Como iniciativa del Sr. Leonardo Déreck Meneses Soto, se redactó una carta dirigida al Sr. Jorge Arguedas Mora, diputado del Partido Frente Amplio, en la que se solicita la oportunidad de escuchar al Dr. Freddy Pacheco León quien ha venido cuestionando la redacción del actual documento del proyecto Ley de Aguas, para que “informe e ilustre” al resto de sus compañeras y compañeros legisladores, acerca de los cuestionamientos que se han estado haciendo en los diferentes medios de comunicación al texto del proyecto de Ley de Aguas, ya que se considera que las y los ciudadanos de Costa Rica merecen transparencia en el proceso de formulación de leyes.
“Ante los cuestionamientos publicados referente al texto actual del proyecto de la Ley de aguas, no podemos estar de acuerdo en una futura Ley, manoseada y redactada por intereses foráneos que inducen a convertir el agua en una mercancía, cuando más bien ustedes deberían legislar para garantizar que el agua sea un derecho de la humanidad”, se argumenta en la carta.
Se adjunta carta emitida el pasado 3 de diciembre del 2014.
Proyecto de Ley, nacido de más de 12 años de luchas, se encuentra en revisión en el Congreso.
A partir de este jueves 4 de diciembre, la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) hará circular una serie de videos con el propósito de promover la aprobación del proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.
En las producciones se responde una pregunta de marco general y una específica (gestión de agua potable, protección de fuentes de agua, conflictos en comunidades, el agua como derecho humano) de acuerdo a las funciones y especialidades de las personas entrevistadas.
En los videos expresan opinión personalidades como Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana, Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, y Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, entre otros actores de la sociedad y organizaciones protectoras del ambiente.
La campaña arrancará el próximo 4 de diciembre y los videos estarán disponibles a través de la plataforma Vimeo, en la dirección www.vimeo.com/vocesnuestras, y en la página de facebook de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, www.facebook.com/agendadelaguacr.
Historia del proyecto
En septiembre del año 2009, ANDA, ciudadanos y organizaciones civiles presentaron la propuesta en la Asamblea Legislativa mediante el mecanismo de iniciativa popular, acompañada de más de 150 000 firmas de apoyo a los principios orientadores del proyecto.
Luego de negociaciones entre gobierno, partidos políticos, sector privado y organizaciones ambientalistas, el proyecto fue aprobado en primer debate el 31 de marzo del presente año.
Sin embargo, en agosto la Sala Constitucional encontró problemas en los artículos 29 y 30, y en un transitorio de la iniciativa, que pretendían cambiar el mecanismo para calcular el área de protección de las fuentes de agua y permitir ciertas actividades en esas áreas, tal como habían solicitado en la negociación algunos sectores productivos con apoyo del anterior gobierno.
El proyecto se encuentra en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, que debe resolver lo anotado por la Sala IV. ANDA impulsa la eliminación de los artículos indicados por ese órgano y que en consecuencia se mantenga vigente la legislación actual al respecto, lo que conservaría las condiciones que tiene en este momento el sector productivo en cuanto a las áreas de protección. Sin embargo, algunos actores están procurando confundir a la opinión pública y a las distintas fracciones legislativas con el fin de que el texto vuelva a la Comisión de Ambiente para un nuevo dictamen o para hacer imposible su aprobación.
Es el momento de que todos los partidos políticos demuestren a qué intereses y sectores responden, esperamos que sea a las comunidades urbanas y rurales de todo el país que, ante la falta de una legislación clara y con espíritu solidario, día a día ven limitado su derecho humano al agua.
Para más información: Esteban Monge (emonge@cedarena.org / tel: 2283-7080).
Información enviada a SURCOS Digital por Voces Nuestras.
Foristas exhortan a urgente aprobación de nueva normativa hídrica
Concluyó el II Foro Institucional 2014
La sobreconcesión de algunas cuencas amenaza el futuro hídrico de ciertas regiones. Por ejemplo, en la Llanura de San Carlos operan varios proyectos privados que han secado el caudal río abajo (foto Archivo ODI).
El pasado miércoles 26 de noviembre concluyó el II Foro Institucional 2014, denominado “Diagnóstico y planificación del recurso hídrico en Costa Rica: Hacia una gestión integrada de la conservación y aprovechamiento del agua”.
En esta cuarta sesión se discutió ampliamente sobre el marco normativo hídrico, así como los retos que tiene el país en dicha materia. En términos generales, los foristas y el público abogó por la reforma integral de la Ley de Aguas que rige desde 1942.
En la primera mesa redonda del día fueron invitados la magister Yamileth Astorga Espeleta, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y destacada investigadora de la UCR. Además, el ingeniero José Miguel Zeledón Calderón, director de Aguas, en el Ministerio de Ambiente y Energía.
La segunda mesa de la jornada tuvo como invitados a los ingenieros Carlos Manuel Romero Fernández, director de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). Asimismo, a Elías Rosales Escalante, catedrático jubilado del Instituto Tecnológico de Costa Rica.Los comentaristas de las mesas fueron el magister Leonardo Merino Trejos y el Ing. Fernando Sánchez Redondo.
Yamileth Astorga Espeleta, presidenta ejecutiva del AyA, dijo que esa institución requiere una reingienería total para que opere acorde a las necesidades del sector hídrico costarricense (foto Laura Rodríguez).
El II Foro Institucional 2014 fue clausurado por el Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, ministro de Ambiente y Energía,quien dictó la conferencia “Requisitos y acciones necesarias para alcanzar la meta de una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua en Costa Rica”.
La magister Yamileth Astorga Espeleta,reconocida investigadora del recurso hídrico en Costa Rica, dijo que al revisar la normativa vigente “pareciera que en Costa Rica la protección del recurso hídrico está bastante respaldada desde el punto de vista normativo e institucional: más de 100 leyes y decretos, más de 15 instituciones relacionadas; no obstante, hay una serie de amenazas para el futuro hídrico del país”, dijo la jerarca.
El Ing. José Miguel Zeledón Calderón, director de Aguas del Minae, afirmó que una política hídrica nacional debe involucrar a todos los actores sociales en la gestión y conservación del agua (foto Laura Rodríguez).
Astorga mencionó que el tener un marco legal obsoleto y una acción interinstitucional poco rigurosa incide en la impunidad ante los delitos ambientales. Por ejemplo, se destruyen fuentes de agua por cambio del uso del suelo, se contaminan fuentes, se sobrexplotan, se usurpan y se irrespetan las áreas protegidas.
Ella demandó de parte de todas las organizaciones una gestión integral del agua mediante políticas, actualización del marco jurídico e institucional y técnicas eficientes y sostenibles.
Para lograr ese cometido es necesario superar las discusiones sobre quien hace tal o cual tarea. La realidad es que el Minae es el ente rector del agua en Costa Rica, en eso no hay discusión, dijo la jerarca del AyA. La pregunta siguiente, es el cómo lograremos la integración de competencias entre los ministerios, instituciones autónomas y otros programas estatales, agregó Astorga.
En cuanto a la legislación, Astorga detalló que el proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, Expediente 17.742, subsana esta situación al establecer al Minae como el rector nacional, e integra todas las leyes y decretos, define competencias y la estructura organizativa para la gestión y conservación del agua en Costa Rica. También, crea el Consejo Nacional del RH, en el que participarían otras instancias con competencia en el agua; y el Consejo de Unidades Hidrológicas que reuniría diversos sectores. Actualmente, está en la Comisión de Constitucionalidad, en la Asamblea Legislativa. “Nadie quiere perder competencias, pero debemos impulsar lo que es científica y técnicamente, correcto”, exhortó la magister Astorga.
Leonardo Merino Trejos, del Programa Estado de la Nación, dijo que las luchas comunales por la conservación y uso del agua es uno de los temas que el país debe asumir pronto (foto Laura Rodríguez).
Desafíos al 2013
Por su parte, el Ing. José Miguel Zeledón Calderón, dijo que para lograr una gestión integrada del agua, el país primero requiere una definición territorial, esto establecería el qué y dónde monitorear.
Zeledón hizo eco de lo dicho por Astorga, e igualmente argumentado por foristas en sesiones anteriores, con respecto a la maraña legal imperante. Incluso, aseguró que desde la década de los años 80 del siglo anterior a la fecha, se han diseñado 25 propuestas de gestión hídrica, pero ninguna de ellas se ha puesto en ejecución.
El ingeniero Zeledón formuló seis metas estratégicas nacionales al 2030. La primera es limpiar los ríos y proteger todos los acuíferos. Además, establecer un marco normativo que permita la gobernabilidad de los recursos hídricos, así como el aprovechamiento eficiente y equitativito para todos los usos.
Otros retos son la recopilación y almacenamiento de información que permita la toma de decisión con criterios técnicos y científicos; asimismo para definir las inversiones de infraestructura requeridas. Finalmente, el lograr una nueva cultura hídrica entre los usuarios del agua, mediante la adquisición de nuevos hábitos y valoración del agua.
Por último, el ingeniero Zeledón exhortó a la aprobación del proyecto de ley mencionado, ya que es una gran oportunidad para que Costa Rica logre dichos objetivos.
Los especialistas hacen un llamado para diseñar un plan hídrico nacional
En el II Foro Institucional 2014 se discutió sobre el desorden territorial que atenta contra los ecosistemas hídricos. Entre las medidas recomendadas están un estudio que determine el balance hídrico para garantizar dicho recurso en las próximas décadas (foto Archivo ODI).
El pasado miércoles 19 de noviembre continuó el II Foro Institucional 2014, denominado “Diagnóstico y planificación del recurso hídrico en Costa Rica: Hacia una gestión integrada de la conservación y aprovechamiento del agua”.
Como ha sido usual en las sesiones anteriores, un auditorio lleno ha sido el marco para discutir, cuestionar y proponer acciones. En todas las mesas redondas los foristas claman para que Costa Rica diseñe un plan nacional que regule, ordene y establezca líneas de acción claras para garantizar el recurso hídrico.
Ese día se realizaron las quinta y sexta mesas redondas, cuyo tema principal fue el “Contexto territorial del desarrollo nacional y las implicaciones espacio-temporales de la oferta y demanda del recurso hídrico”. En la primera expusieron el Mag. Oscar Lücke Sánchez y el arquitecto Eduardo Brenes Mata, con la presencia de la Dra. Margarita Bolaños Arquín, como comentarista.
En la sexta mesa fueron invitados los magísteres Roberto Villalobos Flores, subdirector del Instituto Meteorológico Nacional, y Pascual Olivier Girot, especialista en Cambio Climático. El comentarista fue Lidier Esquivel Valverde, jefe de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de Emergencias.
El arquitecto Eduardo Brenes dijo que la disposición de las aguas negras es el talón de Aquiles en la política sanitaria costarricense (foto Laura Rodríguez).
Planificación nacional
A excepción del 25% del territorio protegido, Costa Rica carece de un plan territorial que regule sus recursos naturales. “El ordenamiento territorial es una política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo desde una perspectiva holística, prospectiva, democrática y participativa. Permite la apropiada organización política-administrativa y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente, tanto para las actuales generaciones, como para las del futuro”, explicó el magister Oscar Lucke Sánchez, profesor jubilado de la Escuela de Geografía de la UCR.
El magister Lücke agregó que “el uso inadecuado del territorio produce serios desequilibrios en el ciclo hidrológico de la región a nivel local, nacional y regional; la falta de un manejo integrado de tierras, aguas y bosques, agrava los efectos del cambio climático y aumenta las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales producto de la degradación de los recursos”.
Asimismo, dijo que las consecuencias de esa degradación ambiental y las consecuencias en los entornos humanos provocan que el país pierda competitividad, ya que el desgaste de los recursos naturales altera todos los ciclos productivos.
Según la Dra. Margarita Bolaños Arquín, el país debe fortalecer las organizaciones vecinales que gestionan los acueductos municipales (foto Laura Rodríguez).
Un ejemplo de este desorden territorial es la peligrosa sobreconcesión de algunas cuencas, como sucede en la llanura de San Carlos donde en algunas zonas río abajo se han secado fuentes de aguas comunitarias. Pero en el contexto actual, las regulaciones están cuesta arriba porque cuando se intenta intervenir desde las instituciones del gobierno central algunas municipalidades lo interpretan como una intromisión en la política local.
Lücke concluyó su exposición con una lista de prioridades nacionales para iniciar un proceso de recuperación y conservación del recurso hídrico. En primer lugar, dijo, es urgente determinar el balance hídrico para lograr un equilibrio entre la oferta y demanda del recurso. Luego, definir espacialmente y cuantificar las zonas vulnerables a la pérdida de competitividad por degradación ambiental y limitar los intereses empresariales que amenazan la estabilidad de las cuencas.
En ese sentido, Lücke recomendó “ordenar las cuencas hidrográficas con la participación local, de acuerdo a su capacidad de uso bioproductiva y propiciar su implementación por medio de instrumentos que armonicen las necesidades sociales con la oferta y demanda de agua, la gestión de riesgo y el uso de la tierra”.
Sobrepoblación peligrosa
El profesor Oscar Lücke Sánchez dijo que el desorden territorial atenta contra la competitividad costarricense debido a la degradación ambiental (foto Laura Rodríguez).
El arquitecto Eduardo Brenes Mata, especialista en planificación urbana, acotó que nuestro país tiene retos muy importantes en esa materia. La ausencia de una política de urbanización y uso del suelo han provocado un desbalance ambiental, que se ha acentuado en los últimos años.
Para el magister Brenes, la creciente urbanización de algunas zonas compromete los ecosistemas, en especial los hídricos.“El 73% de la población vive en las ciudades del país en aproximadamente el 2.5% del territorio. La urbanización en los últimos 30 años, ha provocado un desequilibrio muy acentuado entre el ambiente natural y las áreas urbanas”.
En el periodo citado por el arquitecto Brenes, la mancha urbana creció un 86% entre los años 1982 y 2005. El principal problema es que el marco jurídico regula los objetivos de cada sector, pero no están integrados en una política de Estado.
El talón de Aquiles de esta concentración es la disposición de aguas negras y pluviales, aunado al desperdicio en su consumo. La mayor parte de las primeras se disponen directamente sobre los cuerpos de agua y aún no se vislumbra una solución a ese problema, criticó Brenes.
Programa de la 4ª sesión y Clausura del II Foro Institucional 2014.
Finalmente, el arquitecto recomendó una regulación de la acelerada urbanización del valle central.“El desarrollo inmobiliario debe considerar que la expansión ilimitada y sin control de las ciudades y otras áreas urbanizadas compromete los recursos suelo y agua. De allí que la planificación urbana debe partir del conocimiento del territorio y sus características y con apoyo del marco institucional y legal, debe ir alcanzando sus objetivos de equilibrio”.
Comunidades protectoras
La antropóloga, Dra. Margarita Bolaños Arquín, concordó con los foristas que el país ha sido negligente en el gestión del recurso hídrico. Ella rescató que dentro del desorden imperante surgieron una serie de organizaciones que gestionan y conservan los mantos acuíferos que alimentan a los acueductos comunales. La Dra. Bolaños compartió con los asistentes su positiva experiencia como parte de la Asada Paso Ancho y Boquerón, en Oreamuno de Cartago.
A su criterio, estas asociaciones tienen una experiencia en el manejo de los recursos locales muy valiosa, se han apropiado de ellos y los protegen. Ella considera que en la medida que se incentiven, habrá mayor conservación. No obstante, dichas organizaciones son poco aprovechadas en el manejo hídrico por parte del Estado costarricense.
El II Foro Institucional 2014 concluye este miércoles 26 de noviembre a las 8:00 a.m. en el auditorio de la Facultad de Educación,con la cuarta sesión y la conferencia de clausura del Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente y Energía, con el tema Requisitos y acciones necesarias para alcanzar la meta de una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua en Costa Rica.
En el ámbito internacional, tanto la ONU en el 2010, como la OEA en el 2012, reconocieron el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida (foto archivo ODI).
Derecho humano al agua debe tutelarse aunque no sea reconocido como tal en la Constitución
“El problema de los derechos fundamentales ya no consiste en su reconocimiento, sino en la posibilidad de hacerlos efectivos. Por eso el derecho humano al agua y al saneamiento debe tutelarse, independientemente de que éste sea o no reconocido por la Constitución Política”.
Así lo manifestó el M.Sc. Mario Peña Chacón, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), durante la segunda jornada del II ForoInstitucional 2014 Diagnóstico y Planificación del Recurso Hídrico en Costa Rica: Hacia una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua.
En la actividad, organizada por la Comisión Especial Interdisciplinaria (CEI) de la Rectoría, el especialista se refirió a los principios, derechos y obligaciones derivadas de los tratados internacionales vinculantes suscritos por Costa Rica, mediante los cuales ese derecho humano al agua debería ser efectivo en el ámbito nacional.
Entre ellos citó la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres, la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo adicional al Convenio de Ginebra relativo a las víctimas de conflictos armados internacionales y la interpretación ambiental del Artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que se deriva el derecho humano al agua y al saneamiento. “Se trata del derecho de todos al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Aunque Peña es partidario de que siendo el agua un recurso finito, vulnerable y que requiere costos económicos para su gestión no debe ser gratuito, existe un deber estatal de proveer el servicio a las poblaciones más desfavorecidas colocando cerca una fuente de agua y un sistema de saneamiento.“El derecho humano al agua debe privar en hospitales, centros de salud, escuelas, orfanatos, estaciones de bomberos y asilos de ancianos, que no deberían sufrir cortes o interrupciones del servicio y ser gratuito para poblaciones alejadas, organizaciones comunales y pueblos indígenas”, indicó.
El recurso hídrico debe tener un valor económico para desestimular su mal uso y que cubra al menos los costos de mantenimiento y traslado del agua al punto de abastecimiento, indicó el M.Sc. Mario Peña (foto Rafael León).
Sin embargo –acotó- la estructura tarifaria debería reflejar los niveles de recuperación económica y castigar el desperdicio. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que una familia no debería gastar más de un 5% de su presupuesto en la tarifa hídrica y que cada persona debería tener acceso diario a entre 50 y 100 litros de agua diarios para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene, lavado, saneamiento y agricultura de subsistencia. “Quedan por fuera de ese derecho humano los usos del agua comerciales, industriales, para la agricultura extensiva y para la producción de energía eléctrica”.
Chacón explicó que actualmente Costa Rica está al nivel de un país desarrollado como Suecia en lo referente a la distribución de agua potable con un porcentaje de 90.1%. No obstante, en cuanto al tratamiento de las aguas residuales el país está al nivel de Haití, ya que solo se trata el 3% de esas aguas a nivel nacional y únicamente el 0.79% en la Gran Área Metropolitana (GAM).“El resto se descarga directamente en los ríos Tiribí, María Aguilar, Torres y Rivera, que acaban en la cuenca del Grande de Tárcoles, la más contaminada de toda Centroamérica”.
Discusión nacional
Mientras países como Suráfrica en 1996, Uruguay en el 2004, Ecuador en el 2008, Bolivia en el 2009 y México en el 2011, reconocieron en sus respectivas Constituciones que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible y que el Estado es el que debe garantizar ese derecho, en Costa Rica solo está plasmado a nivel de un Decreto Ejecutivo del MINAE de junio del 2002.
“En UICN buscamos que los instrumentos del derecho internacional sean plasmados en normativas nacionales en los diferentes países de la región”, indicó la M.Sc. Rocío Córdoba (foto Rafael León).
Como en el país es poco probable que se dé una reforma constitucional semejante, dijo Chacón, en el 2003 en su Sentencia 4654-2003, la Sala Constitucional reconoció como parte del Derecho de la Constitución el derecho humano al agua, derivado de los derechos fundamentales a la salud, a la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y a la vivienda digna, haciendo el mismo ejercicio que hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Además actualmente en la corriente legislativa circula un Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, presentado mediante iniciativa popular por la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) en el año 2007, que contempla este derecho de manera expresa en el artículo 2.
Aunque esta iniciativa fue aprobada en primer debate, luego de una consulta a la Sala Constitucional fue devuelto a la Comisión Permanente Especial de Ambiente donde se analizan tres artículos que fueron declarados inconstitucionales. Asimismo, en la corriente legislativa circula un proyecto de reforma al artículo 50 de la Constitución Política, para incluir a nivel constitucional derecho humano al agua, al que se han opuesto sistemáticamente los diputados del Movimiento Libertario.
Entretanto, comentó Chacón, las estadísticas nacionales dejan mucho que desear, pues indican que ese derecho humano al agua no es efectivo. “Pese a las sentencias que en la materia ha dictado la Sala Constitucional, el nivel de cumplimiento de las mismas por parte de las entidades del Estado es muy bajo: el MINAET un 15,9%, el Ministerio de Salud un 13,1%, Acueductos y Alcantarillados un 16,4%, el ICE un 21,1%, el MAG un 25% y el INCOPESCA un 0%”.
Mencionó como claros ejemplos de esta ineficacia la situación de contaminación del agua por plaguicidas o arsénico que sufren desde hace años las comunidades El Cairo, Milana, La Francia y Luisiana de Siquirres, Guanacaste y San Carlos, y que siguen sin resolverse en beneficio de sus habitantes, a pesar de existir recursos de amparo con lugar que son vinculantes.
Únicamente 0.26% del agua del planeta está disponible para consumo humano en lagos, embalses y canales (foto archivo ODI).
Además, de las 439 denuncias que se presentaron en el 2012 en el Tribunal Ambiental Administrativo, solo salieron cuatro resoluciones de acuerdo conciliatorio, 31 resoluciones de desestimación y 10 resoluciones finales, lo que denota una acumulación de procedimientos. Igual situación ocurre en el Ministerio Público, por cuanto de las 1 763 denuncias que se presentaron en el 2012 por delitos ambientales, hubo 26 sentencias condenatorias y 56 sentencias absolutorias. Las demás siguen sin resolución.
Para Chacón la palabra clave es efectividad, porque si a través de su ejercicio los derechos no se materializan, no sirven de nada, concluyó.
Recursos hídricos
La M.Sc. Rocío Córdoba Muñoz, coordinadora para Mesoamérica de Medios de Vida y Cambio Climático de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), indicó por su parte que pese a que no existe en el ámbito internacional una convención del agua que regule de forma holística todo el ciclo hidrológico, hay varios tratados, convenios y mecanismos internacionales que se refieren directa e indirectamente a la gestión integrada de recursos hídricos, su relación con los ecosistemas y con la sociedad.
“Nuestras instituciones están permeadas por la corrupción. De otra manera los votos de la Sala Constitucional se acatarían”, sentenció Álvaro Sagot (foto Rafael León).
En su opinión, son estos instrumentos del derecho internacional los que promueven un ambiente propicio para que los Estados dialoguen, negocien, consensuen y cooperen, sobre todo aquellos que comparten la gestión de lagos y cuencas fluviales.
Datos aportados por el Ing. Gerardo Fumero Paniagua, moderador de la mesa, indican que en el planeta existen 263 lagos y cuencas fluviales transfronterizas. Un total de 145 naciones tienen parte de su territorio en cuencas que comparten varios países y otras 21 se sitúan en su totalidad en el interior de cuencas compartidas por varios países.
La mayoría de las cuencas hidrográficas son compartidas por más de dos países, pero existen 13 cuencas que son compartidas por grupos de entre cinco y ocho naciones. Las cuencas de los ríos Congo, Níger, Nilo y Zambeze, todos en África y el río Rin en Europa, son compartidas por grupos de entre nueve y 11 países. El río que atraviesa la mayor cantidad de naciones es el río Danubio, que fluye a través de 18 naciones.
Esa condición de compartir las cuencas hidrográficas, unida a la cada vez menor disponibilidad del agua y un creciente deterioro de su calidad, hace que se incremente la competencia por este recurso, lo cual obliga a procurar tratados internacionales que establezcan acuerdos sobre su uso.
Por esa razón, continuó Rocío Córdoba,los tratados internacionales que tienen que ver de una u otra forma con el tema del agua proveen principios específicos relacionados con la gobernanza y el uso del agua, establecen, parcialmente instrumentos y mecanismos para su gestión efectiva e integral, y algunos contienen mecanismos de sanciones para asegurar la observancia de sus disposiciones por los Estados parte.
La cada vez menor disponibilidad del agua y un creciente deterioro de su calidad, hacen que se incremente la competencia por este recurso lo que obliga a procurar tratados internacionales que establezcan acuerdos sobre su uso (foto archivo ODI).
Al respecto, mencionó la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ratificada por el país en 1950, que se orienta a la protección de áreas de captación de agua como ríos, lagos, humedales y zonas costeras y que toma en cuenta diversos ecosistemas y su relación con el ser humano. Tal es el caso del Parque Nacional Talamanca-La Amistad y el Parque Nacional Marino Isla del Coco.
Otra es la Convención sobre los Humedales de importancia Internacional (Ramsar), que entró en vigor en 1971 y que el país aprobó en 1992, en la que Costa Rica es muy activa y que busca la conservación y el uso racional de estos ecosistemas acuáticos tanto de aguas dulces, como de aguas salobres y saladas y que contempla lineamientos para integrar la conservación de humedales dentro del manejo de cuencas hidrográficas.
Un tercer instrumento es el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (CDB) que entró en vigor en diciembre de 1993 y fue ratificado por Costa Rica en 1994. Este contempla la cooperación para la conservación de la diversidad biológica dentro y más allá de las jurisdicciones nacionales y resoluciones de las partes contratantes de la convención sobre diversidad biológica de aguas dulces.
Aparte de esos tratados, Córdoba mencionó instrumentos regionales dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que son políticas y estrategias a nivel regional que se han elaborado con participación de todos los países con el fin de buscar una mejor gestión de los recursos hídricos.
Entre otras mencionó la Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales, ratificada por los ministros de Ambiente en el 2002, y la Estrategia Regional de Cambio Climático, aprobada en el 2010.“Esta última es muy importante porque la variabilidad climática no puede ser desligada de ninguna forma ni en la región, ni en el país, de los recursos hídricos porque está relacionada con fenómenos hidrometeorológicos”.
El 75% del agua dulce del mundo se usa para la agricultura. Si se continúa en esa línea, se prevé que hacia el 2025, el 66% de los habitantes del planeta sufrirá condiciones de sequía o escasez (foto archivo ODI).
Finalmente, hizo referencia a dos instrumentos internacionales que sí están ratificados, que aunque no incluyen todo el ciclo hidrológico, se refieren a cursos de agua internacional o cuencas transfronterizas, incluidas las aguas subterráneas, “que casi nunca se toman en cuenta porque no se ven”.
Se trata del Convenio de Helsinki, que se convirtió en instrumento global en febrero del 2013 y la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la Navegación, que entró en vigor el 17 de agosto del 2014.“Ambas convenciones toman en cuenta los principios de cooperación, desarrollo sostenible y subsidiaridad y establecen una serie de principios del derecho internacional que son obligatorios para los países parte, la cual, hasta el momento, no ha sido ratificada por ningún país de América Central, ni de Latinoamérica”.
Durante los comentarios finales el M.Sc. Álvaro Sagot Rodríguez, consultor ambiental, concordó con los expositores en que a pesar de las directrices de la Sala Constitucional, todo parece indicar que las instituciones como tal y sus funcionarios aún no están sensibilizados con el tema del agua como derecho humano fundamental, no obstante que es reconocido incluso por convenciones internacionales ratificadas por Costa Rica. “Cuando se revisan los votos de la Sala Constitucional pareciera que a las instituciones se les repite una y otra vez que están violando derechos humanos fundamentales y con todo lo lamentable que puede ser, pareciera que contaminar el agua no es tan grave como el robo de un reloj o una cadena”.
A juicio de Sagot muchas de esas actitudes de los funcionarios públicos hacia la normativa existente, se deben a que en algunos casos existe corrupción, que responde a intereses de empresas extranjeras que invierten en el país, como ocurre en el caso de las comunidades de Siquirres, que desde el 2009 obtuvieron un voto favorable y continúan consumiendo agua contaminada por pesticidas.“Esto hay que dejarlo perfectamente claro: nuestras instituciones están permeadas por la corrupción. De otra manera los votos de la Sala Constitucional se acatarían”, concluyó.
Al ICE que aclare los plazos para archivar proyectos
El 11 de noviembre el Consejo Municipal de Buenos Aires decidió rechazar el veto a la intención de derogar la moratoria a los proyectos hidroeléctricos privados interpuesto, por tercera vez, por la Vice Alcalde Rosario Cordero, el pasado martes 28 de octubre.
Ahora será un Tribunal Contencioso Administrativo quien resuelva el diferendo entre algunos miembros del Consejo y las autoridades municipales que aprobaron la moratoria (Acuerdo 25-2013 y ratificado 11-2-2014) hasta tanto no se resuelva el conflicto con proyectos de abastecimiento de agua potable para las poblaciones del cantón.
Vencimiento de plazos para proyectos. Las acciones de lucha de las comunidades en defensa del agua han tenido sus frutos logrando archivar tres proyectos hidroeléctricos en ARESEP (Monteverde I, Monteverde II y Consuelo), y continúan, ahora el Movimiento Ríos Vivos solicitó a SETENA el archivo de los proyectos San Pedro, San Rafael y Peñas Blanquitas II por vencimiento de plazos para presentación de información técnica y la falta de una solicitud de prórroga.
En el caso de proyecto San Pedro, mediante el Oficio 595-2014, la SETENA otorgó plazo de 6 meses para la presentación del Anexo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que venció el 26 de setiembre pasado. Mientras el Peñas Blanquitas II, mediante el Oficio 538-2014-SETENA, se le otorgó plazo de 6 meses para la presentación de un anexo al EIA que venció el pasado 19 de setiembre sin costar ninguna solicitud de prórroga en el expediente.
Al proyecto San Rafael la SETENA le otorgó 6 meses de tiempo para la presentación del Anexo al EIA, mediante el oficio 578-2014. El plazo para presentar el estudio venció el pasado 24 de setiembre 2014 y el documento no fue entregado. A pesar de haber vencido el plazo, se presentó una solicitud de prórroga (ver documento) con fecha de recibido el 26 de setiembre, por tanto dicha solicitud se presentó a destiempo.
Mediante una carta respaldada por el diputado Edgardo Araya Sibaja, el 30 de octubre de 2014 solicitaron al Presidente Ejecutivo del ICE Carlos Obregón información sobre los plazos de los proyectos Consuelo, Monteverde II, Monteverde I y San Rafael, que fueron seleccionados en las licitaciones del ICE (N°01-2012) y (N° 02-2014) y en teoría, tenían un año para cumplir con la presentación de requisitos como la Evaluación Ambiental, concesión de aguas y servicio público de generación eléctrica, aprobada por Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.
La carta de compromiso del PH Consuelo y el ICE, firmada en 21 de febrero de 2013, asegura que tendría un año para cumplir con esos requisitos, por lo que Ríos Vivos quiere saber las razones y el estado de los otros proyectos, y que informen si es el caso, las ampliaciones otorgadas.
Los proyectos Consuelo y Monteverde I por estar en el cantón de Buenos Aires no cuentan con el uso conforme necesario para la aprobación de EIA por la moratoria municipalidad vigente para la construcción de proyectos hidroeléctricos, hasta tanto no se resuelva el conflicto con proyectos de abastecimiento de agua potable para las poblaciones del cantón. Por esta razón, así como el criterio técnico vinculante como el caso de AyA y MINAE solicitaron dar por terminado el compromiso del ICE con estos proyectos.
Informes: Roberto Granados del Comité Cívico Bonaerense al tel: 8860 0011 Jiri Spendlingwimmer del Movimiento Ríos Vivos al tel 8880 6385
A su llegada a Costa Rica, después de finalizar sus estudios de Medicina en Bélgica, el joven doctor Rafael Ángel Calderón Guardia no pudo menos que impactarse por la situación social y económica de sus compatriotas. La indolencia de los gobiernos sumada a la pasividad de la iglesia católica costarricense, mantenían una clase de inmovilismo muy cómodo para los que ostentaban el poder. El pobre debería de agradecer a Dios su situación; con ello se aseguraba su lugar en el cielo.
La ESPERANZA DE VIDA era inferior a los 47 años, y por supuesto, las familias obreras y campesinas eran las más abatidas. Situación que conocía muy bien desde su función de médico. Diputado a partir de 1935, comprometido con los más pobres, sabía que sus desvelos, causados por las escasas respuestas del Estado, le perseguirían mientras no tuviera oportunidad de actuar y poner en ejecución la doctrina social de la iglesia de la que se había nutrido en Europa.
Así, al quedar electo presidente con un apoyo superior al 80% de los votos, fiel a sus ofrecimientos de campaña, se dedicó con especial ahínco a elaborar los proyectos de ley que le sirvieran al pueblo encontrar los senderos que les permitieran alcanzar el anhelado BIENESTAR SOCIAL. Fueron meses altamente fructíferos, durante los cuales se emitieron leyes y reformas constitucionales que atendieron las necesidades urgentes. Y así, sin perder valioso tiempo, puso manos a la obra. Hizo nacer la “Junta Nacional de la Habitación y la Cooperativa de CASAS Económicas «La Familia», La “Reforma Constitucional de las GARANTÍAS SOCIALES” que sentara las bases de la justicia social ausente del hogar costarricense. Y no menos trascendente fue la ley que establecía los SEGUROS SOCIALES obligatorios… “como única fórmula que armoniza los intereses en pugna del capital y el trabajo, pues tiende a establecer como bases de las relaciones humanas los eternos principios de justicia y solidaridad cristianos, frente a los cuales no existen, o no deben existir, diferencias de clases, sino únicamente hombres que sufren y hombres que tienen el deber de aliviar esos sufrimientos”, defendió ante el Congreso.
Asimismo, nació la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, abriendo de esta forma las puertas hasta entonces cerradas, por las que pasarían miles de jóvenes que solo podían aspirar a un certificado de educación secundaria. Pero más allá también del muy reconocido Código de Trabajo, que vendría a establecer jornadas laborales, salarios mínimos y otras normas desconocidas en el país, el médico-presidente no podría haber dejado de lado los aspectos de salud, de salubridad, de las enfermedades contagiosas, de las situaciones provocadas por el acceso limitadísimo al agua potable en cantidad y calidad adecuadas.
Gran conocedor de que LA BASE FUNDAMENTAL de una mejor calidad de vida estaba en el acceso al agua como un bien “de dominio público”, “de propiedad nacional”, concesionable, creó el 26 de agosto de 1942, LA LEY DE AGUAS (Ley Nº 276). En ella se determina sabiamente que el recurso agua habría de ser administrado por la “Sección de Aguas Potables” de la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, encargada de “todo lo relacionado con la utilización y administración de las aguas de las cañerías y de los servicios sanitarios”, que incluye “su tratamiento técnico para hacerlas potables; la provisión de ellas a las diversas poblaciones conforme se vaya determinando; la vigilancia de los servicios respectivos y la preparación de planos, diseños, organización, técnica y manejo de los servicios de cañerías o sistemas de distribución de aguas para servicios sanitarios”. Y para garantizar la viabilidad de tan innovadora (para la época) función estatal, se determina que “Lo relativo a la ejecución, construcción y reparación de las obras necesarias para tales fines, corresponderá a la Sección o Departamento de Cañerías de la Secretaría de Fomento”.
Ley de Aguas que HA SIDO ACTUALIZADA a través de los años para adecuarla a la cambiante realidad nacional, que ha permitido que por medio de sus 57 REFORMAS, siga siendo una ley fundamental para el desarrollo de Costa Rica. Ley que ha sustentado, desde esa visión cristiana conque la gestó el Dr. Calderón Guardia, el avance social que hoy caracteriza al pueblo costarricense, que hoy presenta orgullosamente una expectativa de vida de 80 años. Pero Ley de Aguas que hoy, paradójicamente, está en peligro de muerte.
Ley de Aguas que hemos de defender, por su carácter histórico, por su CAPACIDAD A ADAPTARSE a los nuevos requerimientos de la sociedad costarricense, por su excelencia, y más que todo, por la base social que le impregnara sabiamente su gestor, gracias a su visión de futuro y su capacidad de estadista. Ley de Aguas que ahora, con el argumento único de que “es muy vieja”, pretenden sustituirla por una nueva ley que despierta mucha desconfianza en vista de SU ORIGEN y su ECONOMICISTA planteamiento.
NUEVA Ley de Aguas que caracteriza al agua como un “BIEN ECONÓMICO”; que al señalar de soslayo que su acceso es un derecho humano, le elimina el que sea EN CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS; que NO regula siquiera LA EXPORTACIÓN del agua cuando se pudieren dar condiciones de abastecimiento que así lo demanden; que crea una REGRESIÓN AMBIENTAL irreparable en los procesos estatales de investigación y gestión de los ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS al destrozar al Senara; que PRIVA al AyA de sus funciones de GOBERNABILIDAD del agua como recurso de dominio público; que crea SOCIEDADES ANÒNIMAS que se encargarían de las aguas de uso agropecuario, ajenas al AyA y a las Asadas de su misma zona.
Y que esconde detrás de UNA MÁSCARA DE “INICIATIVA POPULAR”el que se trata de una nueva Ley de Aguas redactada y promovida por intereses propios de la Global Water Partnership (GWP), ente estructurado por el BANVO MUNDIAL vinculado a los comerciales “FOROS Mundiales del Agua” organizados por las transnacionales del agua y por el World Water Council (WWC), TODOS PROMOTORES DEL AGUA COMO UN BIEN ECONÓMICO, ¡antes que socia!!
Nueva Ley de Aguas que tuvo un alto costo en su elaboración y promoción a nivel nacional, que habiendo ingresado a la Asamblea Legislativa por el mecanismo de “Iniciativa Popular”, en claro incumplimiento de las normas constitucionales, transgrede el “Principio de Conexidad” debido a LOS CAMBIOS VITALES que sufriera durante su trámite en comisión legislativa.
*Doctor en Biología
Información enviada a SURCOS Digital por el autor.
Expertos del Proyecto de Gestión Integral del Recurso Hídrico de laUCR realizan la medición del caudal del agua en una de las estaciones ubicadas en Abangares.
Los vecinos de Abangares, y próximamente también los de Nandayure, Nicoya y otros sitios de Guanacaste, dispondrán de un mejor manejo del agua gracias al Proyecto de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que desarrolla la Universidad de Costa Rica (UCR) para mejorar la administración y el uso de acuíferos.
El objetivo de esta iniciativa es lograr que el uso, la gestión y la distribución del agua sean sostenibles, de forma que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes y generar mayor desarrollo económico en los lugares donde se ejecuta.
Por ahora, el único proyecto en marcha se sitúa en la población de Las Juntas. Ahí, la UCR, en conjunto con la Municipalidad local, realiza mediciones de la cantidad de agua en el río Abangares durante la época lluviosa, con el fin de crear sitios de captación que permitan almacenar el líquido para después distribuirlo en la estación seca. Con esto se pretende reducir el impacto de las sequías producto del fenómeno del Niño en la región con menor precipitación del país.
“La comunidad de Las Juntas se acercó a la Escuela de Ingeniería Civil para que se hiciera una evaluación de su acueducto, porque ellos suponían que estaba trabajando mal. Pero no, trabajaba bien, lo que había era un mal manejo de la cuenca y del recurso”, explicó el director del Centro de Investigación de Desarrollo Sostenible, Rafael Oreamuno.
De acuerdo con Oreamuno, este año la Universidad creó ocho estaciones medidoras de lluvia, dos del caudal del afluente y otras tantas meteorológicas en las cercanías del río Abangares, con el fin de conocer la humedad, temperatura, brillo solar y otros datos que inciden en la cantidad de agua disponible para el uso humano.
La información proporcionada por esos centros de medición permitirá saber cuánta agua hay y cómo sería la manera más óptima de distribuirla, principalmente en la parte baja de la cuenca, la cual presenta problemas de sequía. Parte del proyecto consiste en garantizar el preciado líquido a la industria, al riego agrícola y ganadero e incluso a la recreación (hotelería), los tres sectores económicos que más ingresos generan a la comunidad.
Foto cortesía ODI-UCR
“La otra parte de la investigación es fortalecer la capacidad organizativa con embalses o depósitos de agua administrados por el municipio o las cooperativas, para que apadrinen proyectos de inversión que se utilizarán en las épocas secas. Para ello contamos con la ayuda de la Escuela de Administración Pública de la UCR”, mencionó el ingeniero a cargo del proyecto.
Durante el próximo año, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias se estaría sumando a esta iniciativa con capacitaciones que permitan a los agricultores identificar cuáles son los cultivos más factibles de impulsar en la zona y qué mercados explorar. Otra parte del proyecto involucra el emprendimiento para pymes que están vinculadas con el turismo, bajo la premisa de que esta iniciativa reducirá la emigración de los habitantes de la zona, quienes ahora dejan sus hogares en busca de un lugar con mejores posibilidades económicas.
También en el 2015, Oreamuno adelantó que el proyecto capacitará a los encargados de administrar las pajas de agua, las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (Asada) y otras entidades, con el fin de evitar el desperdicio que generan viejos reservorios, como tanques de metal corroídos, o simplemente el uso inadecuado del líquido. Además, la UCR comenzará la inducción para mejorar el manejo de aguas residuales en esa misma zona.
*Fotos: Oficina de Divulgación e Información, UCR.
Información enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.
La multiplicidad de leyes y decretos impiden que Costa Rica cuente con un marco normativo que integre el trabajo de diversos sectores gubernamentales bajo una misma sombrilla. Más de 100 leyes y decretos entorpecen la gestión integrada del recurso hídrico costarricense (foto fao.org).
Este miércoles 5 de noviembre, a las 8 a.m. en el auditorio de la Facultad de Educación se realizaron las primeras sesiones del II Foro Institucional 2014, “Diagnóstico y planificación del recurso hídrico en Costa Rica: Hacia una gestión integrada de la conservación y aprovechamiento del agua”.
En suma, los foristas y comentaristas concordaron que el país carece de acciones coordinadas en materia hídrica y que será un gran reto satisfacer la demanda de agua ante los efectos del calentamiento global.
La primera sesión se tituló “Enfoque histórico en el aprovechamiento del recurso hídrico en Costa Rica: sus impactos sociales y ambientales”. Los foristas invitados para debatir fueron la Dra. Ana María Botey Sobrado, directora de la Escuela de Historia; y el Dr. Felipe Alpízar Rodríguez, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas. Al finalizar las intervenciones, el Ing. Rafael Villalta Fernández, expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados hizo un comentario final donde llamó la atención al rezago nacional en infraestructura sanitaria doméstica e industrial.
Este foro coincide con la finalización del Decenio del Agua 2005-2015, declarado por la Organización de Naciones Unidas con el fin promover acciones gubernamentales y personales en el uso responsable y conservación de las fuentes. Según el Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, en el año 2050, al menos una de cada cuatro personas vivirá en un país con escasez crónica o recurrente de agua. La ONU hizo un llamado a los Estados ante el desordenado crecimiento de las ciudades y los requerimientos de las industrias que ejercen presión sobre la demanda del agua. Estos sobrepasan las capacidades de los servicios y de la infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua de la mayoría de los países en desarrollo.
El Dr. Carlos Quesada Mateo, exvicerrector de Investigación de la UCR, aseguró que una tarea prioritaria para el país es la gestión integrada del recurso hídrico para el uso apropiado del territorio, sus recursos y actividades sociales y productivas, actuales y futuras (foto Laura Rodríguez).
Tanto los foristas, como los comentaristas invitados, instaron a un cambio de conducta entre los consumidores.Lamentablemente, consideraron los foristas, la mayoría de habitantes considera que el agua es inagotable y por ello hacen un uso irresponsable de este recurso.
Descoordinación estatal
Uno de los temas recurrentes durante la primera sesión del foro fue la descoordinación absoluta del Estado costarricense en materia de regulación del recurso hídrico. Según el Dr. Alpízar, tras la reconfiguración estatal en la década de los años ochenta del siglo pasado, se pasó de nueve instituciones relacionadas con el tema hídrico a más de 20. En esta maraña legal, el punto crítico es la pugna entre varias de ellas para determinar cuál es la rectora. Esto incide en que la ausencia de una planificación conjunta atrase las obras de interés nacional y más bien se priorización de soluciones locales.
Los problemas de infraestructura sanitaria se remontan a la época colonial, la construcción de acueductos y alcantarillados repercutió positivamente en la calidad de vida de los costarricenses, explicó la Dra. Ana María Botey Sobrado (foto Laura Rodríguez).
El magister Sadí Laporte, ex director del Centro de Servicio de Estudios Básicos del ICE, aseguró que existen más de 100 leyes y reglamentos relacionados con el tema, pero esto no se traduce en un proyecto nacional. La duplicación de esfuerzos, la disparidad de recursos entre un municipio y otro, así como la confrontación entre jerarcas son parte de los retos del país para construir una agenda hídrica costarricense, concordaron los foristas.
Costa Rica tiene una cobertura que ronda el 100%. Pero, el Ing. Rafael Villalta Fernández, comentarista de la primera mesa, aseguró que además de la reforma jurídica que ordene este sector, el país requiere emprender las grandes obras de alcantarillado sanitario que lleva décadas de atrasos, y en distintos grados en cada provincia.
Conflicto centenario
Aunque la Ley de Aguas de 1884 declaró de dominio estatal las aguas marinas, pluviales, vivas, manantiales, corrientes muertas y subterráneas, ya desde inicios del siglo XX se registran enfrentamientos por el acaparamiento para la producción eléctrica, los beneficios del café, las tenerías y la minería, explicó la Dra. Botey.
Con un auditorio lleno dio inició la primera sesión del II Foro Institucional 2014, al que asisten representantes de las más importantes organizaciones vinculadas al recurso hídrico (foto Laura Rodríguez).
Actualmente, la situación no ha cambiado mucho. El Dr. Alpízar apuntó que en la primera década del presente siglo sucedieron 134 conflictos relacionados con el agua por causas similares. El los atribuye, en primera instancia, a las tensiones entre el modelo productivo extractivo e intensivo en recursos naturales frente a las necesidades comunales. En segundo lugar, a las demandas de la ciudadanía en los proyectos relacionados con el agua potable y el saneamiento.
La Dra. Botey aclaró que el desarrollo de infraestructura hídrica de los siglos anteriores estuvo vinculado a los intereses productivos y comerciales de las élites empresariales.La historiadora insistió en que todavía la distribución espacial del recurso en Costa Rica no es equitativa.
Balance necesario
El politólogo Dr. Felipe Alpízar Rodríguez aseguró que desde el siglo pasado las poblaciones se han enfrentado a un modelo económico extractivo para garantizarse el abastecimiento de agua para consumo doméstico (foto Laura Rodríguez).
Otro de los temas relevante de la primera sesión fue la carencia de un balance hídrico y la urgente gestión integrada del recurso.Esta última se refiere al proceso de coordinación que involucra a instituciones y ciudadanía. La idea es que al reunir esfuerzos y recursos se logre un mejor uso del territorio, la conservación de las cuencas y se desarrolle infraestructura; todo esto con miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Para esta sesión se invitó al Dr. Carlos Quesada Mateo, exvicerrector de Investigación de la UCR; y al magister Sadí Laporte Molina. Ambos coincidieron que la gestión integrada es el resultado de la visión de largo plazo de una nación, cuyos planes parten de su balance hídrico, entendido este como el caudal de entrada y reposición de una cuenca en un determinado lapso.
Este cálculo es útil para el planeamiento y manejo, tanto del agua superficial como de la subterránea. El magister Laporte indicó que el país tiene 34 cuencas, de las cuales solo se tiene suficiente información de 11 de ellas. “No existe un sistema nacional de información en recurso hídrico, cada institución maneja sus bases de datos, diferentes instituciones han elaborado balances hídricos con diferentes metodologías y hay poca formación profesional y técnica”, puntualizó Laporte.
Finalmente, en materia de agua el país tiene otras tareas pendientes. Entre ellos están el diseño deun plan hidrológico acorde al ordenamiento territorial y el fortalecimiento de la red hidrometeorológica, tomando en cuenta los escenarios futuros del uso de la tierra, variabilidad, cambio climático y posibles cambios en la demanda,concluyó el Dr. Carlos Quesada Mateo.
