La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional y la Benemérita Biblioteca Nacional se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición de fotografía Gente que aprende. Un viaje por diferentes comunidades de Costa Rica.
La actividad se realizará el miércoles 22 de noviembre a las 3:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y se transmitirá por el Facebook
Comunidad organizada, ecologistas y habitantes de la zona defienden su hogar y el patrimonio de los costarricenses de quienes quieren robarles sus derechos
Movimiento Cahuita Unida cuestiona que el INVU sea “juez y parte” y vecinos del cantón de Cahuita exigen con amparo verdadera participación comunitaria.
Recursos y acciones legales contra el PRC se acumulan en la Sala Constitucional, el MINAE, y la Municipalidad de Talamanca.
El lunes 28 de agosto venció el plazo para la presentación de objeciones y observaciones por parte de la sociedad civil al PRC.
Cahuita, 30 de agosto del 2023. Movimiento Cahuita Unida, Bloqueverde y COVIRENAS Caribe Sur. Durante el mes anterior, la Municipalidad de Talamanca presentó la propuesta de Plan Regulador Costero (PRC) la cual fue elaborada por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). El PRC fue presentado a la comunidad mediante reuniones informativas con las comunidades y a través de información que circuló en la página web de la Municipalidad. El 4 de agosto del año en curso, inmediatamente después de este apurado proceso de socialización, la Municipalidad celebró la Audiencia Pública durante la cual se evidenció una amplia y diversa oposición desde las comunidades locales que critican la falta de participación, el dificil acceso a la informaión, y graves violaciones a las leyes ambientales y a los derechos ancestrales de los pueblos tribales e originarios de la zona, entre otros.
El PRC en discusión plantea la zonificación y el ordenamiento de la franja de doscientos metros de ancho, medidos horizontalmente a partir de la línea de la marea alta ordinaria de todo lo largo del litoral, franja mejor conocida como la zona marítimo terrestre (ZMT). Resulta importante recordar que la ZMT se compone de dos secciones: la zona pública (la primera faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, manglares y esteros); y la zona restringida (la franja de los ciento cincuenta metros restantes y los demás terrenos en caso de islas). La zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso, y nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella ya que estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. En la zona restringida las Municipalidades, en coordinación con el ICT, se encuentran autorizadas para otorgar concesiones para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que la Ley de Zona Marítimo Terrestre número 6043 indique.
Dicha Ley, publicada en su versión original en el año 1977, establece en sus artículos 15, 25, 31, 37, 38, y 51, que la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial para esta zona especial, deberán realizarse mediante un trabajo coordinado y dirigido por la Municipalidad respectiva y fiscalizado y aprobado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Silvia Matamoros, consultora legal en temas marino-costeros explica que:
en virtud de que las comunidades que habitan las costas del Caribe Sur todavía no cuentan con la declaratoria de zona urbano-litoral, lo que corresponde a la hora de elaborar el PRC para el distrito de Cahuita es aplicar lo establecido en la Ley número 6043. Esta Ley y su reglamento son complementadas por las disposiciones establecidas en la Ley de Planificación Urbana y el Manual para la elaboración de Planes Reguladores Costeros aprobado por la Junta Directiva del INVU y el ICT, instrumentos de política pública que deben ser observados y acatados por el Gobierno Local correspondiente a lo largo del proceso.
Preocupados por la injerencia del INVU en el proceso de elaboración de la propuesta del PRC, el Movimiento Cahuita Unida (MCU) cuestionó la constitucionalidad de los artículos 9 inciso 1 y 17 inciso 2; y el transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Estos artículos son los que autorizan a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para que puedan elaborar la propuesta del Plan Regulador. El argumento principal para impugnar estas normas es que la autoridad designada por ley para aprobar el plan es la misma que lo elabora. Se cuestiona que al ser “juez y parte” del proceso de elaboración de los Planes Reguladores existe un alto riesgo de que la institución pierda objetividad al aprobar una propuesta elaborada por el mismo ente público.
Adicionalmente, 40 vecinos de la comunidad de Cahuita presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando irregularidades dentro del proceso participativo. Afirman que la información se compartió con poco tiempo considerando lo complejo que fue accesarla y estudiarla debido a lo extensa y técnica que es. Además, según denuncia Andrea Mora del Movimiento Cahuita Unida,
sigue existiendo incertidumbre sobre lo que sucederá con las construcciones existentes; la Municipalidad de Talamanca no brinda respuesta a solicitudes de información y peticiones específicas; y la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial realizó una consulta inadecuada, que incumple normativas ambientales y pone en riesgo los derechos de los habitantes de las costas.
Estos dos nuevos recursos se suman a cuatro otros que han presentado distintos actores comunitarios y sectores opuestos al PRC ante la Sala Constitucional sobre temas como la afectación de humedales (23-014549-0007-CO), los mapas del Territorio Indígena de Kéköldi (23-016184-0007-CO), Solicitud de información y suspensión de audiencia (23-016185-0007-CO), No consulta al territorio indígena Kéköldi – Cocles (23-016445-0007-CO). Estas acciones fueron complementadas con un recurso de nulidad ante la Comisión Plenaria de la SETENA por los errores graves en los IFAs que sustentan la viabilidad ambiental (EAE-0002-2020-SETENA), el cual fue rechazado el día de hoy y por lo tanto se espera que se presente la apelación correspondiente en los próximos días con el fin de agotar la vía administrativa. Por último, pero no menos importante, la Municipalidad de Talamanca se ha visto inundada por recursos de nulidad y de apelación relacionados al fondo de la propuesta del PRC y a irregularidades presenciadas por la comunidad durante la celebración de la Audiencia Pública.
A las acciones legales mencionadas hasta el momento, se suman las objeciones y observaciones que se presentaron a la propuesta de PRC, las cuales se podían presentar hasta este lunes 28 de agosto. Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur se señalan (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019 ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.
Representantes de organizaciones y comunidades de Costa Rica, reunidas el 26 de agosto 2023, para dialogar sobre el futuro del sistema eléctrico del país, MANIFESTAMOS:
Los ríos son ecosistemas integrales que incluyen el agua y todas las expresiones de vida presentes en ella, pero además todos los elementos que conviven en las cuencas hidrográficas. Los ríos deben ser reconocidos jurídicamente como sujetos con derechos propios para asegurar su existencia y su uso regulado, respetuoso y limitado, según necesidades ecosistémicas y sociales colectivas y solidarias. En esta tarea Costa Rica debe aprender de los avances de otros países orientados a ese reconocimiento.
Los usos prioritarios del agua y otros elementos de la biodiversidad deben ser definidos colectivamente y la protección de los ecosistemas debe ser el primero, seguido del agua para consumo humano, la soberanía alimentaria y posteriormente los fines comerciales y energéticos, regulados y limitados de acuerdo con estudios científicos de calidad y disponibilidad. En estas definiciones es indispensable reconocer el papel fundamental de las mujeres y de los Pueblos originarios de todo el mundo en el uso y protección del agua, lo mismo que las innumerables dificultades para asegurar el acceso a ésta. En esta misma línea rechazamos la negociación de futuros del agua en la bolsa de New York bajo el código “Agua-NQH2O” y cualquier otra vía de privatización y exclusión de la gente más pobre.
Nos solidarizamos con los pueblos en México, Chile, Perú y otros países, que mantienen cruentas y desiguales luchas en defensa del agua por su explotación comercial en aguacate y arándanos, que sumados a otros monocultivos han secado y desparecido los ríos y dejado sin agua a pueblos enteros.
Las comunidades y organizaciones sociales exigimos espacios efectivos de participación en la definición de las políticas energéticas y eléctricas, pues hasta ahora esas definiciones han sido exclusivas de instancias técnicas y políticas con exclusión total de los pueblos impactados negativamente. Reiteramos que todos los proyectos, sin importar su tamaño y condiciones, deben ser efectivamente consultados con las comunidades en las cuales se pretenden instalar, y que los criterios de éstas deben ser respetados.
El consumo de la energía indispensable para tener mejor calidad de vida, debe ser un derecho fundamental de los pueblos a precio justo y bajo principios de solidaridad, y esto demanda reconocer la incompatibilidad entre energía como derecho de la gente y energía como mercancía. Costa Rica debe enfilarse hacia su seguridad y soberanía energéticas asegurando el uso responsable de todos los ecosistemas. Esto demanda, de manea indispensable, incorporar en todos los proyectos el principio “indubio pro-natura” presente en la Ley de biodiversidad y convenios internacionales firmados por Costa Rica.
Nos solidarizamos y unimos a la lucha del Grupo ecologista León Cortés, la Asociación PROAL, ASADAS, Asociaciones de desarrollo y muchas más organizaciones de la zona Los Santos, para que el alcalde y el Consejo municipal, obedezcan a la población y aprueben “declarar León Cortés permanentemente libre de co-incineración de residuos sólidos y prohibir la instalación y contratación de cualquier servicio asociado con la co-incineración”.
Con la mayor vehemencia, instamos a los y las diputadas a impedir los gravísimos impactos sociales y ecológicos que tendrían en el país los proyectos de ley expedientes #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”. En el debate de este último expediente hemos seguido con extrema preocupación la falta de argumentación técnica, social y ecológica con que está siendo defendido. Por esto le exigimos a los y las diputadas, estudiar, consultar, asumir responsabilidad e impedir su aprobación porque debilitan de forma irreversible el sistema público de electricidad, su condición como derecho de la gente y lo convierten en un sistema de lucho privado. En paralelo, y como lo hemos reiterado por más de 30 años, exigimos la derogatoria de leyes 7.200 y 7.508 porque siguen siendo un deleznable medio de lucro para un grupo de empresas privadas nacionales y transnacionales.
Nos comprometemos a fortalecer la unión de organizaciones sociales del país integrantes de la “Coalición por la defensa del modelo eléctrico solidario para Costa Rica”, que bajo la consigna “Electricidad justa y solidaria para Costa Rica”, está orientada a la defensa del servicio social, público y solidario de electricidad que sólo ha sido posible por la existencia del Instituto costarricense de electricidad, ICE. En la tarea de resguardar de nuestra institucionalidad, nos sumamos al “Frente nacional en defensa del estado de bienestar costarricense”, para salvar nuestro sistema de salud y en particular la Caja costarricense de seguro social, la educación, la seguridad y soberanía alimentarias y las garantías laborales, que siguen sufriendo los embates del modelo de sociedad antisolidario y orientado a favorecer fines privados.
Instamos al gobierno de Costa Rica, instituciones, empresas y a la población en general, a asumir con respeto irrestricto, la existencia y derechos reconocidos nacional e internacionalmente de los Pueblos originarios, y en particular su derecho a la Tierra que les ha sido usurpada, y sus formas propias de organización y autogobierno según las leyes vigentes. En particular, rechazamos el eventual relanzamiento de la hidroeléctrica Diquís (646 megavatios), incluido en el plan de expansión eléctrico del actual gobierno.
Conversamos con las personas participantes del Curso de Comunicación Popular que desarrollamos junto a CODECE en Escazú, y nos preguntamos ¿Qué estamos haciendo en Escazú y Alajuelita?, a partir de esta pregunta profundizamos sobre los desafíos organizativos que provoca la comunicación y los retos para seguir haciendo comunidad.
Participaron: Mariana Badilla, Alfredo Huerta, Javier Sánchez, Andrea López, Natalia Monge, Jean Carlo Rodríguez, Sebastian Del Barco, Carolina Mora, Indira de Beausset y Mauricio Álvarez.
Para escuchar la entrevista ingrese en este enlace.
Comunidades costeras como Jacó, Quepos, Tivives, Uvita, Sámara y Tamarindo han estado trabajando incansablemente en la definición de rutas de evacuación, la creación de materiales educativos y la realización de actividades de divulgación, con el objetivo de estar preparadas ante la posible amenaza de un tsunami.
Este esfuerzo conjunto, apoyado por el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (SINAMOT-UNA), y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), ha rendido frutos notables, pues estas comunidades cuentan con el reconocimiento «Tsunami Ready» otorgado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (IOC/UNESCO). Este reconocimiento tiene como objetivo aplaudir los esfuerzos de las comunidades para minimizar los riesgos y daños causados por los tsunamis, promoviendo la preparación y la conciencia en caso de que ocurra un evento de tal magnitud.
Silvia Chacón, coordinadora del SINAMOT-UNA, destacó que este logro es un tributo al trabajo conjunto de las comunidades y sus organizaciones, incluyendo los Comités Municipales de Emergencia (CMEs), Comités Comunales de Emergencia (CCEs), Asociaciones de Desarrollo Integral (ADIs) y ASADAS. Incluso las escuelas y hoteles de ciertas localidades, como Sámara y Tamarindo, se han involucrado activamente en este proceso. El compromiso de estas comunidades y su disposición a prepararse para enfrentar situaciones críticas ha sido fundamental.
El esfuerzo continuo de estas comunidades refleja su compromiso con la seguridad de sus habitantes y su disposición a afrontar desafíos para garantizar una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad.
“El trabajo en conjunto que hemos realizado en el comité comunal de emergencias de playa Hermosa con la Universidad Nacional, ha sido desde principios del 2021. El Sinamot es el programa especializado para preparar a las comunidades para las emergencias de tsunami en nuestras costas costarricenses. El primer paso es hacer una cartografía, entonces hicimos un taller de cartografía en el cual participó toda la comunidad, por las circunstancias lo hicimos de manera virtual y lo pueden ver en nuestra página web. El resultado de este trabajo
conjunto ha sido obtener el reconocimiento que otorga la UNESCO de Tsunami Ready, entonces ahora playa Hermosa es una comunidad Tsunami Ready”, dijo María Marta Alfaro, del Comité de Emergencias de Playa Hermosa.
A la fecha, el país cuenta con 10 comunidades reconocidas con Tsunami Ready:
Los días 28, 29 y 30 de julio 2023, se reunieron 22 delegados de 10 comunidades en Pozo de Agua Pueblo Místico de Nicoya, la gran anfitriona fue La Laguna y La Comunidad.
Se tomaron acuerdos importantes (por consenso), entre ellos:
Trabajar los territorios en la forma de Espirales Comunitarias (sin centro, sin arriba y abajo, sin extremos; articuladas unas con otras).
Avanzar en cobertura y conciencia en el período 2023-2030, atendiendo la “emergencia climática”, los derechos humanos y los derechos de la MadreTierra.
Integrar un Consejo Nacional con 6 miembros (3 mujeres y 3 hombres) y 7 colaboradoras-es. El primer Consejo está conformado por: Carlos Muñoz (El Rosario de Naranjo), Cecilia Morales (Desamparados), Edison Valverde (Pasoancho), María Rebeca Álvarez (Naranjo), Ronulfo Morera (Mora El Libertador), Suray Carrillo (Pozo de Agua de Nicoya).
Las personas interesadas en formar parte del Movimiento Buen Vivir, pueden comunicarse con los miembros de las Espirales Comunitarias, quienes facilitarán un documento con la información básica.
*Información suministrada por Edison Valverde Araya, miembro Asamblea Nacional Buen Vivir Costa Rica.
En un mundo donde el concepto de desarrollo se ha desviado hacia un modelo desmedido y destructivo, es fundamental reflexionar sobre cómo replantear esta lógica suicida y encontrar una alternativa que proteja nuestra vida y el planeta. Para lograrlo, es necesario superar la mentalidad lineal y egoísta que solo busca el beneficio individual y económico a corto plazo.
Una de las propuestas es la organización de las comunidades en cooperativas o juntas del bien-vivir. En lugar de enfocarse en un desarrollo abstracto que solo piensa en el crecimiento económico, se debe buscar el bienestar de las personas y el equilibrio con el ambiente. Con asesoría y apoyo, las comunidades pueden ser parte activa en la búsqueda de soluciones a sus problemas, y las ganancias obtenidas se distribuirían de manera justa entre sus miembros, bajo una lógica de ganar-ganar.
Además, es esencial dar prioridad y acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas nacionales. Esto es una lección impuesta por la realidad, no por la ideología. Una auténtica banca para el desarrollo podría impulsar sectores estratégicos y fomentar la solidaridad y cooperación entre las empresas, en lugar de promover la competencia despiadada. Asimismo, es fundamental crear redes productivas locales y nacionales que promuevan el intercambio comercial en el ámbito regional. Esto permitiría apoyar a los sectores vulnerables y estratégicos para el país, como la agricultura y la pesca, en busca de seguridad y soberanía alimentaria.
La clave para transformar este sistema destructivo radica en una revolución cultural y ciudadana, en otras palabras, en un salto de conciencia colectivo, un despertar que inicia con la educación. Es imperativo crear una conciencia más profunda sobre la urgencia de cambiar nuestra forma de vida y relación con los recursos naturales. Debemos reconocer que la explotación irracional de estos recursos es insostenible y nos conduce hacia un colapso planetario inevitable. Parte del desafío es combatir la cultura del consumismo, que fomenta la acumulación innecesaria de bienes y promueve un estilo de vida insostenible. La solución no está en dejar de consumir, sino en hacerlo de manera responsable y consciente, priorizando productos locales y sostenibles.
Producto de esta lógica de vida heredada desde hace varios siglos, el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica capaz de alterar todos los ciclos naturales del planeta de varias maneras:
Explotación irracional de recursos naturales: El modelo actual de desarrollo global, basado en la extracción y uso desmedido de recursos, conlleva graves problemas ambientales y climáticos. Esta explotación irracional de recursos demuestra cómo la actividad humana puede alterar los ciclos naturales de la Tierra debido a la falta de consideración hacia estos aspectos en los cálculos económicos. El resultado de esto ha sido que las decisiones y acciones humanas afectan directa y negativamente al ambiente en su totalidad, convirtiendo esta afectación en un búmeran que se regresa a quien lo lanza, en forma de eventos climáticos cada vez más extremos y extinción masiva de especies, comprometiendo toda posibilidad de vida actual y futura en el planeta.
Competencia empresarial y crecimiento global sin ética: existe una incompatibilidad del modelo económico basado en la competencia empresarial y el crecimiento global con la sostenibilidad y la vida misma. Esta mentalidad de búsqueda de beneficios a cualquier costo ha llevado a la sobreexplotación de recursos y a la alteración de los ciclos naturales de los ecosistemas, el objetivo debe ser armonizar estos opuestos para crear un camino compartido donde desarrollo no sea sinónimo de desplome global. Vaya paradoja.
Consumismo y desarrollo insostenible: la cultura del consumismo y el actual enfoque de desarrollo no es sostenible. Esta actitud de consumo excesivo y derroche de recursos contribuye a la alteración de los ciclos naturales del planeta y pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras.
Se requiere un cambio en la mentalidad y en el concepto mismo de desarrollo, buscando una economía más local, autogestionada, social y comunitaria, anclada a la economía global y las nuevas tecnologías. Esta propuesta tiene como objetivo encontrar un equilibrio con los ciclos naturales del planeta y evitar la agudización del colapso eco-social. Nos corresponde volver a ponernos en sintonía con la naturaleza, después de tantos años de habernos desarmonizado y de dejar de vibrar en su misma frecuencia por creernos superiores a ella. La humanidad hoy actúa como una fuerza geológica capaz de alterar los ciclos naturales del planeta de manera negativa. La falta de consideración hacia el planeta, el consumismo desmedido y la explotación de recursos sin control están llevando a la vida en general hacia un camino insostenible y autodestructivo.
Es necesario replantear el modelo de desarrollo y buscar un modus vivendi más armonioso con el entorno para preservar la vida en el planeta. En definitiva, la tarea por delante es enorme, pero no podemos evadir nuestra responsabilidad. No estamos aquí para satisfacer intereses personales o privilegios de unos pocos. Es hora de actuar en conjunto, buscando un modelo económico y social que nos permita coexistir en armonía con todos los sistemas vivos y con nosotros mismos, garantizando una mejor calidad de vida para todos sin comprometer el futuro de las próximas generaciones ni el de otras especies. El desarrollo no debe ser un enemigo, sino una herramienta para construir un mundo sostenible y justo para toda la vida presente en el planeta.
Buen Vivir Costa Rica se reunirá en Pozo de Agua, pueblo místico de Nicoya. Delegados de Aserrí, Escazú, Heredia, Naranjo, Pasoancho, Mora El Libertador, Desamparados, Longo Mai de Buenos Aires, Miramar de Montes de Oro, San Francisco de Dos Ríos y Pozo de Agua, se reunirán los días 28, 29 y 30 de julio 2023 en Pozo de Agua de Nicoya.
Los principales objetivos del encuentro son: apoyo entre mensajeros, grupos y comunidades, mejoramiento de la estructura y organización y articulación del Buen Vivir a nivel nacional.
Información compartida con SURCOS por Édison Valverde Araya.
Participamos en el Encuentro contra Quebradores (30 junio y 1 julio del 2023 en Chomes, Puntarenas) organizado por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, el TCU 590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales y el Programa Kioscos Socioambientales, donde participaron personas de organizaciones provenientes de Judas de Chomes, Guacimal, Buenos Aires y Maquengal. En este espacio se reflexionó sobre las implicaciones que tienen los Quebradores en la vida comunitaria sus tensiones y desafíos para el sostenimiento de esos tejidos de vida que son los ríos en nuestros territorios. Por esta razón, aprovechamos y conversamos con las personas participantes para compartir sus inquietudes y reflexiones.
La sobreexplotación del recurso pesquero, la contaminación de nuestros mares y la falta de opciones que generen nuevos ingresos empuja a los pobladores de las zonas costeras al desempleo.
¿Por qué Costa Rica confía en la U pública? Porque con el liderazgo de la Universidad Nacional (UNA), desde hace 10 años se desarrolla el cultivo de ostras, iniciativa que beneficia a las comunidades del litoral Pacífico. “Se hizo realidad lo que hace muchos años estamos trabajando, para mí aparte de trabajo es el sostén de mi familia. Aspiramos a ir más allá, si es posible hasta salir del país con las ostras”.
Felipe Peralta, ostricultor.
Compartimos el video con el testimonio de las personas de las comunidades del litoral Pacífico, beneficiarios del proyecto:
