Comunidades realizan campaña para crear un mecanismo de participación, fiscalización ambiental, protección del agua y que no se otorguen concesiones a empresas cuestionadas

En días recientes comunidades del cantón central de Puntarenas y de Guatuso presentaron a diputados sus exigencias y propuestas en cuanto a los impactos de la actividad minera en el cauce de los ríos o como se conocen popularmente como “quebradores”; esta actividad busca producir materiales y agregados para la construcción de infraestructura pública y privada mediante la extracción de arena y piedra y ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por sus efectos perjudiciales que causa en los ecosistemas de los ríos a nivel país.

En Costa Rica, las concesiones se entregan por un plazo de 25 años en las cuales, pueden presentar una prórroga por 10 años más. Para las concesiones de cauce de dominio público se entregan tramos de máximo 2 km y una misma persona puede realizar su extracción teniendo dos concesiones de estas en un mismo cauce.

Respecto a los procesos de extracción, comúnmente la evaluación del impacto ambiental establece condiciones de explotación con tasas de extracción diarias y mensuales. Sin embargo, los lineamientos establecidos terminan teniendo un papel de requisitos más allá de regulación efectiva para la protección de ríos.

Los daños generados a nivel ambiental son irreversibles y los cauces no se encuentran evaluados antes ni después del otorgamiento de permisos. Desgraciadamente, la institucionalidad carece de criterios científicos para llevar a cabo dicha evaluación de impactos, monitoreo y garantía de la protección ambiental favoreciendo así a grandes negocios para la explotación.

Leonardo Cordero de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, aseguró que la situación de los ríos Guacimal y Lagarto es precaria para estos ríos y en época de verano ven disminuido significativamente su caudal. Esta falta de agua y la abundancia de sedimentos producen un impacto directo en la pesca artesanal que es el 90 % de la economía local de la zona costera y un daño profundo en los manglares.  Además, señala que se ha perdido una fuente de recreación porque estos ríos son claves para el encuentro vecinal, para pasar los calores y los fines de semana.  

“En ese trayecto del puente del río de Guacimal hasta la desembocadura de 12km hay hasta 6 concesiones” aseguro Cordero, que estallaron con la ampliación de la Ruta 1. La Alianza señala a Meco y H.Solís como principales empresas concesionarias o beneficiarias de este bien común.

Eddy Alberto López Mora de la Asociación de Desarrollo de Maquengal de Guatuso, relata una situación muy similar, pero en este caso sobre el Río Frío. El mismo, es una fuente vital de economía turística y agrícola de la zona, pues es el principal afluente del Humedal de importancia mundial de Caño Negro, sin embargo, la minería desregulada lo acaba de a pocos.

En este caso las vecinas y vecinos señalan que la Municipalidad de Guatuso no monitorea las acciones de las empresas extractivas, “esto ha venido a matar el río” aseguró López sobre la cantidad de material que tienen concesionado y concluyó diciendo “Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR un humedal que no estamos cuidando.” 

Ambos representantes comunitarios aseguran falta de regulaciones y sobre todo fiscalización de parte del Estado para controlar la actividad y aprovechar más racionalmente los materiales del río. Ellos abogan por la auditoría, fiscalización y participación de las comunidades en los procesos de solicitud, gestión y prórrogas de concesiones.

Ellos en conjunto lanzaron una campaña pública que busca una modificación al Código de Minería (Art .37) para incluir consultas comunales directas en el momento de consultas a municipalidades, que se fundamente según la magnitud y temporalidad viable de las concesiones a partir de los criterios de la Dirección de aguas, así como una consulta directa con las ASADAS y otras organizaciones comunitarias para la protección de sus fuentes, por medio de la administración de acueductos en cantidad suficiente y de calidad.

En el caso de consultas a la Dirección de Aguas, se pretende categorizar ecológicamente cada río previo a su entrega de permisos extractivos con el fin de reconocer su riesgo ecológico. Finalmente exigen no otorgar más concesiones a empresas investigadas por corrupción y violación de derechos.

Kioscos Ambientales, UCR