Comunicado del Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON)
Los bancos del Estado no tienen como objetivo promover inversiones de altísimo riesgo, ni inducir a estas apuestas a la población.
El Banco Nacional de Costa Rica, informó que lanzó un “Fondo de Inversión en Bitcoin”, noticia que nos llena de consternación, ya que los bancos del Estado son instituciones para el desarrollo de actividades productivas, creadoras de riqueza, jamás entes para promover los juegos de apuestas de dudosa reputación.
Que los capitales privados quieran apostar a juegos de azar, apuestas peligrosas y opacas, es aceptable, siempre que estén dentro de la legalidad, pero que un banco público, con garantía del Estado, con un marco normativo para apoyar el desarrollo de actividades creadoras de riqueza, pierda el objetivo y que a la ligera promueva y sustente este tipo de actividades, en extremo riesgosas, es una muestra de que su Junta Directiva y élite gerencial ha perdido el rumbo.
Hasta hoy los bancos del Estado son los máximos impulsores de la bancarización de Costa Rica, en cada distrito y caserío encontramos sus oficinas y los intereses promedios de sus carteras son los más bajos del sistema financiero y aún tienen un enfoque más hacia a la producción y a las pymes, y por eso en OMERCON los defendemos y apoyamos.
Aún más, quisiéramos que se perfeccionen como bancos de desarrollo, no como entes de especulación y promotores de esquemas de “inversiones cuestionables”. Y estamos claros en que se requiere mucha más competencia real en el mercado financiero costarricense, para aumentar la oferta de productos financieros y bajar los exagerados costos que persisten, cosa que todavía no se da.
Para ejemplificar del riesgo que implica la aventura de los Fondos en Bitcoin, veamos la variabilidad del valor de este disque “activo”: en diciembre 2021 un Bitcoin valía US$ 65.100, luego, en enero del 2023, cayó a US$16.700, con una pérdida del 75% del valor y, para enero del 2025, por el contrario, había llegado a US$101.000. Esta altísima variabilidad ha llevado a que muchas “empresas financieras” relacionadas con negocios de “fondos” en criptomonedas se han declarado en bancarrota recientemente, solo citamos algunas: Core Scientific, FTX, BlockFi, Three Arrows Capital y Génesis. Todas ellas con pérdidas multimillonarias para los depositantes que, atraídos por supuestamente un casino de juegos de ganar – ganar, debieron afrontar la bancarrota y la pérdida de los ahorros de toda la vida, perjudicando a miles de personas incautas. ¡No podría estar bien promover semejante riesgo desde un banco del Estado costarricense!
La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación, la cual tuvo como objetivo atender las disconformidades que reclaman los usuarios de los servicios que actualmente brinda el concesionario de Puerto Caldera.
En el marco de dicha investigación, se logró determinar que la Contraloría General de la República habría emitido el Informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021, en el que se abordó el tema de la ausencia de controles en cuanto a los montos invertidos en mantenimiento en la infraestructura y equipos que administra la concesionaria, lo que ha generado un impacto directo sobre el servicio que se brinda por dicha empresa; situación que sin lugar a dudas, tendrá efectos de cara a la terminación del contrato en el año 2026 y las obligaciones contractuales al momento de entrega de dichos bienes y equipos, por parte del Concesionario.
En el marco de las diferencias de criterio que se suscitan entre el INCOP y la Contraloría General de la República, en torno a los montos de mantenimiento al momento de la finalización de la concesión, el INCOP suscribe en solitario un Acuerdo Conciliatorio, del cual quedó demostrado que el MOPT nunca estuvo en conocimiento, a pesar de que es una competencia propia de la Administración Concedente y no única del INCOP, dados los efectos en la recepción final de los bienes y equipos, que actualmente administra. Adicionalmente, del texto del Acuerdo se determinaron roces con las competencias de la ARESEP en materia de tarifas, que nunca fueron analizadas.
En este sentido, a lo largo de la investigación y para el actual contrato de concesión, la Defensoría ha advertido la importancia de ahondar en la diferenciación que existe entre las funciones del INCOP y de la Administración Concedente que, para efectos jurídicos, esta Defensoría considera distan de lo que se ha señalado por las autoridades del INCOP y el MOPT como una “mera coordinación”.
Esta advertencia toma mayor relevancia en el marco de proceso de licitación Mayor No. 2024-LY-CAL-000001-INCOP, a efectos de evitar inconvenientes futuros como los que evidenció la CGR en su informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021, a escasos meses de su finalización y en donde de conformidad con el mismo documento de licitación, contará con una Administración Concedente conformada por el Poder Ejecutivo, entendido este por el Presidente de la República, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el Ministro de Hacienda y aunque el documento señale estarán representados por el INCOP, se debe recordar que la delegación no transfiere responsabilidad.
En este sentido, en el marco de su magistratura de influencia, en diciembre anterior la Defensoría hizo ver al MOPT que debe existir normativa que establezca los criterios de competencia, como sucede con el caso de la Terminal de Puertos de APM, en lo que la propia Contraloría General ha denominado “Administración Concedente Compleja”; posición que fue rechazada por parte del entonces jerarca del MOPT al reiterar “las actuaciones son atinentes y corresponden exclusivamente al INCOP”.
Ante el rechazo de las solicitudes planteadas tanto al MOPT como al INCOP, corresponde elevar el presente asunto ante el órgano competente y dado que la investigación se enmarcó en el ámbito de la Contratación Administrativa, corresponderá a la Contraloría General de la República determinar si existe mérito para continuar con la investigación, todo ello al amparo del proceso de seguimiento del Informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021 y las posiciones expuestas por esta Defensoría en la presente investigación.
En un informe reciente, la Defensoría de los Habitantes reveló las condiciones y preocupaciones de migrantes, principalmente venezolanos, alojados en el Centro de Atención para Personas Migrantes (CATEM-Sur) en la frontera sur de Costa Rica.
El documento detalla la situación de aproximadamente 200 personas deportadas desde Estados Unidos y migrantes en tránsito que buscan retornar a sus países de origen, principalmente Venezuela, Colombia y Perú.
Condiciones de alojamiento
La Defensoría identificó varios aspectos críticos en la infraestructura del centro. Los migrantes reportaron:
Traslado de espacios individuales a áreas comunes con catres sin colchonetas
Problemas de calor extremo que provocan incomodidad y afecciones en la piel
Agua con fuerte sabor a cloro que genera problemas estomacales
Preocupaciones principales
Entre las principales inquietudes de las personas migrantes se encuentran:
Limitaciones económicas para continuar su viaje hacia Panamá
Necesidad de pagar $60 por un boleto de autobús
Incertidumbre sobre el procedimiento migratorio
Recomendaciones de la Defensoría
La institución destacó varios puntos para mejorar la atención:
Garantizar espacios de información claros para las personas migrantes
Asegurar la presencia permanente de instituciones como CONAPAM y PANI
Verificar que ninguna personas migrante sea sometida a tratos crueles al retornar
Situación específica
El informe incluye casos particulares, como familias de Afganistán e Irán que, al momento del reporte, no habían sido entrevistadas debido a la falta de traductores.
A pesar de los desafíos, los migrantes manifestaron sentirse seguros y recibir un trato respetuoso por parte de las autoridades migratorias, reconociendo condiciones de higiene óptimas en el centro.
La Defensoría continúa monitoreando la situación para garantizar el respeto a los derechos de las personas migrantes en tránsito.
Privación de libertad de facto, refugio y afectación a los DDHH. Consideraciones preliminares sobre la situación de las personas deportadas desde EEUU y alojadas en el CATEM
Durante las dos semanas previas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) hizo una inspección al Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM-sur) y monitoreó la llegada al Aeropuerto Juan Santamaría, de los dos vuelos que transportaban las 200 personas deportadas desde Estados Unidos, quienes fueron oficialmente recibidos por el gobierno costarricense.
Buenas prácticas encontradas
En estas inspecciones se constató que el CATEM realiza prácticas valiosas de resguardo de Derechos Humanos (DDHH), al tener mesas de articulación entre instituciones gubernamentales y organismos como OIM, ACNUR, HIAS, PANI, CADENA, entre otros. Esto promueve el acceso al derecho a la solicitud de refugio, el derecho a la salud (con profesionales en medicina y psicología), mecanismos deprotección a las poblaciones con requerimientos especiales (menores de edad, adultas mayores, mujeres embarazadas y lactantes, personas con discapacidad, etc.), derecho a la información (con presencia de intérpretes), derecho a condiciones dignas (trato, higiene, agua potable, alimentación nutritiva, alojamiento).
Si bien, las estructuras previas de funcionamiento del CATEM posibilitan orientar estos posibles accesos a derechos, es muy relevante continuar la práctica democrática de monitoreo periódico con entes externos que verifiquen su efectividad. Asimismo, a pesar de estas buenas prácticas, para el MNPT hay al menos cuatro aspectos que son de crucial preocupación.
La privación de libertad de facto en el CATEM
En el derecho internacional se considera privación de libertad de facto si a las personas migrantes se les restringe su libertad de circulación afuera del lugar de ubicación, sin una base legal con causal legítima (por ejemplo, sin haber cometido un delito penalizado por el ordenamiento jurídico, o sin medida cautelar de aprehensión, como es el caso de estas personas); si no hay acceso a revisión judicial efectiva; si las condiciones son similares a una detención formal y no pueden salir por su propia voluntad y consentimiento (hay vigilancia, prohibición de salida, coerción); si no se usan alternativas menos restrictivas. Es una privación de libertad a pesar de que se usen nombres como “retención temporal”, “atención transitoria”, “alojamiento humanitario”. Hay que recordar que estas personas son deportadas forzadamente desde EEUU, sin su voluntad.
Costa Rica es firmante de convenios internacionales que protegen de este tipo de actos de riesgo para los DDHH, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que protege contra las detenciones arbitrarias; la Convención sobre los Derechos del Niño contra la detención arbitraria, su uso como último recurso y por el menor tiempo posible; los Principios y Directrices de la ONU sobre los Derechos Humanos en la Frontera Internacional y la Opinión Consultiva OC-21/14 de la CIDH sobre la excepcionalidad y proporcionalidad de la detención, así como que no sea sistemática; la Convención Internacional sobre laProtección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares con respecto a la libertad, seguridad personal, detención con debido proceso; las Directrices de la ONU sobre Detención de Migrantes y Alternativas a la Detención sobre la priorización de alternativas a la privación de libertad para evitar su criminalización.
Inquietud por el acceso efectivo a la solicitud de refugio
La situación administrativa de estas personas no ha tenido mucha claridad oficial. Por un lado, las autoridades han reiterado el compromiso oficial de trasladar a un tercer país a la totalidad de las 200 personas en un lapso corto de tiempo, pero, por otro lado, también Costa Rica debe recibir los casos de solicitud de refugio. Así, es sumamente relevante la garantía de aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el resguardo de su principio de no devolución cuando las personas reporten el riesgo a su integridad personal en el posible país de destino, por lo podrían quedar en Costa Rica con incertidumbre.
Tratos diferenciados con otros tipos de flujos de movilidad mixta
Al crearse una categoría distinta a otros perfiles de personas de movilidad mixta presentes en el CATEM (en su mayoría personas venezolanas en la coyuntura de flujo de vuelta al sur), se corre riesgo de dar un trato diferenciado que se perciba como una mejor atención a las 200 personas deportadas con respecto a los cientos de personas en otras condiciones de movilidad, en aspectos como más posibilidad de días de estancia, mejores condiciones de alojamiento, de calidad de la alimentación, de acceso a salud u otros.
Sobre indicios de posibles tratos inadecuados recibidos en la deportación previa
En las entrevistas con varias personas deportadas, expresaron que, en la detención, la retención y el traslado previo a Costa Rica, aparentemente recibieron en EEUU tratos como el uso de grilletes en manos, caderas y pies; la desinformación sobre las razones de la detención y el traslado; desinformación sobre el país de tránsito (Costa Rica) y el posible país destino final; desinformación sobre la temporalidad de las detenciones; inadecuada alimentación y condiciones de alojamiento; trato grosero; detención por periodos de varios días; retención de documentos de identidad y pertenencias, entre otros reportes.
Como efectos psicosociales de estos tratos, expresaron la incertidumbre de la desinformación; la ansiedad particular presentada en la gran cantidad de personas menores de edad pertenecientes al grupo; la sensación de ser tratadas como “criminales” que han cometido delitos; el desánimo y la desesperación sobre el futuro; así como se constató lesiones en muñecas y tobillos por el uso prolongado de grilletes.
Estos indicios preliminares requieren profundizar la posibilidad de que se hayan realizado previamente tratos inadecuados para los estándares del derecho internacional migratorio, vigilados por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como orientados en su indagación por el Protocolo de Estambul.
Estas consideraciones son muy relevantes para el MNPT como parte del seguimiento del legado de la lucha por sostener un Estado de Derecho con soberanía, democracia y respetuoso de los Derechos Humanos, ya que si esto no se cumple se corre el riesgo de ser un país que forma parte de las fallas en la garantía de derechos que se realizan en otros países.
Dra. Judith Jiménez Torrealba Ginecóloga y Obstetra Miembro de Número
Cáncer de Cérvix
Sigue siendo un problema de repercusión mundial; es un problema de peso en los sistemas de salud, no discrimina entre países de renta alta, media o baja. Esta afirmación no ha cambiado como quisiéramos; el resultado de los programas de vacunación los veremos más adelante.
El énfasis actual debe orientarse a la educación de la población meta. Las redes sociales que en la actualidad están disponibles casi de manera universal, podrían ser el instrumento para cumplir el objetivo.
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es el agente crítico para el desarrollo del cáncer de cérvix, detectado en el 99.7% de los casos. África Sub Sahariana tiene la más alta prevalencia global, duplica la prevalencia global ajustada.
Sin embargo se estima que el 10% de los individuos infectados desarrollarán lesiones precancerosas.
Aunque se han sugerido varios factores, aun es poco claro el por qué el virus se “aclara” versus “persiste” en diferentes individuos.
Existen alrededor de 40 serotipos que infectan a los genitales en el humano, 15 de ellos son reconocidos oncogénicos (causantes del cáncer). Los serotipos 16 y 18 son responsables del 70% de todos los cánceres. Involucrado en el 90% de los casos de cáncer de ano, 50% de garganta, pene, vagina y vulva.
¿Qué enseñarles a las pacientes?
El cáncer de cuello uterino, ¿puede ser diagnosticado de manera temprana?
Los chequeos ginecológicos regulares constituyen la mejor estrategia para el diagnóstico temprano.
Las pruebas para realizar la pesquisa son el Pap (abreviatura de Papanicolaou, creador de la prueba) o la prueba para el VPH (virus del papiloma humano.)
Pueden ser realizados solas o en conjunto.
Los tamizajes acordes con los programas de salud han demostrado la prevención de los canceres y la salvación de las pacientes.
Lo mas importante que debe recordar es la regularidad de las pruebas, no importa cual método se utiliza.
2. ¿Necesito un examen físico completo?
Sí.
Su médico o proveedor del servicio le hará un interrogatorio sobre sus antecedentes personales y familiares; esto incluye la información relacionada con los factores de riesgo y síntomas que hagan sospechar una lesión en el cuello uterino.
En esta visita se le tomará la muestra para el Pap o VPH.
3. ¿Hay algún síntoma que me debe preocupar?
Las mujeres con cáncer del cuello del útero o lesiones precancerosas, por lo general, no tienen síntomas.
Si los presentan, los mas frecuentes son:
Sangrado vaginal anormal, sangrado con las relaciones sexuales, sangrado después de la menopausia (un año o más después de su última regla).
Flujo vaginal (secreción vaginal) que puede ser sanguinolento y se presenta sin ninguna relación con su regla.
Dolor con relaciones sexuales
Dolor pélvico.
Estas molestias (signos y síntomas) pueden ser causados por otras enfermedades diferentes al cáncer de cuello uterino, sin embargo, si usted presenta alguno de ellos acuda a su centro de salud. El ignorarlos puede permitir que el cáncer crezca y disminuyan su posibilidad de un tratamiento exitoso.
4. ¿Cuáles son los factores de riesgo?
Relacionados con el Virus del Papiloma Humano:
Inicio de actividad sexual a edades tempranas (doble riesgo en jóvenes que inician relaciones sexuales antes de los 18 años en comparación con las que las postergan hasta los 21 años).
Múltiples parejas sexuales.
Primer embarazo antes de los 21 años, más de 3 embarazos.
Historia de enfermedades de transmisión sexual.
Antecedente de lesiones cervicales de alto grado
Inmunosupresión.
No relacionados con el VPH
Falta de tamizaje.
Nivel socioeconómico bajo, disparidad en cuanto a los programas de vigilancia de la salud reproductiva.
Tabaquismo
5. ¿Cuáles son las estrategias actuales?
Pap solo (citología vaginal) en base líquida.
VPH prueba refleja. Si la citología tiene un resultado anómalo, de manera automática se puede realizar el estudio por VPH.
Cotesting, se realizan ambas pruebas en simultaneo.
VPH, como estrategia inicial. Se realiza cada 5 años.
6. ¿Hay forma de prevenir?
Vacunación
Hombres y mujeres 11-12 años; puede iniciarse a los 9 años.
Dr. Julián Chaverri Polini Otorrinolaringólogo Miembro de Número
¿Sabía usted que escuchamos con nuestro cerebro? Los oídos son un medio para que los sonidos lleguen a la parte de la corteza cerebral que se encarga de la audición y comprensión de los mismos, entre ellos, obviamente, el lenguaje oral. La función del oído es poder enviar la señal auditiva desde el medio ambiente hasta el cerebro.
Si a un bebé, desde que nace se le está estimulando con sonidos, los centros corticales de la audición se comienzan a desarrollar. Estas zonas del cerebro encargadas de entender los sonidos, no se desarrollan por sí solas. Únicamente se llegarán a desarrollar si son estimuladas y la única estimulación que pueden recibir es a través de los oídos. Este desarrollo se hace paulatinamente y son los propios sonidos los que van generando que dichas zonas se tornen más complejas, produciéndose miles de nuevas conexiones entre las células cerebrales (neuronas) llamadas sinapsis. El crecimiento de esta red de sinapsis hace que el bebé le dé sentido a los sonidos, especialmente a los sonidos complejos y detallados como lo es el lenguaje oral.
El defecto congénito sensorial más frecuente, es la pérdida auditiva, por este motivo se realiza hoy en Costa Rica el programa de detección e intervención temprana de la sordera neonatal (Tamizaje Auditivo Neonatal), así tendremos la certeza de que los oídos de un recién nacido se encuentren en buen estado, y en caso contrario, poder intervenir médicamente en forma oportuna con un diagnóstico y un tratamiento pertinente para evitar atrasos que se pueden tornar irreversibles en la adquisición del lenguaje oral.
Si su niño o niña no va adquiriendo el lenguaje acorde al desarrollo psicomotor y psicosocial, habrá que estudiar su capacidad auditiva; saber si es correcta o incorrecta.
Debemos cuidar nuestros oídos a través de los años; no debemos exponerlos a ruidos fuertes, como el estallido de pólvora; ni durante tiempos prolongados, como puede ser estar expuesto a maquinaria pesada todos los días por periodos de varias horas seguidas. Ante estas situaciones debemos utilizar protectores de oídos para insonorizarlos. Por otra parte, es un error frecuente “limpiarse los oídos” con aplicadores o artefactos similares con el fin de “extraernos la cera” del conducto auditivo externo. Dicha cera se produce en la parte más externa del oído y se cae sola. Si usted tiene problemas con sus oídos debe ser atendido por el médico especialista, el otorrinolaringólogo, este determinará si requiere de exámenes audiológicos, ya que existen muchas pruebas audiológicas dependiendo del daño existente y de la edad del paciente; o si requiere de algún tratamiento médico, quirúrgico o rehabilitatorio.
Conforme pasan los años (a partir de los 20 años de edad), vamos perdiendo audición en frecuencias muy agudas o altas (10000 Hertz a 16000 Hertz). Cuando somos adultos mayores, es decir a partir de los 65 años, dicha pérdida auditiva involucra más frecuencias y continúa aumentando conforme envejecemos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el rango de edad entre 65 a 74 años, existe un 33% de sujetos con pérdida auditiva y en mayores a 75 años, un 50%, de esa población presenta problemas auditivos; muchos de ellos requerirán de atención médica especializada para corregir dicha deficiencia.
El jueves 27 de febrero, la Universidad Nacional (UNA) dio inicio al nuevo año académico con la izada de la bandera de la diversidad en la plaza del mismo nombre. La actividad contó con la participación de estudiantes, académicos y personal administrativo.
El acto inicio con Raquel Loría, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA), quien destacó en su discurso que el inicio del ciclo lectivo es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos de la educación pública. «Nos enfrentamos a un contexto donde las decisiones políticas amenazan la educación pública y buscan redefinirla bajo lógicas que priorizan el control ideológico sobre el pensamiento crítico. Las instituciones educativas son escenarios donde se disputa el sentido de nuestra sociedad, y hoy enfrentamos una ofensiva que intenta despojar a la educación de su carácter inclusivo y plural», afirmó.
Por su parte, Francisco González, rector de la UNA, advirtió sobre los efectos de la polarización en la sociedad y su impacto en la institucionalidad. «El descontento social se canaliza hacia la construcción de enemigos imaginarios que afectan la confianza en las instituciones y dificultan el debate informado. La educación pública, por su esencia transformadora y humanista, se ha convertido en blanco de estrategias que generan exclusión y silenciamiento de voces minoritarias», señaló.
El rector enfatizó que la educación debe consolidarse como un espacio de diálogo plural, donde se reconozca la diversidad del estudiantado. «Un estudiante puede ser migrante, de escasos recursos, parte de la comunidad LGTBI y primera generación universitaria en su familia. Nuestra responsabilidad es garantizar espacios donde su historia sea reconocida y fortalecida», agregó.
Tras los discursos, Loría y González realizaron el acto de izar la bandera, seguido de una presentación cultural a cargo de estudiantes del Departamento de Promoción Estudiantil. González finalizó indicando que “Con este evento, la UNA reafirma su compromiso con una educación pública de calidad, inclusiva y transformadora”.
El miércoles 5 de marzo de 2023 a la 1:00 pm hora de Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública para conocer de primera mano información actualizada sobre la situación de derechos humanos en Costa Rica.
Organizaciones de sociedad civil expondrán sus preocupaciones sobre temas como seguridad ciudadana, violencia contra las mujeres, niñez, pueblos indígenas, población LGBTQ, ambiente y ataques a la independencia judicial. El Estado deberá responder ante las denuncias y atender las recomendaciones que le haga la Comisión.
Este espacio fue solicitado por Alianza de Mujeres costarricenses, Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH), Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cooperativa Sulá Batsú, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), Grupo de trabajo de Agenda CEDAW , IRCA Casa Abierta, Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), MULABI, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) y Red de Mujeres para la Incidencia Social y el Desarrollo (REMISOD).
Vale la pena destacar que no es usual que Costa Rica sea llamada a rendir cuentas sobre la situación general de los derechos humanos, en una audiencia pública de la CIDH. Por lo general, el Estado acude cuando se trata de casos concretos, pero no para atender temas generales de deterioro de sus condiciones. En este sentido, Costa Rica está siguiendo la tendencia regional de los gobiernos autoritarios que observamos en la región.
En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una crisis significativa en su sistema de salud debido a la falta de médicos especialistas. Esta situación ha llevado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Salud Pública a declarar una emergencia nacional. La escasez de profesionales en áreas críticas como anestesiología, ginecología y radiología ha tenido un impacto directo en la calidad y oportunidad de la atención médica, poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes.
En este contexto, el sindicato UNDECA ha elevado una carta pública al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, solicitando la aprobación de permisos de trabajo para 40 médicos especialistas graduados en el extranjero. Estos profesionales, afiliados a UNDECA, han manifestado su voluntad de trabajar en la CCSS para ayudar a mitigar la crisis y evitar más muertes por falta de atención médica.
Crisis de Especialistas
La falta de médicos especialistas no es un problema nuevo. En 2005, una crisis similar en el área de radioterapia se resolvió permitiendo que médicos graduados en el extranjero trabajaran en el país. Durante la pandemia de COVID-19, esta medida también fue crucial para mantener los servicios de salud, especialmente en áreas como anestesiología, ginecología y radiología.
Sin embargo, en el gobierno anterior, se decidió unilateralmente denegar los permisos de trabajo para médicos graduados en el extranjero, sin justificación técnica alguna. Esta decisión ha agravado la situación, especialmente en un momento en que la CCSS ha declarado una emergencia nacional por la falta de especialistas.
La carta de UNDECA menciona un caso trágico que ilustra la gravedad de la situación: el fallecimiento de un bebé debido a la falta de un ginecólogo de guardia en el Hospital de Alajuela. La madre, que requería una cesárea de emergencia, tuvo que ser trasladada al Hospital México, pero el retraso en la atención resultó fatal. Este caso, actualmente bajo investigación, podría tener implicaciones penales y subraya la necesidad urgente de permitir que los especialistas disponibles trabajen.
UNDECA ha presentado 40 solicitudes de permisos de trabajo para médicos especialistas graduados en el extranjero. Estos profesionales están dispuestos a contribuir inmediatamente a la atención médica en Costa Rica, ayudando a prevenir más tragedias como la mencionada. La aprobación rápida de estos permisos no solo aliviaría la presión sobre el sistema de salud, sino que también salvaría vidas.
La crisis de especialistas en Costa Rica es una emergencia nacional que requiere acciones inmediatas. Permitir que médicos graduados en el extranjero trabajen en el país es una solución probada y efectiva que ya ha funcionado en el pasado. Es imperativo que el Colegio de Médicos y Cirujanos apruebe los permisos de trabajo solicitados por UNDECA para garantizar que los costarricenses reciban la atención médica que merecen y necesitan.
La vida de muchos pacientes depende de esta decisión. No hay tiempo que perder.
¿Quién se hace cargo de ellos cuando termina la guerra y vuelven a sus países de origen?
El ejemplo de Colombia, es un camino que deberían comenzar a pensar los distintos países que proveen de esta mano de obra para la guerra. Crear leyes para una problemática de hoy y del futuro.
Colombia es un ejemplo que nos gustaría que siguieran muchas naciones que son exportadores de combatientes, país en el que desde hace algunos años se está buscando una solución para el grave problema de los mercenarios y las empresas militares y de seguridad privada (EMSP). El año pasado, el presidente Gustavo Petro presentó una ley para impedir el reclutamiento de mercenarios en su país. El proyecto tiene como objetivo principal evitar el reclutamiento y la participación de ciudadanos colombianos en actividades mercenarias: tipificando el delito de mercenarismo, prohibiendo el entrenamiento paramilitar para fines mercenarios, apuntando a la cooperación internacional y dando protección a los veteranos.
Colombia ha sido por años uno de los principales proveedores de mercenarios, lo que se debe fundamentalmente a la alta capacitación militar, falta de oportunidades económicas y una importante demanda global. Más de 4000 ex militares colombianos han sido contratados para servir en conflictos internacionales, principalmente en Oriente Medio y África, lo que demuestra también cómo el capital humano entrenado con recursos estatales se está usando para producir utilidades privadas.
Es evidente que el mercado de los mercenarios y contratistas privados, como les gusta hacerse llamar, crea problemas tanto internos como externos. La participación de ellos en conflictos ajenos puede dañar la imagen y la reputación internacional de un país, además de ser una forma involuntaria de exportación de violencia y criminalidad.
El mercenarismo debe prohibirse y se deben establecer mecanismos internacionales efectivos que controlen, persigan y castiguen a las empresas militares y de seguridad privada que reclutan personas e intervienen de manera poco transparente a lo largo de todo el planeta.
Aplaudimos el esfuerzo de Colombia, y esperamos que inspire a otros países como Chile, donde algunos diputados nos comentaron en off the record que no hay iniciativas ni proyectos en ese sentido. Esto nos preocupa, y nos preocupa de verdad, porque vemos cómo la inseguridad se hace parte de nuestra sociedad, y curiosamente hace un año fuimos testigos, a través de los informativos de TV, del actuar de un grupo de choque paramilitar, con armamento sofisticado, chalecos antibalas y uniformes, secuestrando a un ex militar venezolano desde un edificio de Santiago, para posteriormente asesinarlo y hacerlo desaparecer. No cualquiera tiene la capacidad de realizar una operación militar de esa envergadura. El secuestro del coronel venezolano fue estudiado y planificado con mucha antelación y podríamos pensar que los que actuaron, podrían entrar perfectamente en el perfil de mercenarios ahora convertidos en delincuentes.
El compromiso con la paz y la legalidad no puede encenderse y apagarse a conveniencia
A pesar de la falta de regulación y de los problemas éticos y políticos que comporta, el mercado de las empresas militares y de seguridad privada continúa creciendo viento en popa, con grandes beneficios económicos para las compañías, que obtienen mucha de su mano de obra desde África y Latinoamérica, mano de obra, mejor dicho, carne de cañón. Sí, porque en general, las posiciones especializadas son cubiertas por expertos de los ejércitos oficiales, y al frente de batalla, van, más o menos preparados los pseudo-soldados, que por unos cuantos dólares arriesgan sus vidas en conflictos lejanos, muy lejanos.
Según el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad (DCAF), se calcula que actualmente existen más de 450 compañías militares privadas que operan en más de 50 países, empleando a 5 millones de personas en África, 2,5 millones en América Latina y el Caribe y a 2 millones en Europa, aunque es difícil estimar un número exacto ya que existen muchos operadores que actúan en zonas grises o negras del mercado. Económicamente, el valor de este negocio asciende conservadoramente a unos 244.000 millones de dólares.
Los cuatro países que encabezan esta “industria”, con aproximadamente el 70% del mercado son Estados Unidos, Reino Unido, China y Sudáfrica, lógicamente en Estados Unidos se concentran las mayores EMSP siendo también un importante cliente de ellas.
¿Y dónde está el problema?
La participación de este tipo de empresas en conflictos armados no es nueva ni novedosa, aunque por muchos años haya pasado desapercibida a la opinión pública. Las guerras de Irak y Afganistán fueron el punto de inflexión para su crecimiento acelerado. Miles de soldados privados fueron contratados por Estados Unidos para “apoyar” sus operaciones militares.
El problema está en lo que se ha denominado “privatización” de la guerra, las EMPS están asumiendo cada vez más roles y funciones en los conflictos en desmedro de la soberanía de los Estados y su monopolio sobre el uso de la fuerza, con contratistas que en demasiadas ocasiones han demostrado falta de ética y respeto hacia los derechos humanos.
Dentro de las actividades oficialmente declaradas por estas compañías se encuentran, por ejemplo, apoyo logístico, mantenimiento del armamento y los sistemas de defensa, inteligencia, desminado y limpieza de Elementos Explosivos Sin Detonar (UXO´s), asesorías y consultorías en áreas tan diversas como reconstrucción, estabilización, reorganización de fuerzas armadas y policiales, entrenamiento en capacidades específicas y quizás las más polémicas, la seguridad para la protección de instalaciones y personas y la participación en combates.
Y quiénes son los contratistas que llevan a cabo estas funciones, en general, las EMSP utilizan una fuerza de trabajo flexible que seleccionan de acuerdo con sus habilidades. Muchos son exmilitares, en ocasiones de grupos especiales, con experiencia en temas de seguridad, amantes de las armas y la disciplina militar.
Como ejemplo, según un artículo publicado por Izquierda Revolucionaria durante la guerra de Irak había 122 ex militares chilenos “que sirvieron a las órdenes de Pinochet, los reclutaron a través de un anuncio aparecido en el periódico chileno El Mercurio (12/10/03) en el que se invitaba a exmilitares, preferentemente con experiencia en instrucción de comandos y dominio del inglés, para prestar sus servicios de seguridad en el exterior cobrando 18.000 dólares por seis meses de trabajo, al anuncio respondieron 400 infantes de marina y antiguos “boinas negras” (fuerzas especiales del ejército chileno). Estos mercenarios fueron contratados por una de las principales empresas del sector, Blackwater Security, filial de Halliburton (vinculada al vicepresidente estadounidense Cheney)”.
