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Etiqueta: autonomía universitaria

Llamado a la defensa de la Universidad Pública

Rectores e integrantes de las comunidades universitarias se congregarán este jueves frente a la Asamblea Legislativa para defender a la Universidad Pública y su posibilidad de desarrollar sus actividades académicas con independencia, lo que la llamada Ley de Empleo Público limitaría.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado, hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional para defender a la Universidad Pública y la autonomía universitaria en el marco del trámite legislativo de la Ley de Empleo Público.

“En seguimiento a las acciones desarrolladas respecto al proyecto de Ley de Empleo Público y como resultado del análisis realizado en CONARE, los rectores, de las Universidades Públicas, hacemos un llamado vehemente a las Comunidades Universitarias y nacional a tener presencia física, guardando todas las medidas sanitarias, frente a la Asamblea Legislativa este jueves 18 de febrero, a partir de las 10 a.m. Para ello se declara un cambio de actividades, con el fin de que la mayoría de las personas participen en tan importante manifestación”.

Además, González Alvarado invitó a la población universitaria y nacional a informarse, a dialogar sobre el tema y promover la tomar conciencia sobre la importancia de la universidad pública para nuestro país y del respeto constitucional a la autonomía universitaria, en el sentido “de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”.

Contención del gasto desde Conare

  1. Sobre los cuestionamientos de la Asamblea Legislativa en materia de contención del gasto de las universidades estatales, Francisco González aprovechó para recapitular las medias aplicadas en esta materia y en política salarial por estas casas de educación superior:
  2. Las universidades estatales, de cara al aseguramiento de su sostenibilidad financiera y en el marco de su autonomía constitucional, han tomado decisiones y modificado su normativa para homologar sus pluses salariales al Título III de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estos cambios han sido aplicados por algunas desde el año 2019 y otras a partir del 2020. De igual forma, han cumplido con el Título IV de “Responsabilidad Fiscal de la República”, de la ley citada.
  3. Además, como parte del apoyo de las universidades al país, para enfrentar su situación económica, aceptaron un ajuste de su presupuesto 2021 de un 5% respecto al monto que constitucionalmente les correspondía, lo que significan ₡27 590 millones menos. Todo esto, sin afectar el número de cupos de estudiantes de primer ingreso y la calidad del servicio educativo y el quehacer universitario en general.
  4. La Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, renegociaron sus convenciones colectivas. La Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no tienen convenciones colectivas.
  5. En el caso de la Universidad Nacional si bien la Convención Colectiva está homologada y prorrogada por el Ministerio de Trabajo hasta abril del 2023, ha iniciado desde finales del año pasado un proceso de negociación entre el sector sindical y las autoridades, para modificar artículos puntuales asociados al peso presupuestario del rubro laboral, como parte de las medidas de contención del gasto y sostenibilidad financiera en general.
  6. Para el año 2021 ninguna universidad pública ni el Consejo Nacional de Rectores tiene previsto el pago de reajuste salarial, ni de anualidad.
  7. En los últimos ejercicios presupuestarios y con mayor énfasis en el 2020, las universidades estatales han aplicado otras medidas de contención del gasto como son:

× Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional.
× Disminución de plazas administrativas.
× Disminución del porcentaje de dedicación exclusiva.
× Restricción y reducción del pago por tiempo extraordinario.
× Revisión y reducción de cargas académicas para la asignación de jornadas.
× Reducción de cuartos de tiempo adicional en académicos.
× Disminución en porcentajes y regulaciones para el incentivo por mérito académico para personal administrativo.
× Revisión y ajuste de normativa para carrera profesional o administrativa y régimen académico.

La ejecución de éstas y otras medidas administrativas ha generado ahorros significativos en las finanzas universitarias, lo cual ha sido invertido en reforzar los programas de becas estudiantiles, hacer aportes en investigación y desarrollo, logística de distribución y acción social comunitaria para atender el flagelo de la pandemia COVID-19 y realizar aportes importantes al bono proteger impulsado por el gobierno para ayudar económicamente a las personas más vulnerables, desempleadas y en condición de pobreza extrema.

Video adjunto:

https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/febrero-2021/3353-llamado-a-la-defensa-de-la-universidad-publica

***Mayor Información con: Francisco González Alvarado (8306-8777) Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (2237-5929/8720-4908).

 

Enviado por Oficina Comunicación UNA.

La UCR rechaza acciones que lesionan autonomía universitaria

En sus 80 años de existencia, la UCR ha contribuido en las transformaciones que la sociedad necesita, formando profesionales de excelencia, con perspectivas humanistas, quienes aportan conocimiento para el desarrollo del país. Foto: Karla Richmond, UCR.

La Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó, categóricamente, cualquier intento de menoscabar la autonomía universitaria consagrada en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, ya que atenta contra la independencia de organización y gobierno que poseen las universidades públicas.

Así lo hizo saber, el Consejo Universitario mediante un Pronunciamiento aprobado este jueves 28 de enero, en el cual también instó al Gobierno de la República de Costa Rica a ser respetuoso de este principio constitucional.

La preocupación de la Universidad surge debido a que, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2020, el Gobierno tomó la decisión, de manera unilateral, de depositar los recursos destinados a financiar a las universidades públicas en la Caja Única del Estado, la cual es administrada por la Tesorería Nacional.

Dicha situación se dio pese a que el artículo 85 de la Constitución Política determina que el Banco Central de Costa Rica será el encargado de administrar ese fondo, para ponerlo a la orden de las universidades cada mes, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior estatal.

En este sentido, la Universidad reconoce que el mecanismo de transferencia del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), a través del Banco Central ha funcionado de manera idónea y ha permitido que las instituciones hagan uso de esos fondos en concordancia con lo que determina la Carta Magna.

Ante esta situación, la UCR reiteró su compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y el uso óptimo de los recursos, en atención a la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, y en aras de seguir retribuyendo a la sociedad costarricense la inversión y los esfuerzos dedicados a la educación universitaria.

Los recursos percibidos por medio del FEES permiten democratizar el acceso a la educación superior estatal al convertirse en un medio de movilidad social para los estratos bajos y medios de la población costarricense; así como fortalecer la justicia social y distributiva, y promover una Costa Rica más equitativa.

 

Alejandra Amador Salazar
Periodista, Consejo Universitario

Charla: Autonomía Universitaria

El Campus Tecnológico Local San José y la Unidad de Cultura y Deporte San José del TEC le invitan el próximo martes 8 de setiembre a las 4 p.m. a la charla: “Autonomía universitaria” con el profesor Roberto Fragomeno, como parte de las actividades de la Semana Cívica 2020.

La transmisión será por Zoom. Enlace y contraseña en la siguiente imagen:

 

Enviado por Adriano Corrales Arias.

Apoyo al Instituto de Investigaciones Sociales

Isabel Ducca D.

Con motivo de la polémica y acusación a la Universidad de Costa Rica de estar incentivando una guerra entre lo público y lo privado por la difusión de dos videos producidos por la Oficina de Divulgación e Información (ODI), con base en una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), en los cuales se alude a grandes empresas que se beneficiaron de la amnistía tributaria, a algunas que declararon cero impuestos durante un periodo y a tres empresarios de renombre citados en la revista FORBES, es preciso expresar un reconocimiento a una labor difícil y, por lo visto, riesgosa pues como lo señala dicha revista, fuente de la que surge parte de la problemática:

Para el equipo de investigación de FORBES, cada año representa un reto documentar y estimar las más cuantiosas fortunas de nuestra geografía, debido a que los principales obstáculos son la falta de transparencia y la poca disponibilidad de las corporaciones para compartir la información de primera mano…”[i]

Lo afirma una revista que está mil leguas de ser analítica y crítica.

Nuestra solidaridad se basa, como debe ser, en los principios que rigen y deben reinar siempre en la institucionalidad pública. Tal y como lo estipula el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en el artículo 3: “…contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.

Si hubiera que hablar de una guerra entre lo público y lo privado, tendríamos que invertir los términos pues esa confrontación la inauguran en nuestros país los sectores neoliberales desde hace más de treinta años pues las universidades públicas, al ser cuna del pensamiento crítico y analítico, han sido acosadas con el fin de recortar sus presupuestos para reducir la investigación y el aporte que realizan para un desarrollo integral de nuestro país y de protección a los sectores más vulnerables. ¡Las acusaciones no son nuevas! Desgraciadamente, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo y con el beneplácito de un gobierno que se preocupa más por proteger a quienes más atesoran en lugar de hacerlo con quien menos tienen, ciertas voces han adquirido fuerza y prepotencia que raya, en ocasiones, en lo inhumano.

Como bien sabemos, el déficit fiscal es un problema que adquiere dimensiones gravísimas antes del Covid 19 y que debido a este llegó a proporciones catastróficas. Desde el 2018, los temas fiscales han tomado relevancia en la discusión pública y hoy, precisamente en una crisis histórica, deben ser discutidos más que nunca. La evasión, elusión y mora son problemas que perjudican la construcción del Estado social de derecho y por tanto deben ser problematizados, así como señalados sus responsables.

Las campañas de desprestigio hacia las instituciones o personas que se atreven a plantear el tema de la reforma fiscal progresiva no son nuevas. Ya a inicios del siglo XX, Alfredo González Flores fue víctima de una campaña feroz primero y, posteriormente, un golpe de estado por establecer su proyecto.

Queremos reiterar nuestro apoyo a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de la Constitución Política y esperamos que, fiel a los principios con que la concibieron figuras como Rodrigo Facio Brenes, la reflexión rigurosa, académica y comprometida con el bien común continúe por los senderos que le marcan la ética y el compromiso con los Derechos Humanos.

[i] Puede referirse a: https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_mayo_2019

Rafael Ángel Calderón Guardia, nombre para la Ciudad Científica, en el 80 aniversario de la Universidad de Costa Rica

Vladimir de la Cruz

La Universidad de Costa Rica hoy cumple 80 de fundada, de creada, en el Gobierno Reformista del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

Se ha discutido si fue creada, fundada, o reabierta, dándole continuidad a la Universidad de Santo Tomás que se había fundado el 3 de mayo de 1843.

Antes de la Universidad de Santo Tomas el 24 de abril de 1814 se había establecido, y abierto sus puertas, ese día, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que podemos considerar la primera Casa de Educación Superior que se establecía en Costa Rica, donde laboraron como docentes distinguidas personas que luego estuvieron ligadas, muy de cerca, al proceso y proclamación de la Independencia de Costa Rica, en 1821.

A partir de la Independencia las reglamentaciones de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás las hacían el Ayuntamiento de San José y la “Tertulia Patriótica”, que fue una institución impulsada por el Dr. Rafael Francisco Osejo, que a su vez fue el Primer Rector de esta Institución en 1814.

En 1824, el 10 de diciembre, el Gobierno asumió la protección de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, dándole rentas propias. El gobierno del Primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, educador de formación, se preocupó de que tuviera “rentas propias”, para asegurar su funcionamiento plenamente.

Los estudios en ese período inicial de la Independencia rápidamente se fortalecieron, cuando el 26 de abril de 1825 el Poder Ejecutivo impulsó la creación de las Cátedras de Derecho, Latín, Francés, Inglés, y se empezó a dar un curso de Medicina, como “el arte de curar las dolencias humanas”. También se dio Física Experimental, Historia Profana, Psicología y Matemáticas, entre otras materias.

El 3 de mayo de 1843 se convirtió la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en la Universidad Pública, bajo el auspicio de Santo Tomás, su anterior Patrono.

De nuevo los gobiernos de ese período le mantuvieron las rentas que tenía, y se le dio, además, la cuarta parte del producto líquido de las rentas del tabaco, que se expendiera en todas las tercenas del Estado, así establecido por Decreto del Jefe de Estado José María Alfaro, encargando de su ejecución al Dr. José María Castro Madriz, quien llegó a ser uno de sus Rectores.

El 1 de setiembre de 1843 se redactaron los Estatutos de la Universidad de Santo Tomás. Se mantuvieron los estudios de Jurisprudencia, Teología y Medicina. Es interesante que en sus Estatutos como logo se pusieron elementos usados por la Masonería. El Dr. José María Castro Matriz, siendo Presidente de la República, llegó a ser el Venerable Maestro, la autoridad superior de la Primer Logia Masónica establecida en el país, al impulso del Presbítero Francisco Calvo, quien también se había desempeñado como Capellán General, del Ejército Nacional, durante la lucha contra los filibusteros norteamericanos.

La Universidad de Santo Tomás en la práctica abrió sus aulas el 21 de abril de 1844, siendo su Primer Rector el Presbítero Juan de los Santos Madriz, y José María Castro Madriz, Ministro de Instrucción Pública.

En los años siguientes, 1849, 1858, 1859, 1869, 1870, se hicieron modificaciones a los Estatutos de la Universidad.

En el Gobierno del Gran Presidente, Juan Rafael Mora Porras, en 1854, se construyó el edificio de la Universidad, y se le fortalecieron las rentas o ingresos en la Tesorería Nacional, “cuyo crédito no puede perecer”. El Presidente Mora procuró a asegurar las rentas de la Universidad de manera que no fueran ni a disminuir, ni a la posibilidad de quitárselas.

En los años siguientes la Universidad de Santo Tomás asumió un papel importante, impulsando bajo su amparo, instituciones educativas para la formación de jóvenes.

Así, el 4 de julio de 1874, el Congreso, por impulso del Presidente Tomás Guardia Gutiérrez, decretó la apertura del Colegio, denominado Instituto Nacional, bajo la tutela de la Universidad de Santo Tomás, y mantuvo, a nivel universitarios, en ese momento, únicamente los estudios de Jurisprudencia, porque no había alumnos para otros estudios.

Se trataba también de fortalecer los estudios secundarios. En el Instituto Nacional se fortalecieron estudios de Humanidades, Historia Sagrada y Profana, cronología y geografía, matemáticas, física, química, geología, astronomía e historia natural, agronomía, entre otras materias.

El 1 de abril de 1875 se hizo un Reglamento del Instituto Nacional, en el cual se estableció la supervisión del Instituto por el Rector de la Universidad, y se trajeron profesores europeos para trabajar allí, abriendo sus puertas, el Instituto, el 16 de mayo de 1875, nombrándose Rector de la Universidad y del Instituto al Dr. Lorenzo Montúfar.

En esta segunda mitad del siglo XIX hubo un impacto muy grande en el nivel cultural, educativo y científico, con grandes cantidades de europeos, casi de todas las nacionalidades, que se trajeron al país a trabajar, con resultados muy valiosos, en el momento que el país se abría para procesos migratorios laborales para la construcción del ferrocarril, para lo cual llegaron negros, chinos e italianos, especialmente.

El 24 de diciembre de 1879 el Gobierno contrató a Valeriano Fernández Ferraz para dirigir el Instituto Nacional.

En 1883 el Presidente Próspero Fernández le fortaleció la vida autonómica a la Universidad, le devolvió el edificio que tenía y le aseguró su propio manejo de su Patrimonio. De nuevo el Gobierno de la República, entendiendo la importancia de la Universidad le aseguró su financiamiento y patrimonio físico ya existente.

En 1884, el 10 de marzo, por iniciativa del Presidente Próspero Fernández, se autorizó a la Universidad a fundar un colegio de segunda enseñanza llamado Instituto Universitario.

El 12 de agosto de 1885 se decretó por el Congreso Constitucional, a iniciativa del Presidente Bernardo Soto y de su Ministro de Instrucción, por lo demás también de Hacienda, Mauro Fernández, la Ley Fundamental de Instrucción Pública.

El entonces Rector de la Universidad, Alejandro Alvarado García, dijo: “Debemos felicitarnos en el Gran Día de la Patria, y felicitar a la juventud, que representa su pensamiento, por el poderoso auxiliar que la Universidad pone en sus manos para la prosecución de sus estudios. Con adelantos de este género podemos marchar unidos, con pie firme, por el camino del Progreso intelectual y moral, procurando, siempre el engrandecimiento, la prosperidad y la gloria de Costa Rica”.

Por iniciativa del gran educador Miguel Obregón Lizano el 15 de setiembre de 1884, día de celebración de la Independencia Nacional, se inauguró la Biblioteca de la Universidad, que al cerrarse la Universidad en 1888, se dispuso que esta Biblioteca se orientara para fundar la Biblioteca Nacional, que hoy lleva el nombre del ilustre Educador y Ministro de Instrucción.

Asociadas al proceso educativo en esos días se publicaron las Revistas “La Enseñanza” y el “Instituto Nacional”.

El 6 de febrero de 1887 se fundó el Liceo de Costa Rica, bajo la dirección y tutela de la Universidad de Santo Tomás, que ya solo tenía la Escuela de Derecho. Y, en 1888, se fundó el Colegio Superior de Señoritas, como las dos instituciones más importantes de educación secundaria en la capital.

El 20 de agosto de 1888 la Universidad de Santo Tomás se cerró, porque no “había condiciones sociales”, ni se estaba en el país en posibilidades de darle la organización que a sus funciones correspondía”.

Desde entonces, 1888, la enseñanza del Derecho nunca se interrumpió, porque la Escuela de Derecho permaneció abierta. Las Cátedras de Medicina y Farmacia fueron muy inestables.

Hasta 1888 la Universidad fue el principal centro científico y literario de la República, donde se formó la mayor cantidad de dirigentes del Estado y de la República.

El 29 de julio de 1890 el Presidente José Joaquín Rodríguez derogó el decreto de cierre de la Universidad, del 20 de agosto de 1888, y estableció que las propiedades de la Universidad se le devolvieran, sin embargo su Decreto que no se cumplió.

En su reemplazo se mantuvieron como Escuelas Superiores de Estudio, la de Derecho y Notariado y la de Ingeniería y Medicina.

Al mismo tiempo, el 12 de febrero de 1897 se fundó la Escuela de Farmacia, el 12 de marzo de 1897 la Escuela de Bellas Artes, en 1914 la Escuela de Pedagogía y, en 1926, la de Agricultura.

La Escuela de Derecho a partir del 1 de julio de 1891 se dispuso que la dirigiera el Colegio de Abogados, que ya se había fundado en 1882, hasta que en 1941 se integró a la estructura y organización de la Universidad de Costa Rica, que este año había abierto a sus estudiantes. En 1941 se abrió también la Escuela de Ingeniería.

En 1906 el Colegio de Abogados se pronunció por abrir de nuevo la Universidad.

El esfuerzo siguiente para abrir la Universidad se da en la década de 1930. En este período, el entonces Ministro de Educación, Teodoro Picado Michalski, del tercer gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno, en 1934, empieza a gestionar la apertura de la Universidad.

Bajo el Gobierno de Ricardo Jiménez se hacen negociaciones para traer de Chile una Misión Pedagógica y otra Económica para evaluar en esos aspectos al país. La Misión Económica la encabezó el Dr. Herman Max y la Misión Pedagógica la encabezó el Profesor Luis Galdámez. Con el Profesor Galdámez llegaron los Profesores Oscar Bustos, que tuvo a cargo evaluar la Educación Primaria y el Profesor Arturo Piga, la educación secundaria. Como asistentes de trabajo de esta Comisión se sumaron los profesores, recién graduados de Chile, Isacc Felipe Azofeifa y Carlos Monge Alfaro.

Para esos días se había constituido un grupo estudiantil llamado Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho. Los jóvenes de esta Asociación estuvieron presionando y movilizándose con la intención de que la Misión Chilena atendiera la necesidad de abrir la Universidad, por lo que ellos luchaban. Así el Profesor Galdámez asumió esa tarea.

En esos días se discutió sobre la Universidad Autónoma y sobre la Autonomía Universitaria. El punto medular giraba de si en la integración del Consejo Universitario debía estar o no el Ministro de Educación. Los estudiantes rechazaban su presencia. El propio Presidente Ricardo Jiménez se pronunció señalando que no debía estar. Manifestó que en esa figura si el Gobierno regenta la Universidad, lo que hacía el Gobierno era “darle sombra a la Universidad”, y que la Universidad debía ser “absolutamente libre” de todo tipo de banderías para su cometido académico científico.

En esta lucha opinaron con igual sentido Abelardo Bonilla Baldares, Carlos Monge Alfaro, Isacc Felipe Azofeifa, Luis Anderson, Joaquín García Monge, Alejandro Alvarado Quirós, Víctor Vargas Quesada, Benjamín Hernández, Napoleón silva y Teodoro Picado Mischalski.

Durante estos años el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se desempeñaba como Diputado, y seguía de cerca estas discusiones, a las que se había sumado Luis Demetrio Tinoco Castro, que al asumir la Presidencia de la República el Dr. Calderón Guardia, en 1940, le nombra Ministro de Educación y le dio el encargo de gestionar la apertura de la Universidad, así como de impulsar la derogatoria de las leyes liberales, de 1884, en el campo educativo.

El discurso al asumir la Presidencia el Dr. Calderón Guardia trazó su ruta de apertura de la Universidad. Luis Demetrio Tinoco, ya como Ministro, el 15 de junio envía el Proyecto de Ley al Congreso y el 20 de junio, de 1940, inició sus gestiones y negociaciones políticas, y con el sector empresarial, para lograrle los votos legislativos al proyecto de apertura de la Universidad. Los estudiantes de la Asociación Cultural seguían activos en esta lucha. El 5 de julio se pronunció a favor el Colegio de Abogados, el 10 de julio se sumó el Colegio de Ingenieros y el 17 de julio se sumó la Facultad de Odontología apoyando la apertura.

La discusión final profunda fue de si se restablecía la Universidad de Santo Tomás o se abría o creaba una Nueva Universidad. En el trasfondo, como sombra, estaba el hecho de que la Universidad de Santo Tomás el 7 de octubre de 1852 había sido declarada Universidad Pontificia, como parte de las relaciones que se estaban estableciendo con el Vaticano y el nombramiento que se estaba haciendo del Primer Obispo nacional, el Dr. Anselmo Llorente y La Fuente.

El período 1870 -1940 se había caracterizado por gobiernos liberales. El liberalismo político era lo dominante aun cuando ya habían surgido movimientos sociales, reformistas, socialistas y comunistas. El mismo Manuel Mora Valverde, como Secretario General del Partido Comunista, había sido electo en 1934, igual que Rafael Ángel Calderón al Congreso de la República, junto con el zapatero comunista Efraín Jiménez Guerrero, que se pasa al gobierno calderonista para apoyar políticas de calzado que el gobierno impulsaba.

El Dr. Rafael Ángel Calderón, de tradición católica familiar conservadora, había estudiado Medicina en Europa, en Bélgica, en dos universidades, la Universidad de Lovaina de tradición católica muy fuerte, donde se dice que lo influenció el Cardenal Mercier y el Código Social de Malinas, de esos años, y terminó sus estudios en la Universidad Libre de Bruselas, de influencia socialista, en ese período, de manera que en estas dos vertientes de pensamiento fortaleció el propio el Dr. Calderón Guardia.

Cuando se suscitó la discusión de reabrir o fundar la Universidad, tanto el Ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, como el propio Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, siendo ambos de tradición católica cristiana muy fuerte, se pronunciaron por “abrir”, por “fundar” y por “crear” una NUEVA Universidad para no heredar el carácter pontificio que tenía la Universidad de Santo Tomás, y para no “apadrinarla” con este Santo, que ha sido padrino de muchas instituciones educativas en el mundo.

El Dr. Calderón Guardia se pronunció con claridad en la importancia de esta separación nominal religiosa. De allí que el acto que se iba a dar, en esos días, era para crear o fundar una NUEVA Universidad, la Universidad Nacional, como se le llamó, a la Universidad de Costa Rica, como hoy la conocemos. En la propuesta de Calderón era abrir la Universidad con bases sólidas y modernas.

El 6 de agosto de 1940 el Congreso de la República terminó sus debates sobre la aprobación de la apertura de la Nueva Universidad. El 20 de agosto se aprobó la apertura, como Ley de la República, y se pasó al Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia para sus sanción Ejecutiva, lo que el Presidente hizo, dándole el Ejecútese, a la Ley de creación de la Universidad, el 26 de agosto, hace 80 años.

Para el Dr. Calderón Guardia, continuando lo que ya había manifestado el 8 de mayo de 1940, se le estaba prestando “muy especial atención” a la educación por constituir, “el fundamento de contextura moral del pueblo”, y para concentrar “sus esfuerzos en la fundación de la Universidad Nacional”, añadiendo que la ausencia de Universidad, en el período anterior, había constituido una laguna que había obstaculizado el mejoramiento del nivel intelectual costarricense.

Para el Dr. Calderón Guardia, la Universidad debía “irradiar” sus luces y “esparcir el saber por todos los rumbos”, debía “dirigir la opinión pública en materia social, y hacer reverdecer la vida nueva al progreso general de la República”.

Igualmente, señalaba, el Dr. Calderón Guardia, que la Universidad debía abrir espacio para aprovechar toda la riqueza intelectual del país, con más opciones de estudios, para evitar “una proletarización” intelectual.

La fecha del 26 de agosto de 1940 para la firma del Presidente a la apertura de la Universidad Nacional, o de Costa Rica, no fue caprichosa ni casual. El Dr. escogió esta fecha haciendo coincidencia histórica con el 26 de agosto de 1789, cuando se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se declaraban derechos «naturales e imprescriptibles» la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Pero, también, Declaración donde se enfatizaba en que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Donde “las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”, en que “nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley” y, en que “la libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.

Estos preceptos 1, 10 y 11 de la Declaración están implícitos en el concepto de Autonomía Universitaria, en todos sus alcances, de manera que el Dr. Calderón Guardia firmando la creación de la Universidad de Costa Rica la estaba arropando con todos los valores universales más importantes para el ejercicio libre de la vida docente universitaria.

A ello sumamos que la educación hoy se considera un Derecho. En Costa Rica cuando el Presidente Jesús Jiménez Zamora estableció la obligatoriedad, gratuidad y el financiamiento de la educación escolar, la estaba reconociendo como un Derecho de la niñez costarricense, y las Reformas educativas de Mauro Fernández, afirmaban ese Derecho para los jóvenes.

El Derecho a la educación es un Derecho Humano que tiene como finalidad establecer una educación primaria para todos los niños y niñas, desarrollar una educación secundaria accesible progresivamente a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, y el acceso a la educación superior en función de los méritos.

Así, el Derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar con ellos una vida social plena. El Derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades.

El Derecho a la educación hoy es un Derecho Humano reconocido y se entiende como el Derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria, para todo ciudadano, una educación secundaria, obligada a desarrollar por parte de los gobiernos, accesible para todos los jóvenes y adolescentes, y un acceso equitativo a la educación superior, con responsabilidad gubernativa de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria, con la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo.

Este Derecho a la Educación está contenido en numerosos tratados internacionales de Derechos Humanos. Su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de 1966, ratificado por Costa Rica.

El Pacto en su artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación, así, la «enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente»; la «enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita»; y la «enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita», señalando que debe «fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental, para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria».

Desde la creación de la Universidad de Costa Rica se estableció implícitamente la obligación de los gobiernos, sobre el derecho a la educación, a generar educación disponible, accesible, aceptable, y adaptable.

La educación no se considera un simple Derecho Humano más. Se le considera indispensable para el desarrollo de las personas y las sociedades, y se le considera como una herramienta del cambio social, y una forma de superar la pobreza, la marginación y la exclusión social.

En sus 80 años la Universidad de Costa Rica ha tenido 15 Rectores, con su actual “Rector” interino. Tiene su Escudo y su Bandera, aprobados en su última fecha el 20 de diciembre de 1999. Ha realizado desde 1946 siete Congresos Universitarios oficiales. Tiene hoy tras grandes campos, la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, que corresponde a la primera sede de instalación, el Área de las Instalaciones Deportivas, y la llamada Ciudad de la Investigación, todas en San Pedro de Montes de Oca, con un total de casi 500 hectáreas.

En el campo de la Academia y la Investigación la Universidad hoy tiene Facultades, Escuelas, Sedes universitarias regionales, 8 en el área de las Letras, 20 en Ciencias Sociales, 6 en Ciencias Básicas, 5 en Ciencias Agroalimentarias, 12 en el Área de Ingenierías, 9 en el Área de la Salud, la Escuela de Estudios Generales, el Sistema de Postgrado, y las Sedes Regionales, en San Ramón, Turrialba, Liberia, Puerto Limón, Puntarenas y Golfito. A todo esto suma La Radio Universidad, en sus distintas frecuencias, su Canal 15 de Televisión, el Coro Universitario, el Teatro Universitario, el Jardín Botánico, el Planetarium, Museos universitarios.

La Universidad de Costa Rica ocupa el primer lugar de las Universidades de Centroamérica, el 19 de América Latina y un reconocido lugar en las primeras 1000 universidades del mundo.

Cuenta la Universidad de Costa Rica de un vigoroso movimiento estudiantil surgido con el Consejo Estudiantil Universitario, desde su fundación, y con la Federación de Estudiantes de la Universidad desde 1958, que se acompaña hoy con grupos políticos y diverso tipo que existen a nivel estudiantil.

Con motivo de la celebración del 80 aniversario de la creación de la Universidad de Costa Rica, en mérito y reconocimiento al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, propongo públicamente que la Ciudad Científica, o a la Ciudad de la Investigación, se le nomine, y se le llame Ciudad Científica Universitaria Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Es quizá la mejor forma de agradecerle al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia su compromiso de impulsar su apertura y su fundación.

Con esto se estaría haciendo el mejor reconocimiento, al Gran Reformador Social de Costa Rica, que inició su Reforma Social con la apertura y fundación de la Universidad de Costa Rica, su primera Reforma Social, protegida hoy también por el sagrado manto de los Derechos Humanos en el campo de la Educación Superior.

¿Por qué es importante estudiar la desigualdad asociada a la distribución de la riqueza?

SURCOS recibió este comunicado:

Estamos haciendo un llamado a toda la población universitaria y costarricense para que escriba al señor Rector, Dr. Carlos Araya Leandro y demás miembros del Consejo Universitario de la UCR para que no sólo se pronuncien sobre el tema, sino que hagan respetar los principios la libertad de cátedra, la diversidad, el respecto a las personas y la libre expresión, la resolución interna de conflicto, entre otros.

Esta es la pregunta que se plantea una investigación en la Universidad de Costa Rica y que está siendo cuestionado en primera línea, por Florida Ice and Farm Company (FIFCO) y por Steve Aronson, fundador de Grupo Britt.

Recientemente, un vídeo elaborado por la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la Universidad de Costa Rica con base en una investigación en curso por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR (IIS-UCR), en la cual se vincula la desigualdad con la política fiscal, ha llevado a los grupos económicos de poder a presionar a la Universidad de Costa Rica (UCR) para rectificar la información elaborada por el medio universitario y a inmiscuirse en las fuentes utilizadas en la investigación.

Independientemente de las generalizaciones, que pueden ser criticables y mejorables, las personas afectadas deben limitarse a solicitar un Derecho de Respuesta y no a presionar a la Universidad a tomar determinadas posturas y decisiones.

El artículo 84 de la Constitución Política les otorga independencia a las Universidades Públicas para su funcionamiento. Así mismo, el estatuto orgánico de la UCR estable como sus principios la libertad de cátedra, la diversidad, el respecto a las personas y la libre expresión, la resolución interna de conflicto, entre otros. Así que, si algo debe mejorar la universidad, esta tiene independencia y los principios necesarios para resolverlo por su cuenta y sin presiones externas.

FIFCO y Steve Aronson no sólo cuestionan la investigación en curso, sino que están desplegando una campaña en medios de comunicación y ejerciendo fuertes presiones a las autoridades universitarias a tomar determinadas posturas y decisiones, en nombre de la UNIVERSIDAD.

Envié sus cartas a:

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector
rectoria@ucr.ac.cr
recepcion.rectoria@ucr.ac.cr
carlos.arayaleandro@ucr.ac.cr

Prof. Cat. Madeline Howard Mora
Directora
Área de Salud
mhoward@cu.ucr.ac.cr

M.Sc. Miguel Casafont Broutin
Área de Artes y Letras
mcasafont@cu.ucr.ac.cr

M.Sc. Carlos Humberto Méndez Soto
Área de Ciencias Agroalimentarias
cmendez@cu.ucr.ac.cr

Dr. Rodrigo Carboni Méndez
Área de Ciencias Básicas
rcarboni@cu.ucr.ac.cr

Dra. Teresita Cordero Cordero
Área de Ciencias Sociales
tcordero@cu.ucr.ac.cr

Dr. Guillermo Santana Barboza
Área de Ingeniería
gsantana@cu.ucr.ac.cr

M.Sc. Patricia Quesada Villalobos
Sedes Regionales
pquesada@cu.ucr.ac.cr

Lic. Warner Cascante Salas
Sector Administrativo
wcascante@cu.ucr.ac.cr

Bach. Valeria Rodríguez Quesada
Sector Estudiantil
vrodriguez@cu.ucr.ac.cr

Sr. Rodrigo Antonio Pérez Vega
Sector Estudiantil
rperez@cu.ucr.ac.cr

M.B.A. Marco Vinicio Calvo Vargas
Federación de Colegios Profesionales Universitarios
mcalvo@cu.ucr.ac.cr

M.Sc. Guiselle Cruz Maduro
Ministra de Educación Pública
despachoministro@mep.go.cr

*Ver también: Declaraciones en favor de la libertad académica del doctor Francisco Robles Rivera del IIS-UCR https://wp.me/p6rfbZ-ciO

Declaraciones en favor de la libertad académica del doctor Francisco Robles Rivera del IIS-UCR

SURCOS recibió dos documentos que llaman a respetar y apoyar la libertad académica del doctor Francisco Robles Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Uno de los documentos está firmado por la reconocida académica de la Universidad Libre de Berlín y su centro adscrito el Instituto de Estudios Latinoamericanos, la doctora Marianne Braig. El segundo es un escrito enviado por el Grupo de Trabajo CLACSO Élites empresariales, Estado y dominación.

La doctora Braig dirige su carta al rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Carlos Araya Leandro y expresa: “Agradezco el dar seguimiento al caso del Dr. Robles Rivera, y su interés para continuar la fructífera colaboración entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Libre de Berlín, instituciones que comparten un compromiso por la libertad académica”.

La profesora Braig detalla lo siguiente: … “le escribo con suma preocupación por las noticias que son de mi conocimiento respecto a la importancia de la libertad académica y los riesgos que esta sufre actualmente en el caso del Dr. Francisco Robles Rivera. Los cuestionamientos éticos y profesionales, así como los ataques personales contra el Dr. Robles Rivera por su trabajo académico no deben confundirse con la siempre válida discusión y crítica científica. Por el contrario, la amenaza o la intimidación afectan no solo la persona, sino a la comunidad científica en su conjunto”.

“De su honestidad académica y rigurosidad científica puedo dar fe. El trabajo del Dr. Robles Rivera ha destacado en el ámbito académico internacional por sumar en el debate temas de desigualdad, influencia y poder de las élites y construcción democrática en la región de Centroamérica”, agrega.

“Como usted sabe, dice Braig, son pocas las investigaciones que apuntan a entender las consecuencias de la reproducción de la cultura del privilegio y la influencia de las élites en la política, la economía y la cultura en América Central. Por esa razón, observamos con preocupación que los ataques personales no son exclusivos al trabajo académico del Dr. Robles Rivera, sino que, por el contrario, se suman a un problema mayor de ataques generalizados contra las ciencias sociales y las humanidades en contextos de alta desigualdad o cuando en su análisis evidencian dinámicas cuya discusión pública incomodan a los actores económicos y/o políticos beneficiados por las ventajas descritas”.

“En Alemania, y en la Unión Europea en general, las instituciones de educación superior están comprometidas en favor de la libertad académica y condenan los esfuerzos sistemáticos o aislados, vengan de actores públicos o privados, que buscan cercar el alcance de las ciencias sociales, sus métodos, sus explicaciones, sus discusiones y su publicación. Las universidades y sus consorcios se manifiestan por la defensa de las y los científicos para que cuenten con esa libertad académica, no solo en Alemania y Europa, sino en todo el mundo”.

“Reconociendo la importancia de las relaciones que la Universidad Libre de Berlín ha mantenido con la Universidad de Costa Rica por más de cuarenta años, estamos en la mejor disposición para apoyar el trabajo del Dr. Robles Rivera en el Instituto de Investigaciones Sociales y su libertad académica. También, es nuestro propósito colaborar en el fortalecimiento y la defensa de las ciencias sociales que buscan una mejor comprensión de los problemas que atañen a nuestros países, para lograr mejoras en las condiciones de vida de las personas, la equidad y la democracia”.

Por su parte, la Declaración del Grupo de Trabajo CLACSO Élites empresariales, Estado y dominación en apoyo a Francisco Robles Rivera dice:

“Las investigadoras y los investigadores del Grupo de Trabajo CLACSO Élites empresariales, Estado y dominación, brindamos nuestro total apoyo al colega investigador Dr. Francisco Robles Rivera de la Universidad de Costa Rica.

Hace unos días, su trabajo de investigación ha sido cuestionado públicamente por empresas y personas mencionadas en la investigación. Al respecto sostenemos lo siguiente. La investigación científica se basa en la búsqueda sistemática, con un método riguroso, de evidencias empíricas para conocer la realidad. Es a su vez un conocimiento sujeto a crítica y posee mecanismos propios de revisión de pares. El trabajo del profesor Robles Rivera, se ajusta a esos principios y está comprometido con ellos.

Entendemos que la libertad académica en los métodos y objetos de estudio es un derecho intrínsecamente vinculado a la libertad de expresión en la universidad y en una sociedad pluralista, y por ese motivo no debe ser menoscabado por motivos particulares o presiones externas.

Las ciencias sociales contribuyen a generar conocimiento sobre la propia sociedad, a reflexionar en forma crítica sobre el sentido común, las creencias establecidas y la naturalización de las relaciones sociales. Por ese motivo, muchas veces esa crítica incomoda a las estructuras de poder.

Los múltiples estudios sobre el poder han revelado la necesidad de una mayor transparencia y acceso a la información pública relativa al funcionamiento de la economía, los grupos empresariales y sistemas tributarios, en contextos de creciente concentración económica y de autoridad política. Todo ello se agrava por la constatación recurrente de restricciones de acceso y control de fuentes de datos, así como la opacidad en la información disponible.

Por lo señalado, el Grupo de Trabajo expresa su total respaldo al investigador Francisco Robles Rivera para que continúe con su trabajo de investigación y rechaza cualquier tipo de intento de censura o intromisión de este u otro trabajo de investigación académica dedicada a los estudios del poder”.

Avance para controlar Covid-19 es logro de instituciones

El doctor José María Gutiérrez, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto Clodomiro Picado, explica en entrevista con SURCOS cómo nace el esfuerzo por aportar en la búsqueda de un tratamiento para las personas infectadas por Covid-19.

Su exposición de seis minutos señala, además, la importancia del sistema de seguridad social para este logro, así como el valor de la autonomía universitaria para seguir dedicando esfuerzos al desarrollo nacional inclusivo.

Foto: UCR

Academia Nacional de Ciencias: Autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación

La autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de Costa Rica

Academia Nacional de Ciencias – Comunicado:

El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un componente esencial en la capacidad de un país de generar prosperidad y equidad a través del conocimiento. Costa Rica, durante varias décadas, ha realizado esfuerzos importantes, aunque aún insuficientes, para que la ciencia y la tecnología ocupen un lugar destacado en la agenda política nacional.

Los análisis sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Costa Rica han mostrado que el principal reservorio de conocimiento científico del país se encuentra en las universidades públicas, las que han aprovechado los recursos que les provee el Estado para generar un dinámico sector de investigación científico-tecnológica, el cual tiene fuertes vínculos con amplios sectores del país. La ciencia no es sólo una poderosa herramienta para el crecimiento económico, sino que constituye un elemento fundamental de la cultura de un país.

Para que las universidades públicas logren consolidar este valioso aporte al país es necesario que su actividad de generación de conocimiento mediante la investigación, y la proyección de ese conocimiento a la sociedad, no se debilite, sino que más bien se fortalezca. Un elemento absolutamente esencial de esa capacidad universitaria de generación de conocimiento a través de la investigación lo constituye la libertad académica en estas instituciones, vale decir la posibilidad de las personas que se dedican a la investigación para desarrollar sus proyectos en un marco de plena libertad. Esa libertad asegura el desarrollo de ideas novedosas y de soluciones innovadoras a los problemas del país.

Esta libertad académica, la cual potencia la energía creadora al interior de las universidades públicas, la garantiza la autonomía universitaria, ese preciado legado que nos dejaron los constituyentes, y que se ha mantenido incólume desde 1949. Las universidades públicas elaboran sus agendas de investigación en diálogo permanente con diversos sectores de la sociedad a la cual estas instituciones se deben. Pero esos sectores, especialmente los del ámbito político, no deben intentar interferir con la forma como las universidades organizan y desarrollan su trabajo académico.

Desde la Academia Nacional de Ciencias hemos visto con suma preocupación algunas iniciativas en el seno de la Asamblea Legislativa tendientes a modificar los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la autonomía universitaria. Consideramos que eso sería un craso error histórico que golpearía sin duda las capacidades nacionales en ciencia y tecnología.

El desarrollo científico-tecnológico surge en ambientes universitarios donde la libertad académica y las decisiones del uso de los recursos que provee el Estado se definen al interior de estas instituciones, en pleno ejercicio de la autonomía. El país requiere que las instituciones de educación superior continúen trabajando en el marco de una autonomía plena, para que sigan contribuyendo al desarrollo de la ciencia costarricense.

La Academia Nacional de Ciencias (ANC), creada mediante la Ley 7544 de 1995, tiene como misión asesorar a los poderes del Estado costarricense en Ciencia y Tecnología, promover la investigación científica y tecnológica del país y constituir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales. Es por esto que, como academia que vela por el mejoramiento de la actividad científica y tecnológica nacional, hacemos un llamado vehemente a las señoras diputadas y a los señores diputados para que no se modifiquen los artículos constitucionales relativos a la autonomía universitaria.

San José, 21 de julio de 2020

Foto: UCR