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Etiqueta: Constitución Política

Auditoria Ciudadana de la Seguridad Social puntualiza a auditoría interna de la CCSS aspectos que debe transparentar

Compartido con SURCOS por Rodrigo Arias López.

El día 16 de marzo de 2024 se emitió una Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, cuyo asunto era la Réplica al oficio AI-0430-2024 de fecha 8 de marzo de 2024 (D-109869) y peticiones.

Dentro del asunto se llevó a cabo una reunión realizada el pasado miércoles 13 de marzo de 2024 en las oficinas de la Auditoría Interna, donde se expuso lo siguiente.

Primero. En la reunión realizada antes citada, los funcionarios de la Auditoría Interna enfatizaron la limitación que tienen, pues sus recomendaciones no son vinculantes, o sea, son simples recomendaciones, estando atada la Auditoría Interna para ir más allá cuando detecte una violación flagrante al ordenamiento constitucional, legal o técnico. No obstante, se citaron pruebas claras de que eso no debería ser una limitación y que por el contrario esa Auditoría Interna tiene las herramientas suficientes para hacer que se cumplan las leyes y la Constitución en el caso concreto del Seguro Social y la Seguridad Social que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Segundo. En el oficio de la referencia, en varias partes se citaron pronunciamientos como: “… el Seguro de Salud se rige por el principio de solidaridad y por ende no responde a la búsqueda de equilibrios parciales entre contribuciones y gasto de atención para cada modalidad de aseguramiento”, “… las recomendaciones realizadas por la Auditoría sobre ese particular podrían no solo afectar las disposiciones reglamentarias actuales, sino también una afectación del Principio de Solidaridad “, “La Gerencia Financiera de conformidad con lo indicado tanto en el estudio de la Dirección Actuarial y Económica, así como la Dirección Jurídica, considera que el enfoque de las recomendaciones realizadas por esta Auditoría no es congruente con el Principio de Solidaridad que, por Ley Constitutiva, rige el accionar del Seguro de Salud”.

Tercero y último. La Auditoría Interna comunica la opinión que tiene la Administración Activa de la CCSS; pero no aportó su criterio independiente, el fundamento, el análisis de esa Auditoría Interna sobre esa opinión o criterio de la Administración Activa de la CCSS. Esa fue la petición expresa en el oficio ACSS-004-2022 del 29 de junio de 2022,se quería un criterio independiente de esa Auditoría Interna, no fue que le preguntaran a las Autoridades de la CCSS la opinión que ellas tienen sobre el asunto. Por otra parte, la Auditoría también brindó diversos análisis que no mostraban en ninguna parte el criterio legal y técnico que dé garantía como ciudadanos que efectivamente la Administración de la Caja está apegada al ordenamiento legal y constitucional.

Lo anterior, insiste en hacer del conocimiento y denuncia ante esa Auditoría Interna que el Seguro Social es la protección contra las contingencias de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte de los trabajadores asalariados y sus familiares económicamente dependientes, de conformidad con el artículo 73 de la Constitución Política y la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social N° 17 del 22 de octubre de 1943. Es obligatorio, contributivo, tripartito y solidario, administrado y gobernado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Como seguro no incluía en su origen la atención primaria de la salud, ni protegía a toda la población del país. No obstante, lo anterior, las autoridades de la CCSS y de todos los gobiernos de turno han venido violando diversas disposiciones constitucionales y legales que prohíben utilizar fondos y reservas del Seguro Social para otros fines distintos a los de su creación; específicamente han utilizado y actualmente usan fondos que de conformidad con los artículos 32, 35 y 43 de la Ley N° 17, pertenecen al Seguro de Pensiones. Usan esos recursos de IVM para financiar lo que le dejan de cobrar al Estado de las leyes 5349 y 7374 y lo que el Estado le deja de pagar a la CCSS, lo cual desfinanció al seguro IVM.

Lo anterior, ha concluido la reunión realizada el pasado miércoles 13 de marzo de 2024 en las oficinas de la Auditoría Interna con las siguientes peticiones:

Primero. Solicitamos el “criterio de ese órgano Auditor” tal y como lo pedimos en los puntos 6) y 7) de nuestro oficio ACSS-004-2022 del 29 de junio de 2022, que textualmente dicen:

6) Si esa Auditoría le ha consultado a la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS los motivos por los cuales en las conclusiones y recomendaciones de la Valuación Actuarial del SEM con corte al 31/12/2017 no dicen nada sobre los resultados del Cuadro No 51 y el criterio de esa Auditoría sobre tal omisión.

7) Si la CCSS cumple o no con lo ordenado en los artículos 23, 32 y 43 de la Ley No 17 según el criterio de ese Órgano Auditor.

Segundo. Conforme con el principio de legalidad que rige a la Administración Pública, solicitamos “el criterio a ese Órgano Auditor” sobre lo siguiente: ¿Es legal que en el año 2022 la Administración Activa de la CCSS haya utilizado ¢999.425 millones de aportes tripartitos del seguro social para financiar el déficit de ingresos que tuvieron los regímenes de salud por cuenta del Estado y del primer nivel de atención de la salud, en lugar de utilizarlos para el financiamiento del Seguro IVM de conformidad con los artículos 32 y 43 de la Ley N°17? En caso afirmativo, solicitamos la normativa legal que lo sustenta. Insistimos en que solicitamos el criterio imparcial e independiente de esa Auditoría Interna, conforme la función que tienen las Auditorías Internas de “proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y del resto de la Administración se ejecutan conforme al marco legal, técnico y a las sanas prácticas”. 

Tercero. Apegados al mismo principio de legalidad solicitamos a esa Auditoría Interna el análisis técnico y jurídico que demuestre que aparada al llamado principio de solidaridad, la CCSS está facultada para usar los fondos del seguro IVM para financiar los costos del primer nivel de atención de la salud (Ley 7374) y de los asegurados por cuenta del Estado (Ley 5905). 

Cuarto y último. Nos informe esa Auditoría Interna si los oficios mencionados en el oficio AI-0430 2024, específicamente de la Dirección Jurídica de la CCSS, de la Dirección Actuarial y de la Gerencia Financiera, fueron conocidos por la Junta Directiva de la CCSS. Así mismo, que nos informen si la Junta Directiva de la CCSS ha aprobado el uso de los fondos que según el artículo 32 de Ley 17 le corresponden al IVM, para financiar los costos del primer nivel de atención de la salud (Ley 7374) y de la población sin seguro en estado de pobreza (Ley 5349). En caso de que así haya sido, solicitamos el acuerdo tomado.  

Con todo lo anterior, se invita a leer el documento de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social para ampliar la información.

La politiquería destructiva alcanzó a la Orquesta Sinfónica Nacional

Freddy Pacheco León

No solo la ministra de Cultura movió y revolcó cosas de su despacho, para con la obvia venia de Rodrigo Chaves, remover de su puesto de DIRECTOR TITULAR de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), al maestro Carl St. Clair, cual si se tratara de un mediocre advenedizo, y no un prestigioso músico con amplia experiencia y reconocimiento internacional, sino que, además, no le importó dejar en manos de funcionarios incompetentes, el aparato burocrático, encargado de cuestiones básicas de la Orquesta. Al oponerse el Poder Ejecutivo a la petición lógica, que hicieran llegar los que sí conocen del tema, para que la sustitución del maestro St. Clair se hiciera en forma planificada, y no atropellada como la ejecutaron, en lugar de tomarse un tiempo prudencial de, al menos un año, para que esa gran Orquesta Sinfónica no sufriera las consecuencias de actos impensados, la ministra y el presidente, simplemente le cortaron la cabeza, dejándola sin la razonable guía y dirección que hoy padece.

Resulta que la burocracia del «Centro Nacional de la Música», con constantes cambios en su dirección, consecuencia de su inestabilidad administrativa, está erosionando dolorosamente, la calidad de la agrupación musical. Si no fuese porque sus músicos han levantado su voz en pro de la legalidad, las decisiones amañadas «de los que en su mediocridad mandan», habrían sido más dañinas, pues los hechos son insólitos. Un director general del Centro Nacional hubo de renunciar por tratar irrespetuosamente a una reconocida violista, y otro, el actual, omite aclarar que un acta de una Comisión Técnica, incluía un acuerdo… que no había sido tomado, y sobre el cual se han emitido decisiones, ¡en contra del exdirector St.Clair!, para que no se le invite siquiera, como director invitado, a uno de los conciertos de junio de la temporada del 2024. Es claro pues, que ni la ministra Guadamuz ni su jefe Rodrigo Chaves, quieren a St. Clair ni a un kilómetro de distancia, aunque no lo reconozcan.

En La Nación (digital principalmente) del 28 de diciembre, se consigna ampliamente la información sobre la denuncia de la ANEP, en defensa de la Sinfónica, sobre la cual no ahondaremos. Nuestra preocupación, y la de todos los costarricenses que valoramos en lo que vale la Sinfónica, aplaudimos el que en la Constitución Política se establezca, que el Estado tiene el deber de velar por ella como uno de los preciados bienes culturales. Momento de pensar en aquella semilla sembrada por don Pepe y don Guido Sáenz, que germinara con éxito a través del tiempo, y que no debemos permitir que se vaya a marchitar irreversiblemente. ¡Para qué tractores sin violines!, clamó el estadista, y sus palabras adquieren ahora mayor relevancia.

La OSN, por sus características especialísimas, no debería ser vista cual si fuese una oficina cualquiera de un ministerio. Sus integrantes, son, indiscutiblemente, fuera de lo común, por lo cual, debería existir una legislación que la cobije, que le garantice contrataciones con requisitos específicos, para que goce de estabilidad, continuidad, y no se vea afectada por un aparato burocrático que no la valora, como dolorosamente está sucediendo ahora.

Taller artículo 50 constitucional y su aplicación en la práctica

Para este sábado 11 de noviembre de  9:00 a.m. a 11:30 a.m, se realizó el taller Artículo 50 Constitucional y su Aplicación en la Práctica.

En el  salón parroquial de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, en Moravia, se contó con la participación de:

  • MSc. Ligia Umaña.
  • Dr. Bernardo Aguilar

“Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.» Art. 50

¡Cuidado con la democracia nacional!

Vladimir de la Cruz

Ayer 7 de noviembre celebramos el 74 aniversario de la promulgación de la actual Constitución Política. La anterior Constitución fue la de 1917 que llegó hasta 1919, durante el periodo de la dictadura tinoquista, 1917-1919.

Federico Tinoco con su golpe de Estado suspendió la Constitución de 1871 que era la vigente, con 46 años, hasta ese momento. Con la caída de la dictadura sucedió igual. Cayó su Constitución y se restableció la Constitución de 1871 que llegó hasta 1948, cuando José Figueres y su Junta de Gobierno la suspendieron, gobernando sin Constitución y legislando mediante la fórmula de los Decretos leyes. Así la constitución de 1871 estuvo vigente durante 75 años.

La Constitución de 1871 se le califica de presidencialista, por el importante papel que tiene el Poder Ejecutivo en ella. Además, era una Constitución flexible, fácil de ser reformada, lo que garantizó su longevidad. A la flexibilidad de la Constitución se sumó el desarrollo del régimen municipal, desde la época del General Tomás Guardia.

Ambos elementos, su flexibilidad y el régimen municipal, fueron claves para resolver problemas y contradicciones políticas, por la vía de la reforma constitucional, y los gobiernos municipales para distribuir poder y restar presión en la lucha por el Poder Ejecutivo.

La estabilidad política en materia de gobiernos y su alternabilidad ya se había logrado de hecho desde 1849, cuando se normalizaron los traspasos de gobierno cada cuatro años. Aún bajo la presión de la presencia filibustera en Centroamérica desde 1855, cuando Walker llegó a Nicaragua, hasta 1857, cuando terminó la Guerra Nacional y Centroamericana, con su rendición y salida de la región, y la crisis momentánea del golpe de Estado contra Juan Rafael Mora en 1859 y su fusilamiento, y crimen de Estado en 1860, año en que también se fusiló en Honduras a Walker cuando se proponía de nuevo apropiarse de las cinco repúblicas centroamericanas.

Así, desde 1871 hasta hoy, 2023, en 152 años, hemos tenido tres constituciones, una de ellas por dos años. En el período anterior, desde 1821, con la primera Constitución costarricense, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, hasta la de 1869, tuvimos con sus respectivas reformas que se consideraron nuevas constituciones, prácticamente once constituciones, que se acompañaron de una profunda crisis política constitucional y militar, que el historiador Rafael Obregón Loría, recoge en poco más o menos 60 conflictos político-militares, de distinta naturaleza; en nueve gobiernos durante el período de las Juntas de Gobierno, 1821-1823; en diecisiete Jefes de Estado desde 1823 hasta 1847 y en 12 Presidentes de la República entre 1847 y 1870. Algunos de ellos repitieron el cargo. No tomo en cuenta el período que fuimos parte de la República Federal de Centroamérica que tuvo siete presidentes, que también fueron nuestros presidentes, junto a los Jefes de Estado de ese período, 1825-1838. Francisco Morazán tres veces lo fue.

La Constitución Política que ayer cumplió 74 años fue una reacción contra el presidencialismo de la Constitución de 1871. En su lugar se fortaleció el Poder Legislativo y los órganos de control político institucional y ciudadano.

Este período, 1949-2023 ha sido de gran estabilidad política, gobiernos alternos cada cuatro años, cambiando de presidentes cada cuatro años, aunque en ocasiones sus partidos políticos se reelijan, por una sola vez consecutiva.

La Constitución hasta 1997 había sufrido 44 reformas parciales. Desde ese año ha sufrido una veintena de reformas adicionales, y hoy en trámite legislativo hay casi 60 propuestas de proyectos de reformas constitucionales.

¿Con tal cantidad de reformas, y propuestas de reformas, no será mejor convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué tenerle miedo?

Estoy convencido que la actual Constitución es buena. Todavía cumple un papel democrático liberal y progresista en muchos aspectos. Pero, la vida política nacional ha evolucionado rápida y bruscamente, y pareciera que la sociedad ya demanda un nuevo texto constitucional, más adaptado a las necesidades políticas de la época que vivimos.

Hace algunos años por el ambiente político conservador existente no creía que fuera necesario convocar a este expediente de nueva Constitución, por el peligro de que se impusiera una Constitución más conservadora y retrógrada. Luego, la situación del país cambió y abrió horizontes más populares, democráticos y progresistas, y se perdió, en ese ambiente la posibilidad de una convocatoria constituyente. Se había perdido el interés tanto por los sectores conservadores que originalmente la proponían, y dejaron de plantear su necesidad, como por los progresistas, abatidos y descabezados, por los tiempos de aires nuevos que suponían los gobiernos del Partido Acción Ciudadana, 2014-2022.

Reformismo y conservadurismo alrededor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se mueven con temor, avanzan y se repliegan como corrientes subterráneas de la gran laguna política nacional. Como corrientes de agua se mueven, no se agitan en su superficie; tampoco se expresan en remolinos, por lo menos hasta ahora. Hasta el presidente Rodrigo Chaves lo pensó hace unos meses atrás. Convocó a ciudadanos para oír sus opiniones. Pero, no se atrevió. En mi opinión, perdió una oportunidad muy valiosa para haber puesto a la sociedad costarricense en un diapasón que le hubiera permitido afinar mejor la música nacional, y, en su caso, la suya propia.

Sin embargo, no han dejado de plantearse importantes propuestas de reformas constitucionales que hay que impulsar.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente puede realizarse en cualquier momento. La convocatoria misma, resultante de una iniciativa para integrar un grupo coordinador nacional, que provoque la discusión suficiente para la misma, y elabore un primer borrador de un nuevo Proyecto constitucional, no está sujeta a ningún trámite constitucional y legal, que dependa de la aprobación de alguno de los poderes de Estado, de la misma Sala Constitucional o del Tribunal Supremo de Elecciones. Es tan solo la creación de ese grupo que propicie de la manera más democrática esa discusión.

Frente a lo que se ha caminado en esta dirección hay dos proyectos de Nueva Constitución, una del exdiputado y exsecretario general del Partido Liberación Nacional, y excandidato presidencial, Walter Coto Molina, y por iniciativa del grupo de ciudadanos que con este fin se agruparon alrededor del profesor de la Escuela de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, Dr. Alex Solís Fallas. Lamentablemente, pareciera que ambos personajes políticos han arreado, han bajado sus banderas constitucionales y de lucha por una nueva Carta Magna, por un nuevo Pacto Social.

Frente al populismo galopante, que recorre el continente, frente a la crisis política partidaria que vive el país; frente al resurgimiento de gobiernos autoritarios en América y su posibilidad en la región centroamericana, creo que es urgente abrir debates como éste, sin temor alguno. Es más importante que esto ocurra en ambientes democráticos como los que hoy hay en el país, a que surjan del resultado electoral de un gobierno autoritario, populista, militarista, reaccionario en todo sentido. O se fortalecen los cauces democráticos o los conservadores se impondrán…Podemos enfrentar esta situación. ¡Cuidado con la democracia nacional!

Compartido con SURCOS por el autor.

Parece que la Municipalidad de Talamanca no conoce la Constitución Política de su propio país

Gloria Gavioli Marchiori

El Artículo 9 declara que el Gobierno de la República es POPULAR, REPRESENTATIVO Y PARTICIPATIVO, Alternativo y Responsable. Lo Ejercen EL PUEBLO y 3 poderes distintos e independientes entre sí, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Además, el artículo 11, afirma que los FUNCIONARIOS PUBLICOS SON SIMPLES DEPOSITARIOS DE LA AUTORIDAD. Todos los destacados son míos.

ESTÁN OBLIGADOS a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en la Constitución que han jurado cumplir.

La acción para exigirles la responsabilidad es pública, además, tendrán que rendir cuentas para la evaluación de los resultados de su trabajo con la consecuente responsabilidad PERSONAL en el cumplimiento de su deberes.

Esto, dada la aprobación del Plan Regulador Costero.

¿Quién inventó lo del 8% a la educación pública?

Margarita Bolaños Arquín

Bien sabemos que hacer cambios en nuestra Constitución Política es muy complejo. Se requiere de arduas y prolongadas negociaciones, y esperar el momento oportuno de alineación de los planetas. Pues ese fenómeno astral ocurrió precisamente el 26 de mayo del 2011, cuando se dieron las condiciones necesarias para la aprobación de la REFORMA DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, Ley No.8954 y, con ella, el aumento al 8% del PIB.

La reforma del 2011 establece claramente el derecho y refuerza la visión de la educación pública como un sistema. Además, condiciona que “El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios”.

Pero hay que retroceder en el tiempo para entender las razones que justificaron la aprobación del 8%. En el año 1997, el artículo 78 de la Constitución Política fue reformado según Ley No. 7676, para darle rango constitucional al 6%. El porcentaje alcanzado tampoco fue una ocurrencia, fue corolario de las presiones, propuestas y negociaciones de los movimientos sociales, que, desde distintas posiciones, se opusieron a la privatización de los servicios públicos como la panacea neoliberal para modernizar al Estado y acabar con la pobreza.

Recordemos la huelga de cinco semanas del magisterio nacional en julio-agosto 1995. Esta inicia con la reforma al régimen de pensiones, pero deja al descubierto las debilidades del sistema educativo para enfrentar las amenazas de la globalización y la creciente desigualdad social, producto de los cambios en la estructura agroindustrial promovidos por los PAES. En un ambiente de tensiones políticas y críticas al Pacto Calderón-Figueres, se aumenta el porcentaje del PIB destinado a la educación y se decreta la Política hacia el siglo XXI que marca la llegada de INTEL a Costa Rica, como bien lo describe el ex ministro de educación de esos años, Eduardo Doryan en sus memorias.

La gradualidad del aumento del PIB al 8% a la educación está ligada a las presiones y negociaciones promovidas por los movimientos sociales y las fuerzas políticas representadas en el legislativo y en el ejecutivo por mantener, por un lado, sus intereses y la estabilidad política y por otro, el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación pública como motor del desarrollo económico y la movilidad social.

Con la aprobación en primer debate de la “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado” (Combo del ICE), en marzo del 2000, se reactivan de nuevo los movimientos de defensa de la institucionalidad democrática y la educación pública ante un escenario global y nacional incierto. Sin dar tregua, dos años después se abre un nuevo capítulo: el Tratado de Libre Comercio (CAFTA), otra amenaza, esta vez de naturaleza extraterritorial. El país vivió un periodo de siete años de análisis, debates y recomendaciones múltiples para enfrentar el futuro. Durante la discusión del CAFTA sí hubo cambios importantes en la arquitectura institucional, pero no se dieron los resultados económicos prometidos por sus defensores.

Firmado el CAFTA, el aumento al 8% para el financiamiento de la educación se valoró como una medida necesaria para afrontar la apertura y sus consecuencias: automatización del trabajo, rezago tecnológico, infraestructura limitada y los intereses corporativos nacionales y transnacionales por cooptar el mercado de las telecomunicaciones. Desde las universidades públicas y los gremios de educación, la propuesta de aumento se consideraba clave. El partido Acción Ciudadana para la campaña electoral del 2006-2010, lanza en su programa de gobierno el aumento al 8% y lo justifica reconociendo los aciertos y las falencias del sistema educativo en las décadas anteriores. Su fracción legislativa (2010-2014) continuó trabajando la propuesta. Gracias a la creación de la Alianza Parlamentaria por Costa Rica, que aglutinó la mayoría de la oposición al Partido Liberación Nacional, y con Juan Carlos Mendoza en la presidencia del directorio, se logra aprobar la reforma escalonada para alcanzar el 8%.

Es un logro de muchos años de negociaciones, manifestaciones, cambios político-electorales y esfuerzos de diversos sectores del espectro ideológico costarricense. Es, estemos de acuerdo o no con los logros y alcances de las negociaciones, un triunfo político en democracia que siguió la vía constitucional.

Señora ministra Anna Katharina Müller Castro, La Ley Fundamental de Educación aprobada en 1957, con algunas modificaciones en los últimos años, continúa siendo faro y luz para no perderse en la oscuridad del Universo, los vertiginosos cambios tecnológicos, las amenazas del cambio climático y la pérdida de esperanza en el futuro.

¡Qué vergonzoso, ministra Müller!

Por Luis Paulino Vargas Solís

Lo que la ministra Anna Katherina Müller dijo en la ULACIT, gozando para ello del espacio de confort y tolerancia que le ofrece esa empresa educativa regentada por familiar suyos, es extremadamente grave y alarmante. Con el permiso de ustedes, me referiré a las escandalosas barrabasadas que dejó dichas esa señora:

1) La disposición para que los presupuestos para el sistema educativo estatal, en su conjunto, no sean inferiores al 8% del producto interno bruto anual de la economía, está contenida en el artículo 78 de nuestra Constitución.

2) Se trata, por lo tanto, de una decisión política aprobada según las reglas propias de la democracia, las cuales en este caso se aplican con especial rigor, ya que, entre otras cosas, una reforma constitucional demanda mayoría calificada de al menos dos tercios del total de los votos en la Asamblea Legislativa.

3) En cuanto decisión política y democrática, la norma del 8% del PIB para educación, pudo haber tenido una fundamentación técnica y científica, pero no era necesario que la tuviese. En lo fundamental, esta disposición traduce una aspiración: sobre el país que queremos tener y la sociedad en la que queremos vivir. Eso no puede ser determinado ni fundamentado científicamente. Es, digamos, un valor y una aspiración de alcances metacientíficos.

4) En cuanto que norma constitucional -superior incluso a las leyes- es de acatamiento obligatoria. Cierto: nadie está obligado a lo imposible, es decir, puede acontecer que en un determinado año o, incluso, en una sucesión de años, no sea posible alcanzar el límite del 8%, porque razones objetivas de mucho peso lo impiden. Pero eso no exime de su obligación al presidente y a cada ministro y ministra, quienes tienen el deber ineludible de hacer el máximo esfuerzo con el máximo empeño, en tratar de cumplir.

5) Podrían estar en desacuerdo, pero eso no les exime de sus obligaciones y responsabilidades, ni les autoriza -como lo hace Müller- a renegar de ellas. En tal caso, lo que corresponde es que promuevan un cambio en la norma constitucional, siguiendo los procedimientos democráticos establecidos.

6) Las políticas educativas -llámense “ruta de la educación” o lo que fuere- sí deberían tener fundamentación técnica y científica.

7) Por lo tanto, no es de recibo -es una charlatanería y un insulto- venir a decir, como lo hace Müller, que tenemos una política educativa que es un “invento” personal de ella, un nebuloso y fantasmagórico “proceso vivo” que carece de objetivos y metodologías conocidas, y el cual, al decir de la ministra, ella podría dejar plasmado en un documento que elaboraría “en un fin de semana”. Es inaudito que toda una ministra de Educación se exprese con tanta frivolidad e irrespeto.

Si ya la crisis educativa es grave, con el gobierno de Rodrigo Chaves, y bajo la conducción de Müller, lo único que cabe esperar es el colapso total y definitivo.

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su espacio de Facebook.

Experta de la ONU dice que Costa Rica tiene la oportunidad de garantizar una atención médica verdaderamente universal

SAN JOSÉ (31 de julio de 2023) – Los desafíos que enfrenta Costa Rica no son insuperables y el país podría lograr una atención de salud verdaderamente universal, dijo hoy la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng.

«Tanto los ciudadanos como los funcionarios públicos tienen un sentido de orgullo y nostalgia por un servicio de salud pública que funciona, y ahora es un momento oportuno para garantizar que la cobertura universal de salud sea verdaderamente universal», dijo Mofokeng en un comunicado al final de una visita de 10 días al país.

La experta de la ONU señaló que la formulación del derecho a la salud debe entenderse y expresarse como un derecho integral en la Constitución Política. El derecho a la salud se relaciona no solo con el acceso a los centros de salud, sino también con los determinantes subyacentes de la salud, dijo Mofokeng.

Lamentando que el aborto estuviera penalizado en Costa Rica, la Relatora Especial dijo que estas restricciones legales no estaban en línea con las normas internacionales de derechos humanos y los protocolos clínicos. «Deben ser enmendadas para despenalizar el aborto», dijo Mofokeng.

La experta felicitó el liderazgo de muchos funcionarios públicos en su deber de cuidado y en los relacionados con la respuesta al COVID-19 y señaló varias buenas prácticas relacionadas con los programas y los planes estratégicos nacionales. La Relatora Especial recomendó la participación de los titulares de derechos en todos los procesos.

Relatos profundamente personales sobre el racismo y la xenofobia de las poblaciones migrantes, los Pueblos Indígenas y las Personas de Afrodescendientes que viven en Costa Rica también fueron compartidos con la experta de la ONU durante su visita.

«La falta de datos desglosados impide la capacidad de analizar completamente la situación de grupos específicos y, por lo tanto, adoptar políticas y asignar recursos específicos desde una perspectiva de equidad», dijo Mofokeng.

Durante su visita, la experta se reunió con funcionarios del Gobierno y representantes de la Defensoría de los Habitantes, organizaciones internacionales, sociedad civil, profesionales de la salud y comunidades indígenas, en las provincias de San José y Limón.

La Relatora Especial presentará su informe final, incluidas las recomendaciones claves, al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2024.

Fuente: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2023/07/un-expert-says-costa-rica-has-opportunity-ensure-truly-universal-health-care

«Llegó la hora de la limpieza social»

Carlos Campos Rojas
Guápiles, 30 de julio de 2023

Así fueron informados los habitantes de Pococí mediante un panfleto distribuido, por una de las facciones que disputan el territorio del narcotráfico en la provincia de Limón.

Hay toque de queda, juicios sumarios en media calle, quemas de casas, arrinconamiento de los comerciantes y emprendedores, que solo pueden operar bajo las condiciones establecidas por la facción dominante hasta el momento. Las autoridades ausentes.

La limpieza social, como acto terrorista, es la masacre de quienes adversan a la facción que se asume dominante. La limpieza social que se anuncia -es decir, la masacre de la población-, solo es posible anunciarla y divulgarla en panfletos, porque hay una autoridad política superior que lo autoriza, de lo contrario no podría ni siquiera considerarse y ya estarían esas personas en proceso de ser identificadas. Esta limpieza social se extenderá a cualquiera que disienta con el régimen que desea imponerse. Los académicos que tanto dicen que debe defenderse la tan manoseada democracia, ahora guardan silencio cómplice y cobarde, acallando el relato, volviendo la cara, solo para preservar su endeble burbuja: nadie puede eludir la violencia cuando esta es la ley.

Un hombre se quita la camisa en la Asamblea Legislativa e insulta a los diputados y es un debate nacional sobre el odio y la urgente necesidad de ser protegidos. La sangre de la población de Limón corre por las calles de nuestra provincia y se asume como algo intrascendente, esa es la congruencia del estado social de derecho, la violencia como norma en la provincia más desigual, desde hace muchas administraciones.

El narcotráfico en Costa Rica es un conjunto de élites que no les importó el país y se aseguraron que las raíces de su actividad corrompiesen a los necesarios en todos los estamentos del Estado, para llenarse de dinero ensangrentado. Lo he dicho reiteradamente, para que exista un narcotraficante se requiere el concurso de tres actores: un político que abra las puertas de par en par; un juez que no lo meta a la cárcel y un banquero que le guarde el dinero. Si uno de estos actores no participa, el narcotráfico no puede operar.

La masacre acontecida en Tortuguero en el aula de una escuela, fue el inicio del reciente desparpajo, un hombre asesinó, a la vista de todos, a una mujer que estaba en la facción contraria. Ayer sábado 29 en pleno centro de Guápiles, prácticamente frente a la entrada de emergencias del Hospital, masacraron cuatro personas.

Nuestra violencia es estructural, tenemos los peores indicadores en inversión en educación, salud, tecnología, oportunidades. Los que mueren son nuestros hijos, las mujeres y jóvenes vulnerables carentes de oportunidades a los que solo el narcotráfico les tiende la mano. Son hijos de la provincia más desigual de Costa Rica, de donde se saquea diariamente la riqueza, para que el vallecentrismo viva su opulencia.

Nuestra provincia está inmersa en una guerra desde hace muchos años, que ahora escala a la demostración de la barbarie a que están dispuestos los narcotraficantes para demostrar quién manda, después seguirá el privilegiado vallecentrismo.

Al igual que en Chicago en época de Al Capone, el alcalde y miembros del Concejo Municipal se arrinconan con silencio cómplice, suplicando las recetas de siempre, más policías, sabiendo todos, que cuando nos ofrecen seguridad, lo único que perdemos es la libertad, pues es la ciudadanía la que debe encarcelarse, como si los criminales fuéramos nosotros, para entregarles nuestras comunidades a su antojo.

La población sabe la forma en que la corrupción y la impunidad de políticos, jueces, fiscales, comerciantes, policías, funcionarios públicos (hombres y mujeres porque ahí no hay problemas de género, ni reclamos de violencia política), se pavonean por nuestras calles demostrando que nacen de la conducta del autoritarismo de esta destartalada república representativa, para acrecentar el miedo y dominarnos, insultándonos con su “creciente bienestar económico”.

Todos sabemos que la policía ha sido preparada solo para garrotear a la población cuando se levanta en protesta ante los desmanes de los que se les encargó administrar el país, la DIS solo persigue sindicalistas, dirigentes comunales o a quienes desde palacio les indiquen.

Manifiesto nuevamente mi preocupación, en como el Presidente ruge en flancos débiles con su potestad de imperio, pero guarda silencio y distancia en temas tan estratégicos como el que señalamos, porque todavía sigue la incógnita de cuál es la mano que mece la cuna. Fue regocijante ver la instalación de los escáneres en APM y la detección inmediata de cómo se prestan algunas industrias agrícolas para ensuciar nuestras exportaciones. Lo triste fue ver cómo se volvió la cara y se minimizó la situación, cuando sorpresivamente se destruyó uno de los escáneres. Todo volvió a la “normalidad”.

Reunido con Don Orlando, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, le hice saber que si no actuamos con rapidez y de inmediato, el descrédito a que se ha sometido la institucionalidad representativa -entre ellas el sistema de Justicia-, abrirá el paso a que se imponga otra justicia, aunque no nos guste la que surja, porque la espada aparece cuando la justicia llega tarde.

La ciudadanía con sus saberes y experiencias, debe levantarse y movilizarse en busca de la paz. Llamar a rendir cuentas – estén en el puesto que estén- a quienes permiten al narcotráfico asumirse dueño de nuestro destino y de la vida de nuestros hijos. Que asuman personalmente su responsabilidad. Deben revisarse sus cuentas bancarias, sus posesiones, sus relaciones políticas y comerciales. Llegó la hora de que pongamos orden.

Bajo el mandato de la Constitución Política debemos movilizarnos como El Soberano -hoy a 20 años de que nuestra Carta Magna, así lo reconoció -, junto a los funcionarios públicos y empresarios decentes, haciendo valer el poder del que somos dueños. Tenemos que sobrepasar el miedo y levantarnos con dignidad, con Dios de la mano, pues de no hacerlo seremos nosotros mismos, los que habremos hecho un pacto con el diablo.

Somos un pueblo de paz, construiremos un entorno de paz, pues la guerra no se derrota con la guerra, sino con la paz.

¿Quién sigue? ¿El rector de la UCR?

Alberto Salom Echeverría

¿Quién sigue? Preguntó el editorial del Diario La Nación, después de haber denunciado presuntas o reales irregularidades en las que habría incurrido la administración Chaves, contra personas físicas o jurídicas vinculadas con tres medios de comunicación, estos son el Grupo Nación, CRHoy y el programa radiofónico “hablando Claro” que se transmite por medio de Radio Columbia. Curiosa y coincidentemente, al menos dos de los tres medios de comunicación son críticos de la administración y el programa “Hablando Claro” también lo ha sido.

En un caso, ya hubo pronunciamiento de la Sala Constitucional, la cual halló en el accionar gubernamental, (acompañado de otras organizaciones) “…un mecanismo indirecto, atropellado e ilegítimo que violenta la libertad de expresión […] Configurándose así, a todas luces, una clara y evidente desviación ilegítima del poder”. En el segundo caso, mediante una conferencia de prensa, el poder ejecutivo denunció un supuesto “megacaso” de evasión por parte del empresario Leonel Baruch, asegurando en esta ocasión el ministro de Hacienda que, existía un informe técnico para acreditarle un fraude fiscal. Dicho informe no apareció nunca, en su lugar afloró otro estudio anterior, de octubre del 2022, cuya autoría es de “Tributación Directa”, en el cual se puntualiza la inexistencia de fraude fiscal y se pide archivar la acusación. Sin embargo, más recientemente el propio presidente Chaves, sin haber prestado atención a que el asunto había quedado aclarado, reincide en la denuncia ya que, preguntó al Ministerio Público en una de las habituales conferencias de prensa, qué había pasado con la “evasión” del empresario Baruch. En el tercer caso, nuevamente el presidente de La República Rodrigo Chaves vincula con alevosía, esta vez a la periodista Vilma Ibarra, con una supuesta y grave actuación: le atribuyó haber recibido la suma, nada menos que de $732.000 (dólares), con el objeto de hacerle propaganda a la construcción de una carretera. Todo ello, sin haber tenido el valor de mencionarla por su nombre, pero trayendo a colación hechos circundantes claramente asociados a ella. A esta hora, aunque la periodista Vilma Ibarra lo enfrentó con gallardía, ni siquiera se ha disculpado. (Cfr. La Nación. Editorial del 17 de junio 2023. Pág. 25).

Como se puede apreciar, no se trata de hechos baladíes o insignificantes, sino de denuncias que, de haber resultado ciertas serían faltas graves en contra de la entidad jurídica o las personas físicas mencionadas, las que, desde luego, se han considerado denigradas u ofendidas por el presidente Chaves. Además, hay otros hechos similares a estos que dan cuenta de una actuación del presidente encaminada a reprimir y silenciar la crítica, rayana en el irrespeto y deslegitimación de otros poderes de la República, intolerante, como se ve, con quien lo critica, ligera y hasta irresponsable a la hora de endilgar epítetos acusativos contra ciudadanos o entidades jurídicas que no están de acuerdo con su proceder ético y político. En pocas palabras, el presidente Chaves ha tenido un comportamiento arrogante, prepotente y despreciativo de la honra ajena; por todo ello, tratándose de un mandatario en una democracia, su proceder es reprochable. Trasluce más bien una actitud típica de un gobernante autoritario que pareciera querer implantar un gobierno sin contrapesos. Su populismo por otro lado, lo conduce a congeniar con aquella parte de la población que solo espera escuchar del presidente promesas, que no necesariamente va a cumplir; pero, algunos de ellos estiman que el mandatario va a satisfacer las apetencias de las personas. Veremos. O sea, tenemos un presidente autoritario y populista, un “cocktail” desaconsejable para una democracia como la nuestra, que tiene problemas muy serios que resolver.

¿Quién sigue? Dejó esta interrogante el editorialista de La Nación al final del artículo. Obviamente, ahora ya sabemos quién seguía, el Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el doctor en biología Gustavo Gutiérrez Espeleta.

Se produjo una sucesión de declaraciones públicas que ahora transcribo, con el objeto de que todos poseamos la misma información. El rector de la UCR dijo en una conferencia de prensa, efectuada el 21 de junio, dirigiéndose a Rodrigo Chaves en particular, pero al país en general, con voz pausada, profunda y firme: “Presidente, cuando quiera hablar del tema de fondo, aquí vamos a estar, cuando quiera trabajar propuestas para resolver los problemas de la educación pública del país y buscar soluciones para llegar a cumplir la Constitución Política, aquí vamos a estar, mientras su objetivo sea tergiversar información y polarizar, no cuente con nosotros”.

El rector Gutiérrez dio un mensaje breve, pero de contenido, reafirmando su voluntad de respetar la Constitución de la República, en consecuencia, expresó su afán de trabajar y luchar porque el gobierno cumpla en su integralidad con el artículo 78 de la Constitución vigente que establece la obligación del Estado de otorgar el 8% del gasto público anual respecto al PIB, a la educación pública en su conjunto. (Artículo este concordante con lo que estipulan también los artículos 84 y 85 de la misma Carta Magna).

Una vez más, frente a este llamado coincidente con los otros cuatro rectores de las universidades públicas, el presidente de la República aprovechó una conferencia de prensa, para irrespetar en este caso al rector de la Universidad de Costa Rica y a la Institución como un todo, puesto que el rector la representa. En mi concepto, además, el agravio contra el Dr. Gutiérrez es extensivo a las otras cuatro instituciones de educación superior pública del país.

El señor Chaves olvidando su investidura, fingió ignorar quién era el rector de la Universidad de Costa Rica, cuando se dirigió a sus asesores para que le dijeran el nombre del connotado funcionario público. Como artimaña, solo desmerece al presidente de los costarricenses, al tratar de insinuar que el nombre del rector no vale la pena recordarlo en una conferencia que se supone está convocada para rendir cuentas de sus actos. El respeto a la institucionalidad del país, que el mandatario juró defender exige que trate las diferencias con cualquier ciudadano, con la mayor consideración y decoro, pero particularmente cuando se dirige al representante de una de las instituciones más emblemáticas del país como es la Universidad de Costa Rica, institución designada Benemérita de la Patria por la Asamblea Legislativa. Semejante menosprecio en el trato para con el rector Gutiérrez, luce por lo tanto indecoroso, refleja patanería, altanería y deja ver a un tiempo, la incapacidad del presidente Chaves para afrontar con la seriedad debida, la difícil situación por la que atraviesa nuestro país y especialmente la educación costarricense. Si no hubiese sido una artimaña del presidente Chaves, como la he calificado, sino una ignorancia crasa o un desconocimiento real del nombre propio del rector, peor aún, porque si iba a tocar el tema de las diferencias con las universidades públicas, pues debió prepararse debidamente primero en todo, estaba impelido a saber quiénes son sus interlocutores. Más aún aquel al que pensaba denigrar. Ignorarlos o fingir ignorarlos, da el mismo resultado; en ambos casos proyecta ante la ciudadanía el mismo desdén y desprecio. Da exactamente lo mismo, deja la impresión, una vez más, de un dirigente mal preparado para tan alta investidura para la que fue electo por una mayoría popular.

¿A quién cree el señor presidente que se dirige en las conferencias de prensa, o en cualquier otra actividad donde desee comunicar algo? Si el presidente estima que es a una hinchada acrítica, que le va a aplaudir eufórica cualquier chanza o chapucería, no hace más que reflejar una enorme subvaloración de este pueblo. Habrá un sector quizás, que sigue al presidente con la docilidad propia de quien carece de criterio fundado para entender la complejidad de la administración pública y la gran diversidad que conforma todo el conglomerado social costarricense. Ese sector es, probablemente el único que quiere “pan y circo”. Pero le aseguro al señor presidente, que hasta entre sus partidarios, hay una buena parte de costarricenses, mujeres y hombres que esperan de usted una actitud digna y respetuosa, hasta con aquella persona o grupo de personas que no coinciden con sus postulados.

El mundo político, la sociedad política (que no politiquera), puede que no sea tan grande en Costa Rica, pero es influyente en el entramado social, lo mismo ocurre con lo que podríamos llamar el sector intelectual, artístico y cultural del país. Adicionalmente, hay una clase media alfabetizada grande, con capacidad y discernimiento frente a su accionar. No todos los grupos económicos “altos” a los que usted pretende favorecer, actúan como autómatas; ellos juzgan, valoran, tanto su accionar ético como político. Lo que podemos llamar el sector popular también está dotado de experiencia en la lucha social y política. No se confunda presidente, porque con el tiempo se podría llevar más de una sorpresa. Y los que son sus acólitos o compinches estarán con usted mientras conserven la expectativa de que sus congojas y problemas son afrontados con destreza y se van resolviendo.

Otra cosa, ¿cómo cree usted que se puede enfrentar el rezago educativo que padecemos? No sé cómo o de qué manera lo está pensando hacer, por lo pronto veo en su gobierno mucha conducta errática; sobre todo, me preocupa grandemente adónde dirigirá sus esfuerzos y los de su equipo de trabajo, de cara a sentar bases sólidas para reencausar la educación que, durante mucho tiempo brilló en nuestra sociedad. La educación pública fue, como es bien conocido, un lujo que favoreció inclusive la movilidad social ascendente. ¿Piensa acometer esa tarea, cuando lo alumbre la luz, o se deje asesorar bien, sin el concurso de las universidades públicas? Piénselo presidente, porque hasta en función de encarrilar su propio gobierno, le convendría mantener una actitud de respeto, a pesar de las diferencias.

Dicho todo lo cual, le informo algo que tal vez le ayude: el rector Gutiérrez no vale solo por haber sido escogido en un proceso electoral prístino de votación. Por cierto, debe usted saber que es seguramente, el medio académico cultural más grande del país, y las votaciones constituyen allí un “cónclave” muy concurrido y disputado, con discusiones de verdad, en las que los aspirantes deben estar muy bien informados para salir airosos. Además de ello, el Dr. Gustavo Gutiérrez es un profesional sólido en su campo, el de la biología, donde posee un gran prestigio y se ha desempeñado con gran solvencia, con gran conciencia ambiental. Infórmese y verá cuán cierto es lo que le digo. Finalmente, es un hombre respetuoso de las demás personas, con grandes dotes humanas y amplitud de miras.

Señor presidente Rodrigo Chaves, con respeto le aconsejo, si me lo permite, no trate mal a la gente, ni a la prensa, ni al sector empresarial que no lo apoya, tampoco a cooperativistas, sindicalistas o solidaristas, cuyas opiniones no le favorezcan; deje de mirar “por encima del hombro” a personas periodistas de la talla de Vilma Ibarra, una persona crítica pero consciente de los retos de nuestra sociedad y con gran amor por el terruño.

Una cosa más presidente Chaves, infórmese bien antes de ningunear a un ser humano de las altas calidades del rector Gutiérrez. Y de una vez le adelanto, conozca a todos los rectores, a todos, es gente de calidad; acérquese a ellos como se lo han ofrecido. Ganaría mucho, deje de malbaratar el prestigio acumulado. Ojalá no tengamos que preguntarnos más adelante ¿Y ahora a quien le toca sufrir su escarnio?