Los ingenieros Agudelo y Romero de SENARA en relación con la problemática hídrica de los acuíferos costeros mencionados arriba, expresan que: “A solicitud de la Junta Directiva (Acuerdo 4864 del 17-11-2014), se presenta el siguiente análisis técnico sobre la situación del recurso hídrico subterráneo. Se enfoca el análisis en el comportamiento de los niveles de agua de los acuíferos Potrero – Caimital en el cantón de Nicoya y Huacas – Tamarindo en el Cantón de Santa Cruz ambos en la provincia de Guanacaste, a razón de analizar la situación de dichos acuíferos frente a la disminución de la precipitación en el año 2014 en la Provincia de Guanacaste y que dieron pie a la Declaratoria de Estado de Emergencia dada por la Presidencia de la República del 30 de setiembre del 2014.”
El estudio de los ingenieros de SENARA, ordena lo siguiente –el subrayado no es del original-:
-Comunicar a la Dirección de Aguas del MINAE órgano encargado de otorgar las concesiones de agua, que, en vista de las condiciones de sequía actual y las condiciones actuales de la sobreexplotación del acuífero evidenciado en los últimos cuatro años del periodo de monitoreo del Acuífero Huacas Tamarindo, no es técnicamente posible aumentar la explotación de este acuífero por medio de pozos (pozos nuevos o aumento en los caudales actuales), impedimento que se mantendrá hasta tanto se demuestre con estudios técnicos de manejo sostenible de acuíferos que la situación actual haya cambiado de manera que sea posible incrementar la explotación actual, sin riesgo de caer nuevamente en sobreexplotación.
-Comunicar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que en relación con el campo de pozos Refundores y de conformidad con el estudio técnico realizado por el SENARA contenido en oficio número DIGH-UGH-OF-125-2013 y la información contenida en el presente estudio, dicho campo de pozos presenta la siguiente situación técnica: explotación cercana al estero Tamarindo con niveles por de explotación por debajo del nivel del mar, alta explotación en dicho sector que ha ocasionado la inversión del gradiente hidráulico contaminando el acuífero y disminuyendo el aporte de agua a dicho estero, con riesgo de causar la salinización del acuífero y del estero.
-Comunicar a La Municipalidad de Santa Cruz, Ministerio de Ambiente y Energía, SINAC y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que deben coordinar con SENARA las acciones que estén realizando o pretendan realizar en los acuíferos Potrero, Brasilito, Huacas-Tamarindo y Nimboyores en Santa Cruz, dado que el SENARA está desarrollando el Plan de Aprovechamiento Sostenible de estos acuíferos (PAS) con el fin de crear los instrumentos técnicos y legales que permita mitigar y revertir los efectos de la sobreexplotación y desarrollo inmobiliario y turístico, a los que están sometidos los acuíferos costeros.
-Comunicar al Ministerio de Agricultura y Ganadería que el área geográfica que se indica en el mapa del anexo 7 presenta la siguiente condición: Según los resultados del monitoreo, el agua de riego podría estar generando una recarga inducida al acuífero Potrero Caimital con un posible riesgo de contaminación a este, además, se ha registrado en estudios anteriores, la existencia de actividad pecuaria en zonas de alta vulnerabilidad y de recarga al acuífero, además de lo anterior existen fuentes de abastecimiento público cercanas a las zonas de cultivo y de la actividad pecuaria. En razón de lo anterior se recomienda al Ministerio promover en dicha área la aplicación de protocolos de buenas prácticas agrícolas para evitar posibles contaminaciones al acuífero Potrero Caimital.
El estudio no determina las causas de la tragedia hídrica de estos acuíferos. Más bien determina con detalle los factores de cambio climático que ponen en alarma la gestión de recurso hídrico en la zona costera. Los informes de la Contraloría General de la República, destacan las carencias de políticas que ha llevado al desastre del manejo hídrico:
a. Informe Nro DFO-PGAA-2009 del 17 de julio del 2009. Informe sobre la gestión de las aguas subterráneas en las zonas costeras. Destaca el informe: “Las entidades estatales muestran una gestión desintegrada que no promueve necesariamente la preservación y protección de los sistemas acuíferos que suministran el recurso hídrico que han requerido los usuarios. Los resultados pueden resumirse en:
-Debilidades en el establecimiento de medidas administrativas que restringen el otorgamiento de permisos para la perforación de pozos y las concesiones para el aprovechamiento de aguas.
-Debilidades en el proceso para tramitar permisos para la perforación y la exploración de aguas subterráneas en zonas costeras.
-Deficiencias en el control y seguimiento sobre las concesiones para el aprovechamiento de aguas y el cobro del canon respectivo.
-Descoordinación de actividades para el control de los pozos administrados, tanto por el AyA como por las Asadas en las zonas costeras.”
b. INFORME Nro. DFOE-AE-IF-01-2013. 15 de febrero, 2013. Informe acerca de la Eficacia del Estado para Garantizar la Calidad del Agua en sus Diferentes Usos. Para resaltar en lo referente al deber de la conservación de cuencas el citado informe dice: “Es débil la implementación de mecanismos que garanticen la conservación y recuperación de los cuerpos de agua. Se encontró que las áreas de protección de los ríos Tempisque, Tárcoles, Térraba y Reventazón, seleccionados por su representatividad para el país, cuentan con cobertura forestal únicamente en un 54%.”
Sumamos a esta situación las enormes deficiencias que tienen las municipalidades costeras para realizar planes de ordenamiento territorial costero, que puedan no solamente el territorio local, sino también el mar y su biodiversidad.
Instituto de Oceanología de Costa Rica, 5 de marzo 2015.
El citado estudio de SENARA tiene como nombre: Monitoreo de los Acuíferos “Huacas -Tamarindo y Potrero – Caimital”, DEL 30 DE ENERO DEL 2015. Realizado por Geóloga Clara Agudelo Arango y Ing. Carlos Romero F.
Foro Cantonal Barveño por la Defensa del Agua pide la fiscalización del AyA del Plan de Contingencia
El 19 de enero del 2015, el Concejo Municipal de Barva de Heredia, mediante acuerdo declarado en firme, acordó aprobar las tres recomendaciones formuladas por la Comisión Especial Municipal Junta Interventora del Acueducto Municipal de la Municipalidad de Barva de Heredia sobre el Plan de Contingencia para la entrada del verano.
Las tres propuestas aprobadas por el Concejo mediante cuatro votos de cinco regidores presentes, son: 1. La aprobación del Plan de Contingencia presentado por los señores Claudio Segura Sánchez y Marvin Alfaro Arias, integrantes de la Comisión Especial Municipal Junta Interventora del Acueducto Municipal de la Municipalidad de Barva de Heredia; 2. Que se le ordene a Doña Mercedes Hernández Méndez Alcaldesa Municipal iniciar de manera inmediata la implementación de las doce acciones y recomendaciones que contempla el plan; 3. Solicitar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) asumir la fiscalización y seguimiento de la efectiva y oportuna implementación del Plan de Contingencia y por último que la Alcaldía implemente una estrategia de difusión e información que le permita a la ciudadanía y usuarios del servicio del acueducto municipal conocer de manera oportuna, clara y precisa las diferentes acciones que se implementaran en resguardo del derecho humano a un servicio estable, regular y constante de agua potable.
El Plan de contingencia, indico el Lic. Fredy Vargas Chavarría, integrante de la Junta Interventora, en lo fundamental lo que persigue es generar las condiciones para que ante el evento de una disminución del preciado líquido, el servicio no se interrumpa o que los cortes sean breves y por un lapso de tiempo corto, mediante la incorporación de más líquido al acueducto y optimizando el aprovechamiento del agua que ingresa al sistema.
Estamos hablando de inyectarle más líquido al acueducto mediante la conexión y el enlace con los acueductos y cañerías de otros usuarios, como sociedades de usuarios y ASADAS, el mejoramiento de los POZOS propiedad de la municipalidad de Barva como Los Gemelos y La Armonía y también mediante el aumento de la capacidad de almacenamiento del agua como sucede con los Tanques de la Matilde 1 y 2 y a través del uso técnico y planificado de válvulas reguladoras de presión.
Para el Lic Vargas Chavarría estos acuerdos son un gran triunfo de la comunidad no solo porque se aprobó lo que ha venido proponiendo la comunidad organizada sino porque además el departamento del acueducto cuenta con un plan de acciones para la entrada del verano y se exige que el AyA fiscalice el cumplimiento oportuno de las diferentes recomendaciones aprobadas; cada cual tiene claro sus funciones y responsabilidades y nosotros como Junta Interventora estaremos vigilantes de que los acuerdos se cumplan uno a uno en los plazos previstos.
El Lic Vargas Chavarría concluyo diciendo que los problemas estructurales por el abastecimiento del preciado líquido que sufre el cantón y la toda la región están pendientes de solución; la expansión desordenada de la “mancha urbana” que afecta al Valle Central y el creciente proceso de privatización del agua que aumenta su demanda frente a un recurso que disminuye en calidad y cantidad demanda una discusión profunda y transparente.
Recordó que el problema en Barva solo pone sobre el tapete un problema mayor que se extiende a todo el país; una lucha “soterrada y silencios” por el agua; no puede ser que empresas como la Florida Ice And Farm S. A. tengan concesiones por más de quinientos sesenta litros por segundo y sólo paguen un poco más de seis millones de colones al año, mientras los usuarios del acueducto de Barva tienen que pagar ceca de trescientos cincuenta millones de colones por el agua, según datos oficiales de la Dirección de Aguas del MINAE y de la municipalidad de Barva.
Para mayor información comunicarse con el Msc. Claudio Segura Sánchez al teléfono 22660483 y 85 55 25 94 o bien con el Lic. Fredy Vargas Chavarría al teléfono 83 02 23 47.
Información enviada a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.
Nueva movilización en Barva por problemas de agua potable
Comisión Junta Interventora y Foro Cantonal pidieron aprobación de la propuesta del plan de contingencia para este verano
Imagen con fines ilustrativos.*
El pasado 16 de enero en el salón municipal de la Municipalidad de Barva de Heredia, el Foro Cantonal Barveño por la Defensa del Agua realizó la presentación por parte del geógrafo Claudio Segura Sánchez y el Ing. topógrafo Marvin Alfaro Arias, de una propuesta de Plan de Contingencia para el acueducto municipal ante la entrada del verano y la disminución de los caudales de agua a nivel del acueducto municipal.
Los señores Segura Sánchez y Arias Alfaro son integrantes de la Comisión Especial Municipal Junta Interventora del Acueducto Municipal De Barva y presentaron una serie de acciones y recomendaciones encaminadas a que los cerca de 25.000 usuarios del acueducto municipal no sufran una crisis por falta de agua tan dramática como la que vivió el pueblo barveño el verano pasado, caracterizada por cortes del servicio de hasta 16 horas al día y durante cerca de cuatro meses.
La Comisión Junta Interventora y el Foro cantonal barveño esperan que el Concejo municipal apruebe la propuesta de Plan de Contingencia y se le ordene a la señora Alcaldesa su inmediata implementación, en resguardo del derecho humano al agua potable, a la salud y por extensión a la vida.
Para mayor información comunicarse con el Geógrafo Claudio Segura Sánchez al 85552594 y 22660483 o el Lic. Fredy Vargas Chavarría al teléfono 83 02 23 47.
*Foto agua tomada de ecoportal.net
Enviado a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.
Falta de agua en Barva motiva movilizacion de la comunidad al salón municipal este lunes 5 de enero del 2015
Imagen con fines ilustrativos.
El Foro Cantonal Barveño por la Defensa del Agua invita este lunes 5 de enero del 2015 a una concentración que está programada a partir de las cinco de la tarde en el salón municipal de la municipalidad de Barva de Heredia.
La movilización de la comunidad barveña responde a la necesidad de encontrar respuestas claras a la problemática y que se establezcan las responsabilidades por los cortes sufridos los días 23 y 24 de diciembre y la crisis que ha tenido que sufrir toda la comunidad por la irresponsabilidad, ligereza y falta de planificación y programación que caracteriza al departamento del acueducto y a la municipalidad en su conjunto.
Además frente a la crisis que enfrentará la comunidad barveña ante la entrada del verano y la disminución del caudal de las nacientes del acueducto municipal, el Foro Cantonal demanda a la Alcaldesa y al Concejo Municipal la aprobación de la propuesta de un Plan de Contingencia que se ha venido trabajando hace meses desde la Comisión Junta Interventora, la cual será presentada formalmente al Concejo Municipal el próximo miércoles 15 de enero del año en curso.
Para mayor información comunicarse con el Lic. Fredy Vargas Chavarría al teléfono 8302 2347 y Rafael López al teléfono 8368 3214.
Enviado a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.
Como iniciativa del Sr. Leonardo Déreck Meneses Soto, se redactó una carta dirigida al Sr. Jorge Arguedas Mora, diputado del Partido Frente Amplio, en la que se solicita la oportunidad de escuchar al Dr. Freddy Pacheco León quien ha venido cuestionando la redacción del actual documento del proyecto Ley de Aguas, para que “informe e ilustre” al resto de sus compañeras y compañeros legisladores, acerca de los cuestionamientos que se han estado haciendo en los diferentes medios de comunicación al texto del proyecto de Ley de Aguas, ya que se considera que las y los ciudadanos de Costa Rica merecen transparencia en el proceso de formulación de leyes.
“Ante los cuestionamientos publicados referente al texto actual del proyecto de la Ley de aguas, no podemos estar de acuerdo en una futura Ley, manoseada y redactada por intereses foráneos que inducen a convertir el agua en una mercancía, cuando más bien ustedes deberían legislar para garantizar que el agua sea un derecho de la humanidad”, se argumenta en la carta.
Se adjunta carta emitida el pasado 3 de diciembre del 2014.
Proyecto de Ley, nacido de más de 12 años de luchas, se encuentra en revisión en el Congreso.
A partir de este jueves 4 de diciembre, la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) hará circular una serie de videos con el propósito de promover la aprobación del proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.
En las producciones se responde una pregunta de marco general y una específica (gestión de agua potable, protección de fuentes de agua, conflictos en comunidades, el agua como derecho humano) de acuerdo a las funciones y especialidades de las personas entrevistadas.
En los videos expresan opinión personalidades como Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana, Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, y Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, entre otros actores de la sociedad y organizaciones protectoras del ambiente.
La campaña arrancará el próximo 4 de diciembre y los videos estarán disponibles a través de la plataforma Vimeo, en la dirección www.vimeo.com/vocesnuestras, y en la página de facebook de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, www.facebook.com/agendadelaguacr.
Historia del proyecto
En septiembre del año 2009, ANDA, ciudadanos y organizaciones civiles presentaron la propuesta en la Asamblea Legislativa mediante el mecanismo de iniciativa popular, acompañada de más de 150 000 firmas de apoyo a los principios orientadores del proyecto.
Luego de negociaciones entre gobierno, partidos políticos, sector privado y organizaciones ambientalistas, el proyecto fue aprobado en primer debate el 31 de marzo del presente año.
Sin embargo, en agosto la Sala Constitucional encontró problemas en los artículos 29 y 30, y en un transitorio de la iniciativa, que pretendían cambiar el mecanismo para calcular el área de protección de las fuentes de agua y permitir ciertas actividades en esas áreas, tal como habían solicitado en la negociación algunos sectores productivos con apoyo del anterior gobierno.
El proyecto se encuentra en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, que debe resolver lo anotado por la Sala IV. ANDA impulsa la eliminación de los artículos indicados por ese órgano y que en consecuencia se mantenga vigente la legislación actual al respecto, lo que conservaría las condiciones que tiene en este momento el sector productivo en cuanto a las áreas de protección. Sin embargo, algunos actores están procurando confundir a la opinión pública y a las distintas fracciones legislativas con el fin de que el texto vuelva a la Comisión de Ambiente para un nuevo dictamen o para hacer imposible su aprobación.
Es el momento de que todos los partidos políticos demuestren a qué intereses y sectores responden, esperamos que sea a las comunidades urbanas y rurales de todo el país que, ante la falta de una legislación clara y con espíritu solidario, día a día ven limitado su derecho humano al agua.
Para más información: Esteban Monge (emonge@cedarena.org / tel: 2283-7080).
Información enviada a SURCOS Digital por Voces Nuestras.
Foristas exhortan a urgente aprobación de nueva normativa hídrica
Concluyó el II Foro Institucional 2014
La sobreconcesión de algunas cuencas amenaza el futuro hídrico de ciertas regiones. Por ejemplo, en la Llanura de San Carlos operan varios proyectos privados que han secado el caudal río abajo (foto Archivo ODI).
El pasado miércoles 26 de noviembre concluyó el II Foro Institucional 2014, denominado “Diagnóstico y planificación del recurso hídrico en Costa Rica: Hacia una gestión integrada de la conservación y aprovechamiento del agua”.
En esta cuarta sesión se discutió ampliamente sobre el marco normativo hídrico, así como los retos que tiene el país en dicha materia. En términos generales, los foristas y el público abogó por la reforma integral de la Ley de Aguas que rige desde 1942.
En la primera mesa redonda del día fueron invitados la magister Yamileth Astorga Espeleta, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y destacada investigadora de la UCR. Además, el ingeniero José Miguel Zeledón Calderón, director de Aguas, en el Ministerio de Ambiente y Energía.
La segunda mesa de la jornada tuvo como invitados a los ingenieros Carlos Manuel Romero Fernández, director de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). Asimismo, a Elías Rosales Escalante, catedrático jubilado del Instituto Tecnológico de Costa Rica.Los comentaristas de las mesas fueron el magister Leonardo Merino Trejos y el Ing. Fernando Sánchez Redondo.
Yamileth Astorga Espeleta, presidenta ejecutiva del AyA, dijo que esa institución requiere una reingienería total para que opere acorde a las necesidades del sector hídrico costarricense (foto Laura Rodríguez).
El II Foro Institucional 2014 fue clausurado por el Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, ministro de Ambiente y Energía,quien dictó la conferencia “Requisitos y acciones necesarias para alcanzar la meta de una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua en Costa Rica”.
La magister Yamileth Astorga Espeleta,reconocida investigadora del recurso hídrico en Costa Rica, dijo que al revisar la normativa vigente “pareciera que en Costa Rica la protección del recurso hídrico está bastante respaldada desde el punto de vista normativo e institucional: más de 100 leyes y decretos, más de 15 instituciones relacionadas; no obstante, hay una serie de amenazas para el futuro hídrico del país”, dijo la jerarca.
El Ing. José Miguel Zeledón Calderón, director de Aguas del Minae, afirmó que una política hídrica nacional debe involucrar a todos los actores sociales en la gestión y conservación del agua (foto Laura Rodríguez).
Astorga mencionó que el tener un marco legal obsoleto y una acción interinstitucional poco rigurosa incide en la impunidad ante los delitos ambientales. Por ejemplo, se destruyen fuentes de agua por cambio del uso del suelo, se contaminan fuentes, se sobrexplotan, se usurpan y se irrespetan las áreas protegidas.
Ella demandó de parte de todas las organizaciones una gestión integral del agua mediante políticas, actualización del marco jurídico e institucional y técnicas eficientes y sostenibles.
Para lograr ese cometido es necesario superar las discusiones sobre quien hace tal o cual tarea. La realidad es que el Minae es el ente rector del agua en Costa Rica, en eso no hay discusión, dijo la jerarca del AyA. La pregunta siguiente, es el cómo lograremos la integración de competencias entre los ministerios, instituciones autónomas y otros programas estatales, agregó Astorga.
En cuanto a la legislación, Astorga detalló que el proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, Expediente 17.742, subsana esta situación al establecer al Minae como el rector nacional, e integra todas las leyes y decretos, define competencias y la estructura organizativa para la gestión y conservación del agua en Costa Rica. También, crea el Consejo Nacional del RH, en el que participarían otras instancias con competencia en el agua; y el Consejo de Unidades Hidrológicas que reuniría diversos sectores. Actualmente, está en la Comisión de Constitucionalidad, en la Asamblea Legislativa. “Nadie quiere perder competencias, pero debemos impulsar lo que es científica y técnicamente, correcto”, exhortó la magister Astorga.
Leonardo Merino Trejos, del Programa Estado de la Nación, dijo que las luchas comunales por la conservación y uso del agua es uno de los temas que el país debe asumir pronto (foto Laura Rodríguez).
Desafíos al 2013
Por su parte, el Ing. José Miguel Zeledón Calderón, dijo que para lograr una gestión integrada del agua, el país primero requiere una definición territorial, esto establecería el qué y dónde monitorear.
Zeledón hizo eco de lo dicho por Astorga, e igualmente argumentado por foristas en sesiones anteriores, con respecto a la maraña legal imperante. Incluso, aseguró que desde la década de los años 80 del siglo anterior a la fecha, se han diseñado 25 propuestas de gestión hídrica, pero ninguna de ellas se ha puesto en ejecución.
El ingeniero Zeledón formuló seis metas estratégicas nacionales al 2030. La primera es limpiar los ríos y proteger todos los acuíferos. Además, establecer un marco normativo que permita la gobernabilidad de los recursos hídricos, así como el aprovechamiento eficiente y equitativito para todos los usos.
Otros retos son la recopilación y almacenamiento de información que permita la toma de decisión con criterios técnicos y científicos; asimismo para definir las inversiones de infraestructura requeridas. Finalmente, el lograr una nueva cultura hídrica entre los usuarios del agua, mediante la adquisición de nuevos hábitos y valoración del agua.
Por último, el ingeniero Zeledón exhortó a la aprobación del proyecto de ley mencionado, ya que es una gran oportunidad para que Costa Rica logre dichos objetivos.
Los especialistas hacen un llamado para diseñar un plan hídrico nacional
En el II Foro Institucional 2014 se discutió sobre el desorden territorial que atenta contra los ecosistemas hídricos. Entre las medidas recomendadas están un estudio que determine el balance hídrico para garantizar dicho recurso en las próximas décadas (foto Archivo ODI).
El pasado miércoles 19 de noviembre continuó el II Foro Institucional 2014, denominado “Diagnóstico y planificación del recurso hídrico en Costa Rica: Hacia una gestión integrada de la conservación y aprovechamiento del agua”.
Como ha sido usual en las sesiones anteriores, un auditorio lleno ha sido el marco para discutir, cuestionar y proponer acciones. En todas las mesas redondas los foristas claman para que Costa Rica diseñe un plan nacional que regule, ordene y establezca líneas de acción claras para garantizar el recurso hídrico.
Ese día se realizaron las quinta y sexta mesas redondas, cuyo tema principal fue el “Contexto territorial del desarrollo nacional y las implicaciones espacio-temporales de la oferta y demanda del recurso hídrico”. En la primera expusieron el Mag. Oscar Lücke Sánchez y el arquitecto Eduardo Brenes Mata, con la presencia de la Dra. Margarita Bolaños Arquín, como comentarista.
En la sexta mesa fueron invitados los magísteres Roberto Villalobos Flores, subdirector del Instituto Meteorológico Nacional, y Pascual Olivier Girot, especialista en Cambio Climático. El comentarista fue Lidier Esquivel Valverde, jefe de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de Emergencias.
El arquitecto Eduardo Brenes dijo que la disposición de las aguas negras es el talón de Aquiles en la política sanitaria costarricense (foto Laura Rodríguez).
Planificación nacional
A excepción del 25% del territorio protegido, Costa Rica carece de un plan territorial que regule sus recursos naturales. “El ordenamiento territorial es una política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo desde una perspectiva holística, prospectiva, democrática y participativa. Permite la apropiada organización política-administrativa y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente, tanto para las actuales generaciones, como para las del futuro”, explicó el magister Oscar Lucke Sánchez, profesor jubilado de la Escuela de Geografía de la UCR.
El magister Lücke agregó que “el uso inadecuado del territorio produce serios desequilibrios en el ciclo hidrológico de la región a nivel local, nacional y regional; la falta de un manejo integrado de tierras, aguas y bosques, agrava los efectos del cambio climático y aumenta las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales producto de la degradación de los recursos”.
Asimismo, dijo que las consecuencias de esa degradación ambiental y las consecuencias en los entornos humanos provocan que el país pierda competitividad, ya que el desgaste de los recursos naturales altera todos los ciclos productivos.
Según la Dra. Margarita Bolaños Arquín, el país debe fortalecer las organizaciones vecinales que gestionan los acueductos municipales (foto Laura Rodríguez).
Un ejemplo de este desorden territorial es la peligrosa sobreconcesión de algunas cuencas, como sucede en la llanura de San Carlos donde en algunas zonas río abajo se han secado fuentes de aguas comunitarias. Pero en el contexto actual, las regulaciones están cuesta arriba porque cuando se intenta intervenir desde las instituciones del gobierno central algunas municipalidades lo interpretan como una intromisión en la política local.
Lücke concluyó su exposición con una lista de prioridades nacionales para iniciar un proceso de recuperación y conservación del recurso hídrico. En primer lugar, dijo, es urgente determinar el balance hídrico para lograr un equilibrio entre la oferta y demanda del recurso. Luego, definir espacialmente y cuantificar las zonas vulnerables a la pérdida de competitividad por degradación ambiental y limitar los intereses empresariales que amenazan la estabilidad de las cuencas.
En ese sentido, Lücke recomendó “ordenar las cuencas hidrográficas con la participación local, de acuerdo a su capacidad de uso bioproductiva y propiciar su implementación por medio de instrumentos que armonicen las necesidades sociales con la oferta y demanda de agua, la gestión de riesgo y el uso de la tierra”.
Sobrepoblación peligrosa
El profesor Oscar Lücke Sánchez dijo que el desorden territorial atenta contra la competitividad costarricense debido a la degradación ambiental (foto Laura Rodríguez).
El arquitecto Eduardo Brenes Mata, especialista en planificación urbana, acotó que nuestro país tiene retos muy importantes en esa materia. La ausencia de una política de urbanización y uso del suelo han provocado un desbalance ambiental, que se ha acentuado en los últimos años.
Para el magister Brenes, la creciente urbanización de algunas zonas compromete los ecosistemas, en especial los hídricos.“El 73% de la población vive en las ciudades del país en aproximadamente el 2.5% del territorio. La urbanización en los últimos 30 años, ha provocado un desequilibrio muy acentuado entre el ambiente natural y las áreas urbanas”.
En el periodo citado por el arquitecto Brenes, la mancha urbana creció un 86% entre los años 1982 y 2005. El principal problema es que el marco jurídico regula los objetivos de cada sector, pero no están integrados en una política de Estado.
El talón de Aquiles de esta concentración es la disposición de aguas negras y pluviales, aunado al desperdicio en su consumo. La mayor parte de las primeras se disponen directamente sobre los cuerpos de agua y aún no se vislumbra una solución a ese problema, criticó Brenes.
Programa de la 4ª sesión y Clausura del II Foro Institucional 2014.
Finalmente, el arquitecto recomendó una regulación de la acelerada urbanización del valle central.“El desarrollo inmobiliario debe considerar que la expansión ilimitada y sin control de las ciudades y otras áreas urbanizadas compromete los recursos suelo y agua. De allí que la planificación urbana debe partir del conocimiento del territorio y sus características y con apoyo del marco institucional y legal, debe ir alcanzando sus objetivos de equilibrio”.
Comunidades protectoras
La antropóloga, Dra. Margarita Bolaños Arquín, concordó con los foristas que el país ha sido negligente en el gestión del recurso hídrico. Ella rescató que dentro del desorden imperante surgieron una serie de organizaciones que gestionan y conservan los mantos acuíferos que alimentan a los acueductos comunales. La Dra. Bolaños compartió con los asistentes su positiva experiencia como parte de la Asada Paso Ancho y Boquerón, en Oreamuno de Cartago.
A su criterio, estas asociaciones tienen una experiencia en el manejo de los recursos locales muy valiosa, se han apropiado de ellos y los protegen. Ella considera que en la medida que se incentiven, habrá mayor conservación. No obstante, dichas organizaciones son poco aprovechadas en el manejo hídrico por parte del Estado costarricense.
El II Foro Institucional 2014 concluye este miércoles 26 de noviembre a las 8:00 a.m. en el auditorio de la Facultad de Educación,con la cuarta sesión y la conferencia de clausura del Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente y Energía, con el tema Requisitos y acciones necesarias para alcanzar la meta de una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua en Costa Rica.
En el ámbito internacional, tanto la ONU en el 2010, como la OEA en el 2012, reconocieron el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida (foto archivo ODI).
Derecho humano al agua debe tutelarse aunque no sea reconocido como tal en la Constitución
“El problema de los derechos fundamentales ya no consiste en su reconocimiento, sino en la posibilidad de hacerlos efectivos. Por eso el derecho humano al agua y al saneamiento debe tutelarse, independientemente de que éste sea o no reconocido por la Constitución Política”.
Así lo manifestó el M.Sc. Mario Peña Chacón, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), durante la segunda jornada del II ForoInstitucional 2014 Diagnóstico y Planificación del Recurso Hídrico en Costa Rica: Hacia una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua.
En la actividad, organizada por la Comisión Especial Interdisciplinaria (CEI) de la Rectoría, el especialista se refirió a los principios, derechos y obligaciones derivadas de los tratados internacionales vinculantes suscritos por Costa Rica, mediante los cuales ese derecho humano al agua debería ser efectivo en el ámbito nacional.
Entre ellos citó la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres, la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo adicional al Convenio de Ginebra relativo a las víctimas de conflictos armados internacionales y la interpretación ambiental del Artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que se deriva el derecho humano al agua y al saneamiento. “Se trata del derecho de todos al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Aunque Peña es partidario de que siendo el agua un recurso finito, vulnerable y que requiere costos económicos para su gestión no debe ser gratuito, existe un deber estatal de proveer el servicio a las poblaciones más desfavorecidas colocando cerca una fuente de agua y un sistema de saneamiento.“El derecho humano al agua debe privar en hospitales, centros de salud, escuelas, orfanatos, estaciones de bomberos y asilos de ancianos, que no deberían sufrir cortes o interrupciones del servicio y ser gratuito para poblaciones alejadas, organizaciones comunales y pueblos indígenas”, indicó.
El recurso hídrico debe tener un valor económico para desestimular su mal uso y que cubra al menos los costos de mantenimiento y traslado del agua al punto de abastecimiento, indicó el M.Sc. Mario Peña (foto Rafael León).
Sin embargo –acotó- la estructura tarifaria debería reflejar los niveles de recuperación económica y castigar el desperdicio. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que una familia no debería gastar más de un 5% de su presupuesto en la tarifa hídrica y que cada persona debería tener acceso diario a entre 50 y 100 litros de agua diarios para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene, lavado, saneamiento y agricultura de subsistencia. “Quedan por fuera de ese derecho humano los usos del agua comerciales, industriales, para la agricultura extensiva y para la producción de energía eléctrica”.
Chacón explicó que actualmente Costa Rica está al nivel de un país desarrollado como Suecia en lo referente a la distribución de agua potable con un porcentaje de 90.1%. No obstante, en cuanto al tratamiento de las aguas residuales el país está al nivel de Haití, ya que solo se trata el 3% de esas aguas a nivel nacional y únicamente el 0.79% en la Gran Área Metropolitana (GAM).“El resto se descarga directamente en los ríos Tiribí, María Aguilar, Torres y Rivera, que acaban en la cuenca del Grande de Tárcoles, la más contaminada de toda Centroamérica”.
Discusión nacional
Mientras países como Suráfrica en 1996, Uruguay en el 2004, Ecuador en el 2008, Bolivia en el 2009 y México en el 2011, reconocieron en sus respectivas Constituciones que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible y que el Estado es el que debe garantizar ese derecho, en Costa Rica solo está plasmado a nivel de un Decreto Ejecutivo del MINAE de junio del 2002.
“En UICN buscamos que los instrumentos del derecho internacional sean plasmados en normativas nacionales en los diferentes países de la región”, indicó la M.Sc. Rocío Córdoba (foto Rafael León).
Como en el país es poco probable que se dé una reforma constitucional semejante, dijo Chacón, en el 2003 en su Sentencia 4654-2003, la Sala Constitucional reconoció como parte del Derecho de la Constitución el derecho humano al agua, derivado de los derechos fundamentales a la salud, a la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y a la vivienda digna, haciendo el mismo ejercicio que hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Además actualmente en la corriente legislativa circula un Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, presentado mediante iniciativa popular por la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) en el año 2007, que contempla este derecho de manera expresa en el artículo 2.
Aunque esta iniciativa fue aprobada en primer debate, luego de una consulta a la Sala Constitucional fue devuelto a la Comisión Permanente Especial de Ambiente donde se analizan tres artículos que fueron declarados inconstitucionales. Asimismo, en la corriente legislativa circula un proyecto de reforma al artículo 50 de la Constitución Política, para incluir a nivel constitucional derecho humano al agua, al que se han opuesto sistemáticamente los diputados del Movimiento Libertario.
Entretanto, comentó Chacón, las estadísticas nacionales dejan mucho que desear, pues indican que ese derecho humano al agua no es efectivo. “Pese a las sentencias que en la materia ha dictado la Sala Constitucional, el nivel de cumplimiento de las mismas por parte de las entidades del Estado es muy bajo: el MINAET un 15,9%, el Ministerio de Salud un 13,1%, Acueductos y Alcantarillados un 16,4%, el ICE un 21,1%, el MAG un 25% y el INCOPESCA un 0%”.
Mencionó como claros ejemplos de esta ineficacia la situación de contaminación del agua por plaguicidas o arsénico que sufren desde hace años las comunidades El Cairo, Milana, La Francia y Luisiana de Siquirres, Guanacaste y San Carlos, y que siguen sin resolverse en beneficio de sus habitantes, a pesar de existir recursos de amparo con lugar que son vinculantes.
Únicamente 0.26% del agua del planeta está disponible para consumo humano en lagos, embalses y canales (foto archivo ODI).
Además, de las 439 denuncias que se presentaron en el 2012 en el Tribunal Ambiental Administrativo, solo salieron cuatro resoluciones de acuerdo conciliatorio, 31 resoluciones de desestimación y 10 resoluciones finales, lo que denota una acumulación de procedimientos. Igual situación ocurre en el Ministerio Público, por cuanto de las 1 763 denuncias que se presentaron en el 2012 por delitos ambientales, hubo 26 sentencias condenatorias y 56 sentencias absolutorias. Las demás siguen sin resolución.
Para Chacón la palabra clave es efectividad, porque si a través de su ejercicio los derechos no se materializan, no sirven de nada, concluyó.
Recursos hídricos
La M.Sc. Rocío Córdoba Muñoz, coordinadora para Mesoamérica de Medios de Vida y Cambio Climático de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), indicó por su parte que pese a que no existe en el ámbito internacional una convención del agua que regule de forma holística todo el ciclo hidrológico, hay varios tratados, convenios y mecanismos internacionales que se refieren directa e indirectamente a la gestión integrada de recursos hídricos, su relación con los ecosistemas y con la sociedad.
“Nuestras instituciones están permeadas por la corrupción. De otra manera los votos de la Sala Constitucional se acatarían”, sentenció Álvaro Sagot (foto Rafael León).
En su opinión, son estos instrumentos del derecho internacional los que promueven un ambiente propicio para que los Estados dialoguen, negocien, consensuen y cooperen, sobre todo aquellos que comparten la gestión de lagos y cuencas fluviales.
Datos aportados por el Ing. Gerardo Fumero Paniagua, moderador de la mesa, indican que en el planeta existen 263 lagos y cuencas fluviales transfronterizas. Un total de 145 naciones tienen parte de su territorio en cuencas que comparten varios países y otras 21 se sitúan en su totalidad en el interior de cuencas compartidas por varios países.
La mayoría de las cuencas hidrográficas son compartidas por más de dos países, pero existen 13 cuencas que son compartidas por grupos de entre cinco y ocho naciones. Las cuencas de los ríos Congo, Níger, Nilo y Zambeze, todos en África y el río Rin en Europa, son compartidas por grupos de entre nueve y 11 países. El río que atraviesa la mayor cantidad de naciones es el río Danubio, que fluye a través de 18 naciones.
Esa condición de compartir las cuencas hidrográficas, unida a la cada vez menor disponibilidad del agua y un creciente deterioro de su calidad, hace que se incremente la competencia por este recurso, lo cual obliga a procurar tratados internacionales que establezcan acuerdos sobre su uso.
Por esa razón, continuó Rocío Córdoba,los tratados internacionales que tienen que ver de una u otra forma con el tema del agua proveen principios específicos relacionados con la gobernanza y el uso del agua, establecen, parcialmente instrumentos y mecanismos para su gestión efectiva e integral, y algunos contienen mecanismos de sanciones para asegurar la observancia de sus disposiciones por los Estados parte.
La cada vez menor disponibilidad del agua y un creciente deterioro de su calidad, hacen que se incremente la competencia por este recurso lo que obliga a procurar tratados internacionales que establezcan acuerdos sobre su uso (foto archivo ODI).
Al respecto, mencionó la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ratificada por el país en 1950, que se orienta a la protección de áreas de captación de agua como ríos, lagos, humedales y zonas costeras y que toma en cuenta diversos ecosistemas y su relación con el ser humano. Tal es el caso del Parque Nacional Talamanca-La Amistad y el Parque Nacional Marino Isla del Coco.
Otra es la Convención sobre los Humedales de importancia Internacional (Ramsar), que entró en vigor en 1971 y que el país aprobó en 1992, en la que Costa Rica es muy activa y que busca la conservación y el uso racional de estos ecosistemas acuáticos tanto de aguas dulces, como de aguas salobres y saladas y que contempla lineamientos para integrar la conservación de humedales dentro del manejo de cuencas hidrográficas.
Un tercer instrumento es el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (CDB) que entró en vigor en diciembre de 1993 y fue ratificado por Costa Rica en 1994. Este contempla la cooperación para la conservación de la diversidad biológica dentro y más allá de las jurisdicciones nacionales y resoluciones de las partes contratantes de la convención sobre diversidad biológica de aguas dulces.
Aparte de esos tratados, Córdoba mencionó instrumentos regionales dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que son políticas y estrategias a nivel regional que se han elaborado con participación de todos los países con el fin de buscar una mejor gestión de los recursos hídricos.
Entre otras mencionó la Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales, ratificada por los ministros de Ambiente en el 2002, y la Estrategia Regional de Cambio Climático, aprobada en el 2010.“Esta última es muy importante porque la variabilidad climática no puede ser desligada de ninguna forma ni en la región, ni en el país, de los recursos hídricos porque está relacionada con fenómenos hidrometeorológicos”.
El 75% del agua dulce del mundo se usa para la agricultura. Si se continúa en esa línea, se prevé que hacia el 2025, el 66% de los habitantes del planeta sufrirá condiciones de sequía o escasez (foto archivo ODI).
Finalmente, hizo referencia a dos instrumentos internacionales que sí están ratificados, que aunque no incluyen todo el ciclo hidrológico, se refieren a cursos de agua internacional o cuencas transfronterizas, incluidas las aguas subterráneas, “que casi nunca se toman en cuenta porque no se ven”.
Se trata del Convenio de Helsinki, que se convirtió en instrumento global en febrero del 2013 y la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la Navegación, que entró en vigor el 17 de agosto del 2014.“Ambas convenciones toman en cuenta los principios de cooperación, desarrollo sostenible y subsidiaridad y establecen una serie de principios del derecho internacional que son obligatorios para los países parte, la cual, hasta el momento, no ha sido ratificada por ningún país de América Central, ni de Latinoamérica”.
Durante los comentarios finales el M.Sc. Álvaro Sagot Rodríguez, consultor ambiental, concordó con los expositores en que a pesar de las directrices de la Sala Constitucional, todo parece indicar que las instituciones como tal y sus funcionarios aún no están sensibilizados con el tema del agua como derecho humano fundamental, no obstante que es reconocido incluso por convenciones internacionales ratificadas por Costa Rica. “Cuando se revisan los votos de la Sala Constitucional pareciera que a las instituciones se les repite una y otra vez que están violando derechos humanos fundamentales y con todo lo lamentable que puede ser, pareciera que contaminar el agua no es tan grave como el robo de un reloj o una cadena”.
A juicio de Sagot muchas de esas actitudes de los funcionarios públicos hacia la normativa existente, se deben a que en algunos casos existe corrupción, que responde a intereses de empresas extranjeras que invierten en el país, como ocurre en el caso de las comunidades de Siquirres, que desde el 2009 obtuvieron un voto favorable y continúan consumiendo agua contaminada por pesticidas.“Esto hay que dejarlo perfectamente claro: nuestras instituciones están permeadas por la corrupción. De otra manera los votos de la Sala Constitucional se acatarían”, concluyó.
