Visitamos Tarbaca en calle Valverde o Candelaria, las memorias se juntan y cruzan para contarnos la historia de esta comunidad ¿Qué está sucediendo? ¿Qué situaciones están enfrentando? Son parte de los temas que abordamos para conocer de cerca el contexto de este lugar que enfrenta la presión urbanística.
El señor Marco Levy Virgo, residente de Limón, específicamente de Barrio Roosevelt, presenta una queja a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo sobre la violación de los derechos de la población afrodescendiente en relación con el Plan de Gestión de Destino para el Caribe. Argumenta que el plan regulador costero propuesto por la Municipalidad de Talamanca contradice los convenios 107 de 1957 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales protegen los territorios ancestrales afrodescendientes.
Afirma que mediante el plan de Gestión de Destinos Turísticos el ICT pretende fortalecer el proceso de gestión del turismo, el cual brinda acompañamiento a las organizaciones locales para que se tomen en cuenta la inclusión y la sostenibilidad como elementos claves del desarrollo que se pretende realizar en la zona, volviéndola más competitiva. Además, hace mención que el Estado costarricense reconoce que la población afrodescendiente se encuentra asentada en el Caribe y que tienen tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, y que debido a esto dicha comunidad se identifica con su territorio ancestral, además que mediante el Decreto Ejecutivo N° 43191-MP-MCJ del 31 de agosto del 2021, se declaró de interés público a la población afro costarricense, su identidad cultural, idioma y demás.
Debido a dicho incumplimiento, en su calidad de ciudadano afrodescendiente, solicita al Instituto acciones concretas para proteger los derechos de su comunidad, incluyendo la exclusión de sus tierras ancestrales del plan regulador, la creación de una ley especial que garantice sus derechos, medidas contra la gentrificación y el apoyo al desarrollo turístico respetuoso con sus territorios y cultura.
Compartimos el documento.
Imagen ilustrativa, UCR.
Este martes 16 de abril, habitantes de las comunidades Medio Queso, El Triunfo, Coquital, El Parque, La Trocha así como estudiantes de los centros educativos de la zona bloquearon el puente sobre el Río Medio Queso en la ruta nacional 760, esto, como medida para exigir al MOPT y al gobierno de la República, la reparación urgente de ese paso.
Las personas manifestantes aluden al peligro que supone pues se encuentra en pésimas condiciones y señalan que en cualquier momento puede colapsar ocasionando una tragedia.
Le invitamos a escuchar el testimonio en este breve video:
La mañana de este viernes 12 de abril, un grupo de 3 hombres y un menor de 12 años fueron vistos ingresar de manera sospechosa al cauce de la quebrada Surtubal. Vecinos alertaron a miembros del Comité de Vigilancia Ambiental de Guacimal, quienes se dirigieron a la boca de la quebrada para observar la condición del agua, encontrando múltiples camarones adultos vagando por el fondo, y algunos camarones pequeños muertos o agonizando.
Al verificar el envenenamiento, se dio aviso a la Fuerza Pública sobre la situación y se pidió el envío de unidad al sitio para detener a los sospechosos, que fueron vistos ya cerca de la boca de la quebrada recogiendo camarones. Además, se hizo el llamado a la comunidad a presentarse al puente de Surtubal para contener la huida de los sujetos. Inmediatamente los que rejuntaban camarones se dieron cuenta que los observaban, emprendieron la salida de la quebrada.
Al llegar al carro se montaron rápidamente y salieron despavoridos en la ruta hacia Sardinal. Las llantas de su carro habían sido pinchadas como parte del protocolo, para impedir su huida impune, mientras la policía llegaba al lugar y se les investigaba debidamente. Aproximadamente 600 metros después, los implicados tuvieron que detener el carro, tiempo suficiente para que más personas del pueblo se presentaran y para esperar la presencia de Fuerza Pública.
El vehículo usado por los implicados era un Hiunday Tucson color blanco, placa BJX-203, a nombre de Jodhy Coronado Álvarez, quien era uno de los presentes según lo verificó la Fuerza Pública. Los sujetos eran vecinos de Barranca. Al revisarles el carro, los policías no encontraron ni camarones ni veneno, por lo que no pudieron realizar la detención inmediata, según los asesores judiciales.
Sin embargo, con la actitud de los detenidos se logró evidenciar que tenían al menor como vigilante mientras los mayores hacían la recolecta tras aplicar el envenenamiento. Aunque el envenenamiento era un hecho y los únicos sospechosos en la quebrada eran los cuatro sujetos, las pruebas eran judicialmente insuficientes. En definitiva, estas situaciones son judicialmente inviables de resolver, pero el operativo de la comunidad permitió impedir que los delincuentes concluyeran su cometido de llevarse el producto extraído dañando la quebrada.
Para concluir el operativo la policía y los vecinos hicieron un recorrido y búsqueda final por la carretera hacia la quebrada Surtubal, donde se logró encontrar una camisa blanca conteniendo unos 10 kg de camarones que había sido lanzada a la ronda por los implicados. La prenda pertenecería a uno de los sujetos que estaban sin camisa al momento del abordaje. Se deshicieron de ella sabiendo la implicación que podía acarrearles tenerla. Para el juicio de la comunidad, todas las acciones del operativo contra estos camaroneros ilegales han sido correctas y necesarias.
Lamentablemente, la quebrada Surtubal sufrió el envenenamiento y esto es algo irreversible. Pero en cuanto alguien de Guacimal identifica personas con actitudes sospechosas, el pueblo despliega su poder organizativo. Anteriormente, se han realizado operativos contra estos camaroneros ilegales, que han concluido incluso con la quema de motocicletas de los involucrados en prácticas de envenenamiento en el río Guacimal y sus afluentes como la quebrada Surtubal.
En Guacimal, los ríos tienen ojos que los vigilan y manos que los defienden.
Habitantes del territorio indígena China Kichá, alzan la voz de solidaridad en defensa de La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), bajo el contundente lema: «¡LA CAJA NO SE VENDE, LA CAJA SE DEFIENDE!».
En un mensaje emitido desde este territorio, Maureen Obando Ríos enfatiza que la existencia de La Caja y el seguro social es vital para su comunidad, ya que si no existiera, no tendrían los recursos para acceder a la salud a través de clínicas privadas o medicamentos. Expresa que La Caja tiene un papel fundamental relacionado a proporcionar medicamentos, referencias médicas y exámenes profundos, contribuyendo así a una mejor calidad de vida para los habitantes. Por otra parte, Mariana Obando Ríos subraya que La Caja brinda servicios que son imprescindibles para su bienestar, asegurando que sin estos servicios no estarían bien atendidos.
También, Tomás Zuñiga Fernández expone la vulnerabilidad que enfrentaría la comunidad indígena en caso de que La Caja no existiera, ya que esta institución tiene una importancia vital para las personas mayores, niños y mujeres embarazadas. Desde su testimonio, la existencia de La Caja es crucial para su acceso a servicios médicos, ya que dependen del seguro proporcionado por el estado.
Maureen Obando finaliza añadiendo que los médicos incluso visitan las escuelas para atender a los niños, lo que hace a La Caja tener un papel crucial no sólo para su comunidad, sino para todo el país. Afirma que en lugar de debilitarse, La Caja debe ser fortalecida.
Este mensaje de solidaridad y defensa de la CCSS proviene del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) para comunicar la preocupación por la constante amenaza que enfrenta el seguro social en el país, tanto por parte del gobierno actual como por gobiernos anteriores.
Puede acceder al video completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/o9VGEzezuBKQjh2i/?mibextid=WC7FNe
La comunidad de Buena Vista del Territorio Bribri de Salitre ha decidido cerrar temporalmente la escuela debido a las malas condiciones de la infraestructura. Según informan, el comedor escolar no cumple con los requisitos necesarios y se encuentra en mal estado, con filtraciones de agua en el techo y un piso de madera deteriorado. Ante esta situación, la comunidad se ha unido para manifestarse ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) en busca de una solución.
En un esfuerzo por mantenerse durante este período de cierre y mientras se negocia con el MEP, la comunidad solicita colaboración a través de donaciones de víveres (alimentos) o ayuda económica para la compra de alimentos. Aquellos interesados en colaborar pueden realizar transferencias a la cuenta SINPE número 8552 6789 a nombre de Dayana Figueroa, o comunicarse directamente al número 6098 1141 con William Rodríguez.
La comunidad de Buena Vista del Territorio Bribri de Salitre agradece de antemano cualquier ayuda que puedan brindar para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar y garantizar una educación digna para los niños y niñas de la comunidad.
Compartido con SURCOS por la comunidad de Buena Vista.
SURCOS comparte la siguiente nota enviada a la delegación policial de Puerto Viejo de Limón y compartida con este medio:
“Señores de la policía, disculpas por molestarlos en estos días de descanso pero me percaté que ya estamos en las manos de los que no conocen ni reglas ni leyes. Desde varias semanas los viernes y los sábados son una tortura, hay música a todo volumen que entra en las casas y las transforma en una discoteca hasta las 2 (cuando tenemos suerte) o a las 4/5 de la mañana. Ya la policía turística ha desaparecido y la otra policía … no sé. Hemos llamado también al 911 y no llegó nadie.
Aquí es cómo el lejano oeste, disparos, riñas y parece que hay también heridos. seguridad plus tiene que ser el título de una película para reírse porque de plus solo hay ruidos y problemas.
¿Qué tenemos que hacer para pedir el restablecimiento de un poco de orden?
Unos vecinos de Puerto Viejo
Se emitió un comunicado de parte de la organización Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtchö Wakpa para abordar que dicha organización es autóctona sustentado en el derecho consuetudinario, en la propia autodeterminación y autonomía que alcanza 11 años de existencia.
Además del trabajo al interno de dicho territorio en rescate y conservación de la madre tierra, medio ambiente y su naturaleza espiritual, cultural, en educación, y salud aplicado a los espacios de la cosmovisión Bribri en defensa de los derechos indígenas que han sido adquiridos desde la existencia de los mismos.
Se defienden lo anterior a partir del convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. En el artículo 8, apartado 2, se menciona: “Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio”.
Adicional, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, donde en el artículo 4 se escribe: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”, y su artículo 5: “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.
Asimismo la Ley Indígena #6172 artículo 4 dice así: “Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI. La población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, administrada por un Consejo directivo representante de toda la población; del consejo principal dependerán comités auxiliares si la extensión geográfica lo amerita”.
El comunicado aborda que dichos principios tutelan conjuntos legales para los derechos colectivos de la población indígena. Adicionalmente, el Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtchö Wakpa aclara públicamente que no tiene ningún tipo de vínculo de trabajo organizacional ni de representación, dentro ni fuera del territorio, con la señora Thais Vidal Navarro.
Como parte de las acciones destinadas para acercar el Poder Judicial a la gente, el próximo miércoles 6 de marzo de 2024, autoridades judiciales se trasladaron a Isla Chira para sostener un diálogo abierto con los vecinos de esta comunidad.
Este encuentro ciudadano inició a las 9:30 a.m., bajo la coordinación de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) y se llevó a cabo en el marco de la reunión del sector Justicia de Costa Rica, con el objetivo de acercar y mejorar los servicios en la Isla Chira.
La ciudadanía tuvo la posibilidad de dialogar con personal judicial, realizar trámites, acceder a información, recibir capacitación, conocer propuestas de mejora de servicios y dar sus puntos de vista.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, destacó que visitas como esta evidencian la construcción de un Poder Judicial al lado de la gente. “Para mejorar los servicios de justicia, es esencial escuchar a las personas usuarias, tener empatía con ellas, buscar siempre mejorar; por ello es por lo que dejamos nuestras oficinas en San José para conocer otras realidades de primera mano”, manifestó.
La actividad contó con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, representación de los órganos auxiliares de justicia, direcciones administrativas y personal judicial. Además de representación de la Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, CONAMAJ, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Bernardo Archer Moore
El Estado costarricense demoró medio Siglo (1974 – 2024) para planificar la administración ordenada de las áreas de Zona Marítima Terrestre ZMT) del país.
Este retraso, agravado por la fragilidad humana de la corrupción en la administración de los asuntos públicos, ha provocado un desorden absoluto en las zonas costeras.
Lo cual ahora los gobernantes de turno pretenden resolver sin afrontar las consecuencias económicas de su propia negligencia; y peor todavía, con un Manual de Ordenamiento carente de EQUIDAD en sus normas de Zonificación.
A quienes con harta soltura señalan a los habitantes costeros como “PRECARIOS” de lo demanial, les diré lo siguiente: «Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio». (Lucas 6:37-42)
Al abordar este tema es necesario tener presente la importancia de la equidad en las normas de zonificación para garantizar un desarrollo sostenible y justo para todas las comunidades afectadas. La exclusión de comunidades vulnerables del desarrollo turístico sin duda perpetuará desigualdades y marginación.
Tanto el Concejo Municipal del Cantón de Talamanca, como su alcalde de turno y la Comisión del Plan Regulador, les corresponde abogar por políticas que promuevan la inclusión y participación de todas las comunidades en el desarrollo turístico, asegurando que se respeten sus derechos y se aborden las desigualdades existentes. Cosa que no han hecho.
La equidad en las normas de zonificación es fundamental para crear un entorno justo y equitativo para todos los habitantes costeros de nuestro país.
Es fundamental que las políticas de zonificación tengan en cuenta la diversidad de las comunidades locales y promuevan un desarrollo sostenible que beneficie a todos.
La planificación de las áreas costeras debe ser inclusiva y considerar los intereses de las comunidades locales, garantizando su participación en el proceso de toma de decisiones.
Las concesiones municipales pueden ser una herramienta útil, pero es importante que se apliquen de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos de las comunidades locales y evitando su desarraigo.
Promover una política de equidad en las normas de zonificación es esencial para garantizar un desarrollo sostenible y justo en las áreas costeras, protegiendo el patrimonio cultural y ambiental de las comunidades locales; elementos ausentes tanto en el actual Proyecto de Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, Talamanca, como en todas las demás áreas costeras del Caribe costarricense.
Si cree, como yo, que un reinicio o un nuevo comienzo de este Plan Regulador es necesario para evitar daños a las generaciones actuales y futuras, puede que valga la pena explorar formas de abordar estas preocupaciones y trabajar por un futuro más sostenible y positivo.
Entonces, la colaboración, la comunicación y un compromiso compartido para marcar la diferencia pueden ayudar a allanar el camino para un mañana mejor.
Recuerde que cada individuo tiene el poder de marcar la diferencia y, al tomar medidas reflexivas e intencionales, podemos crear un mundo que sea más inclusivo, sostenible y solidario para todos. Trabajemos juntos para construir un futuro mejor para las generaciones venideras.
Publicado en Las Cosas Son Lo Que Son y compartido con SURCOS por el autor.