad estatal a lo Acordado- al fin del conflicto interno armado. Acompañado de profundas reformas, que también demandan las comunidades indígenas o aborígenes.

En esos términos de precisión y claridad avalaría un pronunciamiento de las organizaciones sociales de profesionales del Derecho, sobre la matanza de indígenas y de líderes y lideresas sociales, reiterando- sobre este último aspecto -las sustentaciones académicas que he desarrollado respecto a la aplicación de la con-causalidad política del partido fascista de gobierno, el Centro Democrático CD), con esas muertes selectivas y sistemáticas. Materializando esa tesitura jurídica, tendría sustento la Fiscalía General de la Nación, para la función pública de dar con los autores intelectuales de esos crímenes de lesa humanidad. Está pues abierta la discusión.

1 de noviembre de 2019.

 

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LA HISTORIA NO ES SOLO GALLETAS

“Hasta que los leones, tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando a los cazadores”

Manuel Hernández Venegas

La fábrica Pozuelo está de manteles largos. Fundada en 1919, cumplirá la próxima semana, un centenario.

Esta exitosa empresa amplió sus operaciones a varios países de América Central y constituye una subsidiaria de uno de los grupos empresariales más grandes de AL.

La efeméride de esta empresa queda simbolizada en aquellas crujientes galletas, que están arraigadas en el paladar de los ticos.

Pero lo que no han registrado en la página oficial de su centenaria celebración, es la lucha social que libraron sus trabajadoras y trabajadores, a finales de la década de los 70.

Precisamente este mismo año del centenario, se cumplieron 40 años de la huelga que realizaron sus obreras y obreros, para defender y mejorar sus condiciones de vida.

Los trabajadores presentaron un conflicto colectivo de trabajo, que la patronal, sentada en la galleta, se negó negociar.

La injustificada negativa de la patronal, obligó a los trabajadores a ejecutar una huelga, que de manera célere fue declarada ilegal.

La empresa requirió la intervención de la fuerza pública, que de inmediato controló las instalaciones de la fábrica, en la Uruca, y garrote en mano, se dedicó a su habitual oficio.

Parafraseando un famoso comercial de uno de sus productos: si la vez por arriba, la policía asumió el control de la fábrica y desalojó violentamente a los trabajadores de las instalaciones.

Si la vez para abajo, la policía reprimió brutalmente y persiguió a obreras y obreros hasta el río Virilla. La sangre llegó al río.

La represión fue inmisericorde, hasta que -como cierra aquel anuncio- ya no la vez, por las nubes de gases lacrimógenos que lanzó la policía, con un saldo de más 50 detenidos y otros enviados al hospital.

Al final, más de 400 obreras y obreros fueron despedidos.

La historia no solo está llena de galletas, aunque la marca sea “muucha galleta”.

 

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Caso Infinito Gold vs. Costa Rica ante el CIADI: breves noticias

El pasado 20 de setiembre, según se desprende de la ficha técnica relativa a la controversia sometida en febrero del 2014 contra Costa Rica por parte de la empresa minera canadiense, Infinito Gold, se indica que:

«September 20, 2019 Each party files a statement of costs» (véase ficha oficial de este arbitraje, en la sección «Procedural Details«).

La observación de la práctica del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjeros y Estado (más conocido por sus siglas en español CIADI o ICSID en inglés – véase sitio oficial) señala lo siguiente: la fijación, por parte de cada una de las Partes, de sus respectivos costos constituye la última etapa procesal de previo al laudo arbitral. Se trata de un indicador de cierta relevancia, ya que esta controversia planteada por Infinito Gold contra Costa Rica se ha extendido por mucho más tiempo de lo usual, tal y como lo veremos a continuación. Como bien se sabe el CIADI es un mecanismo auspiciado por el Banco Mundial, que buscar resolver las disputas entre inversionistas extranjeros y un Estado receptor de la inversión, mediante el establecimiento de una terna arbitral destinada, luego de escuchar a ambas partes, a resolver la disputa.

Al momento de redactar esta breve nota (30 de octubre del 2019), es de notar que, según el registro oficial llevado por el CIADI, Venezuela acumula 17 demandas presentadas en su contra por inversionistas pendientes de resolución, seguida por Perú (10), Colombia (9), Argentina (8), Panamá (4), Costa Rica (2), Guatemala (2), Uruguay (2) al tiempo que Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras y República Dominicana registran una sola.

Recuento de la controversia entre Infinito Gold y Costa Rica ante el CIADI

Como bien se recordará, esta demanda fue interpuesta ante CIADI contra Costa Rica por parte de la empresa minera canadiense Infinito Gold, a raíz de su fracasado proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas: este último, declarado de «conveniencia nacional» en el 2008 por las autoridades costarricenses de manera inconsulta y sorpresiva, generó una gran polémica en Costa Rica. El proyecto minero fue finalmente declarado ilegal por la justicia costarricense en el 2010 (véase texto completo de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo). En el 2011, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del tribunal administrativo del 2010 en todos sus extremos.

Un Estado obligado a acatar lo que dictaminan sus tribunales de justicia sobre el carácter ilegal de un proyecto minero ¿llevado luego a una instancia internacional por la misma empresa minera promotora del proyecto? Es efectivamente lo que ocurrió, y que arroja serias dudas sobre la conveniencia de permitir demandas de este tipo, mediante la suscripción de algunos tratados internacionales por parte de Costa Rica que contienen cláusulas extremadamente favorables para el inversionista extranjero.

La presentación del caso que figura en el sitio oficial del CIADI ofrece algunos (pocos) detalles del proceso seguido desde febrero del 2014 contra Costa Rica.

Una primera etapa sobre jurisdicción en la que parte de los argumentos de Costa Rica es rechazada

Como es usual para el Estado demandado, en un primer momento Costa Rica presentó varias excepciones preliminares objetando la competencia del CIADI. En una decisión preliminar, dada a conocer en diciembre del 2017, el tribunal rechazó parte de los argumentos de Costa Rica al declarar en la parte dispositiva final que:

«Une a la fase de fondo las objeciones jurisdiccionales de la Demandada en virtud del Artículo XII(3)(c); en virtud de Anexo I, Sección III(1); y en virtud del Artículo IV del TBI; así como la determinación de si la inversión de la Demandante cumple con el Artículo I(g) del TBI. Rechaza las demás objeciones preliminares de la Demandada«.

(véase texto completo de la decisión del tribunal arbitral, párrafo 364).

Nótese que a raíz de un razonamiento bastante peculiar (párrafos 287-298 de la precitada decisión) y que debiera interesar a varios juristas costarricenses, los tres árbitros llegaron a una posición contraria a la sostenida por Costa Rica. En el párrafo 287 se lee que:

287. La cuestión que debe dirimir el Tribunal es si las reclamaciones de Infinito están prohibidas en virtud del Artículo XII(3)(d) del TBI. En aras de la claridad, el Tribunal recuerda que la parte pertinente de la disposición reza lo siguiente: Un inversionista podrá someter una diferencia, según se indica en el párrafo (1), a arbitraje conforme a lo dispuesto en el párrafo (4) solamente si: […] (d) en los casos en que Costa Rica es parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo«.

En el párrafo 298 se lee textualmente que:

«298. Por lo tanto, el Tribunal concluye que las reclamaciones de la Demandante no están prohibidas por el Artículo XII(3)(d)«.

Tuvimos la oportunidad de analizar críticamente la forma bastante cuestionable con la que las autoridades de Costa Rica «anunciaron» el contenido de esta decisión al ser notificadas, refiriendo a una supuesta «posposición» y «complejidad» (términos inexistentes al tenor del texto del mismo laudo arbitral dado a conocer pocos días después del dicho «anuncio«) en diciembre del 2017: véase nuestra breve nota al respecto titulada «Crucitas: Costa Rica anuncia que tribunal del CIADI «pospondrá» su decisión sobre jurisdicción«.

Imagen extraída de nota del Semanario Universidad titulada «Estado quedaría sin resarcir daño ambiental por minera. Antes de sentencia, Infinito vendió fincas a un tercio de su valor», edición del 15.09.2015

En su demanda inicial presentada en febrero del 2014, la empresa minera reclamaba a Costa Rica el pago de 94 millones de US$ (véase texto completo de la demanda con fecha del 6/02/2014 publicado en un sitio privado, ya que el CIADI, a la fecha, no publica este tipo de documentos). En años posteriores, se supo que el monto original fue revisado a la alza por la empresa minera, exigiendo a Costa Rica el pago de 321 millones de US$ (véase nota de CRHoy del 7.04.2017).

Cabe recordar que en marzo de 2014, varios especialistas en derecho recomendaron que Costa Rica no aceptara someterse a un arbitraje internacional ante el CIADI en el caso del proyecto minero Crucitas, dado el inminente riesgo de verse perjudicada por la demanda planteada por esta empresa minera canadiense: véase nota de prensa de la Universidad de Costa Rica / UCR) y reportaje de Era Verde (Canal 15 UCR).

En aquella ocasión, varios de los oradores hicieron hincapié en que si bien demostrar la falta de buena fe del inversionista canadiense era muy sencillo (al haberla documentada y confirmada la misma justicia costarricense), emitieron muy serias reservas en que fuera COMEX el que asumiera la defensa legal de Costa Rica ante los árbitros del CIADI.

Un litigio objeto de interés por parte de terceros, uno de ellos «invitado»

La misma lectura de la precitada ficha técnica del CIADI, en la sección «Procedural Details» señala que, en setiembre del 2015, se recibió una solicitud de una «non-disputing party» (sin mencionarse su nombre), la cual fue favorablemente acogida por los integrantes del tribunal arbitral en junio del 2016: se trata en realidad de la ONG costarricense APREFLOFAS, cuya solicitud tuvimos la ocasión de analizar brevemente en en este mismo sitio a partir de documentos publicados en la prensa (véase nota titulada «Arbitraje ante el CIADI Infinito Gold vs Costa Rica: ONG obtiene calidad de «parte no contendiente» «).

Se lee en la precitada decisión sobre jurisdicción de diciembre del 2017 (disponible en este enlace) que Costa Rica difiere de algunos de los argumentos de APREFLOFAS:

«Costa Rica no considera que la prueba disponible hasta la fecha baste para sustentar una excepción tal, es decir, que toda la inversión de Infinito se logró mediante fraude, corrupción y otros ilícitos con lo cual no constituye una inversión de buena fe con arreglo al TBI y el Convenio del CIADI. Como lo demuestra el resumen aportado por APREFLOFAS, las diversas investigaciones de funcionarios públicos por corrupción y otros delitos en relación con el otorgamiento de la Concesión de 2008 o se encuentran en trámite o bien culminaron con un sobreseimiento» (párrafo 130).

En el mes agosto del 2018, se indicó en esta misma ficha técnica del caso, que otra entidad también solicitó intervenir como «non-disputing party«, sin tampoco mencionarse su nombre por parte del CIADI. Se trata ya no de una organización de la sociedad civil, sino de Canadá, según se confirmó a la prensa por parte de las autoridades costarricenses (véase nota de CRHoy). Al investigarse sobre el punto de saber a qué podría responder el repentino interés de las autoridades canadienses en este caso contra Costa Rica, planteado desde el 2014, un medio de prensa costarricense acudió a las autoridades costarricenses sin lograr una respuesta muy clara: véase nota de CRHoy titulada «Interés de Canadá en millonario arbitraje por Crucitas desata inquietudes» y esta otra titulada «Dudas en torno a participación en proceso de arbitraje con Infinito Gold«.

Finalmente, se le contestó formalmente a un congresista canadiense que la solicitud hecha a Canadá para intervenir provino oficialmente de … Costa Rica. Ello se desprende de la respuesta oficial con fecha del 24.1.2019 dada por las autoridades canadienses de comercio exterior a las preguntas formuladas por el diputado Peter Julian el 18.03.2018: véase texto en inglés y en francés de las preguntas formuladas y respuesta oficial brindada disponible en inglés en este enlace y en francés en este otro enlace.

Según la respuesta oficial de las autoridades canadienses, las gestiones de Costa Rica ante Canadá para que interviniera datan de abril del 2018. Es poco usual que un Estado demandado por una empresa con base en un Tratado Bilateral de Inversiones (más conocidos como TBI) pida el concurso del otro Estado Parte al TBI en un procedimiento ante el CIADI.

Usualmente, un caso ante el CIADI dura unos 4 años, y así lo confirman recientes controversias resueltas por tribunales arbitrales del CIADI que involucran a Costa Rica (Nota 1). ¿Por qué en febrero del 2019 se cumplieron 5 años y aún a estas alturas del año no se conoce la decisión del CIADI?

Es posible que estas dos solicitudes de terceros hayan retrasado significativamente la lectura del laudo arbitral en el caso planteado por Infinito Gold contra Costa Rica, en particular la segunda de ellas relativa a Canadá. Tuvimos la oportunidad de analizar el único incidente procesal que se dió en julio del 2015, al solicitar formalmente Costa Rica poner fin al procedimiento a los tres integrantes del tribunal arbitral, dado el atraso de la empresa minera en remitir sus alegatos según el cronograma acordado (Nota 2).

Los costos de un arbitraje ante el CIADI

Según un especialista costarricense en materia de arbitraje, independientemente del resultado final, los costos que deben asumir los Estados en su defensa legal durante un procedimiento ante el CIADI son de unos 8 millones de US$ (véase nota de CRHoy).

Se trata de un monto que puede variar significativamente en virtud de incidentes procesales que pueden dilatar el proceso: en el caso que enfrentó otro Estado centroamericano (El Salvador) contra otra empresa minera canadiense (Pacific Rim), El Salvador indicó a los árbitros haber tenido que sufragar un total de casi 12 millones de US$ para asegurar su defensa (véase párrafo 1.14 del laudo arbitral de octubre del 2016 disponible en este enlace). En un laudo arbitral del CIADI condenando a Venezuela al pago de 1.386 millones de US$ a una empresa minera canadiense dado a conocer en el 2016, Venezuela indicó haber incurrido en el pago de más de 14 millones de US$ (véase texto del laudo, párrafo 950). En un reciente caso en el que el CIADI condenó a Pakistán a pagar una suma por más de 4.000 millones de US$, Pakistán alegó haber gastado más de 25 millones de US$ en gastos de defensa (véase párrafo 1831 del laudo arbitral emitido en julio del 2019).

En cambio, en el caso del consorcio minero Glencore contra Colombia tramitado de forma expedita en poco más de 3 años, Colombia adujo haber gastado 3.424.871 US$ (véase párrafo 1639 del laudo arbitral del 27 de agosto del año en curso, disponible en este enlace).

A modo de conclusión

No se sabrá a cuánto asciende el monto exacto proporcionado por Costa Rica al estimar los costos de su defensa en este caso contra Infinito Gold sino hasta el momento de la lectura final del laudo arbitral, el cual contiene siempre, en su parte final, la estimación de las dos Partes en cuanto a sus respectivos costos (Nota 3).

Si este y varios otros datos no ventilados por el CIADI pueden generar algún tipo de frustración en algunos de nuestros estimables lectores, ello les permite entender un poco mejor las críticas recurrentes que se le han hecho al CIADI en cuanto a la opacidad y a la falta de transparencia de su funcionamiento. Y comprender las razones por las cuales Bolivia (2007), Ecuador (2009) y Venezuela (2012) denunciaron la convención que crea el CIADI suscrita en 1965, al tiempo que Indonesia y Sudáfrica han renegociado todos su TBIs, en aras de limitar sustancialmente los riesgos de ser objeto de demandas abusivas por parte de inversionistas extranjeros (Nota 4).

Notas:

Nota 1: Por ejemplo, en el caso Aven et alii contra Costa Rica resuelto a favor de Costa Rica en setiembre del 2018 (véase breve nota nuestra al respecto), la demanda fue planteada el 24 de enero del 2014 (véase texto completo del laudo). En el caso Cervin Investissements contra Costa Rica, la decisión dada a conocer por el CIADI en marzo del 2017 responde a una demanda planteada por este grupo de accionistas suizos de la empresa mexicana Gaz Z en marzo del 2013 (véase texto del laudo arbitral).

Nota 2: Remitimos a nuestros estimables lectores al artículo que elaboramos sobre este incidente pocamente analizado y anunciado en medios de prensa costarricense de manera bastante insólita en su momento: BOEGLIN N., «La solicitud de Costa Rica de poner término a la demanda de Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones«, OPALC, Sciences Po Paris, julio del 2015, disponible en este enlace. En la decisión precitada sobre jurisdicción (véase enlace), el tribunal del CIADI detalla la situación acaecida en julio del 2015 debido a la renuncia de los directivos de Infinito Gold y la incertidumbre generada (pp. 11-13).

Nota 3: En el precitado caso Aven et alii contra Costa Rica (véase texto completo del laudo), Costa Rica señaló al tribunal haber incurrido en un gasto para asumir su defensa por concepto de 2.461.747 US$ (véase párrafo 750 de la precitada decisión). En el precitado caso de Cervin Investissements contra Costa Rica, Costa Rica indicó haber incurrido en gastos de defensa por 2.060.021 US$ (véase texto del laudo arbitral, párrafo 709)

Nota 4: Remitimos al lector a nuestra breve nota publicada en inglés en diciembre del 2013: BOEGLIN N., “ICSID and Latin America Criticism, withdrawal and the search for alternatives”, Bretton Woods Project. Texto disponible aquí. Sobre la revisión operada por Indonesia de más de 50 TBIs suscritos, véase HAMZAH LAMPUNG University , «Bilateral Investment Treaties (BITS) in Indonesia: a paradigm, shift, issued and challenges«, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 21, Issue 1, 2018. Texto disponible aquí.

Este artículo fue redactado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica

Documentos sobre la controversia entre Infinito Gold y Costa Rica disponibles en el sitio del CIADI:

– Ordenanza Núm. 2 del tribunal arbitral, de junio del 2016, acogiendo la solicitud de intervención de la ONG costarricense APREFLOFAS, disponible en inglés aquí

– Decisión sobre jurisdicción del tribunal arbitral, diciembre del 2017, disponible en español aquí

 

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Sindicato de Hacienda: Seguimos igual

El anuncio de un nuevo ministro en nuestra institución, no debe ser situación alarmante; recuérdese que el tiempo promedio de un Ministro de Hacienda en su gestión es de dos años continuos.

No obstante, la incorporación de un funcionario de trayectoria tan amplia en el Banco Mundial nos ratifica el interés de los gobernantes de ser complacientes con los organismos internacionales, no es de dudar, que resulte impuesto, y que no nombren a Kristalina Georgieva en virtud que la Constitución Política señala que deben ser costarricenses los ministros.

Todo seguirá igual, las políticas impuestas de coadministración de los organismos internacionales seguirán vigentes.

El ejemplo más claro: le prestan a un fulano, y quién le presta le va diciendo, yo requiero estos procesos ejecutados, con el fin de asegurar el retorno de la inversión, y que el país o empresa sirva a los propósitos que ellos estimen pertinentes.

La llegada del Dr. Rodrigo Chaves Robles podría generar esa confianza a nivel externo que se requiere, las organizaciones sociales y sindicales, lo ven como la imposición o recomendación de Rodrigo Arias y Eduardo Lizano, que tiene muy claro la receta de los “chicago boys”.

Es de esperar que ante el interés individual prive el interés colectivo, pero aquí en Costa Rica todos los lectores sabemos que los intereses de las minorías poderosas se están imponiendo, nos llevan según su publicidad a mejores horizontes, pero conforme a los números a los que se enfrentaría este Dr., todo da un panorama sombrío en desempleo, en crecimiento de la informalidad, pobreza, cierre de las Pymes, en fin, veremos si tiene esa “varita mágica” para revertir esos indicadores; lo malo al final, es que si no lo logra, se va otros 20 años al exterior, y quizás para ese tiempo Costa Rica no exista como nación soberana e independiente.

 

Enviado a SURCOS por SITRAHSAN.

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A propósito de la pregunta: ¿de dónde viene el nuevo Ministro de Hacienda?

«La política del Banco Mundial y del FMI respecto a Indonesia es emblemática en muchos aspectos. Combina la injerencia en los asuntos internos de un país, el apoyo a un régimen dictatorial culpable de crímenes contra la Humanidad, el apoyo a un gobierno responsable de la agresión a un país vecino (anexión de Timor Oriental en 1975) con el desarrollo de grandes proyectos que implicaron a la vez desplazamientos masivos de poblaciones, depredación de los recursos naturales en beneficio de las transnacionales y la agresión contra los pueblos nativos.»

 

Compartido con SURCOS por Gerardo Hernández Naranjo.

Referencia que le invitamos a leer:

El Banco y el FMI en Indonesia: una intervención emblemática

Serie: 1944-2019, 75 años de intervenciones del Banco Mundial y del FMI (parte 11)

Fuente: http://www.cadtm.org/El-Banco-y-el-FMI-en-Indonesia-una-intervencion-emblematica?fbclid=IwAR14JEmpMRq4E9yEbOkCa_sLq7OJhn-Qm-_hho4iYa-d46daeyG4yIz8ixM

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APORTE A UN ANÁLISIS DEL PASADO DEBATE ELECTORAL

Carlos Meneses Reyes

Un evento político como el desarrollo de las pasadas elecciones del 27 de octubre de 2019 en Colombia, contribuye al análisis de la situación política concreta del país, sin que signifique sea el derrotero electoral el determinante para identificar la situación política nacional y del movimiento popular en Colombia.

Con esfuerzo de concentración aspiro no desviarme del objeto del presente artículo al destacar el civilizado comportamiento de las fuerzas insurgentes (ELN, EPL, Nuevas Farc-ep) en torno al desarrollo del cuestionado debate electoral en Colombia. Por primera vez, en varias fechas electorales, no rigió un cese al fuego unilateral y pese a ello no imperó el saboteo y primo la permisividad al libre ejercicio del derecho ciudadano a acudir a las urnas.

Tema aparte corresponde al analizar el toque a fondo de un sistema electoral corrupto en contrario a la sana práctica de la política, expresado en los registros de violencia salvaje inter partidaria que caracterizo el evento electoral y el significativo rechazo al sistema de escrutinios que mantiene en vilo la tranquilidad ciudadana en varios municipios del país, precisamente porque a algunos no les salieron las cuentas de inversión y de derroche de dinero para el logro de sus aspiraciones. Dejo así, no sin la mofa de que “el día de la quema se ve el humo”.

La metodología para abordar el tema bifurca consideraciones como la de incidencia de los resultados electorales en el viraje gubernamental de un gobierno caracterizado por la improvisación, el desgobierno, la falta de caracterización y capacidad del gobernante de turno y por ende imprimir un timonazo de desgobierno, en el sentido de perturbar el mal orden de gobierno imprimido o con caracterizada impresión de descalificación en variados aspectos. Otro, el definir una línea de acción del movimiento popular colombiano consecuencial a la búsqueda de la solución a los grandes males que aquejan a la población. Así planteado, no está al orden del día la toma del Poder Popular como la eficacia de aplicaciones dinámicas en la equivalencia de fuerzas políticas en el escenario nacional, para salir avante, tanto en la búsqueda de la solución política al conflicto armado interno colombiano; como la sintonía con la tendencia pos capitalista y de manejo alternativo al cambio del modelo económico neo liberal, acorde con la nueva ola de tendencia progresista que cabalga en Latinoamérica.

CONTRIBUCIÓN DESDE UNA CULTURA DEMOCRATICA

Para proceder a conocer el resultado de lo actual conviene el recuento de cuál fue el cálculo que impuso la hegemonía en el manejo del Estado colombiano, luego del fracaso del experimento contra insurgente paramilitar.

El impulso personalizado en un sujeto de extracción del campesinado rico, en dos periodos presidenciales consecutivos que plasmó una década de horrible noche de Terrorismo de Estado, dio paso a un cambio de “política de encerrona” de la rancia oligarquía y el predominio de la tendencia socialdemócrata (que con beneficio de inventario aceptemos como de Centro), para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno colombiano. La filosofía de esa “tendencia” fue de gatopardismo: “anunciar que todo cambia, para que nada cambie”. Los dos periodos de Juan Manuel Santos, convergieron en los Acuerdos de La Habana y el Teatro San Carlos, logrando – que no la paz- sí un fin del conflicto armado con la insurgencia de las Farc- ep y su desmovilización y entrega de armas “a cambio de nada”. En interés de confluencia nacional e internacional tanto el imperio vio y apoyó una salida bajo la sustitución de cultivos con base realista de ataque a los cultivos de coca y golpe a la producción de cocaína. Se manifestó el entusiasmo de la Banca internacional. El ansia desmedido de los intereses inversionistas extranjeros con fauces de invasores. Se plasmó todo un programa mínimo de alcances democrático populares…hasta que llegó el cálculo de tahúr y el abrazo de oso, del concebido referendo por la paz que dio triunfo al NO y la subsecuente echada por la borda de los Acuerdos de La Habana hecho trizas. La no implementación de los Acuerdos con la aplicación de la “enredadera jurídica” con la quinta columna en ejercicio del poder legislativo y judicial, que sin haber sido Delegados Plenipotenciarios de lo firmado, se dieron a la tarea de sembrar la confusión, quitando la naturaleza y esencia de lo firmado y con una práctica de malas artes leguleyas, hacen transito al despojo de lo esperanzadamente logrado.

 Recalco con alusión a lo referenciado, por la caracterización de ser un acto electoral como el llamado plebiscito refrendatorio, bajo el imperio de un sistema electoral amañado, el que cambio- desde entonces- la tendencia política de “Centro” a una de derecha militarista y guerrerista contra insurgente, expresado en el Bloque de Poder Hegemónico de Derecha Contrainsugente y retomando lo enunciado, concluir que es nuevamente un “acto electoral” ( el del 27 de octubre) el que redirecciona la política de derecha militarista de la hegemonía oligárquica en el poder a una con asomo de Derecha a secas.

Lo anterior significa que en Colombia todos esos matices de centro-derecha, centro-izquierda, son una entelequia o sofisma de distracción. Lo irreal relevante radica como método de clasificación de dos partes que constituyen la base de las leyes de los contrarios en la definición de los dos caracteres concretos: la derecha o la izquierda, en política. El resto de matices y sub matices de predominio o no, es metodología que se aplica en el entorno explicativo de lo mecánico electoral del Establecimiento.

Es decir, presentan dizque un “nuevo” mapa político con estos un poco más a la izquierda, aquellos más cerquita de la derecha, esos otros al centro derecha (!) y los del centro izquierda, casi se tocan etc, etc.

De manera que al aceptar o calificar que las elecciones pasadas del 27 de octubre constituyen un punto de inflexión, corresponde caracterizarlo como retroceso a la salida guerrerista, de terrorismo estatal, encarnado en el Uribismo, sí; pero no por ello exento el predominio de una tendencia en hegemonía de derecha contrainsurgente. Forma esta de salvaguardar el estado de cosas. En estos términos no hay un triunfo democrático de viraje de caracterización de una nueva política de Estado. Esta será un logro conquistable.

No hay derecha moderada, solo a secas derecha. El hecho político sucedido por el resultado electoral derrota la tendencia militarista, guerrerista y de aplicación de Terrorismo de Estado para policial. Pero queda intacta, casi sin modificación la tendencia de derecha contrainsurgente que subsume todo el problema del conflicto interno. En ello está el quid de la salida política al conflicto armado, político, económico, social y ecológico, colombiano.

Obvio que existen fuerzas o tendencias democráticas, progresistas, socialdemócratas liberales, cuya razón de ser es enfilar a una posición de izquierda. No de Centro, que repito es una entelequia. Pero en Colombia, desde el siglo próximo pasado, no resultan consecuentes con esa concepción y al enfilar con la hegemonía de derecha, colocan a las vanguardias políticas del movimiento popular, partido comunista colombiano (PCC), marxistas-leninistas, socialistas y a la izquierda legal revolucionaria, a la cola del Progresismo. Ahora lo del Progresismo podrá ser anatema para la derecha confesonaria pero no para el movimiento popular. Pero corresponde decantar al Progresismo y los programas Alternativos.

La hegemonía de derecha impera al aglutinar las fuerzas tradicionales liberales, conservadoras, de partidos nuevos, por lo general regidos por caciques caudillistas locales y de proyección nacional. Los matices citados no operan en escenarios diferenciados. Aglutinan dentro del juego de los poderes mafiosos y narco paramilitares. No existe causa que los diferencie de los otros. Argüir por ejemplo que la posición de Galán, siendo “liberal” es de centro derecha, busca y pretende ocultar la tendencia de derechización. Eso de que no es progresista; pero tampoco extremista: para que tantas cabalas.

Desde el triunfo del NO la tendencia retomo como de derecha. Un partido fascista impuso la hegemonía y a ellos se unieron acólitos, como dependientes. Luego del triunfo con un partido de poder fascista, hoy duramente golpeado, consolidó lo académicamente denominado Bloque Hegemónico de Poder de Derecha Contrainsurgente. A ese Bloque contribuyó precisamente el que no triunfara en la elección presidencial pasada el Progresismo y por ende confluyeron a ese Bloque todos esos matices descalificados. Sin temor a equivocarnos y como referencia gráfica hacen parte actualmente de ese Bloque: los partidos Centro Democrático.CD, Liberal, Conservador, de la U, Cambio Radical, las iglesias evangélicas, y otros grupúsculos denominados partidos menores, El Polo Alternativo- salvo sus bases conscientes- los Verdes-salvo sus bases conscientes y el sin número de matices, tendencias, en el cotorro político de imposturas conscientes. Desde ya visora el lente para la suerte de una política Alternativa triunfante al decaído neoliberalismo, como modelo económico.

De esa manera aportemos para lograr el análisis concreto de la situación concreta, del espectro político colombiano, que es la inmodificable regla metodológica que nutre el materialismo dialecto en cuanto conocimiento y devenir de la realidad del Estado colombiano.

CRONOGRAFIA ELECTORAL

Para un mejor entendimiento del escenario electoral colombiano destaco aspectos relevantes que se dieron.

Los analistas no coinciden que hayan sido las elecciones más seguras transcurridas en el país.

La constante fue los disparos, ataques, amenazas a candidatos, crímenes en el entorno, asesinatos contra aspirantes resaltando las rencillas y odios internos partidistas como manifestación expresa de decadencia de una política libre de violencia.

Para el Centro de estudios en Seguridad y Paz: “Esta campaña mostró que sigue habiendo violencia política en el país, se demostró que no solo era por la guerrilla que había violencia sino por las mismas estructuras y caciques políticos”.

En plena campaña electoral se escapa la ex senadora Aida Merlano, condenada por fraude electoral a 15 años de prisión. El Procurador General de la Nación expresa: «Detrás de la fuga de Aida Merlano existe una empresa criminal electoral». La periodista Jimena Dussan, acota: «así está la política en Colombia. Convertida en un ejercicio feudal, con un claro talante mafioso».

Como se vio en las pasadas elecciones presidenciales de 2018, fue marcado el predominio de los clanes políticos regionales en estas elecciones.

A nivel nacional los analistas debieran decantar el concepto de Carteles políticos y no el de Clanes en el predominio de las regiones. Esto por cuanto que la denominación CARTEL Político, compagina todos los elementos requeridos para su denominación. Converge, en la práctica, en un convenio de intereses tanto económicos como delictivos en el marco de un ejercicio político. Como tal el Cartel Político monopoliza el control de la política a nivel regional y de áreas metropolitanas y hasta departamentales y condicionan el destino de los cargos públicos de elección y en tal sentido fijan las condiciones y controles de la Administración como si se tratare del reparto de un determinado producto. Así no podrán alegar “que no existen pruebas suficientes”.

En particular ejercicio investigue en la definición y conocimiento del Cartel de Atalaya, en el Norte de Santander, en el artículo de “Entretelones en la Intromisión del Cartel de Atalaya en la Elección del Alcalde de Ocaña”. Allí aplicaron una “disidencia táctica” entre dos candidatos que la conducción mediática y de encuestas señalaron como los mas opcionados. Fueron dos caras de la misma moneda y aseguraron la inversión de miles de millones de pesos en ambas campañas. La inversión quedó asegurada.

En las huestes del partido Conservador en el Departamento de Norte de Santander da grima el saber que dos candidatos en sendos municipios presentaron, copiado, idéntico programa de gobierno, en un insulto de desazón y mal gusto a las aspiraciones del electorado.

Llama la atención la clase de juego o jugarreta ocurrida en el Departamento de Sucre tras la jugada entre Carteles políticos para atajar al candidato Yahir Acuña, de la misma camada narcoparamilitar, caído en desgracia, con arraigo en varios municipios como Tolu y Majagual, sacrificando el uno la candidatura para la gobernación y lograr que el candidato del partido Liberal Héctor Olimpo Espinosa llegara triunfante.

En Santander destacó la noticia de los mil millones de pesos (US$300.000 dólares) que el Partido Conservador recibió o cobro para dar el aval para la gobernación al candidato de apellido Anaya. A la larga resultó perdedor y la picaresca popular hace cabalas sobre cuantos miles de millones de pesos invirtió el Cartel Aguilar para que su candidato resultare electo.

Reaparece el genocidio político contra la Unión Patriótica (UP). En medio del proceso electoral en Bogotá. DC, el día 11 de octubre en horas de la madrugada fue atacada con disparos y una bomba incendiaria la sede del Comité Central del Partido Comunista Colombiano (PCC). Lugar que es compartido con el Partido Unión Patriótica (UP). Seguidamente la sede del Partido Farc, resultado de los Acuerdos de La Habana, también fue objeto de sabotaje. Destruido su emblema de la Flor Roja. Los atacantes dejaron una hoja de papel con la palabra “Regresamos” y una calavera. Pese a la cercanía de sedes policiales, no hubo detenidos, ni acumulado probatorio alguno.

Lo corrupto del sistema político y electoral en Colombia deja un sin sabor y descontento aun cerradas las elecciones. El proceso de escrutinios ha sido duramente criticado y expuesto en picota pública. En distintos municipios a lo largo y ancho del país han sucedido hechos de alteración del orden público, que han desembocado en asonadas. La población ha protestado por las formas confusa, variables inusitadas y sorprendente en el conteo de votos a candidatos. Presiones indebidas de administraciones municipales en el favorecimiento a determinados candidatos, son algunas de las manifestaciones que han puesto en vilo la credibilidad y legitimidad del proceso electoral.

Por lo anterior, no se compadece un análisis de respuesta objetiva a los resultados electorales, en cuanto a las implicaciones, de conjunto, que tengan sobre el partido perdedor de la jornada, que lo es el Centro Democrático (CD). Tampoco sobre las incidencias sobre el sub gobierno títere de Duque. Eso dejemos los para otros cojonudos expertos, ellos sí en las elucubraciones de la mecánica electorera…

Téngase lo anterior como muestra del corrupto sistema electoral colombiano. Sí, ese mismo que el Estado colombiano no reforma como implementación a los acuerdos de La Habana con las desmovilizadas Farc.

El recién fallecido cuadro de la oligarquía colombiana Guilermo Perry (q.e,p.d) señaló que “resulta clave hacer la reforma política a la que nos comprometimos en el acuerdo de paz”.

Dejemos así, “por ahora”.

 

Enviado por el autor.

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Arde Chile

¿Arde Chile? Sí… del fuego de la libertad. Estos momentos, en que todo parece posible, se inscribirán con letras de fuego en las memorias de millones de niños, jóvenes y menos jóvenes. Para proteger para siempre la ventana de lo posible… Una nota de Edmundo Moure.

Edmundo Moure

 

En menos de una semana se derrumbó el mejor ejemplo de la política ultra neoliberal en América Latina. El “oasis chileno” se quedó sin agua, la “perla” capitalista del Cono Sur se disgregó entre los dedos del presidente magnate, Sebastián Piñera. Frases broncíneas se viralizaron en las redes sociales:

“Sabíamos que existían las diferencias, pero nunca pensamos que molestaran tanto”; “estábamos haciendo las cosas bien, pero fuerzas oscuras y externas nos están desestabilizando”; “el comunismo internacional, liderado por Venezuela, complota para que fracasemos”, etcétera.

La ceguera de la clase social y económica que aún gobierna Chile es endémica; emana desde una visión feudal de la Historia que estos grupos no han podido superar en esta isla del fin del mundo, que sigue imperando incluso entre sus profesionales universitarios: médicos, abogados, ingenieros; qué decir entre los empresarios, convencidos de que el manejo de la economía es un simple ejercicio de ingresar y sacar dinero de la faltriquera de un hacendado del siglo XVIII, pagándoles a sus peones con las migajas que caen de su mesa, pidiéndoles que se encomienden a la Virgen María, si tienen hambre…

En menos de cuarenta y ocho horas, la bomba social estalló, extendiéndose, desde Santiago del Nuevo Extremo, hacia el norte y hacia el sur, en este largo pétalo, no solo de “mar y vino y nieve”, como escribe Neruda, sino de lava ardiente, flujo de las erupciones provocadas por reiterados abusos, injusticias, latrocinios y corrupciones. En estas últimas, se han visto involucradas, hasta sus cimientos, las instituciones “respetables” de la sociedad chilena: Iglesia, Fuerzas Armadas, Carabineros…

Ni siquiera los jueces han escapado de esta lacra que permea los organismos del Estado y también la actividad privada. No hay pan que rebanar, como decían nuestras abuelas.

El escándalo de las pensiones miserables, sustentado por el sistema previsional inicuo de las AFP, creado por los “expertos” de la dictadura, entre ellos, el siniestro lacayo de Pinochet, José Piñera, hermano mayor de Sebastián el Breve; la destrucción concertada de la educación pública, en beneficio del lucro privado, a través de la proliferación de universidades espurias y sin acreditación académica rigurosa; el negocio impune de la salud, administrada por inescrupulosos mercaderes, como el actual ministro de la cartera, doctor Sergio Mañalich, dueño de una de las mayores clínicas-hoteles, como se conocen entre nosotros; el sistema de subcontratación de servicios y tareas productivas, que perjudica aún más los bajos salarios y deja a miles de trabajadores sin protección social; la apropiación del agua por particulares y empresas mineras, cuyos manejos venales han ido destruyendo la actividad de los pequeños propietarios agrícolas y crianceros de la zona central de Chile, hoy asolada por la peor sequía de los últimos cincuenta años; la tala de los bosques nativos y su reemplazo por especies de rápida productividad, favoreciendo a las grandes forestales que, en la zona de la Araucanía, usurpan los territorios mapuches y ahogan su cultura; la contaminación de ríos, lagos y mares, mediante un manejo abusivo de los recursos pesqueros…

La lista de iniquidades y trapacerías resulta interminable y no cabe en una simple crónica. Sin embargo, su extensión y hondura en el tiempo han provocado el incendio civil cuyas llamas amenazan, tanto a los poderes fácticos como a los instituidos. Los canales de la televisión abierta y los periódicos de mayor tiraje, todos al servicio incondicional del poder, hacen gala de su hipocresía desinformativa, poniendo el acento en los saqueos, desmanes y quemas de supermercados, farmacias y tiendas; destrozos y sabotajes en la red del Metro, algunos de ellos de sospechosa ocurrencia…

Omiten la fuerza y extensión de las protestas sociales en contra del gobierno derechista; asimismo, los asesinatos y vejámenes contra civiles, por parte de la policía y la soldadesca drogada, esgrimiendo la manida coartada de supuestas provocaciones. Es decir, la amenaza de una olla que se golpea versus una AK6 manejada por un energúmeno acorazado.

Cincuenta muertos, cientos de torturados, miles de heridos que no figuran en las “informaciones” de la gran prensa amarilla. Se ha impedido al director del Instituto de Derechos Humanos el ingreso a los centros asistenciales de salud, negándole toda información fehaciente sobre muertos y lesionados.

Menos mal que contamos con las redes sociales y medios no vendidos al sistema, para informarnos de la realidad que estamos viviendo, que supera con mucho las febles y erráticas respuestas del poder ejecutivo y sus ridículas medidas de mitigación ante la conmoción nacional. Porque un incendio de esta magnitud no se apaga con gasolina, ni con tanquetas ni con la más despiadada de las represiones, invocando, como hace la derecha extrema, al fantasma de Augusto Pinochet.

Por su parte, el parlamento chileno está dando un triste espectáculo, alejado de la gente, como ha sido su tónica durante veinte años, enfrascados sus miembros a sueldo en descalificaciones e insultos mutuos, ignorando las reales aspiraciones y necesidades del pueblo.

Y aunque “Carlos Marx esté muerto y enterrado”, hoy en día, Sebastián Piñera, exhausto y aterrado ante la amenaza de las “hordas marxistas”, parece repetir lo cantado por Serrat en un tema memorable:

-“Amo, se nos está llenando de pobres el recibidor”.

-“Diles que el señor no está, que anda de viaje y que no sabes cuándo va a regresar…”

Mientras tanto, Chile seguirá ardiendo. ¿Hasta cuándo?

 

Fuente: https://madmimi.com/p/99b78f?pact=26452230-154750583-9689145085-2153fd433611436da783614e0d2ac89ecdad2cba

Imagen tomada de https://madmimi.com

Enviado a SURCOS por Arnoldo Mora.

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La “burbuja del consumo” en Costa Rica

Luis Paulino Vargas Solís

 

Vino la crisis económica mundial, que inicia en 2007 en Estados Unidos, y luego se agudiza hasta alcanzar su clímax hacia fines de 2008 e inicios de 2009.

Los efectos de aquella gran perturbación mundial, empezaron a sentirse en Costa Rica desde 2008, pero más claramente en 2009.

Después de aquello, valga enfatizarlo, la economía costarricense nunca más volvió a ser lo que solía ser.

Como si nos hubiésemos deslizado hacia una “nueva normalidad”, pero, paradójicamente, una «normalidad patológica»: gravísima crisis del empleo, pertinaz crisis fiscal, agudizados desequilibrios regionales, disminuido dinamismo económico. Todo lo cual conlleva nefastas consecuencias sociales.

Más un serio agravante: cada uno de sus síntomas problemáticos se perpetúa. Diez años después, no hay alivio a la vista.

Y, sin embargo, el período 2010-2016 fue un poquito mejor. Y ello principalmente por una razón: el empuje proporcionado por el consumo de personas y familias.

Las cosas cambiaron de 2016 para acá. Vamos cuesta abajo principalmente porque el dinamismo del consumo se derrumbó.

La pregunta inevitable: ¿cómo pudo el consumo tener tan notable desempeño si el poder adquisitivo de los ingresos de la población no ha tenido mejora alguna durante todo el período posterior a 2009 y por qué las cosas cambian de 2016 para acá?

Como dijo Cantinflas: “ahí está el detalle”. Y el detalle tiene un nombre: crédito para consumo. Por lo tanto deuda de personas y familias.

Es la burbuja del consumo que entra en fase de agotamiento a partir de 2016, y ahora nos está explotando en la cara.

La banca –en especial la privada– quiso inflarla y mucha gente se dejó arrastrar por la correntada.

La deuda proporcionó combustible al consumo que proporcionó combustible a la economía.

Ya no más.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

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El neoliberalismo ha muerto. ¡Viva el pueblo chileno!

Hernán Alvarado

 

El modelo neoliberal implantado, ejemplarmente, a sangre y fuego, por el dictador Augusto Pinochet, en 1973, finalmente ha muerto, después de una larga agonía. Heroicamente, el pueblo chileno lo ha enterrado en las calles de Santiago y en todas las esquinas del país, bajo un oleaje incesante de protestas, propuestas, danzas y canciones. Una chispa estudiantil, simbólica, tierna y solidaria, encendió la pradera de las cacerolas vacías. Allá se ha izado la bandera de una vida digna.

Hasta el último momento, ese modelo fue sostenido por el ejército, el cual actúa ilegalmente, contra la misma Constitución, cada vez que lo requiere el «orden público»; o más bien, su lealtad a los que más riqueza acumulan. ¡Cuánta indignación provoca un militar que dispara contra el pueblo que ha jurado defender! Así como los que se disfrazan de civiles para provocar el caos que después, uniformados, vienen a ordenar, cuando el presidente llama a la guerra. ¿A la guerra contra quién? Con las manos de Víctor Jara los señalaremos eternamente por sus abominables actos represivos. Los que traicionan a su pueblo son traidores de su patria. ¿Para qué otra cosa han servido los ejércitos en América Latina? Después de tantos años, los pueblos latinoamericanos deberían haber aprendido la lección de la pequeña Costa Rica. Una constituyente en Chile debería abolir a ese ejército cobarde.

Habrá que reconocer que el modelo neoliberal fue altamente exitoso en su único objetivo: hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Ese experimento social vino a romper los pactos históricos con el fin de aumentar al máximo la explotación del prójimo. Operó como un patrón que provoca una crisis en su empresa para imponer una rebaja de salarios, solo que a escala macroeconómica. Para eso se propuso desarmar el estado social de derecho y asaltar las instituciones públicas, después de desprestigiarlas, con el fin de ponerlas al servicio de los intereses privatizadores del gran capital y sus voraces necesidades de acumulación. Toda su racionalidad cabe en una frase que acuñamos en los años 80, en pleno auge del «ajuste estructural»: socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. En eso fue eficiente y eficaz.

En lo demás fue un rotundo desastre. Quienes gobernaron bajo su sombra fueron, en su mayoría, políticos corruptos. Sus programas fallidos, basados en teorías de caricatura, innumerables veces rebatidas, dieron lugar a políticas fracasadas. Tanto que sus gobiernos solo se han sostenido por un masivo endeudamiento cuyo dinero ha sido extraído a las mismas economías asesoradas por los neoliberales. Ese modelo de política económica pasará a la historia por sus rasgos autoritarios y usureros, tanto como por sus consecuencias genocidas. Se recordará como el «nuevo» liberalismo que defendió con violencia, real y simbólica, la libertad del 1% de la población, mientras condenaba a los demás a un salario decreciente que les encadenaba, cual esclavos, a los intereses usureros del sector financiero. El «neo» desnudó así al liberalismo, tanto como el sector financiero dejó al descubierto la naturaleza depredadora del capitalismo. En el colmo del cinismo, esa ideología barata pretendió convencer a la gente de que el enriquecimiento acelerado de unos pocos no solo era resultado neutral de una «mano invisible», de un mecanismo ciego que premia el mérito, sino que era el mejor de los mundos posibles, para el desarrollo, para la patria y para los que menos tienen. Los más ingenuos se quedaron esperando el «goteo» del bienestar prometido y que llovieran los empleos en el campo y la ciudad.

Ese modelo ha sido apoyado por las fuerzas más retrógradas y egoístas del continente. Recientemente, verbigracia, por el señor Luis Leonardo Almagro, Secretario General de la OEA, que no tardó en «comunicar» que lo que pasa en Chile es una «estrategia» desestabilizadora financiada por Cuba y Venezuela. Cero fidelidad a los hechos históricos, cero escucha, cero empatía con las demandas de todo un pueblo. Estos son los «demócratas» que no dudan en desprestigiar la democracia cuando no se acomoda a sus intereses. América Latina entera debiera pedirle la renuncia, de pie e ipso facto.

No obstante, ahora que el barco se está hundiendo, más de uno entiende que ha llegado la hora de tirarse al agua. En adelante, encontrar un neoliberal será como encontrar una aguja en un pajar. Hace unos días se escuchó al presidente Carlos Alvarado, por ejemplo, referirse al periodo «llamado neoliberal» como algo del pasado, como si nada tuviera que ver con su gobierno; como si su «plan fiscal» remendón, deslegitimado por amnistías corruptas y amplias exoneraciones a los privilegiados de siempre; así como el actual ataque a los sindicatos y a los pensionados, no fueran signos incontrovertibles de un neoliberalismo anacrónico contra el cual ha votado este pueblo, una y otra vez, y contra el cual toda América Latina se viene levantando. Siguen creyendo que pueden apagar el fuego con gasolina. Pero, cuidado, de ahora en adelante, decirle neoliberal a alguien será un insulto; porque, señoras y señores, ¡el mercado va desnudo!

Ya el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) vienen preparando, como lo han hecho cada diez años, las correcciones del caso. Siempre impunemente, pero esta vez debieran irse todos, por recetar un ajuste que debieron haber aplicado, de acuerdo con sus propias argumentaciones, a la economía más endeudada del planeta y la que más desperdicia los escasos recursos en espantosas máquinas de guerra. Pero, probablemente todo cambiará de nuevo para que nada cambie: los marcos conceptuales, los discursos, los instrumentos e indicadores. Sin que se pierda la brújula: el firme propósito de que los más ricos se sigan enriqueciendo hasta el final de los tiempos. Aunque quizá, ahora, a una tasa menos acelerada.

La fórmula será, en lo que sigue, mercado + estado. La fórmula con la que los países del sudeste asiático desobedecieron a los neoliberales fundamentalistas para forjar su gran éxito económico. Total que ambos pueden servir para lo mismo. ¡Alianzas público-privadas será la nueva moda! Y así, por lo siglos de los siglos amén, hasta que los recursos materiales del planeta se hayan agotado y el capitalismo patriarcal y depredador termine de destruir las dos fuentes de toda riqueza: trabajo y naturaleza. Para entonces todo el dinero se habrá concentrado en unas cuantas cuentas bancarias y no servirá para nada; ni para invertir, ni para gastar, ni para quemar en sus hornos atómicos y automáticos.

A no ser que, junto con los chilenos, los ecuatorianos, los bolivianos, los argentinos, también los centroamericanos y todos los demás pueblos oprimidos, despierten de una buena vez y hagan valer, ante los «genios» de la economía, que la desigualdad causa ineficiencia, tanto como crisis, y que la injusticia es intolerable e insostenible en un marco verdaderamente democrático, cuente o no con la fuerza bruta a su favor. El capitalismo «salvaje» es un tren sin frenos y el neoliberalismo ha sido su acelerador, solo la fuerza democrática de los pueblos podrá evitar que lleve a los sobrevivientes hasta su previsible e insensato «paraíso» infernal, ese que promete el dios dinero a sus pocos elegidos. ¡Democracia participativa o barbarie! ¡Viva Chile insurrecto!

 

Imagen ilustrativa.

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Chile: entre madrugar y despertar

Martín Hopenhayn

 

Regreso esta noche de miércoles de la Plaza Ñuñoa, probablemente el punto más festivo donde tarde a tarde, durante los últimos cinco días, se reúnen unas 10,000 personas a protestar, bailar, corear consignas, encontrarse, tomar cerveza, fumarse sus porros e imaginar un país distinto. De cada 100, 99 son jóvenes entre 18 y 35 años. Esta plaza es uno de los varios puntos donde se congrega la juventud desde el viernes pasado, y que hoy representan ese Chile súbito, iracundo e insospechado que sin aviso saltó desde bajo el asfalto a tomarse Santiago, y en seguida todas las ciudades del país.

La consigna que se impuso estos días dice alude a un despertar y connota básicamente la exteriorización incontenida de un descontento larvado y masivo. Se entona como cántico de fútbol y dice así:

“Ohhhhh, Chile despertó,

Chile despertó

Chile despertó

Chile despertó”.

Ese despertar partió, como suele hacerlo, con una chispa que hoy resulta minúscula en relación a la magnitud de la revuelta: el aumento marginal en el precio del metro de Santiago que día a día mueve a casi tres millones de personas, o el 40% de la población de la capital. Hace menos de dos semanas, en protesta por este aumento en la tarifa por un equivalente a menos de cinco centavos de dólar, un grupo de estudiantes de la secundaria se decidió a emprender un acto simbólico que ellos llamaron, con alguna imprecisión conceptual pero clara elocuencia semántica, de “desobediencia civil”: saltarse los torniquetes y evadir el pago. Curiosamente no fue el boleto estudiantil el que aumentó de precio, pero ellos lo hicieron explícitamente en solidaridad con los demás. Primer gesto que despertó, en la ciudadanía, un sentimiento de simpatía.

El gobierno la dejó pasar confiando en que sería un acto puntual y de rápida evanescencia. Probablemente, muchos pensamos lo mismo. Y al día siguiente, fueron más estudiantes. Efecto imitación o efecto viral, como queramos llamarlo: esto se multiplicó en toda la red del metro. Y el gobierno, supongo, pensó que no hacía falta hacer olas para evitar darle prensa e importancia política, limitándose a reforzar la vigilancia en los accesos del metro y en torno a los torniquetes.

Este aumento en el costo del billete coincide con aumentos en tarifas eléctricas y en muchos productos alimentarios, supuestamente alineados con el precio del dólar. Entremedio aparecieron declaraciones de ministros de Estado que la gente percibió como una burla, aunque fueran expresados con candidez o humor, y sin afán de provocación. El ministro de hacienda sugirió, al observar el aumento en el Indice de Precios al Consumidor, que los románticos podían aprovechar a comprar flores, producto cuyo precio había bajado. El ministro de economía, en otra declaración, mencionó que madrugar traía un beneficio complementario, a saber, la opción de aprovechar la hora de tarifa baja en el metro.

Todo esto ocurre en un país con algunos rasgos que en este punto vale la pena destacar. Chile tiene hoy un PIB per capita en torno a los 25,000 dólares anuales, y sólo Panamá puede competir con ese nivel en toda América Latina. Hace medio siglo era de los países pobres de la región y hoy es el más rico. El índice de pobreza bajó del 40% en 1990 a 8.6% en la última medición, en el 2017. La indigencia, o extrema pobreza, bajó en el mismo lapso del 20% al 2.8%. Un verdadero milagro. A eso se suma una expansión portentosa del consumo, del crédito, de años de escolaridad de nuevas generaciones. La expectativa de vida al nacer cruzó el umbral de los 80 años, también lo más alto en la región y por encima de Estados Unidos. La mortalidad infantil es bajísima, los servicios básicos llegan a todos los hogares y están desapareciendo los tugurios. Hay democracia, instituciones que se respetan, plenas libertades. Hasta aquí, todo muy bien.

Sigamos con los pormenores de estos días. Al tercer día de esta curiosa forma de desobediencia civil, ya no eran solo estudiantes saltándose los torniquetes. Se incorporó una masa importante de adultos, y los evasores se multiplicaban por hora. La cosa empezó a cambiar de color. Llegaron las advertencias gubernamentales sobre la violación de una norma que debía parar. Pero estaban, a flor de piel, las declaraciones de los ministros, que hacían patente, por más que no fuera la intención, algo que ellos ignoraban, pero que había aparecido en un informe sobre desigualdad publicado en el 2016 que tuvo bastante resonancia: la desigualdad que más irrita a los chilenos no es la de ingresos, sino la de trato y de salud. Es allí donde más se combina con la desigual distribución de la dignidad de las personas: llega al alma y al cuerpo.

Y el ánimo comenzó a caldearse en serio. Y de aquí en adelante todo se precipitó en una sucesión de medidas de control, por parte del gobierno, que sólo lograron atizar una marea que terminaría en tsunami. Primero, se cerraron algunas estaciones o accesos al metro como medida preventiva. La respuesta de la gente fue, correlativamente, en escalada. Primero presionando puertas cerradas. A esa altura la gente empezaba a manifestarse en la calle, primero en pequeños grupos pero rápidamente en aumento y multiplicando lugares y calles. Más tarde, las presiones a los accesos cerrados del metro se convierten en patadas. En esas circunstancias nos sorprende el viernes de la semana pasada. Todo había ocurrido en escasos cuatro o cinco días. Pero a esa altura se produce una inesperada adhesión transversal, espontánea, masiva, al movimiento de la evasión del pago del pasaje de metro. Todos miran con entusiasmo e indignación, y el gobierno empieza a no entender nada. No capta el efecto metonímico del reclamo y la velocidad con que se recarga el significante: de un aumento marginal en la tarifa del metro, a la desigualdad histórica vivida como pisoteo a la dignidad de las mayorías.

Retomo ahora la fiesta de los indicadores, para mostrar sus sombras. Chile está entre los cinco países con la peor distribución del ingreso de América Latina, y es uno de los países con mayor concentración de la riqueza en el mundo. Botones de muestra: el 1% más rico detenta el 26.5% de la riqueza, y el 10% más rico concentra el 66,5%, mientras el 50% más pobre accede a un magro 2.1% de la riqueza del país. Datos fresquitos, del 2017. Con un PIB per capita de 25,000 dólares al año, la mitad de los trabajadores recibe un sueldo inferior a 400,000 pesos chilenos, que al tipo de cambio de hoy equivalen a 550 dólares. Para ellos, el gasto diario en locomoción colectiva se come por lo menos el 10% de los ingresos, y eso si es que ningún dependiente en la familia se desplaza. Los servicios llegan a todos los hogares, pero Chile tiene las tarifas más altas de América Latina en electricidad y gas. Los alimentos han tenido una inflación que no se refleja en los índices, y hoy tienen precios en los supermercados que superan a los de España. En medicamentos, batimos todos los récords, quintuplicando en precio a muchos de sus equivalentes en la mayoría de los países. Es, probablemente, el país de América Latina que más proporción del gasto en educación y salud sale de los bolsillos de la gente, lo que produce una segregación brutal en la calidad de los servicios y prestaciones.

A esto se suman algunas gotas que rebasan el vaso, además del aumento en la tarifa del metro. El presidente Piñera, un liberal de derecha y multimillonario, anunció que en su gobierno se expandiría el consumo. Sin embargo, entre la subida del precio del dólar y del petróleo, y la baja en el precio del cobre que representa la principal entrada del comercio internacional del país, la cosa no fue tan así. Esta combustión del consumo, que ha sido la fuente de legitimidad del poder en Chile por décadas, perdió ímpetu. Muchas familias hoy están usando sus tarjetas de crédito del retail para comprar alimentos básicos en los supermercados. Nunca fue tan alta la deuda en las familias como porcentaje de sus ingresos.

Sí, Chile tiene pocos pobres, pero una proporción enorme de la población vive bajo un nivel de estrés brutal, sordo y soterrado, no reconocido pero sí percibido cuando se vive aquí y se camina o se toma el metro más allá de la zona Oriente de la ciudad. Los horarios de trabajo semanal efectivo superan las 45 horas, el promedio en tiempos de desplazamiento casa-trabajo-casa ronda las tres horas diarias para mucha gente (en “horarios sardina” que son verdaderos entrenamientos de convivencia ampliada), las familias están todas en crisis, y los núcleos de pertenencia colectiva bastante pulverizados con un modelo que privilegia el consumo familiar y personal como pegamento social. La “modernidad líquida” pegó de lleno debilitando vínculos y sentido de futuro Los datos que proveen las instituciones de salud son alarmantes respecto de trastornos de salud mental, muy especialmente en la infancia y adolescencia pero también en adultos mayores. La obesidad aumenta a pasos agigantados, la inseguridad se ha convertido en la obsesión de todos, el mundo del trabajo está inundado de precariedad o incertidumbre. Muchos viven al límite para llegar a fin de mes, expuestos a que una enfermedad catastrófica o una pérdida de empleo los exponga a la vulnerabilidad absoluta.

Retomemos ahora los acontecimientos. El viernes por la tarde empezó la explosión. De la desobediencia civil y el apoyo o simpatía de la gente, el movimiento se desplaza hacia otros frentes. Sin liderazgos. No hay voceros, ni representantes, ni interlocutores frente al gobierno, el Estado, los partidos y otras instituciones. Se viraliza y saltan desde todos los barrios grupos de jóvenes que se distribuyen entre manifestaciones pacíficas, tomas de estaciones de metro, destrucción de la infraestrucutra de las estaciones. Aparecen teorías conspirativas aún no confirmadas: grupos organizados que salen a la destrucción sistemática de la red de metros. Luego empiezan los saqueos a supermercados, las barricadas y los incendios. Se mezcla todo: anarcos, vándalos, encapuchados, narcos, gente que llega tranquilamente en autos y camiones a llevarse del supermercado lo que encuentran.

El sábado ya Chile está sumergido en el caos. Dejó de ser el país que era una semana antes, tal vez para no volver a serlo. Con violencia y todo, el movimiento cuenta con una simpatía amplia. El sonido de las cacerolas vacías como símbolo de protesta suena en toda la ciudad, luego en todo el país. Saqueos e incendios se replican, como rizomas, reticularmente, en todas partes al mismo tiempo.

Sigo con un dato estructural. Chile tiene una de las pirámides de edades más avanzadas de América Latina, junto a los otros países del Cono Sur, Cuba y tal vez Costa Rica. Es decir: la proporción de adultos mayores aumenta vertiginosamente. Pero por otro lado el sistema privado de pensiones y jubilaciones que rige desde la dictadura está mostrando efectos letales. Lo que recibe mensualmente como jubilación la gran mayoría de pensionados es irrisorio: menos de 300 dólares. Muchos de ellos, menos de 200. Todo esto, además, en un país donde hace tiempo se debilitaron los lazos familiares que permitían a los ancianos apoyarse en su descendencia, siendo cada vez menos hijos por familia (una tasa de fecundidad en 1.8 hijos por mujer), y cada vez más mujeres en edad media dedicadas a trabajar. Muchos jubilados siguen pagando, además, deudas hipotecarias que le comen más de la mitad de los ingresos jubilación. Si no paga por unos meses, la solución es simple: el banco les remata la vivienda.

En la otra punta del hilo de clases, los últimos años se regaron con escándalos de colusión de dueños de las grandes cadenas farmacéuticas para fijar precios de medicamentos, estafas a toda la sociedad en el precio del papel higiénico, empresas que financiaron políticos, intercambio de favores entre el poder económico y el político en todo el espectro ideológico. Bastante más grave, todo esto, que no pagar el crédito hipotecario. Los más bullados, entre empresarios sorprendidos en pagos de influencias, fueron castigados con clases obligatorias de ética: una verdadera provocación para el resto de la sociedad que no podía creer cómo se distribuyen faltas y sanciones en uno y otro lado. Suma y sigue.

Retomo. El sábado el presidente Piñera declara el Estado de Excepción en medio de la confusión que rige en todo el territorio. Con una inflexión de voz y brazos casi beata, insiste en reconocer que este es el estallido de la desigualdad, tal como ya se ha consagrado en boca de todos, y que reconoce que es tiempo de enfrentar este grave problema. Hace un sentido mea culpa. Curioso que venga de uno de los hombres más ricos de Chile, quien tiene como uno de sus principales puntos programáticos la reducción del impuesto a los ricos para fomentar la inversión productiva. Señala, también, como gran cosa, que elevará al congreso un proyecto de rápida tramitación para revertir el alza en el precio del transporte, en un gesto que a esta altura ya resulta irrelevante, considerando que el estallido se propagó al cuestionamiento de la desigualdad en la sociedad chilena. Y agrega que, en calidad de presidente, y para velar por la seguridad en un momento de total alteración del orden y daño a infraestructura de todos los chilenos (cosa cierta), se ve obligado a declarar el estado de excepción (facultad constitucional), sacar a los militares a la calle, y declarar toque de queda por la noche.

¿Qué pasa entonces? Pasa, simplemente, que la gente sigue en la calle, manifestándose, saqueando, incendiando. Unos piden más seguridad y acción de policía y ejército, de cara a un vecindario desbordado en saqueos y destrucción. Otros empiezan a denunciar los abusos como consecuencia del estado de emergencia y la acción de la fuerza pública. Quienes enfrentan cara a cara a soldados y policía son jóvenes. No tienen miedo. Los enfrentan cara a cara. Nunca conocieron una dictadura. Tienen otra conciencia de sus derechos. Están indignados. Por otro lado, el gobierno sabe —y la sociedad sabe que el gobierno sabe— que si se pasa de rosca en reprimir, la crisis de legitimidad se vuelve irreversible. Transita por una delgada cuerda y no quiere caerse. Es casi lo único que quiere: no caerse.

Retomo con consideraciones estructurales. Dije que este es un movimiento de jóvenes. Son los jóvenes de esta generación quienes han accedido mayoritariamente a la educación superior, tienen cuatro o cinco años más de escolaridad que sus padres, pero a la vez padecen las tasas más altas de desempleo. Los futuros prometidos se vuelven espejismos. La mentada meritocracia se licúa entre redes de influencia, capital cultural y calidad de la educación muy segmentados. Son los jóvenes quienes manejan más información sobre ellos y sobre como viven los demás, pero esa información no les da poder de negociación ni presencia en el mundo político o económico. Son los jóvenes idealizados como la generación de la sociedad de la información, pero estigmatizados como irresponsables, no dignos de confianza, potencialmente anómicos. Son los jóvenes los que crecieron en un Chile próspero, pero ven como a poco andar se ven estratificados por barrios, sistemas de relaciones, formas de ser tratados por la policía o la justicia. Son los jóvenes quienes tendrán que cargar con los costos del cambio climático y del envejecimiento de la población. Son los jóvenes los que están más dispuestos a arriesgar porque tienen menos y se conforman menos.

Quisiera agregar dos consideraciones que se complementan, se tensan, y creo que terminan de explicar lo que pueda tener, hasta ahora, de explicable este estallido. La primera es que Chile cambió, en tres décadas, de manera acelerada. Un país con una secular cultura del privilegio, y con ciudadanos de primera y segunda categoría, generó movilidad social como nunca antes, ensanchó su clase media, difundió mayor conciencia sobre derechos ciudadanos, incrementó el bienestar general, produjo un salto cuántico en años de escolaridad y en conectividad digital. La segunda consideración es que todo eso trajo, también, una espiral de expectativas que el mismo progreso alentó, y un sentido distinto sobre los derechos propios –y, consecuentemente, progresiva exasperación ante una cultura de privilegios que siguió imperando en una parte de la sociedad-. Se sabe que la movilidad trae expectativas de movilidad. El “Chile real” acumuló bronca porque la democracia no ha sido expediente ni de redistribución del poder ni de redistribución de la riqueza. Una cosa es bajar la pobreza, otra es reducir la desigualdad. El neoliberalismo apostó siempre a que lo primero compensaba holgadamente la postergación de lo segundo. Se equivocó. Y le cuesta reconocerlo.

Volvamos a los acontecimientos recientes. Las medidas de excepción con milicos en la calle no frenaron nada. El espiral de protestas, cacerolazos, marchas no autorizadas, calles cortadas por todos lados en todas las ciudades, saqueos a supermercados, tiendas y farmacias, destrucción edilicia, incendios… todo siguió. Los partidos políticos tomaron posiciones pero al mismo tiempo solo conversan o pelean entre ellos, abriéndose a organizaciones de la sociedad civil consagradas, pero que tampoco representan el movimiento en las calles. Cierto, si la protesta no tiene líderes: ¿con quién conversar? El gobierno ha dado bastonazos de ciego. El peor de todos, la declaración desatinada de Piñera el domingo pasado, sugiriendo que estábamos en guerra. Mala cosa. Tuvo que desdecirse antes de que las consecuencias se multiplicaran. Luego se la ha pasado pidiendo perdón, de su parte y de su gobierno, por la falta de sensibilidad ante las seculares desigualdades que ahora estallan como una olla a presión que no da más. Ese perdón, más que despertar simpatía, exacerba la indignación: ¿perdón ahora, por una desigualdad secular, por falta de sensibilidad, por no haberlo reconocido antes?

Finalmente el propio presidente anunció el martes, al terminar el cuarto día de caos y movilizaciones, las reformas que se han decidido de la noche a la mañana, en consulta con senadores y diputados, la mitad de los partidos, y algunos dirigentes sociales: alzas en pensiones básicas, seguros de salud para compensar gastos en medicamentos, aumento de ingreso mínimo, contención al aumento de tarifas eléctricas, un impuesto a sectores de más recursos, reducción de los altísimos salarios de parlamentarios y en la administración pública. En seguida surgen las reacciones: algunos entusiastas, muchos cautos, unos pocos críticos. Todos estas opiniones vienen de los partidos, el sistema parlamentario, los ministros. Pero falta un detalle… ¡la gente!

Escribo el miércoles, vale decir, estos anuncios fueron anoche. Anoche, también, el toque de queda en su tercera jornada empezó a mostrar dientes más afilados. La represión se hizo sentir. Hasta el mediodía del miércoles, 18 muertos , la mayoría en los propios saqueos. Pero ya apareció una víctima fatal por una golpiza de policías y otro por disparos. Las redes se embriagan de denuncias, algunas filmadas, pero también es cierto que las noticias falsas están a la orden del día y por tanto la verdad deja de ser verdad. No es fácil apreciar los hechos objetivamente y se está a la espera de los informes del Instituto de Derechos Humanos. Al parecer serían, hasta el miércoles, 102 civiles heridos, dos por balazos en estado grave, y 95 miembros de fuerzas de seguridad lesionados. Las personas arrestadas por disturbios llegaron a 2205 y están bajando, y por violación de toque de queda van en 592 los detenidos. Las manifestaciones siguen en aumento: se contaron 54 más el martes que el lunes, y los participantes se elevaron de 130 a 220 mil. Todavía no hay saldo al respecto de hoy miércoles.

Hasta ahora el balance de la destrucción también es enorme. Al mediodía de hoy miércoles se contabilizaban 333 supermercados saqueados y 30 incendiados por completo, 16 buses incendiados, 77 estaciones de metro dañadas, de las cuales 41 destruidas parcialmente, 20 incendiadas y con daños superiores a los 200 millones de dólares. Gran parte de la red del metro, que es vital para el transporte diario en un Santiago cada vez más congestionado, tardará meses en repararse.

Chile despertó. No madrugó, como sugirió el ministro de economía, pero despertó. Más bien, madrugó al gobierno. Y al despertar, cambió. Hoy en Plaza Ñuñoa, entre todas las pancartas una me llamó la atención: “O vamos por todo, o no vamos por nada”. Mientras tanto, un grupo de inmigrantes haitianos llegó con sus bombos y yembés y empezó la fiesta de percusión y danza. La alegría se volvió incontenible. De todo hay en esta explosión. Un desencanto brutal con toda la clase política, una irritación sin freno respecto de la desigualdad que se transforma en ofensa a la dignidad, una disposición de la juventud a repensarlo todo. Mientras tanto, parte de esa misma clase política, o tecnopolítica, siente vergüenza de que en los medios internacionales Chile vuelva a hacer parte de este “vecindario incómodo” de países inundados de crisis económicas, políticas, sociales, institucionales. ¿Bajará el indicador de confianza en la economía chilena? La joyita de la región que exhibe todos sus indicadores de éxito, la luminaria de la gobernabilidad, este rincón del mundo estable, prudente y pragmático, en fin, la sociedad tranquila y disciplinada, la idiosincracia contenida y respetuosa de las normas. ¿Dónde se fue todo con el correr de una sola semana?

¿Qué pasó? En los hechos, más o menos lo que he resumido. En las causas, tal vez repartidas en lo que he querido aquí recapitular. La bandera de lucha es la desigualdad. En general y en particular. Pero quien sabe qué más hay, cuáles son las pulsiones colectivas que se agitan. ¿Porqué de un día para otro esta sociedad pasó de su aspereza contenida a la total transgresión del orden, dónde estaban estas energías centrífugas la semana antepasada, cómo fue que una generación con más oportunidades que las precedentes, de repente se convirtió en una masa desbordada, colérica, pero a la vez movilizada, crítica, valiente, festiva, dispuesta a todo? No me compro las apreciaciones que tienden a poner a esta juventud en el casillero estereotipado de millenial, puramente pulsional, investido con pastiches ideológicos atrabiliarios y comportamientos infantiles. No me compro, tampoco, las tesis conspirativas.

Me preguntaban hoy en la Plaza Ñuñoa cuál será el desenlace de este movimiento y de este estallido si se sigue prolongando. Mi respuesta honesta y parca: no tengo la menor idea. No hay cómo estimar la magnitud de la grieta, ni de sus consecuencias, ni de su impacto en el ordenamiento colectivo y en las políticas. Me preguntaron, también, si el movimiento iba a dialogar con los partidos y el gobierno ante las nuevas propuestas programáticas. Respondí, encogiéndome de hombros y mirando a la multitud bailando al son de los tambores haitianos: ¿y quién, entre todos ellos, se sentará a conversar en la próxima mesa de diálogo con la institucionalidad política?

 

Martín Hopenhayn

Filósofo. Magíster en Filosofía de la Universidad de París VII. Ex Director División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

 

Fuente: https://www.nexos.com.mx/?p=45397

Compartido con SURCOS por Ciska Raventós.

Ilustración: Patricio Betteo

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