Rectores de las universidades públicas presentaron hoy la acción de inconstitucionalidad contra el recorte por 10 mil millones de colones al FEES 2019.
Imagen ilustrativa tomada de la nota: Los estudiantes de la UCR acuden a Sala Constitucional ante recorte del FEES
Información de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR.
Sea parte de SURCOS:
Los rectores de las universidades estatales que integran el Consejo Nacional de Rectores, presentaron esta tarde, la acción de inconstitucionalidad contra el recorte de 10 mil millones de colones al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES), realizado por la Asamblea Legislativa para el presupuesto del año 2019 de las universidades públicas.
El monto del FEES para el año 2019, definido por la Comisión de Enlace (las instituciones de educación superior universitaria estatal y los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación y de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones), se fijó en 511.154,72 millones de colones, monto que corresponde al presupuesto asignado en el año 2018 y que integra el 3% como inflación estimada para el año 2019, por parte del Banco Central.
El Poder Ejecutivo incorporó este monto, en el proyecto de presupuesto ordinario de egresos de la República, según lo ordenado por el artículo 85 de la Constitución Política. Durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron un rebajo de 10 mil millones de colones a la asignación del monto del FEES acordado, con lo cual el FEES vigente para el año 2018 no fue incorporado en el presupuesto 2019 “ajustado de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda”, tal y como lo establece el artículo 85 de la Constitución Política, en forma preceptiva y obligatoria. Este artículo de la Carta Magna señala que:
“El Estado… mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. … Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan. … El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente,… ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.”
El Poder Legislativo incluyó en el presupuesto ordinario de egresos de la República para el año 2019 la partida del FEES con una disminución, con lo cual dicha partida no corresponde a la asignación constitucional prevista para el FEES, la cual debe ser ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.
El artículo 85 establece el supuesto bajo el cual el Poder Ejecutivo perdería su competencia constitucional para incluir el monto del FEES y ser sustituido por el Poder Legislativo:
“Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.”
Es así, como se estipula un procedimiento, dentro del cual la competencia del Poder Legislativo queda condicionada a la existencia de una ausencia de acuerdo en cuanto al monto a asignar para el FEES en determinado año por parte del Poder Ejecutivo.
La petitoria de las universidades públicas en la acción de inconstitucionalidad es:
Con fundamento en todo lo expuesto, solicitamos a la Sala Constitucional dar trámite a la presente acción de inconstitucionalidad y acoger la inconstitucionalidad acusada y reclamada contra el artículo 2º de la Ley Nº9632 declarando en sentencia:
A.- La legitimación que poseen las instituciones de educación superior universitaria estatal para la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad contra el artículo 2º de la Ley Nº9632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, publicada en el Alcance 207 a La Gaceta (Diario Oficial) número 230 del 11 de diciembre de 2018.
B.- La inconstitucionalidad de la reducción (en 10.000 millones de colones) que el Poder Legislativo ha hecho de la partida incorporada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto (por 511.154,72 millones de colones), efectuada durante la tramitación del proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019. Lo anterior como consecuencia de una intervención indebida del Poder Legislativo en el ámbito de las competencias constitucionales asignadas por el artículo 85 al Poder Ejecutivo, que mediante acuerdo con las instituciones de educación superior universitaria estatal suscrito el pasado 13 de julio de 2018, determinaron la asignación constitucional para el FEES correspondiente al año 2019 en la suma de 511.154,72 millones de colones, monto que corresponde al presupuesto asignado en el año 2018, tomando en cuenta la estimación del 3%, prevista como inflación para el año 2019.
C.- La inconstitucionalidad del artículo 2º de la Ley Nº9632 del 28 de noviembre de 2018, por no haber incorporado la partida correspondiente al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) en los términos preceptivos y obligatorios contenidos en el artículo 85 de la Constitución Política, esto es, una partida correspondiente al FEES vigente en el presente año, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda, variación que ha sido fijada en un tres por ciento de inflación, de conformidad con el programa macroeconómico publicado por el Banco Central de Costa Rica.
D.- Dimensionar los efectos de la sentencia que acoja la presente acción previniendo tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa a incluir por medio de un presupuesto extraordinario del año 2019 los fondos necesarios para incorporar los 10.000 millones de colones que fueron inconstitucionalmente rebajados de las partidas destinadas a la asignación que constitucionalmente corresponde para el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política.
E- Prevenir tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa de abstenerse de realizar acciones u omisiones que impliquen incumplir durante el proceso de formulación, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la República, el monto del FEES que debe ser incluido según los términos señalados por el artículo 85 de la Constitución Política.
Los recursos del FEES han sido el soporte del trabajo que han desarrollado las universidades públicas, en formación de talento humano, investigación, apoyo a las comunidades, a favor del desarrollo nacional y local del país. La educación ha sido y seguirá siendo la mejor inversión para garantizar una sociedad más justa y la movilidad social de estudiantes y sus familias.
Vanessa Solano
Consejo Nacional de Rectores
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
Este martes 22 de enero, la comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudiará y analizará la administración del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) comenzó a sesionar.
En esta primera reunión, se acordó que las sesiones ordinarias se realizarán el primer y tercer lunes de cada mes, después del Plenario, y se convocará a sesiones extraordinarias cuando sea necesario.
Asimismo, se aprobó llamar a audiencia a Marta Eugenia Acosta, contralora general de la República, a Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, y a Edgar Mora, ministro de Educación, para que se refieran a aspectos relacionados con el FEES, su distribución, su administración y a otras formas en que las universidades se financian.
Igualmente, se llamará a Fernando Castillo, presidente a. i. de la Sala Constitucional para que hable sobre la autonomía universitaria y sus alcances.
Para dar insumos para el análisis y comprensión del funcionamiento de las universidades estatales, aportes de la educación superior pública y sobre la administración del FEES, se llamará a audiencia a los rectores de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. De igual manera, se citará a las Federaciones de Estudiantes y a los vicerrectores o vicerrectoras de Acción Social e Investigación de las cinco universidades y al Programa Estado de la Nación.
Por otra parte, la propuesta presentada por Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana, que pretendía contar con la presencia de un representante de cada una de las universidades para que pudiera servir como asesor técnico ante cualquier consulta de la comisión, se rechazó.
El diputado del Partido Liberación Nacional, Wagner Jiménez, quien preside la comisión, manifestó que la discusión debe realizarse con base en datos serios y tomando en cuenta la institucionalidad y la transparencia de la información y que bajo ninguna circunstancia se pretende una discusión ideológica.
Esta comisión trabajará bajo el expediente N.°21052 y está compuesta por Wagner Jiménez, Yorleny León y Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN); Mario Castillo y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN); Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN) y Erick Rodríguez, diputado independiente.
Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
El Centro de Idiomas de la UNED facilita la enseñanza – aprendizaje de idiomas como lengua extranjera, por medio de la oferta de programas y cursos de calidad, impartidos en diferentes modalidades y con amplia cobertura; dirigidos a jóvenes y adultos, con el fin de contribuir con el desarrollo socioeconómico, cultural y educativo.
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Enviado por Martha Verónica Herrera Pérez.
Sea parte de SURCOS:
La Extensión Universitaria de la UNED vincula a la academia con la sociedad, sobre todo con las comunidades más vulnerabilizadasy lo hace mediante los procesos de educación no formal, con el propósito de incidir positivamente en las condiciones de vida.
Su objetivo lo realiza por medio de proyectos de acción social gratuitamente, pero para poder sostener y enriquecer esa labor, cada cuatrimestre también oferta una amplia gama de cursos libres y un técnico, dirigido a la población en general. La mayoría de los cursos son en línea, facilitando el acceso en cualquier lugar del país. Además, los certificados son avalados por Servicio civil.
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Matrícula en San José: Edificio de Extensión, costado Oeste del Mall San Pedro
Matrícula en Centros Universitarios: ver el horario en www.uned.ac.cr/centros-universitarios o consulte a los teléfonos:
Central de Extensión: 2527-2527
Otros: 2527-2254 / 2527-2252 / 2527-2247 / 2527-2706 / 2527-2646 / 2527-2725
Enviado por Martha Verónica Herrera Pérez.
Sea parte de SURCOS:
Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica
En la actualidad, observamos una coyuntura muy retadora para las universidades estatales de nuestro país. La realidad nacional, así como el contexto regional inmediato e internacional indirecto, constituyen un incentivo para reafirmar el compromiso que es consustancial de estas instituciones: trabajar por y para la sociedad. Este compromiso nos convierte en protagonistas de los esfuerzos conjuntos por sacar adelante el país, y la naturaleza misma de las instituciones universitarias es, quizá, una de las que más valor le da a esta promesa.
No dudo, entonces, que en las comunidades universitarias surja efervescencia por aportar a una sociedad en un momento delicado de su historia. Incontables han sido los aportes históricos de la academia en varios de los hitos más importantes de la nación, y la coyuntura presente no es, ni será, la excepción.
El Consejo Nacional de Rectores mantiene este compromiso vigente y renovado, pues más que nunca reconocemos el importante papel de la academia en la sociedad y el gran abanico de posibilidades que ofrece al país mediante la generación y la transmisión del conocimiento.
Es siempre oportuno recordar que la educación superior es un factor de movilidad social, pues a partir de ella miles de familias han visto transformada su calidad de vida, y han encontrado en sus hijos e hijas la esperanza cumplida de un futuro con mayores oportunidades. La educación facilita el desarrollo del talento y su potencial; expone a criterios diferentes, nuevos puntos de vista, inquietudes, realidades complejas y diversas, y especialmente al diálogo y la discusión constructiva. El fortalecimiento de la educación superior pública es, por lo tanto, una manera de asegurar que los cambios sociales puedan darse a partir de la exposición al conocimiento y a distintas realidades.
La excelencia académica también es nuestro compromiso permanente. Es gracias a este constante esfuerzo de mejora continua que en nuestras instituciones tenemos incontables ejemplos y aportes sustantivos a la salud pública, a la infraestructura nacional, a la comprensión de problemas sociales, al acercamiento internacional y a la preservación de los recursos naturales, por mencionar algunos.
En un país como el nuestro, orientado a convertirse en una sociedad del conocimiento, la inversión en educación tiene una relevancia estratégica que debe guiar las decisiones nacionales actuales y futuras. La academia puede proveer el conocimiento basado en la evidencia y la investigación profunda que se requiere para la toma de decisiones, y por ello no debemos claudicar en los esfuerzos por trasladar este conocimiento a todos los sectores, bajo la dinámica dialógica que ya caracteriza a nuestras universidades, y que se nutre mutuamente con los conocimientos y saberes de la colectividad.
Los retos que enfrenta la educación superior pública son muchos. Sobre ella penden amenazas que ponen en peligro el acceso a la educación de miles de jóvenes en condiciones socioeconómicas vulnerables; amenazas que ponen en duda su pertinencia para el desarrollo social. También existen desafíos internos, entre los cuales garantizar la sostenibilidad presupuestaria de las universidades no es uno de los menores, sin repicar las campanas del reduccionismo tecnocrático que constriñe el horizonte de comprensión de la complejidad social.
Es innegable que la educación superior pública ha sido fundamental en la definición de desarrollo que nuestro país adoptó hace décadas, y también en su competitividad en una economía global basada en el conocimiento, que acarrea beneficios, pero que también produce acentuadas desigualdades y procesos de exclusión masiva.
Frente a la perniciosa desigualdad que ofende y desgarra, las universidades estatales han emprendido acciones para garantizar oportunidades de acceso, permanencia y graduación. Estas medidas, que hacen de las universidades estatales instituciones modélicas en el contexto nacional, y que despiertan la admiración internacional, se han tomado a partir de principios de equidad y solidaridad.
No hay duda de que nuestro país requiere de una reactivación económica que conduzca a empleos dignos y salarios decentes, a contrapelo de las tendencias globales que acentúan la desigualdad, provocan exclusión y precarizan las condiciones de vida. La educación superior puede potenciar aún más su impacto sobre el bienestar de la comunidad, (1) si flexibiliza las vías de acceso a sus instituciones y (2) si juega un papel innovador en las condiciones de empleabilidad de poblaciones vulnerables.
Reformas como las propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con la supuesta finalidad de fortalecer las políticas nacionales en educación pública, sugieren mecanismos que promulgan la equidad, pero no contemplan la intrincada realidad social y económica de miles de estudiantes, ni los complejos mecanismos para garantizar la equidad de oportunidades. Así, “un aumento regulado pero sustancial de las tarifas de universidades públicas” no es un verdadero aporte a la equidad, sino una recomendación que profundizaría las brechas de desigualdad que ya afectan a nuestra población.
Hay que enfatizar que las universidades estatales deben ser proactivas y anticipar por sí mismas las trasformaciones internas que deben realizar, tanto en la gestión académica como la gestión administrativa – las cuales son una unidad articulada -, pero sin subordinar sus propósitos a fines políticos externos, frecuentemente desbordantes de oportunismo y demagogia, ni a la letra de informes que desconocen la complejidad nacional y se asemejan más bien a fórmulas tecnocráticas descontextualizadas.
Más prometedores son aquellos objetivos de desarrollo que han sido formulados y adoptados por la sociedad global por cuanto expresan una preocupación universal. Por ejemplo, nuestras instituciones se han adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y junto con los esfuerzos nacionales, han evidenciado sus aportes y reafirmado su compromiso profundo y consecuente con contribuir a erradicar la pobreza, fomentar la prosperidad y el buen vivir, y proteger el planeta y todas las formas de vida.
Nuestras instituciones se inspiran en esta agenda, y reafirman su compromiso con el trabajo integrado y pertinente para desarrollar una agenda inclusiva de cooperación con el fin de contribuir al logro conjunto de los ODS. El verdadero reto de la educación superior pública es incidir, aún más, en el bienestar de la sociedad.
Pero debemos acercarnos a las comunidades con mayor profundidad y consecuencia, para evidenciar la cercanía que ya existe, y seguir construyendo saberes compartidos que a la postre deriven en mejoras para el bien común. Esto pasa por defender la inversión en la educación superior pública, pues sin ella no sería posible la formación de profesionales al servicio de la comunidad, ni la adquisición de equipo tecnológico para realizar investigación pertinente de alta calidad, ni la capacidad de becar a nuestra juventud para estudiar en nuestras propias instituciones o bien llevar a cabo estudios avanzados en las mejores universidades del mundo.
El Consejo Nacional de Rectores debe permanecer firme y unido ante las intervenciones que agentes externos pretendan hacer en nuestras universidades, inmiscuyéndose en asuntos que, por razones constitucionales y de incumbencia epistémica, no les competen. La autonomía universitaria no es un fuero que proteja privilegios; es una garantía de que la educación superior se mantendrá íntegra a pesar de los vientos políticos o las presiones externas. La autonomía no pretende aislar, sino resguardar uno de los más importantes pilares de una sociedad madura y una cultura avanzada: la libertad del conocimiento.
Nuestras instituciones no son indiferentes ante la actual situación económica del país, cuyo equilibrio financiero enfrenta amenazas. Pero no olvidamos que debe ser posible encontrar pesos y contrapesos entre medidas macroeconómicas y la responsabilidad de las instituciones estatales de proteger a las personas más vulnerables.
Desde nuestro quehacer, esto pasa por asegurar que el acceso a la educación superior pública no se vea mermado, y que continuemos ofreciendo una formación humanista, pertinente y excelente. Los retos por delante son muchos, y las universidades están llamadas a brindar sus aportes sustantivos para favorecer el progreso.
Y ahí estamos presentes, en primera línea.
Por eso, confiamos en que nuestras instituciones estarán cada vez más integradas bajo objetivos comunes. La Universidad de Costa Rica agradece profundamente y felicita la gestión de la Universidad Técnica Nacional en su anterior presidencia del Consejo Nacional de Rectores, y asume el liderazgo en 2019 con rigor y compromiso.
Enviado a SURCOS por la rectoría de la Universidad de Costa Rica.
Después de conformar en la Asamblea Legislativa una comisión especial que investigará el uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el rector de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Henning Jensen Pennington, señaló que la Universidad colaborará en todo, pero advirtió que al tratarse de un control realizado por diputados –quienes responden al poder político del país–, el análisis que hagan necesariamente será guiado por la política y eso implica riesgos.
“Siempre hay un peligro en que una persona no experta evalúe algo que esté fuera de su ámbito de competencia. Yo exhortaría a la Asamblea Legislativa para que los criterios aplicables sean propios de una institución académica y no que sean derivados de una visión política ajena a estas instituciones”, manifestó Jensen.
El FEES para el 2019 se negoció a mediados del año anterior por ¢511 154 millones, un monto 3% mayor al negociado para el 2018. Sin embargo, la Asamblea Legislativa desaprobó lo negociado por la Comisión de Enlace, conformada por los rectores de las cinco universidades públicas de Costa Rica, el ministro de Educación, el ministro de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones, la ministra de Planificación y el viceministro de Hacienda.
El recorte del FEES del 2019 aprobado por los diputados de la República supuso para la UCR una merma en su presupuesto de más de ¢5 300 millones para el presente año, el cual se une a una improbación por parte de la Contraloría General de la República por más de ¢18 100 millones. Estos recortes son a criterio de la autoridad universitaria un socavo de la autonomía institucional, que desde la creación de la UCR en 1949 se había respetado.
La autonomía universitaria se respalda en el artículo 84 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual advierte que la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.
La autonomía universitaria no es un antojo ni es la voluntad unilateral de las instituciones académicas de Costa Rica, es una necesidad cultural, una necesidad imperiosa del desarrollo del conocimiento, que data desde hace más de 200 años.
El rector Jensen afirma que algunas declaraciones de los diputados y diputadas hacen pensar que la evaluación que el Poder Legislativo quiere ejercer sobre las universidades públicas, más que una evaluación académica, quiere ser una de carácter político y presupuestario.
“¿Quién debe entonces decidir sobre los destinos del presupuesto universitario, quién debe decidir sobre las carreras que se ofrecen y las personas que se contratan para formar profesionales? ¿Caerá Costa Rica en la involución y negar siglos de evolución cultural?”, cuestionó de forma vehemente el rector Jensen.
Agregó que estas amenazas a la libertad académica por intereses políticos y religiosos ya no son extrañas en Costa Rica.
“Sería valioso que la academia no esté expuesta a la voluntad, al arbitrio e incluso a la necedad de las clases políticas que quieren asentar su poder sobre el resto de la sociedad e impedir la libertad de pensamiento y el desarrollo de la ciencia y el conocimiento”
Dr. Henning Jensen Pennington
Con la conformación de la comisión legislativa que estudiará el manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), los diputados aseguran que hay un interés por mejorar de manera sustantiva la educación del país.
Al respecto, la diputada Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional, dijo que como miembro de la comisión tendrá la tarea de analizar y, eventualmente, proponer proyectos de ley o reformas a la legislación vigente que se relacione con la administración del FEES.
Agregó que su trabajo se hará en armonía con el bloque de legalidad que ampara la autonomía universitaria. La comisión se integra por nueve diputados, tres legisladores del PLN (Wagner Jiménez, Yorleny León y Roberto Thompson), dos del PAC (Mario Castillo y Enrique Sánchez), uno del PUSC (Pablo Heriberto Abarca), uno del PIN (Patricia Villegas), uno del PRN (Xiomara Rodríguez) y uno de los partidos minoritarios (Erick Rodríguez).
Este grupo de legisladores tendrá 300 días prorrogables para rendir un informe al Plenario Legislativo con sus recomendaciones y conclusiones.
Sobre esta evaluación, la Universidad de Costa Rica advierte que valorar a una institución académica es un proceso largo y complejo y, por eso, tanto el Estado como las mismas instituciones crean oficinas especializadas para ello. En Costa Rica, esa tarea la ejecuta el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) y las mismas universidades públicas tienen sus propios centros de evaluación con décadas de experiencia en el campo.
La Universidad de Costa Rica aclara que no tiene superávits gigantescos –como lo han externado algunos diputados–, que el proceso de regionalización es mucho mejor que la descentralización que buscan ciertos grupos de presión política y que la Institución reconoce que es imperioso continuar con una mejora de la eficiencia de su esquema salarial.
En la Universidad de Costa Rica, la ejecución del presupuesto institucional ronda el 95%, lo cual es ejemplar en relación con el resto de las instituciones públicas de Costa Rica.
Con respecto a los superávits registrados por la UCR, se aclara que la Institución tiene una diferencia de criterio con la Contraloría General de la República, que señaló que todo superávit debe ser declarado como “libre”. Sin embargo, según la administración universitaria, los recursos del empréstito del Banco Mundial con la Institución no pueden ser declarados como “libres”, pues están claramente comprometidos en proyectos específicos que tienen fecha de ejecución futura.
“Si se aplicara esa misma regla al Gobierno Central en lugar de un déficit fiscal, el país tendría un superávit gigantesco”, explicó el rector.
Por otro lado, en la Asamblea Legislativa se habla de la descentralización de las universidades públicas, esto supondría crear filiales universitarias que implicarían replicar universidades enteras a un costo extraordinariamente mayor. Al respecto, la posición de la Universidad es defender el modelo actual de regionalización.
Con respecto a los pluses salariales, se aclara a la opinión pública que estos responden a un esquema salarial que compensa los bajos salarios base y que no todos los pluses los reciben todas las personas funcionarias. Sin embargo, sí se reconoce que es un tema en el que se está trabajando y que es una tarea que asumió la actual administración. Se aclara, además, que los pluses salariales responden a negociaciones de la convención colectiva y a determinaciones de la propia Asamblea Legislativa, que en distintos momentos ha tomado decisiones por amiguismo o clientelismo, las cuales han aumentado los ingresos de ciertos grupos de profesionales en el sector público y que han repercutido en las remuneraciones que la Universidad debe calcular.
Gabriela Mayorga López
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Rod Ellis, un reconocido experto internacional en el ámbito de la pedagogía, quien estuvo en la Universidad de Costa Rica como expositor en el VI Congreso Internacional de Lenguas Modernas, recomienda el uso de tareas en la enseñanza de un segundo idioma, en contraposición a que los alumnos solo aprendan gramática.
La enseñanza de un idioma basado en tareas consiste en proveer actividades para que los estudiantes aprendan un idioma de una forma incidental, como ocurre cuando se aprende la lengua madre de las personas.
El autor de más de 30 libros relacionados con la pedagogía para enseñar un idioma, Rod Ellis, profesor de la Universidad de Auckland, en Australia, ha realizado investigación y ha trabajado en diferentes universidades en Zambia, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Nueva Zelandia en el campo de la adquisición de un segundo idioma.
Según expresó, en el cierre del VI Congreso Internacional de Lenguas Modernas, su interés por la investigación sobre cómo enseñar un segundo idioma nació a raíz de su propia experiencia cuando en la escuela aprendió francés y alemán, pero “era absolutamente incapaz de mantener una conversación”, lo cual considera es la experiencia de muchas personas que están aprendiendo un idioma.
También, ya cuando era profesor de idiomas en Zambia se dio cuenta de que sus alumnos no podían aprender un idioma sino contaban con un libro de texto. Por ello, consideró que era necesaria una nueva experiencia de enseñanza, que no solo incluya gramática, pues opina que no funciona.
A partir de estos y otros hallazgos el profesor Ellis se dio a la tarea de investigar sobre la posibilidad de enseñar un segundo idioma mediante actividades que los docentes propongan a sus estudiantes o que incluso los mismos aprendices diseñen.
Una tarea, para ser utilizada como forma de enseñanza de un segundo idioma debe cumplir con algunos criterios como que tenga un enfoque primordial que tenga sentido, usar recursos lingüísticos y no lingüísticos y que tenga un resultado significativo.
En ese sentido, Ellis dice que hay varios tipos de tareas como las basadas en la vida real versus las tareas pedagógicas, también las basadas en una introducción versus las basadas en un resultado. Además, están las cerradas en contraposición de las abiertas; están las de ‘aquí y ahora’ versus las de ‘ahí y entonces’. Otros tipos son las desenfocadas y las enfocadas, así como las que genera el profesor y las que diseña el aprendiz.
La diferencia entre una tarea y un ejercicio es que en el primer caso el enfoque está en tratar de comunicarse, mientras que el segundo es una práctica de uso de una estructura gramatical.
Para Ellis, las personas aprenden su lengua nativa, escuchando y relacionándose con cosas de su entorno y así, de forma incidental, aprenden el vocabulario y la gramática. Eso es precisamente lo que se busca con la enseñanza de un segundo idioma basada en tareas, crear oportunidades para que las personas adquieran conocimiento de esa manera.
Esta forma de enseñanza tiene un enfoque en el significado, aunque también prevé la corrección de la gramática y de la expresión del vocabulario. Se busca facilitar el aprendizaje de conocimiento, mediante competencias de interacción.
De acuerdo con sus investigaciones los estudiantes se motivan más cuando son ellos mismos quienes diseñan las tareas, sin embargo, sean los docentes o los aprendices de un segundo idioma quienes las propongan, deben evaluarse para determinar si funcionan.
Según asegura Ellis, no se trata solo de tareas, sino de que a través de ellas se aprende pronunciación, gramática y vocabulario.
Nidia Burgos Quirós
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Mientras el desarrollo tecnológico cambia constantemente, los tiempos de actualización de la educación en nuestro país duran meses o hasta años.
Así resume Alejandra Sánchez Calvo, profesora e ingeniera de la Escuela de Ingeniería Mecánica (EIM) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la situación de la educación en el país con respecto a los avances tecnológicos.
Y es que la tecnología puede ser un potenciador de experiencias de aprendizaje en las aulas y también ayudar a generar interacciones; sin embargo, el concepto de tecnología aún está muy relacionado con computadoras o celulares, aseguró por su parte Carolina Vásquez Soto, profesora de la Escuela de Ingeniería Industrial (EII) en la UCR y ex ministra de Ciencia y Tecnología en el gobierno anterior.
“Tenemos una sociedad bastante desinformada con respecto a ciencia y tecnología”, agregó Vásquez. Ambas ingenieras expusieron sobre este tema en una conferencia realizada el 28 de noviembre anterior en la UCR y que fue organizada por el Centro de Informática (CI).
A pesar de que los productos tecnológicos es el segundo rubro de exportación del país, para ambas ingenieras todavía falta un enganchamiento entre tecnología y educación, aunque Internet y diferentes dispositivos estén disponibles en muchos centros educativos.
“La tecnología debe estar presente de forma transversal (en la educación), y ya no es suficiente sólo contar con un laboratorio de cómputo”, manifestó Sánchez.
El país ha hecho recientemente esfuerzos en esta materia. Por ejemplo, el año anterior el Ministerio de Educación Pública (MEP) lanzó un plan para permitir el uso de celulares en las aulas e integrarlos en las dinámicas de aprendizaje.
Además, las universidades públicas cumplen una labor importante en la generación de tecnología, “nuestras cinco universidades públicas tienen un alto nivel de posicionamiento en cuanto a generación y creación de tecnología”, indicó Vásquez, pero admitió que “tenemos una brecha enorme entre la tecnología y la administración”.
Muchos de los programas que promueve el MEP se quedan engavetados y se ejecutan años después, cuando incluso ya los dispositivos tecnológicos que promueven están desfasados.
Por si fuera poco, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) es la tercera cartera ministerial con menos presupuesto en el país.
A pesar de esta situación, estas expertas de la UCR indican que el dinero no debe ser una excusa para generar tecnología en la educación, pues existen software gratuitos, simuladores y otras posibilidades de bajo costo. Las universidades, en este punto, tienen una responsabilidad importante, coincidieron.
“Desde lo cotidiano, nosotros como Universidad, tenemos que vincular más a la sociedad en estos procesos de tecnología”, concluyó Vásquez.
Francisco Ruiz León
Asistente en Oficina de Divulgación e Información de la UCR
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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La Admisión Diferida se implementó por primera vez en el 2015, bajo la aspiración de aprovechar al máximo la capacidad de admisión a cada carrera y recinto, y promover la representación equitativa de la población estudiantil de todos los centros educativos de secundaria del país, en consonancia con los principios de excelencia académica, equidad y justicia social, que orientan el actuar de la Universidad de Costa Rica.
El mecanismo de “Admisión Diferida para promover la equidad”, ofrece una posibilidad de admisión para los jóvenes procedentes de centros educativos en los cuales un 15% o menos del estudiantado que efectuó la Prueba de Aptitud Académica (PAA), resultó admitido en la fase ordinaria del concurso a carrera.
Por este motivo, desde la primera experiencia de aplicación de este mecanismo, la Universidad ha sometido sus resultados a una sistemática ponderación del logro de los propósitos que lo instituyeron, lo que del mismo modo ha permitido constatar su pertinencia e impulsar su fortalecimiento.
Para el año 2019, la UCR enfocó este análisis de mejora en los criterios de selección, y en la robustez de la inclusión.
El mecanismo de Admisión Diferida, incluye dentro de los criterios de selección, el establecimiento de la nota de admisión modificada para cada una de las carreras y recintos, que decide la posibilidad de concurso de la persona estudiante a las carreras y recintos que solicitó en el proceso de Admisión Ordinaria.
Es precisamente en este aspecto en el cual se impulsó una mejora, ya que a partir del 2019, la nota de admisión modificada para el mecanismo de Admisión Diferida corresponderá a la menor nota corte de los últimos 10 años de cada carrera. En el caso de aquellas carreras nuevas o en las que la nota de corte menor de los últimos 10 años coincida con la nota corte de admisión del 2019, la nota de admisión modificada corresponderá a la nota corte del 2019 menos el valor percentil 40.
Anteriormente la nota modificada para Admisión Diferida se calculaba de la siguiente manera: a la nota de corte resultante del año en curso, en cada una de las carreras y recintos, se le restaba el promedio de las cuatro diferencias absolutas resultantes de las notas de corte de cada uno de los últimos cinco años (incluido el año en curso) con respecto al año anterior.
Con la utilización de la menor nota de corte reportada para cada carrera y recinto, se estima fortalecer la asignación de la oferta de cupos, manteniendo los criterios de excelencia académica de la UCR, ya que serán asignados a aquellas personas que obtuvieron los mejores puntajes de admisión en la medida en que los mismos superen o correspondan a la nota de corte menor de los últimos 10 años de cada carrera.
“La nueva forma de establecer la nota de admisión modificada para la fase de Admisión Diferida, nos permite favorecer la máxima asignación de los cupos que se ofrecen en cada carrera y recinto, y mantener un balance en el comportamiento histórico de las notas de corte de admisión a cada carrera, salvaguardando de esta forma el criterio de excelencia académica que orienta el quehacer de nuestra institución”, señaló la M.Sc. Ruth De la Asunción Romero, Vicerrectora de Vida Estudiantil.
Por otra parte, el segundo aspecto de mejora radica en que para el 2019 con este mecanismo de Admisión Diferida podrán participar, además de los estudiantes de todos los centros educativos de secundaria del país (que lo hacen desde el año 2015), los estudiantes provenientes de Bachillerato por Madurez Suficiente, de Educación Diversificada a Distancia (EDAD) y de los colegios del exterior, siempre y cuando cumplan con los requisitos que para ese efecto dispone la Vicerrectoría de Docencia.
Gracias a la modalidad de Admisión Diferida, más de mil doscientos estudiantes han logrado integrarse dentro de la población de primer ingreso admitida a la Universidad de Costa Rica, en los últimos 4 años.
Es importante indicarle a la población estudiantil que para concursar por esta segunda modalidad de ingreso no debe realizar ningún trámite o proceso adicional, ya que la Oficina de Registro e Información se encarga de aplicar las condiciones establecidas para la Admisión Diferida de acuerdo con la Resolución VD-R-10549-2018
Para más detalles pueden consultar la resolución en el siguiente enlace: http://vd.ucr.ac.cr/documento/ingreso_diferido_2019/
Tatiana Carmona Rizo
Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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