Las Organizaciones Comunales de San José aprobaron una agenda de lucha que busca enfrentar diversas problemáticas que afectan a las comunidades. Entre los puntos más destacados se encuentra la exigencia de los 3500 millones de colones que el Gobierno ha retrasado en girar, fondos vitales para el desarrollo de la región que deberían entregarse en diciembre.
En el marco de este movimiento, las organizaciones acordaron realizar una manifestación el próximo 24 de octubre frente al Ministerio de Hacienda. El objetivo de la protesta será presionar al Gobierno para que cumpla con sus compromisos financieros, asegurando los recursos que las comunidades necesitan para sus proyectos y servicios básicos.
La Federación de Uniones Cantonales y Zonales de San José, una organización comunitaria que integra a las Uniones Cantonales y Zonales de la región, ha estado al frente de esta lucha. Su propósito fundamental es fomentar el desarrollo de las comunidades desde la participación ciudadana, asegurando que las necesidades locales sean atendidas y promoviendo el bienestar colectivo.
La protesta del 24 de octubre será una muestra de la unidad y el compromiso de las organizaciones comunales de San José, que buscan no solo los recursos pendientes, sino también garantizar el desarrollo sostenido de las comunidades.
El 7 de marzo de 2023, se formalizó la creación de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811, un esfuerzo conjunto entre diversas comunidades de la zona con el objetivo de luchar por la mejora de esta vía. La ruta 811, que conecta a seis comunidades importantes, incluyendo La Ligia, Santa María, Irlanda, Santa Rosa, La Lucha y Escocia, se encuentra en un estado crítico, afectando gravemente la calidad de vida de sus habitantes y de aquellos que dependen de ella para desplazarse.
Silvia, una vecina de la comunidad de Escocia, destaca los esfuerzos que han realizado para hacer visible su problemática. Menciona que las comunidades han trabajado incansablemente, acudiendo a sesiones municipales, enviando cartas tanto al gobierno central como a las instituciones encargadas de infraestructura vial, como el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). A pesar de sus múltiples gestiones, la situación sigue sin resolverse, lo que ha llevado a la comisión a buscar nuevos medios para difundir su causa, usando diversas plataformas para hacer escuchar su voz.
Damaris Leiva Bermúdez, residente de la comunidad de Irlanda, también expresa su preocupación sobre el mal estado de la ruta y la frustración de no haber sido incluida en los planes de pavimentación aprobados recientemente. A pesar de que algunas comunidades se beneficiarán de la pavimentación parcial, Irlanda ha sido excluida del presupuesto asignado, lo que Damaris considera injusto tras 40 años de espera. Su testimonio refleja la impotencia de una comunidad que, aunque cercana a las mejoras, sigue marginada de los proyectos de infraestructura.
Por su parte, Félix López, coordinador de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de ruta 811 y residente de Río Jiménez, destaca la importancia de la ruta 811 para la región. Explica que esta zona es un centro agrícola clave, con producción de piña y banano, así como de ganado, y que la situación de la carretera afecta tanto la movilidad de los productos como la vida diaria de los habitantes. Félix subraya que durante el verano la ruta se convierte en una nube de polvo que afecta la salud de las personas, especialmente los adultos mayores y los niños con problemas respiratorios. En invierno, el barro impide el acceso adecuado a los servicios esenciales, como la educación y la salud, y agrava la situación de las familias. López también advierte que, debido al estado deplorable de la carretera, los servicios de transporte público, ambulancias y otros vehículos de emergencia ya no quieren transitar por la ruta, afectando aún más la vida diaria de estas comunidades. Aunque reconoce el avance de la aprobación de una parte del pavimento, recalca la necesidad de seguir luchando para que toda la ruta sea reparada.
La comisión ha recibido una carta de respuesta por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), que aclara algunos puntos importantes sobre el financiamiento del proyecto de asfaltado. En la misiva, se confirma que el proyecto tiene un financiamiento aprobado de más de ₡1.000 millones, provenientes de los fondos del canon de explotación de la Terminal de Contenedores de Moín, destinado a la conservación de 11,07 km de la ruta 811, abarcando las secciones que conectan La Ligia, Irlanda y Río Jiménez. Además, se informa que el proyecto tiene un plazo máximo para su culminación en septiembre de 2026 y que la ejecución estará a cargo de la Municipalidad de Guácimo con el respaldo técnico del CONAVI.
Sin embargo, la carta de JAPDEVA, aunque ofrece una respuesta oficial, no aborda directamente las preocupaciones de las comunidades excluidas, como Irlanda, lo que deja una sensación de incertidumbre sobre si se tomarán acciones adicionales para beneficiar a todas las comunidades afectadas. Esto ha motivado a los líderes comunales a mantener su lucha, buscando soluciones integrales para que toda la ruta 811 sea mejorada en su totalidad, sin dejar a ninguna comunidad atrás.
A casi 20 años de la sentencia, la comunidad aún no cuenta con acceso al agua potable, a la salud y a una educación y alimentos de calidad.
En la audiencia privada que se llevó a cabo tras la visita se expresaron las principales preocupaciones y reclamos de la comunidad.
Asunción, Paraguay, 20 de septiembre de 2024. – Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encabezada por su vicepresidente Rodrigo Mudrovitsch, visitó Paraguay para realizar una inspección en relación con las medidas de reparación del caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay. También participaron integrantes del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco paraguayo, organizaciones que actúan como representantes convencionales ante la Corte Interamericana, así como también una comitiva de más de 70 personas de distintos organismos del Estado quienes están a cargo de la ejecución de las medidas de reparación. Esta es la segunda vez que la Corte recorre el terreno de la comunidad desde que emitió su sentencia en el 2005.
En comparación a la primera visita realizada en 2017, se han visto algunos progresos en el cumplimiento de las medidas de reparación dictadas, sin embargo, aún queda mucho por hacer. A pesar del avance significativo en la construcción del camino, el mismo todavía presenta varios problemas, como la falta de mantenimiento de los primeros 10 kilómetros, de una correcta señalización, guardarraíl y de luminarias, haciéndolo peligroso para transitar. Asimismo, el camino no se encuentra asfaltado, por lo que el paso de vehículos y las condiciones climáticas pueden generar daños que requiere de un mantenimiento continuo.
Por otro lado, la comunidad no tiene garantizados bienes y servicios básicos como lo son el acceso a la salud, a la educación, a alimentos de calidad y al agua potable, generando obstáculos para su subsistencia. La comunidad no cuenta con independencia hídrica, por lo que depende del agua que proporciona el estado, la cual no es suficiente para toda la comunidad. Por este motivo se ven en la necesidad de recolectar agua de lluvia en tajamares que no tienen las medidas de salubridad correctas. Sobre las viviendas, se avanzó en su construcción, pero las mismas fueron realizadas con materiales de baja calidad y presentan fisuras en las paredes y goteras en el techo. Además, las construcciones fueron realizadas sin letrinas y bañaderos. Al mismo tiempo, el suministro de alimentos en cantidad, variedad y calidad suficientes sigue sin ser garantizado.
Con respecto al acceso a la salud y la educación, la construcción del consultorio médico todavía no se terminó y tampoco se conoce con qué equipo contará. Por otro lado, con relación a la educación, han pasado cinco años desde que la comunidad se encuentra en sus tierras y sin embargo el aula móvil que utilizaban continúa a un costado de la ruta. Los dos salones donde actualmente se dan clase fueron erigidos con un fondo de emergencia educativa facilitado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y no cuentan con baños disponibles para los 64 niños y niñas de la comunidad que asisten a clases.
Por último, destacamos que las obras para otorgar electricidad a la comunidad se encuentran paralizadas. A pesar de que las columnas ya fueron instaladas, aún no se ha colocado el cableado o los transformadores necesarios, por lo que la comunidad no cuenta con servicio eléctrico que llegue a todas las viviendas.
Tras la visita, se llevó a cabo una audiencia privada en la que se resaltó la falta de avances en la titulación de las tierras a nombre de la comunidad y en la adopción de medidas legislativas y de otra índole para garantizar el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas.
Durante esta visita en terreno y durante la audiencia, el vicepresidente y la Secretaría de la Corte tuvieron la oportunidad de escuchar directamente a los líderes de la comunidad Yakye Axa, escuchar sus reclamos y ver las condiciones en las que se encuentran. Esperamos que tras esta nueva visita finalmente el Estado adopte todas las medidas necesarias para dar cumplimiento total a la sentencia.
Antecedentes del caso
La comunidad, conformada por más de 300 personas del Pueblo Enxet, está ubicada en el Departamento de Presidente Hayes. Debido a la expansión de la agricultura y ganadería, una gran extensión de sus tierras fue vendidas por parte del Estado paraguayo, sin su consentimiento, obligando a la comunidad a desplazarse y perder el acceso a sus recursos naturales tradicionales. En 1993, la comunidad comenzó los trámites para la reivindicación de las tierras que consideran como su hábitat tradicional. Sin embargo, estos intentos no tuvieron resultados positivos.
El caso Yakye Axa fue litigado por el CEJIL y la organización Tierraviva, las cuales lograron obtener una sentencia en 2005. La Corte condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad colectiva de sus tierras, a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial y ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas, la devolución de las tierras a la comunidad. Sin embargo, a casi 20 años de la sentencia, el Estado paraguayo aún no ha cumplido con la totalidad de estas medidas, demostrando una demora significativa en la atención estatal.
Este sábado 21 de septiembre, en conmemoración del Día Internacional de la Paz, se llevará a cabo el Concierto Centroamericano por la Paz 2024 en el Museo Juan Santamaría, Alajuela.
Este evento contará con la participación de diversos artistas de toda la región centroamericana, quienes ofrecerán una tarde de música y cultura para celebrar la paz.
La jornada comenzará a las 9 a.m. con una feria de arte y emprendedores, y el concierto iniciará a las 2 p.m. La entrada es completamente gratuita.
En octubre, mes dedicado a la persona adulta mayor, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica extiende una invitación al “Taller virtual: El arte de envejecer con gracia”, organizado por la Fundación Pedagógica Nuestramérica. Este evento contará con la participación de las doctoras Anne Robert y Fabiola Bernal Acevedo, y se llevará a cabo el 9 de octubre de 2024, de 6:30 p.m. a 8:00 p.m., a través de la plataforma Zoom. El taller está dirigido a personas colegiadas y sus familiares mayores de 50 años.
Para confirmar su asistencia y la de sus familiares, se debe contactar a Isabel Cristina Muñoz al correo eventoscpscr@gmail.com o al WhatsApp 8722-8899.
El proceso de la conquista española provocó grandes cambios en la organización de las comunidades indígenas. Estas se vieron impactadas a nivel político, social y económico. Los españoles impusieron nuevas formas de organización administrativa, de distribución del poder y las relaciones de trabajo que provocó la desorganización de las sociedades prehispánicas.
Pese a estos cambios, en El Salvador y Guatemala sobrevivió un legado en cuanto a la manera en que se organizan las comunidades indígenas que se mantienen hasta el presente. Este es el caso de las alcaldías indígenas. En El Salvador funciona la Alcaldía de Los Izalcos en el departamento de Sonsonate y en Guatemala la de Santa Lucía de Utatlán en el departamento de Sololá.
La Alcaldía del Común de los Izalcos tiene su cabeza en el alcalde del común que es electo por el consejo de mayordomos de la comunidad indígena. El alcalde a su vez elije al segundo alcalde y a los regidores que lo van a acompañar durante el periodo que ha sido electo. En este caso el alcalde del común representa a la comunidad indígena y delibera con sus regidores las decisiones que puede llegar a tomar. Dentro de la organización de la alcaldía también se encuentra el segundo alcalde y el secretario.
La función que tiene la alcaldía es la de auxiliar y representar a la comunidad indígena, velando por aspectos fundamentales como la protección de los derechos, la promoción de la cultura, el resguardo de tradiciones y prácticas culturales ancestrales. Además de impulsar la permanencia de la cultura y del idioma náhuat. En Izalco se cuenta con una biblioteca indígena administrada por la Alcaldía en la que se dan clases de náhuat y talleres de cultura a la población, en especial a los niños. También se organizan actividades como ceremonias y tienen presencia en manifestaciones culturales a nivel comunal. Otra labor que realizan es la de la recuperación de la memoria de los procesos históricos que les han enfrentado como el genocidio indígena cometido en 1932 bajo el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez y el enfrentamiento armado en la década de los años de 1980.
La alcaldía del común trabaja estrechamente con la cofradía de Izalco. Acompaña a la cofradía sirviendo como su representante para gestionar diversos proyectos. También en algunos momentos ha desarrollado proyectos con el gobierno, la Asamblea Legislativa y diversas organizaciones no gubernamentales e internacionales. Esta cooperación se ha dado en aquellos proyectos en los que se respeta la comunidad indígena, sus tradiciones y cosmovisión.
De alguna forma la alcaldía del común es el último reducto organizativo de la comunidad indígena, desde ahí se vela por la protección de los derechos culturales y humanos de la comunidad. También vela por mantener diversos aspectos de la espiritualidad náhuat como ceremonias, la tradición oral y la espiritualidad.
Esta organización tiene como una de sus principales limitaciones el no contar con un asidero legal dentro de un marco constitucional por estar basada en la tradición. Esto provoca que sus decisiones no sean vinculantes para el Estado, los gobiernos de turno y los gobiernos locales. Pese a esto la Alcaldía trata de visibilizar los derechos y aportes de la comunidad indígena que representa, lucha contra el racismo y la poca atención del Estado para con los integrantes de la comunidad de ascendencia indígena.
En el caso de la alcaldía indígena de Santa Lucía de Utatlán ha presentado una continuidad desde tiempos prehispánicos y ha tenido una evolución en los nombres que se le han dado. Antes de la llegada de los españoles se le llamó Ajpop (Reyes K’iches), tiempo después se conoció como K’amol B’e Tinamit y en la época colonial se llamaron cabildo de indios, después de la firma de los acuerdos de paz en 1996 alcaldía indígena y más recientemente se le denomina municipalidad indígena siendo el nombre que tiene en la actualidad.
Esta organización se rige por un numero de 13 a 20 personas, que es un numero basado en el calendario maya.
Los cargos dentro de la municipalidad indígena son:
Primer alcalde “Nab´e k´amol b´e” (es el que coordina las actividades y es el que traslada toda la información a todos sus compañeros).
Segundo Alcalde. “Rukab´ k´amol b´e” asume la responsabilidad del primer alcalde en caso que esto no asistiera.
Secretario “ajtz´ib´” es el encargado de hacer las redacciones que se necesiten por ejemplo las actas de las sesiones.
Tesorero.” K´olol rajil” es el encargado de ser observador de los posibles fondos que se manejan y los cargadores que son: primer cargador, segundo Cargador, tercer Cargador. Son los que acompañan al primer alcalde a tomar decisiones en conjunto.
El municipio indígena se compone por comunidades y cada comunidad elije a una persona que la representa a través de asambleas comunitarias que son conformadas por: principales del pueblo que representan a los integrantes de la comunidad. También las diferentes organizaciones de la comunidad envían representantes; por ejemplo, una representación de las tejedoras, de las comadronas, los guías espirituales y de la sociedad civil. El tiempo de servicio de estos cargos varía de uno a cuatro años y hasta de forma vitalicia. En ningún puesto se recibe una remuneración económica así es llamado Chak patan (servicio comunitario).
La municipalidad indígena no tiene vínculos con las autoridades estatales. Sus principales funciones son la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, la defensa del territorio, administrar la justicia y el diálogo bajo los principios de Chak patan (Servicio a la comunidad), tob´anik(ayuda mutuo), komon(compartir), utzkab´ano(hacer el bien), pixab´ (consejo), k´ix (vergüenza), k´yoq(ley de la compensación), nimanik (obediencia), q´uch (trueque), con el fin de garantizar el buen vivir.
Las funciones más importantes que tiene esta Alcaldía son: aplicación y administración de la justicia, prevención y erradicación de la violencia, fortalecimiento de la educación bilingüe e identidad cultural, implementación de la escuela de tejido, recuperación de la memoria histórica, promoción de las expresiones culturales, defensa del territorio, protección del ambiente, fortalecimiento de la participación de las mujeres, realizar asambleas comunitarias, empleo de la medicina maya ( plantas medicinales y comadronas) y el fortalecimiento de la identidad.
La organización indígena también enfrenta desafíos significativos que limitan su accionar y la proyección a la sociedad. Dentro de ellos podemos señalar los siguientes: desconocimiento de las funciones por parte de las nuevas generaciones, el poco reconocimiento legal por parte del Estado, lograr una efectiva articulación con los tres grandes pueblos originarios de Guatemala (Maya, Garifuna y Xincas), el machismo que limita la participación de las mujeres dentro de la organización y el que sus integrantes tengan poco conocimiento de los recursos tecnológicos para difundir información y socializar reflexiones sobre los problemas comunales.
En conclusión, las alcaldías indígenas tanto en Guatemala como en El Salvador cumplen funciones muy importantes para las comunidades que representan, tienen una continuidad histórica que ha permitido una cohesión social y política, requieren de mayor visibilización en sus respectivos países y hacen grandes esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las poblaciones indígenas mediante la defensa de sus derechos culturales, territoriales y políticos.
*Docente de Estudios Sociales e investigador de asuntos indígenas. Trabaja actualmente como docente de secundaria y desarrolla actividades de acción social y educación cultural con territorios indígenas en Costa Rica. Ha investigado sobre temas indígenas en Centroamérica, como el caso de la práctica del telar en Panchimalco, El Salvador del cual se publicó un artículo en el Almanaque Escuela Para Todos 2023.
La Asociación de Desarrollo Integral y el Comité de Turismo de La Gamba extienden una cordial invitación a toda la comunidad para participar en el Festival Ambiental, que se celebrará el sábado 5 de octubre de 2024, en el Salón Comunal de La Gamba, ubicado en el cantón de Golfito, Zona Sur. El evento se llevará a cabo desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
El festival tiene como objetivo promover la conservación de los recursos naturales y culturales dentro y fuera de las áreas de vida silvestre protegidas de la región. En el transcurso de la jornada se llevarán a cabo diversas actividades culturales, deportivas y ambientales, diseñadas para concienciar a la comunidad sobre la importancia de proteger el entorno natural y valorar la riqueza cultural local.
Dentro de la agenda del festival, se presentarán los diferentes esfuerzos que la comunidad ha implementado para la conservación de los recursos naturales. Estos esfuerzos incluyen acciones dentro y fuera de las áreas de conservación, lo cual subraya el compromiso de La Gamba con la protección de la biodiversidad local y la vida silvestre.
La invitación es abierta a toda la comunidad, y se espera contar con la valiosa asistencia de los representantes de diversas organizaciones, así como de miembros de la comunidad que deseen involucrarse en esta importante causa. A través de este evento, los organizadores buscan unir esfuerzos y fortalecer el compromiso local con la sostenibilidad.
Información compartida con SURCOS por Renier Canales Medina.
José nos cuenta que participa en un grupo folclórico de baile llamado “Al son de la vida”, menciona que ser parte del grupo le ha servido para tener muchas amistades, participar en diversas actividades y que se mantiene con salud porque constantemente se ejercita al mismo tiempo que disfruta bailar.
Lo llena de felicidad cuando hace presentaciones con su grupo, que ha sido un programa excelente para el adulto mayor, asimismo, invita a todos los adultos mayores a participar en este tipo de actividades porque es un gran beneficio.
María Alfaro quien tiene 21 años de ser presidenta de acueductos y alcantarillados en Santa Gertrudis Sur Grecia, menciona que existe hace 50 años y la Universidad de Costa Rica está vinculada desde el 2000, quien ha tenido un papel importante en AyA ya que les han ayudado en las pruebas de agua cuando la naciente estuvo muy contaminada.
Y de las misma manera ha ayudado con muchos estudios que los ha beneficiado sobre todo para proteger las nacientes de agua. María nos cuenta que la lucha del agua es lo más importante porque sin ella no somos nadie
Le invitamos a ver los videos de José Andés Wong y María Alfaro quienes nos cuentan cómo su relación con la UCR ha cambiado sus vidas y las de sus comunidades.
Hace más de 40 años las comunidades de Río Jiménez sufren el impacto en todas las dimensiones de su vida, a razón de que el Estado costarricense les niega el derecho humano que les ampara de contar con vías de tránsito en estado óptimo para movilizarse, de manera segura, sin exponer diariamente sus vidas y salud integral.
El Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) manifiesta su solidaridad y respaldo a las gestiones de denuncia y propuesta impulsadas por la Comisión Comunal Pro Asfalto de la Ruta 811, la cual ha sido conformada con participación de representantes de diferentes comunidades para responder y ser voz de todas las comunidades afectadas, tales como Irlanda, Santa Maria, Santa Rosa, La Lucha, Escocia, La Ligia y muchas más de Río Jiménez y aledañas a dicha Ruta.
“Hacemos eco de las propias voces de mujeres y hombres que se unen en esta justa lucha”, señala MTC:
*Es una ruta de máxima importancia en una zona productora de piña y banano, de producción agrícola y ganadera. Nos hemos visto afectados desde hace más de 40 años por las pésimas condiciones de esta vía. En el verano es un polvazal que afecta la salud, incluso de adultos mayores y de niños con problemas respiratorios, el aseo de la ropa y de las casas que tienen que limpiar día y noche para disminuir dichas afectaciones. Además, en el invierno es un barreal que afecta el diario vivir de todas las familias para movilizarse a trabajar, a los centros de estudios, a los servicios de salud, a la iglesia o ir al supermercado.»
«Siempre hemos tratado de que nos pavimenten esa calle. Hasta el momento ya está aprobada una parte, esperemos en Dios que el trayecto de la comunidad de Inanda y La Ligia si sea tomado en cuenta porque también se encuentra en demasiado mal estado. Demasiados años de espera.»
«Pues hemos dado una lucha constante al organizarnos en nuestras comunidades de Guácimo con los pueblos vecinos. Hemos asistido a sesiones municipales, mandado cartas a Casa Presidencial, al CONAVI, al MOPT, a diputados, a la misma municipalidad. También nos reunimos para analizar el problema y presentar propuestas de solución. Hemos regado nuestra voz por diferentes medios de comunicación.*
«(…) ya no quieren ingresar los colectivos ni las ambulancias, el transporte público está pensando en retirarse, también empresarios y agricultores ven dañados sus camiones, carros, bicicletas y motos totalmente desbaratadas. Está afectando de mil formas el diario vivir de muchas familias, donde las más pobres que son las más afectadas.»
“Todavía se encuentra nada más en papel, hay que verlo hecho realidad y necesitamos que se solucione también la segunda parte de esta ruta ya que lo presupuestado por JAPDEVA solo cubre la primera parte.»
«Y entonces, estamos en la lucha haciendo un esfuerzo para organizarnos, fortalecemos y estar ahí vigilantes. Y si es necesario, definiremos otras medidas de presión que nos permita la Constitución para buscar una solución, una respuesta al problema social, de salud y de todo tipo que nos afecta.»
*Vamos a seguir en esta lucha que comenzamos hace más de un año, el 7 de marzo del 2023, hasta que sea una realidad.»
Hacemos un llamado a todas las organizaciones para que se pronuncien en solidaridad con esta lucha y exijan al Estado cumplir con sus obligaciones en defensa de los Derechos Humanos de las comunidades de Río Jiménez, Guácimo.
El encuentro buscó extender un espacio de reflexión sobre temas de interés de las personas gestoras, para incentivar la comunicación y el intercambio de aprendizajes, dando como resultado la creación de un manifiesto de peticiones dirigido a CONARE.
Rafael López Alfaro, coordinador del Programa de Gestión Local de la UNED, indica que el programa trabaja el tema de la participación ciudadana, proyectos comunitarios, acompañamiento en aprendizajes y con iniciativas de sectores locales. En el Programa se imparten diversos cursos técnicos que se enfocan en el desarrollo local.
Uno de los técnicos es ofrecidos es la Gestión Local, donde se realizan encuentros con las personas egresadas, instituciones y sedes universitarias, esto se realiza con el fin de analizar con las personas participantes las necesidades y retos de las zonas y plantear acciones para la toma de decisiones en el sector tanto público como privado.
Rafael López Alfaro, recalca la importancia de estos encuentros, para acercar los procesos de formación con las realidades y crear un encuentro de saberes, es la parte humana donde no solo se ve como un proceso, sino un proceso de acercamiento.
Isaura Umaña Ramón, gestora local, denota la importancia de estos espacios, una de estas es para permitir dar a conocer las actividades.
Sandra Gónzalez Gamboa, gestora local, expresa la ayuda personal y a la comunidad que estos proyectos generan, aún así recalca también algunas dificultades que se presentan, pero por medio de instituciones se puede brindar ese apoyo y confianza necesarias, para hacer posibles los encuentros.
Marco Villegas Castro, gestor local, indica los esfuerzos que se realizan para tener una relación con las diversas instituciones que sean de interés para necesidades en específico de la zona.
Luis Alexis Fallas Blanco, gestor local, menciona que lo más importante para él es el reencuentro con los compañeros, para visualizar proyectos, hacer alianzas y espacios de diversión y diálogos.
Merab Miranda Picado, Jefe de Sede UNED Ciudad Neily, presenta la importancia como actor en la aportación de los planes de desarrollo de la zona. Lo que permite ser núcleos en los territorios.
Pamela Castro Hidalgo, Jefe de Sede UNED Osa, expresa la importancia de cómo en las sede universitaria, se tiene la responsabilidad de crear canales de comunicación y que las personas de las comunidades, conozcan e intercambien experiencias.
Le invitamos a ampliar la información en el siguiente video:
