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Etiqueta: ciudadanía

Situación económica es la crisis más apremiante según encuesta del Idespo

El Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA) realizó una encuesta sobre: “Percepciones de la población costarricense e implicaciones de la pandemia COVID-19 en diferentes aspectos socioeconómicos y ambientales”.

El principal hallazgo es que la población coincide en que la mayor crisis está en el ámbito económico. Los niveles de acuerdo son un 4.727, en una escala de 1 a 5, donde 5 significa “totalmente de acuerdo”.

El objetivo del estudio es contribuir en la comprensión de cómo la emergencia sanitaria por la covid-19 incide en las percepciones sobre la noción de crisis en el país, las condiciones de trabajo, seguridad y soberanía alimentaria, entre otros aspectos.

Los datos de la encuesta muestran que el 51% de la población encuestada percibe que sus ingresos han disminuido durante la pandemia, situación que afecta especialmente a las mujeres. Además, la disminución de ingresos se manifiesta, además, en un ajuste en el consumo de ciertos alimentos. De acuerdo con la encuesta, la carne es el alimento que más personas señalan que han disminuido su consumo (58%), seguido por las frutas (47,3%) y las verduras, legumbres y hortalizas (45.2%).

Luego de la crisis económica la muestra señaló que las áreas siguientes en las que se percibe una crisis son: política (4.11) y la crisis en salud pública (3.91). También se menciona la crisis social (3.85), la educativa (3.62) y la ambiental-ecológica (3.31).

Para conocer más de la encuesta puede acceder en el archivo adjunto.

 

Información compartida a SURCOS por el departamento de prensa de la UNA.

¿Qué se requiere para ser magistrado/a suplente en C.R?

Por: Marcia Aguiluz Soto, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Aparentemente tener la bendición de algún grupo magistrados/as de la Corte Plena y las conexiones políticas adecuadas para resultar electo en la Asamblea Legislativa. En días recientes, la Asamblea Legislativa nombró a 3 magistrados y 1 magistrada suplentes para integrar la Sala III de la Corte Suprema de Justicia que es la que conoce en última instancia los conflictos de las personas con la ley penal y puede juzgar a quienes integran los supremos poderes (Diputados, Ministros, Presidente de la República, entre otros).

La magistratura suplente (que sustituye a magistrados/as titulares ante su ausencia temporal) no puede ser tomada a la ligera, de hecho, es muy común que las diversas Salas se integren con suplentes. Casos como el amparo contra la Mina Crucitas, la decisión que recalificó los hechos delictivos en los que participó el expresidente Rafael Ángel Calderón, la suspensión del cargo de Magistrado a Celso Gamboa, las recusaciones en el marco del caso UPAD, fueron fallados con participación de magistrados/as suplentes. Es decir, para la ciudadanía es fundamental que quienes resulten electos en estos cargos sean las mejores personas y no haya duda alguna sobre su independencia.

¿Cuál es el camino para llegar a la magistratura suplente?

Las magistraturas suplentes se encuentran establecidas en el artículo 165 de la Constitución Política. Para este cargo se requiere cumplir con los mismos requisitos que los magistrados/as titulares establecidos (a saber, ser costarricense, pertenecer al estado seglar, ser mayor de 35 años, abogado/a, con al menos 10 años de ejercicio o 5 si se trata de funcionarios judiciales).

En 2012, el Poder Judicial aprobó un reglamento para la selección de magistrados y magistradas suplentes. Sin embargo, este (por mayoría integrada, casualmente, por magistraturas suplentes) fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional en 2013. Sin ejercer control de convencionalidad y sin integrar el principio de idoneidad comprobada estipulado en el artículo 192 de la Constitución Política, dicho Tribunal señaló que basta con cumplir con los otros requisitos constitucionales genérico para ser elegible.

En febrero del 2021, la Corte aprobó unos lineamientos para la conformación de las listas para el cargo de magistraturas suplentes. De conformidad con estos, se realiza una convocatoria pública, se abre un periodo de inscripción de todas aquellas personas que reúnan los requisitos constitucionales, se realiza una investigación sociolaboral y de antecedentes con el objetivo de identificar potenciales conflictos de interés, incompatibilidades o prohibiciones legales, se elabora una nómina que es enviada a la Sala correspondiente, seguidamente se programa una entrevista (pública y grabada) con 3 magistrados/as titulares y, luego, la Sala envía sus recomendaciones a la Corte Plena, quien puede acoger o no estas recomendaciones a la hora de decidir la nómina que envía a la Asamblea Legislativa. Este órgano, a través de la Comisión Permanente de Nombramientos (CPEN) realiza una nueva evaluación y envía una lista al plenario con sus recomendaciones, sin que nada de eso vincule al Plenario.

Aunque pareciera que el proceso descrito tiene varios filtros, está lejos de cumplir con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que se deben respetar parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, los criterios de selección deben ser estrictos y regirse por los principios de igualdad y no discriminación, así como publicidad y transparencia.

Si bien el Poder Judicial señaló, en un reciente comunicado, que en esas recomendaciones sí aplica parámetros objetivos, en la práctica no hay información pública sobre cuáles son esos parámetros. Más bien, hay evidencia empírica de que, salvo los elementales requisitos constitucionales que provienen de1871 (edad y título de abogacía), los órganos intervinientes disfrutan de una amplia discrecionalidad para recomendar y elegir a quienes quieran. No solo no se siguen parámetros objetivos (o al menos no son públicos) sino que tampoco el proceso actual respeta los principios constitucionales de publicidad y transparencia (art. 11 CPol) pues los órganos decisores (Salas, Corte, Comisión de Nombramientos AL y Plenario) resuelven en secreto y sin fundamentación alguna. Los y las costarricenses no conocemos qué inclina la balanza a favor de una u otra persona candidata.

¿Qué pasó con la elección reciente de magistraturas suplentes para integrar la Sala Tercera?

Como mencioné, recientemente se eligió a los señores Rafael Segura Bonilla, William Serrano Baby, Miguel Fernández Calvo y Cinthia Dumani Stradtman. En la evaluación que realizó la CPEN, estas personas obtuvieron una calificación de 83.75, 84.25, 79.33 y 82.17, respectivamente. Otras personas, juezas de carrera en el máximo escalafón y con notas superiores —como Patricia Vargas González, con 93.26; o Edwin Salinas Durán, con un 87.19— no resultaron electas. ¿Qué motivó al Congreso a elegir a personas con menores calificaciones? No lo sabemos porque su voto es secreto y no tienen que justificarlo. Puede ser que las personas electas sean profesionales espectaculares, sin embargo, no es posible conocer el razonamiento detrás de su elección.

Por otra parte, en este proceso tampoco se tomó en cuenta la paridad de género. La Sala Tercera actualmente tiene 2 magistradas y 3 magistrados titulares. Pese a que claramente había otras mujeres muy calificadas para llegar al cargo de suplentes, la Asamblea se decantó por nombrar 3 hombres y 1 mujer, obviando así la importancia de que exista mayor representatividad de género en este tipo de cargos.

Lo ocurrido ilustra la perversidad del sistema vigente. Los lineamientos o metodologías solo existen para crear la ilusión de que las decisiones se toman con objetividad. Es evidente que no importa qué tanta formación, experiencia o idoneidad se tengan, la elección siempre será producto de negociaciones que se hacen a espaldas de la ciudadanía. La realidad nos demuestra que para llegar a la magistratura no se necesita ser la profesional mejor calificada, se necesita tener la conexión política adecuada. Justo ese vínculo política-magistratura está acabando con la independencia judicial, y con ello, menoscabando nuestra democracia y nuestro derecho de acceso a la justicia.

Urge una reflexión de país en torno a este tema. Se requieren reformas que respondan a las necesidades y desafíos actuales. El país no puede darse el lujo de continuar con un sistema de elección tan permeable a los intereses de los grupos de poder visibles e invisibles. Toda persona y actor social debe sumar su voz y demandar cambios en todos los niveles que corresponda: reglamentario, legal, jurisprudencial, y de ser necesario, constitucional. Nos lo debemos.

Elecciones en Perú. Fin de un ciclo. ¿Y ahora qué?

Ignacio López Siria

El tema que se nos propone incorpora, sin decirlo, tres momentos: el antes (el ciclo), el ahora (las elecciones) y el después (¿y ahora qué?). Nos invita entonces a reflexionar breve, pero profundamente sobre el tema. A eso me dedicaré soltando ideas que bien podrían promover futuros intercambios.

  1. Hay dos tipos de democracia, una cuantitativa y otra argumentativa. De la primera tenemos muestras mil. Por ejemplo, es practicada a diario por nuestro Congreso, en donde se imponen los números, no la razonabilidad de las argumentaciones ni la factibilidad de las propuestas. La cantidad se traduce en legalidad y, curiosamente, la legalidad termina siendo fuente de legitimidad. La democracia argumentativa busca convencer para construir una legitimidad de la que derive la legalidad. Tengo para mí que nuestra democracia, aunque no solo la nuestra, tiene mucho más de cuantitativa que de argumentativa.
  2. Puesta en el modo cuantitativo, la primera vuelta de nuestras elecciones no tuvo ganadores. Todos fuimos perdedores y digo “fuimos” porque en las elecciones no ganan ni pierden solo los candidatos, sino también los ciudadanos, los electores. Ningún grupo pasó la valla, la mitad más uno. Dividimos tanto las opciones que todos nos quedamos lejos, muy lejos de la meta. Incluso la suma de los dos primeros queda lejos de la meta. Vista en términos deportivos, la primera vuelta fue una carrera de perdedores. ¿Significa esto que no tenemos unos para con otros capacidad de escucha y de convencimiento o significa, más bien, que en la realidad somos tan diversos que siempre hemos dejado a medias la “promesa de la vida peruana”, la verdadera construcción de un albergue en el que quedamos dignamente todos aun sabiéndonos y aceptándonos como diferentes. ¿No será que esa fracasada primera vuelta nos está diciendo a gritos que nos pongamos de una buena vez, primero, a diseñar entre todos y, luego, a construir de a pocos una patria que todos sintamos como nuestra y que, además, nos abramos a una interacción honrosa con nuestro entorno y con el mundo?
  3. En este juego de perdedores, dos grupos fueron los que menos perdieron, precisamente aquellos que más crudamente representaban o bien el cambio hacia la equidad (económica, social, cultural y territorial) o bien la continuidad del modelo de siempre en la versión legalizada por la constitución del 93. Y, así, la dicotomía continuidad / cambio quedó instalada como el eje central de la competencia por el poder.
  4. Visto en corto, es decir, puesto el acento solo en lo cuantitativo, el ciclo abierto por la primera vuelta no ha llegado a su fin. Llegará el domingo, y entonces, a la vista del resultado de la segunda vuelta, cabrá preguntarse “¿y ahora qué?”. Si gana la continuidad, la respuesta parece fácil: seguirá el vuelo, en piloto automático, con alguna modificación ligera de la ruta y no pocas concesiones a la galería o mayor apertura del caño para aumentar el chorreo y, así, cumplir promesas electorales, fidelizar a la clientela y amortiguar el previsible ruido de la calle. No es necesario decir que las aguas volverían a su cauce y que no serían pocos los que, amainada la tormenta, podrían finalmente dormir tranquilos. Si gana el cambio parece que el panorama puede complicarse porque los perfiles de lo nuevo son difusos, los medios disponibles inciertos, los ejecutores semi desconocidos, la propuesta llena de incongruencias, etc. Diríase que con la victoria del cambio el ámbito político, por un lado, se puebla de interrogantes e inseguridades, con todo lo que ello arrastra, y, por otro, de entusiasmo cuasi épico porque se abre un mundo de posibilidades.

Pero la cuestión del ciclo y el “ahora qué” puede también ser pensada en largo y entonces puede decirse que los tambores del crepúsculo efectivamente ya han sonado, el modelo del “chorreo”, para decirlo en modo Cabana, se tambalea aquí y allá, la voz del subalternizado, del sistemáticamente excluido, se ha alzado en la primera vuelta de las elecciones y, contra muchas previsiones, ha puesto claramente sobre la mesa, como primera prioridad, el tema del modelo. Y lo ha hecho a su modo, sin afeites, con imperfecciones mil, sin limar las incoherencias ni parar mientes en fundamentaciones argumentadas ni en propuestas con visos de factibilidad. Del otro lado ha ocurrido algo parecido. Ante el manifiesto avance de la crítica gruesa al modelo, los defensores del mismo, que no son pocos y que andaban dispersos por varias opciones electorales, apuntaron a la guardianía más clara, cruda y desenfadada del modelo en cuestión, sin parar mientes en “remilgos” éticos ni en pesadas cargas del pasado. Se trata, efectivamente, de la etapa crepuscular de un ciclo, y en ella los portadores de la continuidad tienen que desplegar todas sus capacidades para impedir que se abran paso los signos aurorales que apuntan en el horizonte. Al final no fueron muchos. Puesto en términos electorales, fue apenas un tercio del electorado, pero ese tercio que quedó en la cumbre de la pequeña colina -ya dijimos que ninguno alcanzó la cima- estaba claramente dividido entre continuidad o cambio, y esta es la dicotomía fundamental que la primera vuelta nos dejó a todos sobre la mesa. Y lo hizo, reitero, sin mayorías aplastantes, pero también sin afeites, sin adornos, sin paliativos, con los rostros más claramente representativos de la continuidad, por un lado, y del cambio, por el otro. Ya este acontecimiento muestra de suyo que el ciclo abierto hace décadas y consagrado por la constitución del 93 manifiesta signos de agotamiento. No es fortuito, por lo demás, que esos signos se adviertan igualmente en otros contextos, algunos de ellos muy cercanos a nosotros.

Concluyo esta idea reiterando que el resultado de la primera vuelta muestra a las claras que la percepción dominante es que el ciclo del modelo vigente está terminando y que, si no se opta por su desmontaje, brusco o paulatino, la única manera de sostenerlo tendrá que ser, muy probablemente, “con mano dura”.

  1. Esta lectura de la primera vuelta me permite mirar la segunda vuelta, primero, como un esfuerzo, de uno y otro lado, por aproximarse al centro, limar asperezas, ganar a indecisos, atraerse a parte del enorme bolsón que quedó en el medio, etc., todo lo cual parece bastante normal. Pero hay algo más y, a mi juicio, mucho más importante. Creo que los sectores más interesados en la permanencia del modelo, con el apoyo indiscutible de una prensa obsecuente, se esfuerza en cambiar la mira, en poner el acento ya no en la dicotomía continuidad / cambio, sino en la dualidad democracia / dictadura, reiterando tercamente que lo único que está en juego es la continuidad de la democracia o la irrupción de la dictadura en manos de avezados terroristas. De lo demás, concretamente del modelo, se tratará luego cuando la democracia y el funcionamiento de sus estructuras tradicionales estén asegurados. Esta estrategia es esencialmente ofensiva, más que defensiva, se basa en el miedo y en la ignorancia, y facilita la caracterización e identificación del enemigo.

Al fortalecimiento, legitimación, difusión y posicionamiento internacional de esta estrategia han contribuido no solo las declaraciones de peruanos “ilustres” -Vargas Llosa es el ejemplo más emblemático- sino, incluso, algunos sectores del ámbito religioso y de organizaciones preocupadas por la defensa de los derechos humanos y civiles. El ejemplo más conocido, pero no único, es la “Proclama ciudadana: Juramento por la democracia”, en el que tanto empeño ha puesto un sector de la iglesia. Independientemente de la intención de los firmantes de la proclama, lo cierto es que ella desvía la atención de la primera vuelta que estuvo puesta en la dicotomía cambio / continuación para ponerla en democracia / tiranía. Ello ha servido y sigue sirviendo, con un apoyo mediático desembozado, para empobrecer, para unidimensionalizar el debate de la segunda vuelta dejando fuera de juego el tema del modelo societal y atribuyendo primacía a los componentes formales de la democracia, de cuya importancia, por lo demás, no se puede dudar. Estamos perdiendo, por tanto, una excelente oportunidad, una más, para pensar a fondo y argumentativamente la gobernanza, la organización y la gestión de nuestra convivencia teniendo bien en cuenta la rica diversidad que nos caracteriza. Basta con oír las preguntas que, por lo general, plantean los periodistas a los políticos para caer en la cuenta de la unilateralidad y simplicidad de la temática a la que quieren reducir el debate político.

  1. Visto lo visto y poniéndolos en el “después de” cabe, efectivamente, preguntarse “¿y ahora qué?

Lo primero que hay que considerar es que el tiempo de elecciones no se mide cronológicamente, sino que se asume como “acontecimiento”, como oportunidad, como condensación del pasado en un presente henchido de futuro, todo lo cual convoca a actuar con conciencia plena y máxima eticidad.

Si la primera vuelta es aquella en la que votamos por convicción, es evidente que estamos seriamente divididos. Advertimos, además, que la diferencia que hubo entre el primero y el último es menor que la que se dio entre el primero y el primer peldaño de la meta. ¿Qué hacer, entonces? Hay quienes creen que el lunes debe comenzar la reconciliación y que debemos olvidar los agravios del pasado reciente para reconstruir la aparente armonía de siempre. Otros piensan que al día siguiente de la segunda vuelta, si no antes, comienzan los acuerdos para conseguir mayorías que faciliten la gobernanza y arrinconen a las minorías. Claro que todo esto se puede hacer y probablemente se hará, pero creo que si nos quedamos en ello habremos perdido, una vez más, la oportunidad que se nos ofrece de entendernos como lo que la primera vuelta dice que somos, un puñado de minorías sin ganadores que tratan de emerger en un mar de inequidad y que no aciertan a trenzar acuerdos, racional y éticamente sostenibles, para diseñar y construir una vivienda que nos albergue a todos dignamente haciendo de las diferencias una fuente de enriquecimiento mutuo y de gozo. Todos sabemos que nada de esto es fácil. Yo añado que no se requieren mayorías. Basta con minorías conscientes de su condición de tales y, consiguientemente, abiertas al diálogo con las otras minorías y a la mirada vigilante de la ciudadanía.

La propuesta de reforma al régimen de pensiones

Óscar Madrigal

La Junta Directiva de la CCSS se apresta a discutir una serie de reformas al régimen de pensiones y jubilaciones. Ha dado dos meses para someter las propuestas a consideración de la ciudadanía. Es impostergable que los movimientos sociales y políticos se pronuncien públicamente sobre el alcance o impacto de esas reformas.

La misma Caja considera que el nuevo cálculo de la pensión que se propone (calcularla sobre los salarios de los últimos 25 años y no de 20 años como es actualmente) producirá una disminución del monto de la pensión hasta de un 12%. En otras palabras, por solo ese hecho, la pensión se reducirá y en especial a los trabajadores con los salarios menores. A estos golpeará aún más.

De los 1,2 millones de cotizantes el 40% de ellos (trabajadores y trabajadoras) lo hacen con un salario menor a ¢474.000, por lo que se considera que, con la propuesta de la Caja, los trabajadores con salarios más bajos recibirán una pensión por debajo de la pensión mínima que es de ¢136.875. Esto debe rechazarse radicalmente porque es condenar a la miseria a los futuros pensionados.

En estos momentos el 75% de los pensionados reciben una pensión menor a ¢276.000 al mes según la Caja, lo cual es por sí muy bajo, pero con las reformas propuestas harán más miserable la vida de. Los futuros pensionados.

Las mujeres trabajadoras también salen perjudicadas con las propuestas de la Caja, ya que equiparan la edad de jubilación de hombres y mujeres a los 65, lo cual significa un retroceso en los derechos femeninos, en el reconocimiento de las diferencias que existen en el trabajo femenino y masculino. Representa un grave retroceso en los derechos humanos de las mujeres, lo cual es inaceptable para los que somos partidarios de la progresividad de los derechos.

En general, las propuestas de la Caja están orientadas a aumentar la edad de retiro, aumentar el número de cotizaciones para calcular la pensión, eliminar derechos de las mujeres, reducir el porcentaje de la cuantía de lo que debe pagarse al jubilado de un 52% a un 43% del salario promedio, en general se propone reducir los derechos de jubilación de los trabajadores y trabajadoras, lo que vuelve la propuesta inaceptable y debe rechazarse por ser perjudicial para los asalariados.

Entonces, ¿cuál es la solución a los problemas de sostenibilidad financiera del régimen? Porque el IVM no puede continuar como está, ¿habrá otras propuestas distintas que pueda sugerir el movimiento social y la izquierda?

Los regímenes de pensiones en todo el mundo están sometidos a grandes retos y las soluciones de privatización, de capitalización o de un régimen NO solidario como el propuesto en Chile, han mostrado su rotundo fracaso. El sistema de pensiones basado en la solidaridad es una gran conquista del Estado de Bienestar Social, sea la participación conjunta de patronos, trabajadores y el Estado. En consecuencia, su financiación debe provenir de sus propios componentes. Pero como los patronos no aceptarían un aumento de la cotización más allá de la ya pactada para los próximos seis años y los trabajadores están cada vez más pauperizados, le corresponderá al Estado asumir la carga principal de la sostenibilidad de un régimen de pensiones universal y digno, lo cual significa pensiones que permitan a los jubilados una vida digna.

La solución parte de lo siguiente: un cronograma de pago del más del billón de colones que el Estado le debe al IVM.

Como a partir del 1 de enero de 2029, los patronos pagarán al IVM un 5.75%, los trabajadores un 4.50% y el Estado un 1.91%, la propuesta es que a partir del 2030 se aumente en un 1% la cotización del Estado solo al IVM, excluyendo a los otros regímenes de pensiones.  Estamos partiendo de que, en 3 años, según lo que nos han dicho las autoridades de Hacienda, las finanzas ya habrán recuperado su fortaleza, pudiendo asumir esta obligación.

Hay que tener en cuenta que el Estado de Bienestar es el principal responsable de mantener en el tiempo un justo sistema de pensiones de carácter universal. Además, es el que tiene los mecanismos para aumentar los ingresos.

De esta manera se le podrá dar sostenibilidad al IVM más allá del año 2050, que es lo que se propone con las reformas que impulsa la Caja.

Foro de Justicia se pronuncia ante visita (virtual) del relator especial de la ONU sobre “independencia de magistrados y abogados a la Corte Suprema de Justicia”

PRONUNCIAMIENTO DEL FORO DE JUSTICIA ANTE LA VISITA (VIRTUAL) DEL RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE MAGISTRADOS Y ABOGADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA

TENIENDO EN CUENTA QUE:

I.- Costa Rica, como signatario original de la Carta de las Naciones Unidas forma parte del sistema de Naciones Unidas el cual, para el cumplimiento de sus objetivos de defensa de las garantías democráticas, posee una amplia cantidad de órganos de verificación, entre los que se encuentra la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados (sic), creada desde el año 1994, cuyo mandato, según resolución 26/7 del 10 de julio de 2014, se origina en la convicción de que “la independencia e imparcialidad del poder judicial, la independencia de los profesionales del derecho, la objetividad e imparcialidad de fiscales capaces de desempeñar debidamente su cometido y la integridad del sistema judicial son requisitos esenciales para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la aplicación de la legislación propia de un estado de derecho, y para asegurar que los juicios sean imparciales y se celebren al margen de cualquier discriminación”. En dicho cargo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designó, desde 2017, a quien fuera juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos períodos consecutivos (2008-2013) el Dr. Diego García-Sayán.

II.- La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial de los magistrados y abogados, mediante nota diplomática remitió a Costa Rica la OL CRI 3/2019 de fecha 12 de julio de 2019 en la cual, entre otras cosas, estipuló la necesidad de “Adoptar y aplicar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de las altas magistraturas esté basado exclusivamente en criterios objetivos y transparentes y que tengan por objetivo asegurar la integridad, idoneidad y la formación o calificación idónea de las personas seleccionadas. Dicho proceso ha de adecuarse a los estándares y principios internacionales de la independencia judicial.”

III.- La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial de los magistrados y abogados, mediante la OL CRI 3/2020 de fecha 27 de octubre de 2020 recomendó a Costa Rica lo siguiente: “2. Que se impulsen los esfuerzos necesarios para cesar las amenazas a la independencia judicial causadas por intromisión en la autogestión del poder judicial, la regresividad de derechos sociales y económicos y que se adopten las medidas de derecho interno que sean necesarias para dejar sin efecto, y haciendo cesar, los actos causantes de las violaciones a la independencia judicial aquí establecidas. 3. Exhortar al Estado de Costa Rica a adecuar su legislación a los principios y garantías de la independencia judicial consagrados internacionalmente y resolver lo antes posible las acciones constitucionales que ponen en entredicho ciertas leyes”.

IV.- Que en fecha 24 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó la atención a Costa Rica sobre el tema de independencia judicial interna por procesos disciplinarios seguidos en la Corte Suprema de Justicia a un juez por aplicar criterios de convencionalidad e insto a que “asegurar y proteger la independencia e imparcialidad de los jueces y garantizar que la toma de decisiones judiciales esté libre de todo tipo presiones e injerencias”.

V.- Que los estándares internacionales relacionados con la elección de magistraturas se derivan de las obligaciones internacionales del Estado costarricense y se encuentran desarrollados ampliamente en diversos documentos como los siguientes: Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre garantías para la independencia judicial; Informe del ex Relator Especial de la ONU Leandro Despouy sobre garantías internas y externas a la independencia judicial; Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura ONU; y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre las que destacan los casos Reverón Trujillo Vs. Venezuela y Quintana Coello vs. Ecuador.

VI.- Que existe una “invitación abierta a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas”, según fue indicado mediante nota DM-1830-2019 por la ministra a.i. de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Lorena Aguilar Revelo, y que, específicamente, mediante oficio DGPE-838-2019 del 29 de agosto de 2019 la señora Adriana Bolaños Argueta, Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, realizó una invitación formal al señor Diego García Sayán Larrabure, Relator Especial para la independencia judicial de las Naciones Unidas.

VII.- Que la intervención —anunciada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) — del Dr. Diego García-Sayán en la sesión de la Corte Suprema de Justicia el 24 de mayo de 2021, ocurre en su condición de experto independiente y Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, lo cual es parte de su mandato.

VIII.- Que en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de fecha 23 de julio de 2020, este órgano intergubernamental instó “a todos los Gobiernos a cooperar con el Relator Especial y a prestarle asistencia en el desempeño de su cometido, a facilitarle toda la información necesaria que solicite, a responder sin dilaciones indebidas a las comunicaciones que les haga llegar, y a considerar la posibilidad de acceder a sus solicitudes para visitar sus países y de poner en práctica sus recomendaciones”.

IX.- Que la crisis institucional del Poder Judicial costarricense de 2018, generó una pérdida de legitimidad de la ciudadanía costarricense en el Poder Judicial y evidenció la necesidad de reformas profundas, que a la fecha no se han producido por falta de voluntad política de los diferentes sectores involucrados, lo que implica un debilitamiento de la institucionalidad del país.

X.- Que los diferentes informes y visitas de los distintos mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas son un medio para fortalecer el cumplimiento de los Derechos Humanos y consolidar el respeto al Estado Constitucional y Democrático de Derecho, siendo que Costa Rica se ha destacado por ser un país respetuoso del Derecho Internacional Público y aliado de los órganos internacionales.

INSTA RESPETUOSAMENTE:

1.- A los señores magistrados y magistradas del Poder Judicial costarricense a que, siguiendo las mejores tradiciones cívicas y democráticas que les han precedido, escuchen el mensaje del experto independiente de las Naciones Unidas y, en el marco de sus competencias, avancen las reformas necesarias para ajustar la situación nacional a los estándares internacionales.

2.- A la ciudadanía, sociedad civil y prensa nacional e internacional a que, den seguimiento a las reformas pendientes que tienen como objetivo fortalecer la independencia judicial, algunas de las cuales se encuentran a la espera de aprobación por parte de la Corte Suprema de Justicia.

3.- A la Asamblea Legislativa de Costa Rica a que se inviten a las diferentes oficinas especializadas de las Naciones Unidas para que coadyuven en el diseño de las reformas necesarias adecuadas a la tradición de civilidad y juridicidad del país, a fin de que se asegure la independencia interna y externa de cada juez o jueza de la República, y se garantice la vigencia de los derechos humanos de toda la población.

4.- A la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de los Magistrados y Abogados, y a la OACNUDH, a que, en el marco de sus competencias, contribuyan con el fortalecimiento de la independencia judicial en Costa Rica.

5.- Invitamos a toda la ciudadanía a seguir con atención la sesión de la Corte Suprema de Justicia del lunes 24 de mayo de 2021 a las 09:00, a través del enlace https://livestream.com/poderjudicial-costarica.

El Foro de Justicia es un espacio de diálogo, sin fines de lucro, compuesto por organizaciones de distintas orientaciones y disciplinas cuyo objetivo consiste en proponer reformas para lograr una justicia independiente, pronta, cumplida e igual para todas las personas. El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Americana de Juristas rama Costa Rica, la Asociación Costa Rica integra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad De La Salle, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y por personas expertas independientes. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a los correos: mesoamerica@cejil.org; forodejusticiacr@gmail.com.

Walter Antillón Montealegre

Asociación Americana De Juristas – Rama Costa Rica

Adriana Orocú Chavarría

Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD)

Lorena González Pinto

Cátedra Unesco de Derechos Humanos Universidad De La Salle

Evelyn Villarreal Fernández

Programa Estado de la Nación-PEN CONARE

Claudia Paz y Paz Bailey

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Alfredo Chirino Sánchez

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (FD-UCR)

Rosaura Chinchilla Calderón

Integrante independiente

Marcia Aguiluz Soto

Integrante independiente

Fraya Corrales Gómez

Asociación CR Íntegra (CRI)

Luis Antonio González Jiménez, Integrante independiente

Patrimonialismo latinoamericano como forma de gobierno excluyente

Miguel Sobrado

El concepto de patrimonialismo como gobierno de un grupo tiene muchas debilidades ya que todo Estado expresa los intereses de la clase dominante. En este sentido no es la empresa de todos, como debería ser, pero existen diferencias importantes dependiendo de la organización de los grupos de interés y a la existencia de pesos y contrapesos en la sociedad. Como se verá en el caso de los estados latinoamericanos, por la historia y composición interna, el patrimonialismo tiene un apellido propio de Latinoamérica, por ser excluyente de las amplias mayorías. Reconocer el carácter de este sistema es el primer paso para actuar en su transformación

Fukuyama destacas tres instituciones para una buena gestión política:

  • Un Estado (con proyecto nacional no excluyente)
  • Principio de legalidad
  • Gobierno responsable

Sin embargo, estas tres instituciones están correlacionadas entre sí. No se pueden ver como componentes separados que se pueden sumar por decretos formales en la práctica. Están arraigadas en un sistema que les da forma y las relaciona entre sí produciendo resultados diferenciados según el contexto. El caso latinoamericano, donde los estados son republicanos y tienen formalmente estas instituciones, pero cuyos resultados, en la mayoría de los casos son deplorables, amerita un análisis particular.

Las herencias coloniales

América Latina heredó de las monarquías de Europa del sur, carentes de contrapesos políticos, una forma de gobierno patrimonial, que, si bien ha tenido su propia evolución, mantiene la esencia de gobierno al servicio de la élite. Esto es donde el Estado, opera sobre la base de estructuras de poder que reparten beneficios a las clientelas políticas, marginando o excluyendo amplias mayorías.

Esta estructura contrasta con la que heredó América del Norte de la monarquía constitucional inglesa, bastante disminuida en su poder, gracias a la revolución de Cromwell, por el peso de la burguesía en el parlamento y un sistema legal, donde se impusieron nuevos pesos y contrapesos que hicieron valer los intereses de los pequeños empresarios y capitalistas a través de la división efectiva de poderes.

Las “repúblicas” independientes

El patrimonialismo latinoamericano ha tomado, bajo el nombre de repúblicas, diversas formas en el continente, dependiendo del peso socioeconómico de los diversos sectores sociales en la composición de cada país. Pero ha procurado mantener su esencia de clase privilegiada con los golpes militares o a través de su peso e incidencia en la legislación y las estructuras institucionales. Resultando en gobiernos no incluyentes de oportunidades para amplias mayorías, donde se afianza la desigualdad de oportunidades y se resquebraja cada vez más el tejido social.

La independencia, si bien se realizó bajo las banderas republicanas, fue realizada por los hijos de los colonizadores, que habían acaparado las principales tierras y riquezas, de hecho, no cambió las relaciones de propiedad y de poder económico, consolidando un poder político oligárquico.

Los indígenas y los africanos, si bien formalmente se transformaron en ciudadanos con las nuevas constituciones, siguieron viviendo en la servidumbre e incluso en no pocos casos en la esclavitud. La educación elemento clave para el ascenso social, no fue un servicio público de fácil acceso para estos grupos sociales de los cuales solo se esperaba trabajo físico.

Los estados se formaron en un proceso de confrontaciones de intereses personalistas y de grupos de poder locales y nacionales, que después de un período de confrontaciones violentas y de golpes de estado configuraron un cuerpo legal y un sistema de gobierno.

Como se puede apreciar el origen del patrimonialismo excluyente tiene sus raíces en la cultura colonial y en las estructuras económicas y sociales desiguales con los pueblos originarios y los esclavos por las relaciones poder y la concentración de la tierra. De tal manera, que, al llegar la independencia de los nuevos estados, en la legislación y la configuración institucional, tuvieron un papel protagónico los hijos de los conquistadores sin un contrapeso político y económico, más allá de las relaciones formales de “igualdad”. En Ecuador, refiriéndose a la forma en que se aplicaba la legalidad, un dirigente indígena, que no les tenía mucha confianza, decía que “Las leyes se hicieron para los de poncho”, esto es para garantizar los derechos de los oligarcas.

Este cuerpo legal y el sistema de gobierno, a diferencia de los países anglosajones donde desde el principio han pesado los intereses de la naciente burguesía, se ha subordinado a los intereses e influencia de la oligarquía y los grupos asociados para ejercer el poder. De tal forma, resguardaban los intereses y derechos de la oligarquía, dejando por fuera los derechos de propiedad y organización de las comunidades indígenas y subordinando, durante mucho tiempo, a los asalariados a las relaciones tradicionales de servidumbre.

No todos los países ni territorios han sido iguales

El peso de la estructura sociopolítica, ha sido un factor condicionante del sistema y el funcionamiento de las relaciones políticas en cada país. En países donde la clase media de propietarios y posteriormente de asalariados ha jugado un papel importante en la configuración del aparato institucional y político, como en Uruguay y Costa Rica la operación democrática del sistema ha tenido menos interferencias patrimonialistas.

Proyecto país y gestión pública

Una visión de futuro que integre progresivamente el haz de voluntades es un componente esencial para el buen funcionamiento del Estado, de su sistema legal y articulación institucional. La visión de futuro debe estimular las acciones e inversiones en su construcción. Debe llegar a marcar los senderos por donde transite el interés personal, construyendo el edificio colectivo. Esto depende también de la capacidad de un liderazgo sabio, tal como lo señala Fukuyama “La esencia de la política pasa por la capacidad de los líderes de abrir paso a paso, a través de una mezcla de autoridad, legalidad, legitimidad, negociación, carisma, ideas y organización.

La capacidad de organización y la vida democrática

Como se ha podido apreciar la vida política tiene, no solo estructuras formales, sino muchas dimensiones socioeconómicas, políticas y organizativas que son las que le dan forma.

El peso numérico de los sectores sociales es apenas un factor, que depende de su capacidad económica, pero sobre todo de su capacidad organizativa parda incidir en la vida política. Por eso podemos afirmar que la organización es una vitamina clave (vitamina O) en los procesos de representación e incidencia en las transformaciones políticas. No basta con que exista el derecho a elegir, si los grupos sociales no tienen derechos reales y están organizados para garantizar que sus intereses están representados en los partidos políticos y que pueden exigir su cumplimiento. En estas condiciones su participación es decorativa y fácilmente manipulable por los patronos políticos. Como decía muy atinadamente el ex presidente José Figueres Ferrer, “Los hombres sin organización no tienen ningún poder” De ahí la importancia que tiene la política social, configurando poder ciudadano capaz de transformar las estructuras, por el contrario, generando dependencia y pasividad que abonan las relaciones clientelares.

De ahí que tanto que la configuración del Estado, como la legalidad que lo sustenta, así como el aparato institucional de gobierno, dependan de la composición social del país, así como de la capacidad de incidir que tengan las organizaciones e individuos sobre el Estado. Esto último es de particular importancia en el análisis de los estados latinoamericanos.

AMERICA LATINA FRENTE AL CAMBIO

La cortina de humo moralista

Las personas, sus cualidades y valores morales, así como la cultura local son vistas como factores determinantes en la práctica política del buen o mal gobierno. El patrimonialismo excluyente no se percibe como un sistema, que por su esencia genera corrupción, y que debe reformarse con transformaciones institucionales sistémicas que generen y estimulen la acción organizada, con descentralización y la rendición de cuentas, se atribuye la corrupción a los gobernantes y a la cultura prevaleciente.

De tal forma la predicación de los autoproclamados puros moralmente consiste en calificar de corruptos a todos los que no sean ellos y establecer denuncias, no siempre fundamentadas, contra la “corrupción”.

Así se evaden las causas sistémicas y se reducen las soluciones al cambio de personas, que vuelven, dentro del sistema a repetir los mismos pasos.

La revolución científico técnica y el narcotráfico

Los acelerados cambios promovidos por la revolución científico técnica, provocan la desaparición del trabajo físico y mecánico, donde se ha empotrado laboralmente la población con bajo nivel educativo. La desocupación y el desempleo crónico genera un clima de tensión, resquebrajamiento y desestabilización en el tejido social, que es aprovechado por nuevo poder de gran envergadura emergente en el continente: el narcotráfico.

Esta nueva realidad, ha empezado a desplazar muchos gobiernos estatales y municipales en México. Brasil y Colombia y a transformar países completos como los del Triángulo del norte de Centro América, en estados fallidos.

Importancia de la política social en la organización y apoderamiento ciudadano

La política social tiene como función principal contribuir a redistribuir el ingreso formando capacidades organizativas empresariales y ciudadanas y facilitando la asistencia social a quienes la necesitan por no estar en condiciones de valerse por sí mismos. Pero la forma en que se aplica la política social no es neutral, dependiendo del enfoque ideológico que se le dé y la organización institucional que se adopte para ejecutarlo.

Una dicotomía clave

La población pobre o limitada de recursos, en condiciones de valerse por sí mismos, puede verse en términos de formulación de los proyectos

  1. a) como “perdedores” que deben ser asistidos y guiados por profesionales o
  2. b) la visión prometeica esto es como personas que necesitan apoderarse del “fuego” de la organización y recibir los servicios básicos para salir adelante.

Ad a) Cuando predomina la visión de perdedores los programas y proyectos facilitan asistencia y servicios, pero no generan capacidades de organización autónoma. Por el contrario, tiende a generarse dependencia y pasividad que es aprovechada por los políticos para fortalecer sus clientelas electorales. En otras palabras, dentro de este esquema se mantienen y fortalecen las relaciones de poder político y de dependencia institucional. Es por esa razón que este enfoque se mantiene en la práctica institucional, independientemente de las declaraciones formales que los documentos de política social realicen contra el asistencialismo y en favor de una supuesta participación, que como bien lo señala el profesor Raff Carmen, especialista en educación de adultos de la Universidad de Manchester, no pasa de ser una participación manipulada o “participulación” como acertadamente la denomina.

Ad b) Cuando predomina la visión prometeica y la gente se capacita en organización personal y colectiva, las personas se apoderan de un instrumento que les permite desempeñarse en la vida ciudadana y empresarial.

La experiencia del Hospital sin Paredes, en Costa Rica, de la década de los setenta donde la comunidad de cinco cantones de Costa Rica, conjuntamente con el equipo médico del Hospital de San Ramón, se apoderó de la salud en un sentido integral, reduciendo no solo las tasas de mortalidad materno infantil y la morbilidad en general, sino que impulsó el desarrollo comunal y económico de la región.

El libro “Un futuro para los excluidos” London, UK: Zed Books. ISBN 9781856497022. de1999, describe los resultados de la capacitación masiva en organización de Clodomir Santos de Morais aplicada en tres continentes durante 30 años, con resultados destacados, entre otros, en procesos de reforma agraria.

A pesar de estas evidencias fácticas y de los sustentos en la teoría de la actividad objetivada y en la educación de adultos, las políticas sociales presionadas por las relaciones de poder se han ajustado a la visión de “perdedores”, descartando en la práctica el método prometeico.

El dilema latinoamericano

América Latina atraviesa un período crítico de su historia, enfrentada a la revolución científico técnica, con un bajo nivel educativo en su población, en un momento que el trabajo físico y repetitivo desaparece cada vez más rápidamente. Con niveles de desigualdad, pobreza creciente y desempleo que son aprovechados por el narcotráfico para reclutar sus gatilleros mientras muchos estados se debilitan o sucumben como fallidos. En este panorama nada alentador, sus políticos se aferran al patrimonialismo mientras aumentan lo éxodos de refugiados y crece la violencia interna.

¿Puede seguir en América Latina con el modelo patrimonialista de estado en el siglo XXI?

Por lo visto anteriormente, el modelo patrimonial de estado, fundado en relaciones clientelistas, donde los patrones políticos reparten diarios y servicios tiene sus días contados ante los desequilibrios sociales y políticos que la falta de oportunidades educativas y la desigualdad están provocando sobre el tejido social. Por otra parte, el poder de un nuevo sector económico y político encuentra eco en los excluidos y desesperados

Por primera vez en quinientos años los estados latinoamericanos han encontrado un reto que no depende, como en el pasado, de un acomodo en las “cortes” de las tradicionales clases patrimoniales, sino que confrontan al Estado tradicional y toman cada vez más posiciones en los gobiernos e instituciones locales. Para este reto disponen de recursos económicos e incluso de terror militar cada vez más numerosos y sofisticados.

El cambio y la transformación institucional son inevitables y la realizarán los dueños del terror, o pasaremos por un nuevo período de dictaduras populistas, a menos que optemos por una transformación en democracia. Formando la ciudadanía organizada necesaria, desde abajo, en un proceso de construcción de nuevos círculos virtuosos que organicen a la sociedad al mismo tiempo que legitimen la autoridad.

¿Cuál es la alternativa al caos y la violencia?

La situación no es fácil, los mecanismos de reparto de recursos públicos utilizados por el clientelismo, se ven cada vez más restringidos, tanto por la magnitud de los problemas sociales y de violencia, como por el agotamiento de los recursos públicos en estados cada vez más endeudados. El terror y la violencia asoman la cara en forma de narco gobiernos o dictaduras duras.

Para evitar el caos que ha empezado a expulsar a millones de latinoamericanos, hacia el exterior, y pensar en soluciones democráticas hay que aplicar soluciones sistémicas que actúen sobre las causas y no solo sobre los efectos inmediatos.

Soluciones que contribuyan, progresivamente, a romper los círculos viciosos y estimular la emergencia de nuevos círculos virtuosos que tengan fundamento en las mejores prácticas.

¿Misión imposible hacer el cambio en democracia?

Cambiar una inercia de 500 años, sólidamente fundamentada en el peso de las estructuras sociales y las relaciones de poder vigentes, en condicione democráticas, puede parecer una utopía irrealizable a primera vista y no es una tarea fácil a corto plazo, pero no es imposible se actúa con visión de sistema. Esto es reconocer, por una parte, que lo existente es producto de una práctica, que no se transforma con cursos y buenos consejos, sino con una nueva práctica. Por otra parte, que el cambio de los sistemas parte de accionar sobre los círculos viciosos construyendo progresivamente círculos virtuosos. Esto es un proceso acumulativo donde los resultados generan confianza y acumulan autoridad y respaldo sobre las comunidades y actores de la transformación

Se trata de una combinación de educación y capacitación organizacional cívica y empresarial acompañada de una política de descentralización, que abra senderos y genere autoridad por sus resultados.

Un pilar central de centrarse en la educación que es la llave de las oportunidades. Más allá del esquema tradicional de la educación estándar masificada que prepara oficios de toda la vida. adaptada a la nueva época, se requiere d una educación cosmopolita, pero enraizada en nuestros países, que propicie el respeto de las culturas ancestrales y la integración de saberes en la búsqueda de soluciones. Que enseñe a respetar las culturas locales y conocer las nuevas experiencias de desarrollo impulsadas por las comunidades indígenas, como las impulsadas en Bolivia.

La organización de las personas y de las comunidades, es la vitamina “O” del desarrollo, es la que apodera a las comunidades y personas para participar en la vida cívica y política. Sin organización cívica la descentralización es un “canto a la bandera” que termina cediendo los espacios al clientelismo y al narco. Por eso es fundamental una descentralización de la educación y la capacitación, así como los servicios de apoyo al financiamiento de proyectos locales que el impulsen el ascenso social al mismo tiempo que el encadenamiento y generación de empleo, ocupaciones y riqueza en las comunidades.

La democracia de los dados cargados

Sin organización y capacitación no podrá integrarse a la vida económica, comunal y cívica a los excluidos que seguirán participando del juego de una “democracia” con los dados cargados por el un capitalismo de amiguetes, que tejen las leyes y las normativas para su beneficio patrimonial.

El Estado debe favorecer el desarrollo nacional y local, dictando normas que estimulen a los emprendedores nacionales, mientras crecen y se posicionan.

En todos los países hoy desarrollados han existido momentos de protección de lo local para consolidar sus industrias, así fue en Japón donde se les dio 10 años, de ventaja a los industriales, con la condición de que en ese lapso de tiempo pudieran exportar sus productos. En Israel el Estado le otorga ventajas de diverso tipo a los inversionistas con la condición que en cinco años encadenen la mitad de su producción y servicios con la economía local. Aquí lamentablemente no hemos aprendido de esas experiencias y pretendemos hacer clavos de oro con un proteccionismo chato, que parte del supuesto que los recursos públicos son infinitos.

Revertir el proceso patrimonialista de 500 años, requiere empezar por reconocerlo en “su salsa” y emprender, a través de nuevas políticas, el aprendizaje y estimulo de las mejores prácticas locales e internacionales. Se trata de construir liderazgo y autoridad a través de los resultados de una práctica acumulativa

Es una tarea ardua, pero viable y necesaria, como la que han emprendido con éxito en Uruguay y Bolivia.

Santa María de Dota 05 febrero de 2021

El trabajo comunitario como base para la construcción de una cultura de ciudadanía

Héctor Ferlini-Salazar

Este texto propone una reflexión acerca de la función de las formas de sensibilidad comunitaria como elementos de cohesión, identidad democrática, y cultura de ciudadanía. Se parte del hecho de que una persona ciudadana en términos subjetivos es determinada por su cosmovisión y su materialidad, y puede participar en la agencia de la historicidad de su comunidad mediante la interiorización de paradigmas ético-políticos.

Este artículo es parte del libro La acción social generadora de diálogo con las comunidades del Pacífico Central, el cual es una producción de la Editorial, Universidad de Costa Rica Sede Regional del Pacífico.

En la introducción a mi texto propongo lo siguiente:

La construcción de la democracia participativa implica el desarrollo de una cultura de ciudadanía, esto es, de una disposición de la población hacia el compromiso cívico que entiende ciudadanía no como los hechos simples de habitar un país o portar cédula de identidad, sino como el acto de comprometerse en la mejor realización de la democracia. En la actualidad los valores democráticos de participación son poco apreciados, e incluso existen mecanismos o supra-relaciones (Ferlini Salazar, 2017) que los limitan, lo cual, demanda la construcción y ejecución de una estrategia para construirla contrarrestando esos mecanismos. Así lo postula el proyecto ED-3250 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. En ese proyecto y en este texto se propone que el espacio para el desarrollo de esa estrategia es el comunitario. Adelante se amplían estos conceptos.

Pero ¿cómo lograr el propósito de construir una identidad ciudadana? Para explicarlo, es necesario contar con algunas definiciones básicas y para ello haremos una distinción conceptual, desde este documento, para los siguientes términos: ciudadanía, construcción de ciudadanía, democracia participativa, gobierno participativo.

Como se mencionó párrafos arriba, a) ciudadanía implica el compromiso con la mejora en la calidad de la democracia; b) construcción de ciudadanía se utiliza en este escrito para referirse al proceso social mediante el cual distintas comunidades ejercitan la vida democrática de toma de decisiones gracias a la calidad de la democracia interna en sus agrupaciones comunitarias; c) democracia participativa no es un momento culminante o punto de llegada sino un proceso de acumulación orientado el logro de un sistema político sustentado en la participación, y según el cual, se supera la democracia representativa (o delegativa) para dar paso a la incorporación efectiva de la ciudadanía en cuatro dimensiones: la formulación de la política pública, su ejecución, el control, y la reformulación de política pública; d) y gobierno participativo se entiende en este documento como el involucramiento de la ciudadanía en las distintas expresiones administrativas del Estado. Será tema de otro texto ampliar la forma de hacer efectiva esa participación ciudadana en cada uno de los tres poderes.

Le invito a descargar el documento, si le parece bien comentarlo, y de ser posible, compartirlo en su comunidad o con personas cercanas.

Rompiendo el cerco neoliberal

Álvaro Vega Sánchez. Sociólogo.

Hoy, como en tiempos de la conquista, son los valientes pueblos originarios quienes están abriendo horizontes de esperanza, con su lucha justa por afirmar su identidad/dignidad y defender sus derechos, particularmente la recuperación de sus tierras.

Se trata de una lucha digna, patriótica y ejemplar de más de 500 años y que también significa, en nuestros días, romper el cerco neoliberal que les ha negado el verdadero derecho de ciudadanía, que va más allá de portar una cédula de identidad o de un principio constitucional que afirma la identidad pluricultural de un país.

En nuestro país, se han visto obligados a tomar acciones de hecho para recuperar sus tierras ante la desidia del Estado para proteger y defender sus derechos. Les ha costado caro. Pero están dispuestos a no claudicar.

Se han convertido, así, sin proponérselo, en la punta de lanza de la gran batalla que está librando el pueblo costarricense para romper este cerco que ha creado dos Costa Rica, como acostumbraba a decir, ya en los aciagos años de 1980, el insigne filósofo don Oscar Barahona, y que no solo ha negado y violentado derechos a nuestros conciudadanos indígenas, sino también a las trabajadoras y trabajadores del sector público y privado del país.

 El cerco neoliberal que se venía fortaleciendo con la triple alianza entre el Partido Acción Ciudadana, el bipartidismo PLUSC y los partidos religiosos fundamentalistas PRN y PNR, conforme se acercan las elecciones del 2022, se muestra cada vez más debilitado, y no se vislumbra ninguna señal de repunte de ninguno de estos partidos que podrían darle un nuevo aire.

La decadencia del cerco neoliberal es una tendencia dominante en América Latina y, a raíz de la pandemia, el impacto cada vez más devastador del cambio climático y los desesperados y masivos flujos migratorios, entre otros fenómenos asociados a esta “jaula de hierro”, adquiere alcance global.

Este cerco, que pretendió reconquistar Bolivia con la biblia fundamentalista desplazando a la bandera wiphala, símbolo sagrado de los pueblos indígenas del altiplano, perdió la batalla. Y en Brasil es cada vez más inminente su fracaso, de cara al vergonzante papel del presidente Jair Bolsonaro, apoyado también por el fundamentalismo religioso. En Argentina se desplomó y en Ecuador, al parecer, va por el mismo camino.

El binomio entre partidos de derecha política con rasgos neofascistas y el fundamentalismo religioso pierde credibilidad y fuerza política. Ha quedado expuesto su rostro antidemocrático, intolerante y violento, tanto en el golpe de Estado en Bolivia como en los actos en la Casa Blanca que buscaban deslegitimar la elección del presidente Biden.

Sin embargo, hay nuevos intentos de recuperar espacio político en países como Perú, con la candidatura de Rafael López Aliaga que emula el comportamiento del bolsonarismo, tal y como lo argumenta, el sociólogo de la religión, Pablo Barrera (ver aquí).

También, en nuestro país, el liderazgo político-religioso fundamentalista se apresta a una recuperación de su fuerza política, capitalizando el descontento mayoritario con el actual gobierno de perfil más laico. Pero, no le será fácil por su complicidad con la política neoliberal prevaleciente. Asimismo, ya no tendrá el mismo efecto electoral levantar la bandera del mesianismo para “salvar” al país, cuando han sido evidentes y escandalosas las disputas por repartirse el botín de la deuda política, que los ha conducido a dividirse. Una vez más, se muestran como partidos que van tras los panes y los peces.

Se están dando las condiciones para romper el cerco hegemónico neoliberal en Costa Rica. Es la única vía para defender y fortalecer el régimen democrático y garantizar el respeto a los derechos de los indígenas y de las trabajadoras y trabajadores hoy vilmente pisoteados.

Promotora Costarricense de la Innovación y la Investigación: Reflexiones a posteriori de la aprobación del proyecto

José María Gutiérrez
Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Recientemente fue aprobado en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que transforma el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. La tramitación de este proyecto, el apoyo que recibió por parte de las autoridades de ciencia y tecnología, y las reacciones que motivó en la comunidad científica ofrecen insumos importantes para la reflexión. Presento a continuación algunas consideraciones, con la idea de que contribuyan a generar más discusión sobre el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI).

Visiones encontradas del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación

Las discusiones alrededor de este proyecto dejaron ver diferentes visiones de los rumbos que debe tomar el desarrollo de la CTI en el país. Más allá de la retórica que busca mostrar consensos donde no los hay, aparecen en el escenario nacional visiones contrapuestas sobre este tema. Por un lado, se nos presenta una concepción de que la CTI es básicamente un instrumento de desarrollo económico. Esta perspectiva, que permea la médula del proyecto mencionado, centra la prioridad de los procesos de desarrollo y transferencia tecnológica e innovación hacia la provisión de insumos para el fortalecimiento del sector productivo y, más específicamente, del sector productivo empresarial. El conocimiento, desde esta perspectiva, es básicamente un elemento para el crecimiento de la economía y, en particular, de cierto sector de la economía.

Para muestra un botón: en las versiones iniciales de dicho proyecto no se incluía la ciencia entre los objetivos de la Promotora y solamente se asignaba un puesto para la comunidad científica en la integración de la junta directiva, dominada por cámaras empresariales. Que esto cambiara parcialmente en la versión final del proyecto se debe a la presión ejercida por la comunidad científica nacional, no a la visión de quienes gestaron y promovieron el proyecto de ley.

Frente a esta concepción emerge una visión alternativa que parte del concepto de que la CTI constituye un conjunto de componentes de carácter sistémico, los cuales deben ser vistos y promovidos integralmente. El complejo CTI incluye la generación de conocimiento básico a nivel de ciencias naturales y sociales, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología a sectores de la sociedad que demandan este conocimiento, la innovación, y el fomento de una cultura científica que socialice el conocimiento y contribuya a forjar una ciudadanía informada y crítica. Se trata de un engranaje complejo que va desde la generación de conocimiento fundamental, por medio de la ciencia, hasta la aplicación de dicho conocimiento de muy diversas formas y en beneficio de amplios sectores de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología son fundamentales, pero son solo algunas piezas de un engranaje mucho más complejo. Esta visión sistémica e integral de CTI demanda un delicado equilibrio entre los diversos componentes del sistema, incluyendo la ciencia básica. Además, los beneficios del conocimiento no solo deben permear al sector económico, sino también a muchos otros ámbitos de la sociedad. Por ello, la excesiva priorización en algunos de los componentes va en detrimento del carácter holístico que debe prevalecer en la CTI. Sin una ciencia básica fuerte, apoyada desde el estado, que genere ideas realmente novedosas, la innovación y la transferencia de tecnología serán muy limitadas. Esta concepción integral de CTI es la que ha privado en los países donde la ciencia y la tecnología se han insertado como elementos esenciales para generar prosperidad y equidad.

Existe un evidente distanciamiento entre las autoridades de CTI y la comunidad científica nacional

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el proceso de discusión de este proyecto fue la evidente escisión y distanciamiento que existe entre las autoridades políticas de CTI y la comunidad científica nacional. Para quienes integramos esta comunidad fue muy claro, desde un inicio, que el proyecto de marras tendría un impacto negativo para la ciencia del país. Eso lo manifestaron tanto la Academia Nacional de Ciencias como el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, así como diversos sectores del ámbito científico, en foros y artículos. Lamentablemente estas opiniones no recibieron la atención debida por parte de las autoridades de CTI, ni de las señoras y los señores de la comisión legislativa que promovieron este proyecto. No fue sino hasta el final, ante la presión de investigadoras e investigadores, que se introdujeron algunos cambios. Esto ha generado molestia y decepción en un amplio sector de la comunidad de ciencia y tecnología.

Lo anterior revela un distanciamiento notorio entre la comunidad científica y las autoridades nacionales de CTI. Esto no es nuevo, ya que desde hace décadas quienes trabajamos promoviendo la investigación científica hemos observado un desinterés evidente, de parte de los sectores políticos, por las necesidades, limitaciones y urgencias que tenemos en nuestro campo. El Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, elaborado por el Programa Estado de la Nación, fue muy claro en este sentido, al detectar una disyunción entre los planes oficiales de CTI y las áreas científicas en las que el país ha acumulado fortalezas. Esta dislocación es un problema importante que se debe reconocer y atender, porque limita seriamente el desarrollo de la CTI.

¿Cómo fortalecer la ciencia en Costa Rica?

El escenario arriba descrito nos obliga a replantearnos el tema de cómo fortalecer la ciencia en el país. De prevalecer el modelo ‘economicista’ descrito, aunado a la creciente reducción de la inversión pública en este y otros ámbitos esenciales, es muy probable que la ciencia costarricense se debilite paulatinamente en el futuro cercano. La comunidad científica y el país en general debemos evitar que esto ocurra. Pero ¿qué hacer? La pregunta invita a procesos de reflexión colectivos. A continuación, presento algunas consideraciones al respecto.

  • Generar instancias de organización de la comunidad científica: Es evidente que las autoridades nacionales de ciencia y tecnología, y la clase política en general, no le han dado la prioridad debida al desarrollo científico nacional. Ante esta realidad, la comunidad de investigadoras e investigadores debe movilizarse para gestar formas novedosas de organización, con el fin de promover la ciencia en el país. En esto tiene un importante papel que jugar la Academia Nacional de Ciencias, pero también otras formas de organización del sector. Por ejemplo, un grupo de investigadoras e investigadores está gestando la creación de un colectivo de personas jóvenes, que inician su carrera, de manera que sirva de punto de encuentro para compartir inquietudes y desarrollar iniciativas que les permitan consolidarse en dinámicas de creación científica. Es necesario que la comunidad científica sea más proactiva en acciones de carácter político que promuevan la ciencia y en participar más activamente en la vigilancia de procesos legislativos que atañen a su campo de trabajo. Ello implica también presionar a los sectores políticos de CTI para que asuman una visión más integral. Se requiere poner en marcha amplios procesos de discusión sobre el desarrollo de la CTI que conduzcan, entre otras cosas, a afirmar la relevancia de la investigación científica para el país.
  • Defender la autonomía y el presupuesto de las universidades públicas: Las universidades públicas son, con mucho, el principal reservorio de ciencia y tecnología del país. Estas instituciones, gracias a su autonomía, han sabido resistir las presiones externas que intentan volcar la investigación al plano económico prioritariamente. Las universidades públicas han desarrollado una agenda de investigación integral, que fomenta el desarrollo equilibrado de las ciencias básicas, las ciencias sociales, las tecnologías, las letras y las humanidades. Y también han sabido proyectar este cúmulo de saberes a diversos sectores de la sociedad. Ha sido gracias al esfuerzo sostenido de estas universidades que el país cuenta con colectivos fuertes en varias áreas del conocimiento. Y esto se ha efectuado muchas veces a contrapelo de las políticas oficiales nacionales de CTI. Pero las universidades están siendo sometidas a procesos de acoso externo sin precedentes, que tocan aspectos esenciales de su autonomía y que debilitan su financiamiento. El efecto que estos procesos tendrían sobre la ciencia nacional puede ser devastador. Por ello, una acción política clave, no solo de las comunidades universitarias sino del país en general, es la defensa a ultranza de la autonomía universitaria y del presupuesto de estas instituciones. Así mismo, es esencial mantener la filosofía integral de desarrollo académico y científico en ellas.
  • Fortalecer el colectivo de investigadoras e investigadores del país: El eje central de cualquier proceso de desarrollo de CTI es contar con un colectivo de personas muy bien formadas en el país y el exterior, comprometidas con la investigación científica y tecnológica. Costa Rica, sobre todo a través de las universidades públicas, ha logrado consolidar una comunidad científica, pero la misma adolece de falta de redundancia, y presenta problemas de brechas de género, relevo generacional y endogamia académica, como lo señaló el informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Las crecientes limitaciones fiscales y las restricciones presupuestarias perjudican la contratación de personas jóvenes bien formadas y muchas de ellas han optado por trabajar en el extranjero. Además, el sector privado ha sido muy omiso en cuanto a ofrecer oportunidades para personas que trabajen en investigación. Todo esto obliga a gestar formas ingeniosas y creativas para abrir espacios a las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores del país. Cómo hacerlo es una tarea que requiere compromiso, creatividad y voluntad política. En buena medida, el futuro de la CTI nacionales depende de ello.
  • Gestar formas novedosas de financiamiento de la investigación: La crisis fiscal del país, la reducción de los presupuestos universitarios y las políticas erráticas de ciencia y tecnología han hecho que el porcentaje del PIB dedicado a investigación y desarrollo en el país se haya reducido a valores cercanos al 0,4%, más bajos incluso que el promedio de América Latina. Ello demanda esfuerzos creativos de diverso tipo en procura de formas novedosas de financiamiento de la investigación. Se requiere desarrollar mejores destrezas de captación de recursos externos para la investigación, mediante alianzas internacionales y un mejor conocimiento de las oportunidades que ofrece el universo global de la ciencia y tecnología. El sector privado debe comprometerse mucho más en este tema del financiamiento y se deben promover incentivos fiscales para el apoyo de la ciencia. El problema invita a nuevas formas de financiamiento en el país, como podría ser asignar un porcentaje del presupuesto de algunas instituciones autónomas para investigación en áreas de su interés. Además, se plantea la necesidad de establecer un tributo a las empresas de zonas francas para apoyar la ciencia y la tecnología nacionales. Es una responsabilidad que este sector tiene con el país.
  • Forjar colectivos de investigación y fomentar alianzas internacionales: La ciencia hoy día funciona con base en emprendimientos de carácter inter- y trans-disciplinario alrededor de temas complejos. Debemos avanzar hacia formas de trabajo colectivas donde las fortalezas de los grupos compensen las debilidades. Así mismo, se requiere fortalecer una política de alianzas académicas internacionales, que permitan a nuestros grupos acceder a proyectos y facilidades con las que no contamos en el país, así como a financiamiento compartido. Para esto, debemos depurar cada vez más la calidad de nuestro trabajo científico y tecnológico. Conviene también fomentar los nexos con la diáspora científica costarricense ubicada en muchas instituciones en el mundo, la cual ha mostrado una excelente disposición por vincularse con los esfuerzos científicos del país.
  • Fomentar la participación ciudadana en el fortalecimiento de CTI: La propuesta economicista de CTI únicamente concibe a los sectores productivos empresariales como los beneficiarios del conocimiento científico-tecnológico. Esta visión reduccionista requiere ser sustituida por la concepción de que la CTI debe permear a todos los sectores de la sociedad, no solo en el plano económico, sino también en los planos social, cultural, ambiental y otros. Y entender que la ciencia, como forma de comprender la realidad, es parte de la cultura. Para ello se requiere fomentar la educación científica y los vínculos de la comunidad de investigación con amplios ámbitos de la sociedad, así como promover el conocimiento científico de la realidad como un auténtico insumo para mejorar la calidad de vida. Además, es necesaria la creciente participación ciudadana en las discusiones y tomas de decisión sobre temas relativos a la CTI.

A manera de conclusión

Costa Rica está inmersa en procesos políticos en los que se deciden aspectos esenciales para el futuro del país, incluyendo cuál será el papel de la CTI en el desarrollo nacional. Las visiones que subyacen detrás del proyecto de la Promotora Costarricense de la Innovación y la Investigación no son muy halagüeñas para la ciencia del país. La comunidad nacional, incluidos los sectores de investigación en ciencia y tecnología, debe reflexionar críticamente sobre los rumbos que lleva y debería llevar la CTI nacional. Solo una decidida y activa participación de la comunidad de ciencia y tecnología, y de la ciudadanía en general, podrá garantizar que la CTI se consolide integralmente, reciba el apoyo político que requiere y aporte a un desarrollo centrado en la prosperidad, la equidad y la solidaridad, el cual beneficie a toda la sociedad y no solo a algunos sectores.

Fotos: UCR

Pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley de Empleo Público

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento:

El Consejo Científico del Instituto de Investigaciones Sociales manifiesta su rechazo al proyecto de Ley del Empleo Público presentado por el Gobierno y en proceso de discusión en la Asamblea Legislativa. Asimismo, hace un llamado urgente a la comunidad universitaria, a la población trabajadora del sector público y a toda la ciudadanía costarricense, para que se manifieste en defensa integral del Estado Social de derecho.

Considerando que:

Desde el año 2018 se ha incrementado el ataque contra el Estado Social de Derecho costarricense, manifiesto en diferentes leyes y decretos aprobados por el Gobierno de turno.

En este contexto y con el concurso de distintos medios de comunicación privados, se ha promovido una estigmatización (cuando no satanización) de las instituciones públicas y las personas trabajadoras del sector público.

Con el fin de debilitar las resistencias sociales a la implementación de dichas políticas, se ha criminalizado aún más la protesta social y se han intensificado las acciones represivas contra las ciudadanías descontentas.

Lejos de buscar acuerdos inclusivos para todos los sectores de la población, los llamados al diálogo de este gobierno han dado pie a acuerdos de élites que poco han ayudado a encontrar salidas justas y dignas a las múltiples crisis que enfrenta el país.

En este marco se inscribe la actual iniciativa gubernamental y legislativa para aprobarla denominada Ley del Empleo Público, la cual propone una serie de reformas que profundizan el desmantelamiento de los derechos laborales y las autonomías institucionales de Universidades, municipalidades y PoderJudicial.

En respuesta a esa nueva arremetida las autoridades universitarias han elaborado una hoja de ruta que poco contribuye a la defensa colectiva del Estado Social de Derecho y, paradójicamente, abona a las visiones de extremo privilegio que señalan los detractores de la Educación pública, gratuita y de calidad.

Declaramos:

Rechazamos los intentos reiterados del gobierno, algunos medios de comunicación y ciertos sectores empresariales por desmontar el Estado Social de Derecho.

Deploramos las acciones de estigmatización de las instituciones y trabajadores del sector público, así como la criminalización, represión y división del movimiento social.

Hacemos un llamado a las autoridades universitarias a no repetir el error de intentar negociar al margen del movimiento social una exclusión de las universidades de la Ley en trámite y sin criticar el conjunto de políticas de desmantelamiento que se viene implementando.

Convocamos a toda la población trabajadora del sector público a llevar adelante una defensa activa y solidaria del Estado Social de Derecho y de los derechos laborales, no solo de quienes ya laboran en las instituciones públicas, sino también del sector privado y de las siguientes generaciones.

Exhortamos a la comunidad universitaria a tomar un rol activo en defensa integral de la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho que la han convertido en una institución de referencia.

Hacemos un llamado a la ciudadanía costarricense para que se informe críticamente sobre este proceso de desmantelamiento del Estado Social de Derecho y de cómo el mismo está afectando sus derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo y otros.

22 de febrero de 2021