La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un análisis que revela fallas estructurales en el sistema de créditos para el desarrollo administrado por 17 entes y órganos públicos, entre ellos Conape, Inder, Infocoop, Fonafifo, Fonade, Fodemipyme, Conarroz, Corbana, Judesur, Fideicomisos N.°955 y fondos especiales del Banco Popular, entre otros.
Este sistema, cuya cartera total supera los ₡908 mil millones y que atiende a cerca de 77 mil personas, fue diseñado para ampliar la inclusión financiera y llevar recursos a sectores tradicionalmente excluidos de la banca. Sin embargo, los hallazgos de la CGR muestran que en la práctica opera como un sistema fragmentado, desigual y con importantes riesgos financieros.
Principales problemas detectados por la CGR
1. Recursos no llegan a quienes más los necesitan
El estudio muestra una profunda desigualdad en la distribución de estos créditos:
El 10% de los beneficiarios con más altos ingresos concentra 19,6% del dinero prestado.
Mientras tanto, el 40% de quienes tienen menores ingresos recibe apenas 21,3% del total.
La propia CGR resume esta contradicción con una “pirámide invertida”: las personas con ingresos bajos reciben proporcionalmente menos recursos que sectores con capacidad de acceder al sistema bancario tradicional.
2. Debilidad en los controles y alto nivel de informalidad
Los datos muestran una ausencia de mecanismos de debida diligencia:
El 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no está inscrito en la CCSS.
El 28,8% no aparece registrado en Hacienda.
Esto compromete la trazabilidad, fomenta la informalidad y genera riesgo de legitimación de capitales.
3. Créditos duplicados y concentración extrema
El sistema carece de una plataforma unificada de información crediticia, lo que favorece prácticas indebidas:
693 personas recibieron dos o más créditos para el mismo fin, sumando ₡183.972 millones.
Solo 10 beneficiarios acumularon 684 operaciones crediticias, por ₡6.434 millones, en un patrón que la CGR califica como una severa distorsión del propósito social del sistema.
4. Morosidad elevada y riesgo financiero
La morosidad general del sistema es del 5,53%, casi el doble del estándar bancario (≈3%).
Pero la situación es mucho más grave en varios entes:
Judesur: morosidad de 56,9%.
Fideicomiso Palma Aceitera N.° 955: 34,66%.
Fonafifo: 16,33%.
Corbana: 15,29%.
Conarroz: 12,77%.
La CGR señala que esta condición se agrava con condonaciones de deuda recurrentes, que afectan la sostenibilidad financiera y distorsionan la verdadera situación del sistema.
Un sistema desarticulado que limita la inclusión financiera
El informe subraya que la estructura actual —un “archipiélago” de 17 entes que operan en silos— impide la eficiencia, genera duplicidad, promueve filtraciones y obstaculiza la llegada del crédito a quienes más lo necesitan: personas de bajos ingresos, mujeres jefas de hogar, agricultores pequeños, emprendedores informales y población adulta mayor.
Incluso se documentan casos de créditos agrícolas otorgados a productores cuya actividad principal registrada no corresponde con el fin del préstamo, lo cual evidencia fallos en la verificación básica de elegibilidad.
Recomendaciones estructurales de la CGR
La Contraloría concluye que el sistema requiere una transformación profunda, basada en tres pilares:
1. Integración
2. Eficiencia
3. Sostenibilidad
Incorporar supervisión financiera no prudencial a cargo de SUGEF.
Regular y limitar las condonaciones de deuda.
Fortalecer la gestión de riesgos y el seguimiento de cartera.
La CGR calcula un costo de oportunidad mínimo de ₡31.949 millones en 2024 derivado de filtraciones, morosidad y condonaciones, recursos que pudieron beneficiar a más de 1.390 personas adicionales.
Descargue el informe completo
SURCOS pone a disposición el documento íntegro publicado por la Contraloría General de la República para quienes deseen profundizar en los hallazgos y recomendaciones:
🔗 Descargar informe completo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Desigualdad-acceso-credito.pdf
