Las organizaciones firmantes condenan la campaña de desinformación y criminalización infundada en contra de los medios de comunicación Prensa Comunitaria y Ruda, cuya labor de periodismo comunitario y feminista en Guatemala es fundamental para la democracia del país.
El Ministerio Público (MP) -bajo el mando de María Consuelo Porras- ha deteriorado seriamente el Estado de derecho, la justicia y los derechos humanos en Guatemala al perseguir y criminalizar a voces críticas que han luchado en contra de la corrupción y la impunidad. En lugar de ser un ente garante de la institucionalidad del país y de brindar justicia a la población, el MP se ha convertido en un instrumento de represión.
Prensa Comunitaria y Ruda han publicado investigaciones que han expuesto grandes esquemas de corrupción y los mecanismos usados por los grupos de poder para la cooptación del sistema de justicia, así como los patrones de criminalización del MP, y ahora son objeto de demandas infundadas e intimidación de que se abran nuevos procesos.
Exhortamos al Ministerio Público para que respete el estado de derecho y la libertad de prensa en el país y se abstenga de seguir impulsando casos espurios en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como lo hicieron con el reconocido periodista José Rubén Zamora. Asimismo, llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que analice la situación de riesgo de las y los periodistas de Prensa Comunitaria y Ruda y examine su situación y su solicitud de medidas cautelares para proteger su vida e integridad física.
Organizaciones firmantes:
Washington Office on Latin America (WOLA)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
La contradictoriamente autodenominada, «Asociación Pro-Hospital de Cartago«, conformada por un grupito de partidarios chavistas, que, paradójicamente, no quieren que se construya el muy necesario hospital en Cartago, insisten en su necedad, pese al peso de la realidad y la legalidad. Resulta que, al ir perdiendo su lucha innoble y politiquera, apelaron ante la Contraloría General de la República, para que este ente, se trajera abajo la adjudicación en firme de la construcción, a la Compañía Constructora Vanderlat y Jiménez S.A., que, como es conocido, ha cumplido con todos los requisitos, para que fuese adjudicada como responsable, de la magna obra que, caprichosamente, molesta al Chaves, a Marta Esquivel, a Munive, a la fracción legislativa, y a otros que se mantienen escondidillos.
Pero, por fortuna, el deficiente escrito de apelación pasó a alargar la lista de objeciones mal intencionadas, y sin sentido, que, personas como la diputada Pilar Cisneros, insisten en inventar. Diputada a quien, sus compañeros diputados la vieron y oyeron argumentar que era probable que se diera una catástrofe nuclear, en el lugar donde tendremos ese importantísimo centro de salud. En su resolución, la Contraloría General de la República, determinó que «el acto final de readjudicación, fue publicado el 19 de marzo de 2025, por lo que el plazo de ocho días hábiles para interponer el recurso venció el 31 de marzo de 2025, mientras que el escrito de apelación fue presentado hasta el 1° de abril de 2025; es decir, una vez vencido el plazo para apelar, por lo que el recurso se tiene por extemporáneo y en consecuencia lo que procede es su rechazo de plano«. Y, segundo, sobre el medio de interposición del recurso de apelación, la Contraloría estimó que «lo procedente es rechazar de plano el recurso presentado debido a que la recurrente no interpuso su recurso por el medio habilitado legalmente para ello».
Seguramente, al sentirse derrotados, junto al enfurecido presidente de la República, levantarán una campaña de troles, cobardemente desde el anonimato, denunciando, falsamente, «cariñitos» en dólares, falta del muy anticipado permiso sanitario de funcionamiento (¡que habrá de tramitarse después de construido el hospital!), y, que se enteraron, que se sembrarán rosas y no hortensias, en los jardines del hospital, por lo cual, hay que hacer una marcha, para pedir la renuncia, de la señora Contralora General de la República…
Por: M.Sc. Jhon Fonseca, experto en política comercial y economía internacional
Este mes, Estados Unidos activó una nueva política comercial que podría marcar un antes y un después en las relaciones económicas globales: el esquema de tarifas recíprocas, que entra en ejecución entre el 5 y el 9 de abril. La medida establece aranceles para aquellos países que, desde la perspectiva estadounidense, imponen condiciones de acceso a mercados desiguales o restrictivas a productos y servicios originarios de EE.UU. Costa Rica figura oficialmente en la lista con una tarifa del 10 %, lo que ha encendido alertas entre sectores exportadores, zonas francas y autoridades de comercio exterior.
Un giro en la estrategia comercial de EE.UU.
Este nuevo enfoque comercial rompe con la lógica del sistema multilateral de comercio basado en la no discriminación. Bajo el principio de “reciprocidad justa”, EE.UU. impone tarifas equivalentes a las que enfrenta en terceros mercados, incluyendo consideraciones de medidas no arancelarias como certificaciones, trámites y requisitos regulatorios que desde su perspectiva son injustificados. El riesgo es claro: una espiral de retaliaciones comerciales y una mayor fragmentación del comercio global.
Costa Rica: advertencia estratégica o amenaza estructural
En principio en las negociaciones de tratados de libre comercio (TLC), el balance para las partes se logra mediante un complejo proceso de reciprocidad negociada, en el que cada país busca maximizar sus beneficios sin comprometer sectores estratégicos. Este equilibrio no se define únicamente en términos arancelarios, sino también mediante la inclusión de disciplinas como acceso a servicios, compras públicas, propiedad intelectual, inversión y cooperación técnica. Así, un país puede conceder mayor acceso a su mercado en bienes, pero obtener a cambio reglas más favorables para sus exportadores de servicios o mejores condiciones para la inversión extranjera. El resultado es un paquete integral en el que las concesiones y los beneficios están cuidadosamente calibrados, tomando en cuenta asimetrías de desarrollo, sensibilidades productivas y objetivos estratégicos de largo plazo.
La inclusión de Costa Rica con una tarifa recíproca del 10 % envía un mensaje potente: ni siquiera los socios con tratados de libre comercio están exentos de ser evaluados bajo esta nueva lógica de poder comercial. En esta nueva realidad, aunque el DR-CAFTA sigue vigente, el anuncio implica una reinterpretación unilateral del equilibrio alcanzado en esa negociación. Nuestro país se enfrenta ahora a una amenaza real de erosión de su acceso preferencial, que ha sido clave para atraer inversión extranjera, generar empleo y posicionarse como hub regional.
Este contexto presenta una disyuntiva estratégica: o se interpreta la medida como una coyuntura transitoria, o se reconoce que Costa Rica debe replantearse su posicionamiento estructural dentro del nuevo orden comercial emergente.
Reconfiguración profunda de cadenas, flujos y rutas globales
Las nuevas tarifas no sólo impactan en el corto plazo. Están generando una reconfiguración en cuatro dimensiones clave de la economía internacional a partir de los impactos en la competitividad relativa de los países:
Cadenas globales de valor (GVC): Empresas multinacionales podrían reconsiderar la ubicación de centros de producción, ensamblaje o servicios, optando por países con menor exposición al riesgo político-comercial. Si Costa Rica no logra reducir su vulnerabilidad percibida, podría quedar fuera de futuras expansiones o relocalizaciones estratégicas.
Flujos de comercio: La tarifa del 10 % afecta directamente la competitividad de productos costarricenses frente a pares regionales. En sectores donde el margen de ganancia es bajo, este arancel puede ser decisivo para la permanencia o salida de un mercado.
«Si el país logra movilizar sus fortalezas, anticipar cambios estructurales y construir una narrativa internacional potente, podrá no solo mitigar el impacto inmediato, sino también reposicionarse estratégicamente en un mundo donde la resiliencia, la transparencia y la agilidad serán las nuevas monedas de cambio.»
Inversión extranjera directa (IED): El atractivo de Costa Rica como destino para inversiones orientadas a exportación depende de la estabilidad y previsibilidad del acceso a EE.UU. Esta medida introduce incertidumbre, lo cual puede retrasar decisiones de inversión o redirigirlas hacia otros países con condiciones más “estables”.
Redes logísticas y rutas comerciales: La configuración de rutas logísticas puede alterarse para evitar países afectados por tarifas. Esto pone en riesgo la posición de Costa Rica como plataforma exportadora eficiente y conectada, especialmente si puertos, aeropuertos o zonas francas pierden relevancia dentro de las rutas comerciales principales.
Un elemento adicional que merece atención es el impacto interno de estas tarifas en el caso de Estados Unidos. Si bien hay un efecto inflacionario inmediato derivado del aumento en los aranceles, este podría verse parcialmente compensado por las propuestas de reducción de impuestos internos impulsadas por el presidente Trump. La carga fiscal total para el consumidor estadounidense resulta de la suma entre los impuestos a la importación y los tributos internos. De modo que un aumento en los primeros, acompañado de una reducción en los segundos, puede mitigar el deterioro del poder adquisitivo. Esto genera una especie de equilibrio fiscal interno que, si bien no elimina por completo el impacto inflacionario, evita que se traduzca en una caída abrupta del consumo.
Costa Rica, en cambio, enfrenta una situación profundamente distinta. Dado que los impuestos a las importaciones desde Estados Unidos son prácticamente cero bajo el DR-CAFTA, y que el margen para reducir impuestos internos es limitado, el país carece de herramientas para una compensación recíproca similar. Aún más, cualquier intento de elevar tarifas sería respondido con una duplicación de aranceles por parte de EE.UU., agravando la situación. En este escenario, el efecto inflacionario se traslada directamente a la población y a la estructura productiva, generando un impacto que afecta la competitividad de las exportaciones costarricenses.
Amenazas concretas y oportunidades latentes para Costa Rica
La imposición de tarifas recíprocas a Costa Rica no solo representa un desafío inmediato, sino que plantea amenazas profundas a mediano y largo plazo. Una de las más apremiantes es la posible pérdida de participación de mercado frente a competidores con estructuras fiscales o comerciales más flexibles. La competitividad relativa del país podría deteriorarse especialmente en sectores clave como la agricultura, los dispositivos médicos, la electrónica, la agroindustria especializada y la manufactura avanzada, todos pilares fundamentales del modelo exportador costarricense. Además, existe el riesgo de que esta medida sea el preludio de una revisión más amplia del régimen de zonas francas por parte de socios comerciales estratégicos, lo que podría comprometer aún más nuestra posición en las cadenas globales de valor.
Sin embargo, en medio de esta coyuntura compleja también emergen oportunidades que el país no puede darse el lujo de desaprovechar. Es momento de reforzar la narrativa de Costa Rica como un socio confiable, ambientalmente responsable, trazable y alineado con valores democráticos, atributos cada vez más valorados en el comercio global. Asimismo, acelerar la integración de servicios digitales y conocimiento intensivo en la oferta exportadora permitiría al país subir en la escalera del valor agregado. Si se mueve con inteligencia estratégica, Costa Rica podría incluso convertirse en un nodo clave para las cadenas de suministro regionales, posicionándose como un puente confiable entre Estados Unidos y América Latina.
Para lograrlo, el país requiere una estrategia de respuesta integral que combine acciones inmediatas con visión de largo plazo. Desde el gobierno, es urgente activar los mecanismos institucionales del DR-CAFTA, reforzar la diplomacia comercial con Washington y liderar un frente común regional que procure un marco más equitativo de reciprocidad. El sector privado, por su parte, debe identificar los productos más sensibles, fortalecer los atributos diferenciadores de la oferta nacional —como la sostenibilidad y la innovación—, y diversificar proactivamente los destinos de exportación. Finalmente, la academia y los centros de pensamiento deben jugar un rol clave generando evidencia sobre el impacto de las nuevas tarifas, elaborando escenarios prospectivos, y formando talento humano con capacidades para navegar en este nuevo orden comercial en construcción.
Conclusión
La tarifa del 10 % impuesta a Costa Rica no es sólo una cifra: es un llamado a la acción. Representa un síntoma de un nuevo orden comercial en construcción, donde las reglas tradicionales están siendo desafiadas y el poder de negociación se redefine. Costa Rica, como economía abierta e integrada, no puede permitirse el lujo de reaccionar tarde.
Si el país logra movilizar sus fortalezas, anticipar cambios estructurales y construir una narrativa internacional potente, podrá no solo mitigar el impacto inmediato, sino también reposicionarse estratégicamente en un mundo donde la resiliencia, la transparencia y la agilidad serán las nuevas monedas de cambio.
Jhon Fonseca Ordóñez Docente en política comercial y economía internacional, UCR
Cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) comparecerán ante el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de Alajuela. La Fuerza Pública inició el proceso judicial acusándoles de «obstrucción de la vía pública» en contra de “la libertad”. Esta acción representa un grave intento de criminalizar la protesta social en el país.
Estas personas fueron detenidas el 21 de noviembre de 2019 mientras ejercían su derecho a la protesta en San Ramón de Alajuela. La manifestación pacífica y organizada por el movimiento estudiantil, buscaba denunciar los recortes al presupuesto de la educación superior. A pesar de que la protesta no generó bloqueos totales ni afectaciones al tránsito, la policía respondió con un uso desproporcionado de la fuerza, empleando gases lacrimógenos y persecuciones para dispersar al grupo de manifestantes que no superaba las 25 personas.
El abogado defensor Edgardo Araya, interpuso en diciembre de 2019 una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 256 bis del Código Penal, que tipifica como delito «impedir, obstaculizar o dificultar» el tránsito en vías públicas. Esta acción buscaba sentar un precedente para la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión en Costa Rica.
El caso estuvo suspendido mientras la Sala Constitucional analizaba la acción presentada por la defensa. Sin embargo, en agosto de 2023, la Sala resolvió que la definición del delito es constitucional, siempre y cuando no se use para criminalizar la protesta social. Tras el fallo, el juicio fue reactivado.
Llamado a la solidaridad y a la defensa de los derechos humanos
Las personas estudiantes que fueron detenidas, sus familias, el movimiento estudiantil y organizaciones sociales hacemos un llamado a la comunidad universitaria, sectores populares, defensores de derechos humanos y sociedad civil a movilizarse y acompañar este proceso en los tribunales de San Ramón.
Las próximas audiencias, donde se escucharán los testimonios de ambas partes y se recibirán pruebas y declaraciones de testigos, se llevarán a cabo:
Miércoles 9 de abril – 7:00 p.m.
Jueves 10 de abril – 6:00 p.m.
Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón
Hacemos un llamado a apoyar a las personas acusadas y defender el derecho a la protesta. Nos vemos a las afueras del tribunal para exigir justicia y decir fuerte y claro: ¡Protestar no es un delito!
No podemos permitir que se criminalicen las luchas por la educación pública y los derechos fundamentales. Defender la protesta es defender la democracia.
Si en el 2015, Ecuador figuraba, bajo el gobierno de Correa, en el ranking o ÍndicedePazGlobal, que publica el Institute for Economics and Peace, en el puesto 84, en el 2024 está situado en el puesto número 130 con lo cual Ecuador “puede considerarse un país peligroso”.
Por Pablo Ruiz*
En febrero del año 2008 participé de una delegación a Ecuador junto al fundador de SOA Watch, Roy Bourgeos, y la excoordinadora para América Latina de dicha organización, Lisa Sullivan, donde tuvimos la ocasión de reunirnos con el expresidente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet la sede del Gobierno ecuatoriano. Le pedimos entonces que Ecuador dejará de enviar tropas a entrenarse a la nueva Escuela de las Américas la que, desde el 2001, se llama Instituto de Cooperación para Seguridad del hemisferio occidental (WHINSEC, por sus siglas en inglés) y cumple la misma función de adoctrinar y entrenar bajo la misma política militar estadounidense.
En ese lejano 2008, Correa transitaba su segundo año de gobierno, nos escuchó con atención y respeto. Entendía perfectamente de qué hablábamos, el papel que ha tenido y sigue teniendo el entrenamiento militar de las tropas latinoamericanas en los Estados Unidos.
Se comprometió entonces a trabajar para tener una mejor correlación de fuerzas como gobernante, entendiendo que para los presidentes de América Latina no es fácil, de un momento a otro, contrariar los deseos o mejor dicho los mandatos que Estados Unidos impone a nuestros países y no tener consecuencias que lamentar.
Ese año 2008, meses después, el 28 de septiembre, tuvo su primera gran victoria. El pueblo ecuatoriano, luego de una Asamblea Constituyente, aprobó una NuevaConstitución la que establece que “Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social” y que “Ecuador es un territorio de paz” donde se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras, entre otras conquistas.
Al año siguiente, el 2009, el presidente Correa decide entonces no renovar el Acuerdo con Estados Unidos del uso militar de la base aérea de Manta y, finalmente, el 2012 tomaladecisiónderetiraralastropas ecuatorianas del entrenamiento en WHINSEC.
En esos años lejanos vimos un Ecuador que florecía. Un gobierno que sostenía un diálogo directo con los movimientos sociales, con la ciudadanía, la que tomaba la palabra con propiedad. En esos años, la vida fue cambiando al color de la esperanza y la economía mejoró progresivamente en este país.
También es preciso recordar que, el 3 de mayo de 2007, bajo el gobierno de Correa, se creó también una ComisióndelaVerdadque tuvo como mandato “investigar, esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros periodos”.
Sobre la situación de seguridad en Ecuador es preciso recordar que, en el año 2007, el presidente Rafael Correa recibió un país con una tasa de 16,9 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Años después, el 2014, “cerramos con una tasa de homicidios de 8,1 por cada 100.000 habitantes y nuestra meta para este 2015 es terminarlo en seis homicidios por cada 100.000 habitantes», señaló el entonces Ministro del Interior, José Serrano, en un EncuentrosobreSeguridadCiudadana desarrollado en Ecuador.
Por supuesto, es claro, que no todo fue perfecto bajo el gobierno de Rafael Correa, pero se avanzó significativamente. También, hay que recordar que hubo un intento de golpe de Estado, el 2010, sabotajes, presiones, etc., pero claramente se vivía mucho mejor en ese Ecuador, en ese periodo, de la “Revolución Ciudadana”.
El país más violento de América Latina
Han pasado muchas cosas en Ecuador, que sería largo relatar, muchas son conocidas, y llegamos al presente en que el DiarioElPaís de España titula, a comienzos de marzo de este 2025, que “Ecuador se sitúa como el país más violento de América Latina: un asesinato cada hora”.
“En los primeros 50 días del año, el país ha registrado 1.300 asesinatos, lo que equivale a un crimen por hora. Esta cifra refleja un aumento del 40% en comparación con 2023, un año que ya ostenta el título de ser el más violento en la historia reciente del país. En medio de este contexto de sangre, al menos 50 menores de edad han perdido la vida, solo en enero”, señala el diario español.
Si en el 2015, Ecuador figuraba, bajo el gobierno de Correa, en el ranking o ÍndicedePazGlobal, que publica el Institute for Economics and Peace, en el puesto 84, en el 2024 está situado en el puesto número 130 con lo cual Ecuador “puede considerarse un país peligroso”. “Este indicador mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país”, señalan.
El 2024, bajo el gobierno de Daniel Noboa, Ecuador ocupó de acuerdo a uninformedeInSightCrime el primerlugarenlaregión en cuanto a homicidios per cápita, con casi 38.8 casos por cada 100.000 habitantes.
El 2024 el asesinato de cuatro niños, el “Caso Las Malvinas”, donde están involucrados 16 militares ecuatorianos, ha sido uno de los hechos más terribles (que nos recuerda el asesinato y desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa), entre tantos otros, que han sucedidos bajo el mal gobierno del Presidente Noboa. Sin embargo, este no es un caso aislado. La UNICEF ha señalado que la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes aumentó en un 640 por ciento en cuatro años.
En un artículo escrito anteriormente, titulado “Las implicancias de EEUU en Ecuador”, que deja en evidencia la “supuesta” ayuda y asistencia militar, de inteligencia, de entrenamiento, estadounidense a Ecuador, no ha hecho diferencia, en nada ha servido para hacer de Ecuador un país más seguro. Todo lo contrario, donde Estados Unidos o el neoliberalismo salvaje mete sus manos, se acentúan las injusticias, el caos, y la violencia.
Entre otras cosas, señalé en el artículo referido que:
En septiembre de 2021, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un “memorando de entendimiento” con el objetivo de mejorar sus relaciones en materia de seguridad y defensa. El acuerdo titulado “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional” busca el intercambio de datos e información lo que les permitirá a las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador operar de mejor manera.
En el contexto de la firma del “memorando de entendimiento”, la embajada estadounidense en Quito señaló que “los Estados Unidos y el Ecuador gozan de una larga historia de cooperación en materia de seguridad centrada en temas de interés mutuo, incluida la seguridad aérea y marítima” agregando que “desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la Misión de los Estados Unidos ha entregado más de $2.8 millones en asistencia humanitaria, $1.4 millones en entrenamiento militar, y $27.7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa del Ecuador”.
El artículo “Violencia y el rol de EEUU en Ecuador”, publicado en el sitio web de TELESUR, indica que “en el periodo 2021-2022 la asistencia militar de EEUU para Ecuador alcanzó los 172 millones de dólares en el marco de programas militares y antinarcóticos, convirtiéndolo en el principal receptor de asistencia militar en la región”.
Más atrás, el 2019, el gobierno ecuatoriano firmó acuerdos con los Estados Unidos que permiten a los militares estadounidenses operar con sus aviones P-3 Orion desde las bases aéreas de Simón Bolívar y desde el aeropuerto de la Isla San Cristóbal ubicada en el archipiélago de las Islas Galápagos para combatir el narcotráfico.
Revivir Ecuador
En octubre de 2024, el actual gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional que permitiría “abiertamente” volver a establecer bases militares extranjeras en Ecuador las que están prohibidas de acuerdo con el artículo 5 de la actual Constitución ecuatoriana.
En sentido contrario, en el “ProgramaPlurianualdeGobiernodelaRevoluciónCiudadana 2025-2029” que ha presentado Luisa González, como candidata presidencial, se establece: “Defender la soberanía nacional y rechazar la aplicación de la extraterritorialidad de la ley: no a los Tratados de Asistencia Recíproca; no a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio”.
Veremos lo qué pasa este 13 de abril en la votación de segunda vuelta para las presidenciales en Ecuador. Hay esperanzas en que Luisa González pueda triunfar y sería una muy buena noticia para Ecuador y América Latina que se dé ese paso y comenzar a cambiar la dura realidad en que los grupos de poder, incluso acusados de estar involucrados en narcotráfico, han sumido al Ecuador del presente.
* Pablo Ruiz es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org
Delegación de SOA Watch se reunió el 2008 con el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, el ex sacerdote Roy Bourgeos, Pablo Ruiz y Lisa Sullivan.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a la Contraloría General de la República para realizar una Auditoría Evaluativa Operativa en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Mediante el oficio AEL-00134-2025, con fecha del 31 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la organización, dirigió a la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, una serie de observaciones sobre deficiencias en varias instituciones del sector público.
El documento señala cuatro áreas de preocupación: deficiencias en las auditorías internas y ejecución presupuestaria, nombramientos inadecuados en puestos clave, sustituciones basadas en criterios personales y nepotismo en cantones de bajo desarrollo.
Según indica la misiva, existe «nulo o deficiente accionar de las auditorías internas, pese a las obligaciones establecidas en la Ley de Control Interno», así como «prácticas que afectan la eficiencia, la transparencia y la idoneidad en la gestión pública».
La asociación cuestiona las subejecuciones presupuestarias e incumplimientos en materia sanitaria y ambiental atribuidos a las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía. También menciona como problemática la designación exclusiva de personal médico como directores de Áreas de Salud, excluyendo profesionales con formación más adecuada.
La auditoría solicitada busca evaluar el desempeño de las auditorías internas, analizar las prácticas de nombramiento, identificar causas de subejecuciones presupuestarias e incumplimientos, además de proponer enmiendas para corregir estas irregularidades.
El oficio fue enviado con copia a autoridades municipales de Siquirres, Matina, Talamanca y Limón, así como a personal de auditoría de distintas instituciones públicas.
La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica invita a la población a participar en la conferencia virtual titulada «Las controversias en la definición de vida y muerte y sus implicaciones éticas en el marco de la medicina de trasplantes».
La actividad será impartida por el Dr. Adrián Cáceres Chacón, especialista en Neurocirugía y miembro correspondiente de dicha institución.
La conferencia se realizará el jueves 10 de abril de 2025 a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica) a través de Facebook Live en la cuenta @ACANAMED (Academia Nacional de Medicina de Costa Rica) y mediante la plataforma Zoom.
Las personas interesadas pueden confirmar su participación al correo-e info@acanamed.com o al teléfono 2296-7615 para recibir el enlace de conexión, con cupo limitado.
La Academia Nacional de Medicina informa que esta actividad está avalada con 1 crédito de recertificación médica para profesionales incorporados que se inscriban previamente.
El aumento sostenido de la inseguridad y la delincuencia se mantiene como el problema que más preocupa a las y los costarricenses, según la última encuesta de opinión del CIEP de la UCR. Foto: Anel Kenjekeeva.
Resultados de la I Encuesta Trimestral de Opinión Pública del CIEP UCR
Ante la crítica situación de inseguridad que vivimos en el país, las personas tienen cada vez menos confianza en la capacidad del actual Gobierno para poder resolver esta problemática
Asesinatos por encargo (sicariatos), en los que no solo se matan entre delincuentes, sino que también incluyen víctimas colaterales; una creciente actividad del narcotráfico que aumenta los casos de corrupción; robos y asaltos; el aumento en los casos de femicidios, etc.; esos son los temas que observamos, leemos y escuchamos día a día en los noticieros nacionales.
Sumemos a esta lista de hechos terribles el aumento en el costo de la vida, la disminución de la inversión pública en los servicios sociales, los altos precios de los fármacos, las irreconocibles rutas del arroz y el preocupante estado de la educación, entre otras aristas.
Resulta lógico entonces que exista un descenso drástico en la valoración positiva que presentaba la gestión del presidente Rodrigo Chaves Robles, misma que pasó del 63 % en el mes de noviembre del 2024 a 54 % para este mes de abril del 2025.
Asimismo, la aprobación de la gestión del actual Gobierno también se redujo de un 57 % que ostentaba en noviembre pasado, a un 50 % en abril del presente año.
Estos datos y otros más de gran relevancia para el análisis de la realidad nacional se encuentran en la Primera Encuesta Trimestral de Opinión Pública, que elaboró el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), y que fueron publicados este miércoles 2 de abril.
Resultados preocupantes
Para la población de Costa Rica, el principal problema continúa siendo la inseguridad y la delincuencia e inclusive esta valoración alcanza su punto más alto, al obtener un 43,7 %; además, la mayoría de las personas también mostraron poca o ninguna confianza en que el Gobierno liderado por Rodrigo Chaves pueda resolver, de alguna forma, esta situación. Un 74,3 % de las personas encuestadas muestra un disgusto con la gestión actual del Gobierno, lo que significa un aumento del 12 % en comparación con los resultados ofrecidos en noviembre del 2024.
Solo un 25,7 % dijo tener alguna o mucha confianza en el Gobierno para la solución de estos problemas.
Cuadro 5
Aunado a estos resultados, la población afirmó percibir que la educación ha desmejorado, pues el 50 % manifestó que ese sector está peor; esta medida inclusive aumentó en 10 puntos porcentuales con respecto a la que se obtuvo en mayo del 2024, cuando este indicador marcó 40 %. También bajó el porcentaje de personas quienes sienten que la educación ha mejorado, al pasar de 34 % en mayo del año pasado a 28 % en abril del 2025.
Otro de los indicadores que muestra la más reciente encuesta de opinión del CIEP UCR es que las personas perciben que la calidad de la educación ha disminuido. Foto Anel Kenjekeeva.
Otro indicador negativo es el de la percepción de la seguridad, en concordancia con los resultados de la inseguridad y delincuencia como el mayor problema del país.
Una aplastante mayoría del 78 % dijo que la situación de la seguridad está peor que hace un año, cuando este indicador marcó un 65 % (aumento del 13 %); mientras que la percepción de que está mejor disminuyó del 15 % en el 2024 a 12 % en este 2025.
Cuadro 8 y 9
Mientras tanto, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas que se avecinan en febrero del 2026, las y los costarricenses siguen mostrando una actitud fría hacia esa campaña política.
Y es que, el 87 % de las personas encuestadas dijeron que no tienen ninguna simpatía partidaria, en contraposición al 13 % quienes sí manifestaron seguir a una agrupación política.
Al consultársele a ese 13 % sobre su afinidad con un partido político específico, el 4 % contestó que el Partido Liberación Nacional (42 personas); 3 % el Partido Progreso Social Democrático (32 personas); 1 % el Partido Unidad Social Cristiana (11 personas); 1 % el Frente Amplio (8 personas); y 0,5 % el Partido Liberal Progresista (5 personas).
“Este es un excelente ejemplo de que esta campaña política del 2026 no se caracteriza por la afinidad partidaria, sino que prevalecerá la imagen del candidato o candidata, o sea, la persona más que el partido político”, comentó al respecto el Dr. Ronald Alfaro Redondo, investigador del CIEP y docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.
Otro indicador que aclara el panorama sobre cómo se comporta la población del país ante las próximas elecciones es el de la intención del voto: al realizar la consulta sobre por quién votará en las próximas elecciones, tres de cada cuatro personas (73 %) respondieron que sí lo harán pero que todavía no saben por quién.
“Es importante aclarar que en este trabajo estadístico no le damos las opciones de respuestas a quienes encuestamos. Aun así, vemos que entre la polarización política que caracteriza a Costa Rica en este momento de la historia, en cuanto a la intención de voto de la ciudadanía, más bien se da un fenómeno de despolarización, pues la gran mayoría no sabe por quién va a votar”, agregó Alfaro.
¿Cuál institución pública tiene la mejor valoración?
Finalmente, la Universidad de Costa Rica se mantiene como la mejor institución pública en cuanto a la valoración y evaluación de las labores que realizan, y es la única entidad estatal que sobrepasa la calificación de 8 en un total de 10, al obtener un 8,1 %.
Le siguen el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con un 7 %; el Banco Central con un 6,8 %; el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con un 6,7 %; el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Policía con un 6,6 %; y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con un 6,2 %.
De últimos en esta calificación, se encuentran la Asamblea Legislativa con una valoración del 4,5 %; y los Partidos Políticos con 3,6 %.
Cuadro 7
Para crear la Primera Encuesta Trimestral de Opinión Pública del 2025 del CIEP entrevistó a ciudadanas y ciudadanos costarricenses que tuvieran teléfono celular, una característica que abarca al 97.5 % de la población del país.
Para ello, se utilizó un marco muestral del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), al que se le aplicó un muestreo aleatorio para completar un total de 1001 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años.
Este trabajo se hizo entre el 24 y el 27 de marzo del presente año donde se utilizó un nivel de confianza del 95 %. Los responsables de este estudio calculan un error muestral máximo de ±3 puntos porcentuales.
Además, aclaran que cualquier generalización que se realice al utilizar los resultados de esta encuesta debe aplicarse únicamente hacia la población que cuenta con un teléfono celular y no a la totalidad de la población.
Otto Salas Murillo Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Alejandro Machado García Gestor en Desarrollo Sostenible con Equidad de Género
América Central sigue siendo una importante zona de origen y tránsito, en el que dinámicas internas como la pobreza, la desigualdad, la violencia de las pandillas, sicariato, así como otras originadas globalmente como las redes de tráfico ilícito, la trata, el cambio climático, generan que grupos de familias, niños, niñas, mujeres se vean desplazadas, huyan o migren a otros países en búsqueda de ese sueño americano o salvar sus vidas.
Al ser de forma irregular y no tan planificada, se corren múltiples riesgos que se experimentan producto del racismo, la xenofobia y la violencia de género en países de tránsito y destino, aumentando las probabilidades que ciertas amenazas se concreten, que hayan privaciones a derechos humanos y en ocasiones con consecuencias mortales.
Es decir, ya la migración se puede dar por factores internos pero también por dinámicas globales, por ejemplo por presiones externas puede ser originadas como mecanismo de presión de un país sobre otro o como moneda de cambio, dejando entredicho los tratados internacionales en derechos humanos.
Costa Rica había sido un país impulsado por la movilidad y migración, siendo en sus primeras estadios, un país de destino y recepción pero luego con el pasar de los años, hemos sido expulsores, de tránsito y ahora un espacio de reflujo migratorio en medio de una pluralidad migratoria.
Hoy en día, con este recibimiento y especie de acatamiento o la mal llamada “cortesía”, estamos frente quinto estadio y le llamo reflujo. No es un flujo a la inversa, no es un flujo hacia el sentido contrario del norte con intención necesariamente de permanecer en Costa Rica, sino es la devolución de la personas que pasaron en tránsito o residían y terminaron en Costa Rica.
En este reflujo migratorio que no tienen nada de retorno, sino son deportaciones y expulsiones -sin decir legitimas o no-, dado que cada país cuenta con su soberanía nacional pero que quizás sí obviando las situaciones de abuso, violencia en las que las personas han sido expuestas tanto antes, durante o después de la migración realizada, y finalmente terminaron siendo una moneda de cambio o mecanismo de presión geopolítica.
De forma excelente y categórica, Costa Rica está haciendo uso de sus instalaciones para continuar una práctica que ya en el pasado entendió eso espero, que de no administrar los flujos, es volver a generar duplicidad y/o revictimizar. Duplicidad en todos los sentidos, no solo en datos, sino tratamientos o asistencias.
De no hacerlo, es ser presa fácil de la ineficiencia, de ser inoportunos y/o insuficientes parar proteger vidas, por lo que esperamos que puedan estar haciendo abordaje inmediato de ciertas emergencias en salud, abordar la salud mental, el control y vigilancia de ciertas enfermedades infectocontagiosas, el que tengan su documentación, traductores para todas las nacionalidades presentes, que se haga la comprobación de vínculos para que no se filtre el tráfico.
En fin sin número de acciones que deberían de centrarse en una respuesta en el migrante y se respete el carácter voluntario de estar ahí, porque voluntariamente no quisieron estar acá, fuimos nosotros como ticos que “voluntariosamente”, sin presiones a impuestos aceptamos recibirlos por cortesía. Por cierto, ya tenemos los impuestos del 10% valga decirlo.
Si no me cabe duda, que es mucho mejor que estén institucionalizados pero no retenidos si fuese el caso, porque una falta de articulación puede nuevamente desbordarse las calles y comienzan las redes locales de coyotaje y las organizaciones delictivas locales, a aprovecharse y pregúntese en ese contexto, ¿Qué posibilidades tienen estas personas que ya presentan vulnerabilidades, para evitar situaciones de violencia, explotación y abuso? Agréguele el hecho de barreras del idioma y que no conocen nuestro país.
Finalmente, se habla muy poco pero el axioma social que está quedando deja en el piso ser migrante. ¿Qué significa salir televisado con esposas? ¿Qué significa ver a su sobrino en un centro a kilómetros de su país de origen? Se han preguntado, como continúan los niños sin traumas, que piensa el niño al ver a su papá y mamá en ese estado, en el que muchas veces no saben ni porque están ahí ni en que país están y elude a través del juego o a pura resiliencia.
Como harán para intimar las familias y sus matrimonios, que significa no tener mis documentos, que significa no tener ingresos y quedar en calle para generar con venta de dulces para continuar su viaje. No poder cortarme el pelo, no vestirme como quiero, no poder ahorrar. Al menos al motociclista que le quitaron la moto en Puntarenas en los retenes, llamó a algún familiar en San Carlos para que le hiciera un simpe desde el baño de un restaurante. Ahora pregúntese, ¿A quién va a llamar un Afgano, ruso o chino?
Peor aún agréguele el hecho de que no puede reingresar al país en el que fue expulsado ni al que lo tienen amenazado. ¿A qué mundo podrán ir? ¿A marte con Elon Musk?
