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Sala Constitucional avala acción de ANEP para conocer lista de personas y empresas que adeudan impuestos

La Sala Constitucional declara a favor una acción de inconstitucionalidad para conocer los nombres de personas y empresas que le adeudan tributos al fisco. Esta acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La acción nace desde 2019, cuando la ANEP solicitó al Ministerio de Hacienda los nombres de empresas o personas que tuvieran deudas con el fisco. Dicha solicitud fue negada por Hacienda, debido a que, hasta ahora, esa información era confidencial para las organizaciones sindicales y la ciudadanía en general. Todo esto según el Artículo 18 del Código de Procedimientos Tributarios. Por lo que la ANEP procedió a presentar un recurso de amparo y luego la acción de inconstitucionalidad.

La anulación de esta norma se dio por parte de la Sala Constitucional, pues según la ANEP y con base a la jurisprudencia de la propia Sala Constitucional, la información tributaria y de morosidad es de interés público y por lo tanto puede ser objeto de la consulta pública. Por lo que ahora la información debe de ser pública.

Según la ANEP, este fallo abriría a la ciudadanía general la información sobre quiénes son los grandes evasores fiscales y sobre quienes posiblemente defraudan el fisco. Y quienes debilitarían el presupuesto del ministerio de Hacienda y el presupuesto nacional.

Escuela Santa Cruz de Buenos Aires es el nuevo campeón nacional fut 7 masculino B

Por Uriel Rojas

El pasado sábado 21 de junio de 2025, la escuela de Santa Cruz de Buenos Aires se coronó campeón nacional de los Juegos Deportivos Estudiantiles MEP 2025, Masculino B.

Este torneo fue realizado en Boruca de Buenos Aires del 16 al 21 de junio, en donde participaron 12 equipos provenientes de escuelas de todas las regiones del país.

En la primera fase cada equipo disputó tres partidos en su grupo A, B o C.

Hubo dos semifinales, cerrando con el partido por el tercer lugar y la gran final.

Este fue el tercer intento de la escuela Santa Cruz ya que en años anteriores había estado acariciando el ansiado trono de campeón, obteniendo un cuarto lugar en el 2023 y el tercer lugar en el 2024.

Esta institución de educación primaria pertenece a la Dirección Regional Grande del Térraba.

Premio goleo y mejor portero

Pero la Escuela Santa Cruz no solo fue campeón absoluto del torneo, también arrasó con el premio de goleo, mejor portero.

Con solo 13 años, el niño Carlos Iván Calderón Figueroa, en representación de la Escuela Santa Cruz de Buenos Aires, fue declarado goleador de los Juegos Deportivos Estudiantiles MEP 2025, que se desarrollan en Boruca.

El romperedes obtuvo este logro gracias a sus 13 goles que realizó y que a la postre llevó a su equipo a la campeonización.

Carlos Iván es de origen bribri y sus padres son oriundos de Cabagra y Salitre de Buenos Aires.

El goleador estudia en la Escuela de Santa Cruz, la más grande del cantón bonaerense, el cual además brinda lecciones de idioma y cultura bribri a sus alumnos indígenas.

El premio de mejor portero lo obtuvo su compañero Yeikel Abarca Ortiz.

Felicidades a la Escuela Santa Cruz de Buenos Aires: Campeones absolutos de los Juegos Deportivos Estudiantiles MEP 2025 y por supuesto al director general de la institución, MSc. José Lázaro Ortiz, al jefe de delegación Melvin Ferrero Cano y la directora técnica Auria Sequeira Fuentes, así como a su asistente técnico José Francisco Mora Monge.

Delegación costarricense de la Red de Solidaridad con Palestina se encuentra a salvo en Egipto

La Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica difundió un mensaje audiovisual en el que informa que su delegación, participante en actividades internacionales de acompañamiento en la Franja de Gaza, ya se encuentra a salvo en territorio egipcio.

El video, de aproximadamente 23 segundos, fue compartido en redes sociales el 11 de junio de 2025. En él, una persona vocera comunica que las delegaciones internacionales que participaban en la misma misión han sido dispersadas por distintas zonas del país, y que en los próximos días se continuará informando sobre la situación.

En el mensaje también se anuncia que la Red comunicará la situación de las delegaciones, señalando —se indica— la “total complicidad del gobierno egipcio con el Estado sionista de Israel”. El video finaliza con una consigna de apoyo a la causa palestina: “¡Que viva Palestina libre!”

Ver video completo en Facebook:

https://www.facebook.com/share/r/1FPL5bmugo/?mibextid=wwXIfr

Enfrentamos otro quiebre teológico ineludible: hablar de Dios después de Gaza

“Después de Auschwitz, no se puede hablar de Dios como antes” —Dorothee Sölle

Su afirmación, nacida de la herida del Holocausto, marcó un antes y un después en la teología del siglo XX. El exterminio sistemático del pueblo judío no solo fue una tragedia humana, sino un terremoto teológico.

¿Cómo hablar de Dios, del bien, del poder, del silencio, después de semejante horror? También Jürgen Moltmann, Jean Baptist Metz se expresaron en el mismo tono.

Hoy, en mi opinión, enfrentamos otro quiebre teológico ineludible: hablar de Dios después de Gaza.

Después de las bombas sobre civiles, de los hospitales colapsados, de miles de niños y niñas asesinados, ¿qué puede decir la teología sin volverse cómplice?

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, dijo recientemente que “Gaza es el último clavo sobre el ataúd de los derechos humanos”.

Yo me atrevería a decir que es también una herida abierta en el alma de nuestras teologías.

Como creyente, como teólogo, como ser humano, me pregunto:

¿Qué imagen de Dios sostenemos cuando no denunciamos el sufrimiento infligido a inocentes?

¿Qué Evangelio predicamos si no reconocemos el dolor del otro como lugar sagrado?

¿Puede una fe que guarda silencio ante las masacres seguir llamándose cristiana?

¿Es posible una espiritualidad sin memoria ni compasión?

¿Qué significa orar cuando el mundo arde?

¿Hasta dónde puede llegar una teología sin ternura?

¿Cómo resistir teológicamente la tentación de justificar lo injustificable?

Porque hay momentos en los que guardar silencio no es respetar a Dios… es traicionarlo.

#TeologíaDespuésDelHolocausto #TeologíaDespuésDeGaza #DorotheeSölle #FrancescaAlbanese #Shoá #Gaza #TeologíaContextual #TeologíaYJusticia #DiosYElSufrimiento #NoEnNuestroNombre #DerechosHumanos #HaroldSegura

Tomado del espacio en Facebook del autor Harold Segura, compartido con SURCOS por Alberto Rojas.

Fuente: https://www.facebook.com/share/16nXARYsRU/?mibextid=wwXIfr

AyA compromete más de 218 millones en servicios profesionales que podrían asumirse internamente

-¿Contrataciones innecesarias o despilfarro institucional?

En medio de una crisis hídrica nacional, con comunidades enteras enfrentando cortes constantes de agua y una creciente indignación ciudadana por la gestión ineficiente del recurso hídrico, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), parece mantener prioridades cuestionables, comprometiendo recursos públicos en contrataciones externas que, a todas luces, podrían ser asumidas por su robusta estructura interna.

Recientemente, mediante la licitación 2025LD-000016-0021400001, se adjudicó a la empresa BCR Consultores Sociedad Anónima un contrato por ₡32.004.744 para “Servicios profesionales en administración de empresas con énfasis en contaduría pública” con el fin de integrar, como miembro independiente, el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva del AyA.

Esta contratación resulta particularmente alarmante cuando se toma en cuenta que la Presidencia Ejecutiva del Instituto cuenta con una amplia estructura técnica y administrativa con profesionales altamente capacitados en las áreas de contabilidad, auditoría y gestión financiera. ¿Cuál es entonces la justificación real para contratar servicios externos cuando existen capacidades instaladas dentro de la misma institución?

Aún más grave es que esta contratación no es un caso aislado.

Actualmente se encuentra en trámite la contratación 0062025003500003, por un monto estimado de ₡186.078.145,76, para servicios profesionales de revaluación de activos de Propiedad, Planta y Equipo (PPE). Según la justificación oficial, la institución afirma no contar con suficiente capacidad para ejecutar dicha labor debido a “la carga de trabajo actual del área de avalúos”. Este argumento evidencia una alarmante falta de planificación institucional: si se sabe que estos procesos son periódicos y necesarios para mantener actualizados los estados financieros, ¿por qué no se han fortalecido internamente las unidades responsables?

En vez de invertir en la mejora y eficiencia de sus propias direcciones técnicas —algunas de las cuales apenas cuentan con personal suficiente o han sido desprovistas de funciones estratégicas— se opta por desviar millones del presupuesto institucional a consultorías externas, muchas veces sin transparencia suficiente sobre los criterios de contratación y sin una evaluación técnica pública sobre la pertinencia de estos servicios.

Más de 218 millones de colones en contrataciones externas, en dos procesos por separado, son una muestra clara del despilfarro de recursos públicos y la desconexión de la alta administración del AyA con las verdaderas prioridades del país.

Resulta inaceptable que, mientras se le exige a la ciudadanía hacer sacrificios frente a la crisis hídrica y se reportan fallas constantes en el servicio, se comprometan recursos públicos en contrataciones cuya necesidad es, como mínimo, debatible. Es momento de exigir rendición de cuentas a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva, y de abrir un debate nacional sobre el uso eficiente, ético y responsable de los fondos públicos dentro de instituciones estratégicas como el AyA.

San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Tribunal acoge medida cautelar y ordena restablecer abastecimiento de agua potable en comunidades de Oreamuno ante contaminación con clorotalonil

El Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José acogió parcialmente una medida cautelar provisionalísima solicitada por el abogado ambiental Álvaro Sagot Rodríguez y el ecologista Fabián Pacheco Rodríguez, en defensa del derecho humano al agua potable, la salud y la vida de poblaciones afectadas por la contaminación con metabolitos de clorotalonil en el cantón de Oreamuno, Cartago.

La acción legal, presentada contra el Estado costarricense y el Ministerio de Salud, cuestiona la resolución MS-DM-2187-2025, mediante la cual la ministra de Salud autorizó la suspensión de forma unilateral y arbitraria el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo N.º 38924-S), permitiendo niveles más altos de contaminación sin una reforma reglamentaria debidamente oficializada.

En su resolución de este 18 de junio, el Tribunal ordenó al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que restablezcan el abastecimiento de agua potable por medio de camiones cisterna a las comunidades abastecidas por las ASADAS de Santa Rosa, San Pablo y Cipreses, todas ubicadas en Oreamuno de Cartago.

Es importante señalar que estas comunidades no son las únicas que están consumiendo agua con niveles por encima de los límites establecidos en el reglamento. En todos los muestreos realizados por el Estado, las fuentes de agua que abastecen a toda la zona norte de Cartago incumplen la normativa de calidad del agua potable. Ante esta emergencia ambiental, el Ministerio de Salud optó, de forma transitoria, por aplicar valores máximos permisibles más altos para los metabolitos del pesticida clorotalonil, a pesar de su reconocida toxicidad, incumpliendo así el reglamento vigente.

Se acoge parcialmente la medida cautelar bajo la modalidad provisionalísima, considerando el bien jurídico salud y vida, además de la importancia del abastecimiento de agua potable en las comunidades (…) toda vez que se configura el presupuesto de extrema urgencia conforme el artículo 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo”, resolvió la jueza Ana Katarina Apú Hidalgo.

Los demandantes alegaron que la resolución ministerial vulnera principios fundamentales del derecho público y ambiental, como el principio de legalidad, el derecho a un ambiente sano, y especialmente el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, al permitir —sin sustento legal ni procedimiento reglamentario— que se apliquen “valores máximos admisibles ajustados” para los metabolitos del agroquímico clorotalonil.

A su vez, la medida judicial responde a la revocación previa de tres órdenes sanitarias que desde octubre de 2024 obligaban al abastecimiento de agua potable segura en estas comunidades. Según el recurso presentado, levantar tales órdenes sin garantizar agua apta para el consumo humano expone a la población a daños irreparables en su salud y vida.

Los ecologistas solicitaron que, además de la medida provisional, se declare nulo el acto administrativo MS-DM-2187-2025 por ser una conducta abiertamente ilegal e inconstitucional, y se restituya la vigencia plena del Reglamento de Calidad del Agua Potable hasta que exista una reforma debidamente emitida por el Poder Ejecutivo.

La acción legal invoca también el principio in dubio pro aqua, que ordena priorizar siempre la protección de los recursos hídricos en contextos de incertidumbre, así como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo, que respaldan el derecho al agua segura como condición esencial para una vida digna.

“Esta es una victoria parcial, pero urgente. La vida y la salud de cientos de personas no pueden quedar al arbitrio de una interpretación administrativa que relativiza el derecho humano al agua”, señalaron los demandantes.

El acto es absolutamente nulo por violar el principio de inderogabilidad singular del reglamento, al pretender modificar de facto una norma vigente sin pasar por el debido proceso del Poder Ejecutivo. Es un claro abuso de poder y una transgresión de derechos fundamentales”, declaró el abogado ambientalista Álvaro Sagot.

Este caso demuestra cómo se sacrifican los derechos humanos y ambientales bajo argumentos administrativos e irregulares. Lo que está en juego es la vida y salud de cientos de personas que están recibiendo agua contaminada”, sostuvo Fabián Pacheco.

El proceso continuará en sede judicial mientras se analiza el fondo del asunto. Mientras tanto, se espera que las autoridades cumplan de inmediato la orden del Tribunal, garantizando el suministro seguro de agua potable a las comunidades afectadas.

Recurso interpuesto: https://drive.google.com/file/d/1n3m-Mh2Jbwx1ZjypggW8tPWHawiBocoP/view?usp=drive_link

Resolución cautelar: https://drive.google.com/file/d/1czVp16yUUDDQXvu6HnCzhL2K5wnpYf5q/view?usp=drive_link

Video Álvaro Sagot: https://drive.google.com/file/d/1tTRARi2_lr67wtEl4haOfcuFtEJ6e75e/view?usp=drive_link

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

El movimiento “La Caja es nuestra” llama a participar en elección de juntas de salud

El movimiento “La Caja es nuestra” tiene un mensaje importante que desea compartir con los lectores de SURCOS.

La ciudadanía activa y consciente debe estar atenta a procesos de participación en las Juntas de Salud. Con pesar observamos que es un proceso escasamente conocido: las elecciones a nivel nacional de las Juntas de Salud.

Creadas por ley, todas las Áreas de Salud del país tienen su respectiva Junta de Salud con funciones muy importantes para la gestión de los servicios y para la participación de la población asegurada por parte de la CCSS.

Las Juntas de Salud están integradas por 7 miembros: 3 por parte de la población asegurada de la CCSS, 2 del sector patronal y 2 de organizaciones de salud del mismo cantón. Además, cada Junta de Salud cuenta con una persona facilitadora, designada por las autoridades de la CCSS, de la respectiva Área de Salud.

Las elecciones de todas las Juntas de Salud, en todo el país, serán el miércoles 03 de septiembre de este año. Es un proceso formal, bien regulado, que busca transparencia y confianza en la población asegurada.

La CCSS ofrece boletas de los tres segmentos, con las candidaturas de cada uno de los 3 sectores.

El plazo para inscripción de candidaturas para los tres sectores va del jueves 03 de julio al martes 05 de agosto.

Aprovechemos esta valiosa oportunidad de participar y tener influencia en la conformación de las Juntas de Salud, y luego, apoyemos a quienes queden formándolas. Existe la opción de trabajar en Comités Auxiliares de cada Junta de Salud.

Nuestras redes sociales son: Facebook: La Caja es Nuestra

Instagram: LaCajaEsNuestra

TikTok: la.caja.es.nuestra

¡Debemos participar!

Solidaridad con el magisterio y pueblo panameño – Red SEPA

Comunicado

¡No más represión!

¡Por dignidad, soberanía y derechos!

Desde la Red Social para la Educación Pública en las Américas-Red SEPA, alianza que defiende y lucha por la educación pública, intercultural y gratuita, destacamos el compromiso del magisterio y pueblo panameño junto a comunidades indígenas que ha posibilitado sostener un conjunto de movilizaciones, plantones y otras acciones propias del Derecho Humano a la Protesta Social, ante un gobierno que responde a toda demanda popular con la represión, decisiones inconsultas violentando las normativas nacionales e internacionales.

A partir del 23 de abril, 2025, el magisterio nacional convocó a Huelga General, como derecho del pueblo panameño de luchar por la derogación de la Ley 462 que atenta directamente contra el sistema financiero en defensa de la Caja del Seguro Social (Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)); contra la reapertura de la minera de capital canadiense clausurada en el 2023 gracias a la lucha popular que detuvo la vulneración de la soberanía, los embalses y expulsión de las comunidades, triunfo que el gobierno hoy intenta revertir.

Es por ello, que manifestamos nuestro rechazo ante la ola de represión sin precedentes comarcas indígenas y el sector bananero, sufriendo violentas incursiones policiales y detenciones arbitrarias de líderes indígenas en las comunidades de la Comarca Ngäbe-Buglé en Panamá, especialmente en los pueblos Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí y El Prado.

Lo anterior, provocando cientos de víctimas heridas y la muerte de Arcenio Agrego, joven adolescente indígena asesinado por fuerzas policiales del gobierno de Mulino, en El Pueblo Emberá de Arimae, Darién, denunciado por Congreso General de Gunayala, integrante de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip).

A esto se suma, las respuestas de la ministra de educación, Lucy Molinar, dejando sin salario al magisterio en lucha, amenazando con despido masivo a partir del lunes 23 de junio. Ante lo cual, el magisterio nacional convocó el pasado martes 17 de junio, a una marcha nacional el día jueves, para concentrarse en la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen cinco amparos de garantía sobre los secuestros salariales y no han dado respuesta, en un contexto de primer acercamiento con autoridades del gobierno y de la iglesia católica donde esperamos que haya verdadera voluntad política de escuchar al magisterio y pueblo panameño.

Denunciamos que el miércoles 18 de junio, se une una acción más de represión, persecución selectiva y detenciones arbitrarias, contra Felipe Cabezas, abogado y dirigente colonense, incansable defensor del pueblo; contra docentes como maestra Guadalupe Camargo, Directiva de AEVE, Iván Rodríguez, Raúl Gutiérrez, Alexis Guevara y Ricardo Andrade.

Reiteramos nuestro apoyo solidario a la legítima lucha encabezada por la ALIANZA PUEBLO UNIDO POR LA VIDA, en general y a la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP), de la cual forma parte nuestra hermana organización Frente reformista de Educadores de Panamá (FREP), a la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (UNECEP) y al Frente de Acción Magisterial (FAM) donde forma parte la Asociación de Profesores de Panamá (ASOPROF).

Instamos al presidente José Raúl Mulino para abrir un camino de diálogo que conduzca a escuchar y tramitar estas justas reivindicaciones. A su vez, a detener de inmediato la campaña de criminalización contra dirigentes indígenas y sindicales como Saúl Méndez, Genaro López y Jaime Caballero; contra dirigencia estudiantil, como Eduardo García, del grupo estudiantil FER29, expulsado sumariamente de la Universidad de Panamá; incluso, confiscando cuentas bancarias de sindicatos y cierre la cooperativa. Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con la familia del joven adolescente del pueblo Emberá de Arimae, Darién, asesinado por defender las justas causas de este movimiento nacional de lucha.

¡Alto a represión, persecuciones selectivas, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización contra el magisterio, sector obrero, de salud, comarcas indígenas y pueblo en general quienes luchan por justicia, dignidad y soberanía!

¡Respeto a los pueblos indígenas Ngöbe del Oriente Chiricano, Bocas del Toro y Emberá de Arimae!

¡Esta Caja tiene dueño, es del pueblo panameño!

¡No a la minería contra las comarcas y comunidades indígenas!

¡Por una educación de los pueblos y para los pueblos!

¡Sin lucha no hay victoria!

¡Pueblo panameño: firmes 55 días de huelga nacional!

Por la Red Social para la Educación Pública en América:

Steve Stewart
Secretario Técnico
19 de junio de 2025.

Una propuesta financiada. El oro nuestro de Crucitas para la salud de 700 mil ancianos

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Es innecesario recordar que la CCSS sufre de un déficit presupuestario que está teniendo terribles consecuencias, especialmente, para los “Ciudadanos de Oro” que inevitablemente acuden a sus hospitales y clínicas. Las camas y demás espacios del sistema de salud de la Caja, son ocupados en más del 65% por venerables ancianitos. Casi no hay familia que no haya sufrido, por las condiciones en que, por escasez de recursos, los abuelitos y abuelitas han tenido que engrosar listas de espera para un tratamiento médico, y a veces, pasar dos o tres días en condiciones incómodas, impropias, dolorosas, sin poder salir de salas de emergencia, por falta de espacio en salones, también inadecuados, y con grandes limitaciones en el número de médicos, enfermeros, asistentes. Espacios, por cierto, diseñados para pacientes más jóvenes con mayores facilidades de movilidad, como la altura de las camas y las instalaciones de aseo. Muchos hemos sufrido al ver cómo ha habido necesidad de «amarrarlos» de sus camas, ante la insuficiencia de personal que los pudiesen atender las 24 horas. Faltan medicamentos y equipos, y adecuados.

Ancianos que después de haber entregado heroicamente su vida, a los hijos que cuidaron desde el día de su nacimiento, hoy solo Dios los puede proteger, de cualquier hospitalización por enfermedad grave, que los haga pasar por indescriptibles penalidades.

Y es que, por más amor aportado por el personal de salud, no tiene nuestro buen sistema hospitalario de la Caja, respuestas viables para enfrentar los cambios demográficos que aceleradamente han envejecido nuestra población. Cada día son más los «Ciudadanos de Oro», así como las enfermedades inherentes a su edad, a los que les ha llegado el momento de recibir el amor y protección que demandan y merecen.

Hoy no alcanza el dinero y la situación se agravará en pocos años, cuando tal población mayor de 65 años superará, la cifra de 1.000.000, lo que nos hace vislumbrar una situación desesperante, dolorosa, inmerecida, que se profundizará inevitablemente… ¡Si no hacemos lo correcto hoy!  Y lo correcto es buscar cómo enfrentar con medidas concretas, ese angustiante problema nacional. Indudablemente el más importante que hemos de solucionar como proyecto país.

Pero ¿Cómo enfrentarlo si no tenemos recursos?, se estará preguntando usted; pues resulta que sí contamos con recursos financieros suficientes para esa magna tarea. Y los tenemos en un pequeñito espacio de nuestro territorio. En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, donde los costarricenses tenemos un yacimiento de oro que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir unos US$2.500 millones en una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de solo tres toneladas de oro (lejos de las cien o más que se extraen en algunas minas en Latinoamérica), que estuvimos a punto de perder si se hubiera ejecutado una atropellada concesión. Y, muy importante, podemos hacerlo ahora sin necesidad de reformar el Código de Minería, porque al ser el mismo Estado el que haría la explotación, no requiere (sería una insensatez) que se le otorgue una concesión (que están prohibidas) cual, si se tratara de un ente privado, que sí las requiere.

Ante la urgencia, hacemos un llamado para que se vea nuestro oro de crucitas, como una solución complementaria, al déficit financiero de la Caja, la cual, como consecuencia directa, también tendría más recursos para enfrentar las inhumanas listas de espera, y el atribulado régimen de pensiones.

Rogamos pues, para que la idea del sistema hospitalario integral que hemos llamado “Hospital del Oro” sea valorada.  Se trata de que la CCSS diga ¡presente, aquí estamos!, y se disponga a buscar respuestas a las necesidades que le aquejan, no solo en los 1045 EBAIS que, igualmente, ya ven superada su capacidad de atención primaria, sino también en todos los hospitales que, por lo general, no tienen espacios adaptados para acoger, al más importante sector de pacientes. “Ciudadanos de Oro” que aparte de las 140 camas del magnífico Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes, no queda más que atenderlos, bajo condiciones inadecuadas en hospitales diseñados para pacientes más jóvenes, de un amplio rango de edades, donde no encontramos salas especializadas para los abuelitos y abuelitas, que presentan conocidas necesidades especiales, pero que son acogidos en centros de salud, que presentan facilidades materiales que impiden incluso, el pleno cumplimiento de la Ley Nº7600.

Para un proyecto tan urgente y necesario, los expertos en salud que tenemos en Costa Rica harían los planes que mejor consideren adecuados en el marco de la CCSS y el Ministerio de Salud. Quizá, podrían pensar en adecuar los centros de atención primaria y hospitales de toda categoría, para que cuenten con secciones especializadas para esos ciudadanos, mediante ampliaciones, o quizá en la construcción de otros hospitales regionales de geriatría o incluso, en uno central de especialidades médicas, para la atención de enfermedades predominantes en ese venerado sector de población. No se trata de un hospital, sino de un sistema hospitalario, donde también se habrá de considerar modestas facilidades, para familiares que, desde regiones alejadas, han de estar asistiendo a sus abuelitos internados, lejos de sus casas.

Asimismo, no es despreciable el beneficio colateral que obtendría la Caja, al dedicar esa fuente extraordinaria de recursos para atender exclusivamente a las personas de la tercera edad. Las hoy interminables “listas de espera” que como consecuencia de la escasez financiera y de especialistas, provocan desazón en miles de pacientes y sus familiares, también se verían disminuidas conforme más y más ciudadanos mayores vayan siendo atendidos en los espacios diseñados para ellos.  Así, en poco tiempo, alrededor de un 65% de los espacios, equipos, medicamentos, exámenes de laboratorio, consulta externa, cirugías, etcétera, que hoy son compartidos con otros pacientes, se irán liberando, y, por ende, la Caja contará con mucho mejores condiciones para el cumplimiento de su abnegada labor. ¡Todos salimos ganando!

Por lo resumido, estamos convencidos que, el noble pueblo de Costa Rica tiene la formidable oportunidad, de dejar un legado histórico de inmensas repercusiones, para futuras generaciones, como lo fue hace más de seis décadas, el Hospital Nacional de Niños, cuando la situación demográfica era diametralmente opuesta, y, como lo es quizá, el de los tres grandes reformadores sociales de la Costa Rica de los años 40.

Para alcanzar ese logro, estamos urgidos de la decisión política que no puede esperar. Y es que, no existe ningún otro país en donde la riqueza mineral de su subsuelo, perteneciente a toda la comunidad como bien demanial, se dedique a la atención de sus “Ciudadanos de Oro”, de los que más lo necesitan y, más importante, de los que lo merecen. ¿Acaso podría pretenderse un mejor aprovechamiento de la riqueza de ese mineral localizado en Crucitas, antes de que, por azar político, se le asigne otro destino menos beneficioso para Costa Rica?

¡Unamos pues voluntades, para hacer realidad el formidable sistema hospitalario llamado “Hospital del Oro”! que, obviamente, se desarrollaría guardando estricta atención a las particularidades ambientales, que conlleva un proyecto de minería como el que habremos de hacer realidad para los costarricenses. Proyecto indiscutiblemente, urgente, razonable, único, y más importante, posible, si nos lo proponemos. 

Por último, y de gran importancia, ha de anotarse que, desde el instante en que los funcionarios gubernamentales, inicien las primeras acciones conducentes a la ejecución del proyecto, se acabaría el impune robo de nuestro oro y los problemas ambientales que se están dando, en ese yacimiento..

¿Qué tienen los liberales contra la niñez?

Martín Rodríguez Espinoza

Leí con indignación en Semanario Universidad un artículo sobre lo que está ocurriendo con los fondos no ejecutados por el Ministerio de Hacienda, por el ministro de Hacienda Nogui Acosta, para programas esenciales del Ministerio de Educación Pública, MEP, y que es sencillamente, un crimen contra la niñez costarricense.

No se trata de una falla técnica, ni de un simple retraso administrativo, es un acto deliberado de abandono institucional, que golpea directamente a miles de niños y niñas en situación de pobreza y que para muchos el comedor escolar representa, literalmente, su única comida del día.

El hecho de que ₡14.000 millones, aprobados desde el año anterior por la Asamblea Legislativa, sigan sin transferirse, y que más de ₡5.700 millones estén detenidos mientras los comedores escolares enfrentan carencias, es una muestra brutal de la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vive la mayoría del país. Es aún más indignante cuando se recuerda que, incluso durante la pandemia, el Estado mantuvo la entrega de paquetes alimentarios. ¿Cómo es posible que hoy, en una supuesta “normalidad”, se retroceda de esta forma?

Esto no es solo una negligencia. Es una política de desprecio hacia la infancia pobre costarricense. Mientras el gobierno habla de “eficiencia, contención del gasto y reformas estructurales”, hay niños y niñas que van a la escuela con hambre, que no pueden concentrarse, que abandonan sus estudios, que enferman, que pierden su infancia por culpa de un Estado que les da la espalda. Si a eso le agregamos que vivimos 6 años de congelamiento salarial para la clase trabajadora y que los padres de familia se ven “a palitos” para llegar a fin de mes, la situación de las familias costarricenses es brutal.

El hambre infantil no puede esperar a que el gobierno de Rodrigo Chaves y su títere en Hacienda decidan pagar, como no lo hace con la CCSS. La niñez costarricense no puede ser rehén de cálculos fiscales ni de juegos políticos, esta situación exige respuestas inmediatas, porque cada día que pasa sin esos recursos es un día de injusticia, exclusión y maltrato institucional, que con frialdad castiga a la población más vulnerable. El Estado tiene la obligación constitucional, moral, legal y política de protegerla. Lo demás es complicidad.

19 de junio de 2025