Actividad fue coordinada por el Área de Transparencia adscrita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
Mónica Álvarez Pérez
Comunicadora. Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
7 de junio del 2018. Ciudadanos de la comunidad de Puerto Viejo de Talamanca y sus alrededores participaron el pasado 05 de junio en el conversatorio sobre Derecho Ambiental, en el que José Pablo González, fiscal adjunto Agrario Ambiental, participó como expositor y aclaró las dudas del público.
El fiscal González inició la actividad resaltando las características del derecho ambiental y los conceptos en torno a los delitos más frecuentes en esta temática.
Posteriormente, se dio espacio a temas como leyes, sanciones, áreas protegidas, la intervención de instituciones afines a la protección ambiental, reciclaje, moratorias y daños al medio ambiente; momento en que los presentes aprovecharon para hacer sus aportes, denunciar y solicitar apoyo al Ministerio Público en relación al eje temático expuesto.
Entre los temas abordados, se enfatizó en la preocupación por permisos de construcción que ha otorgado la Municipalidad de Talamanca dentro de las zonas marítimo terrestre durante la moratoria, pues es prohibido construir en zona pública, esteros y humedales.
“En Costa Rica no se puede alegar ignorancia de la Ley, denunciemos, aunque hayan construido, cortado árboles. La naturaleza tiene capacidad impresionante para regenerarse y no se puede permitir que la ignorancia y la avaricia prevalezcan. Nuestra lucha no es por nosotros, es por sus hijos y los hijos de ellos”, manifestó González.
Durante el conversatorio, la comunidad también tuvo la oportunidad de conocer al nuevo personal que asumió funciones el pasado mes de mayo en la fiscalía de Bribri, entre quienes se encuentran Marlon Poyser, fiscal coordinador, y el fiscal auxiliar de Enlace Agrario Ambiental, Guillermo Cordero; ellos mostraron su anuencia y compromiso con la ciudadanía.
Este espacio comunitario fue coordinado por el Área de Transparencia de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se celebró en la Casa de la Cultura Liberty Hall de Puerto Viejo.
Área de Transparencia
Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
Un extenso y fundamentado recurso de amparo (Exp: 16-010216-0007-CO) fue declarado “parcialmente con lugar” sentando un importante precedente en que cual obliga al MINAE y al Ministerio de Hacienda “que coordinen lo pertinente a fin de que se evalúe la situación actual de las áreas de conservación y se tomen las medidas necesarias para proteger el ambiente, de tal forma que se atiendan de manera efectiva y razonable las áreas silvestres protegidas del país. Para lo anterior deberán elaborar y ejecutar, en el plazo de SESENTA MESES, un plan de control y protección de las áreas silvestres protegidas que garantice su vigilancia efectiva a fin de prevenir y atender daños ambientales; para lo cual deberá asegurarse la existencia de los recursos necesarios para su cumplimiento”.
En la parte de “Conclusión en cuanto a la situación de las áreas silvestres protegidas”, la Sala indica claramente que: “Se concluye que existen suficientes elementos para tener por probado en esta vía, que las áreas silvestres protegidas requieren una intervención por parte de las autoridades competentes. […] Por lo anterior, se debe declarar con lugar [el recurso de amparo], toda vez que el Estado no ha sido capaz de brindar una protección efectiva a las áreas de conservación en el país”.
Asimismo en la resolución (Nº 2017014907) se ordena a la Contralora General de la República “girar las órdenes que estime pertinentes para que se actualice el estado de cumplimiento del informe (Nº DFOE-AE-IF-16-2014 y, de acuerdo con los medios que le otorga el ordenamiento jurídico, requiera al SINAC la efectiva atención a las recomendaciones brindadas”.
El Informe de la Contraloría General de la República (Nº DFOE-AE-IF-16-2014) determinó que 86 de las 128 áreas silvestres protegidas analizadas (el total existente de áreas es 171), cuentan con al menos una persona responsable por la gestión. En 48 áreas silvestre protegidas no se cuenta con recursos materiales para cumplir con acciones de control y protección.
La Sala ordena actualizar este alarmante informe de Contraloría pues el 32,8% de todas nuestras áreas protegidas no tienen protección alguna y deben considerarse como “parques de papel” por qué han sido declarados por ley o decreto, pero no cuentan con protección alguna y mucho menos con administración. Por ejemplo, el Parque Internacional La Amistad que cuenta con casi 200 mil hectáreas, y está totalmente desprotegido. El 96% de su superficie ocupa la vertiente del Caribe y cuenta con 1 guardaparques.
Otro punto importante que sentenció la Sala e incidirá en mejorar las condiciones de los guardaparques y visitantes, es sobre el agua potable en las áreas protegidas pues se ordena al SINAC “realizar un estudio sobre la necesidad de abastecimiento de agua potable en las áreas de conservación (…) a efectos de que se evalúe si las personas que se encuentran o visitan esas áreas de conservación requieren o no el servicio de agua potable, y si resulta procedente, gestione ante las autoridades competentes lo necesario a fin de que se determine si desde el punto de vista técnico y material es posible proveer el servicio”.
El recurso fue interpuesto por organizaciones como FECON, SITRAMINAE y destacados conservacionistas como Mario Boza, Eduardo Carrillo, Guiselle Monge, entre otros. Según los accionantes se están violentando derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua potable, a una vivienda digna, entre otros.
Según la exposición de motivos de los accionantes “las áreas protegidas promueven y se han constituido en la meca del ecoturismo, el cual le genera al país ingresos anuales por unos US$ 1.700 millones. Pero nuestro sistema de áreas protegidas afronta una verdadera crisis de protección y de desarrollo”.
Día de Los Parques Nacionales. Un año más para celebrar y estar orgullosos de nuestro patrimonio natural como herencia a futuras generaciones. Pero las últimas celebraciones se han convertido en interminables listas de amenazas y hechos que evidencian que el sistema de conservación atraviesa una grave crisis que dejó de ser pasajera para verse más concreta y profunda.
Este año denunciamos una gran lista de despropósitos que se promueven y avanzan contra la fuerza de ese legado histórico de construir una verdadera paz con la naturaleza, por lo menos en estos espacios, para contener la guerra que denunciamos cotidianamente fuera de estos sitios.
Un hecho importante que contar es que gracias a las diversas gestiones realizadas por guarda parques, SITRAMINAE y organizaciones ambientales, fue indultado el guarda parques Mauricio Steller (FECON, 1-9-2015).
En el tercer informe presidencial de mayo pasado se destacó como logro ambiental un préstamo para infraestructura en el Parque Nacional Corcovado, el cual fue negociado y aprobado en administraciones anteriores. A dos días de inauguradas las instalaciones millonarias, un grupo de aproximadamente 250 oreros ilegales invadió parte del Parque dejando en evidencia que aunque “la infraestructura se vista de seda el Parque desprotegido se queda” pues hacen faltan plazas de guardaparques y durante este año tampoco se resolvieron las múltiples demandas y necesidades de este sector (FECON, 21-2-2017).
Lo más grave es que los préstamos para las áreas protegidas están en función de crear condiciones para su explotación turística, mientras el gobierno promueve una serie de proyectos, acciones y leyes que debilitan y destruyen las áreas protegidas y Patrimonio Natural (FECON, 24-8-2016).
Entre las principales acciones y proyectos impulsados en el último año están:
El proyecto N º 19.899 que Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), presentaron para reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060). El proyecto está en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde pretenden darle la autorización al Estado de construcción de nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegidas, incluyendo Parques Nacionales (FECON, 10-8-2016).
La ley 9373 de moratoria en zonas especiales. Una ley que pospone todos los desalojos en zonas públicas y zonas de protección marítimo- terrestres, desprotegiendo el patrimonio natural del Estado (FECON, 15-7-2016). La ley fue impugnada por ecologistas mediante una acción de inconstitucionalidad, y se pretende corregir ésta regresión ambiental (FECON, 12-10-2016).
Diputados de gobierno siguen promoviendo la geotermia en Parques Nacionales, contradiciendo el mismo mandato de Solís que declaró que estos proyectos no serían aprobados en su administración (FECON, 29-6-2016 y FECON 4-12-2014). También la Subcomisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, archivó por unanimidad la propuesta de “Ley para la Explotación del Recurso Geotérmico” expediente no. 19.339. El dictamen asegura que “adolece del cumplimiento de los estudios técnicos y ambientales que el ordenamiento jurídico exige para que pueda aprobarse (…) lo que podría derivar en un eventual problema de constitucionalidad” (FECON, 5-7-2017).
En Guanacaste el gobierno presentó en el Día de la Anexión un proyecto para cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, la cual es parte de un sitio de importancia RAMSAR, para hacer el embalse Río Piedras. Se trata de una iniciativa para llevar agua a los ismos de siempre, para seguir despilfarrándola y haciendo agricultura extensiva e ineficiente (FECON, 6-9-2016).
En este año los guardaparques de la Isla del Coco hicieron el mayor decomiso de tiburones dentro del área protegida: 93 tiburones muertos de diferentes especies. Tan solo rescataron tres vivos entre las líneas de pesca. El Viceministro de Aguas y Mares que defendió anteriormente la matanza de tiburones para la exportación en el Parque Nacional Isla del Coco, intentó desmentir que hay pesca ilegal en la isla, afirmando que se “trataba de una percepción errónea de los guardaparques”, cuando son ellos quienes denuncian cotidianamente y con evidencia contundente (FECON,24-3-2017).
El gobierno logró trasladar la representatividad nacional en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES- al Ministerio de Agricultura y Ganadería, bajo el miope interés de legitimar la exportación de 8 toneladas de aletas de tiburón al mercado asiático que el sector pesquero nacional ha acumulado desde que se prohibió su exportación en 2015.En el proceso, incluso, se ha desmantelado un órgano científico-técnico como el CRAC – CITES para transformarlo en un órgano consultivo donde impera el criterio de quienes se enriquecen destruyendo nuestra fauna silvestre marina. (FECON, 24-3-2017).
A pesar de la pomposa presentación de una “Política Nacional de Humedales” hemos denunciado después de su presentación el estado de diferentes humedales designados Sitios Ramsar como la Laguna de Sierpe (FECON, 13.3-2017FECON, 13.3-2017), la situación del Humedal Terraba-Sierpe amenazado por la expansión piñera (FECON,21-4-2017).También recientemente se denunció la destrucción del Humedal Caño Negro (Semanario Universidad,3-4-2017).
Para agudizar la contradicción con la Política de Humedales se firmó un decreto Nº 39838. Ya los humedales de Costa Rica no cuentan con toda la protección ambiental pues con una declaración de conveniencia nacional se da luz verde para intervenir zonas para la reparación, construcción y ampliación de infraestructura. El decreto fue impugnado por ambientalistas por acción de inconstitucionalidad en Sala IV (FECON, 06-3-2017).
Más que ejemplos puntuales ya vemos una clara tendencia para asaltar el Sistema de Áreas Protegidas en Costa Rica. La clara intención de ir minando y desmantelando con leyes, decretos y acciones lo que ha costado tres generaciones de ahorro en “recursos” naturales en este país. Esfuerzos que nos ha dado el prestigio ambiental mundial, que hoy empieza a estar en entredicho, por contradicciones que no se sostienen en el tiempo. También es meritorio reconocer que muchos de estos intentos están siendo combatidos en las vías de derecho y hecho por comunidades, guarda parques, académicos y el sector ecologista. La crisis es real y no se puede ignorar más.
(*) Presidente FECON y profesor en Kioscos Socio ambientales UCR
El día de los Parques Nacionales (24 de agosto) organizaciones ecologistas y comunitarias se manifestaron en defensa de las decisiones que protegen nuestras Áreas Protegidas y critican el abuso del turismo sobre estos sitios que son primordialmente para conservación de los ecosistemas
En los días recientes las organizaciones firmantes y en general hemos sido testigo de las buenas actuaciones de Área de Conservación Tortuguero (ACTO) que apegados a la ciencia y la conservación que es el objetivo principal de nuestras áreas protegidas ha establecido una medida para proteger el habitad del jaguar (Panthera onca) en el sitio conocido como el sector de “Jalova” que es parte Sur del Parque Nacional Tortuguero.
También vemos con asombro la intensión de un reducido pero poderoso grupo turístico en la zona de Tortuguero que quiere lucrar con el “turismo de jaguares” llegando a cuestionar sin bases suficientes las decisiones técnico-científicas de conservación del área y de comité científico que avala dicha medida. Ellos venden costos tour y quieren manipular con algunas migajas a la opinión pública para seguir con un su lucrativo negocio.
Con una campaña de todo tipo de descalificaciones, amparados en publirreportajes y criterios técnicos particulares han tratado de defender su afán de lucro tratando de achacar al área la construcción de una planta de tratamiento que a todas luces no está dentro de sus potestades y deberes que le competen al gobierno central y a la Municipalidad de Pococí que desaprovecho un millonario préstamo en ese sentido.
Los abajo firmantes además alertamos que hay parques nacionales que deberían tomar como ejemplo el esfuerzo de ACTO para crear comités científicos fuertes, planes de manejo con criterios robustos frente a los intereses de explotación comercial desmedida y otras amenazas que enfrentan las áreas protegidas.
Por esta situación nos parece que la sociedad debe tener claro que apoyamos la decisión del área, y que entendemos que esta decisión va en sentido correcto de limitar el gobierno que quieren tener algunos mezquinos intereses de grupos turísticos sobre las áreas protegidas desplazando decisiones de capacidad de carga y criterios de manejos por intereses de lucro y turismo masivos en áreas frágiles amenazando la integralidad de las áreas protegidas.
FECON, Bloqueverde, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Red de Coordinación en Biodiversidad, Grupo ecologista de Occidente, CoecoCeiba, PROAL , UNOVIDA , Hacia Basura O, Movimiento Ríos Vivos, Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus, Asociación Mujeres Unidas de África Guácimo, Pacto Mundial Consciente, Finca Amalur, Asociación de Ecología Social, Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, Comisión pro Ríos del COBAS, Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus Hernando Ureña Brenes, Comité de Agua Longo Mai Abajo, Cámara de Turismo Rural Comunitario de Coto Brus, Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus, Amigos del Pacuare, Refugio de Vida Silvestre Longo Mai, UNAPROA, Comité Cívico de Buenos, APREFLOFAS, Red Ecologista Estudiantil Popular (REEP), Asociación de Administración del Acueducto de Milano, Ecolur compostaje doméstico, Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete, Fundación Bandera Ecológica, Comité ProDefensa Río Virilla, Coronado Por la Naturaleza, Comisión ZP El Chayotey Frente de Resistencia Animal y de La Tierra
Afectación al turismo e inversión extranjera sería inminente de convertirse las áreas silvestres protegidas de Costa Rica en espacios controlados por el tráfico de drogas
Fundación Neotrópica: Patrones de Impacto del Narcotráfico sobre los espacios Protegidos en Centro América nos Alertan sobre los Riesgos para el País
Erik Nielsen
San José, Costa Rica, 21 de junio de 2017. La Fundación Neotrópica en asocio con Earth Economics y la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, expone su más reciente estudio regional Impactos de la narco-deforestación en las áreas protegidas de Centroamérica.
El objetivo principal de la investigación consiste en presentar los resultados de una estimación del daño ambiental actual y potencial que se ha detectado históricamente en razón de esta actividad ilícita desde el año 2006, cuando cambiaron los patrones del tráfico en América Central, así como documentar y analizar los Conflictos Ecológicos Distributivos (CED), que puedan estar relacionados con el tráfico de drogas y la presión que generan sobre las áreas silvestres protegidas, usando como lugares de estudio 5 puntos calientes a través de la región:
Área de Conservación Osa (ACOSA) en Costa Rica
Reserva de la Biósfera Xiriualtique – Jiquilisco en El Salvador
Reserva de la Biósfera Darién – Comarca Emberá – Wounaan, en Panamá
el Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM): Reserva de la Biósfera Bosawás en Nicaragua y Reserva de la Biósfera Tawahka – Asagni / Parque Nacional Patuca, Reserva de la Biósfera Río Plátano en Honduras
Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala
Los resultados revelan la problemática regional que está teniendo consecuencias serias en lo que respecta a la combinación de las razones tradicionales por las cuales se ocasiona la deforestación con un detonante nuevo que complica las cosas, tratándose de un actor que no solamente opera en la informalidad sino que también tiene un gran poder económico y de violencia asociados.
Estos factores se manifiestan no solamente en pérdidas económicas sino en pérdidas que puede afectar la calidad de vida y seguridad de la región, siendo los campesinos, ambientalistas e indígenas los más afectados. Los investigadores proponen que entre un 30- 60% de las pérdidas por deforestación en las áreas protegidas de la región son atribuibles a la narco-actividad lo que implicaría que las pérdidas por servicios ambientales, producto de la deforestación por tráfico de cocaína, de 2001 a 2010 le costaron a Centroamérica hasta $88 millones al año. El valor agregado del tráfico en Centroamérica se estima hasta en $2.500 millones al año.
Por otra parte, los niveles de presión y conflictividad que estas redes están generando sobre las reservas naturales de la región centroamericana amenazan sin distinción la institucionalidad, gobernabilidad y seguridad de la región, presentándose América Latina como la zona más peligrosa para los ambientalistas, siendo 2015 el año con mayor cantidad de homicidios con un registro de 122. Guatemala y Honduras se presentan como los países con mayores niveles de muertes y violencia.
La reducción en el valor de los servicios ecosistémicos en todas las zonas calientes es tendencia con excepción de ACOSA en Costa Rica donde se da un aumento de cobertura, exceptuando las zonas de manglares. Las zonas que registran mayores pérdidas son la RB Darién-Comarca Emberá, RB Maya y Corazón del CBM con pérdidas de hasta $267 por hectárea. La pérdida total agregada en la mediana de las zonas calientes es de $1,3 mil millones. Ello equivale a una pérdida anual de $146,7 millones.
Según Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica y parte del grupo investigador, “posiblemente la parte más importante en donde se debe tomar nota es que a pesar de que en nuestro país no tenemos la cantidad de deforestación anómala que se ha manifestado en el resto de la región, sí tenemos amenazas al sistema de gobernanza ambiental que se manifiesta en conflictividad como signo de la presión que está ejerciendo la actividad del narcotráfico”.
“La lección es importantísima porque nuestro sistema es el que ha sido más exitoso pero también el que arriesga más, porque ningún país en América Central depende tanto de la efectividad de sus áreas silvestres protegidas para efectos de sus ingresos en divisas como es el caso de Costa Rica, cuyos ingresos por exportación dependen en un 20% del turismo”, aseveró.
Según Kendra Mcsweeney, investigadora de la universidad estatal de Ohio, las políticas de control de drogas, más que reducir el tráfico han causado la reubicación del mismo, significando una inyección de hasta el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), en las economías de las naciones en las que sucede.
Por otra parte el doctor Gustavo Gutiérrez, catedrático y profesor de biología de la Universidad de Costa Rica, hace un llamado a las instancias de seguridad, institucionalidad ambiental y sociedad civil para la articulación y fortalecimiento del sistema de gobernanza ambiental participativa para que sirva como vehículo para prevenir las consecuencias del narcotráfico, siendo un país donde el 85% o más de los turistas admiten que una de las razones principales es visitar las áreas silvestres protegidas, espacios donde sólo se destina poco más de un quinto de un 1% del presupuesto nacional.
En tal sentido, es imprescindible que no solamente lo gobiernos de la región reconozcan la importancia de la inversión en la gobernanza ambiental participativa sino también las fuentes de ayuda externa que en algunos casos alimenta la mayoría del presupuesto que se dedica a la manutención de las áreas silvestres protegidas en América Central y en particular en Costa Rica. Estamos seguros que el país maneja está información, posiblemente en algunos aspectos en una forma mucho más profunda. Se debe estar preparados para la discusión que involucra a todos los actores que tienen el interés en el sistema de conservación del país y la rendición de cuentas por parte de las autoridades que tienen misiones en las cuales no necesariamente esa participación es tan abierta.
Se une a las voces ecologistas, comunitarias y políticas a favor de proteger nuestro patrimonio natural
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica recomendó “no aprobar el Proyecto de Ley Autorización al Instituto Costarricense de Electricidad para el aprovechamiento de la energía geotérmica que se encuentra en áreas protegidas (texto sustitutivo). Expediente Nº 19.233. Se sugiere plantear un proyecto de ley que contemple la explotación de la energía geotérmica fuera de los límites de los parques nacionales, donde se asegure la conservación de las áreas protegidas”.
El pronunciamiento señala que “se establece el precedente de dar “autorizaciones especiales” para la explotación de fuentes energéticas dentro de las Áreas Protegidas, que implican la construcción de infraestructura de grandes proporciones” y que: “Los procedimientos que supuestamente garantizarían la menor alteración de las Áreas Protegidas por explotación geotérmica, como los Estudios Ecológicos de Línea Base y el monitoreo posterior, no son claros en sus definiciones, ni garantizan la sostenibilidad de la explotación”.
El texto sustitutivo al Proyecto de Ley sobre Geotermia en Parques Nacionales (Expediente Nº 19.233) que se discute en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, fue presentado por los diputados Ottón Solís Fallas y Javier Cambronero del Partido Acción Ciudadana. El texto sigue contraviniendo la mayoría de criterios negativos de las universidades públicas, criterios de la Procuraduría, la Contraloría, la posición del presidente de la República, las promesas de campaña, comunidades, académicos y ecologistas
La UCR rechazó otras dos propuestas anteriores y afirma que de aprobarse este nuevo proyecto “no habría mucho argumento para oponerse a la construcción de represas hidroeléctricas, al aprovechamiento de recursos del bosque, a la extracción de agua para consumo humano, o a la construcción de caminos dentro de Parques Nacionales, si todo se hace en nombre de la conveniencia nacional y bajo procedimientos que garanticen la compensación a las Áreas Protegidas”.
La Universidad agrega que: “Es muy fácil que estos criterios sean retorcidos para favorecer la explotación. Dentro del propuesta de ley se cita al CONARE como ente regulador de estos estudios, pero no parece conveniente involucrar a instituciones académicas en la evaluación de permisos de uso dentro de áreas protegidas”.
En audiencia de la comisión de Asuntos Agropecuarios el asesor de la FECON, Jorge Lobo y su presidente, Mauricio Álvarez, dejaron claro que el texto en discusión es totalmente inconstitucional, pues es una autorización abierta y genérica, no delimitada. Solo se puede reducir la categoría de manejo de un parque nacional mediante una ley específica, y con base en estudios técnicos previos que justifiquen la medida ( ver más).
Según FECON “Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”
Quedaron sepultados, al menos por ahora, los planes para industrializar áreas protegidas, así como el megaturismo, el canal seco, la expansión de monocultivos y otros proyectos para repartirse el patrimonio natural del Estado que buscaba la Ley nº 9205 de 23 de diciembre de 2013 por medio de una acción interpuesta por FECON y El Sindicato de Trabajadores de MINAE del SITRAMINAE.
La acción declarada a lugar por la Sala Constitucional (ver texto), asegura que con la ley No.9205 se estaban titulando tierras que pertenecen al Parque Nacional Tortuguero, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado, la Zona Protectora de Tortuguero, el Humedal Nacional Cariari y El Refugio de Vida Silvestre Dr. Archie Carr.
La ley buscaba privatizar áreas silvestres protegidas para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de particulares. Todo esto sin contar con los requisitos que se exigen por Ley para seguir este procedimiento.
Para poder retirar las áreas protegidas del dominio público se requiere de estudios que demuestren que el ambiente no se verá perjudicado. Sin embargo, en este caso no se realizaron los análisis correspondientes. Del expediente legislativo n° 17838, que corresponde a la ley cuestionada, se desprende la ausencia de este requisito (Ver advertencia).
El voto N° 2017 002375 de la Sala IV asegura: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaratoria que alcanza también a la reforma de los artículos 1, inciso f), y 11, ambos de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941, y sus reformas, operada por el artículo 17, de la legislación anulada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe”.
Aunque todavía está en redacción del voto completo, se pone en evidencia el incumpliendo del Estado costarricense con su obligación constitucional de proteger los bienes que sean de su propiedad, en beneficio de la colectividad.
Ley para efectos electorales. Como si fuera un acto de campaña electoral, rozando con el delito de beligerancia política, en plena etapa final de las elecciones de 2014, el 23 de diciembre, la presidenta firmó esta ley en que en pretendía resolver una problemática de miles de familias de seis cantones ubicados entre Moín de Limón y Cureña de San Carlos, en Alajuela.
Para el Presidente de FECON, Mauricio Álvarez “se trató de un acto de clientelismo político típico del Partido de Liberación Nacional, pues había un pronunciamiento muy claro de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa advirtiendo de la inconstitucionalidad del proyecto, pero por razones de cálculos electorales de votos de 10 000 mil familias beneficiadas, fueron obviados los señalamientos del diputado José María Villalta y de los técnicos legislativos”.
Álvarez agregó que “en realidad como siempre el gobierno de turno usa a la gente para entregar títulos pero el interés es abrirle camino a otro megapuerto ligado al canal seco, la industrialización de Moín, marinas y avanzar con el megaturismo en la zona. Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”.
FECON subraya que igual suerte correrán la Ley 9373 que pretenden suspender durante 24 meses demoliciones y desalojos a personas en zonas de Patrimonio Natural del Estado y zonas especiales que han seguido el mismo procedimiento a pesar de las mismas advertencias de los servicios técnicos (ver más).
Este 27 de octubre se realizó el evento artístico del grupo de estudiantes de la Universidad Nacional, llamado UITUMA, el cual abordó la problemática de la tala indiscriminada en áreas protegidas en nuestras montañas.
Este tema es de interés del colectivo CONCEVERDE, por lo cual decidieron brindarles su patrocinio.
Enviado a SURCOS Digital por José Francisco Alfaro, CONCEVERDE.
Anoche tuve un sueño, en el que viajé al futuro y pude observar el país en el año 2060. Vi grandes extensiones de ciudades compactas, con sistemas modernos y eficientes de transporte público, donde tranvías y trenes eléctricos de extrañas formas recorrían las ciudades y sus alrededores. Bulevares con zonas verdes daban vida y movilidad peatonal a las ciudades y miles de autos eléctricos, la mayoría autónomos, se movían por calles que los cargaban automáticamente a su paso. Los techos y paredes de casas y edificios eran paneles fotovoltaicos de muy alta eficiencia y sistemas de redes inteligentes comunicaban a personas y artefactos. Pude observar mucha gente caminando con celulares en sus manos que proyectaban curiosas imágenes holográficas y robots o androides compartiendo la vida en sociedad con las personas. Me complació mucho ver ciudades limpias, altamente tecnológicas y modernas, aunque noté demasiado concreto o metal y poca vegetación. Percibí además, que a pesar de tanta tecnología, la gente no era sinceramente feliz y había muchos corazones vacíos y faltos de valores.
Decidí entonces viajar hacia las zonas rurales, en busca de los Parques Nacionales, esperando encontrar la extensa y diversa naturaleza que hoy poseen. Conforme recorría zonas me iba dando cuenta cómo muchos parques habían perdido territorio, producto de la expansión de la frontera urbanística y agropecuaria, lo que quedaba con naturaleza inalterada eran si acaso las zonas centrales de dichas áreas protegidas.
Sobrevolé el Parque Nacional Rincón de la Vieja, en Guanacaste, y observé que estaba saturado de proyectos geotérmicos. Tuberías, pozos, caminos de penetración, tomas de agua, casas de máquinas, lagunas de residuos y otras estructuras se extendían por todo el parque y aunque había remanentes de los ecosistemas originales, el concepto y naturaleza del Parque Nacional como zona para la conservación se había perdido, y por el contrario, el desarrollo electro-energético era ahora la prioridad. Lo mismo hice con el Parque Internacional La Amistad y su vecino el Parque Nacional Chirripó y lo que descubrí me heló la sangre: decenas de proyectos hidroeléctricos habían sido construidos en las partes altas y medias de las cuencas, con represas, embalses, caminos de penetración, tuberías y casas de máquinas. Además, se había abierto el Parque al desarrollo turístico masivo, y muchos hoteles y cabinas de montaña, se instalaban en sitios estratégicos. El Valle de los Lagos y los Crestones, sitios icónicos del Parque Nacional Chirripó, eran lugares inundados de turistas, teleféricos, tranvías eléctricos y modernos cuadra-ciclos recorrían el parque de un lado a otro. Sentí mucha tristeza, porque de la magia, el misterio, la tranquilidad y la naturalidad que poseía el sitio, no quedaba más que el recuerdo.
Horrorizado por lo que observé, decidí huir más al sur, buscando el Parque Nacional Corcovado, otrora paraíso ecológico, pero el panorama no resultó muy diferente, el cambio en el parque era radical. Se permitía la explotación forestal por medio de modernos equipos aéreos, similares a helicópteros, que cortaban y levantaban los inmensos árboles y los trasladaban a los sitios de almacenamiento. Pozos de extracción de gas natural y petróleo se habían perforado en diversos puntos del parque y la minería de pequeña escala había obligado a otorgar territorios a los oreros, que finalmente le habían ganado la partida al Estado. Además, la cacería deportiva seguía siendo un serio problema en esa época, a pesar de los controles policiales. Ante tanto desarrollo y actividad humana, de los ecosistemas y la fauna silvestre original que tenía el parque no quedaba casi nada.
Decidí hablar con uno de los guarda-parques, en busca de explicaciones. Me indicó que en los inicios del siglo se habían promulgado leyes para abrir los parques nacionales a proyectos geotérmicos y de acueductos, y que este cambio radical en el paradigma de los parques como zonas para la conservación, dio origen a una cadena progresiva de posteriores desarrollos, entre ellos, el turismo masivo, supuestamente “sostenible”, las hidroeléctricas y el gas natural, argumentando conveniencia nacional y autonomía energética, primero con proyectos de carácter estatal y luego privados. El alto crecimiento poblacional obligó también a destinar algunas áreas protegidas para desarrollos urbanísticos y para actividades agrícolas y pecuarias.
Me contó que en esos años, a los que intentaron oponerse a esas aperturas los llamaron retrógrados y radicales y los acusaron de oponerse a lo conceptos supuestamente modernos en esa época, como el desarrollo sostenible y el eco-manejo, que se veían en esos años como la gran panacea que todo lo podía resolver y al final, por no fijar límites, solo constituyeron excusas para impulsar más explotaciones y aprovechamientos humanos de los Parques Nacionales. Me indicó que los líderes políticos y la sociedad se arrepentían profundamente de no haber protegido como debían esa enorme riqueza y de no haber mantenido al menos un porcentaje del país inalterado para el futuro, lo que hizo que se perdieran paisajes, biodiversidad, especies y material genético, para siempre. Con pesar señaló que los parques nacionales se habían convertido en zonas inundadas de proyectos de infraestructura comercial e industrial, con solo algunos pequeños bosques remanentes, totalmente fragmentados y aislados. La naturaleza prístina y los paisajes inalterados, ya no existían en nuestro país. Por un afán desmedido de beneficio económico o producción energética, se habían destruido los Parques Nacionales.
Me desperté sobresaltado, pero contento de darme cuenta que todo no fue más que un mal sueño, una terrible pesadilla. No pude dormir el resto de la noche, divagando en reflexiones filosóficas sobre si era posible cambiar el futuro con nuestras acciones o si el mismo ya estaba predeterminado. Me inclino por lo primero, y por creer que aún estamos a tiempo de mantener estas áreas protegidas como zonas para la conservación, libres de proyectos de infraestructura de gran escala, me aferro a la idea de poder salvaguardar su rica naturaleza y los servicios eco-sistémicos que nos brindan: agua, aire, suelo, biodiversidad, ecoturismo, belleza escénica, crecimiento mental y espiritual, como el legado natural fundamental que podamos heredar a las futuras generaciones.
Costarricenses, luchemos porque ese futuro que visualicé en mi sueño nunca llegue a ser realidad y que las pretensiones de algunas personas, instituciones, diputados o partidos políticos, que actualmente buscan desesperadamente como abrir estas áreas a explotaciones comerciales o industriales, no tengan nunca éxito. Aún estamos a tiempo. “Parques Nacionales para la conservación”, debería ser la consigna que nos una como país, por la defensa y protección a perpetuidad de estos importantes sitios.
(*)Ingeniero Civil. MSc en Manejo de Recursos Naturales y Cuencas Hidrográficas. Correo electrónico:rportilla23@yahoo.com.mx
El proyecto Nº 19.899 para reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060) que se tramita en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, pretende darle la autorización al Estado de construcción de nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegidas, incluyendo Parques Nacionales. Este proyecto fue presentado en febrero pasado por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El experto en evaluación ambiental, Dr. Allan Astorga aseguró que “esto es, nuevamente, querer meter tractores en las Áreas Silvestres Protegidas. Estoy convencido que eso tiene que ver con el Canal Seco, pues si este proyecto se aprobara, podrían pasar el trazo de la vía por humedales, parques nacionales, reservas forestales y todo lo que entre en categoría de área silvestre protegida y patrimonio natural del Estado….aprobar este proyecto significaría el principio del fin de la Costa Rica verde y protectora del ambiente.”
Esta reforma estaría más bien incentivando la realización de carreteras dentro de áreas protegidas pues solo con cumplir con un simple Estudio de Impacto Ambiental ante la SETENA – institución debilitada y laxa porque “todo lo aprueba”, ya tendría todos los permisos cumplidos, sin necesidad de expropiar.
Los proyectos de carreteras dentro de Parques Nacionales han resultado un gravísimo daño, como lo demuestran todos los inconvenientes de la Ruta 32 en el tramo del Parque Nacional Braulio Carrillo. El desarrollo de proyectos viales en áreas vulnerables implica una seria cadena de impactos ambientales negativos que, con el tiempo, se transforman en daños ambientales irreversibles.
El Departamento de Servicios técnicos del Poder Legislativo (AL-DEST-IJU-249-2016) determinó que: El proyecto de ley podría contener vicios de inconstitucionalidad por violación de los principios constitucionales de progresividad y no regresión, en virtud de que se deja un permiso abierto al MOPT para que puedan intervenir en áreas de protección sin requerir la declaración de conveniencia nacional.
Además señala que “con ello, tácitamente se estarían restringiendo las áreas de protección sin que se establezca mediante ley cuáles serán estas áreas, ni tampoco se aporta un estudio técnico de que dicha restricción produce un perjuicio al Patrimonio Natural del Estado”.
Flexibilizar la ejecución de obras para el mantenimiento y conservación de las vías públicas mediante la corta de los árboles que crecen en el derecho de vía, es otra de las reformas propuestas en el proyecto pues este momento se requiere de la autorización del Ministerio del Ambiente y Energía para efectuar tal corta en el área de influencia directa que ya formaría parte del área silvestre protegida o del Patrimonio Natural del Estado.
