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Simrit Montano Rojas y Luis Enrique Sánchez nos cuentan cómo su relación con la UCR ha cambiado sus vidas y la de sus comunidades

La promoción del uso de herramientas tecnológicas en colegios de zonas vulnerables es una de las características de este programa. Simrit Montano Rojas, quien asiste al Liceo de San Miguel y cursa el quinto año de colegio, forma parte del taller de robótica (proyecto UCR). Este proyecto le ha ayudado a asesorarse mejor con temas tecnológicos como la robótica mediante distintas herramientas como los legos; esto incentiva a que la población de colegios del país, y sobre todo de zonas vulnerables, quieran estudiar esta carrera. Gracias a esto durante estos años la joven ha adquirido mayor conocimiento del tema y ha aprendido distintas técnicas.

Por otro lado, Luis Enrique Sánchez es productor de papa, cebolla y zanahoria de la zona norte de Cartago, quien mantiene un proyecto con la UCR: “Fortalecimiento de la Calidad de Vida de la Sociedad Productiva Agrícola”. Este esfuerzo ha ayudado a mejorar los métodos productivos con el uso de energía específicamente de sensores de humedad y de temperatura. Gracias a este avance Luis Enrique garantiza un mejor producto.

Le invitamos a ver el video de Simrit Montano Rojas y Luis Enrique Sánchez quienes nos cuentan cómo su relación con la UCR ha cambiado sus vidas y la de sus comunidades.

Presentación del poemario «Otras Lunas»

El jueves 19 de septiembre a las 6:00 pm, en la librería universitaria de la UCR se estará llevando a cabo la presentación del poemario “Otras Lunas” de Arabella Salaverry.

Participarán la autora, Premio Nacional de Cultura Magón, al igual que Alfonso Chase, poeta, novelista, cuentista y ensayista. Esta presentación también contará con la presencia de Alexander Jiménez Matarrita.

Información compartida con SURCOS por Arabella Salaverry.

Estudiantes de la UCR en solidaridad con Jerhy Rivera y doña Digna

En febrero de 2020, Jehry Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente, la vida y los derechos de los pueblos indígenas, fue asesinado durante un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo debido a la falta de justicia. En 2023, Juan Eduardo Barrera, quien confesó públicamente ser el autor del crimen, fue condenado a 22 años de prisión, pero el Tribunal de Cartago lo liberó tras una apelación de sus abogados. Este fallo dejó una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en Costa Rica.

Hoy, 16 de septiembre, nos encontramos en la recta final del juicio, un momento decisivo para Costa Rica. Es esencial solidarizarnos con Doña Digna Rivera y la Red de Mujeres Rurales, quienes han apoyado y vigilado todo el proceso judicial. El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar que la muerte de Jehry no quede impune, retomando las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, proteger los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer las políticas ambientales que Jehry defendía con tanto fervor. La sociedad exige que los tribunales actúen con firmeza para hacer justicia en favor de quienes luchan por el ambiente y de las víctimas de un Estado racista que no protege sus derechos ni territorios.

La ratificación del Acuerdo de Escazú sigue siendo una deuda pendiente del Estado costarricense con la comunidad ecologista. Este tratado busca garantizar en América Latina y el Caribe el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, siendo el primero de su tipo en el mundo. En los últimos años, diversos territorios han sido escenario de conflictos y agresiones, lo que refleja las constantes amenazas a las personas indígenas defensoras de sus tierras en Costa Rica. La memoria de líderes como Sergio Rojas y Jehry Rivera sigue presente, así como las luchas en Salitre, Térraba y China Kichá, donde las personas indígenas enfrentan hostigamientos debido a la ocupación ilegal de sus tierras ancestrales por empresas y personas no indígenas.

La demanda de justicia por Jehry y por los pueblos indígenas continúa como un grito urgente que exige respuestas claras y acciones concretas para proteger sus derechos y territorios.

Se invita al público en general a conocer más sobre la problemática que sufren los pueblos indígenas a través del video disponible en la plataforma de YouTube:

Reseña del Programa Alternativas: Análisis de las Políticas Públicas de Igualdad de Género en Costa Rica

El 13 de septiembre de 2024, el Programa Alternativas ofreció un análisis en vivo de las políticas públicas de igualdad de género en Costa Rica. La transmisión, que tuvo lugar a las 18:00 horas (UTC-6), se realizó a través de plataformas en línea como Facebook Live, YouTube y Spotify. Además, el programa fue retransmitido por diversas emisoras de radio, incluyendo 107.1 FM Radio Actual, Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía y Radio Revolución, garantizando así una amplia cobertura y accesibilidad a la discusión.

El panel estuvo conformado por tres destacadas expertas en el ámbito de la igualdad de género y políticas públicas. Las invitadas incluyeron a María Jesús Zamora Cruz, licenciada en Sociología y activista feminista; Irené Barrantes Jiménez, máster en política pública y género; y Vivian Solís Espinoza, especialista en derechos humanos y género.

El programa hace un acercamiento sobre el estado actual de las políticas de igualdad de género en Costa Rica, y destaca la importancia de este análisis en un momento de cambio global y nacional, asimismo, se hizo un llamado a la acción conjunta para enfrentar los retos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

María Jesús Zamora Cruz subrayó la importancia de continuar con la investigación y el activismo para asegurar que se respeten los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género. En su intervención, destacó el valor de las alianzas y redes de apoyo entre mujeres como una herramienta clave para fortalecer los esfuerzos hacia la igualdad de género. Durante su presentación, Zamora compartió datos reveladores sobre la situación de las mujeres en el Cantón de Poás, evidenciando que son mayoritariamente responsables de las tareas domésticas y de cuidado, sin recibir reconocimiento.

En el ámbito económico, expusieron las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a empleos dignos y remunerados. Tanto las asalariadas como las emprendedoras deben lidiar con la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, las condiciones laborales precarias y la falta de apoyo al comercio local. En el ámbito político, Zamora destacó los obstáculos que enfrentan las mujeres, como la violencia política, la subestimación de su trabajo y la priorización de candidaturas masculinas, lo que limita su participación y representación.

Irené Barrantes Jiménez aportó una perspectiva cultural, resaltando la necesidad de que las políticas públicas de igualdad de género se integren con las iniciativas culturales para ser más efectivas. Señaló la importancia de la voluntad política y el apoyo financiero para implementar cambios significativos en la política de género. Barrantes enfatizó la necesidad de pasar de una igualdad normativa a una igualdad sustantiva, que se refleja en la vida cotidiana de las mujeres. Hizo un llamado a las municipalidades a realizar diagnósticos similares al presentado por Zamora, con el objetivo de identificar las necesidades locales y promover la equidad de género en cada comunidad.

Por su parte, Vivian Solís Espinoza abordó la importancia de la voluntad política en la asignación de recursos y la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. Subrayó la necesidad de un acompañamiento técnico adecuado y de una rendición de cuentas efectiva en las municipalidades y otras instituciones gubernamentales. Solís hizo énfasis en que las municipalidades, como encargadas de ejecutar estas políticas a nivel local, deben seguir el mandato gubernamental y la normativa internacional suscrita por Costa Rica. Además, llamó a tomar acciones concretas para garantizar una implementación real y efectiva de las políticas públicas.

Este espacio concluyó con un llamado a la acción, destacando que la desigualdad de género es un problema profundamente arraigado y naturalizado en la sociedad costarricense. Para lograr un cambio real, es fundamental que tanto las instituciones como la sociedad civil trabajen en conjunto para implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género. Se resaltó la importancia de la sororidad, el autocuidado y la justicia integral en la lucha por los derechos de las mujeres, subrayando que, aunque el camino es complejo, la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados son esenciales para alcanzar una sociedad más equitativa.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social pide aumento de pensión no contributiva para población adulta mayor y a personas especiales

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) presenta una solicitud dirigida a la Licda. Glenda Sánchez Brenes, Directora de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. A través de este documento, los firmantes, auditores ciudadanos, solicitan lo siguiente:

Principales peticiones de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

  1. Aumento de las pensiones no contributivas : Los auditores solicitan la revocatoria de un acto administrativo emitido el 5 de septiembre de 2024 por la Dirección Nacional de Pensiones, que consideran lesivo para la población más vulnerable. Argumentan que la falta de un incremento en las pensiones condena a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidades a una mayor pobreza, violando lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Constitución Política de Costa Rica. Estos artículos garantizan el bienestar general y la protección especial a las personas mayores.
  2. Acceso al convenio de cooperación : Se solicita una copia del convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el fortalecimiento del Régimen No Contributivo (RNC), que tiene como objetivo mejorar la gestión y la entrega de subsidios a quienes más lo necesitan. 
  3. Informe detallado sobre la deuda del Estado : Se pide que se informe sobre el estado actual de la deuda del Estado con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), que se destina, entre otras cosas, a financiar el RNC. Esta solicitud se basa en el informe de la Contraloría General de la República (Informe N° DFOE-SAF-IF-00007-2019), que señala una deuda significativa acumulada por el Estado a lo largo de los años, lo cual ha afectado la capacidad de financiamiento de los programas sociales, entre ellos las pensiones no contributivas.

La ACSS, en su solicitud, subraya la importancia de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social asuma su responsabilidad en la revaloración de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC). Aunque la administración de este régimen está a cargo de la CCSS, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, es el responsable de asegurar que se asignen los recursos necesarios para mantener el poder adquisitivo de las pensiones frente a la inflación y las pérdidas de valor.

Un aspecto central de la argumentación es la mención del convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y la CCSS para fortalecer el RNC. Este convenio, que incluye la colaboración en términos de financiamiento y gestión de los fondos, se presenta como una evidencia de que ambas instituciones tienen la responsabilidad conjunta de garantizar el bienestar de las personas que dependen del RNC. La Auditoría Ciudadana argumenta que este convenio refuerza la obligación del Ministerio de Trabajo de velar por que los recursos asignados a estas pensiones sean suficientes y se ajusten conforme a las necesidades actuales de la población.

La firma de este convenio también pone de manifiesto que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene un rol activo en la protección social, más allá de la administración pasiva de los recursos. La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social resalta que cualquier interpretación en contrario sería un incumplimiento de las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen a esta entidad.

Le invitamos a seguir el enlace y leer el documento completo para conocer más detalles sobre esta gestión y la relevancia de los temas expuestos.

Persiste la violencia: Contexto de las personas defensoras ambientales en 2023

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Les invitamos a reflexionar sobre la difícil situación que atraviesan las personas defensoras ambientales en todo el mundo, su condición de liderazgo en las denuncias sobre atropellos e irregularidades que afectan los bienes comunes naturales, sigue colocándolos en posiciones de vulnerabilidad.  A partir del informe publicado por Global Witness titulado «Voces Silenciadas» les compartimos algunos de los datos que nos comparten para invitar a reflexionar sobre los desafíos que tenemos como sociedad y a mirar críticamente las tendencias políticas de nuestros países por «ningunear» la labor de estas personas.

El asesinato de las personas es sólo el paso final de toda una espiral de violencia que rodea la vida cotidiana de estas personas, el informe nos recuerda que esta acción viene acompañada de actos previos tales como intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por Gobiernos, empresas y otros agentes no estatales.

Este informe nos arroja un dato duro 196 casos documentados de personas asesinadas por su labor de defensora ambiental durante 2023, sin embargo, nos alertan de algo, «En muchas ocasiones, contamos con muy poca información sobre cada caso. Muchas personas defensoras nunca serán nombradas. No se agradecerán sus sacrificios. Y la historia de su resistencia jamás será contada», es así que les invitamos a reflexionar sobre ese silencio que sigue permeando e invisibiliza la oleada de violencias que están sufriendo personas y comunidades por la defensa de los bienes comunes.

Esta infografía la realizamos en honor al ecologista hondureño Juan López asesinado en 2024.

Crean el Frente Sindical y Social Pro Hospital Monseñor Sanabria

Comunicado

Con el objetivo de luchar porque el nuevo Hospital Monseñor Sanabria reúna las condiciones necesarias para brindar el servicio y atención que los puntarenenses necesitan y por lo cual fue construido el nuevo centro hospitalario, se realizó una reunión con fuerzas vivas y organizaciones para crear el Frente Sindical y Social Pro Hospital Monseñor Sanabria.

UNDECA, en coordinación con grupos organizados de la provincia de Puntarenas discutieron, analizaron y definieron estrategias para un plan de lucha para que a este centro hospitalario se le dote de las 818 plazas que se aprobaron por la DGAP y entre a funcionar a un 100% con las nuevas especialidades y que son urgentes para el pueblo puntarenense.

Entre los servicios urgentes para la comunidad están, Nefrología, Ginecología Oncología, Hemodinamia, Hematología, Banco de Leche, Oncología Médica y Anestesiología Pediátrica.

UNDECA siempre a la vanguardia en la lucha por la defensa de la salud pública, al lado de las comunidades.

Defensoría: Programas sociales navegan a la deriva

Si bien la Agenda 2030 y sus ODS brindan la orientación adecuada para el diseño, formulación e implementación de iniciativas con la finalidad de reducir las múltiples desigualdades, mitigar los efectos negativos que enfrenta el país y aumentar así, el desarrollo humano para “no dejar a nadie atrás”, para la Defensoría de los Habitantes, mientras se carezca de una política nacional para la atención de la pobreza, Costa Rica se encuentra largo de la Ruta para una atención real, sostenida y estructural de la misma.

Así lo señalan las primeras conclusiones a las que llega un estudio preliminar que elabora la Defensoría de los Habitantes donde se analizan las consecuencias de la aplicación de la regla fiscal en las principales instituciones del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, como son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

De los resultados preliminares preocupa a la Defensoría que, durante los últimos años, al amparo de la aplicación de la Regla Fiscal, Costa Rica vive una reducción constante en materia de inversión pública en educación, salud y programas de combate a la pobreza, que compromete los tímidos avances en relación con la pobreza y la desigualdad.

Adicionalmente a la reducción presupuestaria y aplicación de la Regla Fiscal, el estudio preliminar destaca la necesidad de revisar el diseño de los programas sociales selectivos para garantizar su idoneidad y que sean complementarios, mejorar la coordinación interinstitucional, perfeccionar y uniformar los mecanismos de selección de beneficiarios para garantizar que lleguen a quienes realmente lo necesitan, además de completar la cobertura de los programas sociales, especialmente en las áreas más alejadas del país, y para dar énfasis a la calidad de los servicios de educación y salud y ajustarlos a las necesidades y condiciones de las poblaciones

Se detalla en el informe preliminar de la Defensoría, la necesidad de incorporar prácticas de evaluación de servicios y programas que incorporen metodologías de costeo claras que determinen cuál es el monto adecuado que se debe otorgar a las familias o personas beneficiadas para que puedan subsistir o continuar con sus estudios.

Además, se observa que casi todos los programas sociales analizados carecen de indicadores de impacto y efecto, lo que impide medir si realmente están generando una incidencia positiva en la sociedad. Tampoco se puede determinar si es necesario implementar mejoras para beneficiar de manera más efectiva a la población.

Otro aspecto que se detalla es la falta de consideración de factores importantes como la región de planificación donde vive la persona beneficiada, si tiene alguna discapacidad o enfermedad crónica. Estas variables no se toman realmente en cuenta al establecer los montos de las ayudas. Asimismo, es fundamental realizar evaluaciones de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Evaluación para Intervenciones Públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Aunque algunos de los programas mencionados anteriormente han llevado a cabo evaluaciones de diseño, son muy pocos los casos en que se han realizado evaluaciones de procesos y resultados. En algunos programas que llevan más de 20 años en implementación, nunca se ha realizado una evaluación de resultados, lo que implica que no se sabe si actualmente están generando efectos positivos en la población beneficiada.

La Defensoría subraya la importancia de crear una política pública formal que coordine y articule de manera efectiva las distintas estrategias y programas dirigidos a la reducción de la pobreza y la inclusión social.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Gobierno de Chaves desmantela Departamento de Producción Orgánica en el MAG

  • El MAG ha llevado a cabo la desintegración del Departamento de Producción Orgánica sin criterio técnico, sin consulta pública y desobedeciendo la normativa nacional.

  • Desde inicios de septiembre de 2024, no hay una persona encargada de la inspección, el apoyo, la asesoría o el seguimiento a las personas productoras orgánicas.

MAOCO. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, sin importar el color político del gobierno de turno, siempre ha otorgado un lugar marginal a la agricultura orgánica. No se recuerda, en tiempos recientes, una administración que haya apostado por la aplicación real de la Ley 8591 (Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica), pero el gobierno de Rodrigo Chaves ha radicalizado esta inacción. El ministro Víctor Carvajal Porras ha acelerado el cierre de los pocos espacios dedicados a la producción orgánica. En lo que va del año, Carvajal ha cerrado tanto la Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica como el Departamento de Producción Orgánica.

Bajo el supuesto de un proceso de “reestructuración” institucional, se han eliminado los espacios de apoyo técnico a las personas productoras orgánicas y la participación política de las organizaciones dentro del Ministerio. Todo esto ha ocurrido al margen de la legalidad, contraviniendo los principios más básicos de la administración pública y la participación social en materia de política alimentaria.

En mayo de 2022, al inicio de este gobierno, el Departamento de Producción Orgánica contaba con cuatro personas, quienes han sido reubicadas en otras labores, tanto dentro como fuera del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El Movimiento por la Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) denuncia que, a septiembre de 2024, no hay un solo funcionario encargado de velar por el cumplimiento de las inspecciones en fincas orgánicas, dar seguimiento a los procesos de transición, o apoyar a las asociaciones de productores orgánicos y a los Grupos de Personas Productoras Orgánicas (GPO). En síntesis, no hay nadie trabajando en la promoción de la agricultura orgánica, desobedeciendo el artículo 10 de la ley, que indica que por medio de una oficina especializada el MAG destinará los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir los fines de la ley.

Desde MAOCO consideramos que el ministro Carvajal ha abandonado sus funciones, tal y como lo establece la Ley 8591 (Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica). Las órdenes ministeriales dispusieron la reubicación de las personas encargadas de las funciones de apoyo al sector orgánico, así como de la inspección y el cumplimiento del artículo 8 del Decreto N.º 35242-MAG-H-MEIC, “Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica.

El desmantelamiento del Departamento de Producción Orgánica, la salida del personal a cargo, y la reestructuración que está ocurriendo dentro del MAG se están llevando a cabo sin ningún sustento técnico, legal ni participación de organizaciones, agencias certificadoras o personas productoras afectadas.

Desde MAOCO, además, denunciamos que, al parecer, las altas esferas del MAG están trabajando en una nueva versión del Decreto 29782, «Reglamento de Agricultura Orgánica», sin compartir ni invitar al sector orgánico a participar.

Imagen: https://agroecologa.org

Gobierno promulga arbitrariamente nuevo reglamento para nombramiento de representantes de sector laboral y patronal de junta directiva CCSS

UNDECA

En el Diario Oficial La Gaceta, del 10 de este mes de la Patria, se publicó el nuevo Reglamento para la elección y nombramiento de los representantes del sector laboral y patronal de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este decreto deroga totalmente el anterior y rige a partir de su publicación.

UNDECA denuncia que este reglamento fue promulgado de manera unilateral por el Gobierno de la República, fiel a la despótica hoja de ruta de esa Administración y violentando las disposiciones de la normativa nacional, específicamente, el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública.

Dicho decreto se lo sacó el Gobierno, de forma sorpresiva, del sombrero de un mago, quebrantando los principios democráticos de diálogo social, transparencia, consulta y el principio de legalidad de la actuación de la Administración Pública.

“UNDECA advierte que el gobierno emitió el decreto a su total arbitrio, omitiendo cualquier consulta y participación de los sectores interesados -ni siquiera la Junta Directiva de la CCSS fue consultada o informada- previo a la publicación de este espurio decretazo del Gobierno”, señaló Luis Chavarría, secretario general de la organización sindical.

El artículo 361 de la Ley General de Administración Pública establece un procedimiento especial que obliga al Poder Ejecutivo a conceder audiencia previa a las entidades descentralizadas y entidades representativas de carácter general, corporativas, sindicales y afectados por la correspondiente disposición.

El Poder Ejecutivo infringió esta norma legal, porque dictó, de forma unilateral, ese Reglamento, prescindiendo el trámite de consulta previa, cuya omisión causa su invalidez absoluta.

UNDECA denuncia, vehemente, que un día sí y el siguiente también, este Gobierno se vuelve cada vez más contra nuestro ordenamiento, manteniendo una conducta desenfrenada que refleja un absoluto desprecio de las normas que regulan la convivencia ciudadana, y que busca eliminar la participación democrática de las organizaciones gremiales.

Este mes, que celebramos un año más de independencia, es oportuno recordar el pensamiento de Cicerón, que en esta deriva política autoritaria nos viene como anillo al dedo: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes.”

La conducta ilegítima que denunciamos reitera que al Gobierno le incomoda y estorba el Estado de Derecho y la democracia costarricense.