Días atrás el Instituto de Estadística y Censos (INEC) dio a conocer los resultados de la última Encuesta Continua de Empleo (abril – junio 2016), con material de provecho para “optimistas” y “pesimistas”.
Primero, ¿qué paso con la tasa de desempleo?, de junio del año anterior a junio de este año se redujo de un 9,5% a un 9,4%, es decir, por cada 1.000 personas de 15 años y más que buscaron activamente un empleo, anteriormente 95 no encontraban trabajo, mientras que ahora son “sólo” 94.
¿Qué dirían los optimistas? Que el resultado es satisfactorio, se redujo la tasa de desempleo y además, la cantidad de personas que no encontraban trabajo (desempleadas) se redujo, en ese periodo, en cerca de 15.000, al pasar de 217.933 a 202.563. ¿Y los pesimistas? Argumentarían que el panorama es alarmante, que en cuestión de un año se perdieron 132.000 puestos de trabajo, ya que en junio del 2015 habían cerca de 2.087.000 personas con trabajo y ahora sólo 1.955.000.
Con estos datos, parece que alguno de los dos está mintiendo ¿optimistas o pesimistas? En realidad ambos están en lo correcto, la tasa de desempleo abierto disminuyó, la cantidad de desempleados también y, además, se perdieron puestos de empleo. ¡Toda una paradoja!
Para aclarar esta situación, se tiene el siguiente ejemplo: José, Pedro, María, Pablo y Ana, todas estas cinco personas desean trabajar, las primeras tres encuentran trabajo, pero las dos últimas no (Pablo y Ana), en consecuencia, la tasa de desempleo abierto sería de un hipotético 40% (dos de cinco). Sin embargo, tiempo después, Pablo, una de las dos personas desempleadas, desmotivado por su situación, decide no seguir buscando trabajo; por su parte, María, quien sí se encontraba empleada, por alguna circunstancia deja su puesto y ya no desea laborar, se sale del mercado laboral.
Por tanto, ahora son sólo tres las personas que desean trabajar (José, Pedro y Ana) y de éstas una no encuentra en que laborar (Ana), en consecuencia, la tasa de desempleo se reduce a un 33% (uno de tres), esto a pesar de que existen menos personas empleadas (dos, ya no tres como antes) pero también, menos personas desempleadas (una, ya no dos como antes).
Así las cosas, existe una pregunta obligatoria ¿qué pasó con Pablo y María? Bueno, técnicamente son personas que no desean trabajar, es decir están “Fuera de la Fuerza de Trabajo”; en el caso de Pablo, su nivel de desmotivación llegó a tal punto, que ahora no busca trabajo, no estudia y piensa vivir “de lo que pueda” (sí, literalmente). En cambio María, con una mejor visión, retomó sus estudios universitarios con la firme idea de que más adelante cuando los concluya, podrá obtener un mejor puesto de trabajo en comparación al que ostentaba hasta hace poco. La diferencia entre ambas decisiones es abismal.
Ahora bien, la realidad nacional no dista mucho del ejemplo anterior y en consecuencia esconde un problema mayor. Es así que la disminución en la tasa de desempleo abierto en el último año se debe a una contracción de la fuerza de trabajo y no a una mayor cantidad de personas ocupadas en el país. En el último año, la cantidad de personas en edad de trabajar -de 15 años y más- pero que por alguna razón no desean hacerlo (están “fuera de la fuerza de trabajo”), aumentó en cerca de 210 mil, en su mayoría adultos mayores y jóvenes, por cuanto de estas 210 mil personas, 68 mil son mayores de 60 años (el 32%) y 57 mil son jóvenes entre los 15 y 24 años (el 27%).
¿Y por qué razones podrían estar saliendo algunas personas del mercado laboral?
Una respuesta estaría relacionada con el proceso de envejecimiento de la población que ha hecho que una parte de la fuerza de trabajo acuda a su jubilación, presionando aún más los sistemas de pensiones (otro gran tema país).
Otra respuesta podría ser la dificultad que tienen muchas personas de encontrar un empleo en una economía que a pesar de que genera puestos de trabajo, estos requieren cierto nivel de cualificación y/o especialización. Problemas estructurales.
Y por último, siendo esta la razón que se desea enfatizar, porque hay una mayor cantidad de jóvenes que se dedican sólo a estudiar, lo cual desde luego está muy bien (en el último año la cantidad de jóvenes entre 15 y 24 años que sólo estudian aumentó en cerca 31.000); pero también, porque hay un aumento en la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan (23.292 jóvenes más en el último año).
En síntesis, la mejora relativa en algunos indicadores del mercado laboral responde a una reducción en el tamaño de la fuerza de trabajo, lo que esconde un problema de gran importancia, como es el incremento en la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, ya que de mantenerse este panorama, el país está empeñando seriamente su futuro y desde luego el de todos estos jóvenes; así como propiciando el caldo de cultivo para acrecentar las desigualdades sociales.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.centralamericalink.com
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación, UNA.
Durante los últimos 18 años, diferentes organizaciones y personas del sector ambiental hemos dado una muy fuerte lucha por evitar proyectos de infraestructura de gran escala dentro de nuestras zonas de conservación absoluta, como son los Parques Nacionales y Reservas Biológicas y por mantener el ecoturismo, la investigación y la educación ambiental como los únicos usos permitidos en estas áreas, según lo establece la legislación ambiental actual. Desde el año 1998 aproximadamente, han sido reiterativos y sistemáticos los esfuerzos de diferentes sectores por abrir estas áreas protegidas al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, sobre todo de tipo energético. Este aspecto, como recordarán, fue uno de los puntos ambientales fundamentales en la lucha contra el Combo ICE en el año 2000 y que al final logramos ganar.
Han sido múltiples los intentos vía proyectos de ley para buscar modificar la legislación y autorizar la explotación comercial dentro de los Parques Nacionales. Las arremetidas contra estas áreas continúan hoy en día y probablemente continuarán en el futuro, buscando erosionar gradualmente su fundamento filosófico y su conceptualización histórica. No ha sido nada fácil poder seguir manteniendo estas áreas protegidas para la conservación absoluta ante las presiones crecientes de sectores desarrollistas y liberales. La protección inalterada de ese 12% del territorio nacional que comprenden esas áreas lo hemos sostenido entre todos, y debemos seguirlo sosteniendo en el futuro.
Debe entenderse que conservación absoluta no significa vitrinas intocables donde no se permiten del todo las actividades humanas, sino áreas que por su importancia ambiental, ecológica o paisajística, limitan o restringen a un mínimo dichas actividades, usualmente en la línea del turismo ecológico y la investigación.
En estos momentos, tres proyectos de ley amenazan seriamente la estabilidad y futuro de estas áreas silvestres protegidas:
El proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (expediente 17742), en su artículo 64.
El proyecto de ley para autorizar al ICE a desarrollar proyectos geotérmicos dentro de Parques Nacionales en Guanacaste (expediente 19233)
El proyecto de ley para modificar la ley general de caminos públicos y permitir la construcción de carreteras en todas las áreas silvestres protegidas, incluyendo Parques Nacionales (expediente N° 19899)
En cuanto al Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, el artículo 64 del mismo autoriza al AyA a desarrollar proyectos de acueductos dentro de todos los Parques Nacionales y Reservas Biológicas del país.
ARTÍCULO 64.- Aprovechamiento de aguas en áreas silvestres protegidas
“Por razones de interés público declarado para el abastecimiento poblacional, podrán otorgarse permisos de uso de agua cuya toma se encuentre dentro de un área silvestre protegida. En áreas silvestres de protección absoluta se prohíbe el otorgamiento de permisos y concesiones, salvo los permisos que se podrán otorgar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para el abastecimiento poblacional, cuando mediante estudio técnico se demuestre que no hay otra fuente alternativa disponible”. (El subrayado no es del original).
Algo que en principio no pareciera significativo, resulta enormemente relevante y de fondo. El peligro como en otras ocasiones, es el precedente que se está creando, al socavar o erosionar el concepto que ha imperado de los Parques y Reservas Biológicas como zonas para la conservación absoluta, algo que podríamos denominar como “erosión conceptual”.
Hay que entender que un proyecto de acueducto puede ser desde una simple toma de aguas con una pequeña tubería, hasta un proyecto de gran escala que incluya estructuras de concreto para la toma, desarenadores, plantas de tratamiento, lagunas de oxidación, tuberías de diámetro considerable, canales, caminos de acceso, movimientos de tierra, entre otros, es decir, hablamos de obras de infraestructura de gran escala. Además el hecho de que la autorización sea solo para el AyA y en los casos donde no haya otra opción disponible, no le resta ni magnitud ni relevancia al grave precedente que se está creando. Es una apertura, un cambio de paradigma, una nueva conceptualización de estas áreas silvestres protegidas, el inicio de esa erosión conceptual antes señalada, significa en el corto plazo, una nueva visión de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas, en el largo plazo, representa sin duda la destrucción física de estas áreas.
Este planteamiento, por exagerado y alarmista que pueda parecer, tiene toda una lógica de fondo, que trataré de explicar brevemente. ¿Por qué es tan peligrosa esa apertura? Porque roto el paradigma, después de los proyectos de acueductos, vendría la geotermia (como se verá más adelante), después seguirían las hidroeléctricas, luego la explotación forestal, con sus planes de manejo “sostenibles”, el turismo de gran escala “sostenible”, las carreteras, el gas natural o el petróleo y hasta la minería, todo desarrollado bajo supuestos conceptos y perspectivas de sostenibilidad. Como ustedes bien saben, ahora casi todo puede etiquetarse como sostenible, no es difícil, así que esa no es ninguna garantía. De seguir ese rumbo, a mediano plazo, de los Parques Nacionales como los conocemos hoy en día, no quedaría más que el recuerdo.
Se aduce que todos esos proyectos se desarrollarían siguiendo las mejores normas y prácticas ambientales. Llevo 20 años trabajando en el área de planificación eléctrica del ICE, gran parte de ellos en estudios ambientales y conozco perfectamente los niveles de afectación de los proyectos de infraestructura, por más sostenibles que sean. A pesar de los esfuerzos y logros a nivel de país, estamos muy lejos de lograr un verdadero desarrollo sostenible fuera de las áreas protegidas, basta con ver el modelo de desarrollo depredador y expansionista que en general domina nuestro país, tanto en ciudades como en zonas rurales, para comprender que estamos inmersos en un patrón de crecimiento insostenible, confirmado por los estudios e informes del Estado de la Nación. Bajo ningún concepto deberíamos exportar ese modelo y esa visión de desarrollo sostenible que vemos en nuestras ciudades y campos a nuestros Parques Nacionales, hacer eso sería firmar la sentencia de muerte de estas ASP. Permitir peligrosos precedentes legales, va en el camino de la exportación gradual de ese modelo destructivo.
El proyecto Reventazón del ICE, recientemente construido, es un proyecto hidroeléctrico de gran escala realizado, con un alto nivel de cumplimiento de criterios y aspectos de sostenibilidad, puede decirse un proyecto modelo en calidad ambiental a nivel nacional e internacional. Sin embargo, no quisiera pensar en un proyecto como ese dentro de un Parque Nacional o una Reserva Biológica, inimaginable, pero lamentablemente hacia eso iríamos con estas aperturas.
Los proyectos geotérmicos Miravalles y Pailas, también del ICE, se han desarrollado en forma bastante armoniosa con el ambiente, y algunas zonas de los proyectos presentan con el tiempo una recuperación forestal y ecológica importante, sin embargo uno no quisiera ese tipo de desarrollos dentro de los Parques Nacionales, mucho menos en forma generalizada. Sería lamentable en el futuro ir caminando por un Parque Nacional y tener que encontrarse con tuberías de gran tamaño, pozos emanando vapor, casas de máquinas, caminos de penetración, tomas de aguas u otras estructuras, por muy “sostenibles” y ambientalmente bien manejadas que sean. La mayoría de los costarricenses no quieren este cambio radical en la conceptualización de estas áreas protegidas. Parques Nacionales y Reservas Biológicas son sinónimo de naturaleza y paisajes inalterados, y esa visión debería prevalecer en el futuro.
Un caso típico de lo que ha significado el desarrollo sostenible dentro de áreas protegidas lo constituye el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, en la zona Atlántica. En sus inicios, era un verdadero refugio, con poca intervención humana. Poco a poco se fue cargando de permisos, concesiones, planes de manejo, etc. Hoy es poco lo que queda de ese refugio. Podemos tener la certeza de que eso mismo pasaría en los Parques Nacionales, si seguimos la ruta de exportar desarrollo sostenible a los mismos.
Igualmente hay muchas otras zonas del país, hasta hace poco con áreas boscosas y con gran valor ecológico, que han tenido que ceder ante ese supuesto “desarrollo sostenible” y hoy son sitios en franca degradación ambiental. Por eso, no debemos aceptar ni quedarnos tranquilos con que nos digan que van a desarrollar los proyectos de infraestructura dentro de los Parques bajo los principios del desarrollo sostenible y con las mejores prácticas ambientales, sencillamente porque el desarrollo sostenible, como es entendido y puesto en práctica hoy en día, es incompatible con la visión, objetivo y concepto de los Parques Nacionales como los hemos establecido y respetado hasta ahora, como zonas para la conservación absoluta.
Al final, como puede deducirse por lo planteado, todo se limita a algo muy simple: el concepto de Parque Nacional que se tenga, eso es todo, y es una decisión país fundamental, no una decisión de unos pocos ni de un sector. La gran pregunta que todos debemos hacernos es: ¿Cuál es el concepto de Parque Nacional que queremos para el futuro? ¿Queremos mantener el concepto que ha imperado hasta ahora, fundamentalmente para la conservación, con todos los beneficios ambientales y económicos que esto ha significado, o por el contrario queremos un cambio , como afirman algunos, hacia un “concepto moderno de Parque Nacional”, que permita proyectos de infraestructura de tipo sostenible. Creo que después de lo explicado anteriormente, no es difícil entender el significado y connotación que tiene la palabra “moderno” en este caso.
De las cosas más graves de todo esto es que ese artículo 64 del proyecto de ley del recurso hídrico no estaba en el proyecto original que se presentó por iniciativa popular, publicado en La Gaceta el 13 de octubre del 2009; el mismo fue introducido posteriormente, lo cual no es correcto desde ningún punto de vista. No se vale cambiar el proyecto de ley original en un tema tan relevante y fundamental para el país como es la apertura generalizada de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas al desarrollo de proyectos de infraestructura. Un cambio de esa magnitud, merece una amplia discusión nacional sobre el tema, nunca meterlo en la forma inconsulta en que se hizo. Eso es una barbaridad, y constituye sin dudas un engaño al pueblo y a todos los que apoyaron el proyecto de iniciativa popular. Algo tan grave sencillamente no se puede dejar pasar.
Por otra parte, el citado artículo 64 del proyecto de ley es totalmente innecesario, dado que la legislación ambiental vigente, por medio del artículo 38 de la LOA, considera ya la posibilidad de reducir la superficie de las áreas protegidas (desafectar áreas), tal y como se está haciendo con la Reserva de Lomas de Barbudal, para el proyecto de agua potable de Río Piedras. Nuestros legisladores en los años 80’s, en forma muy visionaria, previeron ya la posibilidad de que para casos específicos y de conveniencia nacional, se pudieran modificar algunos límites de las ASP, dejándolo plasmado en la legislación. Entonces, si el AyA tiene identificadas poblaciones que necesariamente requerirían captar agua de Parques Nacionales o Reservas Biológicas, puede hacerlo vía artículo 38 de la LOA, para cada caso específico, y reponer las áreas afectadas por otras equivalentes, para mantener la integridad superficial de estas áreas protegidas. No se requiere entonces impulsar una apertura generalizada de todos los Parques Nacionales y Reservas Biológicas como lo hace el proyecto, esta es totalmente innecesaria y altamente riesgosa.
Pero, como se indicó, el proyecto de ley de gestión del recurso hídrico no es la única amenaza para los Parques Nacionales, ya que existe otro proyecto de ley en trámite (expediente 19 233), para autorizar proyectos geotérmicos dentro de Parques Nacionales y otras áreas protegidas en las áreas de conservación Guanacaste y Arenal, impulsado por los diputados Otón Solís y Javier Cambronero, del PAC, que espera en fila para ser discutido, y contra el cual también tendremos que dar la lucha en corto tiempo. Es increíble que esto venga del partido que prometió en campaña no apoyar este tipo de aperturas en Parques Nacionales. En un foro en la UCR al final de la campaña política, la actual viceministra de ambiente, Patricia Madrigal, ante una consulta personal que le hice, confirmó categóricamente ese compromiso. Pero parece que en este tema, por lo menos en lo que concierne a estos dos diputados, ese compromiso no vale y entonces “con Costa Rica si se juega”. Hay varias cosas que se podrían criticar a este Gobierno, pero la mayor de todas es la incongruencia entre lo que se prometió en campaña y lo que se está haciendo en algunos campos, este es un claro ejemplo de ello. Lo que sí es definitivo es que la lucha por la defensa de los Parques Nacionales, parafraseando a don Pepe, es “la lucha sin fin”, y ahí seguiremos, defendiendo principios y valores de lo que creemos firmemente que es lo correcto.
Y como si esto fuera poco, aparte de estos dos proyectos, ya se nos anuncia una nueva amenaza, una puñalada más, otro proyecto de ley para permitir carreteras de todo tipo dentro de las áreas protegidas, incluyendo Parques Nacionales. Este es el expediente N° 19899 que pretende modificar la ley general de caminos para flexibilizar las restricciones y permitir al MOPT construir caminos y carreteras libremente dentro de todas las ASP. Véase entonces que la posición que asumimos no es exagerada ni alarmista, hay amenazas evidentes y letales en contra de los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas. No estamos inventando ni viendo fantasmas que no existen, la intención es más que clara y los resultados los sufriremos nosotros y las futuras generaciones.
En lo que respecta al proyecto de ley del Recurso Hídrico, es una lástima, porque el mismo presenta muchos aspectos positivos para una gestión integrada y participativa del recurso. Reconozco el enorme esfuerzo que personas y grupos han hecho para impulsar este proyecto de ley, y la necesidad que tiene el país de contar una nueva legislación en materia de recurso hídrico, pero su aprobación no debe darse nunca a costa de algo tan importante y valioso como nuestros Parques Nacionales y Reservas Biológicas.
Se vienen tiempos muy duros para las áreas silvestres protegidas, con arremetidas muy fuertes de sectores desarrollistas y economicistas, que solo pueden ver recursos para la explotación comercial o industrial dentro de estas áreas. Eso aparte de todos los problemas ya conocidos que enfrentan estas áreas, como cacería ilegal, saqueo de madera, narcotráfico, minería de oro, condiciones de los guarda-parques, calidad de las instalaciones, entre otros. El sector ambiental de nuestro país debe actuar unido y comprometido para enfrentar todos estos ataques.
En épocas en donde se habla de la necesidad de cambios, cambiemos para mejorar, para lograr estados de mayor armonía, de respeto a la naturaleza y de verdadero manejo sostenible. Por el contrario, cambios para autorizar cada vez más permisos para obras de infraestructura dentro de Parques Nacionales, como el que proponen los proyectos de ley señalados, no van en la línea de fortalecer y mejorar los Parques Nacionales, los van a destruir, como concepción filosófica y como ecosistemas.
Compañeros y compañeras, compatriotas, muy respetuosamente los invito a oponerse categóricamente a que este proyecto de ley del recurso hídrico se apruebe incluyendo esa dañina y destructiva apertura generalizada de nuestros Parques Nacionales y Reservas Biológicas y que hagamos los esfuerzos para lograr los cambios necesarios en el texto. Se escuchan ideas y propuestas Y con mucha sinceridad lo digo, si no puede cambiarse ese artículo 64 del proyecto de ley para que no afecte Parques Nacionales, lo mejor que puede pasar, por el beneficio del país, es que el proyecto de ley no se apruebe del todo. Igualmente los motivo a oponerse categóricamente a los otros proyectos de ley que pretenden autorizar proyectos de geotermia (19233) y de carreteras (19899) dentro de Parques Nacionales. No puedo esperar menos que una reacción fuerte y decidida del sector ambiental para enfrentar este atropello contra uno de los tesoros naturales más grandes con que cuenta nuestro país, patrimonio de las actuales y futuras generaciones.
Así como Martin Luther King, tengamos todos un sueño, que los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas de este país, puedan ser conocidos, apreciados y disfrutados por todos sus visitantes en el futuro, como zonas para la naturaleza y el paisaje inalterado, con todas sus maravillas y misterios, del mismo modo que nosotros lo hemos hecho todos estos años. Qué estas áreas silvestres protegidas se conviertan en un verdadero factor de crecimiento y superación personal y social, que colaboren en el surgimiento de una nueva conciencia y sensibilidad para la transformación gradual del estilo de vida en nuestro país y en el planeta.
Imagen de portada con fines ilustrativos.
Compartido con SURCOS Digital por Marcos Chinchilla Montes.
Inflación controlada, crecimiento superior al de nuestros socios comerciales, déficit fiscal menor al esperado, tasas de interés a la baja y fuerte posición de reservas; son muy buenas noticias económicas para el país, sin embargo, el alto nivel de desempleo, creciente nivel de deuda pública y alto endeudamiento en dólares, son los retos más importantes que debemos sortear en lo que queda de este año y el que viene, según la Revisión del Programa Macroeconómico 2016-2017 difundida recientemente por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
En cuanto a la inflación dos elementos positivos llaman la atención: las expectativas se han mantenido por 15 meses dentro del rango meta establecido por el Banco, y quizás este año no sea negativa. Lo primero significa que en el mediano plazo los precios dejarán de subir tanto como hace unas décadas, porque los agentes económicos creen que así será (profecía autocumplida), mientras que lo segundo es una buena noticia para la mayoría de los costarricenses que tenemos deudas, pues implica una baja en las tasas de interés reales y un estímulo al consumo, crecimiento y empleo. El BCCR espera que el año entrante la inflación se ubique más cerca de la meta (± 3%) por aumentos en el precio del petróleo y recuperación económica internacional, visión algo optimista pero funcional en términos de motivos para no inyectar más liquidez a la economía nacional.
En términos de crecimiento, el motor de la economía sigue siendo el consumo interno pero ahora se suman buenas noticias por parte de la demanda externa. Sectores como el agrícola y el industrial que habían venido rezagados del resto, finalmente están viendo la luz al final del túnel, gracias a menores eventos climáticos y el auge del sector de dispositivos médicos en sustitución del de componentes electrónicos. Sin embargo, como el mismo informe reconoce, aún no alcanzamos el crecimiento potencial. Y si bien crecemos más que los países con los que comerciamos, las tasas son insuficientes para reducir los niveles de desempleo y pobreza, se espera que la situación sea muy similar en 2017.
Uno de los principales cambios en las proyecciones del BCCR, es la perspectiva de déficit fiscal al cierre de 2016, si el gobierno sigue el curso mostrado en el primer semestre, será de 5.7% del PIB, levemente menor al de 2015. El cambio se debe en buena medida al trabajo del Ministerio de Hacienda en materia de ingresos tributarios, pues la variación interanual fue de 10.3% (los ingresos por impuestos sobre ingresos y utilidades crecieron 16%). La proyección no incluye efectos por aprobación de nuevos impuestos, por lo que si el Congreso finalmente acuerda algo, el resultado podría mejorar.
Otro aspecto positivo es que el BCCR aún encuentra margen para una reducción de las tasas de interés en colones, considera que el cambio de metodología que implementó en febrero de este año, así como la reducción de la tasa de política monetaria, han contribuido en esta línea, y lo seguirán haciendo.
Por otra parte, el informe llama la atención sobre elementos que podrían dar al traste con la recuperación de la economía, entre ellos el creciente nivel de deuda pública, fenómenos climáticos, débil crecimiento internacional, y volatilidad en el precio de las materias primas. De ellos los ticos deberíamos ser capaces de resolver al menos uno, el de la insuficiencia de ingresos por parte del Estado para cubrir sus obligaciones, el resto está fuera de nuestras manos.
Finalmente, el informe del Banco no esconde la precaria situación del empleo, reconoce que si bien en el primer trimestre del año la tasa de desempleo bajó a 9.5%, esto se debió a una reducción de la población económicamente activa, es decir, a que cada vez más personas dejan de buscar trabajo. Aunque sectores como comercio, comunicación y otros servicios están creando empleos, la caída en los demás arroja un balance negativo. Aquí el Banco ha dicho reiteradamente que su aporte es muy limitado, se circunscribe a brindar confianza para que el sector privado aumente la inversión productiva. Discrepamos, para empezar podría centrarse en acelerar el ritmo de reducción de las tasas en colones, para así desincentivar el endeudamiento en dólares, antes que encarecer el crédito en moneda extranjera. Adicionalmente, recordemos que llevamos 12 meses consecutivos de inflación negativa, cosa que no debería ocurrir pues implica un aumento en las tasas reales, en otros países (y aquí mismo en otra época) los bancos centrales han aumentado la meta de inflación de corto plazo para promover el consumo, la producción y el empleo.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.entornointeligente.com
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación, UNA.
Al aprobarse hace una década, la Ley de Iniciativa Popular (Nº 8491) era para algunos diputados, una gran oportunidad para que se ampliara la democracia, para que el Soberano, el pueblo representado en al menos un 5% del padrón electoral, pudiera presentar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. Antes de ello, no era posible que por esa vía, los señores diputados se vieran en la obligación de votar un proyecto de ley generado por ese mecanismo.
Así ingresó en el 2010 el proyecto de una nueva LEY DE AGUAS, acompañado por más de 150.000 firmas avaladas por el TSE, en hojas que decían en su encabezado, que el proyecto garantizaba “el derecho humano de acceso al agua potable EN CANTIDAD Y CALIDAD para las presentes y futuras generaciones”. Así fue fácil recolectar más firmas que el mínimo necesario.
Pero, las decenas de miles de ciudadanos que firmaron por ese proyecto, no se preocuparon de lo que diría EL TEXTO que se entregaría al Directorio Legislativo, y que, de acuerdo con la Ley, se votaría en un plazo máximo de DOS AÑOS. La buena fe de los que firmaron era tal, que jamás se imaginaron el VIL ENGAÑO que se estaba gestando a sus espaldas.
Pues resulta que a punto de finalizar el plazo de los dos años, los diputados de la Comisión de Ambiente corrieron para dictaminarlo y enviarlo al Plenario Legislativo para su votación. Carrera en la cual “olvidaron” algo fundamental, algo elemental, algo lógico, explicado por los señores magistrados Fernando Cruz y Gilbert Armijo, al responder una consulta legislativa.
Dicen: “no es constitucionalmente admisible que el legislador, con ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto, que impliquen SU DESNATURALIZACIÓN, como ha sucedido en este caso. De la comparación entre lo que establecía EL PROYECTO ORIGINAL con el proyecto QUE FUE APROBADO en primer debate, se observa, muy claramente, que hubo un exceso del legislador, al variar aspectos sustanciales sobre las medidas de las áreas de protección, que implicaron una evidente VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONEXIDAD”.
Y es que no podía haber sido de diferente manera, pues los señores diputados de comisión y los que lo aprobaron en Primer Debate el lunes 31 de marzo del 2014, obviaron que el “DERECHO DE ENMIENDA” ejecutado en proyectos de ley regulares, NO es posible practicarlo cuando se trata, por ejemplo, de convenios internacionales y aquellos regidos por la Ley de Iniciativa Popular. Y en estos últimos con mayor razón, porque podría suceder que al hacerle cambios sustanciales que lo afectaren negativamente (como sucediera en este caso) se desnaturalizaría TODO EL CONCEPTO DE LA INICIATIVA POPULAR. Podían, los señores diputados, aprobar o improbar el proyecto que les sometió para su votación el Soberano, pero no podían “aprovecharse” de él para, según intereses antidemocráticos, cambiarlo como producto de “UNA NEGOCIACIÓN”. Hacer tal cosa, haría aumentar la DESCONFIANZA que se tiene en la institución legislativa. La democracia ha de ser una realidad, no un “saludo a la bandera”. Mas, sin embargo, así lo hicieron.
Sin necesidad de entrar en detalles de la violación flagrante al desdeñado “Principio de Conexidad” que ha de existir entre la voluntad de los que firmaron en las hojitas, y lo que eventualmente se aprobaría (como por ejemplo el HABER ELIMINADO la expresión “EN CANTIDAD Y CALIDAD ADECUADAS” en el Principio sobre el acceso al agua como un Derecho Humano, y la inserción del agua como “BIEN ECONÓMICO” en lugar de “BIEN SOCIAL”) la misma comisión legislativa en su dictamen, LE CONFESÓ cándidamente al Plenario Legislativo algo insólito.
LE DIJERON: “Antes de aprobar EL TEXTO SUSTITUTIVO, las y los legisladores que formamos parte de la comisión dictaminadora promovimos un ACUERDO POLÍTICO intersectorial, donde participaron, entre otras organizaciones, la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA), la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), la Alianza de Redes Ambientales (ARA), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales (Upanacional). También participó el Poder Ejecutivo”.
O sea, confiesan con una desfachatez superlativa, que el texto ingresado con las decenas de miles de firmas fue sustituido, FUE DESECHADO, que el que se votaría fue producto de una negociación con entes privados y políticos. Que, en otras palabras, SE HABÍA ENGAÑADO a los ciudadanos que creyeron estar participando de una nueva forma de participación democrática en la elaboración de las leyes.
Hoy, siguiendo ese mal “ejemplo”, hay algunos diputados que quieren no solo aprobarlo así, sino además, HACERLE MÁS CAMBIOS al “texto sustitutivo”. Cabe recordar que al aprobarse la Ley de Iniciativa Popular a inicios del 2006, algunos legisladores expresaron que ellos hubieran preferido que los proyectos ingresados por esa vía, se pudieren modificar como cualquier otro proyecto. Pues, aunque sus propuestas NO fueron acogidas, diputados actuales están actuando cual si eso se hubiere aprobado de esa manera, mal sustentados en “dictámenes” jurídicos “jalados del pelo”, que solo servirán para hacer más grande el embrollo. Para ellos, lo que importa es aprobar el proyecto de la nueva Ley de Aguas, aunque éste sea IMPOPULAR E INCONSTITUCIONAL por su forma y su fondo.
TRISTE FINAL para la bien intencionada Ley de Iniciativa Popular, pues con lo sucedido, la misma Asamblea Legislativa se han encargado de “AHOGAR” una legislación que prometía ser un mecanismo efectivo de acercar al Soberano, al pueblo que ha de respetarse, a la Asamblea Legislativa, a través de un mecanismo que le permitiría participar directamente en el Primer Poder de la República. A partir de ahora, muy pocos, O QUIZÁ NADIE, estaría dispuesto a sumar su valiosa firma en un proyecto semejante.
«El grado de civilización de una sociedad se mide entrando a sus cárceles”, Fiódor Mijailovich Dostoyevski
Medios de prensa han anunciado en estos recientes días la decisión del juez Roy Murillo Rodríguez en Costa Rica de ordenar al Estado el cierre definitivo de la Unidad de San Sebastián, por tratarse de una verdadera «jaula humana» (ver nota de La Nación). En esta otra nota del medio digital CRHoy, se precisa que las autoridades de Costa Rica deberán reubicar a más de 1260 personas privadas de libertad.
El jurista Roy Murillo Rodríguez es un juez ejecutor de la pena: se trata de una figura legal que no necesariamente existe en todas las legislaciones penales, y que permite a quienes ostentan este cargo, proceder a visitas regulares a centros de detención, como parte de sus funciones.
Recordemos que hace tres años, se leyó por parte de otra entidad pública costarricense a cargo de visitas regulares a los centros de detención en Costa Rica (pero ajena al sistema judicial) que: «La Defensoría de los Habitantes consideró que las cárceles costarricenses “son depósitos de personas” que violan la dignidad humana tanto de reos, como del personal técnico y de seguridad. Así se consignó en el informe anual sobre la situación en el 2012, del sistema penitenciario, trabajo elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría» (ver nota de La Nación del 28 de mayo del 2013).
Políticas de “mano dura”, “mano firme”, y leyes altamente represivas en Costa Rica adoptadas hace algunos años, así como el uso abusivo de la detención preventiva ante la presión ejercida por los medios de comunicación, explican, al menos en parte, el problema de hacinamiento actual que sufre el sistema carcelario costarricense (y en particular la Unidad de San Sebastián). Con relación a la detención preventiva, se lee en una reciente nota publicada en Perú en el sitio Ius360, algunas valoraciones que pueden aplicar a la situación de algunos jueces costarricenses: “Coyuntura y realidad nacional: En muchos casos, los magistrados de los juzgados de investigación preparatoria tiene un rol provisional en la jerarquía judicial; con lo cual, esperan cumplir con la exigencia social de aplicar “mano dura” contra la delincuencia y temor al escándalo mediático. Medios de Comunicación: Es común que los medios de comunicación ataquen tanto al propio Estado como a los operadores de justicia en su accionar; más aún si este accionar no es acorde con lo esperado por el común de las personas (no siempre lo legalmente correcto o debido)”.
El mismo juez Roy Murillo Rodríguez, en una entrevista del 2014 con la periodista Natalia Rodríguez Mata, recordaba que mientras la tenencia de droga se sanciona en España con 4 o 5 años, 3 años en Argentina, el mínimo impuesto en Costa Rica es de 8 años (ver entrevista en YT, del Programa Sobre la Mesa, Canal 15 UCR, emisión del 19/06/2014, “Política Carcelaria en Costa Rica”, Minuto 21:00).
La luz de una visita ante la oscuridad rampante
Como es bien sabido, tradicionalmente las cárceles de un Estado constituyen lugares sombríos, mantenidos voluntariamente en una suerte de oscuridad institucionalizada: la única ventana de esperanza para los que en ellos cohabitan a diario, es la luz que puede arrojar la visita de un ente fiscalizador externo al sistema carcelario como tal. Precisamente, entre 1991 y el 2002, Costa Rica lideró exitosamente duras negociaciones en el seno de las Naciones Unidas: estas culminaron con la adopción, el 18 de diciembre del 2002, en Nueva York, de un novedoso instrumento internacional, bajo la forma de un protocolo facultativo. El objetivo de este tratado arduamente negociado (y cuya adopción se dio mediante un inusual voto, con tan solo cuatro votos en contra: Estados Unidos, Islas Marshall, Nigeria y Palau) es el de prevenir significativamente los malos tratos y la tortura en los centros de privación de libertad con base en un sistema de visitas regulares a lugares en los que, por alguna razón, personas se encuentran privadas de su libertad. Remitimos a nuestro lector a la descripción detallada de dicho proceso de negociación internacional en el que Costa Rica puso a disposición de este instrumento lo que posiblemente haya sido el mejor equipo de su aparato diplomático en muchos años (ver páginas 50-73 de esta publicación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos – IIDH).
El sistema establecido en este instrumento internacional consta de un mecanismo internacional (el Subcomité para la Prevención de la Tortura o SPT) y uno nacional, el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que cada Estado Parte debe establecer en función de su marco normativo e institucional.
En el caso de Costa Rica, Estado que ratificó el Protocolo en el 2005, el MNP es un órgano adscrito directamente a la Defensoría de los Habitantes (u Ombudsman) creado mediante la ley 92014 adoptada en febrero del 2014 (ver sitio oficial del MNP). En su informe de labores del 2014 (ver texto completo), el MNP de Costa Rica concluye recordando las serias limitaciones con las que desempeña sus labores: “Se reitera que el MNPT adolece de una infraestructura (oficina) adecuada y suficiente para desarrollar su trabajo, lo cual representa un problema, debido a que no se tiene espacio para alojar a los (as) dos funcionarios (as) nuevos (as), para lo cual se deberán tomar medidas emergentes. De tal manera, para el presupuesto del año 2016, se solicitarán los recursos correspondientes para la construcción de las oficinas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura” (p. 59).
A al momento de redactar estas líneas, el Protocolo Facultativo cuenta con 81 Estados Partes (ver estado oficial de firmas y ratificaciones). Mientras que, con excepción de Belice, los demás Estados anglófonos del hemisferio americano (incluyendo a Canadá y a Estados Unidos) se mantienen distantes de dicho instrumento, en América Latina, faltan al llamado Colombia, Cuba, El Salvador, Haití y República Dominicana (Estados que, al igual que los precitados Estados anglófonos, no han considerado oportuno ni tan siquiera suscribirlo); así como Venezuela, que lo ha firmado más no ratificado.
Imagen extraía de portada de publicación sobre la implementación del Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, (APT/Suiza).
De algunas iniciativas novedosas
Mencionemos que el tema de la privación de libertad ha generado desde varios años en Costa Rica valiosas iniciativas por parte de algunas entidades sociales y personas, en particular en el ámbito cultural y artístico: ver por ejemplo esta nota del 2014 sobre presentación en la Alianza Francesa de un poemario, así como esta nota sobre encuentro sobre danza y cárceles del 2011 y el artículo de la Revista Perfil » El arte, redescrubiendo a los privados de libertad» del 2011. En una reciente entrevista a una poeta costarricense galardonada en el 2016 en España, Paola Valverde Alier (ver nota ), se lee que: “Me tocó trabajar durante cuatro años dando clase de poesía en una cárcel de hombres aquí en Costa Rica. Tenía 17 años y me acompañaba mi mamá al no tener cédula”. En esta nota del 2006 de La Nación sobre otro espacio para la poesía en varias cárceles de Costa Rica, se lee que: “Uno de los grupos, integrado por Espinoza, Marenco, Valverde, Ilama y Mora, llegó al centro penal de Cocorí, ubicado en Cocorí, a las 9:30 a. m. Lo jóvenes regalaron cuatro rondas de poemas a más de 40 internos que se reunieron en el gimnasio de la cárcel. Con el lema de que «la poesía salva», Paola Valverde presentó a los invitados y, de inmediato, cada quien se lanzó con su artillería”. En una nota anterior, del año 2003, sobre los talleres de poesía de Paola Valverde Alier, se lee que: “Creo que es un espacio de formación muy importante porque amplía los horizontes de los privados de libertad. Ellos siempre están deseosos de aprender y muestran un gran interés en la materia, sus apreciaciones y sus comentarios son mucho más profundos que otros que he escuchado como profesor universitario”.
También merece mención la elaboración y venta de artesanías en exposiciones nacionales por parte de los privados de libertad (ver nota de CRHoy del 2013). Las posibilidades de trabajo de los privados de libertad fue objeto de una interesante tesis en el 2011 (ver texto completo ) de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR), por parte de la entonces estudiante Maricel Gómez Murillo, en cuanto a su alcance real en la práctica y las mejoras requeridas. Según el autor de otra tesis universitaria (ver nota publicada en el Semanario Universidad del 2013) «para los privados de libertad, la oportunidad de participar en la expresión creativa puede convertirse en una experiencia exitosa en cuanto a su rehabilitación y sus procesos de reeducación, pues se ha demostrado que el disfrute y los logros alcanzados propician una reintroducción al sistema educativo de muchos de ellos».
No obstante estas y muchas otras iniciativas que no dejan siempre rastro en medios de prensa, las condiciones de hacinamiento y el deterioro de la infraestructura están alcanzado niveles tan críticos en Costa Rica, que hacen a un lado estos esfuerzos, e interpelan al sistema carcelario costarricense y, más generalmente, a la sociedad costarricense como tal. La cárcel de San Sebastián no es la única en mantener altos índices de hacinamiento. Por ejemplo, en este artículo del juez Roy Murillo Rodríguez publicada en la Revista de la Maestría en Ciencias Penales en el 2014, leemos que: “en la cárcel de San José (San Sebastián) con espacio para 664 internos, hay 1191 –un 79,6% de hacinamiento, el más alto por centro penitenciario en estos momentos – y en San Carlos, con espacio para 442 personas tenemos a 763 sujetos – 72,6%. Peor aún, en este último recinto carcelario, en la unidad de indiciados, con espacio para 104 hay 236 personas, sea un hacinamiento del 126,9%” (p. 659).
Las razones alegadas por el juez Roy Murillo Rodríguez en el caso de San Sebastián
Luego de repasar de forma muy detallada la gran cantidad de sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica no acatadas por las entidades recurridas del Ministerio de Justicia a cargo de la Unidad de San Sebastián, y precisar, datos en mano, sus hallazgos en calidad de juez ejecutor de la pena, el juez Roy Murillo Rodríguez concluye que : «En definitiva la cárcel de San Sebastián es hoy una jaula humana deteriorante, aplastante y humillante y esa situación no puede ser tolerada por esta autoridad. El hacinamiento unido a las pésimas condiciones de infraestructura y la gravísima limitación para el acceso a luz y ventilación natural –nótese que se trata de una estructura de tres niveles donde los pocos espacios para la luz y el aire se han ido limitando por razones de seguridad al techar esos accesos- han convertido ese espacio carcelario en un calabozo gigante. Nos encontramos ante un evidente ejercicio de terror de Estado que no es válido en una Democracia y que no puede prolongarse sino que por el contrario se hace necesario cesar con urgencia. Ya no se trata solamente de un problema de hacinamiento sino de una infraestructura y condiciones penitenciarias deterioradas y lesivas de la dignidad humana. Son más de veinte años que la autoridad judicial ordinaria y constitucional ha esperado soluciones y la degradación y trato inhumano que esa cárcel impone no puede tolerarse bajo ningún motivo o razón. Conforme el pacto fundacional de la sociedad democrática costarricense, ni un solo ciudadano puede ser expuesto a condiciones degradantes y humillantes como las que impone el Centro de Atención Institucional de San José. ” (Véase “Medida correctiva de cierre definitivo del Centro de Atención Institucional de San José, N° 1023-2016” con fecha del 20 de julio del 2016, texto completo reproducido por DerechoalDia).
En la parte final y resolutiva de su resolución, se lee que: “Por lo tanto, conforme los artículos 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 33 de la Constitución Política, 51 del Código Penal, las Reglas Mínimas, los Principios y Buenas Prácticas para la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y el Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad, así como la Ley de Creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se ordena la clausura o cierre definitivo del Centro de Atención Institucional de San José, el que vencido el plazo de dieciocho meses a partir de la firmeza de esta resolución, no podrá funcionar más para la custodia de población penal institucionalizada, plazo que se otorga considerando los efectos y la crisis que generaría el cierre inmediato del centro penal, ordenándose a la autoridad penitenciaria que a partir de la notificación de esta resolución NO INGRESARÁ UN SOLO PRIVADO DE LIBERTAD MÁS a dicho Centro Penitenciario y en adelante, deberá asegurar el egreso –por resolución judicial que ordene libertad, por traslado a otros centros penitenciarios o a otros programas de atención- de al menos setenta privados de libertad cada mes, hasta su completo desalojo”.
Es menester indicar que una solicitud del mismo juez relacionada con la misma Unidad de San Sebastián, sólidamente respaldada desde el punto de vista técnico (ver nota de prensa publicada en La Extra), había ordenado en setiembre del 2013 que no se ingresará a más personas en San Sebastián (véase texto completo de las medidas correctivas del 24 de setiembre del 2013, reproducidas por DerechoalDia). Se leyó en aquel entonces por parte de la jurista Cecilia Sánchez Romero (quien ostenta desde el 2015 la cartera del Ministerio de Justicia en Costa Rica) que: «No permitamos hoy que la propia institución conspire contra esta garantía, pretendiendo someter a revisión la decisión de un juez de ejecución de la pena, que no ha hecho más que cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Un juez que resuelve con fundamento jurídico, con apoyo en normativa procesal, con sólido respaldo de pronunciamientos de la Sala Constitucional en la materia y, por supuesto, con un elemental sentido de humanidad» (ver nota publicada en DerechoalDia).
Sistema penitenciario ante escrutinio internacional
Se podría pensar que un espacio que se sitúa en las mismas entrañas de un Estado, como lo son sus cárceles, no interesa mayormente la esfera internacional. Es posiblemente lo que algunas autoridades estatales desearían, dejando a manos de entidades fiscalizadoras adscritas al mismo aparato estatal represor el examinar la situación que impera en ellas.
No obstante, la realidad es otra: la situación de los privados de libertad dentro de un Estado no escapa al ámbito del derecho internacional. Por ejemplo, cuando en materia de derechos humanos se menciona la lucha contra la tortura (o su prevención), se incluye también la lucha contra los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que violentan los principios más básicos de la dignidad humana: los malos tratos que lleguen a calificarse como inhumanos, o crueles, o degradantes, son tan violatorios como la tortura, razón por la que ambas expresiones son indivisibles y así consta en los numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos.
Los estándares internacionales, en particular los establecidos en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, así como la jurisprudencia en materia de integridad personal y privación de libertad (ver estudio) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen a ese respecto una útil guía para todos los Estados del hemisferio americano. En uno de sus fallos (caso Montero Aranguren y otros versus Venezuela ), la Corte Interamericana sentenció que: “el espacio de aproximadamente 30 centímetros cuadrados por cada recluso es a todas luces inaceptable y constituye en sí mismo un trato cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad inherente del ser humano y, por ende, violatorio del artículo 5.2 de la Convención” (párr. 89). Para dar otro ejemplo en América Latina, el Procurador General en Colombia, en el año 2003, ya advertía en un pronunciamiento (ver texto completo ) que: “De acuerdo con el parámetro internacional, cualquier sistema de reclusión o prisión que trabaje bajo condiciones de hacinamiento superiores a 20 por ciento (es decir, 120 personas recluidas por 100 plazas disponibles) se encuentra en estado de “sobrepoblación crítica”. Una situación de “sobrepoblación crítica” puede generar violaciones o desconocimiento de los derechos fundamentales de los internos” (p. 3).
Foto extraída de artículo de prensa del 2015 titulado «Hacinamiento en cárceles alcanza cifra récord de 51%», La Nación (Costa Rica), 11 de marzo del 2015
Recientemente, en el mes de marzo del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de la inspección in situ realizada por otro ente habilitado a realizar visitas, el Relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad, había hecho públicas sus recomendaciones al Estado costarricense sobre el deplorable estado en el que se encuentran sus cárceles. La Unidad de San Sebastián no escapó a dicho examen, al externar por parte del Relator de la CIDH que: “Asimismo, la Relatoría observó con suma preocupación las precarias condiciones de infraestructura y salubridad. En particular, la Relatoría constató la falta de ventilación en los dormitorios y el calor que prevalece en los mismos. De igual forma, en los diferentes pabellones visitados en la Cárcel de San Sebastián, la delegación de la CIDH observó la falta de privacidad en el uso de servicios sanitarios, así como la total ausencia de espacios para guardar objetos de tipo personal. La Relatoría también recibió diversos testimonios de los internos respecto a las dilaciones en sus procesos judiciales respectivos. Asimismo, expresaron quejas relacionadas con la supuesta falta de atención médica, en particular, sobre la demora en recibir dicha atención y la falta de servicios dentales» (ver texto del informe detallado reproducido en esta nota de nuestro blog).
Con relación a la detención preventiva, el órgano interamericano señaló que en vez de ser usado de manera excepcional, es la regla a la que recurren los jueces costarricenses en muchos casos, de manera abusiva. En su informe de marzo del 2016 sobre Costa Rica, sobre este preciso punto, se lee que: “… una persona privada de libertad en la cárcel de San Sebastián manifestó que “No nos investigan para detenernos. Nos detienen para investigarnos”. En la cárcel de San Sebastián, que alberga únicamente a internos en prisión preventiva, las autoridades penitenciarias informaron que el 34% de las personas salen de la cárcel a más tardar 15 días después de su ingreso, y que el 60% deja el penal en un periodo de 60 días; no obstante, refirieron también que en muchos casos la permanencia de los internos era “indefinida”, incluso personas que habían permanecido en el centro penitenciario por más de ocho años. De igual forma, las autoridades manifestaron su preocupación ante el “regular” uso de la prisión preventiva –que se reflejaría en que aproximadamente una tercera parte de personas en prisión preventiva permanece en la cárcel durante 15 días– y las consecuencias que su uso traería en el aumento del hacinamiento, el “desgaste económico” para el Estado, y el estigma en la vida de las personas. Por otra parte, una funcionaria judicial señaló que “la permanencia entre uno y tres meses de la mayoría de los reos demuestra que en realidad no se justifica la aplicación de [esta medida]”.
Gráfico publicado en el 2014 por el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de Costa Rica, órgano técnico adscrito a la Defensoría de los Habitantes, sobre el aumento vertiginoso de la tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en Costa Rica
Al analizar brevemente las recientes observaciones realizadas por otra entidad internacional, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al informe de Costa Rica, nos permitimos referir (ver nuestra modesta nota publicada en DerechoalDía del 10 de abril del 2016) a un aspecto que, según todo pareciera indicar, no despertó mayor interés por parte de la prensa nacional y mucho menos por parte de las autoridades costarricenses: «Finalmente, entre muchos de los señalamientos realizados, quisiéramos incluir en estas muy breves referencias lo que se lee en el punto 25 por parte del Comité de Derechos Humanos, y que ameritaría una explicación detallada por parte de las autoridades: “25. Preocupa al Comité que el Estado parte no haya proporcionado información sobre investigaciones y sanciones por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del orden en centros de detención y por miembros de la Policía, especialmente relacionadas con tortura y malos tratos (art. 7 y 10) ”.
A modo de conclusión: el resultado de advertencias desoídas
Sin lugar a dudas, la situación de las personas privadas de libertad se ha convertido en Costa Rica en un verdadero lunar en materia de derechos humanos. Recomendaciones de unos y otros no parecieran encontrar eco alguno ante un parco aparato estatal. Una obra que lleva el sello de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) publicada en el 2003 concluía ya que: “Mientras tanto, en lo que respecta a esta realidad tantas veces invisibilizada, todo indica que tras los muros de la prisión costarricense sigue prevaleciendo el “universo del no-derecho”, cimentado sobre la persistente devaluación de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad” (Nota 1). Una zona de “no derecho” en un Estado de Derecho constituye un señalamiento que, en buena teoría, debiera ser inmediatamente objeto de atención por parte de sus autoridades: en efecto, el “no derecho” desatendido tiende, usualmente, a extenderse.
En esta breve nota de Informa-tico publicada el 25 de junio del 2014, titulada «Día Internacional de la lucha contra la Tortura y los malos tratos La lucha contra la tortura y los malos tratos en Costa Rica», nos permitíamos concluir nuestras líneas con las palabras redactadas en el 2001 (es decir hace … 15 años) por el entonces Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica:
«Nuevamente, ante reclamos desatendidos y advertencias desoídas, se recurre a entidades internacionales, con una leve diferencia con relación a otras experiencias recientes: no se trata de víctimas o de comunidades indignadas por la desatención del Estado a sus legítimos reclamos, sino que se trata esta vez del mismo Estado costarricense procediendo a hacer un llamado a estas entidades internacionales… para forzarlo (¿forzarse?) a cumplir con exigencias mínimas en cuanto a condiciones de detención se refiere. Las consecuencias para un sistema penitenciario (ya colapsado) de las políticas represivas de las últimas administraciones debería de constituir un primer ejercicio al que se proceda, en aras de encontrar vías y soluciones duraderas a un problema que, lejos de circunscribirse a las paredes de una cárcel, afecta a la sociedad costarricense como tal. Ya en el año 2001 el Presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, Luis Paulino Mora alertaba: “Con mucha razón se ha dicho que el grado de verdadera democracia y libertad de un país puede medirse por el tipo de cárceles que tenga. Si ello es así, vergüenza nos da a muchos vernos en el espejo de cárceles desgarradas” (Nota 2).
Pese a esta y otras innumerables advertencias hechas, sea desde fuera de Costa Rica o desde la misma Costa Rica, sea desde el mismo sistema judicial, sea desde fuera del mismo, la situación ha ido empeorando. Con relación a las diversas sentencias judiciales relacionadas a la Unidad de San Sebastián, sería interesante verificar si no estamos ante un caso en el que el Estado costarricense se muestra particularmente renuente a acatar lo que le ordenan… sus propios jueces.
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Nota 1: Véase CHAN MORA G. y GARCÍA AGUILAR R., Los derechos fundamentales tras los muros de la prisión, CONAMAJ, San José, 2003, p. 214.
Nota 2: Véase MORA L.P., “Sobrepoblación penitenciaria y derechos humanos: la experiencia constitucional”, in CARRANZA E., (Coord.), Justicia Penal y sobrepoblación penitenciaria, San José, ILANUD, 2001, pp. 58-84, p. 84.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
La inflación refleja lo que sucede con los precios promedio en el país, no las situaciones particulares de cada hogar o persona.
La inflación en un país se mide a través de la variación en los precios de una cesta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares, en un periodo determinado. En Costa Rica se determina a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es un indicador estadístico calculado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Vale la pena señalar que el INEC es una institución que goza de autonomía funcional y administrativa, por lo que ningún gobierno de turno tiene injerencia sobre los resultados de los indicadores que ésta tiene a su cargo.
El IPC ha sido un buen indicador de lo que sucede con los precios y ha sido utilizado por muchos años como referente en los ajustes salariales, cálculo de tarifas, reajustes en alquileres, para estimar el poder adquisitivo de los salarios, entre otros usos.
La cesta del IPC se actualiza regularmente con el objetivo de que se incorporen los cambios en la estructura de gasto y de consumo de los hogares a través del tiempo. Debido a lo anterior, en cada actualización, algunos bienes y servicios salen de la canasta y otros ingresan; adicionalmente, se incorporan cambios metodológicos que son importantes para mejorar la calidad y la precisión del indicador. Las últimas actualizaciones se realizaron en el 2006 y en el 2015.
Actualmente, el IPC está compuesto por 315 bienes y servicios, cada uno con un peso o una poderación acorde a su importancia relativa dentro del consumo familiar; es decir, no todos los artículos tienen la misma importancia, unos tienen mayor peso que otros y, por tanto, su efecto sobre la inflación depende de dicho peso. Al sumar las ponderaciones de los 315 artículos, el resultado corresponde al 100%.
Dentro del IPC, los doce artículos de mayor peso, en orden descendente, son: compra de automóvil (representando el 5.17% del gasto de consumo de los hogares), alquiler de la vivienda (4.9%), gasolina (2.91%), servicio doméstico (2.61%), educación universitaria (2.60%), servicio de electricidad (2.5%), casado (2%), televisión por suscripción (1.57%), autobús urbano (1.48%), servicio de agua (1.41%), celular pospago (1.40%) y educación primaria (1.39%). De estos doce, entre enero y junio de 2016, la gasolina es la que más ha bajado de precio (-7.4%), mientras que los mayores aumentos se han presentado en educación primaria (+5.5%) y educación universitaria (+4.7%).
Adicionalmente, al analizar la evolución de los precios, en el mismo periodo, por artículo, se observa que el 51.7% ha aumentado de precio, el 4.8% ha mantenido su precio y el 43.5% ha bajado. Los diez que más han subido de precio son: limón ácido, cebolla, apio, naranja, vainica, aguacate, medicamentos contra la hipertensión, servicio telefónico celular prepago, repostería, medicamentos contra el dolor. Y los diez que más han bajado: huevos, chile dulce, plátano, papa, frijoles, diesel, culantro, papaya, pañal desechable, gasolina.
Si se analiza la inflación por grupos, los que han presentado una mayor disminución en los precios son: Alimentos y bebidas no alcohólicas (-1.96%), Prendas de vestir y calzado (-1.67%) y, Transporte (-1.64%). Por su parte, los de mayor aumento son: Educación (+4.29%), Salud (+2.11%) y Alquiler y servicios de la vivienda (+1.65%).
Es necesario mencionar estos aspectos para comprender por qué muchas personas sienten que a pesar de haber una casi nula inflación en lo que va del año (0.01% acumulada a junio), no sienten un alivio en sus bolsillos y más bien siguen percibiendo que la mayoría de precios continúan en aumento y que sus ingresos cada vez les alcanza menos. Y es que cada familia tiene su propia realidad, su propia canasta de consumo y su respectiva fuente de ingresos; la inflación refleja la situación general de los precios en la economía y no las situaciones particulares de cada hogar/persona:
No todos los hogares consumen cada mes los 315 bienes y servicios del IPC, ni asignan la misma proporción de sus ingresos para su compra.
No todos los hogares/personas cuentan con estabilidad en sus ingresos ni en el empleo.
Una baja infación implica un bajo ajuste en los salarios.
No todos los trabajadores reciben ajustes semestrales en sus salarios/ingresos.
Muchos hogares suman mensualmente algunos bienes y/o servicios a su cesta de consumo.
Muchos hogares se endeudan lo que limita su capacidad de consumo.
Pocos son los hogares que elaboran sus presupuestos y llevan control de sus ingresos y gastos.
Para mayores detalles con la economista Roxana Morales 8329-1556 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social Escuela de Economía UNA.
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.
SI quieren privatizar el agua mediante el proyecto legislativo “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, expediente No. 17.742. No es cierto que el declarar el agua como un derecho humano fundamental e indispensable, sea una garantía de que nunca nos faltará el preciado líquido en nuestros hogares (artículo 2 inciso a), lo que en realidad están haciendo es legalizar los “racionamientos” de manera que con solo un tiempo de bombeo de agua en las cañerías para hacer llegar a las casas una cantidad que cumpla estándares de sobrevivencia, se dé por cumplido el compromiso de “acceso al agua” y por supuesto todo el resto del agua será para que los políticos puedan vendérsela a las transnacionales y a los hoteles.
Analicen la trampa que nos están tendiendo: según los organismos internacionales como la OMS y la ONU entre 50 y 100 litros de agua son suficientes para que una persona pueda decir que tuvo acceso al agua como un derecho humano. Si tomamos en cuenta que de una cañería a nuestros hogares pueden llegar 4 litros de agua por minuto, quiere decir que en 25 minutos se obtendrían los 100 litros que nos quieren asignar por ley. La familia promedio es de 5 miembros, por lo que con un flujo de agua durante 125 minutos (2 horas y 5 minutos) sería “suficiente” para que el Gobierno cumpla con su “compromiso” de agua como derecho humano. Después de esto se reserva la acción de decretar un racionamiento del líquido para vendérselo a las hoteleras y corporaciones transnacionales, como la Nestle.
¿Cómo y por qué haría eso un político? Ese proyecto de ley convierte el agua en un “bien económico” o sea le da un valor económico (artículo 2 inciso b). Desde ese momento se convierte en una mercancía que puede ser vendida o concesionada por el Gobierno de turno (artículo 60) entonces las corporaciones trasnacionales, empresas nacionales, las hoteleras y personas físicas o jurídicas que casi siempre han querido las fuentes de agua para explotarlas sin control ni decencia, podrán ser objeto de una concesión de las fuentes de agua (artículo 62) al cumplir con una cantidad “adecuada” para la subsistencia de las personas, el resto será para vender sin control alguno. Esto se deduce claramente del artículo 74 del proyecto, donde el Estado se libera de responsabilidad por la falta de caudal o disminución natural que pudiera resultar en una concesión. Lo que nos indica que el concesionario puede sacarle toda el agua que pueda a la concesión al punto de secar un río, un manto acuífero, un lago, estanque… lo que se le otorgue sin control absoluto pero liberando al Gobierno del faltante.
También esta ley cierra un círculo que desde hace tiempo vienen los políticos corruptos de nuestro país queriendo concluir. Permite la concesión del agua marina y así podrán no solo aprovechar nuestros recursos acuíferos marinos, sino explotar el titanio, el gas natural y otros metales preciosos del fondo marino de nuestros océanos, a los cuales no podían llegar sin la concesión de espacios de mar (artículo 93) La concesión de APM-TERMINALS y esta ley cumplirán el sueño de enriquecerse entregando nuestras costas al mejor postor.
Esta ley causará la derrota a las comunidades que han estado luchando por la defensa de sus ríos en contra de los abusos que ganaderos y empresas agropecuarias que han cometido abusos con las fuentes de agua donde les han sacado más agua de lo que en realidad pueden dar. Ejemplo de esto es Miramar que después de que les secaron dos ríos, han luchado fuertemente contra unos ganaderos irresponsables quieren secar otro río más en su zona. Con esta ley su lucha será en vano porque permite la conformación de “sociedades de usuarios que podrán hacer el justo aprovechamiento colectivo de las aguas entre sus socios” (artículo 105)
Y para cerrar con broche de oro este proyecto privatizador le permite a los que han estado explotando el agua descaradamente, continuar haciéndolo sin ninguna regulación o pago justo por sus abusos. Ejemplo de esto es la Florida ICE y FARM quien paga 600 mil colones al año por todo el agua que le saca a un nacimiento del líquido en sus instalaciones con la que produce cerveza, refrescos y agua embotellada (transitorio XI). Ese dinero tan solo corresponde a la utilidad que obtienen por unas horas de producción, y después de esta ley ya nadie podrá ponerle el “cascabel al gato” y obligarlos a pagar un precio justo por el agua que aprovechan. ¿Por qué creen que La Nación y Teletica guardan silencio con respecto a esta ley?
El Estado no puede librarse de la responsabilidad de asegurar el buen trato a la ciudadanía, ya sea por las relaciones cotidianas y constantes de sus empleados con la población, o las relaciones que entablan las empresas privadas con sus trabajadores y con la ciudadanía a la cual presta servicios que de lo contrario tendría el Estado mismo que brindarlos.
Como sabemos, los funcionarios públicos son poseedores de autoridad, mientras las personas a las que debe servir son la parte débil de esta relación de poder. Es decir, los funcionarios del Estado son los depositarios de la autoridad delegada por el soberano (el pueblo mismo). Por esta misma razón y por derechos como personas humanas, los empleados públicos están obligados a tratar respetuosamente a los ciudadanos que sirven por los derechos adquiridos, con dignidad implícita en su condición de personas civiles o ciudadanas.
Cuando el Estado autoriza a las empresas particulares a brindar un servicio, le está delegando no solamente el permiso de explotación al servicio público sino que una parte de su autoridad, la que implica transferencia del respeto mismo a toda persona a la que sirve. No obstante, el Estado no se libera de la responsabilidad de asegurar tal respeto.
Servicio de transporte
Cuando uno viaja por diferente países se evidencia la diferencia de trato que existe entre la mayoría de esos países con el trato que la ciudadanía recibe en Honduras. Por mucho tiempo hemos observado que esta ciudadanía se acostumbró a ser maltratada. Incluso la clase media, quien normalmente exige mejores tratos, aquí soporta ser muy maltratada.
Las evidencias de esta relación del servidor con la ciudadanía se develan mucho si se viaja por tierra, por mar o por avión. Los peores maltratos se reciben como pasajeros del transporte terrestre y luego está el marítimo nacional. Es como que se pierde calidad ciudadana cuando pasa del avión al autobús.
Algunos analistas piensan que son las clases medias las que obligan a las instituciones y empresas de servicios a brindar un buen trato a la ciudadanía, mientras las clases bajas, pese a merecer un mejor trato, no se atreven a reclamar por ser sometidas al maltrato desde siempre que abrieron los ojos. La clase alta normalmente tiene otras opciones de servicios de alta calidad, de manera que si no le gusta el trato que servidores públicos o empresariales le brindan, simplemente buscan mejores opciones o utilizan sus influencias político-económicas para hacer que les satisfagan debidamente sus necesidades, exigiendo el castigo correspondiente al empleado que no le supo tratar bien.
Sabemos que los dueños y conductores de transportes son generalmente de la clase media baja y baja, con muchos casos de pertenecer al último quintil de la sociedad. Algunas excepciones los medios de transporte son propiedad de diputados, altos funcionarios y militares que poseen un lote de autobuses y taxis como su negocio. No obstante, las relaciones de los conductores y cobradores con sus clientes son soberbias. No hacen más que dar órdenes y hasta insultar a quienes usan sus servicios. No discriminan si tratan con una persona adulta mayor, una mujer embarazada, una estudiante o un obrero, un enfermo o un niño. Estos valen tanto como el costo del pasaje. Llenan los autobuses como si fuesen latas de sardinas, sin importar nada más que la cantidad de dinero que recogen en el camino. Desde luego, las autoridades de tránsito son sus cómplices.
Existen alternativas en la clase media, puesto que utilizan automóviles particulares, aunque por la pauperización de los últimos ocho años, la mayoría busca comprar autos de segunda mano, más obligados por la inseguridad del transporte público que por comodidad. En el caso de transporte interurbano se puede seleccionar, en algunos casos, el de lujo o ejecutivo, que aun cuando se paga casi el doble por pasaje, no sufre del ultraje y los abusos de cobradores y conductores, que van recogiendo pasajeros en todo el trayecto, al grado que se pasan los traseros por las narices de los demás pasajeros si no es que le obligan a cargar con la mitad del cuerpo de quien acaba de subir. Reclamar puede costar un insulto o una expresión grosera del cobrador o del conductor. Esto nos hace ver que la gran mayoría viaja en condiciones adversas, pero no se queja. Soporta cualquier incomodidad y ofensa a su dignidad con tal llegar a su destino.
Transporte a obreros
También existe el transporte para trabajadores manuales, especialmente para llevarles a los centros de trabajo agrícola. Para el ciudadano común es normal observar camiones con estructuras propias para acarrear ganado vacuno, repleto de mujeres y hombres obreros colgados de las tablas y reglas que componen las carrocerías de los camiones, yendo y viniendo de sus largos y groseros jornales. Gente sin derechos más que al medio salario diario. Estos “pasajeros” aguantan sol, lluvia y polvo, sin que nadie se atreva a protestar por el maltrato. Nada que envidiar a las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX cuando los blancos trataban a los negros como esclavos en los Estados Unidos de Norte América, Canadá y Europa.
Servicio de Aduanas y Migración
Una de estas evidencias de la degradación al viajero del transporte terrestre está en las aduanas de las fronteras entre los países vecinos. Realmente son lamentables los tratos y la infraestructura existentes en ellas. Cuando usted pasa entre Honduras y Nicaragua, siente que el tiempo se detuvo hace unos cuarenta años. Hasta para ir a un baño un turista prefiere salir al monte por considerarlo más higiénico. Se atiende al turista casi al aire libre, o en bancas metálicas soldadas muy artesanalmente. La suciedad y polución del ambiente evita que el turista sienta deseos de comerse una de tantas ofertas de fritangas que hay en venta. Lógicamente, el turista, quien no se reduce a centroamericanos, se debe preguntar qué hace la administración con todo el dinero que recogen en impuestos. Esas aduanas pasan repletas de turistas y camiones repletos de mercadería que pasan durante 10 horas diarias, cuando toda persona y vehículo liviano y de carga paga impuestos.
Carreteras
A esto hay que añadirle el pésimo estado de las carreteras. Si se sale de la carretera que va entre Tegucigalpa y San Pedro Sula (CA-5), y entre San Pedro Sula y La Ceiba, hay que prepararse porque si se evade un hueco va a caer en dos o tres más, eso cuando se corre en carretera que tuvo asfalto. Si viaja entre municipios que están afuera de esos circuitos, el viaje puede ser una real aventura. Más aún si viaja a municipios sin carretera con asfalto, llamadas “de tierra”, es probable que el autobús no llegue ese mismo día a destino en período de invierno.
Pero revisen la cartera de créditos internacionales y nacionales para la construcción y reconstrucción de las carreteras de Honduras durante los últimos 15 años, con esos financiamientos que estamos pagamos con nuestros impuestos, pudo construirse un bulevar de seis carriles de concreto, bien señalado y moderno, desde la frontera entre México y Guatemala a la ciudad de Panamá.
Estas gestiones públicas se pueden incluir en el maltrato a la ciudadanía, puesto que le insultan su inteligencia. Si no aprendemos a reclamar un buen trato, menos podremos lograr que nuestra juventud, niñez y adulto mayor sea respetada en su dignidad y derechos humanos.
Luego de cuarenta y seis días de paro, el sector empresarial de los transportadores de toda clase de carga por carretera, llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional en veinticinco aspectos puntuales, de esencial interés económico, del que salieron bien librados y en el que las consecuencias de efectos nocivos para la sociedad civil colombiana no admite conmiseración alguna. Primó el efecto del grupo de poder o de presión económico de un sector del actual establecimiento. El tal paro de camioneros lo fue de propietarios monopólicos y de pequeños propietarios de camiones transportadores. Como tal no fue un paro contra el modelo neoliberal y sí con la presencia de las banderas negras en su conducción. A los dueños de ese medio de producción capitalista se les denomina transportadores, empresarios. Los mismos, acolitados por el respaldo de la extrema derecha, mantuvieron a proporción de la ciudadanía colombiana en ascuas, frente al fenómeno de desabastecimiento de artículos de primera necesidad o pan coger. Para el logro de sus pretensiones cuentan con el personal asalariado sentado al volante de cada camión. El gran ignorado y siempre utilizado como carne de cañón. Durante la protesta del paro de dueños de camiones se ventiló el ensañamiento de la multinacional de transporte de mercancías por carretera, marítima y fluvial, la suiza Impala, de ejercicio y control sobre el destino del manejo de ese emporio de riqueza nacional. Sobre esto, es el Estado colombiano un mero espectador; como resultado de las políticas neoliberales, aplicación a ultranza de la privatización y multiplicación de los tratados de libre comercio firmados a ton ni son, bajo la férula de los planes intervencionistas e invasores del ejercicio de la guerra en Colombia.
Pareciere que la mediática dictatorial en Colombia, disfrutare de la danza de cifras multibillonarias de pérdidas sufridas al país. La indolencia por la no recaudación de ingresos públicos y de paso el fariseísmo pretencioso de alusión a la falta de leche, de legumbres, granos o carnes. Ocultando la escena de damnificados. No dando claridad política y conceptual a las masas; desconociendo la tragedia de los trabajadores como asalariados del volante, durante esos días de cese de actividad laboral y las consecuencias- para ellos- de los días venideros. Esto demuestra la ciega visión de un modelo económico instaurado solo en beneficio de los gremios de presión económica, en la identificación de un gobierno esencialmente antipopular como el que rige.
Verdaderamente da grima abordar los puntos del Acuerdo para el cese del paro de los camioneros. Resumidos en veinticinco aspectos para garantizar, esquemas de renovación del parque automotor (sin alusión, ni erradicación, al manejo corrupto de la chatarrización); cumplimiento de un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca (ah, gobernalidad); ajustes limitados en tarifas de peajes, inequitativamente para el grupo de presión y no para el grueso de la ciudadanía colombiana; ajustes en los manuales de señalización y prevención del uso de llantas lisas(¡sorprendente!); alta consejería para la competitividad, costos de carga, movilización por rutas criticas; análisis de las actuales facturas cambiarias. Dentro de esa gazapera, le ponen ocupación a la ministra Clara de Trabajo, según lo cual el Ministerio de Trabajo elaborará un programa de prevención y promoción de las normas laborales con el fin de consolidar y mejorar la formalización del gremio (¡?). No menciona al conductor asalariado y en gremio están es los empresarios capitalistas. Ponen a competir a la ministra Clara con Vargas Lleras, para desarrollar un programa de vivienda para pequeños propietarios de camiones y conductores (no juega asimetría ni competencia alguna). Que la inclusión de peligrosidad y alto riesgo y en el sistema pensional para el conductor será responsabilidad del Ministerio de Trabajo, sin ningún ton ni son, como si ello no fuera propio de su naturaleza; así como agregarle responsabilidad al Ministerio de Trabajo, para que junto con la DIAN, analicen los contenidos y efectos de las actuales facturas cambiarias, que como es conocido son títulos valores de los que el asalariado conductor no se beneficia el modo alguno por la plusvalía de la mercancía transportada.
Solo tres de las Acuerdos aluden al conductor, sin mencionarlo como asalariado y ellos sin ningún respaldo de eficacia. Cómo, si estamos en un modelo y gobierno neoliberal. Cómo, si el tal paro fue de los dueños del capital inversionista privado y no de los trabajadores del volante para quienes solo la perspectiva de la Construcción de una Nueva Colombia, garantizará el que al menos logren la fundación y conformación de sindicatos de base y de industria del transporte, con la seguridad que no serán asesinados en su intento.
Y ahora la preparación para la participación en el plebiscito
El valorado hecho político de la insurgencia de las Farc-ep de aceptar la decisión que sobre la suerte del Plebiscito tomara la Corte Constitucional, redunda en beneficio para el logro del fin último de la terminación del conflicto armado interno en Colombia. La izquierda revolucionaria en Colombia tiene claro el derrotero a seguir en consolidar la aplicación e implementación del Acuerdo General con que concluya la labor de la Mesa de La Habana. Opuestos, por principio, al ejercicio de la eficacia plena del ejercicio electoral en el modelo de participación de democrática indirecta vigente en el país colombiano, la convocatoria a un plebiscito por el sí o por el no, en torno a aprobar e implementar lo acordado en La Habana, concentra la tipicidad del próximo evento electoral en Colombia. Absurdo el decir de la extrema derecha uribeña de ser ilegal el mencionado plebiscito, gozando de la egida protectora del fallo de constitucionalidad. Las condiciones nacionales e internacionales están dadas. En concreto la izquierda revolucionaria alienta la participación por el Sí.
Pero ni tanto que alumbre al santo. El punto 2 de Conversaciones acerca de garantías para el ejercicio de la política por parte de la izquierda en Colombia, está por conocerse. Entiéndase que las garantías no son solo un estatuto para el ejercicio de la oposición, ni para la participación de las farc-ep y otras insurgencias en el plano electoral. Incluye en especial a los movimientos de izquierda que contengan en sus programas partidarios el cambio estructural del actual sistema de cosas. Que propugnen por la consecuencia política de modelos alternativos, no solo al neo liberalismo sino al capitalismo como tal. Pero como efecto práctico a las garantías negadas para la participación amplia de la izquierda revolucionaria y socialista, en el maremágnum de la participación electoral, apunta a contar con instrumentos eficaces de participación. Ello hace parte de la autonomía política. Anida una equivoca concepción en cuanto a las llamadas cuotas electorales como si fuera migajas de regalos o concesiones. Que si no sacan tantos representantes en las próximas elecciones de mitaca, pues tendrían tantas curules provisionalmente. Tamaña desfachatez e irrespeto al soberano elector. Tamaña trampa. La participación de la izquierda en el caudal electoral en Colombia estará condicionada a la derogación del actual sistema electoral vigente, corrupto, atípico; no solo en el ejercicio del sufragio directo y universal y de escrutar o conteo de los votos; cómo en la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupción. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pública, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la práctica electoral, están viciados. Ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta ante Colombia y el mundo.
“Emancipate yourselves from mental slavery; none but ourselves can free our mind” Bob Marley, Redemption Songs.
Acabar con la enseñanza del francés en el sistema de educación pública de Costa Rica e invertir esos recursos en la enseñanza del inglés, es otra de las ocurrencias del expresidente José María Figueres Olsen, según se informa en la página 10 del diario La República, del día martes 12 de julio, recién pasado, bajo el título “Debemos invertir los recursos en enseñanza del inglés, propone Figueres ¿SERÍA EL FIN DEL FRANCÉS EN EL SISTEMA EDUCATIVO?” Estas afirmaciones estarían contenidas en un documento, denominado “Ruta Costa Rica 2021” presentado por el susodicho político, suponemos que a la dirigencia del Partido Liberación Nacional para su docta consideración, con la supuesta y absurda pretensión de formar jóvenes que se convertirían en personas bilingües anglohispanoparlantes; todo esto, única y exclusivamente con el propósito de satisfacer los requerimientos de las empresas que invierten en Costa Rica ¡qué poco valen la cultura, el cultivo de las artes y la inteligencia emocional en este país! Es decir promover el cultivo de una especie de pidgin o lengua como la que usaban los amos para comunicarse con sus esclavos en los tiempos coloniales y no el apropiarse de una herramienta para ampliar los horizontes culturales de la población costarricense. El tan cacareado bilingüismo es algo que nunca ha sucedido en este medio cultural tan mediocre y decadente a que nos tienen acostumbrados, desde hace ya bastante tiempo, a no ser que asumamos como bilingüismo el balbuceo de una lengua extranjera y el manejo incorrecto de la nuestra, que parece ser lo más frecuente entre los presuntos jóvenes bilingües criollos, lo que no viene a ser sino una caricatura de ese importante fenómeno social y cultural, existente en algunos países europeos, asiáticos y africanos e incluso latinoamericanos. Dicho de otra manera, para seguir en el eterno juego de las medias verdades y medias mentiras, tan propias de la cultura de los arribistas sociales, hay que seguir hablando de cosas que no son reales, para satisfacer así el “wishful thinking (or lose contact with reallity within something people)”. Es decir, que nos invitan o nos exigen desarrollar nuestra acción social, dentro de escenarios y procesos que no tienen una existencia real más allá de la afiebrada imaginación de algunos.
Sucede que los suizos, los belgas y los canadienses entre otros pueblos tienen ricas experiencias de multilingüismo y multiculturalismo, en la rica interacción de lenguas como el inglés, el alemán, el francés y el flamenco, las que enriquecen y amplían el horizonte y las posibilidades culturales de esas naciones. Puede decirse que esas sí son expresiones reales de bilingüismo entre comunidades lingüísticas diversas al interior de algunos estados nacionales.
El autor de semejantes despropósitos, quien alguna vez se desempeñó como presidente de la república, está olvidando el hecho esencial de que deberíamos invertir más tiempo y recursos en la enseñanza (y/o el reforzamiento) de las estructuras de la lengua castellana, nuestro principal patrimonio cultural, la que se ha venido dejando de lado, como si de verdad fuéramos un país de gente bilingüe, cosa que sólo sucede en la provincia de Limón, donde la interacción entre lenguas como el inglés criollo, el castellano, el bribri, el terebé o el cabécar resulta ser algo que da lugar a un auténtico bilingüismo o incluso, sí se quiere de un cierto trilingüismo entre los criollos limonenses, no importa si son mestizos, afrodescendientes(o afrocaribeños, si se quiere) o hijos de los pueblos originarios de nuestra área continental, sólo en esos términos es que puede asumir el término bilingüe o bilingüismo en estricto sentido, para expresar una realidad efectiva en nuestro país, tal y como ocurre en la región del Caribe costarricense y centroamericano. Es decir, que en un caso así estamos ante un fenómeno social con hondas raíces históricas y culturales en una parte de nuestro país, y no ante una ocurrencia más de un puñado de tecnócratas, por lo general expertos en engañar e impresionar a un puñado de tontos.
Con el mismo desprecio de siempre hacia las expresiones culturales, propias del pueblo costarricense y centroamericano, aparecen ahora este conjunto de ocurrencias para poner a la juventud al servicio de un puñado de empresas transnacionales, y no para satisfacer, en modo alguno, la necesidad imperiosa de toda cultura de entablar un diálogo con otras lenguas y representaciones simbólicas de la realidad, especialmente en nuestra área continental y dentro de un período histórico, caracterizado por grandes transformaciones en todos los órdenes de la vida social y cultural. El Caribe, una región a la que estamos ligados, de muchas maneras, tiene al inglés, al francés y al castellano como lenguas vehiculares de muchas otras (especialmente las de los pueblos originarios), además de los diferentes creoles o lenguas caribeñas a que han dado lugar, lo que da además ocasión al surgimiento de un rico y variado mosaico lingüístico, probablemente de los más diversos a escala planetaria. De ahí se deriva el hecho de que esas viejas lenguas imperiales se han convertido en vehículos para enriquecer la comunicación y el intercambio entre nuestros pueblos y comunidades, pues son un conjunto de palabras y estructuras de pensamiento que ya forman parte, por derecho propio, de nuestro medio geográfico y cultural. Es decir que habría que estudiarlas y asumirlas no como lenguas extranjeros, sino como parte de un patrimonio cultural común. Dicho de otra manera, en Costa Rica deberíamos empezar conociendo el inglés criollo limonense lo mismo que las influencias de lenguas europeas como el francés, el italiano o el holandés u otras de los pueblos originarios de Abyayala como son el nahualt, las lenguas mayas, el chibcha o de aquellas provenientes de África en la formación del castellano de las Américas, lo que representa todo un tesoro cultural que, por falta de estudio e investigación, no hemos terminado de asumir ni de valorar en todas sus dimensiones y posibilidades. En definitiva, nosotros no hablamos como las gentes de Castilla-La Mancha, de Castilla-León y tampoco como las de Andalucía, porque al fin y al cabo, sucede que de este lado del gran océano ha venido surgiendo una expresión castellana más rica y diversa, que la que cultivan los habitantes de la Península Ibérica. Desde Buenos Aires y Montevideo hasta el norte de México hay un universo compuesto por las más variadas expresiones de lengua castellana ubicables en diferentes ámbitos o zonas lingüísticas que no coinciden necesariamente con las fronteras de los estados nacionales, tal y como sucede con la que conforman Buenos Aires y Montevideo.
El pequeño príncipe oligarca (el Figuerillos) está convencido en que hay que reducir la oferta cultural que se le da a la canalla(là voilà le bonheur, ça n’est pas pour la canaille, ça suffit!), desde luego que no la suya propia ni la de sus familiares más cercanos, pero no para que sus hijos se vuelvan bilingües, lo que resulta ser un despropósito de suyo evidente, sino para reducir sus posibilidades y su horizonte cultural, además de mantener para los propósitos imperiales la balcanización de los pueblos y culturas del área centroamericana y caribeña.
Mis ricas experiencias con el mundo de posibilidades que se nos ofrecen, a partir de las vivencias que he tenido dentro de la francofonía planetaria, con sus derivas caribeñas y también con la rica diversidad del inglés criollo (v.g.r. Paula Palmer “W’a pin man” Editorial de la Universidad de Costa Rica 1995), especialmente el de nuestra área caribeña, me llevan a lamentar la ligereza de esas propuestas de bilingüismo sin ningún asidero en nuestra realidad, además del irrespeto hacia las expresiones culturales lingüísticas de la población afrocaribeña. Por cierto que en el proceso de aprendizaje del francés pude retomar, por así decirlo, conciencia de algunas las estructuras de nuestra lengua castellana al retomarlas en una lengua romance como es el francés, tal como me sucedió con el modo subjuntivo en los verbos, una modalidad de la conjugación que representa el tiempo de lo posible( que je sache, por ejemplo), pero también nos permite reflexionar sobre el tiempo de la utopía, como una estructura que está presente en nuestra lengua castellana, la que viene a ser reforzada dentro de ese proceso de aprendizaje del francés. El estudiar una segunda lengua romance como el francés, una tarea en la que ya el país ha invertido recursos, nos permite comparar las semejanzas y desemejanzas entre las diferentes lenguas romances como cuando decimos en francés “la maison la plus importante” y no simplemente la casa más importante, pero también lo es con el aprendizaje de lenguas como el inglés, proveniente del tronco anglosajón, las que podríamos aprender y entender mejor si conocemos de verdad las bases y expresiones idiomáticas que son características o propias del castellano de América Latina. La ubicación contrapuesta del sustantivo y el adjetivo en la lengua inglesa por contraste con la nuestra, la importancia de los verbos auxiliares como es el caso del verbo to do(yes, I do or Yes,I did), el uso del género, etc. nos permiten ponernos en contacto con otras formas de pensar y de percibir el entorno. Es por contraste y a través de un conocimiento sólido de nuestras propias bases culturales que podremos aprender y acercarnos mejor a la cultura de los otros diferentes. Dicho de otra manera, pareciera una vez más que la línea recta no es la distancia más corta entre dos puntos, tal y como reza la geometría euclidiana, sino que la realidad social, cultural y lingüística, dentro de sus distintas dimensiones, parece ser mucho más compleja y dinámica de lo que piensa tout court Monsieur Figueres.
(*)Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).
