Adjunto se encuentra un pdf con una infografía que ayuda a comprender algunos de los momentos críticos que ha atravesado la gestión del agua en Cipreses de Oreamuno, y así, comprender el desafío que representa en la actualidad el Modelo de Gestión Delegada del AyA cuando las instancias locales no realizan de forma adecuada sus funciones. Le invitamos a seguir el enlace y a compartir la información.
A partir del lunes 7 y hasta el 11 de junio del presente año, el Campus Liberia de la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA), se sumará a la red nacional de vacunatorios, para la atención de poblaciones mayores de 16 años con factores de riesgo. Asimismo, se ejecutan acciones conjuntas entre el ayuntamiento nicoyano y el Campus Nicoya de la UNA, para que las instalaciones de este centro de educación superior estén disponibles en el momento que se requiera.
Francisco González, rector de la UNA, indicó que, en el contexto de este esfuerzo articulado desde Rectoría, se recibe con sumo agrado esta noticia enviada por Víctor Julio Baltodano, decano de la Sede Regional Chorotega de la UNA. Sobre todo, porque en las últimas semanas se han realizado contactos con diversas autoridades de salud, Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Comisión de Vacunación y a lo interno de la UNA, para valorar la viabilidad de habilitar espacios físicos para labores de vacunación, tanto en el Campus Omar Dengo, en Heredia como en los campus de las sedes regionales de Pérez Zeledón, Corredores, Horquetas de Sarapiquí, Liberia y Nicoya.
González destacó que tan pronto se intensificó la vacunación en el país y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comunicó la necesidad de requerir de otras instalaciones para atender a la población prioritaria dentro del esquema de vacunación planteado, la UNA inició las gestiones para ponerse nuevamente al servicio del país.
“Una vez más la academia dice presente ante los desafíos impuestos por esta pandemia. La responsabilidad es grande y directamente proporcional a nuestra misión, que nos compromete desde la docencia, investigación, producción y extensión universitaria. Recordemos que las instalaciones universitarias se financian con recursos públicos y en esta coyuntura, ofrece condiciones excepcionales para brindar este servicio”, explicó González.
“Somos y nos debemos a la ciudadanía desde distintos ámbitos y enfoques, compromiso que hoy reiteramos con hechos concretos”, concluyó González.
****Mayor información con: Maribelle Quirós, directora de la Oficina de Comunicación de la UNA (8720-4908).
Al ver que la Municipalidad de Belén se opone a que el AYA aproveche el agua del balneario de Ojo de Agua, planteamos unas interrogantes.
¿Los políticos de la Municipalidad de Belén no sabrán que el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, pese a ser un DERECHO HUMANO, no es abastecida así a cientos de miles de habitantes? ¿No se habrán percatado que con el agua que SE DESPERDICIA en el balneario de Ojo de Agua, se podría abastecer a 140.000 personas, niños, adultos y ancianos que la necesitan? ¿Será que piensan que es más importante tener piscinas por donde fluye el agua constantemente, sin aprovechamiento alguno, que piscinas donde, como todas las piscinas recreativas y de competencia, el agua se recircula, filtra y desinfecta, para evitar que se desperdicie? ¿Será tan importante mantener un sistema que permite que la valiosa agua que proviene de las montañas del norte de Heredia, termine irresponsablemente en el inmundo río Virilla?
Por dicha no estuvieron allí cuando don León Cortés y don Ricardo Jiménez, contrataron la construcción de un acueducto de cerca de 100 km, para llevar agua a las comunidades de Puntarenas que la necesitaban, pues seguro ¡habrían propuesto cadena perpetua para ambos! POR FAVOR, señores munícipes, requerimos de ustedes un poquito de sentido común y muchísimo de espíritu solidario, cristiano, para los que esperan una mano amiga para saciar la sed.
El Observatorio de Bienes Comunes comparte las siguientes Infografías (adjunto en el pdf) para invitar a la reflexión sobre la situación actual del agua en el Pacífico Norte y los desafíos que se tienen para construir soluciones desde las perspectivas que prioricen la democratización del consumo humano del agua y por una sostenibilidad ambiental.
Esta situación nos lleva a reconocer que será muy probable que la próxima década será caracterizada por un aumento de la conflictividad social por el acceso al agua.
Gracias a una gestión realizada por la CONFRATERNIDAD GUANACASTECA la Intendencia de Aguas de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos ARESEP le informó al AyA que:
“Debido a los incumplimientos con arsénico detectados:
Los abonados del servicio de acueducto que reciben agua que incumple las normas y principios de calidad establecidas, siempre y cuando dicho incumplimiento no sea atribuible a, caso fortuito, fuerza mayor o daño a terceros; sino atribuible al prestador, durante el período de incumplimiento pagarán únicamente el cargo fijo, en el caso de que no exista cargo fijo, pagarán el 50% de la factura del servicio.”
Es decir, que, por ser el agua no potable por contaminación con arsénico, los abonados de AyA afectados no pagaran lo que marca el medidor de caudal de consumo, en aplicación del artículo 97 del Reglamento Técnico “Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes”
En el caso del agua con arsénico, declarado emergencia sanitaria por Decreto Ejecutivo N°38524-S, desde 2014, no puede alegar el AyA ninguna excusa válida. Son tortas de la administración de Yamileth Astorga.
Velar por el debido y justo abastecimiento de Agua Potable a la población por parte de ASADAS y de AyA, la protección del recurso hídrico y su apropiado y planificado uso en el desarrollo sostenible de Costa Rica, ha sido, es y será el deseo y el esfuerzo de nuestra Asociación Confraternidad Guanacasteca.
¿Se imaginan que las aguas de las piscinas del Ojo dejaran de correr continuamente y en vez de eso, tuviéramos agua empozada y clorara como la de cualquier otra piscina? Bueno, esta es una posibilidad que no está lejos de convertirse en realidad, si se cumple el proyecto que anunció el AyA en el año 2019.
Quienes amamos disfrutar de la medicina que es el Ojo, creo que no le hemos puesto suficiente cuidado a este proyecto de captación total del manantial, que además pondría bajo amenaza al río La Fuente, cuyo principal afluente proviene del lago del Ojo, mismo que a su vez se alimenta del continuo correr del agua de las piscinas.
Por eso, atendiendo esta preocupación valida de varios belemitas y considerando que el Ojo ha influido en la vida y desarrollo de nuestro cantón de Belén, presentamos esta noche en el Concejo Municipal una moción con la que solicitamos la información actualizada del susodicho proyecto a las instituciones a cargo y además enviamos una voz de alerta a varias organizaciones comunales del área de influencia del Ojo, que estoy seguro, una vez enterados nos ayudarán en la defensa de este patrimonio ambiental no solo de los belemitas, y sanrafaeleños, sino de todo el pueblo costarricense.
Agradezco el voto unánime que dio el Concejo Municipal a esta moción. Muestra de que ese manantial, presente en el escudo de Belén, tiene que ser defendido por todas y todos los belemitas sí o sí.
La moción fue aprobada por unanimidad
En el siguiente enlace se puede encontrar el vídeo sobre la discusión y aprobación de la moción:
La Escuela de Ingeniería Química acompaña a gestores comunitarios en la gestión del recurso hídrico
La Escuela de Ingeniería Química se suma a los esfuerzos de la UCR para apoyar las comunidades en la gestión sostenible del recurso hídrico administrado por los acueductos comunitarios. Foto ED-3507
Uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030, es lograr que la humanidad encuentre caminos para resolver la crisis mundial del agua y encontrar mecanismos para garantizar su disponibilidad, su gestión sostenible y el saneamiento para todas las comunidades. Además de este esfuerzo global, cada 22 de marzo la Organización de Naciones Unidas promueve que todos los países realicen jornadas de reflexión con motivo del Día Mundial del Agua.
Relacionado con esa meta, la Universidad de Costa Rica (UCR) mediante la ejecución de decenas de proyectos de Acción Social, Investigación y Docencia impulsa proyectos para el adecuado manejo de cuencas hidrográficas, acueductos comunitarios y la gestión de los recursos hídricos en el territorio nacional.
Al menos 30 proyectos de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) trabajan directamente en el apoyo de comunidades para el manejo sostenible de los recursos hídricos destinados al consumo humano, la agricultura y la protección de los ecosistemas.
Uno de ellos es el liderado por la Escuela de Ingeniería Química, que mediante su proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua en la Región Caraigres” (ED-3507) se dio a la tarea de facilitar las habilidades y herramientas para la aplicación de un Plan de Mejora y Eficacia, que permitió identificar las mayores deficiencias dentro de los acueductos comunitarios de esa región. Y posteriormente, crear recursos virtuales dirigidos a la autogestión exitosa. Esa región la conforman tres cantones de San José, incluidos en el Plan de Desarrollo Rural Territorial de Acosta-Desamparados-Aserrí 2016-2021.
En la Región de Caraigres existen 41 acueductos administrados por asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales, popularmente conocidas como Asadas. Estas están integradas por juntas de vecinos que se encargan de todos los aspectos técnicos y administrativos.
Según la Ing. Adriana Araya Díaz, docente coordinadora del proyecto, “el trabajo dentro de las Asadas es desarrollado en su mayoría por personas voluntarias que día a día hacen su mayor esfuerzo por permitir que miles de personas tengan acceso a agua potable, y a pesar del apoyo de diversas instituciones, existen grandes deficiencias y dificultades técnicas, administrativas y financieras a las que se enfrentan una gran cantidad de ASADAs a nivel nacional. Adicionalmente, existen vacíos de información sobre la situación de algunos acueductos comunales, lo cual dificulta la generación de rutas de acción por parte de instituciones”.
Araya explicó que originalmente esta iniciativa de Acción Social surgió como un proyecto ganador de Fondos Concursables de la VAS. Posteriormente se diseñó una estrategia de apoyo formativo al personal vinculado con las asadas de Caraigres, y contó con el apoyo de estudiantes del trabajo comunal “Adaptación y mitigación del cambio climático hacia un desarrollo sostenible” (TC-724). Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de talleres educativos en comunidades y la realización de inventarios de gases de efecto invernadero.
En total, 12 estudiantes del TC-724 se vincularon a este proyecto y participaron activamente en la elaboración de material informativo -diseño de infografías-, búsqueda de información, lectura de documentos, entre otros. Además, participaron en algunas reuniones con representantes de instituciones públicas, de manera que con la información recabada se avanzó en la sistematización de información. Desde el año 2019 los estudiantes han colaborado con las Asadas de Poás y Barrio Corazón de Jesús, ambas en Aserrí.
ENTREGA DE RESULTADOS
Si bien la ejecución del proyecto concluyó en diciembre del año 2020, la entrega de resultados se realizará en los primeros días de abril. A partir de ahora, las Asadas tendrán a su disposición una serie de materiales gráficos y videos tutoriales sobre aspectos técnicos y administrativos que facilitarán el trabajo para las personas que cada día asumen la tarea de la gestión del recurso hídrico en sus comunidades.
No obstante, explicó Araya, dado que las falencias técnicas son similares en otras regiones del país, estos recursos serán de gran valor para todas las personas interesadas que realizan este trabajo en todo el país.
Para María José Bermúdez, vecina del barrio Corazón de Jesús de Aserrí, e integrante de la Comisión de Recurso Hídrico del Consejo Territorial de Caraigres, este proyecto facilitó la asociatividad entre las diferentes Asadas de la zona. Bermúdez reiteró que la administración está a cargo de personas de los vecindarios bajo criterios populares, sin el apoyo de profesionales. “Las falencias en conocimientos técnicos, la existencia de sistemas obsoletos, y la ausencia de mapas de las tuberías en funcionamientos y bitácoras sobre los procedimientos ejecutados son los problemas comunes en todas las Asadas”.
Según Bermúdez, en la mayoría de Asadas se requieren generar capacidades para fortalecer la gestión del recurso hídrico, incluso de aspectos tan cotidianos como la correcta facturación y administración del aspecto financiero.
La gestora comunitaria acotó que desde las Asadas los apoyos institucionales se han visto desde un rol punitivo del Ministerio de Salud o el mismo Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA). Por eso, prosiguió, la mediación de la UCR para la aplicación de la herramienta de Plan de Mejora y Eficacia, diseñada por el AYA es una oportunidad para aplicar mejoras sustantivas, lo que permitirá optar por recursos de inversión en las Asadas de Caraigres.
Aunque la pandemia sanitaria del año 2020 obligó a cambiar la estrategia del proyecto, se adaptaron las actividades a la virtualidad y se lograron los objetivos, explicó la Ing. Araya. “Tras la conclusión del proyecto, la idea siempre fue la sostenibilidad del proyecto en el ámbito comunitario y que fueran las propias personas de esas comunidades las que lo ejecuten a partir de ahora”, agregó.
APRENDIZAJE COMPARTIDO
“La principal lección aprendida fue que la gestión del agua es un proceso muy complejo que requiere de un compromiso institucional y de trabajo con las comunidades. No solo a nivel institucional, sino también la comprensión de que solo el manejo de una Asada es todo un reto, ya que se necesita saber mucha información, lo cual lo convierte en un trabajo complejo”, dijo Andrés Romero Méndez, estudiante de la Escuela de Geografía y uno de los que apoyó este proceso.
De acuerdo con la Ing. Araya, para la ejecución de este proyecto se partió del criterio que “todos los saberes son válidos y fue un reto lograr un lenguaje accesible para que los contenidos que se produjeron se entendieran”.
En ese sentido, Lucía Rodríguez, estudiante de Ingeniería Química, afirmó que “tener este acercamiento con las comunidades es muy distinto a lo que se aprende en las aulas, porque la realidad de muchas Asadas es que no tienen plantas de tratamientos o procedimientos que aprendemos en los cursos de Ingeniería Química”.
Rodríguez comentó que para el resto de estudiantes fue una experiencia sumamente reveladora ya que lo aprendido es muy ajeno a sus carreras y fue muy valioso conocer de primera mano cómo es que funcionan las instituciones públicas.
“Finalmente y como último aprendizaje se visualiza el valor que tiene la creatividad en los procesos de acción social para enfrentar las situaciones adversas. Si el equipo gestor hubiera decidido no continuar con el proyecto debido a que la gran mayoría de actividades planteadas eran presenciales, los recursos disponibles hubieran sido desaprovechados. Aun así, la creatividad permitió encontrar una nueva idea que además de sostener la esencia de la iniciativa, amplió el alcance del proyecto en materia de población beneficiaria y en sostenibilidad en el tiempo”, concluyó Araya.
Autoría: Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)
En un caso que al que estamos dando seguimiento desde hace tiempo, en los últimos días miembros del equipo de Alba Sud realizamos una gira por Playa Marbella, ubicada en Guanacaste, Costa Rica, para conocer el estado actual del conflicto entre la comunidad y los desarrollos inmobiliarios.
La apropiación llevada a cabo por grandes inversiones turístico-residenciales en Playa Marbella continua su marcha. En un artículo anterior describimos cómo operan desarrolladores inmobiliarios en destinos prístinos y porqué Playa Marbella es síntesis del conflicto turístico que se produce en estos momentos en Guanacaste. En Marbella se da un acelerado proceso de acaparamiento de tierra por agencias de bienes raíces; gestión privada del agua para abastecer proyectos inmobiliarios; irresolución de instituciones públicas e injerencia en las decisiones de la comunidad.
Ubicada en el cantón de Santa Cruz, Marbella aparece a inicios del siglo XXI como una nueva frontera propicia para la especulación inmobiliaria. Desde el 2016 vecinos y vecinas, organizaciones locales y diversos medios de comunicación han señalado anomalías a la hora de otorgar concesiones, permisos de construcción y gestión de agua potable; así como denuncias por destrucción de manglares. Resultado de esto, grupos inmobiliarios en la comunidad han llevado a cabo campañas de desprestigio y amenazas a voces disidentes con este modelo de desarrollo turístico.
En este contexto, las instituciones públicas han vuelto a fallar en la consecución de una solución rápida, apegada al ordenamiento jurídico costarricense. Se repiten los mismos errores que se han producido en otras playas de la provincia, y que llevaron a que se pusiera en entredicho qué intereses priman en la administración pública en los destinos costeros.
En una gira reciente por la zona, Alba Sud pudo dar seguimiento a la situación. Nos acompañó el M.Sc. Gustavo Jiménez Barboza, consultor e investigador en estudios urbanos. Invitados por la comunidad, estuvimos también presentes en una reunión convocada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la que se trató la carencia de agua potable para los habitantes históricos. También, conocimos qué avances ha habido en las denuncias hechas a la Municipalidad de Santa Cruz sobre construcciones en la Zona Marítima Terrestre (ZMT). Finalmente conversamos con adultos mayores para conocer su perspectiva de cómo ha cambiado Marbella y qué impactos han tenido las inversiones inmobiliarias en la comunidad.
¿Agua para qué y para quién?
En Marbella la gestión del agua ha sido un problema desde que grandes complejos residenciales llegaron a la comunidad. El control privado del agua potable ha sido posible por la administración irregular del acueducto rural (ASADA) por agencias de bienes raíces, al mismo tiempo que se perforan pozos ilegales dentro de proyectos inmobiliarios.
El presidente de la agencia de bienes raíces Marbella Group Developers, Jeffrey Allen, responsable de los residenciales Posada del Sol, Vista Bella, Costa DoradaRuta del Sol, llegó a presidir al mismo tiempo las dos ASADAS de la comunidad entre los años 2007 y 2019. Esto le permitió otorgar a sus proyectos cartas de disponibilidad hídrica sin ningún estudio técnico de por medio hasta que el AyA tomó el control de las ASADAS. En la denuncia presentada por el AyA, de la cual se dispone de copia, entregada a la Fiscalía en marzo de 2019, se evidencia un conflicto de intereses. En ella se describe cómo operaba Allen a través de redes de sociedades anónimas y testaferros. Los posibles delitos que se señalan son once, entre los más graves enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso de documentos falsos.
Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.
En el mismo sentido, Antonio Marvez, responsable de los residenciales Lomas del Sol y Jardines del Sol es investigado por el delito de usurpación de aguas por la Fiscalía Ambiental de Guanacaste. En el expediente 17-001221-0412-PE se le imputa abastecerse con pozos ilegales dentro de los complejos residenciales mencionados.
Este contexto, junto a la urgencia de vecinos de las barriadas Manzanillo y Veracruz que no cuentan con servicio de agua potable, fue el motivo por el cual la comunidad sostuvo una reunión con el AyA. La cita se realizó el 12 de marzo en el Salón Comunal de Marbella. Por el AyA asistieron Alejandro Contreras, de la Oficina Regional, y Andrea Chacón, de la Dirección Jurídica.
La comunidad, representada por la Asociación de Desarrollo Integral de Marbella (ADIM), fue enfática en señalar cómo a pesar de que en los complejos residenciales hay suministro de agua hasta para piscinas, no haya para uso comunal. La ADIM propuso que, de ser necesario, hay vecinos dispuestos a donar terrenos para pozos y mano de obra para satisfacer la necesidad hídrica. Sin embargo, esta opción no es viable por el momento. Ya que como explicó Andrea Chacón dependen de condiciones hidrológicas idóneas, riesgos de salinización y sobre todo porque “…la gran mayoría de terrenos en Marbella son privados, en algunos casos es gente que no reside en el país y no es como que la gente quiera ceder su terreno para dar agua”. El problema radica en que actualmente los terrenos idóneos son aquellos donde están los desarrollos inmobiliarios, lo que obliga al AyA a tener que negociar y, de ser necesario, comprar terrenos a dueños ausentes.
Así, por ejemplo, en uno de los pozos en el residencial Lomas del Sol, vinculado a Antonio Marvez, el AyA reconoce que es ilegal, pero solo se utiliza para abastecer a ese sector. Chacón explicó que “…nosotros como AyA también tenemos que resolverle a esas personas que tienen casas construidas ahí por una situación que no es nuestra sino de quien construyó…”. Cuando se le preguntó qué iba a suceder con todos los otros pozos ilegales, Chacón respondió: “El AyA no tiene la competencia legal para cerrar pozos, solo la Dirección de Aguas” [1]. Otro ejemplo es un pozo en Posada del Sol, propiedad de Jeffrey Allen, a quien el AyA ha denunciado por manejo irregular de ASADAS comunales durante más de diez años, que, según explicaron en la misma reunión, fue una donación al AyA y es el único pozo que por el momento abastece a la población local.
Imagen de Arturo Silva.
Chacón fue explicita en afirmar que “en este momento el AyA no tiene agua para ampliar el servicio a Manzanillo y Veracruz”, pero están buscando otras fuentes de agua. Mientras el servicio continua en los proyectos residenciales es evidente que construir y substraer agua de manera ilegal en Marbella no tiene mayores consecuencias, hasta puede resultar favorable para el desarrollador, porque puede llegar a vender el terreno al AyA. En la reunión se llegó al acuerdo de conformar una comisión de trabajo entre comunidad y AyA para darle seguimiento al tema.
Otro de los puntos clave en la reunión fue, el papel que juega la Municipalidad de Santa Cruz en esta situación. Alejandro Contreras, de la Oficina Regional del AyA, luego de hacer referencia a la promesa de trabajo que traerá el turismo residencial, sostuvo que “es urgente su participación dada la ausencia de planificación en el cantón”. Contreras mencionó que, para estimar la demanda hídrica de la comunidad, en 2019 el AyA solicitó los permisos de construcción a la municipalidad y asegura que “encontramos un equivalente a 7 veces la población actual de Marbella”. A lo largo de los años a la Municipalidad de Santa Cruz no solo se le han señalado deficiencias en planificación y manejo territorial, también en materia administrativa.
“La muni en su laberinto…”
La sensación de impunidad es perenne en la comunidad. Luego de la reunión algunos vecinos señalaron la ausencia de la Municipalidad de Santa Cruz en la cita. Existe gran inquietud, principalmente porque no se sientan responsabilidades en el manejo del agua, y esto se extiende a la capacidad de reacción del gobierno local. Una de las personas a la cual se omite el nombre para evitar posibles represalias, nos dijo: “Mirá…meter papeles a la muni es como meterlo al Laberinto del Fauno. Qué va a saber uno si lo van a atender hoy, mañana o en un año, o si lo van a engavetar. Hay mucho huevo (dinero), intereses… cosas que uno no sabe bien cómo funciona”.
Tal es el caso del restaurante Tikki Hut, construido por Jeffrey Allen. Por estar ubicado en los primeros 200 metros de costa la concesión municipal debe seguir un protocolo administrativo que certifique el resguardo ambiental y beneficio directo para las comunidades. En respaldo a la comunidad, a quien que desde el 2016 se les ha negado documentos que evidencien el debido proceso para adjudicar la concesión, la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON) hizo su aparición en Marbella.
Imagen de Arturo Silva.
Desde el 18 de diciembre del 2020 FECON presentó tres denuncias en relación al restaurante Tikki Hut. Las denuncias hacen referencia al alumbrado eléctrico, la construcción del puente de acceso y el restaurante en sí. En el último pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre el tema, expediente 21-003356-0007-CO del 12 de marzo de 2021, señala que las acciones de la municipalidad representan una “violación del derecho a una justicia administrativa pronta, acceso a la información y de petición y pronta respuesta, en perjuicio del ambiente”. Del pronunciamiento de la Sala se desprende que la municipalidad de manera deliberada esconde información detrás de consultas innecesarias a sus departamentos legal, ambiental y de ZMT, como si se trataran de instituciones aparte.
En el documento se indica que la denuncia debía “tramitarse en algún departamento específico en atención al principio de coordinación, debió trasladarse de oficio a lo interno de la propia municipalidad y no simplemente indicarle al denunciante a quien correspondía.” Desde que iniciaron los cuestionamientos, la Sala evidencia que “…no se indica si se ha realizado alguna actuación municipal en áreas de constatar o descartar las supuestas irregularidades denunciadas -construcciones-”. También señala el silencio de la municipalidad “no se pronunciaron en cuanto a la solicitud de orden de clausura y demolición de obras, ni tampoco, si se entregaron los documentos pretendidos.” En el pronunciamiento la Sala da un mes como máximo para que se hagan públicos la documentación solicitada.
En Marbella el control estratégico del agua está ligado a la posesión de la tierra, pero mientras el AyA encuentra fuentes de agua y la municipalidad logra dar con el departamento correcto hay una historia a ras del suelo que merece ser contada. Una historia que cuenta cómo Marbella fue cambiando con los años.
Fiebre por la tierra: #LandForSale
Don Roberto Gómez y don Pablo Gutiérrez son dos marbellanos de cuna. En Costa Rica es costumbre utilizar “don” para referirse a personas mayores como muestra de respeto. Don Roberto, de 63 años, nos advierte que su tez blanca y ojos azules vienen de una cepa española que se resiste a desaparecer. Don Pablo, de 75 años, nos cuenta que su familia lo trajo de Nicoya cuando tenía 7 meses, aunque nunca supo por qué. Con la ayuda de un mapa conversamos con ellos sobre los cambios que han sucedido en Marbella en los últimos veinte años. Cómo era Marbella antes, cómo empezó la fiebre por la tierra y qué relación hay con el sector inmobiliario.
Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.
Antes de la explosión turístico-inmobiliaria Marbella era tierra de latifundios, propiedad de algunas familias guanacastecas que no residían en el pueblo. Las pocas familias residentes, como las de don Roberto y don Pablo, vivían de pequeñas explotaciones para el autoconsumo: “cuando yo tenía como quince años vivíamos de sembrar maíz, hacer desmonte, volar hacha, sembrar arroz, frijoles y engordar cerdos”, recordó don Pablo. A continuación, Don Roberto explicó su vinculación con el ganado en estas tierras: “nací entre ganado por herencia, tradición, pero terminándome yo, esto del ganado se termina, porque mis hijos ya están en otra cosa.”
Como en el resto de la provincia, en Marbella el boom turístico residencial hizo su aparición a inicios del siglo XXI. Don Roberto recuerda bien ese momento no tan lejano: “como del 2000 para acá fue que ya comenzó…Jeff [Jeffrey Allen] fue el primero, fue el que llegó a explotar la riqueza turística que tenía Marbella. ¿Por qué? Porque Jeff compró por aquí, compro por allá, compró todo”. Más tarde, algunos obreros de la construcción nos comentaron que el terreno donde hoy esta Posada del Sol de Jeffrey Allen es una propiedad de 120 hectáreas comprada a 160 mil dólares, es decir 0.50 dólares el m² [2]. En los albores de siglo, Marbella era una mina si se contaba con acceso a un poco de capital, y don Pablo recuerda que “era una cochinada lo que se les daba por la tierra. Imagínese que una finca él la compraba a 18 mil dólares y luego vendía cada lote al mismo monto”.
Durante la conversación que sostuvimos con estos dos pobladores les preguntamos por la relación que establecen con segundos residentes. Según don Roberto es distante, “ahí dentro de los proyectos hay gente que uno no conoce, ahí pasan echando polvo, si pueden le echan el carro a uno..jaja. Pero el desarrollador si busca como hablar con uno”. Por el tipo de oferta, es común que un número importante de residencias pasen vacías la mayor parte del año, pero eso no significa que el propietario no siga cobrando la manutención y gastos de alquiler. Un monto que puede rondar los 200 y 500 dólares mensuales para cada casa.
Don Roberto y don Pablo han tenido algunas experiencias con extranjeros que querían comprar sus tierras. Pero ellos no han querido vender porque han visto la tragedia que ha supuesto para algunos de sus vecinos que anteriormente vendieron sus terrenos, y que luego no han sabido qué hacer con el dinero. “Entonces uno ve que venden, se van a vivir a otro lado y al tiempito uno los ve volver sin plata, a vivir donde algún familiar”, nos cuenta don Pablo.
Imagen de Arturo Silva.
A juicio de los dos hombres, reconocen que algunas cosas buenas han traído los desarrolladores, como, por ejemplo, donaciones que de tanto en tanto aparecen en la comunidad. Sobre todo, a partir de que la prensa hizo eco de todas las irregularidades ya mencionadas. También la oferta de empleo ha mejorado, en especifico la que tiene que ver con mano de obra para la construcción.
De mitos y mentiras
En Playa Marbella se evidencia el proceso al cual son sometidas numerosas comunidades locales en los primeros estadios de inversión turística residencial. Como en la mayoría de la costa provincial, en Marbella reina la especulación inmobiliaria. Por eso es posible reconocer prácticas monopólicas que contradicen cualquier dogma, basta con reconocer de qué manera desarrolladores inmobiliarios como Jeffrey Allen se han hecho del control de estas comunidades. Al punto que son desarrolladores inmobiliarios cuestionados los que le dictan al AyA si gustan facilitar agua para la comunidad.
¿Qué soluciones tienen las instituciones directamente vinculadas? Ninguna que resuelva un problema que ya es estructural. A falta de una adecuada coordinación y planificación que incentive alguna opción de tejido económico local, lo que surgen son propuestas de comisiones siempre entre comunidad e instituciones, nunca con desarrolladores, para resolver el abastecimiento de agua o la apropiación de espacios públicos como la ZMT. Todo mientras las denuncias se dilatan en consultas y procesos administrativos.
Antes de hablar de turismo, para Marbella debemos hablar de un mercado de la tierra que vende barato y compra caro, de un mercado del agua privado y de un mercado de mano de obra barata. La curva de crecimiento del turismo residencial es corta pues de lo que trata es de una economía rentista concentrada en pocos dueños que no necesita mucha mano de obra para operar, salvo cuando se construyen los proyectos. Lo cierto es que, a falta de alternativas o apoyo para emprendimientos locales, comunidades como Marbella están a merced del mejor postor o, porque no, a merced de las instituciones públicas.
Notas:
[1] En Costa Rica hay más de 13 instituciones públicas que inciden en el manejo del agua. La Dirección de Aguas es la instancia centralizada que corre con los procesos judiciales.
[2] Los montos fueron convertidos del colón costarricense al dólar estadounidense.
Este artículo se publica en el marco del proyecto «Turismo inclusivo, una demanda de justicia global», desarrollado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, convocatoria Justicia Global 2020.
Imagen principal: Crédito Fotografía: Desarrollo inmobiliario, Marbella. Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.
Publicado en http://www.albasud.org compartido con SURCOS por Bernardo Bolaños con autorización del autor.
El agua sigue siendo una mercancía, saqueada, sometida a una devastadora dominación comercial y financiera. El agua está enferma en todas partes, contaminada, explotada hasta agotar sus fuentes. Los ríos se están muriendo, los lagos se están secando. Más de un tercio del agua de los acuíferos del mundo no es apta para el uso humano. Más de mil niños menores de 6 años mueren cada día por enfermedades causadas por la falta de agua o su mala calidad. 2.100 millones de personas no saben lo que es el agua limpia. 4.200 millones de personas no tienen un baño en buenas condiciones.
Hoy en día, no se puede detener la brutal y depredadora toma de posesión del agua de la Tierra por parte de intereses privados ávidos de dinero. Este 22 de marzo de 2021, Día Mundial del Agua, el Ágora de los Habitantes de la Tierra lanza una campaña para una lucha por el
Agua bien público mundial
El objetivo: detener la devastación del agua perpetrada por las poderosas oligarquías mundiales que siguen tratando el agua para la vida (antes un bien común) como una «mercancía» cada vez más escasa y, por tanto, rentable. Al cotizar en bolsa el 7 de diciembre, estos verdaderos depredadores han confirmado explícitamente que no tienen intención de detener su saqueo del agua y de la naturaleza. En un contexto de creciente escasez, la inseguridad del agua se ha convertido en una característica de la vida en nuestra Tierra. Detengamos a los saqueadores.
La campaña tiene tres objetivos principales:
– Liberar el agua de las finanzas depredadoras, empezando por prohibir que las empresas que cotizan en bolsa especulen con el agua necesaria para la vida, y entregar la gestión de los servicios de agua a nivel de cuenca a un gobierno público comunitario del agua;
– Asegurar el agua garantizando su salvaguarda, su buen estado ecológico y su capacidad de regeneración natural, como un bien público global que no puede ser enajenado ni privatizado, y reconociendo los derechos de la naturaleza otorgando personalidad jurídica a los ríos, los lagos, los humedales, etc.
– Sacar el agua de la cultura de la rivalidad y la violencia promoviendo prácticas de vida, desde lo local hasta lo planetario, basadas en la corresponsabilidad, el compartir, el respeto a los derechos universales a la vida de todos los habitantes de la Tierra, la solidaridad y la fraternidad. Al contrario de lo que está ocurriendo y de lo que seguramente ocurrirá si no se invierten las tendencias, la resiliencia debe ser colectiva, mundial.
El pasado 22 de marzo fue enviado al Ministerio de Ambiente y Energía un texto con firmas solicitando a esta instancia suspender la aprobación del decreto de la normativa técnica para establecer el caudal ambiental y formar una mesa de diálogo multisectorial para elaborar un nuevo decreto. El MINAE sacó recientemente a consulta un decreto de la normativa técnica para establecer el caudal ambiental de las aguas superficiales de Costa Rica. Este es un tema trascendental para el país, para el adecuado abastecimiento de agua a las comunidades y para garantizar la sostenibilidad y preservación del agua.
Diversos grupos, organizaciones y personas involucradas en este tema han manifestado sus opiniones en forma pública o mediante notas enviadas al MINAE. En general, la gran mayoría de los colectivos y personas que han expuesto sus opiniones han expresado una profunda preocupación por la forma y el contenido del decreto, y por las implicaciones que su aplicación tendría para el país y sus comunidades. Puede leer la nota completa aquí.
Compartimos en esta nota la oposición de Montaña Verde al Decreto de Reglamento de Caudal Ambiental:
