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Seis candidaturas presidenciales suscriben Pacto por la Producción Agropecuaria

Escrito en . Publicado en Alimentación, Derechos.

En el Campus Tecnológico del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se realizó este martes 9 un conversatorio con candidaturas presidenciales, en el que se firmó el Pacto por la Producción Agropecuaria, una iniciativa impulsada por el Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, integrado por la Corporación Hortícola Nacional, UPA Nacional, UNAG y UPIAV.

La actividad inició con la exposición del economista Francisco Esquivel Villegas, quien señaló que el sector agropecuario tiene un potencial estratégico para reactivar la economía nacional. Explicó que, con un apoyo adecuado después del 8 de mayo, el agro puede crecer y, además, arrastrar al resto de la economía mediante encadenamientos productivos, lo que podría llevar a un crecimiento económico del 8% anual, en lugar del 3,5% que actualmente se sostiene sobre el modelo de ensamblaje de zona franca, con baja capacidad de encadenamiento.

Esquivel subrayó que los encadenamientos son “el tren de muchos vagones” que permiten que el dinamismo del agro se traslade a múltiples sectores, generando empleo y fortaleciendo el mercado interno. Planteó que una estrategia productiva alternativa requiere combinar el modelo exportador con un renovado impulso al agro, el turismo y la construcción en infraestructura.

Posteriormente, se procedió a la lectura y firma del pacto.

Pacto por la Producción Agropecuaria

Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario

El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, conformado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) nace desde la iniciativa de articulación nacional del sector agropecuario, como organizaciones sociales y agropecuarias de todo el país. Su objetivo es el fortalecer el sector agropecuario, sus organizaciones y lograr una plataforma de incidencia desde los agricultores para la construcción de política pública nacional. Nuestras organizaciones han desarrollado una propuesta de política pública, de la cual nace la presente carta de compromiso de apoyo a los 10 puntos que hemos considerado prioritarios e imprescindibles para el desarrollo del sector. En consecuencia, respetuosamente solicitamos a las personas y partidos políticos que aspiran a la presidencia de la República suscribir este Pacto por la Producción Agropecuaria.

Nos comprometemos a desarrollar políticas públicas que incluyan las siguientes propuestas prioritarias:

1. Defender la producción nacional
Temas prioritarios: Suspensión de la participación del país en procesos de apertura comercial, o en bloques económicos, que amenacen la producción nacional y nuestra soberanía alimentaria (defensa de la producción nacional), como por ejemplo Alianza del Pacífico, Acuerdo Transpacífico y otros. Respeto y observación de las condiciones ya pactadas en tratados bilaterales. Defensa diligente del Estado frente a prácticas de fraude comercial y subfacturación. Cumplimiento de las reglas de origen evitando prácticas de triangulación y de violación de la denominación de origen de los productos nacionales.

2. Optimizar los procesos productivos por medio de la innovación
Temas prioritarios: Digitalización rural. Financiamiento preferente a propuestas productivas innovadoras. Desarrollo e innovación de infraestructura y suministros (insumos biológicos, por ejemplo). Encadenamientos productivos y de servicios. Investigación y capacitación.

3. Enfrentar el cambio climático
Temas prioritarios: Investigación en semillas y recuperación de semillas criollas para las comunidades locales. Desarrollo de sistemas de riego sostenible como herramienta de adaptación al cambio climático (sequías e inundaciones). Agricultura protegida. Programas de formación para la adaptación al cambio climático.

4. Potenciar los impactos sociales y los aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria
Temas prioritarios: Generación de empleo digno y bien remunerado en el sector rural. Relevo generacional en la producción y la organización agropecuaria. Asociatividad regional y nacional. Salud pública a través de la producción de alimentos saludables. Aseguramiento de las personas trabajadoras del campo. Preservación de las tradiciones culturales asociadas a la actividad agropecuaria. Distribución de la riqueza, mediante políticas públicas económicas sostenibles para el sector agropecuario. Equidad en la tenencia y el acceso equitativo a la tierra.

5. Fortalecer el mercado nacional agropecuario
Temas prioritarios: Comercio justo y transparente para la producción nacional. Mecanismos para acortar la cadena de producción y comercialización entre el consumidor y el productor, como lo han sido las experiencias de la Feria del Agricultor o los programas del Consejo Nacional de Producción, CNP (Programa de Abastecimiento Institucional, PAI). Uso eficiente de la cadena de frío en manos del Estado, cooperativas del sector agrícola y corporaciones agropecuarias. Transparencia de las cadenas de comercialización de productos agropecuarios y el mejoramiento de la redistribución de la riqueza. Fomento a esquemas asociativos en las cadenas de comercialización como alternativa a la concentración de los centros de acopio y comercialización en pocas manos. Establecimiento de un mecanismo de financiamiento del poder de compra de la población que está en condición de pobreza extrema, usando los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), para la adquisición de alimentos elaborados por los productores nacionales.

6. Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria
Temas prioritarios: Promoción de buenas prácticas agrícolas para evitar la contaminación de los alimentos. Fortalecimiento de los controles fitosanitarios y zoosanitarios y de inocuidad para el bienestar de la producción nacional en los diferentes espacios de comercialización agropecuaria. Controles estrictos y en apego a la normativa fitosanitaria y de inocuidad al ingresar productos agrícolas al territorio nacional.

7. Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario
Temas prioritarios: Acceso a los fondos de la Banca para el Desarrollo y otros mecanismos formales de financiamiento. Consolidación de los sistemas de garantías como garantías inmobiliarias, garantías mobiliarias, avales y mecanismos de factoreo, incluyendo los contratos de compra del CNP a los proveedores del PAI. Revisión de las normativas financieras para el fortalecimiento del sector agropecuario. Defensa del consumidor financiero. Mejoramiento en la prestación de los servicios de la banca estatal al productor nacional.

8. Crear una política integral de seguros agropecuarios accesibles
Temas prioritarios: Concientización y educación hacia el sector agropecuario sobre la importancia de los seguros para proteger las cosechas y los animales, de manera que se amplíe su uso y, en consecuencia, baje el monto de la prima. Revisión y mejoramiento de la estructura de seguros, así como la normativa ajustada a los nuevos cambios del entorno nacional e internacional. Creación de un seguro agropecuario como apoyo para la reducción de tasas de interés de los créditos al sector agropecuario (reducción del riesgo). Implementación de seguros agropecuarios indexados a los riesgos meteorológicos y del cambio climático.

9. Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el ambiente
Temas prioritarios: Participación de todos los actores sociales y productivos en el diseño e incidencia de la política pública ambiental y agropecuaria, que logre ser sostenida por los grandes acuerdos nacionales. Promoción de la agricultura orgánica y otros sistemas sustentados en prácticas agroecológicas como la agricultura regenerativa, la cual se fundamenta en la protección de la biodiversidad, la salud de los suelos y la conservación y uso racional del recurso hídrico. Promoción de prácticas que reduzcan el uso de agroquímicos en el sector agropecuario. Promoción de una producción agropecuaria baja en emisiones de carbono como herramienta fundamental para la reducción de gases de efecto invernadero y la mitigación del cambio climático.

10. Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas
Temas prioritarios: Mejoramiento del uso del territorio, garantizando la participación de las personas involucradas en la producción agropecuaria en los procesos de planificación territorial. Consolidación del rol del Instituto de Desarrollo Rural, INDER, en la planificación de los territorios rurales a nivel nacional. Cumplimiento de la normativa vigente para las zonas protegidas, aprovechando los servicios ambientales a la agricultura.

Firmas del pacto

Las candidaturas que suscribieron el pacto fueron (orden alfabético por el primer apellido):

  • Claudio Alpízar Otoya, Partido Esperanza Nacional

  • Ronny Castillo, Partido Aquí Costa Rica Manda.

  • Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana.

  • Álvaro Ramos Chaves, Partido Liberación Nacional.

  • Ariel Robles Barrantes, Partido Frente Amplio.

  • Fernando Zamora Castellanos, Partido Nueva Generación.

Como testigo de honor firmó la rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica, María Estrada Sánchez.

La candidata Natalia Díaz dijo que no firmó el documento en el acto, al señalar que había puntos con los que no coincidía. Indicó que se comunicaría posteriormente con el Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario para detallar su posición.

UNA alfabetización en comunidades rurales fronterizas

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Pese a que en Costa Rica la alfabetización en personas de 15 años y más alcanza un 98,04 %, según datos de la UNESCO y del Banco Mundial para el año 2021, persisten desafíos en materia de alfabetización funcional y digital, lo que evidencia la necesidad de seguir impulsando prácticas educativas innovadoras y programas inclusivos.

En este contexto, el Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) de la Universidad Nacional (UNA), desarrolla proyectos y actividades académicas que buscan fortalecer procesos educativos y abrir oportunidades de alfabetización en territorios históricamente vulnerados. Tal es el caso del proyecto Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura en comunidades rurales fronterizas de la zona norte-norte de Costa Rica, que atiende debilidades identificadas por el Programa Estado de la Nación en el área de la lectoescritura.

La iniciativa académica está a cargo de las académicas Marielos Vargas Morales y Tatiana Diaz Romero de la División de Educación Rural (DER) y se orienta a implementar acciones pedagógicas y didácticas que promuevan el desarrollo de la lectura y la escritura en comunidades de la milla fronteriza del cantón de Los Chiles, en centros educativos como La Trocha, Las Cuacas e Isla Chica, donde persisten grandes brechas sociales y un nivel de escolaridad considerablemente bajo, según el INEC, 2020).

Vargas y Díaz buscan que la actividad responda al bajo nivel educativo de las familias. Según los datos, en más de la mitad de los hogares, al menos una de las personas adultas encargadas es analfabeta, y la mayoría se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema.

El proyecto busca impactar en la alfabetización como base para el logro de aprendizajes que permitan el desarrollo individual y social mediante acciones como:

  • Capacitación de docentes y estudiantes en formación, para fortalecer sus estrategias pedagógicas en comprensión lectora, escritura y expresión oral.

  • Fortalecimiento de habilidades lectoras y escritoras en estudiantes de I y II ciclos, con especial seguimiento a niñas y niños en condición de rezago escolar.

  • Promoción de acciones comunitarias para atender el analfabetismo en personas adultas.

Esta realidad guarda correspondencia con la preocupación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que estableció, en 1967, el 8 de setiembre como el Día Mundial de la Alfabetización, con el propósito de recordar a la comunidad internacional la importancia de este derecho humano fundamental y su papel como base para el aprendizaje a lo largo de la vida.

Vinculación académica

Esta actividad también fortalece la vinculación con el plan de estudios de Educación Rural del I y II Ciclos de la DER, al articularse con cursos como Lectura y Escritura para la Escuela Rural, Pedagogía Rural para la Escuela Rural y Currículo para la Escuela Rural, en los que participan estudiantes de Los Chiles. Además, se han inscrito Trabajos Finales de Graduación con propuestas específicas de alfabetización para personas adultas y mejora de la comprensión lectora en distintos niveles educativos.

Primeras cosechas

De enero de este año a la fecha, se ha aplicado un diagnóstico a 128 niños y niñas de I ciclo (segundo y tercer grado) de las escuelas participantes, se ha conducido tres talleres de comprensión lectora con estudiantes de sexto grado, y diez talleres sobre conciencia fonológica, conciencia de lo impreso y comprensión lectora con 30 personas docentes de las comunidades involucradas y aledañas.

En paralelo, se han desarrollado capacitaciones de conciencia fonológica con el estudiantado en formación docente de la DER, en La Cruz (Guanacaste) y otros comunidades, como aporte de la actividad académica al plan de estudios.

Una realidad que habla

La ejecución de esta actividad académica no es sencilla ni ofrece resultados inmediatos, pues exige condiciones mínimas que no siempre están presentes en las comunidades rurales fronterizas. Promover el aprendizaje de la lectura y la escritura demanda, además del compromiso docente, recursos como materiales didácticos adecuados, literatura infantil y tecnologías que favorezcan la construcción de estrategias de aprendizaje.

Investigaciones internacionales evidencian que los entornos ricos en materiales impresos mejoran significativamente las habilidades iniciales de lectura en estudiantes de primer grado, y que el uso de programas multimedia en lengua materna acelera la adquisición lectora en contextos rurales. Asimismo, el diseño de recursos que integran texto, imagen y audio potencia el aprendizaje autónomo y colaborativo.

Pero hay esperanza, dice el estudio: la alfabetización en territorios rurales fronterizos no se limita a enseñar a leer y escribir: significa sembrar esperanza y abrir caminos en comunidades donde las oportunidades han sido históricamente limitadas. Cada taller, cada diagnóstico y cada esfuerzo invertido en este proceso representa una apuesta por la dignidad, la equidad y el desarrollo comunitario, según las especialistas.

Para las académicas, fortalecer los procesos de lectura y escritura implica brindar a niñas, niños y personas adultas la posibilidad de participar activamente en su entorno, tomar decisiones informadas y construir mejores condiciones de vida. La alfabetización no termina en la escuela, continúa en cada proceso de la vida.

Colectivo Mujeres por Costa Rica se opone a que se debilite la autonomía de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

En defensa de la CCSS y contra la propuesta de ley N° 25181
Manifiesto del Colectivo Mujeres por Costa Rica

Desde el Colectivo Mujeres por Costa Rica expresamos nuestro firme rechazo al proyecto de ley N° 25181, que pretende reformar el artículo 73 de la Constitución Política con el fin de debilitar la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Nuestra posición se fundamenta en lo siguiente:

  1. La autonomía de la CCSS es garantía de derechos
    Desde su creación, la Caja ha sido pilar del modelo de bienestar social costarricense, asegurando acceso a la salud y la seguridad social como derechos universales. Quitarle autonomía es poner en riesgo su capacidad de responder a las necesidades del pueblo.

  2. Un ataque al principio de seguridad social como derecho humano
    El artículo 73 constitucional consagra la seguridad social como obligación estatal. Debilitar la CCSS abre la puerta a su manipulación política y a intereses económicos que no velan por la vida digna de todas las personas.

  3. Amenaza de privatización y exclusión
    Las voces sociales han advertido que esta reforma favorece una visión privatizadora que dejaría a miles de familias —especialmente mujeres, personas trabajadoras informales, adultas mayores y población en condición de pobreza— en situación de mayor vulnerabilidad.

  4. Riesgo para la equidad y la justicia social
    La Caja no solo brinda salud, sino también oportunidades de igualdad. Reducir su fortaleza institucional significaría retroceder décadas en conquistas sociales que garantizaron educación, salud y pensiones para todas y todos.

  5. Una profunda contradicción histórica
    Resulta alarmante que este proyecto sea impulsado por una diputada perteneciente al partido que se inspira en las ideas socialcristianas del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el mismo líder que, con visión de justicia social, promovió la creación de la CCSS en 1941. Pretender ahora desarticular la institución que encarna ese legado constituye una contradicción histórica y una traición a la memoria de quienes lucharon por consolidar la seguridad social en Costa Rica.

  6. El pueblo costarricense ha defendido históricamente la CCSS
    Los movimientos sociales han sido claros:     la autonomía de la CCSS se respeta. Esta institución pertenece a la ciudadanía, no a intereses particulares ni coyunturales.

Por estas razones, declaramos:

  • No al proyecto de ley N° 25181.

  • No a cualquier intento de debilitar o desmantelar la CCSS.

  • Sí a la defensa de la autonomía y fortalecimiento de la seguridad social como principio irrenunciable de nuestra democracia.

Convocamos a todas las mujeres, comunidades y organizaciones sociales a unirse en defensa de la CCSS, patrimonio colectivo y garante de derechos humanos fundamentales.
La salud y la seguridad social no son mercancía.
¡La autonomía de la CCSS se respeta!
Setiembre del 2025

OMERCON exige acciones urgentes a CONASSIF y SUTEL ante «pandemia» de fraudes digitales

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) ha alzado la voz con preocupación ante la alarmante proliferación de fraudes digitales en Costa Rica, instando a la Comisión Nacional de Supervisión de Entidades Financieras (CONASSIF) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a tomar medidas inmediatas y efectivas. La organización, de carácter sin fines de lucro, ha remitido los oficios OM 040-2025 a CONASSIF y OM 041-2025 a SUTEL, ambos con fecha del 20 de agosto de 2025, para manifestar la gravedad de la situación.

Según OMERCON, Costa Rica sufre una escalada sostenida de estafas asociadas a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito, así como suplantaciones de identidad que derivan en el robo directo de los ahorros de la ciudadanía. Esta problemática, que ya alcanza proporciones de pandemia, está socavando la estabilidad económica de miles de personas, la paz de las personas y familias, y también la característica principal del sistema financiero: la confianza.

OMERCON considera inaceptable que algunas entidades financieras intenten deslindar toda responsabilidad, trasladando la culpa al consumidor, y critica una preocupante pasividad de los entes supervisores. Afirma que estos últimos priorizan la rentabilidad de las entidades sobre la protección de los consumidores financieros, dejándolos desamparados y expuestos a la revictimización.

El Observatorio cuestiona la falta de mecanismos inmediatos para rastrear y congelar fondos robados, la ausencia de investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y la carencia de sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados, campañas de phishing y transferencias inusuales. OMERCON califica estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.

La organización fundamenta su posición en el marco jurídico nacional, citando el artículo 35 de la Ley N° 7472 y la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Voto N° 655-2007). Esta normativa establece la responsabilidad civil objetiva, indicando que quien introduce una actividad riesgosa en la economía debe asumir las consecuencias del daño, sin necesidad de probar culpa. Bajo este principio, OMERCON sostiene que las entidades financieras, al manejar fondos del público y beneficiarse de ello, están obligadas a resarcir al consumidor afectado, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

Ante la inacción percibida, a pesar de múltiples denuncias en la prensa y ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), OMERCON resalta que Costa Rica carece de una ley específica para la defensa del consumidor financiero, a diferencia de otros países de la OCDE.

Las acciones concretas que OMERCON solicita a CONASSIF son:

  1. Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.

  2. Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.

  3. Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

  4. Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen, evitando que el consumidor afectado asuma toda la gestión judicial.

  5. Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.

  6. Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas, como se ha denunciado en foros legislativos.

Además, OMERCON subraya la necesidad de que CONASSIF integre a las empresas que brindan servicios de comunicación digital en esta lucha, citando ejemplos como la compra masiva de números telefónicos por organizaciones delincuenciales sin generar alertas, o la recepción de mensajes fraudulentos de rifas sin opción de escape. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, señalando que un oficio anterior (OM 029-2025, del 28 de marzo de 2025) sigue sin respuesta tras casi cinco meses.

Dirigiéndose a SUTEL, OMERCON enfatiza que, como ente regulador de las telecomunicaciones en Costa Rica, tiene por ley amplias responsabilidades y obligaciones para actuar de manera diligente, oportuna y con liderazgo para frenar esta crisis. Entre sus funciones se encuentra supervisar y regular el mercado de las telecomunicaciones para garantizar la competencia, proteger los derechos de los usuarios y asegurar la calidad de los servicios.

OMERCON critica que SUTEL y las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales no implementen acciones responsables para defender al consumidor, dejándolos desamparados y revictimizados frente al delito masivo.

El Observatorio pregunta a SUTEL si ha implementado sistemas para bloquear enjambres de mensajes fraudulentos que inundan a los usuarios, si tiene mecanismos para rastrear y eliminar el phishing informático, si se realizan investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y si existen sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados o campañas de phishing. La organización considera estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.

Al igual que en su comunicación a CONASSIF, OMERCON invoca el principio de responsabilidad civil objetivaestablecido en el artículo 35 de la Ley N° 7472 y el Voto N° 655-2007 de la Sala Primera, que responsabiliza a quien introduce una actividad riesgosa por los daños que ocasione, sin necesidad de probar culpa.

Las solicitudes concretas de OMERCON a SUTEL son:

  1. Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.

  2. Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.

  3. Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

  4. Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen.

  5. Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.

  6. Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas.

OMERCON reitera la importancia de que SUTEL no opere desde una lógica reactiva y pasiva ante esta pandemia. Destaca que SUTEL debe coordinar con CONASSIF, PRODHAB, redes sociales y otras entidades para encontrar una solución que alivie la crisis del fraude informático. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, sobre la problemática planteada en la carta.

Ambas comunicaciones fueron firmadas por Welmer Ramos González, como presidente, y Priscila Scott Zúñiga, como secretaria de OMERCON.

Honduras – 42 años de la desaparición y muerte de nuestros mártires: nunca más

Escrito en . Publicado en Derechos.

Honduras, septiembre de 2025 / Comunicado conmemorativo

Este mes de septiembre conmemoramos y honramos a aquellos valientes hondureños y hondureñas, héroes y mártires caídos en Olancho en 1983, quienes entregaron sus vidas en defensa de una Honduras justa, digna y solidaria.

Con respeto y solemnidad, evocamos la memoria de Juan Ramon Dermith, René Bulnes Soleno, Luis Antonio Isaula Oliva, Rafael Alberto Salazar Mugartegui, Padre Guadalupe Carney, José María Reyes Mata, y de todos aquellos que fueron torturados, desaparecidos y asesinados en el departamento de Olancho, en el marco de la brutal represión estatal de la década de los ochenta, producto de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Nuestro pueblo sabe que la libertad y la justicia tienen un precio muy alto. Reconocemos el sacrificio de quienes, con su vida, sembraron las semillas de esperanza y transformación en nuestro país. En honor a su memoria, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por el derecho a la verdad y la justicia. Esto nos obliga a garantizar que nunca se olvide el pasado, que las verdades sean plenamente conocidas, y que la memoria de las víctimas permanezca viva como un acto de justicia y reparación.

Nos solidarizamos con sus familiares y con toda la comunidad que continúa soñando con un país sin miedo ni opresión. La memoria activa de los mártires nos recuerda que “nunca más” debe repetirse la historia de represión, desapariciones y asesinatos. Solo mediante reformas institucionales, justicia efectiva y una memoria verdadera, podremos construir un país en paz, sin miedo y sin impunidad.

Desde el Grupo Búsqueda de la Verdad y la Justicia, seguimos trabajando por una Honduras que honre a sus víctimas, garantice sus derechos y nunca olvide su pasado. La lucha continúa, y todos estamos llamados a mantener viva su memoria y a perseverar en la búsqueda de una sociedad más justa.

¡Nunca olvidaremos! ¡Nunca nos rendiremos!

Por la memoria, la justicia y la dignidad de Honduras.

Grupo Búsqueda de la Verdad y la Justicia busquedajusticiahn@gmail.com

La Sala IV y los derechos de diversidad afectiva – este lunes

Escrito en . Publicado en Derechos.

El programa Saber Vivir – Radio 870 AM UCR le invita a ser parte del tema La Sala IV y los derechos de diversidad afectiva.

Lunes 8 de setiembre | 8:00 AM

Trasmisión disponible en Radio 870 AM de la UCR y en las páginas de Facebook de 870 UCR y de la Organización Interseccional pro Derechos Humanos Costa Rica.

Participe en vivo enviando sus preguntas por WhatsApp al 8694 1745.

Frente Nacional por la Seguridad Social se opone a proyecto que amenaza autonomía de la CCSS

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El Frente Nacional por la Seguridad Social (Frenass) manifestó su rechazo a una iniciativa legislativa que busca modificar el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que esta propuesta representa un retroceso histórico y un atentado contra la autonomía constitucional que ha protegido a la institución por más de ochenta años.

La organización calificó la propuesta como “vergonzosa” y denunció que responde a “intenciones perversas y mezquinas de los mercaderes de la salud en los diferentes gobiernos del turno”. En su pronunciamiento, Frenass llamó la atención sobre la gravedad de que se intente debilitar una institución que, desde su creación, ha sido pilar fundamental en la construcción de las garantías sociales y del Estado social de derecho en Costa Rica.

“La Caja es autónoma y tiene que seguir siendo autónoma por todo lo que esta institución le ha dado a este país. La Caja no se vende, la Caja se defiende” concluyó la organización.

Más información en: www.facebook.com/share/v/16LyxMNL7N/?mibextid=wwXIfr

Elizabeth Odio Benito recibe homenaje de la Sede del Pacífico UCR

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con el Foro de Mujeres en Política, rindió homenaje a la Dra. Elizabeth Odio Benito, destacada jurista internacional, académica y defensora de los derechos humanos.

Durante la actividad, se reconoció su extensa trayectoria en la vida nacional e internacional, donde ha ocupado cargos como académica de la Universidad de Costa Rica, ministra de Estado, vicepresidenta de la República, jueza en tribunales internacionales y presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El acto resaltó el papel de la Dra. Odio Benito como promotora de la igualdad de género y su influencia para inspirar a nuevas generaciones de mujeres a levantar su voz y asumir espacios de liderazgo en la sociedad, la academia y la política.

Fuente: https://www.facebook.com/share/1W88LJPFre/

Movimientos y personas declaran non grata a diputada que impulsa reforma para quitar autonomía a la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Ante la propuesta de ley N.° 25181, “Reforma al artículo 73 de la Constitución Política”, que busca modificar la Carta Magna para arrebatarle la autonomía a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), organizaciones sociales y sindicales anunciaron una declaratoria de non grata contra la diputada Daniela Rojas Salas, promotora de la iniciativa.

En la carta pública, los movimientos convocantes señalan que la CCSS ha sido una de las instituciones más emblemáticas en la construcción de derechos sociales y en la garantía del acceso a la salud en Costa Rica. Resaltan que la propuesta de reforma constitucional representa un grave retroceso y una amenaza directa al principio de seguridad social, reconocido en el país como un derecho humano fundamental.

Las organizaciones denuncian que este proyecto responde a intereses privatizadores y atenta contra la institucionalidad costarricense. Subrayan que la defensa de la autonomía de la CCSS es una causa histórica y un compromiso ciudadano que no puede cederse a presiones políticas coyunturales.

En ese marco, expresan:

“Ante la propuesta de ley N.° 25181 Reforma al artículo 73 de la Constitución Política, que implica una reforma constitucional para arrebatarle la autonomía a la CCSS, impulsada por diputada Daniela Rojas Salas, diferentes movimientos sociales y sindicales decidimos impulsar una declaratoria de non grata contra esta diputada, les invitamos a leer la carta y darnos el apoyo en este rotundo señalamiento: formulario de adhesión.”

Las firmas de respaldo, así como los logos de las organizaciones que impulsan esta gestión, pueden consultarse descargando el documento completo en formato PDF desde este enlace: Declaratoria non grata PUSC

Rector de la UCR responde a ministro de Educación sobre distribución del FEES y caída en inversión educativa

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, envió el 5 de setiembre una carta al ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, en la que aclara aspectos sobre la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y señala la responsabilidad estatal de garantizar la inversión en educación pública.

El documento subraya que la distribución del FEES es una competencia exclusiva de las rectorías de las universidades públicas, reunidas en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), conforme lo establece el artículo 84 de la Constitución Política.

La carta detalla que, desde 2004, la UCR ha aportado más de 123 mil millones de colones a los mecanismos de redistribución entre universidades públicas, y que solo en 2026 dejará de percibir cerca de 15.400 millones de colones por este concepto. Añade que, aunque le correspondía un incremento mayor para ese año, la institución aceptó una reducción en aras de la solidaridad interuniversitaria.

El rector también rechaza la idea de dirigir los recursos únicamente a universidades con programas vinculados directamente al mercado laboral, recordando que la UCR es una universidad completa, que forma profesionales en todas las áreas del conocimiento, incluidas las de mayor costo operativo como salud.

Respecto a las becas, la UCR informó que el 54% de su estudiantado cuenta con apoyo socioeconómico, porcentaje que llega al 92% en la Sede del Sur, 85% en la Sede del Caribe y 80% en la Sede del Atlántico. Solo en 2024, la institución otorgó 2.706 títulos en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Finalmente, el rector advierte que, mientras se intenta reducir los recursos universitarios, el gobierno ha provocado la mayor caída en la inversión educativa de los últimos 40 años, en contravención del artículo 78 de la Constitución que exige destinar al menos un 8% del PIB a educación. Recordó que la UCR ha ofrecido al MEP sus capacidades para colaborar en áreas críticas como inglés, matemáticas y lectoescritura.