Buen Vivir Costa Rica se reunirá en Pozo de Agua, pueblo místico de Nicoya. Delegados de Aserrí, Escazú, Heredia, Naranjo, Pasoancho, Mora El Libertador, Desamparados, Longo Mai de Buenos Aires, Miramar de Montes de Oro, San Francisco de Dos Ríos y Pozo de Agua, se reunirán los días 28, 29 y 30 de julio 2023 en Pozo de Agua de Nicoya.
Los principales objetivos del encuentro son: apoyo entre mensajeros, grupos y comunidades, mejoramiento de la estructura y organización y articulación del Buen Vivir a nivel nacional.
Información compartida con SURCOS por Édison Valverde Araya.
Participamos en el Encuentro contra Quebradores (30 junio y 1 julio del 2023 en Chomes, Puntarenas) organizado por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, el TCU 590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales y el Programa Kioscos Socioambientales, donde participaron personas de organizaciones provenientes de Judas de Chomes, Guacimal, Buenos Aires y Maquengal. En este espacio se reflexionó sobre las implicaciones que tienen los Quebradores en la vida comunitaria sus tensiones y desafíos para el sostenimiento de esos tejidos de vida que son los ríos en nuestros territorios. Por esta razón, aprovechamos y conversamos con las personas participantes para compartir sus inquietudes y reflexiones.
La sobreexplotación del recurso pesquero, la contaminación de nuestros mares y la falta de opciones que generen nuevos ingresos empuja a los pobladores de las zonas costeras al desempleo.
¿Por qué Costa Rica confía en la U pública? Porque con el liderazgo de la Universidad Nacional (UNA), desde hace 10 años se desarrolla el cultivo de ostras, iniciativa que beneficia a las comunidades del litoral Pacífico. “Se hizo realidad lo que hace muchos años estamos trabajando, para mí aparte de trabajo es el sostén de mi familia. Aspiramos a ir más allá, si es posible hasta salir del país con las ostras”.
Felipe Peralta, ostricultor.
Compartimos el video con el testimonio de las personas de las comunidades del litoral Pacífico, beneficiarios del proyecto:
Siguiendo el legado de muchas mujeres en la ciencia que les antecedieron, abriéndose camino en un saber históricamente escrito y protagonizado por científicos, dos embajadoras del mar del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar CCBEM son quienes podrían estar a punto de reescribir la historia del Caribe Sur costarricense en el Parque Nacional Cahuita (PNC).
Adentrándose en el mar con la intención de contribuir con nuevos aportes a sus investigaciones ciudadanas, Ana María Arenas y Maraya Jiménez, parecen haber encontrado la pieza faltante del rompecabezas en las hipótesis que, un equipo de personas investigadoras comunitarias y profesionales en arqueología, han venido trabajando en torno a dos barcos esclavistas daneses que, hace alrededor de 300 años, naufragaron en las costas del Parque Nacional Cahuita (PNC).
Creando ciencia desde otras lógicas. Con gran emoción y entusiasmo, con pasos firmes y curiosos directo hacia la costa, Ana María y Maraya se adentran en el mar rememorando la figura de Tona Ina, que significa luz marina en idioma Yoruba africano, a quien pidieron les mostrara algo nuevo, algo que no hubieran encontrado antes en el inmenso Caribe y que permitiera atar cabos en las investigaciones comunitarias arqueológicas submarinas que se han venido realizando hasta el momento.
Sintiéndose en completa armonía con las aguas, conscientes del peso histórico de los acontecimientos que en dichas costas tomaron lugar, las compañeras buceadoras encuentran cientos de ladrillos que nutren la hipótesis de un naufragio en los arrecifes del PNC. Los ladrillos fortalecen la confirmación de una segunda embarcación esclavista de origen danés que, de vuelta en el siglo XVIII, transportaba alrededor de seiscientas personas africanas esclavizadas. Desde el año 2016 el equipo del CCBEM, ha venido registrando hipótesis alrededor de dichas embarcaciones que, al haber chocado con los arrecifes, dejaron tras de sí el rastro de miles de ladrillos, anclas, cañones, madera y hasta algunos grilletes, entre otros importantes registros arqueológicos.
La documentación histórica de archivos en Dinamarca daba cuenta que el segundo barco danés del acontecimiento que se estudia había sido soltado a la deriva por esclavizados y marineros hasta chocar con el arrecife. En el lugar hay cañones y hay anclas, pero sin encontrar muchos ladrillos era imposible confirmar a ciencia cierta que ese fuera otro naufragio. Se trataba de los barcos Fredericus IV y el Christianus V que cargaban más de 40,000 ladrillos cada uno cuando naufragaron. Este era un enigma a resolver – dijo el arqueólogo danés Andreas Bloch – aclarado que las dos embajadoras del mar al fin resolvieron el misterio encontrando un camino de ladrillos en el sitio.” Andreas junto con el Dr. Kotaro Yamafune son dos arqueólogos que realizan fotogrametría y mapeos del sitio.
¿Qué implicaciones tendría confirmar la existencia de esta segunda embarcación? Ana María Arenas explica que, de confirmarse esta información, se continuaría investigando alrededor del destino que tuvieron estas 600 personas esclavizadas provenientes del continente africano, a partir de la deriva y naufragio de la embarcación. Se buscaría conocer si se quedaron en Costa Rica, si tuvieron intercambio con las comunidades indígenas Bribri y, finalmente, podría incluso determinarse que las comunidades afro han estado en territorio nacional desde mucho antes de lo que los registros oficiales indican. Además, asegura que ya tienen un 90% del proceso de la identificación hecho, nos falta un 10% para que la Sociedad Científica lo confirme. Para ello se hizo una muestra de tres ladrillos que dieron positivo al origen danés y lo que se requiere para confirmar el origen son 20 ladrillos en total. Para el mes de septiembre vendrán los arqueólogos a tomar esas muestras y se buscará restos de madera para confirmar el origen de los barcos. Los arqueólogos hicieron una fotogrametría de los dos lugares en 3D que servirán de preparación para el trabajo de campo que se realizará en septiembre.
Para Maraya Jiménez este es lugar increíble “se siente una vibración de que algo pasó, algo importante, algo que marcó la historia de antepasados y que está ligado a la nuestra identidad e historia” (…) el haber podido verlos y encontrarlos (los ladrillos) aporta sentido a la investigación. Me siento muy feliz y agradecida por haber aportado un poco a esta gran historia que estamos reescribiendo, es mi historia, nuestra historia, de la cultura y de identidad de Cahuita y del Caribe Sur, pero también una nueva historia de Costa Rica”.
Ciencia desde y para las comunidades
Creando ciencia desde lógicas comunitarias, holísticas y sensibles ante la historia de los pueblos que allí habitan, su trabajo es también un posicionamiento político ante una tradición que ha buscado concentrar la escritura de la historia y producción de la ciencia, desde las más altas élites de la academia, desde un saber eurocéntrico que poco protagonismo ha otorgado a las mismas comunidades y a las mujeres en la reivindicación de sus saberes.
Siendo la producción científica occidental un espacio tradicionalmente masculinizado, su trabajo despierta muchísima admiración y entusiasmo, ya que coloca un parteaguas en el fortalecimiento de la cultura, identidad y memoria histórica del Caribe Sur costarricense. Se suman a las mujeres que, desde su trabajo día a día, dejan huella y nuevas rutas científicas por explorar a todas las mujeres en la ciencia que vendrán después.
Para María Suarez comunicadora y coordinadora del proyecto de investigación cultural en el que se enmarca en aporte de la observación de esas dos mujeres “no fue casualidad pues históricamente las mujeres hacen ciencia desde las relaciones, no necesariamente los objetos sueltos”.
¿Quiénes son las embajadoras del Mar y científicas comunitarias?
Maraya Jiménez Taysigue, secretaria de la Junta Directiva del CCBEM, Bachiller en educación media en el Liceo Rural de Puerto viejo y estudiante de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Estudió masaje profesional en COSVIC y en Beauty Ritual, labor que también realiza para sostener su vida. profesional. Cuenta con capacitaciones en PADI Open Water, Peak Performance Buoyancy 2023, curso Introductorio a la Arqueología Náutica – NAS INTRO – Impartido por arqueólogos de la Universidad de Carolina del Esté, en inducción en Corales impartido por CCBEM – Criterios, técnicas y métodos PRONAMEC para monitorear corales
Ana María Arenas, Coordinadora Comisión de Corales y de comunicación en Redes del CCBEM, Diseñadora Gráfica, tercer año de historia de la Universidad de Costa Rica. Se ha capacitado en Padi Rescue, Padi Advanced , Padi Open Water PADI Divemaster. Presentó las credenciales finales para graduarse de Dive Master. En fotogrametría impartido por Kotaro Yamafune arqueólogo de Japón y Matko Čvrljak, arqueólogo de Croacia. Ha recibido el curso Introductorio a la Arqueología Náutica (NAS INTRO) impartido por el arqueólogo danés Andreas Bloch; el curso de inducción en Corales impartido por Innoceana; el curso Criterios, técnicas y métodos PRONAMEC para monitorear corales, instrumentos y protocolos para identificar corales e invertebrados. Recibió el curso sobre Identificación, Monitoreo y Siembra de Corales – impartido en Línea por Diving with a Purpose con certificación PADI AWARE – Project AWARE Specialty Course; participó en el Taller Creación Línea Base Actualizada sobre Corales en el Arrecife de Puerto Viejo impartido por el Biólogo Isaac Baldizón y realizó el curso de Arqueología Náutica – NAS 1 impartido por el arqueólogo danés Andreas Bloch.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Fotos de Ana María Arenas a la izquierda y a la derecha Maraya Jiménez, a instantes de encontrar esta importante pista para comprobar la identidad de los barcos hundidos en 1710.
Foto del río Lagarto, en Puntarenas, en el documental «Entramarnos: Río Lagarto», producido por Era Verde y Palabra de Mujer, de Canal 15, UCR.
Comunidades realizan campaña para crear un mecanismo de participación, fiscalización ambiental, protección del agua y que no se otorguen concesiones a empresas cuestionadas
En días recientes comunidades del cantón central de Puntarenas y de Guatuso presentaron a diputados sus exigencias y propuestas en cuanto a los impactos de la actividad minera en el cauce de los ríos o como se conocen popularmente como “quebradores”; esta actividad busca producir materiales y agregados para la construcción de infraestructura pública y privada mediante la extracción de arena y piedra y ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por sus efectos perjudiciales que causa en los ecosistemas de los ríos a nivel país.
En Costa Rica, las concesiones se entregan por un plazo de 25 años en las cuales, pueden presentar una prórroga por 10 años más. Para las concesiones de cauce de dominio público se entregan tramos de máximo 2 km y una misma persona puede realizar su extracción teniendo dos concesiones de estas en un mismo cauce.
Respecto a los procesos de extracción, comúnmente la evaluación del impacto ambiental establece condiciones de explotación con tasas de extracción diarias y mensuales. Sin embargo, los lineamientos establecidos terminan teniendo un papel de requisitos más allá de regulación efectiva para la protección de ríos.
Los daños generados a nivel ambiental son irreversibles y los cauces no se encuentran evaluados antes ni después del otorgamiento de permisos. Desgraciadamente, la institucionalidad carece de criterios científicos para llevar a cabo dicha evaluación de impactos, monitoreo y garantía de la protección ambiental favoreciendo así a grandes negocios para la explotación.
Leonardo Cordero de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, aseguró que la situación de los ríos Guacimal y Lagarto es precaria para estos ríos y en época de verano ven disminuido significativamente su caudal. Esta falta de agua y la abundancia de sedimentos producen un impacto directo en la pesca artesanal que es el 90 % de la economía local de la zona costera y un daño profundo en los manglares. Además, señala que se ha perdido una fuente de recreación porque estos ríos son claves para el encuentro vecinal, para pasar los calores y los fines de semana.
“En ese trayecto del puente del río de Guacimal hasta la desembocadura de 12km hay hasta 6 concesiones” aseguro Cordero, que estallaron con la ampliación de la Ruta 1. La Alianza señala a Meco y H.Solís como principales empresas concesionarias o beneficiarias de este bien común.
Eddy Alberto López Mora de la Asociación de Desarrollo de Maquengal de Guatuso, relata una situación muy similar, pero en este caso sobre el Río Frío. El mismo, es una fuente vital de economía turística y agrícola de la zona, pues es el principal afluente del Humedal de importancia mundial de Caño Negro, sin embargo, la minería desregulada lo acaba de a pocos.
En este caso las vecinas y vecinos señalan que la Municipalidad de Guatuso no monitorea las acciones de las empresas extractivas, “esto ha venido a matar el río” aseguró López sobre la cantidad de material que tienen concesionado y concluyó diciendo “Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR un humedal que no estamos cuidando.”
Ambos representantes comunitarios aseguran falta de regulaciones y sobre todo fiscalización de parte del Estado para controlar la actividad y aprovechar más racionalmente los materiales del río. Ellos abogan por la auditoría, fiscalización y participación de las comunidades en los procesos de solicitud, gestión y prórrogas de concesiones.
Ellos en conjunto lanzaron una campaña pública que busca una modificación al Código de Minería (Art .37) para incluir consultas comunales directas en el momento de consultas a municipalidades, que se fundamente según la magnitud y temporalidad viable de las concesiones a partir de los criterios de la Dirección de aguas, así como una consulta directa con las ASADAS y otras organizaciones comunitarias para la protección de sus fuentes, por medio de la administración de acueductos en cantidad suficiente y de calidad.
En el caso de consultas a la Dirección de Aguas, se pretende categorizar ecológicamente cada río previo a su entrega de permisos extractivos con el fin de reconocer su riesgo ecológico. Finalmente exigen no otorgar más concesiones a empresas investigadas por corrupción y violación de derechos.
Actividad de intercambio de talleres I y II, Escuela de Trabajo Social (fotografía Daniel González Quesada)
Desde 1954 las prácticas académicas también denominadas “talleres” adquieren un papel fundamental en el proceso formativo de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Su desarrollo implica las posibilidades materiales para una aproximación crítica a la realidad nacional por parte del estudiantado y el cuerpo docente, condición que ha resultado esencial para generar procesos de articulación teórico – práctica que contribuyen a fortalecer e innovar el Trabajo Social, desde el ámbito formativo e interventivo.
Así, desde hace más de seis décadas, las personas estudiantes de Trabajo Social del tercer, cuarto y quinto nivel de carrera aportan 15 horas semanales a instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales o comunidades en diversas partes del país, lo que implica un total de 450 horas por estudiante al año.
Durante, el 2022 con el objetivo de fortalecer procesos organizativos con las comunidades de Desamparados, Upala, Caribe Norte, Heredia, Escazú y Belén de Heredia, 68 estudiantes de tercer nivel, aportaron 30.600 horas en procesos socio-educativos con infancias, adolescencias y juventudes, poblaciones migrantes y transfronterizas con énfasis en la lucha contra la violencia y la promoción de la paz, defensa del derecho humano a vivir en un ambiente sano y sostenible, fortalecimiento de la economía social solidaria y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
En el caso de la práctica de cuarto nivel, las estudiantes se vinculan con 41 instituciones y organizaciones ubicadas en las provincias de San José, Cartago, Heredia y Alajuela que se dividen en los sectores: gobiernos locales, salud, justicia, derechos humanos y diversidades, niñez y adolescencia y asistencia social.
Este año, 83 estudiantes realizaron su práctica de cuarto nivel de carrera en las diversas instituciones públicas y organizaciones sin fines de lucro, acompañadas por profesionales en Trabajo Social que fungen como co-supervisoras. Este proceso significó 37 350 horas de práctica académica.
Maureen Collado, trabajadora social de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Acosta, indicó que el vínculo con la Universidad de Costa Rica a través de las estudiantes de cuarto año Yerlin Gutierrez Garita y Keitty Cordero Chacon, quienes realizaron su práctica durante el 2022 en esta institución, ha posibilitado “una oportunidad de aprendizajes compartidos; ambas estudiantes brindaron un apoyo a las oficinas que se convirtió en crecimiento, profesionalismo, innovación, acciones concretas que pasaron del papel a ser una realidad; generando de esta forma mecanismos de acción para avanzar en temas sociales a nivel cantonal”.
Por su parte, Yerlin Gutiérrez menciona que su experiencia de práctica académica en este gobierno local significó “un enlace directo con la realidad profesional a partir de la cual se comprende de forma más concreta la relación teórico-práctica que se nos enseña durante el periodo previo a las prácticas y además abre el espacio para cuestionar la realidad desde una dimensión ético-política del papel interno que se le asigna a las y los trabajadores sociales. También significó un gran espacio de crecimiento como futura profesional ya que tener el contacto con las diversas poblaciones y comprender sus necesidades desde las distintas realidades, a su vez, abrió un espacio para cuestionar el accionar estatal mediante el gobierno local con respecto a sus formas de atención a estas poblaciones y específicamente lo que corresponde a Trabajo Social».
Finalmente, en el nivel de Licenciatura de la carrera de Trabajo Social, 25 200 horas fueron aportadas por las más de 55 personas estudiantes que desarrollaron su proceso de análisis de la política pública, particularmente de la política educativa de Costa Rica, la política de seguridad social, la política de asistencia social, la política social desde la gestión de los gobiernos locales y la política nacional de responsabilidad social.
Las reflexiones desarrolladas en este nivel permiten un diálogo con las profesionales que posibilita que la universidad pública aporte a comprender los procesos de producción y distribución de los servicios sociales, con el fin de construir respuestas efectivas a las necesidades, intereses y aspiraciones de las poblaciones usuarias, por parte de las instituciones u organizaciones y servicios sociales.
Así, las cosas, las prácticas no solo fortalecen la formación académica y profesional del estudiantado sino también adquieren una dimensión de acción social estratégica que favorece -desde cada centro de práctica- la construcción, de una perspectiva humanista del desarrollo, que pone en el centro, la justicia, la equidad y la inclusión social.
Laura Rivera Alfaro Docente Escuela de Trabajo Social, UCR
Liliana Monge Sánchez Docente Escuela de Trabajo Social, UCR
Fuerzas vivas reunidas este sábado 11 de marzo en la comunidad de Irlanda, distrito de Río Jiménez, Guácimo se proponen tomar medidas de presión si el gobierno no les resuelve de inmediato la problemática del estado de la Ruta Nacional 811.
Esta situación afecta a comunidades como Río Jiménez, La Ligia, Santa María, Irlanda, Santa Rosa, La Lucha y Escocia.
En la reunión se consideró la posibilidad de realizar distintas medidas de presión en la ruta 811 o en la ruta 32, dada la crítica situación que les afecta su diario vivir.
Alrededor de 150 personas se reunieron conformando una comisión coordinadora de trabajo y acciones concretas.
Llaman a fortalecer la lucha pidiendo “a más actores sociales y a la comunidad en general unirse”. En la reunión se indicó que la espera por una solución ha sido por más de treinta años, durante los cuales distintas instituciones se han involucrado, pero no han resuelto la situación.
El presidente municipal de Guácimo, José Orozco, dijo en la reunión que faltan trámites en CONAVI, pero al mismo tiempo se dice que faltan recursos, por lo que las personas de la comunidad señala que “no se entiende cuál es la situación real” y estiman que lo que falta es voluntad política para atender el derecho a una vida digna en estas comunidades. Ante ello la gente se cansó, se dijo en el informe para SURCOS.
El mal estado de la ruta genera gran cantidad de polvo que afecta la salud con problemas respiratorios, alergias y otras dolencias. Asimismo, se ensucia constantemente la ropa de quienes van para las escuelas, trabajos o alguna institución a realizar un trámite.
Información enviada a SURCOS por Félix López, del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).
A lo largo de su medio siglo de existencia ya transcurrido, la UNA se fue dotando de una importante infraestructura física, tanto en sus campus Omar Dengo y Benjamín Núñez, el primero ubicado en la ciudad de Heredia y el segundo en el sector del Barreal de Heredia, donde se concentran algunas de sus actividades más importantes de docencia, investigación y extensión, como también en los de las sedes y subsedes regionales de Pérez Zeledón, Coto, Liberia, Nicoya y Sarapiquí por lo que la nueva universidad fue consolidando la proyección nacional que siempre la caracterizó, aunque también en esto hay una gran diversidad de opiniones, si bien algunas caricaturescas como la de quienes hablaban de la “Universidad de Heredia” o simplemente “la del río Pirro”, con connotaciones también peyorativas. Sin embargo, fue el abandono gradual del proyecto académico original, con sus proyecciones sociales e interdisciplinariedad, lo que tiende a pesar desapercibido, o silenciado en la manera de evocar (o verdad oficial y oficiosa, para el caso) el inicio de la vida universitaria durante su etapa fundacional.
Los aportes de la UNA en los campos de la investigación y la extensión han sido tan valiosos como los de la docencia, y abarcan un espectro muy amplio en diversos campos de actividad científica, la acción social y de respaldo a la cogestión de comunidades y cooperativas de agricultores, pescadores y apicultores en diversos puntos de la geografía nacional. También, han sido muy importantes las contribuciones específicas del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la institución (OVSICORI), la Escuela de Biología Marina y sus laboratorios acerca de los problemas planteados por la pesca de arrastre, la matanza de tiburones y la pesca abusiva en el domo térmico de nuestra zona exclusiva marítima del Pacífico, las investigaciones de la Escuela de Química sobre la contaminación ambiental en los espacios urbanos entre otras actividades, el programa de investigación de plaguicidas y las implicaciones su toxicidad en el agro, el programa de análisis de la coyuntura económica y social, auspiciado por las escuelas de economía y sociología, las investigaciones del IDELA y sus constantes publicaciones sobre nuestra área continental, los del IDESPO o Instituto de Estudios de Población con sus encuestas demográficas, sociales, como también de opinión sobre temas sociales y políticos. En fin, todo un conjunto de acciones con las que UNA impacta en la comunidad nacional para beneficio de todos sus habitantes, si bien advertimos que este no pretende, de manera alguna, ser enumeración exhaustiva del inmenso aporte de esta universidad pública a nuestra nación.
La UNA acogió como estudiantes a jóvenes provenientes de los sectores populares, tanto urbanos como rurales, lo que se reflejó en las estadísticas para cuantificar los resultados y tendencias de las políticas de admisión, becas y residencias estudiantiles dentro del ethos del proyecto inicial de la UNA. Los logros se pueden apreciar también en el orden de lo cualitativo y en la medida del tiempo transcurrido se han hecho mucho más evidentes.
En los inicios mismos de la nueva institución, la creación del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), rescatando la colección del Repertorio Americano de Joaquín García Monge (publicado en Costa Rica entre 1919 y 1958), con la ayuda de su hijo, el doctor Eugenio García Carrillo, dando lugar a un largo proceso de recuperación, análisis y divulgación de los contenidos de esa extraordinaria revista que circuló por todo el continente (Francisco Morales Hernández y Mario Oliva Medina, dixit). Por otro lado, los esfuerzos del IDELA se orientaron hacia el análisis de las tendencias que caracterizan al conjunto de nuestra región, en el plano de lo cultural, de la integración regional y el reconocimiento de una identidad común, y la del Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA), con sus pioneras investigaciones y la docencia dirigida hacia los trabajadores sindicalizados, permitieron avizorar las tendencias y orientaciones de la UNA hacia el mundo laboral, con toda su intrincada y compleja problemática, cuando aún no soplaban los vientos fríos del pensamiento único neoliberal, los que fueron alejando a la socialdemocracia regional de sus políticas keynesianas y reformistas en el mundo laboral y empresarial, al mismo tiempo que entraban en una crisis, incluso de identidad, la casi totalidad de los diversos sectores de la izquierda socialista o comunista (¿meras etiquetas acaso?), los que durante las décadas siguientes abandonaron gradualmente las reivindicaciones obreras y campesinas en materia de legislación laboral, contrato colectivo de trabajo, salud ocupacional, sindicalización y respeto a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Todo este lento y sostenido proceso, que si bien no se dio en términos del discurso pero sí en el de los hechos, como resultado del arribo de la llamada posmodernidad y presunto el abandono de los “grandes relatos” del período de entreguerras y la última posguerra, caracterizada por un crecimiento económico sostenido y el despliegue del estado de bienestar. Esto explicaría, al menos en parte, el cierre o reconversión del IESTRA en los últimos años del siglo XX, un hecho al cual hicimos alusión en la segunda parte de artículo y que marcó un punto de inflexión hacia una visión tecnocrática y utilitarista de la institucionalidad universitaria, frente al que al menos uno de los fundadores de la UNA, Francisco Morales Hernández protestó vehementemente. Tendremos que seguir conversando sobre otras dimensiones de la inmensa proyección de la UNA sobre el conjunto de la sociedad costarricense.
A partir de la gira presidencial en las últimas semanas de febrero del 2023 a la zona sur del país, ha retornado con nuevos aires el megaproyecto del aeropuerto internacional del sur, el cual se pretende construir en las Fincas 8, 9, 10 y 11 de Palmar Sur de Osa, Puntarenas. Mismo territorio que según muchos de los promotores, son fincas donde lo que existe apenas son bananos y maleza.
A partir del interés gubernamental de reactivar la economía de la región sur del país, con un empuje al sector turístico con la llegada de vuelos internacionales, nos preguntamos ¿Qué sucede en estos territorios? ¿Es cierto que están abandonadas estas tierras? ¿Acaso no habían yacimientos arqueológicos? ¿Qué lugar tiene la historia y cultura viva de estos territorios?
Por esta razón, les compartimos esta infografía que nos aproxima a problematizar algunas de las tensiones que envuelven este megaproyecto, nos decimos responder ¿Qué lugar tienen las formas y modos de vida de las comunidades en estos megaproyectos?
Los talleres y espacios socioeducativos aplicados por el PRIDENA, en comunidades vulnerables, tienen el propósito de identificar problemáticas que afectan a las niñas, niños y personas adolescentes, para la implementación de estrategias de mejoramiento y así resguardar los derechos de estas poblaciones. (Fotografía proporcionada por PRIDENA).
Desde hace 20 años, PRIDENA promueve el estudio y el resguardo de los derechos de las personas jóvenes.
El PRIDENA cumple este mes de noviembre 20 años de existencia en la promoción y el resguardo de las poblaciones jóvenes, en apego al Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), con base en la Convención de los Derechos del Niño que data de 1989.
Más que una festividad, la conmemoración de este año pretende hacer hincapié en las líneas de acción que ha implementado el programa, así como proponer un replanteamiento en función de la nueva realidad de la coyuntura nacional e internacional. Desde esta perspectiva se presta atención a situaciones como el conflicto bélico entre Rusia-Ucrania y los efectos en la salud mental producto de la pandemia, por tratarse de acontecimientos que inciden en las condiciones y los derechos de la niñez y las personas adolescentes.
La coordinadora del PRIDENA, Grace Hernández Rojas, señaló la relevancia que tiene para la academia encaminar esfuerzos hacia los grupos sociales más jóvenes del país, no sólo porque son parte importante de la población costarricense, sino porque existe la necesidad de respetar, dirigir y promover el cumplimiento de sus derechos y garantías.
“Ellas y ellos son el presente de la sociedad costarricense y también a futuro, en ellos y ellas va a estar la responsabilidad y el país como tal. Además forman parte del desarrollo social, económico, ambiental y sostenible del país;y por ende, el asegurar las condiciones y la calidad de ellos y ellas hoy, implica asegurar el cumplimiento de los derechos humanos a futuro”, declaró la académica.
El PRIDENA se acerca a las zonas más vulnerables del país para generar espacios de socialización y educación, que permitan un contacto y atención de las niñas, niños y personas adolescentes en las situaciones de mayor riesgo y desigualdad social. Actualmente, el programa se ha enfocado en las regiones Brunca y Caribe, las cuales corresponde a las zonas del país con mayor afectaciones de salud mental y socioambiental, respectivamente.
La nueva coordinadora del PRIDENA, Grace Hernández Vargas, buscará con su trabajo fortalecer las líneas de acción del programa y garantizar la permanencia en la generación de políticas públicas orientadas a la niñez y las personas adolescente del país. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
De acuerdo con Floribeth Salazar Vargas, docente encargada de la aplicación de los espacios socioeducativos del PRIDENA, el trabajo desarrollado en las comunidades, busca la inclusión y acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes, mediante un trabajo inmerso directamente en las comunidad más vulnerabilizadas y excluidas socialmente, para potenciar el reconocimiento de sus derechos como sujetos sociales.
“Por medio de un diagnóstico en el Caribe Norte específicamente, se consideró importante trabajar conjuntamente con una área geográfica del corredor biológico del Río Parismina, donde se identificaron una serie de desafíos y problemáticas sociales y ecológicas. Por lo que se trabajó en un taller con un enfoque ecosocial, para conocer el impacto de estas condiciones en la vida de la niñez y las personas adolescentes y de sus familias”, manifestó la investigadora.
“De esta forma vamos conociendo y construyendo en conjunto que otras necesidades afectan a estas poblaciones, además de abordar el tema de la contaminación, la caza de animales o la tala de árboles con esta población en concreto, se descubren otras cuestiones como la violencia intrafamiliar, abusos y violencia dentro de los centro educativos, por lo que vamos viendo con las escuelas y el MEP estrategias de abordaje, en articulación con otras instituciones, con el propósito de promover entretejer las relaciones a nivel comunal” agregó.
La Escuela de Lomas de Camaroncito y el Centro Educativo de Santa María en El Distrito de Río Jiménez de Guácimo, Limón son parte de las instituciones donde el PRIDENA ha implementado estudios y espacios socioeducativos, para conocer necesidades, problemáticas y aplicar líneas o medidas de abordaje institucionales.
“Estos talleres socioeducativos permiten un acercamiento con los niños y niñas y conocer más de cerca las necesidades que estos presentan y, a partir de esto, poder ejecutar un proceso y un proyecto más estructurado, que pueda tener una continuidad en el tiempo y que nos permitan atender todas esas cuestiones que las poblaciones nos van manifestando”, concluyó Salazar.
Después de dos décadas de existencia del PRIDENA, las académicas reconocieron que la iniciativa debe mantenerse vigente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para 2023, así como continuar siendo un aliado estratégico en la generación de políticas públicas que respondan a los cambios sociales y políticos que se suscitan en el país.
Gustavo Martínez Solís Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR
