Ir al contenido principal

Cronología básica en torno al Partido de Nicoya, su Anexión a Costa Rica y la Provincia de Guanacaste

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Partido de Nicoya colonial era una región administrativamente compuesta por Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste (Liberia), separados por el río Tempisque.

En el siglo XVIII se había ido constituyendo el criollaje nicoyano y guanacasteco, ligados a todos los procesos económicos y sociales y políticos, que al sobrevenir la Independencia que fue constituyendo a la vez una identidad nicoyana – guanacasteca – costarricense.

El conquistador española Pedrarias Dávila impulsó expediciones que desde 1518 hasta 1524 recorrieron Punta Burica, Golfo Dulce y el Golfo de Nicoya, en 1519.

El conquistador Gonzalo Fernández de Oviedo escribe sus andanzas en la región “del Golfo de Nicoya y sus comarcas”, habla del Golfo, de las islas, describe a los hombres y las mujeres.

Los caciques de esas tierras, entre otros fueron el Cacique Nicoya que estaba en 1522. Los que le sucedieron tenían españolizado sus nombres: Alonso Nambí, en 1529; don Juan, en 1577; don Antonio de Contreras en 1687; en 1760 hubo una cacica, doña Juana de Contreras. En los distintos pueblos que habitaron la región hubo otros caciques.

En Nicoya se inició la conquista de Costa Rica; que fue la base de penetración al territorio, del avance poblacional y de las empresas conquistadoras. Así, Gil González pacificó Nicoya y bautizó, en 1522, más de 32.000 indígenas. De Nicoya y Nicaragua sacaron indígenas los españoles para apoyar su conquista del Perú.

–1527, el 16 de marzo, se creó la Gobernación de Nicaragua. Aún no existía la Provincia de Costa Rica, territorio que formaba parte de la jurisdicción de Veragua en el atlántico y se encontraba entre Castilla de Oro y Nicaragua, por el pacífico. La Corona española había creado la provincia de Nicaragua, segregándola de Castilla de Oro, que incluía el territorio del reino de Nicoya.

-1527, 1 de junio, se erige la Provincia de Nicaragua

Hasta 1529, prácticamente, pertenecimos a la Gobernación de Nicaragua. En el período 1536-1540 se posibilitó la integración territorial de Costa Rica.

-1539 s empieza a usar el nombre de Costa Rica en documentos españoles

-1540 se crea la Provincia de Nueva Cartago, abarcando todo el territorio de la costa caribe y lo que es hoy la Mosquitia pertenecía a Costa Rica, bajo la Gobernacion de Cartago o Costa Rica.

–1554, el 10 de julio, fue establecido el Corregimiento de Nicoya o Alcaldía Mayor de Nicoya, al ser segregado de la Gobernación de Nicaragua o Provincia de Nicaragua, y se creó la Alcaldía Mayor de Nicoya, o Corregimiento de Nicoya.

-En 1566 se estableció la Alcaldía Mayor de Nicoya. Corregidores y Alcaldes la gobernaron por los siguientes 250 años, dependiendo de Costa Rica como de Nicaragua. Fue independiente desde 1588 hasta 1593 y gozó de plena autonomía de 1602 a 1786. -En 1744 se le consideraba parte de Costa Rica.

-1573, Diego de Artieda fue nombrado Gobernador de Costa Rica, de la Provincia de Nicaragua y de Nicoya.

-1573, el Rey Felipe II fijó nuevos límites creándose oficialmente la Provincia de Costa Rica.

-1780, la reforma borbónica que impulsa España, con ánimo de mantener un papel más predominante con Europa, reestructura territorios y crea partidos, entre estos surge la denominación del Partido de Nicoya, Segovias y Managua, Rivas, la Provincia Costa Rica., y se crearon Partidos e Intendencias.

-1593, la Alcaldía Mayor de Nicoya se agregó a la Provincia de Costa Rica

-Desde 1602 hasta 1786 la Alcaldía Mayor de Nicoya fue de nuevo autónoma respecto a Nicaragua y Costa Rica.

-1769, se funda el pueblo de Guanacaste (Liberia) y se erige su ermita.

-1772, se erige el pueblo de Santa Cruz.

–1786, el 23 de diciembre, el Corregimiento de Nicoya o Alcaldía Mayor de Nicoya fue nuevamente unido a la Provincia de Nicaragua, al ser incorporado como Partido a la Intendencia de León, creada como una dependencia político-administrativa del Reino de Guatemala.

-1787, el Partido de Nicoya surgió a partir de la Alcaldía Mayor de Nicoya, incorporada a la Intendencia de León, al establecerse el régimen de las Intendencias en el Reino de Guatemala; todos bajo dominio español.

-1812, el 23 de mayo, se segregan del Reino de Guatemala los territorios de la Intendencia de León y de la Provincia de Costa Rica, con las mismas facultades de una Intendencia, que en lo hacendario dependía de la Intendencia de León, para reunirlos en una nueva circunscripción, la Provincia de Nicaragua y Costa Rica, que se constituyó en una de las dos Diputaciones de la región centroamericana, junto a la Provincia de Guatemala. En 1812 se unieron Nicoya y Costa Rica para elegir diputado a las Cortes de Cádiz.

La Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica se integraba con siete diputados, uno de León, Granada, Rivas, Segovia, y Nicoya; y dos por Cartago.

-En 1812, la Intendencia de León fue unida con la Provincia de Costa Rica.

Bajo la ocupación francesa de España, 1808-1804, y bajo las Cortes de Cádiz, 1812, y bajo la Restauración monárquica en España, a partir de 1814, hasta 1821, se desarrolla la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, durante los años 1812-1821, dependiendo de la Capitanía General de Guatemala y de la Intendencia de León.

-Durante el periodo 1814-1820 nuevamente se crearon la Intendencia de León y Provincia de Costa Rica.

-1820, en marzo se restituye la Constitución de Cádiz. Y se restablece la Provincia de Nicaragua y Costa Rica.

-1820, el 13 de diciembre, la nueva Diputación Provincial divide el territorio en siete partidos: Segovia, El Realejo, León, Granada, Nicaragua (Rivas), Nicoya y Costa Rica.

-1821, el 15 de setiembre acuerda el Acta de Independencia de la Provincia Guatemala y comunicarla a los pueblos del antiguo Reino de Guatemala.

-1821, 21 de setiembre, el Salvador declara su Independencia.

-1821, 28 de setiembre, Nicaragua y Honduras declaran su Independencia. Nicaragua acuerda el Acta conocida como la de los Nublados del día.

-1821, 11 de octubre, Nicaragua reafirma su Independencia, junto con la de Costa Rica, de España. Costa Rica inicia el conocimiento de las Actas de Independencia de Guatemala y de Nicaragua, y de nombrar delegados para reunirse en Cartago para tomar la decisión de la Independencia.

-1821-29 de octubre. Se acuerda declarar, en Cartago, la Independencia de Costa Rica, y someter el Acta a Jura de los pueblos, quedando todavía de manera interina el gobernador Colonial a cargo del gobierno.

-1821, 29 de octubre, igual que en Costa Rica, los nicoyanos afirman su independencia de España y.

-1821, 11 de noviembre, San José y Alajuela desconocen la autoridad colonial interina, y establecer la Primera Junta de Legados, primer gobierno en el período independiente. Se ordena redactar una Constitución Política.

-1821, 1 de diciembre Se promulga el Pacto Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, considerada la Primera Constitución del país en su período independiente, con lo que se acaba la Provincia de Nicaragua y Costa Rica, y surge Costa Rica, como Provincia, absolutamente independiente.

-1823, el 16 de agosto, las autoridades de Granada, Nicaragua, reconocen el deseo de los nicoyanos de adherirse a Costa Rica

-1823, 6 de noviembre, el Alcalde de Nicoya propuso la creación de un cabildo en Santa Cruz, moción rechazada porque los regidores nicoyanos consideraron que les perjudicaba al disminuir el ayuntamiento de Nicoya que era la cabecera de este Partido.

-1823, el 9 de setiembre, las autoridades de León igualmente conocieron de los nicoyanos de adherirse a Costa Rica.

-1824, el 3 de marzo de 1824 el Gobierno del Estado de Costa Rica propuso a la Municipalidad de Nicoya incorporarse a Costa Rica.

-1824, 19 de abril, la Municipalidad de Nicoya cambió de opinión consideró que de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Española toda población con más de mil habitantes debía tener ayuntamiento.

-1824. Costa Rica se integra a la República Federal de Centroamérica, al igual que Nicaragua.

Nicoya, respecto a Nicaragua y Costa Rica, tenía una estrecha relación comercial con Costa Rica, primero a través de Esparza y de Puntarenas y luego a través de Bagaces y las Cañas.

-1824, 5 de marzo, las autoridades costarricenses enviaron una comunicación a los ayuntamientos del Partido, invitándolos a deliberar «…a ver si convenía reunirse a su Provincia sin contrariar las voluntades»

El Ayuntamiento de Guanacaste (Liberia) el primero en convocar a un cabildo abierto para decidir tan importante cuestión. En un interesante documento los miembros de la Corporación confesaron que apenas recibida la nota se inclinaron por la Anexión «…por el cúmulo de circunstancias y ventajas que la acompañan». Sin embargo, en un cabildo abierto realizado el 23 de mayo de 1824, la población de Guanacaste (Liberia) en su mayoría se manifestó contraria a esa unión con Costa Rica.

-1824, el 27 de junio de 1824, la convocatoria de Costa Rica fue conocida por la Municipalidad de Santa Cruz con la mayor parte de su pueblo. Los santacruceños decidieron aceptar lo que determinara la Municipalidad de Nicoya, decisión que expresaron con toda claridad: «…haciendo esa noble Municipalidad (Nicoya) lo que tenga por conveniente, reciba nuestro parecer en el tanto de su determinación…»

-1824, Acta del 4 de julio: “En el Pueblo de Nicoya a los cuatro días del mes de julio de mil ochocientos veinte y cuatro años estando los señores ciudadanos que componen esta Municipalidad, presidida por el Sr. Alcalde Constitucional, ciudadano Manuel Briceño, Jefe Político Subalterno de este Partido, y en compañía de algunos ciudadanos en la Casa Consistorial donde acostumbra celebrar sus actas con cabildo abierto: Se hizo saber la invitatoria de la Provincia de Costa Rica de cinco de marzo de este año en orden a ver si convenían reunirse a su Provincia sin contrariar las voluntades, después de bien meditado dijeron de común acuerdo: que no se inmute ni se altere la demarcación antigua de ese Partido a la Provincia que ha sido agregado antes de ahora (sino es que la Asamblea Nacional Constituyente del Centro de América determine otra cosa que le sea más conveniente al Partido); igualmente se acordó se dé cuenta con esta acta al gobierno de Costa Rica para el uso de sus determinaciones y que igualmente se le rindan las gracias a aquel gobierno por haber tenido en consideración este Partido que no puede ser disidente. Con lo cual se concluyó esta acta que firmamos con los ciudadanos que pudieron ser habidos por ante mí el presente secretario que doy fe. (rúbricas).

Manuel Briceño.- Ubaldo Martínez.- Manuel García.- Rafael Briceño y por el Alcalde Sebastián Gómez, Rafael Briceño.- Felipe Medina.- Desiderio Dinarte.- Por Casimiro Cedeño, Desiderio Dinarte.- Albino Salguera Por mí y Francisco Cárdenas, José Felipe Gutiérrez. Juan Felipe Gutiérrez”.

-1824, el 25 de julio, los habitantes del Partido de Nicoya expresan libremente su deseo de anexarse a Costa Rica, como ellos mismo lo manifestaron, “De la patria por Nuestra voluntad”. Esta decisión, que se toma por un plebiscito, en el que votan poco más de 900 personas, de formar parte con Costa Rica, momento en que se integran al territorio costarricense, añadiendo en ese sentido lo que era el Partido de Nicoya. El cabildo abierto, que tomó la decisión de la Anexión estuvo presidido por Manuel Briceño, con los regidores Toribio Viales, Ubaldo Martínez y Manuel García.

El documento que se conoce como el Acta de anexión de Nicoya dice así:

“En el pueblo de Nicoya y Julio veinticinco de mil ochocientos veinticuatro años. Estando esta Corporación Juntos y congregados con el Jefe Político presidente y todos los Ciudadanos de su mando y con ausencia de los señores Ciudadanos Sargento y Cabos y demás soldados militares y Principales y demás común del Pueblo: Se les leyó literalmente la convocatoria que se le remitió a esta municipalidad por el Gobierno de Costa Rica en la que fraternalmente a (testado: nos) invita a estos Pueblos para que espontáneamente deliberen a la Unión y agregación en esta virtud estando esta corporación de común acuerdo, con los habitantes hemos deliberado libremente a la Unión indicada consultando las ventajas que se nos proporcionan en el comercio por el Puerto de Punta de Arena, (testado: con) la pronta administración de Justicia y fomento de los ramos, la seguridad, quietud y régimen político que quedan abiertos bajo, la demarcación de aquel estado como lo indica la Naturaleza y lo reclama la conveniencia Pública, la (testado: inted) identidad de Intereses y demás relaciones que ligan a este partido: bajo esta consideración y de las mejoras que redundan a estos Pueblos por las ventajas con que ha confederado el estado de Costa Rica a los demás del Centro América según se manifiesta del derecho que se nos ha acompañado en copia autorizada, y la participación inmediata y recíproca de los beneficios y adelantamientos que se palpan en el estado de Costa Rica: esta corporación de unánime consentimiento y en consorcio de sus conciudadanos contemplando en todo lo relacionado tuvo a bien invitar con la misma convocatoria a la Municipalidad de la Población de Santa Cruz d este mismo Partido, quienes siendo del mismo parecer, y habiendo al efecto convocado a la mayor parte de su vecindario contestaron el oficio que se acompaña a esta acta.

Por todo, y reparando las actuales indigencias en que se hallan los Pueblos de este Partido contemplándolos desde esta fecha, (a excepción del Guanacaste) como partes integrantes del estado de Costa Rica se ha tenido en consideración que para remediar por un pronto la escasez del numerario para las ocurrencias necesarias y mientras se establecen fondos de que deberá determinarse por los tribunales correspondientes, se pongan en este Pueblo y el de Santa Cruz las terceras de tabaco, previas las formalidades acostumbradas, y con sus productos, reservarlos para el auxilio en cualquier evento, o perturbación en el orden: deberán ser protegidos los mismos Pueblos de este Partido para la creación de las escuelas, como tan interesantes a la Educación e Ilustración de la Juventud, pues para todo, los tribunales del estado delinearán, establecerán y darán las medidas conducentes para (testado: Dirección) creación de los fondos con que debemos ser protegidos.

En este estado los jefes Militares referidos hicieron presente a esta Municipalidad que para no ser perturbado en la libre agregación al estado de Costa Rica a que se ha constituido este Partido, se hallan absolutamente en una deplorable situación sin fondos y si armas para sostenerse, (entrerrenglonado: sin) (testado: en) ser perjudicados pues cabalmente no aparecen más que veintiséis fusiles inútiles por lo que en este caso será muy necesario que el estado determine y disponga que las fuerzas de auxilios que deberán resguardarnos como partes integrantes del mismo atendiendo a las conjuraciones y disensiones de la Provincia de Nicaragua de donde podremos acaso, ser sorprendidos. A consecuencia de estar por esta acta que hemos celebrado solemnemente y en presencia de todo el Pueblo con sus Militares legítimamente agregados al Gobierno de Costa Rica se concluye esta operación, firmando todos los miembros de la corporación con los demás ciudadanos Paisanos y militares que sepan y por los que no a su ruego sacándose una certificación auténtica para remitirla al estado de Costa Rica por conducto del Presidente Secretario todo lo que certificamos, fecha ut. supra.

Manuel Briceño.-

Torivio Viales – Ubaldo Martínez – Manuel García

 Regidor Regidor Regidor

 Sargento 1°. Antonio Briceño – Roque Rosales, Sargento 2°. – Por mí y el Sargento 2°. José María Jaén, Saturnino Gutiérrez – Blas Félix Roderiguez (sic. Rodríguez) Cabo 1°. – a ruego del Cabo Agustín Briceño, – Juan Felipe Gutiérrez – por mí y el Cabo Primero Laureano Montes, Felipe Medina – Por mí y el Cabo Timoteo Acosta, Manuel Sobenes- José de la Encarnación Fernández – Por mí y el Pedáneo Casimiro Ortega, Deciderio Dinarte, – Bivencio García – Por el Pedáneo Sevatián Gomes, Toribio Viales – José Felipe Gutiérrez – José Anacleto Zúñiga – Por el pedáneo Gabriel Mojón, Toribio Toruño. Ante mí: Juan Felipe Gutiérrez, Secretario.”

-1824, el 2 de agosto, la Junta Gubernativa Superior de Costa Rica la Junta tomó en consideración que si bien la Asamblea Nacional Constituyente tenía la última palabra en el asunto, por el estado de división, anarquía y guerra civil en que se encontraba Nicaragua, era un deber del gobierno costarricense proteger a los nicoyanos, y declaró que los pueblos de la comarca de Nicoya y Santa Cruz «…se admiten y quedan interinamente bajo la protección del Gobierno de este Estado para la conservación de su quietud, seguridad y administración hasta la resolución de la Asamblea Nacional Constituyente».

-1824, primeros días de setiembre, la Junta Gubernativa envió al Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas de Centro América todos los documentos relacionados al asunto de la Anexión.

-1824, 22 de noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente señaló que le correspondería al Congreso Federal de la República de Centro América resolver el asunto del Partido de Nicoya.

-1825, el 21 de enero, Costa Rica promulga la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

E1825, 18 de marzo, el Congreso de la República Federal Centroamericana reconfirmó la union.

-1825, el 30 de marzo de 1825 el Congreso Federal tomó la decisión de involucrar a la población de Guanacaste (hoy Liberia), en el proceso de anexión a Costa Rica a pesar de que esta se había mantenido unida a Nicaragua, manteniendo así la unidad del Partido de Nicoya.

-1825, el 14 de abril, inicia el Primer Congreso Legislativo de Costa Rica.

-1825, el 25 de julio, se ejecuta el Acuerdo de Anexión

-1825, el 12 de setiembre, el Congreso Federal Centroamericano declara provisionalmente la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, ante solicitud nicaragüense de revocar dicha Anexión.

-1825, 9 de diciembre, el Congreso Federal promulgó, el decreto por el que se establece la afirmación del dominio territorial por parte de Costa Rica.

Costa Rica impulsó un censo de población de los pueblos del Partido de Nicoya.

-1826.- Se manifiestan conflictos internos, en el Partido de Nicoya, en torno a la decisión de la Anexión, donde se enfrentan las Alcaldías de Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste (Liberia), ésta última la más rebelde a la anexión, porque sus vínculos económicos y familiares estaban más ligados a Nicaragua, y porque sus familias principales habitaban en Rivas. Roque Rosales, Jefe Político subalterno del Partido de Nicoya, Alcalde Constitucional de Nicoya y Subdelegado de hacienda propone la Juramentación del Partido de Nicoya a la Constitución de Costa Rica.

-1826.- Fue un año crítico en las relaciones conflictivas y diplomáticas de Costa Rica Nicaragua en torno a la decisión de la Anexión de Nicoya.

-1826.- Nicaragua, una vez que cesan conflictos internos, interesada en posesionarse del Partido de Nicoya, solicita al Congreso de la República Federal revocar el decreto de Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. Por su parte el gobierno de Costa Rica envía delegados al Partido de Nicoya para reconfirmar la Anexión.

-1826, el 6 de febrero se promulga y juramenta el Primer Congreso Constitucional Legislativo de Costa Rica. Este Congreso decreta que el Jefe de Estado disponga con la mayor solemnidad posible la juramentación a la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, por todas las autoridades y corporaciones civiles, militares y eclesiásticas, y por todos los pueblos del Estado. Este acto implicaba la aceptación de la Ley Fundamental y la incorporación plena en derechos y obligaciones de todos los pueblos a la jurisdicción del Estado costarricense.

-1826, el 18 de marzo, el Senado de la República Federal resuelve de manera definitiva la Anexión, señalando que “hasta que se haga la demarcación del territorio de los Estados, que previene el artículo 7° de la Constitución, el Partido de Nicoya continuará separado del Estado de Nicaragua y agregado al de Costa-Rica.”

1826, el 13 de mayo, la Alcaldía de Nicoya emite una declaración por la cual establece “el Partido legítimamente unido a Costa Rica”, y “ la voluntad general de este vecindario es por la agregación al citado estado sin que haya un individuo solo que opine lo contrario”.

-1826, el 11 de mayo, la Municipalidad de Santa Cruz jura obediencia a Costa Rica y se destituye al Alcalde que se oponía a la Anexión, que continúa conspirando contra la anexión en junio y julio.

-1826, el 28 de julio, se realiza un cabildo abierto en la Municipalidad de Nicoya para rebatir acusaciones del gobierno nicaragüense al costarricense y reiterar la Anexión a Costa Rica.

-1826, el 16 de agosto, la Alcaldía de Nicoya reafirma por Juramentación la Anexión a Costa Rica y jura la Constitución de Costa Rica. Los que impulsan la juramentación a la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica son los integrantes de la Municipalidad de Nicoya de 1826: El Jefe Político Subalterno y Alcalde I constitucional, Roque Jacinto Rosales Montoya, los Regidores, Manuel Sobenes, Pedro Perazs, Blas María Viales, el Procurador Síndico, Juan José Viales, el Secretario, Juan Felipe Gutiérrez, y lo primeros electores de distrito elegidos por el Partido de Nicoya que participarían en la elección de representantes ante la Federación de Centroamérica, José Cupertino Briceño viales, por la villa de Nicoya y Felipe Alvarado por la Villa de Guanacaste (Liberia).

-1826, el 30 de agosto, la Alcaldía de Santa Cruz reafirma por Juramentación la Anexión a Costa Rica

-1826, el 17 de setiembre, La Costa y Lagunilla de Santa Cruz juran la Constitución de Costa Rica.

-1826, el 24 de setiembre, la Alcaldía de Guanacaste (Liberia) intenta reafirmar por Juramentación la Anexión a Costa Rica.

1826, el 1 de octubre, la Alcaldía de Guanacaste (Liberia) reafirma por Juramentación la Anexión a Costa Rica. A partir de este momento prácticamente el Partido de Nicoya queda integrado totalmente a Costa Rica.

-1831, se le da él título de Villa al pueblo de Guanacaste.

-1834 la totalidad de las municipalidades de la región, del Partido de Nicoya, aceptaban la incorporación al territorio costarricense.

-1835 desapareció el Partido de Nicoya, dando lugar al Departamento de Guanacaste, que junto con los Departamentos Oriental y Occidental constituyeron la primera división territorial administrativa del país, que llegó hasta 1848, cuando se crearon las Provincias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y las Comarcas de Puntarenas y Limón.

-1836, 1843 y 1854, Nicaragua insiste que el Partido de Nicoya les pertenece y no a Costa Rica y trató de imponer autoridades que fueron rechazadas por la propia Municipalidad de Nicoya.

-1848 se da al Departamento de Guanacaste la categoría de Provincia con cuatro cantones: Guanacaste, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces y Cañas. Actualmente la provincia tiene 11 cantones.

-1858, el 15 de abril, cuando se firma el Tratado de límites entre Nicaragua y Costa Rica, al quedar integrada toda la Provincia de Guanacaste, que ya había sido establecida en 1848, dentro de este Tratado, Nicaragua reconoce tácitamente al Partido de Nicoya como parte de Costa Rica.

Himno a la Anexión

¡Guanacaste! Tu historia es sublime,

y por leal, tu blasón hoy se enjoya;

te hizo heroica el valor de Curime,

y el poder de Diriá y de Nicoya.

 

Libre siempre de extrañas cadenas

no has cedido jamás en la brega;

tienes tú, toda el alma de Iberia

y el altivo valor chorotega.

 

Cuando Fuiste Alcaldía de Nicoya,

tu Partido se impuso en la Historia,

y al gritar tu anexión a la Patria,

te cubriste por siempre de gloria.

 

Guanacaste: tu histórico empeño

Costa Rica no debe olvidar,

cuando alzó el estandarte Briceño…

«De la Patria por nuestra voluntad».

Letra: José Ramírez S. Música: Jesús Bonilla.

 

Nota: Artículo publicado en el periódico La Anexión, Año 27, No. 298, dirigido por José Manuel Peña, en la edición de julio del 2019, p. 6 y 7 y compartido con SURCOS por el doctor Arnoldo Mora Rodríguez.

 

*Imagen ilustrativa tomada de la página oficial de la UCR.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Puerto Rico: Movimiento Ciudadano pide renuncia a gobernador

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Con la consigna #Ricky Renuncia y, al ritmo caribeño de ‘Somos Más y No Tenemos Miedo´, más de un millón de puertorriqueñxs realizamos un Paro Nacional, indignadxs por los esquemas de corrupción y pillaje, pobreza, pobreza, desigualdad social y de género. Estamos en las calles de hace 13 días, exigiendo al gobernador que desocupe su puesto.

Continuar leyendo

Vergüenza y escándalo para la administración Alvarado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

La entrevista de André Garnier, ministro de Coordinación Económica del Carlos Alvarado, para el Semanario Universidad es algo verdaderamente bochornoso.

La que más ha atraído la atención es su afirmación de que “Costa Rica tiene un salario mínimo muy alto”. Si es escandalosa la insinuación implícita de que habría que disminuirlo, el agravio empeora si recordamos que unos 490 mil trabajadores y trabajadoras (23% de la población ocupada), reciben un ingreso mensual inferior al salario mínimo.

Pero hay algo más que es importante subrayar: este señor reitera propuestas que intentarían reducir costos, pero nada o casi nada destinado a promover una mayor productividad. Esto último posibilitaría elevar la rentabilidad empresarial y, al mismo tiempo, mejorar el ingreso de las personas trabajadoras. Sería, digámoslo así, la vía progresista. En cambio Garnier apunta hacia el “dumping social”: degradar la seguridad social, las condiciones laborales y los salarios para así restituir la rentabilidad.

Encima, este sujeto –todo un ministro de gobierno –se atreve a afirmar que estamos “…entre los países que tienen las cargas impositivas más altas del mundo”. Para la gente pobre y los grupos medios la carga es ciertamente considerable. Para los sectores más ricos no. Los impuestos sobre ingresos y utilidades (en parte importante pagados por la clase media profesional del sector público) representan un 4,9% del PIB de Costa Rica. El promedio respectivo para los países de la OCDE es 11,4% (29% en Dinamarca).

Pero nada como la forma cínica y desfachatada como este personaje hace apología de los paraísos fiscales y justifica las prácticas sistemáticas –suya y de su familia– de ocultamiento de la riqueza en esos lugares destinados a la delincuencia fiscal.

Me deja perplejo que esto no haya generado reacción alguna en ámbitos legislativos (excepto Villalta) ni sindicales.

 

Compartido con SURCOS por el autor y publicado además en su página de Facebook.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Reactivación económica: por ahí no es presidente Alvarado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Para el gobierno de Carlos Alvarado, este asunto parece agotarse en lo retórico y en los símbolos, distante de lo que debería ser: un esfuerzo concertado y masivo por levantar la economía y generar muchos empleos a corto plazo. Su trabajo se concentra en el tema fiscal, recurriendo a políticas que, inevitablemente, constituyen un ancla que frena cualquier posible reactivación.

Continuar leyendo

La mirada de un hombre sobre su pasado: lo que su texto nos dice

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro,

Sociólogo y escritor

Puedo ver, o al menos intento hacerlo, a aquel hombre probablemente canoso o con muy pocos cabellos quien, muchos años después de unos hechos dramáticos de su vida, se sienta ante una vieja máquina de escribir, una de aquellas que yo también usé en mi juventud, para poner en orden sus recuerdos y transcribirlos en un texto. En su cabeza bullen, de manera vertiginosa pero serena, las ahora lejanas imágenes de un conflicto armado, y de una vida que intentó construir detrás de la gigantesca cordillera, en un extenso valle que se había venido poblando, desde hacía apenas unos setenta años atrás, junto con su familia recién fundada, al lado de una joven esposa y unos hijos que fueron aumentando en número, pero también crecieron en tamaño hasta convertirse en unos niños, quienes eran el centro de su vida, de sus proyectos y esperanzas más hondas.

Franklin Chacón Estrada había venido con su familia desde los valles centrales del país, empeñado en forjar un destino para los suyos en el negocio de los cueros, la talabartería y la zapatería, el que había hecho prosperar en poco tiempo. No sólo había hecho crecer su negocio, rodeado de su familia, sino que un numeroso grupo de artesanos trabajaba junto con él, habiendo construido en el centro de aquella pequeña ciudad del sur, llamada San Isidro de El General, una casa de habitación no sólo para albergar a sus familiares, sino también a su actividad empresarial en la industria del cuero, apenas unos siete años se habían requerido para ello.

El hombre trajo consigo también su utopía y su racionalidad valórica, al mismo tiempo que la de carácter instrumental, las que le permitieron dar impulso al partido político en el que militaba, dándole una estructura consistente y extendida territorialmente por esa región, en la que también había impulsado la entrega de tierras para muchos campesinos. Su mente organizada y su militancia disciplinada le iban a permitir hacerle frente, de manera decidida y sistemática, al conflicto armado que ya se gestaba en el país, un hecho del que los dirigentes de su partido lo habían noticiado, al menos así pensó en su interior: se preparó y dispuso a sus camaradas para el combate que vendría.

Encontrado ante lo inevitable del absurdo, dentro de un bando político que se empeñaba en perder una guerra, desde mucho antes de que sonaran los primeros disparos, trató de hacer uso de toda su racionalidad instrumental, organizando y preparando a los militantes de su partido para lo que ya se anunciaba, habiendo agotado hasta el último momento sus argumentaciones para convencer a sus aliados del gobierno, viendo que los medios de que se disponía eran exiguos o nulos y al no ser escuchado, con prudencia y en orden, se retiró de la escena protegiendo a los suyos en su casa, el sitio donde harían blanco los primeros disparos de aquella guerra que estaba dando inicio, precisamente en ese ámbito del tiempo y la geografía.

Luego, prisionero de sus adversarios sublevados, durante casi siete semanas, preocupado por su familia que debió ocultarse en los montes y en casa de amigos, va a presenciar una de las batallas más importantes de aquella guerra, sin poder intervenir en los combates, para ser trasladado en medio de toda clase de vicisitudes hacia el centro del país, donde será liberado al concluir los hechos bélicos. El azar y las circunstancias de la presencia de la masonería, entre gentes de los dos bandos, le salvarán la vida, al evitarse así su fusilamiento y el de algunos de sus compañeros. Sin ira y con serenidad es que se sienta a recordar este hombre que jamás regresó al lugar donde ocurrieron esos hechos, alguien que puedo ver a través de las líneas de su texto, el que ahora aparece publicado bajo el título de “PRESO PELIGROSO”, por parte de la Editorial Inteligencia Colectiva, San José Costa Rica 2019. Nos encontramos ante el testimonio conmovedor de un hombre verdadero, fiel a sus convicciones, a quien le correspondió enfrentarse muy joven, con uno de los momentos más conflictivos de la historia del país y de la región centroamericana y del Caribe. Los invito a internarse en sus páginas y en sus recuerdos.

 

Enviado por el autor.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

El antes, el hoy y el mañana del diálogo acordado con el Gobierno

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Durán Castro

Secretario de Seguridad Social CTRN

Si ponemos los pies en el antes debemos con respeto pero con claridad y transparencia indicar que planteamos a lo interno del movimiento sindical nacional nuestras lecturas acerca de las falencias tácticas y estratégicas en la conducción, el manejo y el enfoque de la huelga acaecida en el país en 2018, y de igual forma, aceptamos que dicho proceso social generó lo que denominamos en su momento pequeñas victorias invisibles, en el sentido de que temas ocultos y deformados mediáticamente por las empresas informativas en sus espacios físicos o virtuales quedaron al descubierto, lo cual es una ventaja política surgida del contexto, pero seguimos observando que los movimientos socio-sindicales mantienen sus feudos informativos y no atinan a replantearse al menos seriamente una unidad real básica en este tema, lo cual resulta un severo error en la actual coyuntura nacional.

Por lo dicho es acertado reconocer que, efectivamente, existió un salto coyuntural desde el cuarto oscuro de la información deformada en sus contenidos a un patio de luz aún con nubarrones, que provocó en medio de la huelga contra el combo fiscal, elevaciones de calidad relativas en la toma de conciencia de distintos sectores y actores sociales, elementos que son diagnosticables al profundizar los distintos momentos de esa lucha y su relación directa con las encuestas de opinión, siendo este un aspecto de balance no menor que al calor del activismo del comando nacional no fue atendido, lo cual, dentro de otros elementos impidieron dar los virajes de timón necesarios.

No cabe duda que en tales coyunturas se allana sin duda el trabajo cotidiano de la movilización popular, pero es igualmente justo y necesario aceptar que desde la alborada, pasando por la media mañana, la media tarde y la llegada de la noche de dicha batalla político-social, existieron errores y tuvieron lugar hechos en los distintos teatros de operaciones reales, virtuales, oficiales y paralelos que le arrojaron un producto concreto a los sectores que combatimos la ley 9635 y todo lo que de este cuerpo normativo de corte neoliberal se ha venido derivando hasta el presente, y cuyos efectos e impactos marcarán el camino de las luchas venideras, las cuales sin duda como ya hemos visto serán más adversas que antes.

Ahora bien, cerrando esa mirada crítica del episodio 2018, nos aprestamos a iniciar una caminata por los acontecimientos que han tenido lugar post huelga en el 2019, y nuevamente, vemos como de manera desarticulada los distintos movimientos sindicales y sociales de distinto signo emprenden respetables luchas que mantienen para nuestro gusto la luz corta y oscilan entre agendas superficiales impuestas por las empresas de la difusión y de las redes sociales,  pasando por oportunismos que osan prostituir consignas históricas de los movimientos sociales ( incluido el sindical), hasta llegar a instrumentalizar actores y espacios  para mantener un buen marketing mediático, que al final, le hace enorme daño a la lucha de carácter más estructural y sistémica. Así, resulta en un manejo irresponsable que dinamita aún más las pocas oportunidades que nos quedan en una coyuntura que hace algún tiempo entró en una etapa de resistencia social.

Mientras tanto seguimos observando cómo, desde su mirada, los distintos poderes visibles e invisibles, aliados con sus operadores políticos, ejecutivos, judiciales, legislativos, mediáticos, financieros, religiosos  y empresariales, continúan su camino sin perder su hoja de ruta, cual es dejar en escombros la institucionalidad patria utilizando estilos hasta fascistas de información para así aniquilar el equilibrio y la distribución del poder surgido de los acuerdos de Ochomogo, apuesta peligrosa que parece ser la opción dogmática de ciertos sectores minoritarios poderosos que colocan el lucro por encima del ser humano.

Lo dicho, no es otra cosa que una especie de inclinación enfermiza por la acumulación de la riqueza que lleva a profundizar una suerte nacional de totalitarismo en democracia. Con todas las contradicciones que esta idea pueda generar, en definitiva, solo deja espacio para tristemente atreverse a profetizar que aún, -ante el inminente fracaso del modelo de desarrollo cuyas cifras y datos nos dan en la cara todos los días-, pareciera que por el triunfo de los antivalores más diversos, por las miopías, por los oportunismos que brindan las agendas de enfoques xenófobos y homófobos de tirios y troyanos, por los posicionamientos mediáticos físicos y virtuales que son la herramienta usada para sembrar la semilla del odio en sus distintas expresiones, por la manipulación y distorsión del abordaje de la religión que conduce al irrespeto de las creencias y la espiritualidad del otro, Costa Rica será posiblemente arrastrada por un tsunami que tendrá enormes costos sociales y nos pondrá en la autopista de la posible consolidación de una contrarreforma socio-laboral retrograda.

Es evidente entonces que los acontecimientos de la primera y segunda ronda electoral presidencial y la huelga del 2018, son los antecedentes más cercanos de este balance. Las luchas de este 2019 son réplicas que guardan relación con este pasado reciente de cuyos efectos e impactos se han hecho análisis desde diversos ángulos y conforman el escenario político social, en cual, el denominado Encuentro Social Multisectorial (ESM) se dispone a iniciar un proceso de diálogo con el débil, captado, desgastado y resquebrajado Poder Ejecutivo.

Vista fugazmente está fotografía en blanco y negro del ayer reciente de una lucha contra el combo fiscal con sus defectos y virtudes, el hoy con sus complejidades, adversidades y mayores riesgos, avizoramos a la luz de los acontecimientos posibles actuaciones sindico-sociales que parece repetirán yerros tácticos y estratégicos que no son de recibo, pues aparte  de que tenemos una ley aprobada (ley 9635), vemos como una buena parte de los 17 puntos consensuados entre el Encuentro Social Multisectorial (ESM) y el Poder Ejecutivo dependen en buena medida de un Poder Legislativo minado de inexperiencia; sobornable políticamente; a la mano de la corrupción de distintos sectores; con ansias de poder y fama mediática, política, religiosa; y con un arco iris de dogmatismos, entre otros aspectos complejísimos, que deja vaticinar un futuro no muy promisorio al ejercicio del diálogo pactado, y parece ser, que el estado de situación estructural-sistémico se moverá poco o nada y lo más cosmético o superficial podría ser utilizado para adquirir 5 minutos de fama buena o mala.

En prospección, el mañana de ese proceso de diálogo ya pactado con un gobierno débil de tajo a rajo, que determina 5 mesas temáticas (agropecuarios, ruralidad, pesqueros, transportes de carga y asuntos laborales), 6 mesas bilaterales (modelo eléctrico, fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción-CNP-, cuerpos policiales, agenda cooperativa, reactivación económica y empleo público); y que además, establece como estratégicos 12 temas más, sin duda nos debe convocar a hacer un alto en el camino, pues la coyuntura impone un margen de error hiper restringido para la conducción y toma de decisiones de quienes visten la camiseta del espectro socio-sindical.

Es decir, más allá del discurso, la foto, la fama, la gloria y todos los antivalores promovidos por el sistema, no nos cabe ninguna duda de que se debe revisar varios aspectos que van desde una valoración objetiva  de las capacidades reales de los movimientos sociales, sus agendas, sus intereses, sus enfoques, sus liderazgos, sus poses, sus posiciones y hasta sus oportunismos, la necesidad de priorizar los verdaderos temas estructurales (esto más allá de lo lindo, superficial, cosmético y mediático que pueda sonar el marketing “tener efectos rápidos en la gente”), pasando por ver cuál metodología es la más adecuada, sin dejar de mirar la prospección de un proyecto de más largo aliento; o sea, dar pasos en la dirección correcta hasta tener plena claridad que un proceso como este debe dar saltos de calidad pues en el actual momento los yerros sindico-sociales tienen un alto precio para el país en su conjunto.

En conclusión, a la luz de un espectro multitemático tan voluminoso, resulta necesario que los suscriptores del acuerdo con un Poder Ejecutivo a todas luces débil, deben valorar seriamente (si es que aún están a tiempo), la incorporación de una representación legislativa y de los sectores empresariales a las 5 mesas temáticas, los 6 espacios bilaterales y en los 22 temas que subyacen, aspirando a dar un salto de calidad táctico y estratégico en el sentido de virar de un modesto diálogo con un actor débil (Poder Ejecutivo), a un proceso de concertación social más articulado, que además, se pueda permitir realizar un primer laboratorio con el recientemente creado Consejo Consultivo Económico y Social ( CCES).

Caso contrario, al menos desde nuestra lectura, el mañana de ese diálogo consensuado con un Poder Ejecutivo en harapos, corre el alto riesgo de echar por la borda tanto los anhelados efectos inmediatos, como los más estructurales, y al final, las fuerzas detentadoras del verdadero poder, junto con las empresas informativas harán el trabajo para que ciertos actores “políticos” sigan profundizando un modelo de desarrollo fracasado que nos conduce a mayores grados de descomposición social y nos colocará, un día sí y otro también, más cerca de estallidos sociales insospechados que efectivamente nuestra Costa Rica no se merece.

Enviado por el autor.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

El lado amargo de la dulzura: a propósito de un reciente reportaje crítico de la televisión francesa (France2) sobre la piña costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

Hace un mes, el 11 de junio del 2019, se difundió en Francia un reportaje elaborado por un equipo de periodistas de una de las principales cadenas de televisión, France 2, a raíz de su visita a Costa Rica.

Titulado «Costa Rica : le commerce juteux de l’ananas«, está disponible en este enlace, en el que se pueden apreciar diversos efectos del cultivo de la piña de la variedad MD-2 (más conocida internacionalmente como «Sweet Gold«, «Golden» o «Extra Sweet«) que bien conocen varias comunidades y organizaciones ecologistas de Costa Rica, así como algunos universitarios.

Como bien es sabido, la extrema dulzura de la MD-2 ha permitido a esta variedad de piña implantarse con gran fuerza desde Costa Rica en el mercado mundial de la «fruta fresca» exportada, y ello desde mediados de los años 2000, desplazando a todas las demás variedades de piña. Las comillas usadas en la frase anterior refieren al hecho que se trata de frutas que, a penas cosechadas en el campo, entran en una cadena de frío, pasando varias semanas a temperaturas muy bajas; estas frutas vienen cargadas de sustancias químicas, en aras de aparentar frescura y buena apariencia una vez colocadas en un anaquel en Europa o en Estados Unidos.

La voracidad de algunos pareciera no tener freno alguno. En esta nota en francés del año 2016 sobre el mercado mundial de la piña, titulada «Marché mondial de l’ananas frais«, el autor señala que:

«L’offre est quasi monovariétale : le MD-2. Une origine, le Costa Rica, alimente 87 % de la consommation de l’UE et 82 % de celle des États-Unis, les deux principaux marchés«.

Este reportaje televisivo difundido en junio del 2019 pasó prácticamente desapercibido en los medios de prensa de Costa Rica: una ocasión que nos parece propicia para explicar por qué.

Reportajes críticos sobre la piña en medios europeos e información en medios costarricenses: breves apuntes

Dicho reportaje fue únicamente objeto de una reseña por parte de la redacción de ElMundo.cr (véase nota de este medio digital, titulada «Noticiero francés expone contaminación por agrotóxicos en las piñeras costarricenses«, edición del 15/06/2019) y por parte de los redactores de The Costa Rica News (véase nota titulada «French News Channel Exposes Pollution by Agrochemicals in Costa Rican Pineapple Plantations» del 17/6/2019). Días después, en el periódico La República, una nota titulada «Canal francés expone problemática de plaguicidas en Costa Rica» lo reseñó de igual manera en su edición del 21 de junio (véase nota).

No es la primera vez que un reportaje crítico con relación a la piña exportada por Costa Rica es pasado por alto (o casi): a finales del 2018, la piña costarricense fue seleccionada por la BBC entre los cinco productos de consumo masivo más dañinos para el ambiente (véase nota de la BBC titulada «Five products you didn’t know were harming the environment«, Suplemento Science & Environment, edición del 2/11/2018). Salvo error de nuestra parte, no motivó medio alguno de prensa costarricense a referirse a ello, y su eventual reseña no dejó rastros en la red.

Con respecto a Francia, cabe precisar que no es la primera vez que una de sus televisoras investiga con mayor detenimiento lo que el consumidor encuentra a precios tan cómodos en las góndolas de los supermercados franceses: véase por ejemplo documental disponible en este enlace realizado a finales de los años 2000 por un equipo de la emisión » Envoyé spécial «, titulado « L’ananas : une success story inégalée ! «: con unos 25 minutos de duración, se detallan en él varios aspectos negativos de la piña costarricense a partir de diversas entrevistas.

Sitios especializados franceses también buscan dar a conocer la realidad de la piña costarricense que no se deja ver en los estantes publicitarios de supermercados galos: véase por ejemplo, entre muchos otros, extensa nota titulada «Jorge Castro, le paysan en marche pour dénoncer l’expansion de la monoculture d’ananas au Costa Rica«, publicada en el 2017 en el sitio de Greentrotteurs y esta otra nota del sitio Beurk del 2012 titulada «Ananas sweet du Costa-Rica, vous reprendrez bien un peu d’éthéphon ! » (el Etefón – nombre químico: ácido 2-(cloroetil)fosfónico – es el ingrediente activo de un producto denominado Ethrel, utilizado para realizar la inducción floral a la hora de producir piña MD-2).

Como se explicará a continuación, la piña costarricense está interesando cada vez más a medios de prensa y a instancias internacionales; incluso, algunas comunidades rurales impactadas por su expansión han tenido que recurrir a mecanismos de protección internacional en materia de derechos humanos, ante la actitud omisa del Estado costarricense.

Foto extraída de nota de la organización Swedwatch, titulada «Toxic pesticides on Costa Ricas plantations», 2013

Un producto objeto de promoción… y de especial mutismo por parte del Estado en cuanto a sus efectos negativos

Datos estadísticos oficiales (dados por la misma Promotora del Comerio Exterior de Costa Rica, PROCOMER) indican que Costa Rica exportó piña fresca en el 2015 por un valor de 804,8 millones de US$, en el 2016 por valor de 874,2 millones de US$ y en el 2017, por valor de 940,7 millones de US$. Según señalado por el titular de la cartera de agricultura en el 2017, la piña genera unos 48.000 empleos en Costa Rica, incluyendo empleos indirectos (véase artículo publicado en La Nación).

Ahora bien, el entusiasmo oficial en dar a conocer estas cifras contrasta con el mutismo de varias entidades del mismo Estado costarricense cuando de algunos efectos de la piña se trata, tal y como lo veremos a continuación.

Imágenes satelitales confirmaron en el mes de enero del 2019 el alcance de la expansión piñera descontrolada que se da en Costa Rica, sin provocar mayor reacción por parte del aparato estatal (véase nota de Elpais.cr). En junio del 2018, estudios técnicos sobre contaminación del agua para consumo humano en la Zona Norte de Costa Rica arrojaron una serie de cuestionamientos (en nuestra opinión, particularmente graves) sobre el actuar irresponsable de las autoridades sanitarias y agropecuarias (véase nota del Semanario Universidad titulada «UCR revela que agua en la zona norte registran contaminación con agroquímicos«).

La misma sensación de apatía estatal generalizada se percibió al alertar tempranamente el máximo órgano de la Universidad de Costa Rica (UCR) a la opinión pública (en diciembre del 2008) sobre los efectos dañinos de la producción piñera: véase pronunciamiento de diciembre del 2008 del Consejo Universitario de la UCR titulado «Consecuencias socioambientales de la industria piñera en Costa Rica«. Su lectura integral se sugiere, en particular una de sus recomendaciones de indignante actualidad, 11 años después de emitida (Nota 1).

Otras serias advertencias han mantenido desde entonces al aparato estatal en una actitud silenciosa: véase por ejemplo, entre otros, artículo publicado en el 2017 por el Dr. Allan Astorga Gättgens, ex Secretario General de la SETENA, en el sitio de HablandoClarotitulado «Piña vs Agua: el costo del sacrificio ambiental» y otro artículo del mismo autor publicado en el 2011 en La Nación titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña«, en el que el autor señala que:

«La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa«.

Salvo error de nuestra parte, esta cuestionable resolución del año 2009 no ha sido derogada desde entonces, por lo que la piña sigue expandiéndose al amparo de esta, es decir eximida de todo estudio de impacto ambiental (EIA) previo y obligatorio.

El precitado artículo del Dr. Astorga, que no ha dado lugar a ninguna refutación luego de ser publicado en el 2011, es contundente en sus conclusiones:

«Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional«.

Cabe precisar que a nivel local, son muchas las voces acalladas por el temor: a este respecto, un reportaje de febrero del 2014 “No nos tapen la boca: hablemos de la contaminación piñera” en homenaje a Mayra Eugenia Umaña, ilustra el tipo de presiones a las que son sometidas las personas que, desde sus pequeñas comunidades rurales, osan elevar la voz contra las empresas piñeras (véase reportaje del canal universitario Canal15 UCR, disponible aquí).

Recomendaciones de experta de Naciones Unidas (también) desoídas por el Estado costarricense

Resulta oportuno recordar que las advertencias tempranas a Costa Rica (2009) también provinieron de la esfera internacional.

En efecto, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Agua y Saneamiento, Catarina Albuquerque, visitó Costa Rica en el 2009 (véase texto del informe completo). En su informe incluyó lo siguiente:

«71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado «(p. 22, punto 71).

La misma experta recomendaba en su informe del 2009 lo siguiente:

«85. La Experta independiente recomienda que Costa Rica apruebe, como medida prioritaria, los proyectos de decreto ejecutivo destinados a reglamentar el uso de Bromacil y Diurón en las explotaciones agrícolas» (p. 26, punto 86).

Como suele ocurrir con informes de esta naturaleza elaborados por entidades y/o expertos internacionales, su difusión en Costa Rica fue escaza, limitándose a algunos especialistas y a un aparato estatal debidamente notificado (pero muy poco interesado en divulgar su contenido).

Piña y autoridades costarricenses, o la historia de un parco aparato estatal

Las recomendaciones externadas por la experta de Naciones Unidas en el 2009 no tuvieron mayor efecto en Costa Rica.

Por supuesto que en los años posteriores se crearon comisiones interinstitucionales, se elaboraron diagnósticos, estudios diversos, se publicaron manuales de buenas prácticas agrícolas, se establecieron plataformas de producción responsable y demás iniciativas muy publicitadas por algunos sectores costarricenses: tanto, que sugiere en algunos casos que se trata más de una estrategia de comunicación que de herramientas eficaces para limitar los impactos negativos de la producción piñera en Costa Rica.

Con relación a la inacción estatal antes señalada, fue constatada (por enésima vez) 10 años después de las recomendaciones de la experta de Naciones Unidas, en enero del 2019 por el mismo juez constitucional costarricense. En efecto, en la sentencia N° 2019-000695 del 18 de enero del 2019 sobre aguas contaminadas en la Zona Norte, la despreocupación de las entidades se evidenció una nueva vez al indicarse que:

«…los Magistrados declararon con lugar el recurso, pues se acreditó que desde hace años todas las instituciones involucradas -Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Tribunal Ambiental Administrativo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministro de Agricultura y Ganadería-conocían la existencia de denuncias por riesgo de contaminación de diversas nacientes en las comunidades afectadas y, pese a ello, incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas» (véase resumen de sentencia).

Esta decisión del 2019 puede ser comparada a la resolución Nº 2009-09041 del juez constitucional adoptada 10 años antes, con relación a la contaminación provocada por empresas piñeras en El Cairo y Milano de la región de Siquirres. Esta sentencia del 2009 fue objeto de una nueva decisión del 2013 en la que la Sala Constitucional (bastante molesta) señaló sin mayor contemplación que:

«Sobre el particular, esta Sala tiene plena e idóneamente demostrado la desobediencia a lo dispuesto en la Sentencia supra mencionada» (véase texto de la resolución 2013-05065).

Conocer de denuncias en materia de piña y no hacer mayor cosa por parte del Estado pareciera ser lo usual en Costa Rica; cuando se hace algo, puede entonces pasar que los análisis físico-químicos del agua realizados por las autoridades no encuentren lo que sí detectan laboratorios independientes (Nota 2).

Piña y ciencia jurídica, o la historia de cómo la normativa vigente se desvanece

Como se indicó anteriormente, desde el 2009 una resolución de la SETENA permite eximir a las plantaciones de piña de todo estudio de impacto ambiental (EIA) previo y obligatorio. No es la única normativa ambiental vigente que ha dejado de aplicarse en aras de favorecer la expansión piñera en Costa Rica, y estudiosos de la ciencia jurídica bien podrían ahondar en lo que someramente indicaremos en las líneas que siguen.

¿Principio precautorio? ¿Compensación por daño? ¿Implementación del principio «quien contamina paga«? Cuando de piña se trata en Costa Rica, se asiste a lo que se podría denominar una verdadera «desaplicación» de estos principios jurídicos básicos en derecho ambiental: al día de hoy, ninguna empresa piñera se ha visto forzada a compensar económicamente a comunidades que se han quedado sin agua potable, como tampoco a cámaras de ganaderos que se han visto afectados por la proliferación de la denominada «mosca de establo«.

Sobre este último aspecto, un documento que lleva el sello del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de la Universidad Nacional UNA), “Boletín de Parasitología”, alertaba sobre el riesgo de proliferación de este insecto en caso de mal manejo de los rastrojos de la piña: lo llamativo es que fue publicado en el 2003. En el 2016, la situación fue tal que una emergencia sanitaria en siete cantones piñeros fue decretada (véase Decreto Ejecutivo 39902-MAG del 28/08/2016 publicado en el Alcance Digital 207 a la Gaceta del 5/10/2016, pp.1-6): véase al respecto – entre las pocas notas de prensa al respecto – esta nota del Semanario Universidad titulada «Brote de moscas hematófagas genera emergencia sanitaria«.

En cuanto al Estado costarricense, salvo error de nuestra parte, no se conoce (aún) de sentencias sobre acciones civiles resarcitorias y/o acciones penales presentadas por este para sancionar a empresas piñeras responsables de contaminar cuerpos de agua, drenar humedales, invadir zonas boscosas, provocar la proliferación de la precitada mosca o ignorar los retiros y/o perímetros de protección de ríos y quebradas previstos en la legislación ambiental, así como los retiros que se debe respetar para resguardar viviendas y centros educativos.

Se pudo escuchar en el 2013 por parte del hoy Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el jurista Fernando Cruz Castro, que:

«La actividad de la piña ha funcionado sin estudios de impacto ambiental y sin cumplir con los requisitos básicos. Esto lesiona la tutela del medio ambiente» (véase nota extraída del portal de la UCR).

La piña costarricense ha dado lugar a cierta originalidad por parte de algunos jerarcas en materia de salud: muchos guardan aún en mente la propuesta (bastante insólita) apoyada desde el mismo Ministerio de Salud en el 2008, tendiente a legalizar en Costa Rica pequeñas cantidades de Diurón y de Bromacil en el agua para consumo humano (Nota 3).

No fue sino hasta junio del 2017 que se publicó en La Gaceta un Decreto Ejecutivo prohibiendo el uso del Bromacil en Costa Rica (véase texto del Decreto N° 40423-MAG-MINAE-S publicado en el Alcance Digital 124 de La Gaceta Oficial, del 5/06/2017, pp. 9-16): la lectura de los considerandos sobre las características del Bromacil puede llevar a preguntarse por qué se esperó tanto tiempo para prohibir esta sustancia química, cuyos efectos nocivos para los suelos y las aguas se conocen desde hace muchos años. Con relación a otro herbicida asociado a diversas formas de cáncer, el Diurón, su utilización se mantiene sin regulación para limitar su uso; al igual que otras sustancias químicas usadas por producir la piña MD-2 (Carbaril, Clorpirifos, Diazinon, Etefón, Hexazinona y Triadimefón, para citar algunas de ellas – Nota 4).

En el 2014, el mismo Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) fue bastante enfático con relación a la omisión estatal en el caso de las comunidades del Cairo y Milano en la región de Siquirres (con más de 6000 personas privadas de agua potable desde julio del 2007 debido a la contaminación constatada y documentada de sus fuentes de agua por parte de empresas piñeras): “Vergüenza debe darle todo esto al Estado” (véase artículo de La Nación de septiembre del 2014).

Las comunidades de Milano de Siquirres cansadas de esperar (véase artículo del Semanario Universidad del 2015), acudieron al sistema interamericano de protección de los derechos humanos en marzo del 2015, haciendo ver cuán «pronta y cumplida» deja de ser la justicia en Costa Rica cuando de agua contaminada por empresas piñeras se trata (Nota 5): intentar obtener justicia en la esfera internacional cuando la justicia nacional no es acatada por las autoridades estatales recurridas forma parte de las herramientas jurídicas puestas a disposición de las comunidades por el derecho internacional de los derechos humanos.

La piña costarricense ante organizaciones de consumidores cada vez más exigentes

Este reportaje de la televisión gala difundido durante el mes de junio del 2019 fue precedido por otro de la cadena de televisión alemana DW divulgado en el mes de mayo del 2018 (véase enlace en YouTube), que habíamos tenido la oportunidad de comentar en esta breve nota publicada en algunos medios digitales, titulada «Entre el orgullo y otra cosa: a propósito de un reportaje sobre la piña costarricense difundido por la DW (Alemania)«.

Una de las pocas reseñas en la prensa de Costa Rica sobre este documental alemán se tituló: «Reportaje europeo deja por el suelo imagen de Costa Rica por cultivo de piña» (véase nota de AMPrensa, edición del 8/5/2018)

En enero del 2019, el programa «Carta sobre la Mesa» de RussiaToday (RT) se realizó en Costa Rica sobre la polémica que genera la piña entre distintos sectores (véase enlace de RT).

El interés del consumidor europeo por los efectos de la piña que ocultan convenientemente las autoridades costarricenses no es reciente: ya en el 2010, la misma organización de Consumers International realizó un extenso reportaje para la televisión británica esta vez, en coordinación con The Guardian (véase enlace al reportaje que se extiende por casi 20 minutos).

En un informe del 2015 sobre importaciones de piña fresca por parte de la Unión Europea (véase informe titulado «CBI Product Factsheet: Fresh Pineapples in Europe«), se pudo leer que:

«In 2014, Costa Rica accounted for 87% of the supply of fresh pineapples (817,000 tonnes), followed by Panama (32,000 tonnes), Ghana (24,000 tonnes) and the Ivory Coast (23,000 tonnes)» (página 4).

Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica (presentados por el sector productivo y por las autoridades costarricenses como una justificación incuestionable para expandir la producción), en el 2016 la prestigiosa ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por los supermercados alemanes con base en un informe que detalla las condiciones inhumanas que prevalecen (“inhumane conditions which prevail“) en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado “Sweet fruit, bitter truth“). No se tiene conocimiento de drásticas medidas legales de control / prevención tomadas desde el 2016 para erradicar las prácticas laborales denunciadas por los integrantes de Oxfam en fincas piñeras. Nótese que el Buró de Oxfam en Alemania colgó en su sitio la reacción (algo airada) a su informe de una empresa piñera de la Zona Norte: véase carta de Finca Once SA.

Un estudio publicado en Francia describe otro efecto muy pocamente investigado de la expansión piñera, ante el que el Estado costarricense demuestra su complacencia: la concentración de tierras en detrimento del pequeño y del mediano agricultor costarricense y el desplazamiento que genera de familias rurales (véase al respecto artículo de Edgar Fernández Fernández (2014), «L’accaparement des terres au Costa Rica: le cas des entreprises productrices d’ananas«).

Otro aspecto que merecería una mayor investigación es el impacto de la piña para las finanzas de los mismos municipios y el régimen fiscal que ostentan las empresas a cargo de su producción. La discusión reciente en Costa Rica sobre el tema fiscal evidenció el régimen peculiar existente para el sector agroexportador y el lugar privilegiado de la piña (con relación al banano por ejemplo): un proyecto de ley espera desde el 2014 que se fije un dólar simbólico por cada caja de piña exportada, sin mayor éxito hasta la fecha (véase Expediente Legislativo Núm. 19.371 publicado en La Gaceta 227 del 25/11/2014, pp.2-3). Los especialistas en temas fiscales deberían de interesarse en una lista de «Grandes Contribuyentes» dada conocer en el 2018 por el Ministerio de Hacienda costarricense que reportaron 0 utilidades durante los últimos años: de manera a no causar mayor asombro (sonrojo o indignación o una mezcla entre ambos…), no detallaremos su contenido en el marco de estas breves reflexiones.

En este artículo del Semanario Universidad del 2017 titulado: «Informe coordinado por PNUD. Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque«, se lee por parte de una ex regidora municipal del cantón de Guácimo que:

«la agroindustria piñera es como “un cáncer” para las comunidades, porque con el argumento de que da empleo es una actividad protegida que no paga patente ni impuestos municipales, y hasta el impuesto de bienes inmuebles que paga es bajo por ser terrenos agrícolas. En cambio, las municipalidades financiadas con los impuestos de todos tienen que reparar los caminos que se dañan con el pesado transporte de la piña, y las personas que viven en los vecindarios hasta donde se extienden las plantaciones sufren problemas de salud a causa de las fumigaciones de las plantaciones con agroquímicos, mientras que también se ven afectadas actividades económicas de la población aledaña«.

El impacto en la salud de las poblaciones aledañas a las plantaciones de piña que se menciona será objeto de algunos breves apuntes en las líneas que siguen, no sin antes recordar que también en este ámbito, la «desaplicación» de la normativa pareciera ser la regla.

Daños a la salud humana provocados por las plantaciones de piña: en ausencia de datos oficiales

Con relación a las diversas patologías asociadas a la aspersión de herbicidas, insecticidas y fungicidas y otras sustancias químicas que se aplican en las plantaciones de piña, son a menudo mencionadas en los reportajes europeos precitados al entrevistar a trabajadores y a vecinos.

Es muy probable que existan datos oficiales de los centros de salud más próximos, que atienden casos de trabajadores y de integrantes de comunidades que conviven a diario con estas plantaciones: por alguna razón, estos datos oficiales no se han dado a conocer. En el marco de un reciente ejercicio realizado por el Consejo Universitario de la UCR sobre los impactos de la producción piñera en Costa Rica, realizado a a finales del 2018, las dos únicas entidades del Estado costarricense que no entregaron la información solicitada por la máxima instancia de la UCR fueron el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) (véase carta al Consejo Universitario del 2017 hecha por el Programa Kioscos Socio Ambientales de la UCR, y que resume bastante bien la problemática de la piña en Costa Rica).

Un reportaje del programa Era Verde (UCR) del 2010 titulado “Desastre ambiental por piñeras ahora en Zona Norte” (véase enlace en YouTube) denunció en su momento la presencia de piñeras a pocos metros de la escuela de El Jobo en Los Chiles (min. 2:20) y del hogar de ancianos en Pital de San Carlos (min. 3:00), documentando bien lo que sufren a diario muchas comunidades costarricenses al convivir con una plantación de piña ante la actitud omisa de las autoridades.

Una ponencia presentada en el 2013 por un especialista, el Dr. Clemens Ruepert, a los integrantes del Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) sobre sus hallazgos en escuelas cercanas a plantaciones de piña, revela el tipo de sustancias que a diario deben respirar niños y maestros en algunas zonas de Costa Rica (véase presentación titulada «Fenómenos ambientales asociados a la producción de piña«, en particular filminas 23 a 25).

En el caso de otro monocultivo de Costa Rica, el daño a la salud de los niños indígenas debido al uso de ciertas sustancias químicas y de ciertos plásticos usados en plantaciones de banano fue objeto de investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales (Nota 6). En el 2014, se dio a conocer otra investigación que asocia a investigadores de la Universidad Nacional (véase nota de CRHoy). Una investigación del 2015 (véase texto completo) del Posgrado en Salud Pública de la UCR, analiza lo que no investigan las autoridades sanitarias y educativas costarricenses. En las conclusiones de su investigación, el autor señala:

«Las concentraciones de clorpirifos halladas en las muestras de aire de esta investigación fueron mayores que las reportadas por otras nacionales e internacionales. En las muestras se detectó en gran medida fungicidas que se aplican de forma aérea en el cultivo de banano. Además, se encontró un plaguicida principalmente utilizado en el cultivo de la piña, y varios detectados en las muestras (terbufos y etoprofos) se catalogan como plaguicidas alta y extremadamente tóxicos» (p. 91).

A modo de conclusión: la sostenibilidad ambiental y la imagen internacional de Costa Rica puestas en entredicho

Favorecer por un lado, la expansión de un monocultivo que afecta suelos y aguas, fauna y flora, que destruye la cobertura boscosa y aumenta el nivel de erosión de los suelos, provocando la sedimentación de diversos cuerpos de agua, impactando la salud humana de las comunidades circundantes y la biodiversidad de zonas tan prodigiosas como las costarricenses; y por otro lado, presentarse ante el mundo como un Estado comprometido con el ambiente y la lucha contra el cambio climático plantea, como mínimo, algunas interrogantes válidas.

Precisamente, un suplemento del Semanario Universidad, «Ojo al clima«, publicado en el 2018 (véase texto), hace ver desde su mismo título los impactos severos de la piña en Costa Rica de cara al cambio climático: «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«.

La ausencia de reacción oficial a estos y a otros cuestionamientos posiblemente lleve a otros equipos de periodistas a alertar al consumidor europeo (y a los consumidores de otras latitudes) sobre los efectos pocamente discutidos en Costa Rica de este monocultivo, pese a la persistente y valiente acción de algunas organizaciones ecologistas, a la de comunidades directamente afectadas por la expansión piñera en Costa Rica y a las críticas externadas por varios académicos en diversos espacios (a los que no asisten siempre las autoridades y el sector piñero invitados, tal y como ocurrió en el 2017 – Nota 7).

Foto extraída de nota de prensa del Tico Times (2017) titulada «Environmentalists demand halt to pineapple expansion»

Nótese que, contrario al supuesto «desarrollo» para las comunidades circundantes a las plantaciones de piña pregonado por algunas entusiastas autoridades, los cantones en los que más se ha expandido la piña en los últimos años se mantienen entre los cantones con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo de Costa Rica.

Con relación al mercado mundial de la piña fresca, según un informe de la UNCTAD del 2016 (véase texto completo), Costa Rica lidera la exportación de piña a nivel mundial con 2.126.929 toneladas métricas exportadas, seguida en América Latina por Panamá con tan solo 67.038 toneladas y Ecuador con 57.380 (véase gráfico Table 3 ubicado en la página 13): hemos revisado detenidamente esta tabla para detectar algún error de dígitos. Al parecer, Costa Rica es el único Estado en el mundo cuyas autoridades se muestran dispuestas a favorecer y a expandir el cultivo de la variedad «Sweet Gold» en semejantes proporciones (agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para obtener datos oficiales similares actualizados al 2018 por parte de la UNCTAD).

—Notas—

Nota 1: En la parte final de su pronunciamiento, el Consejo Universitario de la UCR declaraba en diciembre del 2008: «3. Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:

  1. Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.
  2. Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.
  3. Se cuente con una propuesta de gestión inter organizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país».

Nota 2: Se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que “En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192). No se tiene registro de alguna reacción oficial explicando este llamativo episodio registrado por los investigadores del Estado de la Nación en el 2014.

Nota 3: Véase al respecto CUADRADO G., «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)«, Revista Ambientico 2008, (Número 177), pp. 11-12, en el que se lee que: «El borrador de decreto ejecutivo que pretende legalizar la intrusión de Diurón en el agua para consumo humano tolera cantidades de hasta de 1,05 um/l; y la propuesta de decreto ejecutivo que quiere hacer lo mismo con el Bromacil tolera hasta 5 ug/l en agua para consumo humano y todavía aumenta, vía transitorio, la cantidad del herbicida hasta 10 um/l en el primer año después de publicado el decreto«. Artículo disponible en este enlace.

Nota 4: Las principales sustancias químicas usadas en la producción piñera en Costa Rica son, según un artículo disponible en la red de MONTIEL SEGURA M.A., «Uso de agroquímicos en la producción intensiva de piña en Costa Rica«, Revista Pensamiento Actual, Ciencias Naturales, UCR (2015), pp. 183-195: Insecticidas: diazinón, etoprofos, carbaril; Herbicidas: ametrina, bromacil, diurón, paraquat; Regulador de crecimiento: etefón (hasta tres veces por ciclo); Fungicidas: fosetil, mancozeb, metalaxil, y triadimefón (tabla en p. 190). Nótese que el uso del Paraquat fue prohibido por la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en toda la Unión Europea, en una decisión de julio del 2007 (véase comunicado de prensa), mientras que el Bromacil fue prohibido en Alemania (1993), Eslovenia (1997) y Suecia (1990) y su uso es objeto de restricciones muy severas en varios otros Estados desde finales de los años 90.

Nota 5: Véase nuestra breve nota, BOEGLIN N., «La piña de Costa Rica ante la CIDH«, DiarioExtra, Suplemento de Opinión Página Abierta, marzo del 2015, texto disponible aquí. Una versión más extensa de este artículo se publicó en el sitio jurídico especializado costarricense de DerechoalDia.

Nota 6: Véase por ejemplo: “Indigenous children living nearby plantations with chlorpyrifos-treated bags have elevated 3, 5,6-trichloro-2-pyridinol (TCPy) urinary concentrations”, Environmental Research (2012). El estudio como tal está disponible en este enlace.

Nota 7: Véase nuestra breve nota, BOEGLIN N., «A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica«, ElPais.cr, edición del 29/10/2017. Artículo disponible aquí.

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

Enviado por el autor.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Diálogo social sí… pero en serio y comprometido con la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El hecho de apostar al diálogo es aplaudible en un contexto crispado, pero bastante desinformado por el mal uso de las redes sociales y sobre todo gremializado o regionalizado desde el punto de vista de las reivindicaciones conocidas; más aún, la convocatoria a la negociación está justificada y es necesaria cuando vemos conductas amenazantes en ciertos sectores sociales y religiosos irresponsables ( empresarios, grupos del espectro sindical y seudos-evangelizadores en campaña política) poses que a todas luces ponen a riesgo la gobernabilidad y paz social y política del país.

Continuar leyendo

De las pensiones mágicas a la magia del fondo de pensiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Danilo García, Microbiólogo, Jubilado UCR

Álvaro Vega, Sociólogo, Jubilado UNA

El superintendente de pensiones, don Álvaro Ramos, en recientes declaraciones al periódico la Nación (La Nación, domingo 07 de julio del 2019) aduce que la gente cree que las pensiones son mágicas porque se opera una suerte de expectativa por parte del futuro pensionado que no obedece a la realidad. Aspira a que se le devuelva un monto que no guarda proporción con lo que ha cotizado. Y destaca que se trata de un comportamiento cínico porque no quieren entender la imposibilidad de ese tipo de “pensiones mágicas”, apelando a que “Papá Estado le resuelva todo”.

El argumento parece impecable, casi mágico, y podría conducir cándidamente a aplaudirlo y hasta celebrarlo con odas por ser uno más en la lucha contra los “privilegios” y las “gollerías” de los empleados y pensionados del sector público. Pero se olvida don Álvaro que el “Papá Estado”, de manera irresponsable y dolosa, en el caso más sonado de las pensiones del Magisterio Nacional, nunca creó un fondo de capitalización con las cotizaciones tripartitas que sobrepasaban en casi tres tantos a las del Régimen de la Caja. Desvió a gasto ordinario esos dineros de todos los cotizantes desde la creación de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional en 1958, es decir, hace 61 años. Por tanto, si de magia se trata este fondo resultó mágico: hizo un acto de desaparición y se esfumó, se desvaneció….Ello es del conocimiento de la Sala IV en su voto 3447-98 donde, refiriéndose a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, señala la “grave omisión en crear un fondo autosuficiente” por parte del Estado; asimismo se destaca en ese voto que “ahora se pretende que esos yerros históricos, sean asumidos por los beneficiarios de los sistemas…”. El mismo argumento adujo el Licenciado Juan Rafael Espinoza en un artículo publicado en el Foro de La Nación (10 de agosto de 1995), al considerar la reforma que incrementó la cotización al régimen magisterial entre un 10% y un 16% como “injusta e irracional, además de contraria a la Carta Magna y a la jurisprudencia de la Sala Constitucional”.

Y es verdad, como señala el superintendente, que el Estado tendrá que pagar en este año 2019 la suma de 1.06 billones de colones en pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. Pero no es verdad que la culpa la tengan los “antiguos regímenes que fueron cerrados por ser insostenibles”. Tampoco son los pensionados los responsables del endeudamiento del Estado para cubrir las pensiones de las 61.300 personas pensionadas, como destaca el señor Ramos. Si hay algún responsable de esta situación ha sido el Estado que ahora busca lavarse las manos como Pilatos después de haber usufructuado de esos dineros ajenos y haberlos mal administrado. Una muestra más de la incapacidad y la ineficiencia de nuestros gobernantes, particularmente de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que en las últimas cuatro décadas han venido desmantelando el Estado Social de Derecho, con prácticas corruptas y políticas parcializadas a favor de las grandes empresas y el capital financiero.

El superintendente de pensiones apela a una salida fácil y simplista, aduciendo que el costarricense es víctima del “pensamiento mágico”, cuando más bien debería atender a la complejidad que representa la gestión financiera y política de un Estado que no ha sabido conducir la cosa pública con transparencia, ética y eficiencia. Se calcula que de haberse creado y capitalizado adecuadamente un fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, y de no haberse particionado en el de Transitorio de Reparto, por un lado, y el de Capitalización Colectiva, por otro, al entrar en vigencia la Ley 7531, el mismo cubriría a los pensionados actuales y contaría con una reserva de 5 billones (5 millones de millones) de colones. Aun así, la reserva para el Régimen Transitorio de Reparto sería en la actualidad de 1.4 billones (1.4 millones de millones de colones).

 La ineficiente gestión del Estado se comprueba en el impulso que ha dado a políticas remendonas donde los platos rotos los han tenido que pagar los sectores medios y empobrecidos del país. Por tanto, si de cinismo se trata don Álvaro junto con este irresponsable “Papá Estado” resultan ser el mejor ejemplo. ¿Acaso no es cinismo eximirse de no haber creado, resguardado y capitalizado un fondo de pensiones desde 1958 y pretender ridiculizar, atribuyendo “pensamiento mágico” a los pensionados costarricenses? ¿Acaso no es cinismo seguir encubriendo a los evasores y elusores, principales disparadores del déficit fiscal, culpando a los pensionados del endeudamiento del Estado?

Por otra parte, y consecuente con su apología del Estado neoliberal y privatizante, el señor Ramos, con la frialdad propia de los economistas que Paul Krugman llama “vendedores de políticas económicas”, aduce que “hay una gran resistencia a ver la pensión, básicamente, como una cuenta bancaria glorificada…”. No alcanza a explicarse lo que es de sentido común para un costarricense medianamente informado, de que habitamos un país que hace más de medio siglo optó por un pacto social que ha hecho la diferencia entre un Estado oligárquico, regido por el simple interés rentista particular, y un Estado Social de derecho que apuesta por la solidaridad para la equidad y le bienestar colectivo. Adjudica al sistema financiero el poder “mágico” de glorificar los ahorros –convertir el agua en vino– y ser el único garante de una pensión justa y sostenible. Y esto sí es “pensamiento mágico” por cuanto, como bien lo ha constado la OIT en su reciente Informe (La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina 2000-2018), los regímenes de pensiones privados, es decir supeditados a los ahorros en el sistema financiero, han mostrado ser un fracaso en América Latina y en el mundo.

El superintendente hace caso omiso de la viabilidad y sostenibilidad de regímenes de pensiones que se rijan por el criterio de la solidaridad, procurando que las personas tengan acceso a una pensión digna y justa, es decir, que corresponda al aporte que ha brindado a la sociedad a lo largo de su vida laboral, y que el Estado sea garante de este derecho como está establecido en la legislación internacional. Al parecer, el señor Ramos quiere vendernos un modelo de pensiones sui generis e inédito: público pero que se rija por una lógica de mercado privado, basado únicamente en cuentas individuales. Por eso, no se sonroja al decir que para un trabajador de la Caja que cotiza 10.16%, lo lógico es que al pensionarse reciba entre un 30% y un 35% de sus salario actual y jamás el 55% que se otorga hoy en el IVM. En este sentido, tampoco cabrían las pensiones del régimen no contributivo. En su criterio no hay cabida para la solidaridad que dignifique al pensionado. Don Álvaro ha clausurado la solidaridad del Estado Social de Derecho costarricense, uno de nuestros principales logros como nación.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Álvaro Vega.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Un gobierno que busca destruir la CCSS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mario Devandas

Como algunos de ustedes saben estoy enfrentando un grave problema de salud, y eso me impide estar presente en las discusiones que están afectando al país.

Interrumpo este obligado retiro para que veamos los grandes peligros por los que atraviesa la CCSS.

El primero es la regla fiscal. Una aberración. La ministra de Hacienda insiste en aplicarla a la CCSS, lo que significaría que sería ella la que determine el gasto de la institución.

El segundo es el tema del acuerdo con los sindicatos. Luego de promulgada la ley de finanzas públicas, el ministerio de Planificación emitió un reglamento que sirvió de marco para el acuerdo con los sindicatos. Ahora la ministra de Hacienda emitió otro reglamento y exige que se le dé carácter retroactivo y se anule el acuerdo.

El tercero, que a mi juicio es el que mueve todo esto es la inconformidad de las grandes farmacéuticas por la lucha de la junta directiva contra el criminal abuso con los precios de los medicamentos.

La cosa está tan grave que el gobierno está presionando cambios en la propia junta.

Esto hay que detenerlo a como dé lugar. Las juntas de salud deben jugar un papel fundamental.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/