SAN JOSÉ (31 de julio de 2023) – Los desafíos que enfrenta Costa Rica no son insuperables y el país podría lograr una atención de salud verdaderamente universal, dijo hoy la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng.
«Tanto los ciudadanos como los funcionarios públicos tienen un sentido de orgullo y nostalgia por un servicio de salud pública que funciona, y ahora es un momento oportuno para garantizar que la cobertura universal de salud sea verdaderamente universal», dijo Mofokeng en un comunicado al final de una visita de 10 días al país.
La experta de la ONU señaló que la formulación del derecho a la salud debe entenderse y expresarse como un derecho integral en la Constitución Política. El derecho a la salud se relaciona no solo con el acceso a los centros de salud, sino también con los determinantes subyacentes de la salud, dijo Mofokeng.
Lamentando que el aborto estuviera penalizado en Costa Rica, la Relatora Especial dijo que estas restricciones legales no estaban en línea con las normas internacionales de derechos humanos y los protocolos clínicos. «Deben ser enmendadas para despenalizar el aborto», dijo Mofokeng.
La experta felicitó el liderazgo de muchos funcionarios públicos en su deber de cuidado y en los relacionados con la respuesta al COVID-19 y señaló varias buenas prácticas relacionadas con los programas y los planes estratégicos nacionales. La Relatora Especial recomendó la participación de los titulares de derechos en todos los procesos.
Relatos profundamente personales sobre el racismo y la xenofobia de las poblaciones migrantes, los Pueblos Indígenas y las Personas de Afrodescendientes que viven en Costa Rica también fueron compartidos con la experta de la ONU durante su visita.
«La falta de datos desglosados impide la capacidad de analizar completamente la situación de grupos específicos y, por lo tanto, adoptar políticas y asignar recursos específicos desde una perspectiva de equidad», dijo Mofokeng.
Durante su visita, la experta se reunió con funcionarios del Gobierno y representantes de la Defensoría de los Habitantes, organizaciones internacionales, sociedad civil, profesionales de la salud y comunidades indígenas, en las provincias de San José y Limón.
La Relatora Especial presentará su informe final, incluidas las recomendaciones claves, al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2024.
