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Etiqueta: áreas protegidas

Volcán de Buenos Aires: hogar de una subcuenca que clama protección en tiempos de crisis climática

Marión Briancesco Arias /  mbriancesco.a@gmail.com

A los 7 años de edad, Maritza Valverde llegó a vivir a Volcán de Buenos Aires. Ahora, a sus 34, rememora las visitas al río después de la escuela, cuando vivía a los 100 metros y sus vecinos la acompañaban.

“Ahora es totalmente diferente, el río no tiene la misma cantidad de agua, y todo ha cambiado tantísimo”, relata Valverde, quien agrega que antes “todo el mundo se conocía” en la comunidad.

Pero los grandes cambios vienen de años atrás, cuenta Marco Ugalde. El vecino de 51 años lleva toda la vida en Volcán, aunque dice que hubo un cambio “drástico” hace 40 años.

“Había muchas fincas ganaderas, pero en el momento en que la compañía llegó a cultivar piña hubo un cambio drástico. Todo mundo vino a vivir aquí y a hacer una vida de trabajo, tener casita y una rutina diaria”, comenta.

En Buenos Aires de Puntarenas la compañía (como usualmente le conocen) transnacional Fresh Del Monte expandió sus operaciones a finales de los años 70, a través de la subsidiaria Pineapple Development Corporation (PINDECO).

En el año 2018 Buenos Aires representó el 85% del área total dedicado a la producción de piña en la Región Brunca (7.056,38 hectáreas), según el Monitoreo del estado de la piña en Costa Rica para el año 2018 publicado en 2020 por el Centro Nacional de Alta Tecnología. En 1998 la cobertura correspondía apenas a 1.225 hectáreas.

El distrito más representativo es Volcán con 2.792,81 hectáreas de cultivo de piña, algunas localizadas a lo largo de la parte media y baja de la subcuenca. La subcuenca Volcán está comprendida en la gran cuenca del Río Grande de Térraba. La conforman los ríos Volcán, Ángel y Cañas, y atraviesa hasta 10 comunidades.

La parte alta de la cuenca es área protegida del Parque Nacional La Amistad, mientras que gran parte de las tierras en la parte media y baja son propiedad de PINDECO para la producción de piña, aunque conforme desciende también hay presencia de caña de azúcar, ganadería y un historial de deforestación.

Contexto geográfico.
En naranja se pueden observar los cultivos de piña en Volcán y zonas aledañas. Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial.

Alfonso Beita vive en una propiedad que colinda con el río Volcán. Cada año Beita y su familia siembran más árboles en la zona, e incluso cedieron parte de su propiedad para un proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación para la recuperación de la cuenca del río Volcán.

Volcán ha sido el hogar de la familia Beita alrededor de tres o cuatro generaciones. Los primeros miembros en migrar hasta la zona provenían de Chiriquí y se dedicaron principalmente a la ganadería.

Ahora Alfonso es quien le ha dado seguimiento a los proyectos de su abuelo, y desde años atrás mantenía el interés (junto a otros miembros de su familia) por conformar una Comisión de Cuenca.

“El sueño era poder hacer la Comisión, y así llegarle a los productores de la parte alta que han deforestado para proponerles reforestar, incluso involucrar estudiantes para sembrar, conseguir fondos para cercar los árboles y darles un seguimiento. Pero es difícil convencer a otros propietarios de que cedan una parte”, comenta Beita. “A mí me da lástima ver y recordar cómo era el río”, reflexiona.

Pero los cambios en la comunidad y particularmente en el río Volcán no se escapan de la vista de los más jóvenes.

Jesse Padilla (25) y Dayana Castro (26) se han criado en Volcán, y aunque salieron del pueblo para estudiar, regresaron y ahora colaboran con la Fundación Iván Noé para la Conservación. Además, ambos coinciden en que han visto cambios en el río los últimos 10 años.

“Años atrás era un río muy limpio y había mucho caudal. La gente se iba a bañar ahí con frecuencia, se tiraban en neumáticos y llevaban comida”, recuerda Padilla. “Pero desde hace 10 años ha cambiado mucho, sobretodo porque en las partes altas se empezó a deforestar para hacer potreros”, agrega.

Castro también destaca los efectos de la deforestación. La joven vecina cuenta que la corta de árboles hacia la orilla de la cuenca ha afectado a la misma, y además han empeorado problemáticas como las inundaciones. “En invierno el río está a la intemperie, las orillas ya no tienen nada que le haga una barrera natural entonces sí se ha salido”, dice.

Pero Castro no es la única en utilizar “a la intemperie” para referirse al estado de la cuenca y la pérdida de barreras naturales. De acuerdo con Ugalde “ese río está como en un desierto. Al ritmo que vamos, si no se hace algo, se podría secar en un verano muy fuerte”.

En octubre de 2020 se realizó una asamblea de representantes para conformar una Comisión de Cuenca para la gobernanza participativa del recurso hídrico. Participaron asociaciones integrales de desarrollo, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales, finqueros/ganaderos, empresas productivas como PINDECO y CoopeAgri, grupos ecologistas, consejos de distrito municipal, grupos de mujeres y jóvenes.

El pasado mes de enero fue juramentada oficialmente la Junta Directiva de la Comisión de Cuenca por el Consejo Municipal de Buenos Aires.

Proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación. Fotografía: Facebook Programa de Reciclaje Volcán.

Las concesiones

A la problemática de la deforestación se le suma la política actual sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, percibida por el sector ecologista, organizaciones comunales y movimientos como Ríos Vivos como una mala gobernanza del recurso hídrico.

En Costa Rica la política vigente de la Dirección de Aguas (DA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permite otorgar concesiones por un 90% del caudal medio anual de una fuente de agua superficial, es decir, personas y empresas pueden pagar un canon para el aprovechamiento del agua de un río.

Pero en tiempos de crisis climática, el llamado del sector ecologista y las comunidades se concentra en exigir una aplicación de metodologías integrales para determinar cuál es la verdadera capacidad de los ríos para otorgar las concesiones asegurando la sostenibilidad.

En 2010 a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte se le otorgó una concesión de aprovechamiento para riego por 425 litros por segundo en el río Volcán. Su vencimiento estaba previsto para enero 2020 pero producto de la pandemia se extendió un año más.

SURCOS consultó a Del Monte acerca de la renovación de la concesión expediente 8618A de 425 litros por segundo, canon, sitio de toma y uso. En la respuesta por escrito la compañía mencionó que presentó la renovación ante la DA para uso agroindustrial.

La compañía también cuenta con otra concesión en el río Volcán de 10.60 litros por segundo y destinada a riego (vence en 2023), una toma en el río Cañas de 514 litros por segundo destinada a riego y 10 litros para agropecuario (vence en 2024), y dos tomas en el río Ángel de 150 y 55 litros para riego (vence en 2023).

El último aforo sistemático realizado en el sitio de toma de la concesión corresponde a mayo de 1988. Lo anterior significa que desde ese año no se ha hecho una nueva medición del caudal en el sitio de toma, por ende no tiene en cuenta los cambios que ha traído consigo la crisis climática.

El término “caudal ambiental” se refiere a la cantidad, periodicidad y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas y el bienestar humano que depende de ellos.

En 2019 miembros del Movimiento Ríos Vivos enviaron una carta a la Dirección de Agua para solicitar la realización de nuevos aforos del río Volcán durante el período seco antes de renovar la concesión, para verificar el impacto que ha tenido en el sitio de toma y en el resto del trayecto del río.

Madeline Kiser y Óscar Beita, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos que firmaron la carta enviada a la DA, vivían y trabajaban en los Estados Unidos hasta hace dos años, pero siempre se mantuvieron involucrados con las luchas ambientales de Volcán.

Kiser llegó a Volcán en 1984 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En ese momento había una problemática de agua en la comunidad e inició un proceso para hacer un acueducto, proyecto que la acercó a los líderes comunitarios del momento.

“Mientras estábamos allá (en los Estados Unidos) teníamos un programa en el cual traíamos estudiantes de la Universidad de Arizona a Longo Mai (en Buenos Aires), para aprender más sobre el Movimiento Ríos Vivos”, cuenta Óscar Beita.

Durante el tiempo que vivieron en el exterior continuaron buscando aliados, enviaron cartas, colaboraron con la Organización para Estudios Tropicales (OTS, por sus siglas en inglés) para traer personas expertas en caudales ambientales y fijar su atención sobre la cuenca del río Volcán.

Ambos creen en la necesidad de aplicar una metodología holística para el cálculo de caudales ambientales, incorporando un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de extraer agua de los ecosistemas. Dicha necesidad también la han expuesto el sector ecologista y movimientos comunitarios.

Recientemente la DA dio a conocer una propuesta de decreto para el cálculo de caudales ambientales. La propuesta generó preocupación entre grupos, organizaciones y personas involucradas en la defensa del recurso hídrico, quienes incluso solicitaron al Minae suspender la aprobación del decreto y formar una mesa de diálogo con la sociedad civil.

Pese a que la DA expone que el decreto toma como referencia la Guía de selección de metodologías para la estimación del caudal ambiental en Costa Rica, elaborada por un equipo interinstitucional y valorada por distintos sectores, el decreto pierde de vista lineamientos de la guía.

“A la hora de pensar en darle una concesión a alguien, nadie considera los usos sociales que tiene un río, nadie considera que la gente va, se divierte y es salud mental, eso no se considera con ese decreto”, apunta Óscar Beita.

De acuerdo con Beita y Kiser, el decreto ve el agua como un recurso destinado al consumo humano y la producción, pero olvida otros usos sociales.

Vecinos y vecinas disfrutan del río en Semana Santa 2021. Fotografía: Jesse Padilla.

Hablar abiertamente de la piña

Pero los cuestionamientos hacia el manejo del recurso hídrico en la zona no son recientes. A finales de los años noventa el movimiento comunitario Frente de Lucha Contra la Contaminación de PINDECO mantuvo inquietudes al respecto y además denunció los efectos ambientales de la expansión piñera.

Pese a que la lucha del Frente cesó en cuanto PINDECO obtuvo la certificación ambiental ISO 14001 (la cual contempla estándares para el manejo de impactos ambientales) las personas en la comunidad continuaron notando cambios importantes como altos niveles de erosión en los suelos, sedimentación del cauce del río y la disminución de su caudal.

En opinión de Kiser, ha sido un largo proceso poder hablar abiertamente de la piña en la comunidad, aún cuarenta años después de la llegada de PINDECO.

“Hasta en reportes científicos, procesos o planes la palabra piña a veces no aparece, o aparece escondida detrás de ganadería y caña”, agrega.

Según dicen vecinos de Volcán, tratar el tema de la piña aún se considera un tabú, debido a que muchas personas en la comunidad trabajan con Del Monte y temen que algún cuestionamiento los lleve a perder su empleo.

En Volcán la principal fuente de trabajo se relaciona con la piña, por lo que algunas personas de la comunidad abogan por modelos económicos alternativos (un tema que vecinos han conversado en el Foro Confluencia Solidaria) aunque de momento las opciones de empleo fuera del esquema de la piña son escasas.

SURCOS también consultó a Del Monte sobre las represalias en el pasado y el silencio tácito en la actualidad, pero la compañía asegura que siempre ha velado por el bienestar de las comunidades donde operan, aunque las comunidades están en desacuerdo.

En los últimos años, Buenos Aires de Puntarenas se ha posicionado entre los cuatro cantones del país con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Matina, Talamanca y Los Chiles.

El acueducto: conquista comunal

En otras zonas piñeras del país se ha alertado sobre la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades, aunque no es el caso de Volcán.

En 1986 PINDECO propuso la instalación de pozos para abastecer a la población con agua potable, aunque hubo dudas entre los vecinos por la inminente contaminación de los pozos con agroquímicos.

La decisión que tomó la comunidad junto a la compañía fue la creación de un acueducto comunal (ASADA) que hasta la actualidad se abastece de cinco nacientes y tomas provisionales en el río Ángel durante el verano.

“De momento donde tenemos las captaciones no se da el problema de la deforestación”, menciona Maritza Valverde, administradora de la ASADA.

De acuerdo con Valverde, actualmente no hay problemas de abastecimiento de agua en la comunidad, pero a largo plazo y si la población continúa creciendo, el acueducto podría requerir de nuevas formas para abastecerse.

A pesar de que gran parte de la población en Volcán tiene acceso a agua potable, los fenómenos atmosféricos potenciados por el cambio climático sí representan un desafío.

En época seca el acueducto hace dos conexiones para tomas provisionales. Conforme avanza la época y el caudal del río baja, hacen una segunda conexión para asegurar que nadie se quede sin agua.

Pero la época lluviosa es la que representa un mayor problema. Las tormentas y fuertes lluvias contaminan las nacientes y el agua se ensucia, entonces en el acueducto toman la decisión de cerrar la tubería y se suspende el servicio por unas horas hasta lograr la captación de agua potable.

“Todo está siendo muy radical. A mí personalmente me preocupa porque el cambio climático cada vez nos afecta más y eso es muy preocupante”, opina Valverde.

Algunos vecinos coinciden en que la amplia cobertura de agua potable en la comunidad ha generado que pocas personas piensen en la importancia de proteger el recurso hídrico.

Sentimientos por el río

Años atrás Alfonso Beita encontró un tractor a la par de su propiedad que colinda con el río. Según cuenta, era un T9 botando árboles para una represa de la compañía.

“Imagínese lo que sentí, era el bosque ribereño que mi abuelo había dejado a la orilla del río. Yo me crié ahí y hasta aprendí a nadar en él, en mí hay un gran sentimiento por ese río”, comenta.

En opinión de Alfonso Beita, la consolidación de la Comisión de Cuenca es un gran avance y un espacio para que todos se unan a salvar el río.

“La idea es que estas áreas no se toquen y queden como amortiguamiento. Se podrían sembrar árboles funcionales que le den una entrada a los productores”, dice.

El agrónomo señala la importancia de presentar alternativas, como organizarse para la siembra de árboles y plantas medicinales que puedan venderse, hacer senderos para atraer turismo e involucrar a los productores. “Tiene que haber un cambio de mentalidad en los productores”, expresa.

Para Jiri Spendlingwimmer, quien participó en la defensa del recurso hídrico en la Comisión de los Ríos Convento y Sonador ante la amenaza de proyectos hidroeléctricos, la creación de la Comisión de Cuenca en Volcán llega a dar la oportunidad de que la comunidad pueda incidir en situaciones que limitan su bienestar.

“El río Volcán es un río que tiene varias concesiones de riego y no fue algo que las comunidades eligieron. Es importante que sean movimientos de base comunitaria porque es la gente que ahí vive, y no debería ser que desde un escritorio un funcionario en San José decida cuanto dedicar para riego, y la gente ni cuenta se da”, dice Spendlingwimmer.

De acuerdo con Dayana Castro, quien forma parte de la Comisión, la aspiración es involucrar a toda la comunidad y educar a las personas acerca de la importancia de proteger la cuenca. En los próximos meses la Comisión avanzará en la formulación de sus objetivos y proyectos.

Todos los vecinos entrevistados tienen una aspiración común: salvar la cuenca. ¿Su consigna? “Estamos a tiempo”, pero reconocen que deben actuar ahora mismo.

Abril 2021. Fotografías: Jesse Padilla.

 

Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.

Para conocer acerca del Foro Confluencia Solidaria puede visitar el sitio web www.confluenciasolidaria.org

Diseño de portada: Joseph Ureña
Fotografías: Jesse Padilla

Piñas en la mira: el monocultivo que se coló dentro de las áreas protegidas de Costa Rica

Por Sebastián Rodríguez

  • Datos satelitales detectaron cultivos de piña en 1659 hectáreas de cuatro áreas protegidas del país. El gobierno otorgó permisos en solo dos de ellas y lo hizo únicamente para 358,5 hectáreas.

  • Algunos expertos piden que, para atacar este problema de invasión, los refugios de vida silvestre afectados sean elevados a parques nacionales, una categoría de protección estricta.

María Fernanda Chaves creció con el sol punzante de la zona norte de Costa Rica, las noches calurosas y el olor a agroquímicos. En la escuela, en la iglesia y hasta en los restaurantes, la sombra de la agroindustria siempre estuvo presente.

La joven de 21 años es oriunda de un pueblo llamado Veracruz de Pital, ubicado en el cantón norteño de San Carlos. Por cualquier entrada al pueblo, una plantación de piña recibe a los visitantes. Aunque no siempre fue así, cuando era niña solía escuchar el rugido de los monos congo (Alouatta palliata) desde su hogar, así como el aullido de los coyotes (Canis latrans) en la distancia. Pero, con el tiempo, estos sonidos se fueron apagando.

En los últimos 20 años, el cultivo comenzó a cambiar el paisaje de la zona, a tal punto que, a unos kilómetros de su hogar de infancia, la piña incluso “ingresó” dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, un importante santuario de humedales.

Maquenque es una de las cuatro áreas protegidas de Costa Rica que albergan cultivo de piña dentro de sus límites, según un análisis que Mongabay Latam pudo hacer con asesoría técnica del programa Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (Moccup). El Moccup es un programa de investigación que monitorea el uso del suelo y es financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para el análisis se usaron datos satelitales del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.

Las otras tres áreas protegidas que presentaron cultivo de piña son el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro. Todas en la zona norte del país.

Algunas plantaciones ingresaron a las áreas protegidas con licencia del Ministerio de Ambiente pues no son zonas de conservación estricta sino que permiten actividades sostenibles dentro de ellas. Sin embargo, la mayoría del área identificada satelitalmente no cuenta con registro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el ente encargado de otorgar permisos de construcción y siembra.

Piña intrusa

De las 1659 hectáreas de piña identificadas en áreas protegidas en 2018 —el dato más reciente—, la Setena solo tenía conocimiento de 358,5 hectáreas en sus registros. Es decir, el 74 % de la piña dentro de áreas protegidas no estaría avalada por la institución.

Esto no necesariamente significa que sea piña ilegal, pero sí significa que esas plantaciones no pasaron por una evaluación de impacto ambiental, según indicó la secretaria de Setena, Cynthia Barzuna. “Hay muchos proyectos de siembra de piña que han venido operando incluso antes de la existencia de la Ley Orgánica del Ambiente (1995), de manera que para su operación no requerían de la viabilidad ambiental”, dijo Barzuna.

En naranja se observan los cultivos de piña en Costa Rica. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Lo cierto es que los humedales que hoy están bajo presión agrícola tienen un importante valor ecológico, ya que son únicos en el país y forman un corredor biológico para especies migratorias, según indicó Lenin Corrales, biólogo e investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).

“Una cosa es que destruyas un humedal y tengas copia de ese humedal en otras partes del país [es decir, otros ecosistemas con características similares]. Pero otra cosa es destruir un humedal que solo existe ahí. Esa es su importancia”, dice el científico experto en cambio de uso del suelo.

La piña ciertamente contribuyó a la degradación del ecosistema, explica Corrales. Este cultivo se disparó en Costa Rica durante los últimos 20 años, tanto que actualmente dos de cada tres piñas vendidas internacionalmente provienen de este país centroamericano. Pero la piña no llegó sola, en comunidades como Veracruz, donde creció María Fernanda Chaves, los días se hicieron más calientes, los coyotes se callaron y el aire comenzó a oler a agroquímicos.

Las imágenes satelitales revelan que el cultivo de esta fruta, para 2018, ya había entrado en cuatro áreas protegidas de Costa Rica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de la mayoría de esas plantaciones. Al comparar la información de los satélites con los registros de Setena, hay 1300 hectáreas “perdidas”. De ellas no hay expedientes abiertos.

Pese a que los satélites detectaron presencia de piña en cuatro áreas protegidas, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de ninguna plantación de piña en las reservas de Barra del Colorado y Caño Negro.

Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

La información satelital se recopila con dos sensores distintos: Landsat de la NASA y Sentinel de la Agencia Espacial Europea. El equipo técnico del Moccup revisa los datos, hace un mapeo anual y luego los publica para su uso libre. Las imágenes más recientes son de 2019, y en ellas se puede apreciar el cultivo de piña dentro de las cuatro áreas protegidas, los científicos aún están en proceso de calcular la cantidad de hectáreas que representan.

Al comparar estos datos con los registros públicos de Setena solo se encontraron tres permisos: los dos primeros dentro del refugio Maquenque, uno aprobado por 146 hectáreas (2014) y otro que figura “bajo análisis”, el tercero de 202 hectáreas está dentro del Corredor Fronterizo (2015).

Las empresas dueñas de estas plantaciones son Oscar Álvarez Rojas, Productos Agropecuarios Visa S.A. y Trinaca de Alajuela S.A., respectivamente. Según pudo constatar Mongabay Latam, las tres recibieron un permiso de viabilidad ambiental para operar dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, las otras 1300 hectáreas no pasaron por este proceso y, por lo tanto, no cuentan con un permiso.

Cuando este medio le consultó a Setena por los propietarios de esas 1300 hectáreas plantadas con piña, la entidad se limitó a indicar que algunas podrían no ser necesariamente ilegales, sino que probablemente existen desde antes de la creación de la institución (1996).

No obstante, las imágenes satelitales del 2015 muestran un área reducida de piña dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y en el refugio Caño Negro ni siquiera había plantaciones dentro de sus límites. El biólogo Lenin Corrales aseguró que esto habla del abandono de Costa Rica a los ecosistemas de manglares, ya que las autoridades de gobierno tienen poco control sobre lo que sucede en las zonas rurales.

Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2015. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Pese a que los ecosistemas de humedal están bajo presión y tienen un importante valor biológico, Caño Negro, Barra del Colorado, Corredor Fronterizo y Maquenque son solo “refugios de vida silvestre”, una categoría de manejo menos estricta que los parques nacionales.

En este tipo de áreas, los dueños de fincas privadas pueden solicitar permisos para “explotación de los recursos naturales” pero con criterios de “estricta sostenibilidad”, según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Hasta hace poco, estos permisos se otorgaban a cualquier cultivo pero, a mediados de 2020, el Ministerio de Ambiente emitió una directriz que ordenó detener los permisos a monocultivos dentro de áreas silvestres protegidas.

Presiones al ecosistema

En noviembre del 2016, el huracán Otto tocó tierra en la zona norte de Costa Rica. El pueblo fronterizo de Los Chiles parecía ser uno de los más vulnerables, pero —por el contrario— los daños al final fueron leves. A sus alrededores, el humedal del refugio Caño Negro estaba hinchado de agua.

Este ecosistema terrestre-acuático es crucial para resistir los impactos del cambio climático, explica el biólogo Lenin Corrales del Catie. “Los humedales son como esponjas: absorben el agua y la liberan lentamente”, dice, e indica que la expansión piñera no solo amenaza a los humedales, sino también a las comunidades cercanas.

Una plantación de monocultivo de piña cerca del Refugio Caño Negro en 2017, con caminos para el paso de maquinaria. Fotografía: Lenin Corrales.

Una plantación de piña requiere del dragado del suelo, comenta el científico. “Donde ves piña es porque antes se secó el humedal y se hicieron canales”.

El drenaje de humedales ha tenido otro efecto inesperado: el incremento de incendios forestales en la zona. Por ejemplo, un informe del Catie encontró un aumento en las hectáreas quemadas en el humedal Caño Negro entre 2007 y 2016.

El suelo alberga una capa de metano y material orgánico bajo tierra, el cual es altamente inflamable. Al drenar este ecosistema, las llamas tocan el gas, el suelo comienza a explotar y se dificulta la entrada de los bomberos forestales.

Pero la siembra de piña trajo también otras complicaciones: la contaminación de fuentes de agua cercanas a áreas protegidas con agroquímicos.

Un estudio del 2017 —elaborado por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)— encontró pesticidas en tres de diez sitios muestreados en el Refugio Caño Negro.

Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Para frenar estos impactos, Corrales asegura que el Estado debe comenzar a “consolidar” las áreas protegidas del norte y elevar su categoría de manejo a una protección más estricta.

“Todas esas áreas protegidas de la zona norte son refugios de vida silvestre. Convive la propiedad privada con la pública. El privado puede hacer con la finca lo que la norma le permite y así comienzan a drenar”, asegura.

Mongabay Latam contactó a la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) pero no respondieron las preguntas enviadas con relación a los cultivos de piña que están dentro de áreas protegidas.

Mercado ‘tico’

En Costa Rica, la exportación de piña genera un lucrativo mercado de 1000 millones de dólares cada año. Pero su explosión fue reciente: en cuestión de dos décadas la actividad creció en un 700 %, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El cultivo existe en el país desde finales de la década de los setenta, pero vino a ser un producto importante para la economía costarricense hacia el año 2001. En ese año, la transnacional Del Monte introdujo una variedad llamada piña Golden o MD-2, la cual tuvo un éxito rotundo en el mercado europeo y estadounidense.

Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Maquenque en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Ante la actividad emergente, el Ministerio de Agricultura de Costa Rica también dio un empujón a las empresas, principalmente con asesoría técnica. Una de las recomendaciones de ese momento fue utilizar el bromacil como herbicida, un químico altamente tóxico. Hoy en día, la Universidad Nacional de Costa Rica, en su Manual de Plaguicidas de Centroamérica, cataloga a este químico con “toxicidad aguda” para humanos. Es más, desde 2017 la importación de este químico está prohibida en el país, pero sigue apareciendo esporádicamente en análisis toxicológicos de la zona norte costarricense.

Las exportaciones comenzaron a fluir hacia Estados Unidos y Europa y, de la misma forma, se fue ampliando el cultivo en el país. En 1995, apenas existían 5500 hectáreas sembradas y hoy el área ya supera las 60 mil hectáreas.

De igual forma creció su importancia económica. Actualmente, la piña es el principal cultivo de Costa Rica, generando un 5 % del PIB nacional y alrededor de 32 mil empleos directos. Con el crecimiento, no obstante, también vinieron efectos colaterales.

Comunidades en conflicto

El suelo en Veracruz de Pital parece una alfombra de pequeñas coronas verdes. Luego de un tiempo, parece “como un desierto verde”, dice María Fernanda Chaves, una activista que vivió en este pueblo durante 17 años. Según dice, aquí no es nuevo que la piña ingrese en áreas protegidas, “ya se sabe que no se respetan los límites naturales. Tampoco se respetaron los límites para proteger quebradas y ríos”, asegura.

Sin embargo, este no es un tema que se discuta frecuentemente en la región. Según dice Chaves, la piña cambió el paisaje pero también a las personas, quienes tienen temor de alzar la voz por temor a represalias por parte de las empresas.

Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.

A kilómetros de distancia, en el pueblo caribeño de Guácimo, la exalcaldesa de esta municipalidad, Erlinda Quesada, también comenzó a notar cierto temor entre las comunidades piñeras, quienes preferían no hablar pese a que, por ejemplo, sufrían impactos en sus fuentes de agua.

“La gente está consciente. Pero si usted dice muchas cosas y vive en un sector en donde el único empleo que hay es la piña, nunca más le vuelven a dar trabajo ni a usted ni a sus parientes”, asegura Quesada.

A pesar de esta política tácita de silencio, existen algunas denuncias. En 2013, los vecinos de Guácimo denunciaron a la piñera Tico Verde S.A. por sembrar este cultivo dentro de los límites del Área de Conservación Tortuguero. La actividad terminó contaminando con agroquímicos algunas fuentes de agua de la reserva y de comunidades aledañas. Aun así, los jueces solo le ordenaron a la piñera la remoción de las hectáreas sembradas. Quesada asegura que debido a las sanciones débiles y al temor por quedarse sin empleo, las denuncias al final son escasas.

En Veracruz de Pital, un grupo de vecinos trató de denunciar la destrucción de una naciente de agua como consecuencia de la actividad piñera entre 2011 y 2012. Sin embargo, María fernanda Chaves recuerda que la acción no prosperó, principalmente porque la gente temía represalias.

Mongabay Latam también quiso preguntarle a la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) por estos reclamos, pero no obtuvo respuesta.

Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las puestas del sol se hicieron diferentes en Veracruz y Guácimo. Ahora, las noches son más calientes y los coyotes ya no se escuchan durante la noche. El cultivo que enamoró a Costa Rica los silenció.

*El autor de este reportaje participó en el Speed Pitching del NoForo organizado por Factual/Distintas Latitudes, un espacio para conectar historias con medios de toda la región.

 

Imagen principal: Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Foto: Lenin Corrales.

Fuente: https://es.mongabay.com/

El ambientalismo del gobierno profundiza las crisis

COECOCeiba – Amigos de la Tierra CR

Este es un primer artículo de tres que analiza la actual coyuntura. En este primer artículo, daremos nuestra visión de qué tipo de gestión ambiental plantea el actual gobierno. En un segundo artículo, analizaremos algunas de las propuestas y políticas que el gobierno ha seguido o puesto en práctica. Finalmente, el tercer artículo hablará de soluciones reales a las crisis.

Costa Rica está viviendo una crisis profunda en la actualidad. El COVID 19 aceleró condiciones para que esa crisis se manifieste con la gravedad con que hoy la vivimos: una cuarta parte del país en condiciones de pobreza, las tasas de desempleo más altas de las últimas décadas, la situación fiscal, una violencia estructural cada vez más fuerte, son solo ejemplos que muestran que es necesario un cambio de sistema.

Lo ambiental no es ajeno a esta crisis: invasión de monocultivos en áreas protegidas, debilitamiento de la legislación y políticas ambientales, grave erosión y retroceso de espacios de participación ciudadana, criminalización de quienes defienden el ambiente, grave retroceso en derechos (de Pueblos Indígenas, de comunidades locales, del público en general) y el aumento de recetas que son presentadas como soluciones a las crisis, pero más bien profundizan sus causas. El cambio de sistema es más que necesario, de lo contrario la realidad que nos tocará enfrentar será más dura de la que estamos empezando a vivir hoy.

El COVID 19 a su vez, ha permitido que distintos actores, se refieran a dos realidades: la vieja que ha creado pobreza, grandes desigualdades, una enorme inequidad y un gran deterioro y destrucción ambiental. Y una nueva, que a todas luces debe ser distinta. Eso sí, en Costa Rica no se ha promovido un debate con amplia participación de todos los sectores, con relación a cuál debe ser esa nueva realidad.

El presidente Carlos Alvarado ha dicho que hay que “incorporar la protección de la naturaleza como centro de las decisiones comerciales y financieras para enfrentar la crisis que ha generado en el mundo el COVID-19 (…) En ese contexto, sostiene que la pandemia es una oportunidad para cambiar la forma en que comemos, vivimos, crecemos, construimos y potenciamos nuestras vidas para lograr una economía sana y resiliente, baja en emisiones de carbono y «positiva para la naturaleza» y detener así la crisis que se generará por la pérdida de biodiversidad para el año 2030.” (1)

La intención puede parecernos positiva: si el sistema de desarrollo dominante ha destruido la naturaleza y ha provocado la enorme crisis que vivimos, nada es más necesario que adoptar enfoques distintos que superen ese modelo y nos lleve a construir mejores condiciones de vida dejando de lado la destrucción y deterioro de la naturaleza. Es necesario un cambio de sistema. Sin embargo, debemos preguntarnos ¿será esa nueva realidad distinta a la vieja realidad?, ¿en qué lo será?, es cierto que hay que proteger la naturaleza, pero ¿para qué?, ¿quién lo hará y cómo tomará las decisiones?, ¿estaremos frente a un cambio de sistema promovido desde el gobierno?

Las declaraciones citadas líneas arriba del Presidente Alvarado nos da pistas de hacia donde él, su gobierno y sus socios nacionales e internacionales se dirigen. El Presidente Alvarado, dijo lo que señalamos líneas arriba en su condición de co-presidente de la comunidad Champions for Nature. Lo dijo además, durante la conferencia virtual del Foro Económico Mundial (que lanzó en esa misma reunión, el Nuevo Informe de Economía, el cual plantea Soluciones Basadas en la Naturaleza como motor de reactivación económica en el mundo) (2).

Para entender el carácter de esa intervención es importante recordar que el Foro Económico Mundial es lo que se conoce como el Foro de Davos. Este, es una reunión anual que se celebra en Suiza donde asisten las más grandes corporaciones, algunos presidentes y otros actores afines. Este Foro inició como reacción al Foro Social Mundial que se organizaba en Porto Alegre, Brasil como un encuentro anual de movimientos sociales a nivel global que se reunían para compartir, discutir y construir propuestas comunes en distintos niveles. Además, el Presidente Alvarado dio ese discurso no como un invitado más de ese foro corporativo, sino como presidente de Champions for Nature (3), una instancia del mismo Foro Económico Mundial donde Alvarado está en su presidencia (junto al presidente de Unilever y la subsecretaria del Programa Ambiental de Naciones Unidas). Es decir, Alvarado le estaba hablando a los de su casa que son quienes tienen una enorme responsabilidad en la creación de las causas que provocan la crisis que actualmente estamos viviendo.

Durante toda esta crisis, hemos visto cómo actúan los distintos actores. Las grandes corporaciones transnacionales -las mismas que van todos los años a la reunión del Foro Económico Mundial o Foro de Davos- siguen adueñándose de enormes cantidades de territorio para expandir el monocultivo, no han modificado en nada su forma de producción y más bien, utilizan falsas soluciones y promesas para expandir sus negocios (4). En Costa Rica hemos visto que el agronegocio sigue funcionando igual: en el monocultivo de piña, por ejemplo, en toda su cadena de producción, no solo se violentan derechos laborales, sino que se han convertido en foco de diseminación del COVID 19. Fomentan también la contaminación de acuíferos, invaden áreas de protección, fomentan el uso intensivo de plaguicidas, entre otros. Las amenazas al ambiente van más allá, se busca abrir legislación para volver a actividades altamente contaminantes como la minería de oro, la pesca de arrastre, la exploración y explotación petrolera mientras otra es debilitada. Y desde el gobierno, se continúa con la promoción de medidas y políticas neoliberales que impactan negativamente al país. Por lo tanto, esperar que las palabras del Presidente Alvarado, que inicialmente pueden sonar bien, conlleven un cambio de sistema o al menos, un inicio para construir cambios estructurales, es una ilusión irreal. Es claro que los discursos que desde el gobierno costarricense dicen que es necesaria una nueva realidad, lo que vienen a hacer es profundizar aún más el modelo de desarrollo vigente. Así, la crisis ambiental, se convierte en una oportunidad para que políticas oficiales, brinden mayores oportunidades y beneficios a quienes han venido destruyendo el ambiente.

[1]El País, 15 de julio del 2020: http://www.elpais.cr/2020/07/15/costa-rica-propone-incluir-a-la-naturaleza-como-eje-de-decisiones-economicas-frente-a-la-pandemia/

[2]En el segundo artículo de esta serie, analizaremos las soluciones basadas en la naturaleza.

[3]https://www.weforum.org/communities/champions-for-nature

[4]En el segundo artículo de esta serie, nos referiremos a las mismas.

Magistrados estudian nueva acción de inconstitucionalidad contra PAACUME

-Destrucción de Reserva Lomas Barbudal debe de ser declarada inconstitucional
-Proyecto endeudaría a Costa Rica con ¢3.000 millones en un contexto de crisis económica para beneficiar evasores fiscales y empresas contaminantes

(FECON, 23/07/2020). La Sala Constitucional debe de estudiar una nueva acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) con el apoyo del despacho del diputado José María Villalta, la asesora legal Sofia Barquero y el exdiputado y abogado Edgargo Araya.

El área protegida que se destruiría con este megaproyecto es conocida por su importancia en la conservación de polinizadores, además contiene especies de aves y árboles en peligro de extinción en un ecosistema cada vez más amenazado como es el bosque seco tropical.

El proyecto de modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas Barbudal ha sido vendido con el falso lema de “Agua para Guanacaste”, pero en la práctica representa la construcción de un gran embalse que servirá de riego para grandes monocultivos de empresas trasnacionales como meloneras, cañeras, arroceras y piñeras. Inclusive informes de SENARA dejan entrever que no existe evidencia de que los beneficiarios de este megraproyecto sean pequeños o medianos productores. Pero si se sabe que está diseñado para grandes empresas agroindustriales y para hoteles que regarían con esa agua las canchas de golf y jardines.

PAACUME no cuenta con estudios de costo-beneficio y se prevé que no será rentable para el Estado y necesita endeudar al país en al menos ¢3000 millones. Esta ley que en realidad es una licencia para la destrucción ambiental, pero también es un asalto al bolsillo de cada costarricense a favor de empresas acusadas de defraudación fiscal. PAACUME beneficiaria a empresa contaminantes y beneficiarias de la amnistía fiscal como la transaccional, FIFCO, CATSA, Del Monte, y hoteles que han destruido playas y manglares en las costas relacionadas al Proyecto Papagayo y al ministro André Garnier.

Además, existe criterio del AYA que señala que no tiene proyectada la construcción de una planta potabilizadora de agua dentro del PAACUME.

Por lo que se devela una mentira más sobre el proyecto que destruiría el ecosistema único de Lomas Barbudal y tampoco aliviaría la sed de comunidades aledañas.

Se ha evidenciado además que los límites propuestos por la Asamblea Legislativa tienen errores importantes. Así lo señala el informe del Registro Nacional de la Propiedad que señala conflictos con los puntos de referencia de la modificación de los linderos propuestos para la compensación del área destruida.

Por otro lado, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica realizó un análisis sobre la estrategia de compensación por la pérdida de biodiversidad que sufrirá el ecosistema y concluyó que las fincas propuestas para la compensación no cumplen con criterios aceptables. Debido a que su mayoría son fincas ganaderas desprovistas de bosques.

Es importante mencionar que esta nueva acción de inconstitucionalidad bajo el Expediente 19-017939-0007-CO, interpuesta por FECON, es independiente del proceso interpuesto por los finqueros afectados y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia analizaron y comunicaron la resolución el día de ayer.

Por lo tanto, la destrucción de la Reserva Biológica Lomas Barbudal está lejos de estar libre de cuestionamientos legales y tiene que pasar nuevamente otro proceso de revisión con nuevos argumentos técnicos en su contra.

Ley permitiría la tala y el cambio de uso de suelo dentro del área protegida

  • Crímenes ambientales de piñeras dentro de Área Silvestre Protegida quedaran impunes.

  • Proyecto de ley podría expandir piñeras en la Frontera Norte

FECON, 21/11/2018. Es posible la destrucción de buena parte un Área Silvestre Protegida que en este momento sufre la presión de la expansión Piñera. Se sabe que en 2016 el Refugio de Vida Silvestre Fronterizo Norte fue impactado por unas 300 hectáreas de monocultivo de piña dentro del área del refugio, en la actualidad se reportan nuevos cultivos de piña ilegales y un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa dejarían impune estos delitos ambientales.

Al mismo tiempo que se tala el bosque, esta semana se tramita de forma acelerada el proyecto “Ley Para Establecer Un Régimen Jurídico Especial Para El Refugio Nacional De Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte”, Expediente Nº 20.493. Texto que tienen como centro permitir actividades humanas dentro del refugio mediante un “plan de manejo” para administrar la Franja Fronteriza Norte. Pero esto tiene un trasfondo que huele feo.

El informe de Servicios Técnicos mantiene criterios jurídicos que indican que el proyecto de ley afecta los principios constitucionales ambientales. Claramente es existen numerosos portillos para que empresas que históricamente han talado el bosque, por ejemplo las empresas piñeras, sean las beneficiarias de esta ley.

Lo anterior se entiende cuando se lee el articulo 20 donde determina eliminar el tope del área máxima de trescientas hectáreas y en su lugar será determinado de acuerdo a la zonificación que se establece en el plan de manejo. Según el Departamento de Servicios Técnicos: “esto es aún más preocupante al liberar las concesiones del límite máximo de hectáreas, permitiendo que si los terrenos ya fueron talados y ahora se encuentran de charral o cultivos agrarios pueda concesionarse el número de hectáreas que el SINAC determine en base a la zonificación establecida en el plan de manejo, justificando los cambios de uso que se dieron contrario a lo indicado en normativa ambiental en terrenos de patrimonio natural del Estado.”

Ente otros de los señalamientos a este proyecto es que en su Artículo 22 autoriza la extracción de madera caída o cortada en patrimonio natural del Estado. Permitir esa labor sería abrir el espacio para futuras extracciones de madera e iría contra el principio de no regresión ambiental. En ese mismo orden permitir la apertura a remates de madera dentro del Patrimonio Natural del Estado. Por lo tanto, sería abrirle la brecha comercial a los recursos naturales y socavar su biodiversidad dentro de esas áreas protegidas. Esto es contrario a los principios para lo que fueron creadas las Áreas Silvestres Protegidas ya que en la práctica significa la reducción de esas áreas protegidas sin cumplir con lo indicado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente.

Se conoce gracias al Sistema Nacional de Información Territorial (www.snitcr.go.cr/Visor) que existe en total unas 1.112 hectáreas dentro de Barra del Colorado, Franja Fronteriza y el Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque invadidas de piña y que el cambio de uso de suelo de estas fincas posiblemente se realizara de forma irregular.

Entre otros de los señalamientos que tiene esta propuesta de ley es que abre portillos para la privatización del Patrimonio Natural del Estado ya que empresas con personería jurídica podrían ser parte de las concesionarias por años indeterminados en el proyecto de ley dentro del Refugio. Lo cual traería dinámicas económicas basadas en estas concesiones que incluso se podrían traspasar de manos por medio de la venta del total de las acciones de la empresa adjudicataria.

Nuevamente las Áreas Silvestres Protegidas están amenazadas en su conjunto. Esta proyecto de ley bajo el Expediente Nº 20.493 es un nuevo experimento por privatizar un bien demanial propiedad de todas las personas que construimos la sociedad costarricense y que en este momento se encuentra en la mira de las empresas destructoras y contaminantes.

Henry Picado Cerdas

Presidente de la Federación Para la Conservación de la Naturaleza

Tel: 8760 9800

 

Enviado por FECON.

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Comunidad de Puerto Viejo de Talamanca participó en conversatorio sobre derecho ambiental

  • Actividad fue coordinada por el Área de Transparencia adscrita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

 

Mónica Álvarez Pérez

Comunicadora. Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

Comunidad de Puerto Viejo de Talamanca participo en conversatorio sobre derecho ambiental4

7 de junio del 2018. Ciudadanos de la comunidad de Puerto Viejo de Talamanca y sus alrededores participaron el pasado 05 de junio en el conversatorio sobre Derecho Ambiental, en el que José Pablo González, fiscal adjunto Agrario Ambiental, participó como expositor y aclaró las dudas del público.

El fiscal González inició la actividad resaltando las características del derecho ambiental y los conceptos en torno a los delitos más frecuentes en esta temática.

Posteriormente, se dio espacio a temas como leyes, sanciones, áreas protegidas, la intervención de instituciones afines a la protección ambiental, reciclaje, moratorias y daños al medio ambiente; momento en que los presentes aprovecharon para hacer sus aportes, denunciar y solicitar apoyo al Ministerio Público en relación al eje temático expuesto.

Entre los temas abordados, se enfatizó en la preocupación por permisos de construcción que ha otorgado la Municipalidad de Talamanca dentro de las zonas marítimo terrestre durante la moratoria, pues es prohibido construir en zona pública, esteros y humedales.

En Costa Rica no se puede alegar ignorancia de la Ley, denunciemos, aunque hayan construido, cortado árboles. La naturaleza tiene capacidad impresionante para regenerarse y no se puede permitir que la ignorancia y la avaricia prevalezcan. Nuestra lucha no es por nosotros, es por sus hijos y los hijos de ellos”, manifestó González.

Durante el conversatorio, la comunidad también tuvo la oportunidad de conocer al nuevo personal que asumió funciones el pasado mes de mayo en la fiscalía de Bribri, entre quienes se encuentran Marlon Poyser, fiscal coordinador,  y el fiscal auxiliar de Enlace Agrario Ambiental, Guillermo Cordero; ellos mostraron su anuencia y compromiso con la ciudadanía.

Este espacio comunitario fue coordinado por el Área de Transparencia de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se celebró en la Casa de la Cultura Liberty Hall de Puerto Viejo.

 

Área de Transparencia

Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

Ministerio Público de Costa Rica

Tel: 2295-44-29

Email: malvarez@poder-judicial.go.cr

 

Rendición de cuentas, un ejercicio de transparencia.

 

Enviado por María Elena Fournier.

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Sala Cuarta ordena «Plan de control y protección de las áreas protegidas»

Un extenso y fundamentado recurso de amparo (Exp: 16-010216-0007-CO) fue declarado “parcialmente con lugar” sentando un importante precedente en que cual obliga al MINAE y al Ministerio de Hacienda “que coordinen lo pertinente a fin de que se evalúe la situación actual de las áreas de conservación y se tomen las medidas necesarias para proteger el ambiente, de tal forma que se atiendan de manera efectiva y razonable las áreas silvestres protegidas del país. Para lo anterior deberán elaborar y ejecutar, en el plazo de SESENTA MESES, un plan de control y protección de las áreas silvestres protegidas que garantice su vigilancia efectiva a fin de prevenir y atender daños ambientales; para lo cual deberá asegurarse la existencia de los recursos necesarios para su cumplimiento”.

En la parte de “Conclusión en cuanto a la situación de las áreas silvestres protegidas”, la Sala indica claramente que: “Se concluye que existen suficientes elementos para tener por probado en esta vía, que las áreas silvestres protegidas requieren una intervención por parte de las autoridades competentes. […] Por lo anterior, se debe declarar con lugar [el recurso de amparo], toda vez que el Estado no ha sido capaz de brindar una protección efectiva a las áreas de conservación en el país”.

Asimismo en la resolución (Nº 2017014907) se ordena a la Contralora General de la República “girar las órdenes que estime pertinentes para que se actualice el estado de cumplimiento del informe (Nº DFOE-AE-IF-16-2014 y, de acuerdo con los medios que le otorga el ordenamiento jurídico, requiera al SINAC la efectiva atención a las recomendaciones brindadas”.

El Informe de la Contraloría General de la República (Nº DFOE-AE-IF-16-2014) determinó que 86 de las 128 áreas silvestres protegidas analizadas (el total existente de áreas es 171), cuentan con al menos una persona responsable por la gestión. En 48 áreas silvestre protegidas no se cuenta con recursos materiales para cumplir con acciones de control y protección.

La Sala ordena actualizar este alarmante informe de Contraloría pues el 32,8% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y deben considerarse como “parques de papel” por qué han sido declarados por ley o decreto, pero no cuentan con protección alguna y mucho menos con administración. Por ejemplo, el Parque Internacional La Amistad que cuenta con casi 200 mil hectáreas, y está totalmente desprotegido. El 96% de su superficie ocupa la vertiente del Caribe y cuenta con 1 guardaparques.

Otro punto importante que sentenció la Sala e incidirá en mejorar las condiciones de los guardaparques y visitantes, es sobre el agua potable en las áreas protegidas pues se ordena al SINAC “realizar un estudio sobre la necesidad de abastecimiento de agua potable en las áreas de conservación (…) a efectos de que se evalúe si las personas que se encuentran o visitan esas áreas de conservación requieren o no el servicio de agua potable, y si resulta procedente, gestione ante las autoridades competentes lo necesario a fin de que se determine si desde el punto de vista técnico y material es posible proveer el servicio”.

El recurso fue interpuesto por organizaciones como FECON, SITRAMINAE y destacados conservacionistas como Mario Boza, Eduardo Carrillo, Guiselle Monge, entre otros. Según los accionantes se están violentando derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua potable, a una vivienda digna, entre otros.

Según la exposición de motivos de los accionantes “las áreas protegidas promueven y se han constituido en la meca del ecoturismo, el cual le genera al país ingresos anuales por unos US$ 1.700 millones. Pero nuestro sistema de áreas protegidas afronta una verdadera crisis de protección y de desarrollo”.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

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El asedio y asalto a los Parques Nacionales

Mauricio Álvarez Mora (*)

 

Día de Los Parques Nacionales. Un año más para celebrar y estar orgullosos de nuestro patrimonio natural como herencia a futuras generaciones. Pero las últimas celebraciones se han convertido en interminables listas de amenazas y hechos que evidencian que el sistema de conservación atraviesa una grave crisis que dejó de ser pasajera para verse más concreta y profunda.

Este año denunciamos una gran lista de despropósitos que se promueven y avanzan contra la fuerza de ese legado histórico de construir una verdadera paz con la naturaleza, por lo menos en estos espacios, para contener la guerra que denunciamos cotidianamente fuera de estos sitios.

Un hecho importante que contar es que gracias a las diversas gestiones realizadas por guarda parques, SITRAMINAE y organizaciones ambientales, fue indultado el guarda parques Mauricio Steller (FECON, 1-9-2015).

En el tercer informe presidencial de mayo pasado se destacó como logro ambiental un préstamo para infraestructura en el Parque Nacional Corcovado, el cual fue negociado y aprobado en administraciones anteriores. A dos días de inauguradas las instalaciones millonarias, un grupo de aproximadamente 250 oreros ilegales invadió parte del Parque dejando en evidencia que aunque “la infraestructura se vista de seda el Parque desprotegido se queda” pues hacen faltan plazas de guardaparques y durante este año tampoco se resolvieron las múltiples demandas y necesidades de este sector (FECON, 21-2-2017).

Lo más grave es que los préstamos para las áreas protegidas están en función de crear condiciones para su explotación turística, mientras el gobierno promueve una serie de proyectos, acciones y leyes que debilitan y destruyen las áreas protegidas y Patrimonio Natural (FECON, 24-8-2016).

Entre las principales acciones y proyectos impulsados en el último año están:

  1. El proyecto N º 19.899 que Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), presentaron para reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060). El proyecto está en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde pretenden darle la autorización al Estado de construcción de nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegidas, incluyendo Parques Nacionales (FECON, 10-8-2016).
  2. La ley 9373 de moratoria en zonas especiales. Una ley que pospone todos los desalojos en zonas públicas y zonas de protección marítimo- terrestres, desprotegiendo el patrimonio natural del Estado (FECON, 15-7-2016). La ley fue impugnada por ecologistas mediante una acción de inconstitucionalidad, y se pretende corregir ésta regresión ambiental (FECON, 12-10-2016).
  3. Diputados de gobierno siguen promoviendo la geotermia en Parques Nacionales, contradiciendo el mismo mandato de Solís que declaró que estos proyectos no serían aprobados en su administración (FECON, 29-6-2016 y FECON 4-12-2014). También la Subcomisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, archivó por unanimidad la propuesta de “Ley para la Explotación del Recurso Geotérmico” expediente no. 19.339. El dictamen asegura que “adolece del cumplimiento de los estudios técnicos y ambientales que el ordenamiento jurídico exige para que pueda aprobarse (…) lo que podría derivar en un eventual problema de constitucionalidad” (FECON, 5-7-2017).
  4. En Guanacaste el gobierno presentó en el Día de la Anexión un proyecto para cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, la cual es parte de un sitio de importancia RAMSAR, para hacer el embalse Río Piedras. Se trata de una iniciativa para llevar agua a los ismos de siempre, para seguir despilfarrándola y haciendo agricultura extensiva e ineficiente (FECON, 6-9-2016).
  5. En este año los guardaparques de la Isla del Coco hicieron el mayor decomiso de tiburones dentro del área protegida: 93 tiburones muertos de diferentes especies. Tan solo rescataron tres vivos entre las líneas de pesca. El Viceministro de Aguas y Mares que defendió anteriormente la matanza de tiburones para la exportación en el Parque Nacional Isla del Coco, intentó desmentir que hay pesca ilegal en la isla, afirmando que se “trataba de una percepción errónea de los guardaparques”, cuando son ellos quienes denuncian cotidianamente y con evidencia contundente (FECON,24-3-2017).
  6. El gobierno logró trasladar la representatividad nacional en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES- al Ministerio de Agricultura y Ganadería, bajo el miope interés de legitimar la exportación de 8 toneladas de aletas de tiburón al mercado asiático que el sector pesquero nacional ha acumulado desde que se prohibió su exportación en 2015.En el proceso, incluso, se ha desmantelado un órgano científico-técnico como el CRAC – CITES para transformarlo en un órgano consultivo donde impera el criterio de quienes se enriquecen destruyendo nuestra fauna silvestre marina. (FECON, 24-3-2017).
  7. A pesar de la pomposa presentación de una “Política Nacional de Humedales” hemos denunciado después de su presentación el estado de diferentes humedales designados Sitios Ramsar como la Laguna de Sierpe (FECON, 13.3-2017FECON, 13.3-2017), la situación del Humedal Terraba-Sierpe amenazado por la expansión piñera (FECON,21-4-2017).También recientemente se denunció la destrucción del Humedal Caño Negro (Semanario Universidad,3-4-2017).
  8. Para agudizar la contradicción con la Política de Humedales se firmó un decreto Nº 39838. Ya los humedales de Costa Rica no cuentan con toda la protección ambiental pues con una declaración de conveniencia nacional se da luz verde para intervenir zonas para la reparación, construcción y ampliación de infraestructura. El decreto fue impugnado por ambientalistas por acción de inconstitucionalidad en Sala IV (FECON, 06-3-2017).

Más que ejemplos puntuales ya vemos una clara tendencia para asaltar el Sistema de Áreas Protegidas en Costa Rica. La clara intención de ir minando y desmantelando con leyes, decretos y acciones lo que ha costado tres generaciones de ahorro en “recursos” naturales en este país. Esfuerzos que nos ha dado el prestigio ambiental mundial, que hoy empieza a estar en entredicho, por contradicciones que no se sostienen en el tiempo. También es meritorio reconocer que muchos de estos intentos están siendo combatidos en las vías de derecho y hecho por comunidades, guarda parques, académicos y el sector ecologista. La crisis es real y no se puede ignorar más.

(*) Presidente FECON y profesor en Kioscos Socio ambientales UCR

 

El asedio y asalto a los Parques Nacionales

Enviado por FECON.

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Organizaciones ecologistas apoyan protección del Jaguar en Tortuguero

  • El día de los Parques Nacionales (24 de agosto) organizaciones ecologistas y comunitarias se manifestaron en defensa de las decisiones que protegen nuestras Áreas Protegidas y critican el abuso del turismo sobre estos sitios que son primordialmente para conservación de los ecosistemas

 

En los días recientes las organizaciones firmantes y en general hemos sido testigo de las buenas actuaciones de Área de Conservación Tortuguero (ACTO) que apegados a la ciencia y la conservación que es el objetivo principal de nuestras áreas protegidas ha establecido una medida para proteger el habitad del jaguar (Panthera onca) en el sitio conocido como el sector de “Jalova” que es parte Sur del Parque Nacional Tortuguero.

También vemos con asombro la intensión de un reducido pero poderoso grupo turístico en la zona de Tortuguero que quiere lucrar con el “turismo de jaguares” llegando a cuestionar sin bases suficientes las decisiones técnico-científicas de conservación del área y de comité científico que avala dicha medida. Ellos venden costos tour y quieren manipular con algunas migajas a la opinión pública para seguir con un su lucrativo negocio.

Con una campaña de todo tipo de descalificaciones, amparados en publirreportajes y criterios técnicos particulares han tratado de defender su afán de lucro tratando de achacar al área la construcción de una planta de tratamiento que a todas luces no está dentro de sus potestades y deberes que le competen al gobierno central y a la Municipalidad de Pococí que desaprovecho un millonario préstamo en ese sentido.

Los abajo firmantes además alertamos que hay parques nacionales que deberían tomar como ejemplo el esfuerzo de ACTO para crear comités científicos fuertes, planes de manejo con criterios robustos frente a los intereses de explotación comercial desmedida y otras amenazas que enfrentan las áreas protegidas.

Por esta situación nos parece que la sociedad debe tener claro que apoyamos la decisión del área, y que entendemos que esta decisión va en sentido correcto de limitar el gobierno que quieren tener algunos mezquinos intereses de grupos turísticos sobre las áreas protegidas desplazando decisiones de capacidad de carga y criterios de manejos por intereses de lucro y turismo masivos en áreas frágiles amenazando la integralidad de las áreas protegidas.

FECON, Bloqueverde, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Red de Coordinación en Biodiversidad, Grupo ecologista de Occidente, CoecoCeiba, PROAL , UNOVIDA , Hacia Basura O, Movimiento Ríos Vivos, Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus, Asociación Mujeres Unidas de África Guácimo, Pacto Mundial Consciente, Finca Amalur, Asociación de Ecología Social, Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, Comisión pro Ríos del COBAS, Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus Hernando Ureña Brenes, Comité de Agua Longo Mai Abajo, Cámara de Turismo Rural Comunitario de Coto Brus, Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus, Amigos del Pacuare, Refugio de Vida Silvestre Longo Mai, UNAPROA, Comité Cívico de Buenos, APREFLOFAS, Red Ecologista Estudiantil Popular (REEP), Asociación de Administración del Acueducto de Milano, Ecolur compostaje doméstico, Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete, Fundación Bandera Ecológica, Comité ProDefensa Río Virilla, Coronado Por la Naturaleza, Comisión ZP El Chayotey Frente de Resistencia Animal y de La Tierra

Ver más información del cierre del sitio: comunicado SINAC, resolución de ACTO y resolución del SINAC

 

Enviado por FECON.

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Fundación Neotrópica presenta resultados de investigación Impactos de la narco-deforestación en las áreas protegidas de Centroamérica

Comunicado de prensa

  • Afectación al turismo e inversión extranjera sería inminente de convertirse las áreas silvestres protegidas de Costa Rica en espacios controlados por el tráfico de drogas
  • Fundación Neotrópica: Patrones de Impacto del Narcotráfico sobre los espacios Protegidos en Centro América nos Alertan sobre los Riesgos para el País

Erik Nielsen COLCA2
Erik Nielsen

San José, Costa Rica, 21 de junio de 2017. La Fundación Neotrópica en asocio con Earth Economics y la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, expone su más reciente estudio regional Impactos de la narco-deforestación en las áreas protegidas de Centroamérica.

El objetivo principal de la investigación consiste en presentar los resultados de una estimación del daño ambiental actual y potencial que se ha detectado históricamente en razón de esta actividad ilícita desde el año 2006, cuando cambiaron los patrones del tráfico en América Central, así como documentar y analizar los Conflictos Ecológicos Distributivos (CED), que puedan estar relacionados con el tráfico de drogas y la presión que generan sobre las áreas silvestres protegidas, usando como lugares de estudio 5 puntos calientes a través de la región:

  1. Área de Conservación Osa (ACOSA) en Costa Rica
  2. Reserva de la Biósfera Xiriualtique – Jiquilisco en El Salvador
  3. Reserva de la Biósfera Darién – Comarca Emberá – Wounaan, en Panamá
  4. el Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM): Reserva de la Biósfera Bosawás en Nicaragua y Reserva de la Biósfera Tawahka – Asagni / Parque Nacional Patuca, Reserva de la Biósfera Río Plátano en Honduras
  5. Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala

Los resultados revelan la problemática regional que está teniendo consecuencias serias en lo que respecta a la combinación de las razones tradicionales por las cuales se ocasiona la deforestación con un detonante nuevo que complica las cosas, tratándose de un actor que no solamente opera en la informalidad sino que también tiene un gran poder económico y de violencia asociados.

Narcopista Terraba-Sierpe a la par de Laguna de Sierpe Informante Anonimo (3)

Estos factores se manifiestan no solamente en pérdidas económicas sino en pérdidas que puede afectar la calidad de vida y seguridad de la región, siendo los campesinos, ambientalistas e indígenas los más afectados. Los investigadores proponen que entre un 30- 60% de las pérdidas por deforestación en las áreas protegidas de la región son atribuibles a la narco-actividad lo que implicaría que las pérdidas por servicios ambientales, producto de la deforestación por tráfico de cocaína, de 2001 a 2010 le costaron a Centroamérica hasta $88 millones al año. El valor agregado del tráfico en Centroamérica se estima hasta en $2.500 millones al año.

Por otra parte, los niveles de presión y conflictividad que estas redes están generando sobre las reservas naturales de la región centroamericana amenazan sin distinción la institucionalidad, gobernabilidad y seguridad de la región, presentándose América Latina como la zona más peligrosa para los ambientalistas, siendo 2015 el año con mayor cantidad de homicidios con un registro de 122. Guatemala y Honduras se presentan como los países con mayores niveles de muertes y violencia.

La reducción en el valor de los servicios ecosistémicos en todas las zonas calientes es tendencia con excepción de ACOSA en Costa Rica donde se da un aumento de cobertura, exceptuando las zonas de manglares. Las zonas que registran mayores pérdidas son la RB Darién-Comarca Emberá, RB Maya y Corazón del CBM con pérdidas de hasta $267 por hectárea. La pérdida total agregada en la mediana de las zonas calientes es de $1,3 mil millones. Ello equivale a una pérdida anual de $146,7 millones.

Según Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica y parte del grupo investigador, “posiblemente la parte más importante en donde se debe tomar nota es que a pesar de que en nuestro país no tenemos la cantidad de deforestación anómala que se ha manifestado en el resto de la región, sí tenemos amenazas al sistema de gobernanza ambiental que se manifiesta en conflictividad como signo de la presión que está ejerciendo la actividad del narcotráfico”.

“La lección es importantísima porque nuestro sistema es el que ha sido más exitoso pero también el que arriesga más, porque ningún país en América Central depende tanto de la efectividad de sus áreas silvestres protegidas para efectos de sus ingresos en divisas como es el caso de Costa Rica, cuyos ingresos por exportación dependen en un 20% del turismo”, aseveró.

Según Kendra Mcsweeney, investigadora de la universidad estatal de Ohio, las políticas de control de drogas, más que reducir el tráfico han causado la reubicación del mismo, significando una inyección de hasta el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), en las economías de las naciones en las que sucede.

Por otra parte el doctor Gustavo Gutiérrez, catedrático y profesor de biología de la Universidad de Costa Rica, hace un llamado a las instancias de seguridad, institucionalidad ambiental y sociedad civil para la articulación y fortalecimiento del sistema de gobernanza ambiental participativa para que sirva como vehículo para prevenir las consecuencias del narcotráfico, siendo un país donde el 85% o más de los turistas admiten que una de las razones principales es visitar las áreas silvestres protegidas, espacios donde sólo se destina poco más de un quinto de un 1% del presupuesto nacional.

En tal sentido, es imprescindible que no solamente lo gobiernos de la región reconozcan la importancia de la inversión en la gobernanza ambiental participativa sino también las fuentes de ayuda externa que en algunos casos alimenta la mayoría del presupuesto que se dedica a la manutención de las áreas silvestres protegidas en América Central y en particular en Costa Rica. Estamos seguros que el país maneja está información, posiblemente en algunos aspectos en una forma mucho más profunda. Se debe estar preparados para la discusión que involucra a todos los actores que tienen el interés en el sistema de conservación del país y la rendición de cuentas por parte de las autoridades que tienen misiones en las cuales no necesariamente esa participación es tan abierta.

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INVESTIGACIÓN

CP21-06-17 Narcodeforestacion

Laguna de Sierpe 20-4-17 Informante Anonimo
Laguna de Sierpe.

*Imagen de portada Foto Narcopista en Olancho Honduras Kendra McSweeney.

Enviado por Ingrid Hernández, Fundación Neotrópica.

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