Esta producción radial fue realizada por la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad de Costa Rica y transmitida por Radio 870 UCR.
En un nuevo episodio del programa radial Semillas y Saberes, conducido por Marcela Dumani, se abordaron las consecuencias del posible ingreso de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). La entrevista central estuvo a cargo del abogado y economista Renzo Céspedes Vargas, quien cuenta con más de tres décadas de experiencia en comercio internacional.
Durante el programa se explicó de forma detallada el funcionamiento del tratado, sus orígenes, los países que lo conforman, y sus graves implicaciones para sectores productivos sensibles como el arroz, el café, la leche, la piña, la palma aceitera y el sector hortícola costarricense. Se alertó que esta adhesión, de concretarse, afectaría severamente la seguridad alimentaria, la soberanía productiva nacional y el bienestar de más de medio millón de personas vinculadas al agro.
Uno de los aspectos más discutidos fue la imposibilidad de renegociar condiciones específicas para proteger a sectores estratégicos, dado que las reglas del bloque están predefinidas. También se abordó cómo este modelo de apertura comercial desregulada se suma a otras políticas internas que ya han debilitado al agro, como la “ruta del arroz” o la eliminación de aranceles sin medidas compensatorias.
Céspedes hizo un llamado a la ciudadanía para informarse, generar presión social y dialogar con diputaciones y gobiernos locales para evitar que el país entregue su soberanía productiva a intereses que no consideran las particularidades de la economía nacional.
Este domingo 13 de julio a partir de las 4:00 p.m. en Sendero
Después de una semana llena de arte, memoria y solidaridad, les invitamos a acompañarnos en el cierre de esta edición del Festival de la Sandía, un encuentro que ha vibrado con el corazón de la resistencia, la belleza y la denuncia.
Les compartimos el itinerario del domingo:
16:00 – 16:50 – Conferencia sobre la Gran Marcha a Gaza y relatoría de Derechos Humanos
17:00 – 18:15 – Mediación y recorrido guiado por la exposición artística
18:30 – 19:15 – Proyección de video del Grupo Abya Yala y conversatorio
19:30 – 21:00 – Acto de cierre — Música en vivo, palabras finales, informe del evento y lectura de poesía
Les esperamos para cerrar este espacio sembrado con tanto amor, lucha y creatividad.
Esta nota comparte una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, a partir del trabajo del Colectivo Antonio Saldaña.
El pasado 5 de julio, en una jornada cargada de memoria y lucha, el Colectivo Antonio Saldaña conmemoró el legado de Pablo Presbere y Antonio Saldaña, figuras centrales de la resistencia indígena en Costa Rica. La actividad no fue solo un acto simbólico: fue un ejercicio político y comunitario de afirmación cultural y territorial. Desde la región Bribri-Cabécar de Talamanca, la memoria viva se convirtió en acción colectiva.
El artículo disponible en el sitio del Observatorio explora cómo estos referentes históricos continúan inspirando luchas por la autonomía de los pueblos originarios, el derecho a la tierra y la descolonización del pensamiento. A través de textos, imágenes y participación comunitaria, la conmemoración permitió revitalizar preguntas fundamentales: ¿Qué significa hoy defender el territorio? ¿Cómo se ejerce la soberanía cultural frente a las amenazas del olvido institucional?
Presbere, símbolo de la resistencia contra la colonización en el siglo XVIII, y Saldaña, defensor de los pueblos indígenas en las primeras décadas del siglo XX, encarnan un legado que continúa vigente. El texto hace un recorrido por sus vidas, sus luchas, y la forma en que sus nombres abren camino para nuevas generaciones que exigen justicia histórica, memoria digna y defensa de la vida colectiva.
Desde el presente, las comunidades reafirman que sin autonomía no hay justicia, sin memoria no hay futuro y sin territorio no hay vida.
El contrabando de cigarrillos en Costa Rica no solo representa una pérdida millonaria para las arcas públicas, sino que también financia actividades ilícitas y agrava la crisis de salud pública causada por el tabaquismo, advierten expertos a través de los medios de comunicación.
Ante esta realidad, la Asamblea Legislativa tiene en sus manos proyectos de ley clave para enfrentar los problemas. Entre ellos destaca el Proyecto de Ley 22.497, que propone el empaquetado neutro de productos de tabaco, una medida que elimina colores y logotipos en los empaques, dejando la marca y las advertencias sanitarias visibles. Esta iniciativa busca reducir el atractivo del tabaco, especialmente entre niños y jóvenes, y contribuir con la disminución del consumo.
Complementariamente, el Proyecto de Ley 23.880 plantea un aumento del 30% en los impuestos al tabaco, una de las estrategias más efectivas para desincentivar su consumo y aumentar la contribución fiscal destinada a la salud pública. El proyecto de Ley 23880para la Responsabilidad Social del Consumo de Tabaco ha sido elogiado por el Banco Mundial, la Organización Panamericana da la Salud (OPS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Costa Rica también ratificó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que fortalece el control y la sanción del contrabando, un problema que facilita la entrada de cigarrillos ilegales al mercado y redes financieras criminales, y que es ley de la república desde el 2016.
Asamblea Legislativa puede poner su granito de arena
Especialistas y organizaciones de salud, entre ellas la Red Nacional Antitabaco, RENATA, llaman a los legisladores a mostrar voluntad política para aprobar estas leyes y aplicar las medidas internacionales, con el fin de proteger la salud de la población y debilitar las fuentes de financiamiento del narcotráfico.
Para la presidenta de RENATA, Dra. Nydia Amador, “es muy importante que se aprueben estos dos proyectos de ley y se cumpla con la legislación ya vigente en el país. La sociedad civil puede colaborar de muchas formas, especialmente denunciando a quienes violan la ley vía el correo electrónico que ha puesto a disposición para ello el Ministerio de Salud:denuncias.minsa@misalud.go.cr .
La combinación de empaquetado neutro, aumento de impuestos y el control efectivo del comercio ilícito representa una oportunidad única para que Costa Rica realmente avance en la reducción del tabaquismo y fortalezca su seguridad nacional.
La Contraloría General de la República (CGR) identificó deficiencias en el sistema de costeo que utiliza la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para determinar el canon de regulación del sector. En su auditoría, la CGR concluyó que la metodología vigente no se ajusta a los principios de servicio al costo ni de administración eficiente, tal como exige la Ley N.° 7593.
El informe señala que el canon de regulación representa la fuente principal de financiamiento de SUTEL para ejercer sus funciones de supervisión del mercado abierto de telecomunicaciones. Para garantizar la transparencia y la razonabilidad de este aporte, el cálculo debe basarse únicamente en los costos indispensables para una regulación eficaz. No obstante, la CGR advirtió que SUTEL carece de un sistema que desglose el costo por actividad regulatoria, lo cual obstaculiza la evaluación de la eficiencia y limita la rendición de cuentas.
Además, se observó que los controles se sustentan en términos genéricos de partidas presupuestarias, sin asociar de forma directa cada gasto con la tarea regulatoria correspondiente. Esta práctica impide verificar si los recursos del canon se destinan de manera óptima y a un costo justificado.
La auditoría concluye que la falta de un mecanismo detallado de costeo podría derivar en un uso irracional de fondos públicos y reducir la eficacia de la supervisión del sector telecomunicaciones.
Para consultar el informe completo, ingrese a: DFOE CIU IAD 00004-2025 Video de la vocera, Marcela Aragón Sandoval, Gerente del área de fiscalización del Desarrollo de Ciudades de la CGR:
Una nueva monografía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que el costo de asistir a la educación superior va mucho más allá del arancel. Transporte, alimentación, materiales y vivienda –gastos “ocultos” que con frecuencia no figuran en los cálculos oficiales– siguen siendo barreras críticas para la permanencia estudiantil en Chile, Costa Rica, Perú y Colombia.
El documento El gasto real de estudiar educación superior en América Latina: ¿cuánto invierten las familias y qué apoyo financiero reciben los estudiantes? analiza, en dólares PPP 2023, el desembolso anual que afrontan las familias según tipo de institución (pública o privada), nivel (universitario o técnico) y localización (capital o fuera de ella). Entre los principales hallazgos:
En las universidades privadas ubicadas en la capital, el gasto total promedio oscila entre US$ 48 634 en Costa Rica y US$ 121 671 en Chile.
Cuando se contrasta con el PIB per cápita, la carga relativa es similarmente elevada: en Chile representa entre 67 % y 78 % y en Colombia entre 46 % y 62 %.
La educación técnica implica desembolsos menores, aunque sigue siendo significativa; en institutos privados chilenos promedia US$ 45 738.
Los gastos de vivienda y arancel explican la mayor parte de la diferencia entre programas universitarios y técnicos.
Las brechas persisten a pesar de los programas de becas, créditos y, en algunos casos, gratuidad condicionada.
El estudio subraya que comprender la magnitud de estos montos es esencial para diseñar políticas que garanticen el acceso y la permanencia, especialmente de personas jóvenes de menores ingresos.
Descargue el documento completo en PDF y consulte los detalles metodológicos, los cuadros comparativos y las recomendaciones de política pública:
En esta producción informativa de FECTSALUD Costa Rica, Juan Carlos Durán Castro, secretario de Prensa y Propaganda de la organización, analiza las alianzas políticas, estrategias del gobierno y amenazas a los derechos laborales, centradas en el polémico proyecto de ley sobre la jornada 4×3.
Durán denuncia un “pacto oscuro” entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el gobierno, el cual, según sus palabras, debilita al candidato del PLN, Álvaro Ramos, e involucra acuerdos poco transparentes con sectores empresariales como UCCAEP y diputaciones oficialistas.
“Pilar Cisneros también hizo sus «chapuzas» por el sector de UCAEP”, afirma Durán, cuestionando el argumento de que el salario mínimo afecta la competitividad del país. Según él, este discurso es falso y busca llevar el trabajo precario al trabajo esclavo, afectando directamente a la clase trabajadora.
También advierte que el gobierno habría ejercido presión sobre UCCAEP para impulsar la jornada 4×3, retirando y luego volviendo a convocar el proyecto de ley como táctica para negociar préstamos y continuar endeudando al país. A este accionar lo llama “la jugada del tonto”, en la que se involucra a Liberación Nacional como parte de una estrategia engañosa.
Finalmente, lanza un llamado a la población costarricense a reflexionar críticamente sobre estas acciones y discursos de cara a las elecciones de febrero de 2026, insistiendo en que no se trata de simples decisiones técnicas, sino de un modelo político que busca debilitar derechos laborales fundamentales.
El 8 de julio de 2010 el aparato represor del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli −condenado por corrupción y asilado hoy en Colombia− reprimió con saña al pueblo trabajador de la zona bananera de la provincia de Bocas del Toro.
En aquel entonces, José Raúl Mulino −hoy Presidente de la República− era ministro de Interior, por lo tanto, responsable directo de la feroz cacería de ciudadanos indefensos en el feudo de Chiquita Brands.
José Raúl Mulino sufre del trastorno de acumulación de odio contra los trabajadores bananeros y los indígenas. Aquella salvajada −por la cual debería estar preso− dejó un saldo de dos muertos, 78 lisiados de por vida y 700 heridos de bala y perdigones. La entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés, se dignó ir a la zona bananera donde el Sindicato (SITRAIBANA) había convocado a una huelga en todas las fincas.
En la propia sede del Sindicato, la copetuda ministra mostró también su fobia antiindígena: “Ustedes son unos indios borrachos, ignorantes, analfabetos”, les dijo. “Dejen de hacerle el juego a los dirigentes sindicales, que lo único que quieren es seguir viviendo de las cuotas”, añadió.
Aquella señora copetuda fue condenada en mayo del actual a 32 meses de prisión al no justificar gastos de viáticos por 49 mil dólares en reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza. La muy instruida señorona resultó una vulgar ladrona.
Hace algunas semanas el presidente Mulino ordenó una nueva cacería en Bocas del Toro. El despliegue de las fuerzas de seguridad llevó por nombre “Operación Omega”. El número de muertos crece a diario, junto a las denuncias de torturas y flagrantes violaciones a los derechos humanos. Ni siquiera la impunidad es eterna. El que las hace las paga. ¡Prohibido olvidar!
Un estudio desarrollado en la Maestría en Microbiología Clínica impacta ya la atención oncológica pediátrica del país
Mag Olga Marta Ramírez Hernández Comunicadora Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)
Detectar a tiempo cuáles pacientes pediátricos con leucemia presentan un mayor riesgo de recaída es hoy una posibilidad real en Costa Rica, gracias a una investigación realizada en el marco del posgrado en Microbiología Clínica de la Universidad de Costa Rica (UCR). El trabajo, liderado por la Dra. Melissa Granados Zamora, se convirtió en una herramienta clave para mejorar el abordaje clínico de los casos más complejos de esta enfermedad.
La leucemia linfoblástica aguda tipo B (LLA-B) es el cáncer infantil más frecuente en el país. Cada año, entre cincuenta y sesenta niños son diagnosticados con esta patología. Sin embargo, no todos los casos evolucionan igual: una parte importante de los pacientes enfrenta un mayor riesgo de recaída, con implicaciones serias para su salud y supervivencia.
Fue precisamente esta necesidad clínica la que motivó la tesis de maestría de la Dra. Granados, titulada “Marcadores pronósticos de leucemia linfocítica aguda B en niños de Costa Rica: deleciones en el gen IKZF1 y altos niveles de expresión del gen CRLF2”, bajo la tutoría del Dr. Carlos Santamaría Quesada, jefe del Laboratorio de Diagnóstico Molecular del Hospital Nacional de Niños (HNN).
Durante su investigación, la Dra. Granados identificó la presencia en la población costarricense de alteraciones en el gen IKZF1, asociadas internacionalmente a un pronóstico más desfavorable. Este gen fue originalmente descrito en el año 2009 por el Dr. Charles Mullighan, investigador del St. Jude Children’s Hospital en Memphis, uno de los centros líderes en el estudio de cáncer pediátrico a nivel mundial.
“Nuestro primer objetivo era saber si estas alteraciones genéticas estaban presentes en los pacientes pediátricos con LLA-B en nuestro país. El segundo, comprobar si estaban asociadas con un peor pronóstico, y finalmente de esta forma clasificar mejor a los pacientes para que reciban el esquema de tratamiento adecuado, con el propósito común de contribuir a que la enfermedad no regrese, disminuyendo así recaídas y muertes”, explicó la Dra. Granados en entrevista.
El estudio incluyó a 126 niños con LLA-B tratados en el HNN, cuyos casos fueron seguidos durante al menos cuatro años. Los resultados fueron claros: la alteración en el gen IKZF1 se asoció efectivamente con un mayor riesgo de recaída, y su detección temprana permite a los médicos ajustar el tratamiento y el seguimiento de cada paciente.
Gracias a esta evidencia, desde 2019 la prueba para detectar esta alteración genética forma parte del protocolo rutinario en el Hospital Nacional de Niños. Así, cada niño diagnosticado con LLA-B se somete a este análisis, lo que permite identificar desde el inicio de la enfermedad a quienes requieren un manejo más intensivo y un seguimiento más estrecho.
Desde el punto de vista clínico, este hallazgo permite tomar decisiones más precisas. Los niños con esta alteración reciben un tratamiento más fuerte y un control más frecuente, con el fin de detectar precozmente cualquier signo de recaída y actuar a tiempo.
Para la Dra. Flor Jiménez Segura, decana del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la UCR, este tipo de logros refleja el aporte que realiza el SEP al país: “Durante estos cincuenta años, el Sistema de Estudios de Posgrado ha sido un espacio donde se genera conocimiento que aporta soluciones reales para la sociedad. Este es un ejemplo claro: gracias a la calidad de nuestros programas y al trabajo articulado con diferentes instituciones, hoy contamos con herramientas que mejoran la atención de los niños con leucemia. Nos enorgullece ver cómo el trabajo de nuestras y nuestros estudiantes se traduce en beneficios concretos para el país”, destacó.
Además de su aporte clínico, el estudio validó el uso de una metodología accesible y adaptable a países en desarrollo, lo que ha permitido su aplicación efectiva en el contexto costarricense.
Actualmente, la Dra. Granados continúa su trayectoria académica como estudiante del Doctorado en Ciencias de la UCR, con el objetivo de ampliar el perfil genético que ayude a predecir con mayor precisión el comportamiento de la leucemia en cada paciente.
Para el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), este proyecto es un ejemplo tangible del compromiso con la excelencia académica y con la generación de conocimiento al servicio del país.
“Ampliar el conocimiento genético nos permite ofrecer a cada paciente un diagnóstico más completo, y, con ello, contribuir a tratamientos más efectivos para mejorar oportunidades de vida”, concluyó la Dra. Granados.
La Red de Solidaridad con Palestina se presentó ante el edificio del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva durante una asamblea de esa organización, para emplazar a esta institución que no ha querido manifestarse sobre el asesinato de los más de 200 periodistas en Gaza y Palestina por el régimen israelí.
El piquete tuvo respuestas de interés de varios asociados al Colegio que dijeron no conocer de la carta que la Red hace aproximadamente un año envío a la directiva sobre este tema.
También manifestaron algunos que intercederán ante la actual directiva pues no es posible que en la fachada del Colegio hay un Monumento por las víctimas del acto terrorista de la Penca en la que estuvo implicada la CIA y que sea indiferente ante el asesinato de periodistas que son actos de terror del ejército de Israel para acallar las voces de los comunicadores.
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