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Pronunciamiento por la justicia para Jerhy Rivera Rivera líder indígena y defensor del medio ambiente

A la comunidad costarricense:

En febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente y los derechos de las personas indígenas, fue asesinado en medio de un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo, agravado por la falta de justicia en su caso.

Durante el 2023, Juan Eduardo Varela, el presunto asesino que confesó haber cometido el acto en una actividad pública, fue sentenciado a 22 años de prisión. Sin embargo, tiempo después, el Tribunal de Cartago lo puso en libertad tras una apelación presentada por sus abogados.

El proceso judicial que ha seguido al asesinato de Jerhy no ha logrado hacer justicia, dejando una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de las personas indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en nuestro país.

Actualmente, el proceso se encuentra en la recta final, siendo el lunes 9 y martes 10 de septiembre del 2024 los últimos dos días del juicio, que se ha estado llevando a cabo durante las últimas semanas en los Tribunales de Pérez Zeledón. Por esta razón, es imprescindible que unamos nuestras voces y exijamos justicia.

Este es un momento decisivo para Costa Rica. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que la muerte de Jerhy no haya sido en vano. Exigimos que se retomen las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, se asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas y se fortalezcan las políticas ambientales que Jerhy defendió con tanto fervor.

Es tiempo de que los tribunales actúen con firmeza y hagan justicia, por todas aquellas personas que continúan luchando por la defensa del ambiente y por quienes han sido víctimas de un Estado que no garantiza la protección de sus derechos ni territorios.

La ratificación del Acuerdo de Escazú es una de las grandes deudas que el Estado mantiene con las personas ecologistas. Este tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, siendo el primer tratado de este tipo en el mundo.

Diversos territorios han sido escenarios de numerosos conflictos y agresiones en los últimos años, donde se ve reflejada la continua amenaza que enfrentan las personas indígenas defensoras de sus territorios en Costa Rica.

Honramos la memoria de líderes y lideresas que han caído en defensa de sus tierras, sus derechos y de la vida misma en Costa Rica y América Latina. Recordamos con dolor a Sergio Rojas y Jehry Rivera, así como las luchas que se siguen dando en Salitre, Térraba, y China Kichá.

En estos territorios, las personas indígenas enfrentan constantemente hostigamiento por su lucha para la recuperación de las tierras ancestrales, ocupadas ilegalmente por empresas y personas no indígenas.

¡Justicia para Jerhy! ¡Justicia para los pueblos!

¡Aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas!

Firman

Organizaciones:

Costa Rica

Alianza Escazú
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica
Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica
Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica
Bloque de Vivienda
Casa del Migrante
Centro de Amigos para la Paz (CAP)
Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera
Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811
Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok
Confederación Unitaria de Trabajadores -CUT
Consejo Iriria Sätkök del territorio ancestral Yäbamï Dí Katá, conocido como Cabagra
Coordinadora por la Liberación Animal
Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS)
Ediciones Libres, Costa Rica
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Frente de Resistencia Animal y de la Tierra
Frente Ecologista Universitario de la Universidad de Costa Rica
Fundación Nuestramérica
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
Jornadas Solidarias, Costa Rica
Micro-santuario el Rinconcito Animal
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Movimiento no apoyo las corridas de toros a la tica ni el tope
Movimiento yo no voy al zoo
Red de Mujeres Rurales
Organizaciones de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Dbön Orcuo)
PATRULLAJE, Costa Rica.
Partido Federativo Integra de la Universidad de Costa Rica.
Proyecto Jirondai, Costa Rica.
Proyecto Piapias: educación popular y comunicación antiespecista
Orgullo Disidente, Costa Rica
Sindicato Unitario de Pequeños Productores Agropecuarios de Pococí y Guácimo (SIUNPPAPG)
Unidos por el Agua, Costa Rica.

Argentina

Asociación Cultural América Nativa (ACAN)

Ecuador

SAKIAT-Organización del Pueblo Kichwa Saraguro
Unión Nacional de Educadores-UNE

España

Confederación Intersindical Solidaria, España
Ensenyants Solidaris, ONG
Ribaborza SOS Ribarboza

Honduras

Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras
Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de la Paz
Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-participa)
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) Garifuna, Honduras.

México

Centro para el Desarrollo y la Promoción de la Consciencia Crítica(CDPCC),Guanajuato
Comité de Defensa de los Derechos de La Mujer-CODEMA.C, Oaxaca
CLETA-UNAM, México.
Comité Leonés de Solidaridad con Palestina (COLSOPAL), Guanajuato, México
Comité Universitario en Solidaridad con el Pueblo Palestino, México
Museo Comunitario Alfredo Almeida, México
Red Académica de Solidaridad con Palestina, México

Internacional

Frente Comunicacional Anti-imperialista de Nuestra América, México.
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Personas físicas:

Alejandra Davis, Estados Unidos.
Alex Ramos, Costa Rica.
Alexis Rodríguez Gallardo, Costa Rica.
Allen Cordero, Costa Rica.
Amanda Carvajal Umaña, Costa Rica
Ana Mena Morelli, Costa Rica.
Aren Vindas Álvarez, Costa Rica
Ariel Enrique Solano Sancho, Costa Rica.
Ashley Padilla, Costa Rica.
Bruno Coto Barboza, Costa Rica.
Carol Davis, Estados Unidos.
Carolina Rivera, Estados Unidos.
Cecilia Castillo Nanjarí, Chile.
Celeste Rivera, Estados Unidos.
Clarita Quiel Torres, Bribri del clan Túbölwak, Cabagra, Costa Rica.
Daniel Ramírez, Estados Unidos.
Daniela María Salas Monge, Costa Rica.
Danilo Alizaga, Costa Rica.
Denis Cálix, Costa Rica.
Edgar Atencio, Costa Rica.
Edwin Buezo, Estados Unidos.
Eli Ortiz Torres, Bribri clan Túbölwak, Costa Rica.
Elidies Rivera Navas, Costa Rica.
Emily Quirós Víctor, Costa Rica.
Estela Ceballos, Argentina.
Fátima Gómez Campos, Costa Rica.
Felipe Benítez, indígena Lenca, Honduras.
Félix López Zambrana, Costa Rica.
Héctor Ferlini-Salazar, Costa Rica
Jimena Alvarado Vargas, Costa Rica.
Johan Davis, Estados Unidos.
José Amesty, Costa Rica.
José Luis Reyes, Estados Unidos.
Josué Fernández Baldizón, Costa Rica.
Keneduar Gerardo Herrera Herrera, Costa Rica.
Leonardo Fletes Castillo, Costa Rica.
Leslie Andino, Estados Unidos.
Luis Fernando González Marín, Costa Rica.
Luis Salas Sarkis, Costa Rica.
Madeline Kiser, Estados Unidos.
Magda Solís Alpízar, Costa Rica.
Marbella Martin Fragachan, Costa Rica.
Marco Antonio Hernández Moreno, México.
María Julia López, Honduras.
María Trejos Montero, Costa Rica.
Marielos Muñoz, Costa Rica.
Marshall Valverde Chacón, Costa Rica.
Miguel Barrios Gutiérrez.
Miriam Miranda, Honduras.
Nidia Fonseca, Costa Rica.
Orlando Barrantes Cartín, Costa Rica.
Pilar Bravo Pemjean, Chile.
Roberto Gavarrete, Costa Rica.
Sara Rodas, Estados Unidos.
Sara Unda, UNAM, México.
Sisa Pacari, Ecuador.
Sofía Becerra, Estados Unidos.
Suy Wong, Costa Rica.
Tiryth Vindas Campos, Costa Rica.
Zaida Docouto, Estados Unidos

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Félix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Reseña: «Recortes y Presupuesto 2025» en Desde la Otra Acera

En el episodio 2 de la sexta temporada de Desde la Otra Acera, el diputado Jonathan Acuña Soto ofrece una detallada reflexión sobre los recortes propuestos para el presupuesto 2025. Estos recortes afectan principalmente a sectores clave como la educación e infraestructura, lo que genera gran preocupación sobre las implicaciones para el futuro de Costa Rica.

Uno de los puntos más alarmantes es la reducción de más de 200,000 millones de colones en el presupuesto, lo que equivale a un recorte del 2%. Acuña recalca que la educación es uno de los sectores más perjudicados, con una disminución de 18,000 millones de colones en su inversión, lo cual impactará la infraestructura escolar y limitará los recursos para los estudiantes. Esta situación es especialmente preocupante dado que nunca se ha cumplido con el mandato constitucional del 8% del PIB destinado a la educación.

Además, se menciona el impacto de la regla fiscal, que desde 2018 ha restringido el crecimiento del presupuesto, permitiendo solo un aumento del 0.4%, lejos del 3.75% que la ley permite. Esta regla ha afectado no solo a la educación, sino también a la infraestructura vial, que verá recortada su inversión en un 25%. Acuña advierte que estas reducciones podrían deteriorar las carreteras del país, afectando negativamente la movilidad y el desarrollo económico.

Otro aspecto relevante discutido en el programa es la falta de consenso entre el gobierno y las universidades en relación al Fondo Especial para la Educación Superior (FES). Acuña señala que esta falta de acuerdo representa una evasión de responsabilidades por parte del ejecutivo, lo que profundiza aún más la crisis educativa.

El diputado también cuestiona la entrada de Costa Rica a la Corporación Andina de Fomento (CAF), ya que implica una inversión de 32,000 millones de colones. Acuña sugiere que estos recursos serían más beneficiosos si se destinaran a la educación, que enfrenta una crisis urgente de financiación.

El episodio subraya la importancia de replantear las prioridades financieras del país para asegurar un futuro sostenible, especialmente en el ámbito educativo. Acuña concluye haciendo un llamado al gobierno a priorizar la inversión social sobre otros intereses, asegurando que la educación y la infraestructura son pilares fundamentales para el desarrollo de Costa Rica.

Te invitamos a ver el episodio completo a través de los siguientes enlaces:

Estilo de gobierno obstaculiza acuerdos para avanzar en política social

  • La inversión social pasa a ser un elemento subsidiario dentro de las políticas del actual Gobierno.

  • En campos como el educativo y el ambiental no existe una ruta hacia una política clara y efectiva. Hay avances en infraestructura, pero se debe acelerar el paso en proyectos claves.

UNA Comunica. 12 de setiembre de 2024. El lenguaje autoritario, el estilo centralizado en la figura del Presidente y la constante confrontación con otros Poderes de la República e instituciones son un lastre para avanzar en la propuesta de soluciones de política social vinculados a educación, seguridad, ambiente y poblaciones vulnerables.

El Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), da cuentas de la realidad que atraviesa el país, cuando ya el Gobierno ha consumido más de la mitad de su gestión, que finaliza en mayo de 2026.

Bajo el título Un país en conflicto: las diferencias sustanciales entre Poderes de la República, el análisis enfatiza en que las divisiones del Poder Ejecutivo se han acrecentado ante instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes y las universidades públicas.

Una muestra evidente de ello, de acuerdo con Carlos Carranza, coordinador del Programa, es el uso de un lenguaje duro y estigmatizante, para referirse a aquellas personas a quienes el presidente Rodrigo Chaves considera sus opositores políticos.

Eso lo hace verse como persona lejana a la negociación y con una hiper centralización de las decisiones de política pública que provienen desde Zapote. “Mantenerse firme en sus posiciones es parte de la estrategia presidencial, donde la interpelación es directa y con muy pocas posibilidades de poder alcanzar acuerdos”, manifestó Carranza.

El estilo empleado busca achacar a la Asamblea Legislativa la responsabilidad en el estancamiento de las soluciones y en la tardanza en la aprobación de proyectos de ley, más aún en un periodo donde los esfuerzos del gobierno se han centrado en impulsar el proyecto de la Ley Jaguar y en debilitar a la Contraloría.

En el caso del Poder Judicial, las críticas se dirigen hacia sus distintas instituciones: desde la Corte Plena, hasta la Sala Constitucional y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En este contexto, el estudio determina que se ha instaurado un modelo económico, “donde la inversión social pasa a ser un elemento subsidiario dentro de la lógica de las políticas de Gobierno”.

Aunque desde el Ministerio de Hacienda se han hecho esfuerzos por reducir el déficit fiscal, no existe una estrategia clara que permita establecer objetivos concretos. Al respecto, Carranza hizo un llamado para que los equilibrios financieros por los que ha apostado la actual Administración, no dejen de lado un adecuado nivel de desarrollo en política social.

“La deuda que existe hacia los sectores con menos acceso a oportunidades es mayor y tendrá repercusiones en los próximos años, no solo con un apagón educativo, sino con una parálisis de una parte del sistema educativo y social”, indica el análisis.

Lo anterior hace que el Gobierno esté incumpliendo con acuerdos y metas establecidos a nivel del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la cual el país es parte.

Lupa en sectores

En el campo de la educación, se destaca que existen vacíos relevantes en la definición de una ruta clara hacia una política en esta materia. Problemas en la reinserción escolar, la falta de formación de personal académico, el retraso en la introducción de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza y el poco fomento de la lectura, son parte de los síntomas que se están percibiendo.

A esto se suma los problemas en la implementación de una estrategia hacia el bilingüismo y la reducción constante en los recursos que se destinan a financiar la educación pública, y que abarca la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En cuando a la política ambiental, el informe recoge la contradicción entre las promesas del gobierno de Rodrigo Chaves y las acciones que pone en práctica. En términos generales, acusa la ausencia de una política ambiental, las situaciones de contaminación de agua que ha afectado a comunidades enteras y el uso de plaguicidas y pesticidas en cultivos.

A esto se suma el interés del Poder Ejecutivo por debatir acerca de la minería a cielo abierto y la pérdida de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar las obras del proyecto Orosi II, que solucionaría los problemas de abastecimiento de agua potable en la Gran Área Metropolitana.

“El país se encuentra en una situación crítica que refleja la negligencia y el desinterés de las instituciones nacionales de proteger el medio ambiente y gestionar los recursos naturales”, indica el análisis.

La inseguridad, principal preocupación de los costarricenses muestra indicadores preocupantes, con 406 crímenes que el OIJ ha vinculado con el crimen organizado y con el asesinato de 40 mujeres, de las cuales, 14 se han catalogado como femicidios.

Para este análisis de coyuntura, los académicos de la UNA hicieron una evaluación de la situación actual de las personas adultas mayores. Al respecto, se destaca que el acelerado proceso de envejecimiento al que se enfrenta el país se produce por el aumento de la esperanza de vida al nacer y la disminución en los niveles de fecundidad.

En ese entorno, persiste la violencia contra adultos mayores en sus diferentes manifestaciones y la necesidad de asegurar el acceso a una pensión digna en favor de esta población.

Asimismo, se hace una llamada de atención para que el Estado no descuide la atención de la niñez y adolescencia, a la luz justamente de la política nacional que rige la materia. Particularmente, se hace énfasis en la exclusión de esta población en los territorios indígenas.

En cuanto a temas de infraestructura, el informe reconoce que ha existido continuidad en el impulso de algunas obras, pese al cambio en la jerarquía del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, insta a que se avance de manera más decidida en proyectos clave como la carretera a San Carlos, por ejemplo.

Puede descargar el estudio completo en formato PDF desde este enlace.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Tecnología mejora habilidades cognitivas en adultos mayores

 

  • Sensaciones socioemocionales relacionadas con la satisfacción con la vida, apoyo social, autoeficacia y salud, mejoraron.

  • Intervención incluyó a dos grupos, de 10 y 11 personas, del cantón de Nicoya, en medio de la pandemia.

UNA Comunica. 13 de setiembre de 2024. Para doña Felipina Fajardo tomar fotos y enviárselas a sus contactos, a través del teléfono celular que le regalaron sus tres hijos, era una tarea imposible. Ahora no solo hace eso, también realiza videollamadas y hasta se puso en contacto con una farmacia cercana para solicitar, por medio de su sitio web, el envío exprés de una medicina que requería para atender una dolencia en su columna.

Doña Felipina tiene 75 años y desde que nació ha vivido en Nicoya. Aceptó ser parte de un proyecto del Programa de Investigaciones en Psicología (PIP) de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional (UNA), llamado Promoción de procesos de envejecimiento saludable en población mayor residente en Nicoya, Guanacaste, mediante intervenciones con tecnologías de la información y la comunicación.

Mediante dos grupos (uno de 10 y el otro de 11 personas), los investigadores a cargo del proyecto, liderado por la académica María Dolores Castro, se propusieron determinar si el uso de la tecnología podía mejorar las habilidades cognitivas y de bienestar subjetivo entre la población adulta mayor.

Asimismo, identificar si a través de esta intervención era posible hacer un manejo eficaz del estrés y la ansiedad y de cómo se sentían ellas y ellos con la inclusión en el uso de la tecnología.

Para todos estos casos el resultado fue positivo. Por un lado, una de las conclusiones fue que esta población sí está dispuesta a aprender sobre tecnología, que sus capacidades y habilidades cognitivas mejoraron, así como sus sensaciones socioemocionales, relacionadas con la satisfacción con la vida, el apoyo social, la autoeficacia y la salud.

Para llegar a estas conclusiones, el grupo de investigación aplicó una prueba antes de que iniciaran las sesiones de capacitación y otro al finalizar, transcurridas las 10 semanas entre reuniones virtuales y presenciales, las cuales se llevaron a cabo en la biblioteca pública de Nicoya.

“Cuando nos referimos a capacidades cognitivas estamos hablando de la memoria, la atención, el control ejecutivo. El bienestar subjetivo es el grado de satisfacción que puedan tener las personas con sus vivencias. Y en esto hay mucha evidencia que dice que cuando las personas mayores aprenden a usar la tecnología aumenta un estado que se llama la autoeficacia, que es creer de que soy capaz de lograr las metas que me propongo”, manifestó Castro.

Junto con ella, el equipo estuvo integrado por Mauricio Blanco, académico de la Escuela de Psicología y por Mayela Coto, académica de la Escuela de Informática. También se contó con el apoyo de estudiantes asistentes tanto en la ejecución de los talleres como del seguimiento con los dos grupos.

Tareas

La necesidad de emprender este proyecto en una zona rural del país nació tras la pandemia. Castro manifestó que desde el 2008 viene trabajando temas de envejecimiento en la Escuela y desde ese momento se planteó la inquietud de cómo investigar las formas en que las personas, en su etapa de adulto mayor, pudieran vivir de manera saludable y con una mejor calidad de vida.

En el 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el envejecimiento saludable como el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez.

En el 2014, luego de concluir su tesis de doctorado, María Dolores Castro inició con un proyecto que involucraba el impacto de la tecnología en los procesos de envejecimiento, pero en zonas urbanas, con residentes de las provincias de la Gran Área Metropolitana (GAM).

“La pandemia nos hizo una gran revelación, porque entonces nos planteamos: ¿ahora qué hacen los adultos mayores que están en aislamiento y que no saben cómo acceder a las nuevas tecnologías? Y ¿cómo hacemos para prevenir sentimientos de soledad, cuando no tienen la oportunidad de convivir con otras personas?”, se cuestionó la académica.

Fue así como seleccionaron el cantón nicoyano, y con el apoyo de la biblioteca pública local, comenzaron a girar invitaciones de personas interesadas en ser parte del estudio. El banderazo de arranque fue en el 2020, en plena pandemia, de ahí la necesidad de que tuviese una modalidad virtual.

Elementos como aprender a conectarse a una red inalámbrica de Internet, utilizar aplicaciones como WhatsApp, realizar videollamadas a través de la herramienta de Zoom, compartir audios y fotos, fueron parte de las enseñanzas. Esto se complementaba con tareas que debían cumplir los participantes y cuyos resultados luego se compartían con el grupo.

Más allá de aprender sobre el uso de aplicaciones y sus funcionalidades, el proyecto tuvo el propósito de resolver cómo, a partir de su uso cotidiano, estimulan la memoria y proyectan interacciones sociales relevantes.

Entonces, por medio de estas labores, que para muchas personas pueden ser rutinarias, se establecían intervenciones desde la psicología para analizar el impacto, por ejemplo, sobre distintas habilidades cognitivas.

“Los viernes trabajábamos técnicas de respiración, de manejo del estrés o cómo lidiar con pensamientos negativos, como, por ejemplo, ‘yo ya no puedo aprender esto porque estoy muy viejo’ y a partir de ahí, saber cómo se pueden abordar”, agregó Castro.

De las evaluaciones realizadas, un 80% de los asistentes indicó que la actividad más significativa fue el recuento de recuerdos personales, seguido del uso de Zoom (76%) y la grabación e intercambio de audios por WhatsApp (76%). Además, un 77% consideró que lo aprendido en las sesiones de estrés y ansiedad es muy útil para su vida diaria.

Hoy, doña Felipina dice sentirse feliz. Ella tiene familiares y conocidos que viven lejos y ahora, por medio de la tecnología, puede tener contacto más frecuente con sus personas allegadas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Errores administrativos provocados por la jerarquía del SINART agudizan la crisis de la institución

Ante el comunicado a la opinión pública emitido por el Presidente Ejecutivo del SINART, Fernando Sandí Chacón, la seccional ANEP-INART, manifiesta lo siguiente:

Con profunda preocupación hemos leído el comunicado en el que el señor Sandí Chacón deja ver que el futuro del SINART será definido en una reunión “crucial” que sostendrán en la Contraloría General de la República (CGR), con la contralora, Marta Acosta, en la que pretenden la resolución de dos temas pendientes ante el ente contralor.

El primero tiene que ver con un pronunciamiento emitido por la CGR, en el que los ingresos que percibía el SINART por concepto del 10% de los presupuestos de publicidad de las entidades estatales, fueron suspendidos en su aplicación.

El segundo tema tiene que ver con la aprobación de los recursos contenidos en el presupuesto extraordinario de la República, en el que se asignan a la institución, mil millones de colones, con los que la administración del SINART pretende llevar a cabo un proceso de reestructuración, a nuestro criterio, desde su génesis viciado de nulidad.

Pretende ahora el señor Sandí justificar su mala gestión al frente de la institución, alegando que, de no aprobarse los recursos de dicho presupuesto extraordinario, el SINART está en franco peligro de cierre, ya que se ha vuelto insostenible.

Pero qué fácil resulta ahora venir a decir que la institución es económicamente inviable cuando desde el inicio de su gestión no ha habido un plan claro para hacer del SINART, el grupo de medios de comunicación que establece la ley 8346.

Qué fácil resulta ahora aplicar una despiadada medida que podría dejar sin trabajo a doscientas familias costarricenses.

Qué fácil es ahora pedir recursos para despedir trabajadores, pero nunca hizo lo necesario para poner al Sinart a producir y generar sus propios recursos, con los mecanismos que claramente están establecidos para tal fin en la ley 8346.

Nos preguntamos: ¿por qué en vez de pedir mil millones de colones para aplicar un plan de despidos, no se pidieron esos recursos para poner al Canal 13, la Radio Nacional y los medios digitales con los que cuenta el SINART para renovar la programación y mejorar la cobertura? pues es muy fácil, simplemente porque ha demostrado el señor Sandí que no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento ni la capacidad para hacerlo.

¡No señor Sandí! El SINART no es como crear el mall Oxígeno, logro del que se ha jactado hasta el cansancio. El SINART es muy diferente y obedece a otros intereses que, en definitiva, usted ha demostrado desconocer totalmente.

El SINART, en efecto, está en crisis, pero esa crisis la ha generado el señor Sandí por su demostrada incapacidad para hacer del SINART la institución que debe ser, y todo por su ego que no le permite ver más allá de sus narices, un ego y un orgullo que lejos de construir, ha destruido lo poco que quedaba de esta querida institución después de la catástrofe que le significaron dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Jamás pudo usted señor Sandí, comprender que el SINART es una institución que nació para servir a la educación y la cultura del pueblo costarricense, y la administró, si es que así se puede llamar su desastrosa gestión, de manera tal que la postró en una parálisis que la tiene en coma, y después de tal desplante, ahora solo pretende los recursos para dar el tiro de gracia.

Hoy, por la dignidad y el derecho de las personas trabajadoras del SINART, le pedimos vehementemente, si es que aún le queda un poco de vergüenza, renuncie, y llévese con usted a las personas que, junto a usted, han hecho este desastre.

Tiempos de destrucción

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

No puedo creer que un ministro de Hacienda, por más cuadrada que sea su cavidad craneana, sea capaz de decir en un solo día dos sandeces de vértigo: el FESS es dar dinero a fondo perdido y las universidades no son capital humano.

Dichas así, a secas, serían para infartar a cualquiera, ¡pero cuando se leen las razones que da para esas afirmaciones, las cosas se ponen peor!, porque miente como un bellaco y pone a las universidades como simples proveedoras de esclavos laborales para la empresa privada, lo que refleja la inmensa pobreza o escasez absoluta de su formación académica.

Por un lado, las universidades trabajan con base en los planes quinquenales discutidos y aprobados por el CONARE y presupuestos liquidados año con año por la Contraloría General de la República, ¿quiere mayor demostración de la magnitud de su repugnante y corrupta mentira?

Por otra parte, las universidades no son vasallas de la empresa privada; ¡están para hacer realidad los sueños de miles de jóvenes!, que, además, no solo deben ser eficientes profesionales, sino seres con criterios humanísticos, que sepan valorar otros aspectos más trascendentes de la existencia. Pero si quiere reducir su criterio a una visión materialista y utilitaria, debería salir de su supina ignorancia y leer las estadísticas mil veces publicadas y que demuestran la altísima graduación de las universidades estatales y su casi total ubicación en el mercado laboral; o la ubicación de más de 80,000 graduados de la UNED en todos los rincones del país.

Nogui Acosta es un simple acosador de las universidades o un sicario de sueños de miles y miles de los dueños de jóvenes costarricenses, actitudes en que lo acompañan tres nefastas figuras de la actual gestión de gobierno, el propio presidente de la República, la ministra de Educación Müller y la catedrática de la mentira Pilar Cisneros.

Dios le permita a Costa Rica, sobrevivir a este tsunami destructivo de la administración Chaves.

Defensoría interviene ante CCSS por atraso salarial a grupo de trabajadores

488 personas funcionarias en enfermería y auxiliares de hospitales afectadas a julio 2024

Luego de conocer que un grupo de funcionarios/as de enfermería, auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes y auxiliar de quirófano de hospitales públicos tenían atrasos en el pago de sus salarios, incluso de hasta cinco meses, la Defensoría de los Habitantes solicitó a las autoridades un informe detallado a la Caja Costarricense del Seguro Social sobre la situación.

Según afectados los atrasos han provocado que las personas trabajadoras tuvieran que recurrir a endeudamiento justamente porque el salario no les llega de manera puntual como corresponde. Para esta Defensoría, el no pago en tiempo del salario va en demérito de la calidad de vida de estas personas y la de sus familias.

Datos suministrados por la CCSS, al 23 de Julio del 2024, 488 personas funcionarias de seis Direcciones de Red Integradas de Prestación de Servicios de Salud y Hospitales Nacionales presentaban problemas con su salario, la mayoría de estas personas (71%) se concentra en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (346 afectadas).

La Defensoría solicitó las acciones implementadas o por adoptar para solucionar la situación, por lo que la Dirección Médica informó que, se ha realizado la aplicación de nombramientos a fecha indefinida en plazas vacantes, comunicación de circulares relacionadas con la confección, revisión y trámite de los documentos de personal y, fortalecimiento al Sistema Operativo Gestión de Recursos Humanos. Además, se indicó que se encuentran trabajando en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de las Personas Trabajadoras de la CCSS (SIPE), que permitirá redefinir toda la tramitología manual que hoy se ejecuta en un proceso automatizado.

La Defensoría realizará un informe detallado sobre este tema en el cual planteará recomendaciones con el fin de solventar dicha problemática que violenta el derecho de estas personas trabajadoras. La CCSS tiene una planilla de 63.287 personas trabajadoras. De acuerdo con la información proporcionada a la Defensoría con los históricos del 2023 se identificó que existen un promedio de 195.464 documentos de personal por bisemana – que equivale a 53.937 acciones de personal, 7.004 extras, 976 colectivas y 133.547 movimientos de personal- de los cuales un 68% se tramitan en forma manual por parte de las Unidades de Gestión de Recursos Humanos el 100% de los documentos requiere de una captura manual en el Sistema de Planilla Institucional.

La Defensoría de los Habitantes también ha estado interviniendo en situaciones de atrasos en componentes salariales en personal del Ministerio de Educación Pública.

Direcciones de Red

Integradas de Prestación de Servicios de Salud

Hospital

Personas afectadas

a Julio 2024

Dirección de Red

Integrada de Prestación

de Servicios de Salud

Huetar Atlántica

Hospital Guápiles

Enfermera Obstetra:02

Auxiliar de Enfermería:13

Asistente de Pacientes:05

Auxiliar de Quirófano:44

 

Total: 64

Dirección de Red

Integrada de Prestación

de Servicios de Salud

Pacífico Central

 

Hospital Dr. Max

Terán Valls

Auxiliar de enfermería:02

Asistente de pacientes: 01

 

Total: 03

Dirección de Red

Integrada de Prestación

de Servicios de Salud

Pacífico Central

Hospital Dr.

Monseñor Sanabria

Enfermería: 22

Auxiliar de enfermería: 25

Asistente de pacientes: 08

 

Total: 55

 

Hospital Nacional

Personas afectadas a Julio 2024

Hospital San Juan de Dios

Auxiliares de Enfermería: 02

 

Total: 02

Hospital Dr. Rafael Ángel

Calderón Guardia

Enfermeras: 186

Auxiliares de Enfermería: 160

 

Total: 346

Hospital México

Auxiliar de Enfermería: 15

Enfermeros:02

Auxiliar de Quirófano: 01

 

Total:18

Fuente: Dirección De Administración y Gestión De Personal CCSS

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Presentación en la UCR: Cinco trabajos sobre el impacto laboral y socioambiental de los monocultivos

El lunes 16 de septiembre de 2024, a las 4:00 p.m., en el miniauditorio del sexto piso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinará la presentación de los resultados del proyecto “Impacto laboral y socioambiental de los monocultivos en comunidades bananeras y piñeras de la Zona Norte y Caribe, en el marco de la Red Iberoamericana de Cadenas de Valor (REDIC)». 

Durante el evento, se presentarán cinco trabajos excepcionales que abordan temáticas clave sobre los derechos laborales en Costa Rica. Las licenciadas Naomy Vega y María José Naranjo Aragonés tratarán sobre la indemnización plena por riesgos laborales y las implicaciones jurídicas de la compensación parcial a trabajadores afectados. Natalia Oviedo y Claudia Campos analizarán la Ley 9808, conocida como ley antihuelga, y su relación con el principio de no regresividad de los derechos humanos. David Bermúdez Corrales expondrá sobre los condicionantes socioculturales en el Valle de la Estrella y cómo afectan la percepción de derechos laborales entre el personal administrativo en las plantaciones de banano. Mónica R. Víquez presentará un estudio sobre la sindicalización de personas privadas de libertad y las complejidades legales y sociales relacionadas con sus derechos laborales. Karla Fernández Ávila y Jouseth Cháves Rodríguez cerrarán la jornada con un análisis de las categorías de trabajo pesado, peligroso e insalubre en Costa Rica, especialmente en las plantaciones de piña, y su relevancia para los operadores del derecho en diversos sectores. 

Este evento ofrece una oportunidad única para discutir temas cruciales para el bienestar laboral en el país. En la imagen se informa los medios por los cuales estará la transmisión.

Pacto Nacional por la Educación Pública realizó análisis: ¿Qué sigue después de la movilización?

El viernes 12 de septiembre se realizó una reunión en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa para discutir los siguientes pasos en relación con el Pacto Nacional por la Educación Pública, tras la reciente movilización nacional.

En esta reunión participaron integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y organizaciones y movimientos integrantes del Pacto Nacional por la Educación Pública.

Se abordaron temas clave sobre el futuro de la educación pública y las estrategias para su fortalecimiento a nivel nacional.